Los seis vascos sujetos a proceso de extradición en México ya llevan un año tras las rejas sin haber sido juzgados ni condenados. Tan solo han sido señalados por el inquisidor Baltasar Garzón de haber montado un aparato de financiamiento a favor de la organización antifascista ETA, delito que de existir se habría cometido en México, lo cual hace que el proceso de extradición de hecho esté viciado de origen pues los seis debieran en todo caso ser juzgados en el país en el que los actos se cometieron, no en el estado español.
Un año privados de su libertad, sin juicio, sin condena y sin sentencia.
La sexta parte de la condena en contra de un joven español que colaboró con las Brigadas de Abu Hafs al Masri, sí, esas que llevaron a cabo los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Ya no hablemos de los acusados de pertenecer a ETA que llevan ya más de una década tras las rejas.
Así que lo diremos pronto y sin tapujos, Gabriel Montoya Vidal tiene suerte de ser español, porque de ser vasco, se come treinta años en las mazmorras como mínimo.
Adelante, miren lo que da a conocer La Jornada:
Condenan a 6 años a joven español que ayudó a Al Qaeda
Atentados del 11-M
Un joven español de 16 años acusado de haber suministrado parte de los explosivos a los autores de los atentados islámicos del 11 de marzo en Madrid, fue condenado hoy a seis años de internamiento en un centro para menores luego de haberse declarado culpable.
Con duración prevista de tres días, el juicio sólo duró 20 minutos, tiempo necesario para que el adolescente reconociera haber transportado y entregado a los terroristas una parte de los explosivos utilizados en los atentados, que dejaron 191 muertos y mil 900 heridos, que fueron reivindicados por la red Al Qaeda.
El Gitanillo, como se le conoce, pronunció un escueto "sí" cuando el juez le preguntó si reconocía los hechos y aceptaba la condena solicitada por la fiscalía, tras lo cual el juez José María Vázquez Honrubia dictó sentencia.
La fiscal Blanca Rodríguez iba a pedir ocho años de internamiento en un centro de menores y a su término cinco años de libertad vigilada, pero redujo a seis la pena.
Mientras, el Ministerio del Interior español destituyó al jefe de la Guardia Civil de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaga, acusado por la prensa de poco riguroso en sus investigaciones sobre el 11de marzo, las que pudieron haber evitado la tragedia.
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