Notas de la Manifestación a Favor de Sortu

En Gara han publicado esta nota con respecto a la manifestación que ha recorrido las calles de Bilbo en apoyo a la legalización de Sortu. En la misma se han portado pancartas con imágenes del "Guernica" de Picasso como para recordarle al mundo que en Otxandiano, Durango y Gernika fueron masacrados cientas de personas inocentes y que esa violencia genocida diseñada y dirigida específica y sistemáticamente en contra del pueblo vasco nunca ha sido condenada por la élite borbónico-franquista ni por ninguno de los partidos políticos españoles. Aquí la tienen:

La legalización vuelve a llenar Bilbo tras el veto del Supremo

Más de 26.000 personas recorrieron ayer otra vez las calles de Bilbo para exigir la normalización política de Euskal Herria y la legalización de todas las opciones. Lejos de caer en el desánimo, la decisión del Supremo sobre Sortu ha servido de acicate para la ciudadanía vasca.

Maider Eizmendi | Bilbo

La cita era a las 17.30 ante el Pabellón de La Casilla, pero cuando todavía no habían dado las 17.00 la gente comenzaba a agolparse en los alrededores. Evidentemente, la decisión del Supremo era uno de los temas de conversación principales en los corrillos previos. La otra, la afluencia con que contaría esta manifestación, dada la acumulación de grandes protestas de los últimos meses.

Muchos de los asistentes recordaban con claridad la anterior cita, en aquel caso el 18 de febrero y también para exigir la legalización de Sortu; ayer se trataba de denunciar la decisión del Tribunal Supremo de impedir su inscripción en el registro de partidos. En ambos casos, la misma demanda: respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca.

Entre los rostros conocidos, numerosos representantes políticos firmantes del Acuerdo de Gernika. La izquierda abertzale contaba con una amplia representación en la que destacaban Marian Beitialarrangoitia, Rufi Etxeberria, Jone Goirizelaia, Niko Moreno, Tasio Erkizia o Agurne Barruso, entre otros.

Eusko Alkartasuna también presentó un nutrido plantel en el que, además de su secretario general, Pello Urizar, figuraban Rafa Larreina, Unai Ziarreta, Maiorga Ramirez, Koldo Amezketa o los candidatos en Iruñea Eva Aranguren o Javier Ayesa.

De Aralar acudieron, entre otros, su máximo dirigente, Patxi Zabaleta, Oxel Erostarbe y Rebeca Ubera; Oscar Matute y Jonathan Martinez encabezaron la representación de Alternatiba; y Mertxe Colina hizo lo propio por parte de Abertzaleen Batasuna.

Además de los portavoces políticos, también destacaban representantes de organizaciones sindicales: Ainhoa Etxaide y Sonia Gonzalez, de LAB; Mikel Noval, Patxi Agirrezabala y Leire Txakartegi, de ELA; y Patxi Agirre, de Hiru, entre otros. Por parte de los agentes sociales, Izaskun Guarrotxena (Bilgune Feminista), Paul Bilbao (Kontseilua), Mattin Troitiño (Etxerat), Iratxe Urizar (Behatokia) o Martxel Toledo (Esait).

Pasadas las 17.30 arrancó la manifestación entre los aplausos de los asistentes, que le abrían camino. Tras la pancarta inicial, en la que se podía leer «Euskal Herriarentzat normalizazioa. Legalizazioa orain!», marchaban los firmantes del Acuerdo de Gernika. Tras ellos, los representantes de Sortu, el partido vetado por el momento en Madrid y que tendrá que defender su derecho ahora ante el Tribunal Constitucional.

Nuevamente la imagen

La llegada a la plaza Zabalburu y la parada para que los medios gráficos captaran la instantánea obligó a muchos a echar la mirada atrás. Nuevamente la imagen de febrero, enero y otras citas anteriores: los y las ciudadanas habían conseguido llenar la calle Autonomía. La nota de color la ponían los carteles que muchos de ellos portaban en sus manos, con el lema principal y la imagen del "Guernica'' de Pablo Picasso.

Los asistentes comentaban a su paso por la plaza este nuevo logro: «Son muchas manifestaciones y aun y todo...», comentaba una mujer. Según el recuento realizado por GARA y que se desglosa y refleja en la página 5, más de 26.000 personas se unieron ayer a la convocatoria de los firmantes del Acuerdo de Gernika.

