La comisión parlamentaria encargada de investigar los aciagos sucesos ocurridos aquella mañana del 11 de marzo en Madrid se está tomando su tiempo. Quienes no lo han hecho fueron los jueces Juan del Olmo y Baltazar Garzón, quienes hacen de José María Aznar, George W. Bush y Tony Blair, los responsables del daño causado a centenares de personas.
Pero nada ocurrirá ni a Aznar, ni a Bush, ni a Blair.
Tampoco servirá de algo a las víctimas.
En el estado español, gobernado por un régimen heredero político e ideológico del franquismo, lo dicho por del Olmo o por Garzón será archivado, condenado a acumular polvo por toda la eternidad.
Y mañana, cuando entrevisten a Aznar o a sus secuaces Acebes y Zaplana... dirán que ha sido ETA.
Y tan tan.
Aquí lo que nos informa La Jornada:
El 11-M, respuesta del apoyo de Aznar a la ocupación de Irak, concluye informe
Pocos avances de la comisión parlamentaria que investiga los atentados en Madrid | Desarticula la policía española nueva célula de presuntos terroristas islámicos
La justicia española ha concluido que los atentados del 11 de marzo en Madrid están vinculados con la guerra en Irak y el apoyo incondicional que al efecto brindó el gobierno de José María Aznar a la política de Estados Unidos, de acuerdo con los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón.
Con base en las declaraciones de sospechosos detenidos y un informe policial de inteligencia, los magistrados consideraron que los autores de los ataques de Atocha -en su mayoría marroquíes residentes en España- que dejaron 191 muertos y mil 900 heridos, reivindicados por Al Qaeda, fueron cometidos "en reacción al conflicto iraquí".
Uno de los informes "refleja, al momento actual, una visión relevante de la investigación" sobre el 11 de marzo, señaló el juez Del Olmo. A su vez Garzón, encargado de varias investigaciones sobre células islamitas en España y una de Al Qaeda, supuestamente, también citó la guerra de Irak como uno de los motivos.
Uno de los sospechosos confesó a Del Olmo que el coordinador de los atentados en Madrid, Serhane Ben Abdelmajid Fakhet (el Tunecino), había afirmado durante una reunión de islamitas radicales en suelo español que quería "atentar en España como respuesta a esos hechos", en referencia al conflicto iraquí.
Los nexos entre el 11-M e Irak aparecen en el auto del juez Del Olmo, difundido la víspera para respaldar su orden de prisión incondicional contra el marroquí Hassan Haski, detenido la semana pasada en islas Canarias, quien "habría intervenido en la idea, preparación y contribución efectiva" de los atentados.
A Haski se le señala como presunto miembro del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), que reivindicó los atentados de 2003 en Casablanca, Marruecos, que causaron 45 muertos. A ese grupo se le atribuye haber surgido de Al Qaeda, ser de inspiración salafista y haber sido fundado en los 90 por marroquíes que participaron en la Jihad contra la ocupación soviética en Afganistán.
"La decisión de atentar en Marruecos y España parece que estaba ya tomada, sólo faltaba encontrar el momento, situar el objetivo y definir quiénes lo ejecutarían", acorde con un informe de inteligencia citado por el magistrado.
Mientras, este día la policía española volvió a desarticular una célula de presuntos terroristas islámicos al detener a tres marroquíes en la región de Cataluña, identificados como Majid Bakkali, Abdelkader Farhaoui y Mohamed Douha. Esas personas fueron sorprendidas cuando trataban de comprar explosivos.
En contraste, se conoció que la comisión parlamentaria que investiga los atentados de Madrid ha "envenenado el ambiente político, ya que ha habido pocos avances y los dos principales partidos (PSOE) y el opositor Partido Popular han mantenido la discusión en torno a aquellas amargas elecciones del 14 de marzo.
En tanto, este miércoles ocurrió una explosión en un cuartel de la Guardia Civil de Luna, en Zaragoza, que causó algunos daños materiales pero no víctimas. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que las investigaciones hasta ahora permiten señalar que es "más de lo mismo" y obra de ETA.
En otro ámbito, los diputados españoles aprobaron por unanimidad una ley contra la violencia de género, la primera de corte social impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que entrará en vigor en enero próximo.
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