Imponen el Pensamiento Único

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Julen Arzuaga | jurista y miembro de Giza Eskubideen Behatokia

Pensamiento libre contra pensamiento único

El reguero de ilegalizaciones que azota Euskal Herria hay que enmarcarlo en la lógica «pensamiento único» que dirige la actuación de los estados español y francés, segun defiende el autor. Así, sólo quienes se someten a esa lógica pueden considerarse dentro de «su democracia», el resto -añade- «¡a galeras!».

El concepto «pensamiento único» define la ideología social y política que se pretende exclusiva, incuestionable, todopoderosa y que, además, no repara en los medios para su permanencia por los siglos de los siglos, amén. Supone la imposición de una filosofía, de una cosmovisión que presenta dos características: su veracidad intrínseca y que no permite oposición. La «gran verdad», incuestionable, se induce día a día, machaconamente, con discursos y opiniones ampliamente recogidos en los medios de comunicación de masas afectos. Y se impide la disidencia a esos sus planteamientos por medio de la sobreactuación de sus tribunales de justicia. ¡Quien discrepa, ilegal! Lo llevamos viendo con especial nitidez los últimos diez años.

Con estos dos mecanismos -medios de desinformación y justicia-, rayanos ya con el fascismo más galopante, se globaliza la unidirección del pensamiento, el encefalograma plano para aplastar el pensamiento libre, para triturar la crítica, evitar la propuesta de alternativas y con ello, la salida del atolladero actual. El pensamiento único tiene por biblia la constitución, siempre omnímoda, que determina además la noción privativa y restrictiva de democracia -la mía, la única y verdadera, la que emana de «mi» legalidad y punto-. Y claro, si persistes en tu pensamiento disidente con el texto sagrado, no tienes cabida en su expresión última, en su efecto directo, en «su» democracia.

Lo expresó claramente la ministra portavoz, Fernández de la Vega: «No caben en nuestra democracia», contradictio in terminis. Habría que consultar a los clásicos que idearon el concepto cómo definirían al sistema que deja fuera de sí partidos, organizaciones, ciudadanos, ideas: ¿tiranía? ¿autocracia? ¿satrapía? No hay que pararse en más detalles, enredarse en discusiones jurídicas, técnicas, en conceptos extraños a la cultura política de este estado, como son los derechos civiles y políticos. La no-democracia española -y por extensión a la vista de los acontecimientos más recientes la francesa- es propiedad privada de quienes comparten o, al menos, se someten al «pensamiento único». Los demás ¡a galeras!

Dicen en la última sentencia hecha pública por la Audiencia Nacional española que a Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna, «le incumbe convocar jornadas de lucha, sea a favor de los presos, sea en homenaje a los excarcelados o fallecidos cuando se disponían a cometer un atentado, a la par que mediante conferencias, ruedas de prensa, publicaciones o dossieres, se encarga de transmitir un mensaje inveraz y distorsionador de la realidad de ese colectivo». Podría ser una crónica política, un improperio de tertuliano o un comentario de taberna. Pero esa es la base acusatoria de la sentencia de un tribunal español para considerar terrorista a un movimiento de denuncia antirepresiva y para cargar con casi 200 años de prisión a sus activistas más reconocidos.

La primera afirmación de dicha frase es grave, al inferir de esa acción de convocatoria pública y transparente de jornadas de protesta, conferencias, ruedas de prensa... una calificación de terrorista. Pero la segunda es además insoportable. Una cosa es que las denuncias del movimiento pro-amnistía, testigo incómodo de la violencia del Estado, no gusten y otra es que se consideren «inveraces y distorsionadoras». Los propios acusados y los testigos propuestos pusieron esa realidad sobre la mesa.

La juez repetía una y otra vez que las declaraciones sobre la tortura, la política penitenciaria criminal, los asesinatos de las FSE, las medidas de excepción y el propio papel de la Audiencia Nacional no eran relevantes para el objeto de la vista oral. Nos hubiera encantado entrar en la discusión ante el tribunal sobre la veracidad de nuestras denuncias, al ser además constatadas por miles de ciudadanos y asumidas por organismos internacionales de reconocido prestigio. No se discuten, pero ¡luego son objeto de enjuiciamiento para colgarles el estigma de ser falsos!

Su manera lineal de pensar no permite asumir que alguien proteste por la violencia que ellos generan. Simplemente aplican la trituradora de la realidad para considerar que el contenido de la denuncia antirrepresiva es «inveraz» y además el modo de expresarlo es terrorista. Para afianzar la idea, recurre la sentencia a la existencia de una «cohesión ideológica de naturaleza claramente patológica» -textual- entre ETA y los organismos pro amnistía. Es ya patológico compartir ideología o simplemente, emitir un mensaje porque tal vez lo compartes con otro. Y además, quid de la cuestión, porque puede que te posicione contra otro, como vemos, más poderoso. Delito de opinión en estado puro, estigmatizado con la infamia.

En las sentencias que ilegaliza el partido histórico EAE-ANV y la candidatura EHAK-PCTV, se menciona la actitud de estos partidos reconociendo que «rechazan todo tipo de violencias» o «lamentan» las acciones de ETA, pero esto no es suficiente: «La posición del partido demandado no ha sido condenar expresamente a los autores», «no se toma parte de la condena inequívoca de los atentados», se produce un «ausentismo selectivo»... En este caso se condena por no emitir una opinión. Al no pasar por el aro y no expresarse exactamente en los términos preestablecidos por el discurso único se quedan fuera de la participación política. No hay margen para matices, no hay gama de colores en un estado que piensa en blanco o negro.

No me extiendo en valorar otros hechos, también recientes, por los que el Estado español tapa la boca a ciudadanos vascos, como la reciente negativa del Tribunal Constitucional a la Ley de Consulta del Parlamento de Gasteiz, la detención de miembros de Ekin en Nafarroa o los más recientes, acusados de «integración de un grupo estable de Segi», ante quienes Grande-Marlaska se dedicará a «estudiar» si les pueden atribuir algún acto violento concreto o sólo son detenidos porque su mensaje, joven y disidente, arremete contra una anti-democracia que no tolera su pensamiento libre.

Basta para concluir que se persiguen opiniones, textos, ideas. Ni siquiera estoy seguro de cómo serán interpretadas estas palabras por el censor de turno. Un consuelo: ni yo ni el lector que comparte lo que digo somos los únicos en llegar a esta percepción; el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunirá próximamente para analizar el grado con que el Reino de España respeta el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Una de las preguntas que deberán responder las autoridades españolas aparece formulada así por los expertos del Comité: «¿En qué medida puede el Estado parte justificar las violaciones a la libertad de opinión y de expresión en el País Vasco?». Espero que sean honestos y respondan sobre la base de lo apuntado en este artículo: se justifica porque ante el pensamiento libre el Estado español ha impuesto el pensamiento único.

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