La manifestación, que transcurrió en silencio, completó el recorrido a un buen ritmo, probablemente porque el cielo se mostró amenazante en todo momento. Antes de que dieran las 18.30 la cabeza había llegado a las escalinatas del edificio consistorial.

Tras unos minutos de espera, Maider Karrere, de Gazte Abertzaleak, y el joven independentista Mikel Totorika dieron lectura en euskara y castellano al comunicado final en la balconada del Ayuntamiento. Ante una plaza repleta, advirtieron que esta nueva manifestación deja a las claras el compromiso que tiene la ciudadanía vasca con el proceso que debe llevar a Euskal Herria hacia un escenario de paz y de normalización política.

La violencia, del Estado

Los jóvenes afirmaron que el Gobierno español y sus representantes políticos pretenden extender el desánimo entre la ciudadanía, «negando el proceso de paz y normalización». Al hilo de ello, ambos recordaron que el Acuerdo de Gernika hizo peticiones concretas tanto a ETA como a los gobiernos español y francés y que la organización armada respondió declarando un alto al fuego permanente, general y verificable.

Por contra, recalcaron que «el Gobierno español ha traído cada vez más violencia a Euskal Herria, persiguiendo actividades políticas y deteniendo a ciudadanos vascos, muchos de los cuales han denunciado graves torturas».

En ese mismo escenario situaron la decisión de impedir la inscripción de Sortu en el registro de partidos, «con la intención de condicionar las elecciones forales y locales del 22 de mayo». «Queda a las claras -denunciaron- que el Estado español y sus representantes políticos no han dado pasos de cara a solucionar el conflicto político».

Motor y protagonista

No obstante, subrayaron que la ciudadanía vasca ha mostrado su compromiso a favor de la resolución del conflicto, y, en ese camino, los representantes del Acuerdo de Gernika se reafirmaron en su compromiso de exigir el respeto hacia todos los derechos civiles y políticos y hacia la normalizacion de todas las actividades políticas.

Con una mesa de diálogo político en el horizonte, los portavoces mostraron el compromiso de los firmantes del Acuerdo de Gernika para seguir dando herramientas a la ciudadanía vasca, a la que atribuyeron ser el motor y el protagonista del proceso.

«Estamos convencidos de que los y las vascas conseguirán cambiar la actitud del Estado español», continuaron los dos jóvenes encargados del mensaje final, porque «ya es hora de cerrar la puerta definitivamente a la ilegalización y para que los estados español y francés dejen de utilizar la violencia con fines políticos; en definitiva, ya es hora de que en Euskal Herria se legalicen todas las opciones políticas y se normalicen todas las actividades políticas».

Los firmantes del Acuerdo de Gernika culminaron su intervención ante el Ayuntamiento con un «¡Gora Euskal Herria Askatatuta!», al que los asistentes respondieron al unísono.

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Tomando la Calle por Sortu

Como lo mencionaba el artículo de nuestra anterior entrada, un amplio abanico representativo de la sociedad vasca está demandando la legalización de Sortu como opción política en Hegoalde. Pues bien, hoy en Bilbo miles de mujeres, hombres y niños han salido a la calle a demostrar que el fascista inmovilismo español no podrá detener al pueblo vasco:

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Sortu Bajo la Lupa

En su estrategia represiva en contra del pueblo vasco a los jueces españoles poco les ha importado la legalidad (española, por cierto). Pero el comunicado de ETA acerca de su posible desarme ha dejado expuesto en su más podrida iniquidad al tinglado borbónico-franquista y ahora algunos jueces comienzan a mostrar reparos al momento de acatar las órdenes del régimen como nos muestra este artículo publicado en La Jornada donde por cierto también mencionan el comunicado de los intelectuales, políticos y activistas que se han posicionado a favor de la legalización de Sortu:

Divide la ilegalización de Sortu a los jueces del Tribunal Supremo español

Armando G. Tejeda

La ilegalización de Sortu, la primera marca electoral de la izquierda abertzale que rechaza explícitamente la violencia de ETA, provocó honda división en la sala 61 del Tribunal Supremo, que hasta ahora había resuelto por unanimidad todos los procesos contra partidos políticos. En el caso de Sortu, que se resolvió el 23 de marzo, siete de los 16 magistrados firmaron un voto particular en el que sostienen que no hay "prueba razonable" alguna para proscribir a esta formación política, que a su juicio cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para concurrir a unas elecciones democráticas.

