Florencia Rivera Martín, residente en Jalapa, esperaba que el pasado 16 de mayo su vida diera un vuelco definitivo, después de vivir los pasados 22 años de su vida a salto de mata. Ese día se cumplirían 20 años de que fue dictada, en ausencia, una sentencia a cadena perpetua en un tribunal de París contra Hélène Castel -su verdadero nombre- y se extinguiría la acción penal en su contra. A tres días de cumplirse el plazo de 20 años que contempla la ley francesa para la prescripción del delito, elementos de la Agencia Federal de Investigación la detuvieron en la capital veracruzana, según informó en un boletín la Procuraduría General de la República (PGR). Y la larga fuga de esta anarquista de la ya desaparecida brigada Action Directe, de Francia, llegó a su fin.
Las antenas locales del Servicio Técnico Internacional de la Policía Francesa llevaban tiempo siguiéndola y al fin -como dicen las viejas novelas policiacas- le echaron el guante.
Hoy, a los 45 años y ya sin su falsa identidad mexicana, la francesa espera en el Reclusorio Sur del Distrito Federal el juicio de extradición número 2/2004-H.
La orden de captura provisional con fines de extradición, emitida por el juez octavo de distrito a petición de la justicia francesa, se giró mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se encontraba en París, en una gira de trabajo, justamente entre el 11 y el 14 de mayo. ¿Casualidad?
Cuando Hélène Castel tenía 21 años militó en Action Directe (AD), un grupo de extrema izquierda que, como las Brigadas Rojas italianas, la Rote Armee Faktion de Alemania y otras más de denominación anarquista, reivindicaba acciones terroristas como método de lucha contra "el Estado burgués". Una lucha feroz y desesperada que llevó a estos grupos a lo que en la época los analistas llamaron "desapego de la realidad".
El 30 de mayo de 1980, AD asaltó un banco en pleno centro parisino y tomó varios rehenes. En el fuego cruzado varios resultaron heridos, incluido el director de la sucursal. Se presume que Hélène Castel participó en la acción, junto con Joelle Aubron, Natalie Menigon, Jean-Marc Rouillan -jefe del grupo- y Georges Cirpiani.
Los procesos
En 1985 y 1984, el mismo grupo reivindicó los asesinatos de un inspector general de la policía, René Audran, y de un directivo de la empresa Renault, Georges Besse. Los cuatro primeros fueron detenidos. Hélène logró huir. En juicios ante la corte de casación entre 1989 y 1994, los cinco fueron condenados a cadena perpetua con una penalidad adicional. Los primeros 18 años serían de reclusión en aislamiento total. La sentencia, en ausencia de Castel, también fue aplicada a la fugitiva.
Para estos cuatro reos, que la prensa francesa describe como "viejos", a pesar de que el mayor de ellos tiene 53 años, el año próximo concluye el periodo de aislamiento para los denominados "detenidos particularmente señalados", un régimen draconiano que incluye, además del aislamiento, escasos derechos de visita estrictamente monitoreados y vigilancia extrema. Esto les permitirá inclusive la posibilidad de que sus casos sean revisados y eventualmente obtengan su libertad condicional. Pero para los cuatro, esta ventana se abre demasiado tarde.
Organismos de derechos humanos empiezan a debatir si este método carcelario vigente en toda Francia no es otra cosa que una tortura prolongada, una sesión que en estos cuatro presos dura ya más de 200 meses.
La ley francesa se ha enconado con este grupo de ex guerrilleros, y el régimen carcelario que padecen se acerca más a la venganza que al castigo. Sin serlo, parecen ancianos, casi ciegos y con serios trastornos mentales y físicos. Natalie Menigon, de 47 años, presa en Pas de Calais, está hemipléjica, sufre depresión profunda y ha intentado suicidarse en varias ocasiones. En marzo de este año se le negó la liberación condicional por razones humanitarias.
