Cada vez que el estado español o un medio de comunicación afín habla acerca de las actividades armadas de ETA siempre reducen las estadísticas de la violencia a los muertos y heridos causados por ETA así como la de las bajas en el campo abertzale, sin mencionar la autoría de estas.
Nunca se habla de otras estadísticas, como por ejemplo, la de la cifra de los torturados.
Mucho menos se va a hablar de la violación como un arma más en el arsenal represivo en contra del derecho del pueblo vasco a su autodeterminación.
Por lo anterior es que se hacen tan necesarias voces como la de Iñaki Egaña, quien ha compartido el siguiente reporte en su perfil de Facebook:
La estrategia de las violaciones
Iñaki EgañaEste enero se han cumplido 45 años de la violación y muerte de Ana Tere Berroeta en Loiu y en junio el mismo aniversario recordará a Mari José Bravo en Donostia. Ana Tere tenía 19 años y Mari José 16. Javi Rueda, el compañero de Bravo, fue apaleado cuando intentaba defender a la adolescente, y dejado por muerto. Revivió pero a consecuencia de las heridas falleció años más tarde. Las muertes de ambas mujeres fueron reivindicadas por el BVE, la marca estatal que en 1983 fue sustituida por la de los GAL.
En ese periodo se produjeron más violaciones en las que, en algunas de ellas, los denunciados fueron agentes policiales. Las violadas sobrevivieron. También hubo varios casos de denuncias de violaciones en comisarías, en situación de custodia policial. Tras las denuncias, sus nombres se difundieron en los medios de comunicación. Pero las denuncias no tuvieron recorrido judicial. Una de ellas fue declarada incluso en un juicio en 1988 que tuvo lugar tras una detención . En el litigio, en el que la acusada fue imputada por ser militante de ETA, la fiscal Carmen Tagle, ejerció de juez y testigo a la vez, afirmando, por toda prueba, que el aspecto de Begoña no era el de una mujer violada. Hubo también situaciones que sugirieron haber sido preparadas en un despacho de expertos en contrainsurgencia. También en 1988, durante un largo secuestro por ETA de un empresario madrileño, los medios y la Policía cargaron las tintas sobre un miembro del comando que retenía al industrial. Y con la intención aparente de que el clandestino abandonara su escondite, dando pistas de donde se hallaba retenido el secuestrado, el hijo del militante sufrió un intento de violación, en su localidad natal, a 500 kilómetros de Madrid.
Estos casos ya fueron amparados explícitamente por el informe del Gobierno Vasco de 2008 "Víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política", bajo el epígrafe de violaciones sexuales de mujeres "con reivindicación política". En dicho informe, asimismo, se recogieron casos de detenidas en dependencias policiales que denunciaron haber sido violadas o agredidas sexualmente en el transcurso de su arresto. Y algunas de esas denuncias no estaban alejadas en el tiempo tanto como las de Ana Tere o Mari José, sino que pertenecían al siglo XXI. También impunidad, esta vez judicial, porque otra institución, como en este caso el Gobierno de Gasteiz ya las había señalado.
Las fuentes de todas esta crónicas son varias. Las diligencias judiciales, a las que no tenemos acceso, y cuando lo haya, la ley de protección de datos que obliga a que la petición deba ser realizada por la víctima. Muchas no quieren revivir el terror y otras, bilógicamente, no están entre nosotros. También los archivos históricos en los que están alojados los informes diarios de Guardia Civil, Policía y gobernadores. Pero en ellos nos encontramos con tres problemas. El primero, que en caso de resolución, únicamente aparecería el nombre de la víctima y el resto de nombres estaría tapado con tachones para encubrir generalmente a los victimarios. El segundo, los 50 años que deben haber transcurrido, por ley, entre el hecho y la petición de información. Y el tercero y más doloroso, que las cuestiones relacionadas con violaciones de derechos humanos (torturas, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales…) no aparecen en los informes que los propios policías confeccionan. Lo digo con experiencia, revisando legajos anteriores a 1974. Y en supuesto caso de posibilidad de acceso a información relevante que desvele alguno de estos acontecimientos, la franquista y a pesar en vigor, el muro de la Ley de Secretos Oficiales.
En la investigación popular, al margen de la hemerotecas, fue el exhaustivo trabajo del abogado Miguel Castells -todavía en activo a sus 93 años- que recogió las transgresiones de derechos humanos del Estado español en Euskal Herria, incluidas las violaciones, que le llevaron a una conclusión compartida por gran parte de nuestra sociedad: la actividad paramilitar estaba diseñada desde el Estado. Fue condenado por este trabajo por los tribunales españoles y el de Estrasburgo le dio la razón en 1991, lanzando una nueva andanada contra la estrategia negacionista de los Gobiernos españoles.
Más recientemente, Argituz presentó un nuevo informe “Mujeres violadas con reivindicación política por grupos parapoliciales”, que refiere el periodo que fue de 1977 a 1980 y recoge casos particulares, en los que destacan que antes de ser violadas, algunas víctimas sufrieron un interrogatorio sobre miembros de ETA. Sin embargo, las instituciones y los estudios académicos han pasado de puntillas sobre este tema, al margen de los trabajos y esfuerzos citados. Si la lectura debe se integral, aún tenemos un debe enorme.
Gracias a estas fuentes, hoy conocemos que hubo varios localidades que concentraron la mayoría de las agresiones sexuales: las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y otros puntos menores como Bermeo, Orereta o Irun. Las violaciones tuvieron lugar en escenarios donde también se produjeron otro tipo de represiones tanto asumidas por el Estado (torturas, secuestros) como negadas (acciones paramilitares). El modus operandi de los victimarios fue muy similar a pesar de la distancia entre localidades. En todos los casos, los violadores exhibieron sus armas para coaccionar a las víctimas. Lo más llamativo del tema reside en que casi la totalidad de las manifestaciones por esas agresiones sexuales fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos.
Al hilo de los testimonios, Mai Etxamendi, compuso y cantó una canción junto a su padre Eñaut (el de la mítica pareja Etxamendi eta Larralde), titulada “Zure kontzertu batez (1980)”: “Errenteriritk bost gizon dira heldu/ Bostek ninduten hortxet inguratu/Kristianoz ninduten deshoratu/Joak labanez sarraskitu/Nintzalarik lurreratu/Bostek ninduten biolatu”.
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