Una semana después de que se hizo público el fallo, el alto tribunal entregó a las partes implicadas las dos resoluciones: la aprobada por mayoría simple, en que se rechaza la inscripción de Sortu como partido político al considerar que es una organización tutelada por ETA, y el documento del voto particular, en el que un grupo de magistrados expone con crudeza todas las supuestas lagunas de la ilegalización y señala que los argumentos esgrimidos para apartar a Sortu de la legalidad se basan en un "prolijo documento de ETA de hace más de un año y medio", el que además se analizó con "citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos probatorios que lo contradicen".

La ilegalización de Sortu ha suscitado profundo malestar en un sector de la sociedad vasca, que entiende que esta medida no responde a las exigencias que se había hecho a la izquierda abertzale, que consistía en que rechazara la violencia de ETA y apostara por vías exclusivamente políticas. Diversos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales convocaron a una protesta para este sábado, en la que pretenden volver a expresar su rechazo a la "ilegalización de las ideas".

Precisamente el jueves se dio a conocer un manifiesto firmado por destacados intelectuales y políticos de varios países en que se exigía al gobierno español, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitiera a la izquierda abertzale concurrir a los comicios municipales de mayo próximo. Entre los firmantes estaban Noam Chomsky, James Petras, Paco Ignacio Taibo II, Pablo González Casanova, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, entre otros.

Pero más allá de los argumentos políticos, los siete magistrados discrepantes del Tribunal Supremo advierten que para rechazar la inscripción a un partido "debe existir una prueba razonable de que su rechazo a la violencia responde a una voluntad de fraude", además de que no puede sustituirse "la certeza objetiva por la sospecha subjetiva".

Los siete jueces son Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón.

De hecho, los magistrados afirman que “no existe similitud sustancial entre Batasuna y Sortu porque sus estructuras, organización y funcionamiento no son similares, sus promotores tampoco coinciden ni hay una "similitud sustancial respecto de la procedencia de los medios de financiación o materiales".

Sortu presentó una queja ante el Tribunal Supremo por la filtración del fallo y está a la espera de que su recurso sea analizado y resuelto por el Tribunal Constitucional.

 

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Cronopiando: Voltaire y Sortu

La reflexión de Koldo Campos Sagaseta con respecto a la ilegalización de Sortu por parte del estado borbónico-franquista:

Cronopiando

Voltaire y Sortu

Koldo Campos Sagaseta

Hace más de dos siglos, el filósofo y político francés Voltaire dedicó a otro político una cita para la historia: “No estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida por defender tu derecho a expresarlo”.

Han pasado los años desde entonces y, además de a Voltaire, el tiempo y el olvido también se han llevado su hermosa defensa de la ética en el ejercicio político.

No hay que azuzar demasiado los sentidos para advertir hasta qué punto la ética se quedó por el camino. Basta repasar la actualidad del día para comprobar la catadura moral de la mayoría de nuestros representantes, sea en el Palacio Real, en el parlamento, en los ayuntamientos o en los tribunales.

Si la impunidad no vistiera a los santos o, simplemente, se aplicara la Constitución, no obstante su notoria mezquindad, los políticos y funcionarios que no acabaran presos, terminarían en la calle o en el más absoluto descrédito.

Pedirle a cualquiera de ellos que defienda mi derecho a la palabra o, lo que viene a ser lo mismo, al voto, cuando son ellos, precisamente, quienes han secuestrado mi derecho, sería tan ingenuo por mi parte como pretender que Voltaire y su apología de la ética les resulten conocidos.

De ahí que, yo a nadie voy a pedirle que defienda con su vida mi derecho a decidir, pero a quienes carecen de escrúpulos para acceder a cargos sobre la base de negarles las urnas a decenas de miles de vascas y vascos sólo quiero recordarles, aunque su mercurial vileza no estime la memoria, que ninguna opinión podrá tener valor, ningún voto merecerá respeto, ningún autoridad será creíble, mientras haya una sola exclusión.