Joelle Aubron, de 45, fue internada recientemente con un tumor cerebral en un hospital de Lille. Aunque le quedan pocos meses de vida, se le negó el indulto humanitario y de regreso a la soledad de su celda se encontró con nuevas restricciones: ahora se le prohíbe hablar por teléfono en alemán con sus amistades; sus camisetas con insignias de Action Directe le fueron confiscadas y fue obligada a tomarse una nueva foto para su credencial, ésta con la cabeza rapada en consecuencia de la operación a la que fue sometida. Jean Marc Rouillan, de 51, es atendido en un hospital de Lyon de un cáncer pulmonar que ha desarrollado metástasis en el sistema linfático. Sus condiciones carcelarias extremas dificultan a tal grado la atención médica que cada vez que acude a la clínica, ésta es desalojada en su totalidad y ocupada, cada cinco metros, por hombres armados. Las citas para recibir tratamiento demoran entre 15 días y tres meses.
Por último, Georges Cirpiani, de 53, ha sido transferido al hospital siquiátrico de Sarreguemines y recluido en el pabellón de "pacientes difíciles". De ahí saldrá, según el parte médico, cuando "se recupere de la locura".
Otro militante, este cercano a las Brigadas Rojas de Italia, Cesare Battisti, que no fue juzgado por hechos de sangre, pero a quien se le consideraba ideólogo de esos grupos anarquistas hoy extintos, vive otra situación. Libre bajo el compromiso ofrecido en su momento por el ex presidente François Mitterrand de no ser extraditado a Italia, hoy corre el riesgo de ser entregado al gobierno de Silvio Berlusconi por cortesía de su homólogo Jaques Chirac. Battisti es hoy un escritor e intelectual reconocido, un hombre con una identidad muy diferente a la de aquel que era hace 20 años; los años de plomo, como les llaman.
"Es como si para Battisti y los cinco de Action Directe no hubiera transcurrido el tiempo", escribe el periodista Cesare Martinetti, de La Stampa, en un artículo para Le Monde, sin posibilidad de salir de ese estado de desvinculación de la realidad que caracterizó a esos movimientos armados europeos de hace 20 años.
En Italia, sin embargo, las políticas carcelarias para estos casos son muy diferentes y Battisti, de ser extraditado, enfrentaría condiciones menos desfavorables que el penoso panorama que seguramente encontrará Hélène Castel si el gobierno mexicano la entrega a las autoridades judiciales francesas. Pese a todo, la justicia en Italia, donde los antiguos cuadros de organizaciones terroristas, como las Brigadas Rojas o Prima Línea, no fueron juzgados por tribunales especiales sino por jueces del orden común, ofreció a los combatientes presos vías de salida de su asociación con el terrorismo. Normas generales -como la llamada ley Gozzini- y recursos legales particulares permitieron que los militantes de estos grupos, muchos de ellos responsables de asesinatos, se acogieran a iniciativas que, sin obligarlos a pedir perdón, a entregar a compañeros o a renegar de sus respectivas organizaciones, les representaban atenuantes a cambio, simplemente al asumir su responsabilidad sobre los actos contra el Estado.
Los atenuantes se traducen, en ocasiones, en derechos de "trabajo exterior". De este derecho se beneficiaron, por ejemplo, Alberto Franceschini, uno de los jefes históricos de las Brigadas Rojas, y Mario Moretti, quien inclusive participó en el comando que asesinó al primer ministro Aldo Moro, ambos con varias sentencias a perpetuidad acumuladas. Los dos han hecho trabajo social fuera de prisión, en Turín, sin haber renegado de su pasado.
Otro caso es el de Anna Laura Braghetti, que también purga una pena de por vida. Ella escribió el libro El prisionero, su visión personal sobre el trágico episodio del secuestro y muerte del líder de la Democracia Cristiana, de primera mano, puesto que ella fue la custodia de Moro. El libro dio pie para la realización de la película Buongiorno notte (Buenos días, noche) que precisamente analiza el fenómeno del "desapego de la realidad" que caracterizó la violencia ciega de aquellas organizaciones armadas de los años 70 y 80.
Una revisión crítica del pasado que las cárceles francesas no han permitido vivir a esos protagonistas de la anarquía y el terrorismo, hoy enterrados en vida.