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Madrid Premia a Terrorista de Estado

Madrid ha decidido premirar a Miguel José de la Peña Rubio, hijo de Valeriano de la Peña y María Pilar Rubio, autores material - como el propio Miguel José - e intelectual en el asesinato del panadero e integrante de Gurasoak Ángel Berrueta, quien fuese atacado en el interior de su propia panadería en las horas posteriores a los ataques yihadistas en Madrid.

Pero si el artículo que están a punto de leer en Gara les indigna, les recordamos que María Pilar Rubio no fue la única autora intelectual de este acto de terrorismo de estado, no. Sin juzgar aún están José María Aznar y Ángel Acebes, quienes, aprovechando todos los medios de comunicación a su disposición, enturbiaron la atmósfera tanto del Estado Español como de Euskal Herria esparciendo la tesis de que la autoría de los atentados recaía en ETA.

Aquí la información

El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle en setiembre

Ángel Berrueta murió hace siete años a manos de un policía español y del hijo de éste. El motivo fue una discusión sobre los atentados del 11-M. El hijo saldrá en tercer grado en setiembre, sin haber mostrado arrepentimiento  –incluso ha intentado querellarse contra sus víctimas– y sin que la responsabilidad civil se haya cubierto. La Fiscalía de Nafarroa e Instituciones Penitenciarias han jugado un papel clave en la obtención de este beneficio.

Aritz Intxusta

Miguel José de la Peña, que apuñaló al panadero Ángel Berrueta poco después de los atentados del 11-M, saldrá en tercer grado en setiembre, tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, que es de 15 años. Se trata de un caso poco corriente dentro del sistema judicial del Estado español, ya que ni ha mostrado arrepentimiento ni ha subsanado la responsabilidad civil. No obstante, tanto él como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, vienen obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. El padre fue condenado a 20 años y podría acceder al tercer grado en 2014.

La familia de Berrueta y los vecinos de Donibane convocaron ayer una rueda de prensa para denunciar la injusticia que se ha cometido con su caso. Afirman que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida a la calle del hijo del policía. No obstante, sí que tratan de conseguir una orden de alejamiento basándose en los artículos 48 y 57 del Código Penal.

Tanto De la Peña como su hijo fueron condenados por «asesinato con el agravante de motivación política» y jamás han mostrado arrepentimiento, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo.

No sólo no se arrepienten, sino que desde la cárcel han tratado de llevar acciones legales contra la mujer de Berrueta, su hijo Aitor, la asociación Gurasoak que se presentó como acusación popular, el abogado de la familia y hasta contra el juez que les condenó. GARA ha tenido acceso a cartas en las que abogados de oficio rehúsan llevar adelante esas querellas.

No cumplen los requisitos

La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.

Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.

El papel de la Fiscalía

Más allá de lo excepcional del caso en cuanto a la modificación de grados penitenciarios, Miguel José de la Peña no saldría a la calle de no ser por el papel que ha desempeñado la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal jefe de Nafarroa, Javier Muñoz, calificó la muerte de Berrueta como «pelea entre vecinos», pero el juez acabó por determinar que había una motivación política. Esta postura tibia se confirmó en enero de este mismo año cuando, otra fiscal, Ana Carmen Arbonies, emitió un informe favorable para que Miguel José De la Peña saliera de la cárcel incluso antes de setiembre. De no ser por el juez, estaría ya libre.

De todas las instituciones intervinientes en el proceso contra quienes mataron a Berrueta, parece que sólo se ha mantenido firme Ireneo Herrero Bernabé, el jefe del Servicio de Indultos, que se lo ha denegado a los De la Peña. Cabe recordar que, en segunda instancia, los tribunales suprimieron la pena a la esposa de Valeriano, que había sido condenada por el jurado. La familia Berrueta apeló al Constitucional, pero éste se negó a pronunciarse sobre el caso, con lo que la mujer quedó libre y se cerraron las puertas a la familia del panadero de Donibane –y miembro de Gurasoak– para acudir a Estrasburgo.

Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.

Donibane acoge mañana un nuevo homenaje

Mañana se cumplen siete años de la muerte de Ángel Berrueta. Sus vecinos han lanzado un llamamiento para que los ciudadanos acudan a concentrarse frente a la tienda en la que se ganaba la vida, a las 12.30 horas. Aseguran que «no pararán de pedir justicia y de recordar a Ángel». En su manifiesto de apoyo a la familia, los vecinos de Donibane aseguraron que el hecho de que María Pilar Rubio, la esposa del hombre que lo mató, haya quedado en libertad les parece una injusticia. Sin embargo, comentan que, «a pesar de que Rubio ha sido declarada persona non grata, ya son varias las veces que la viuda de Berrueta ha tenido que soportar su presencia intimidatoria».

Recuerdan que Rubio fue quien, tras discutir con Berrueta sobre la colocación de un cartel contrario a ETA, subió a su casa en busca de su marido y su hijo, quienes bajaron armados con una pistola y un cuchillo dispuestos a acabar con la vida del panadero. El jurado popular que determinó que había sido la inductora del crimen, pero tribunales superiores eliminaron la pena al revisar la primera sentencia.

Por otro lado, el grupo vecinal indica que la petición de indulto que realizó la familia De la Peña es «vergonzosa» y que no pueden «aceptar semejante burla y falta de respeto hacia la familia». Remarcaron que no entienden cómo el Estado aplica el «agravante ideológico» a un joven del barrio para mantenerlo en la cárcel durante diez años, mientras que en el caso de Miguel José de la Peña todo se queda en papel mojado.

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Víctimas del Terrorismo de Estado

Después de la jornada conmemorativa por el 23-F consideramos que es muy importante compartir con nuestros lectores este texto publicado por Gara, dado lo vivido en Euskal Herria desde 1936 hasta la fecha.

Adelante con la lectura:

Terrorismo y violencia de motivación política

Detrás de esta actitud hacia las víctimas del terrorismo de estado, así como hacia el conjunto de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el franquismo, está la presencia en las distintas instituciones, empezando por la Corona y siguiendo por los gobiernos y parlamentos centrales y autonómicos

M. Sainz, G. Garmendia, A. Txasko e I. Astoreka | Lau Haizetara Gogoan

Términos como «terrorismo» o «terrorista» han invadido y, en gran parte, distorsionado, durante décadas, el debate político en Euskal Herria. Jueces, políticos profesionales y medios de comunicación han convertido estas palabras en fetiches que sirven para todo menos para desarrollar una reflexión con un mínimo de rigor político e intelectual. Los conceptos están íntima y dialécticamente relacionados con el contexto y la historia de las sociedades en las que se acuñan y desarrollan. El franquismo fue prolífico en esta labor. Los antifascistas fueron calificados como «rebeldes», «desafectos», «rojo-separatistas», «traidores», «sin-patrias», o se les vinculó a un «contubernio judeo-masónico». También se les llamó «terroristas». La Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947 sirvió, entre otras cosas, de cobertura legal para la brutal represión ejercida contra el Maquis. Toda discrepancia, toda disidencia política, toda acción sindical o cultural reivindicativa fue calificada por la «autoridad competente» como terrorismo y, en consecuencia, combatida con toda la fuerza del Estado (Guardia Civil, Policía, Ejército, consejos de guerra...) Hay una continuidad en la legislación antiterrorista desde 1939 hasta hoy. Se repiten miméticamente ideas y conceptos, aunque en contextos diferentes. Todas estas leyes, elaboradas ad hoc, tienen entre sus objetivos justificar y mantener impune el terrorismo de Estado. La expresión política más definida de todo ello la encontramos en las declaraciones de Martín Villa tras la muerte de Germán Rodríguez (Sanfermines de 1978), que califica como un error del Estado, mientras que al referirse a otros tipos de violencia, habla de asesinatos. Con la legislación aún vigente, el Estado persiste en considerar a las víctimas de la rebelión militar de 1936, el franquismo y el terrorismo de estado como terroristas, cuando, en todo caso, son víctimas y resistentes antifascistas.

Los estados no consideran terrorismo los crímenes que han sido cometidos por sus propias instituciones, incluso en el caso del Estado español, donde se ha dado, al menos formalmente, un cambio de sistema político. Se huye de la legalidad internacional, asumida en teoría, que define la represión franquista como genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Para hablar con rigor del concepto «terrorismo», hemos de acudir al Informe Final (de 1 de diciembre de 2004) elaborado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios (nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas). Terrorismo se define así: «Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1.566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004), destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla».

Aquí se pueden distinguir dos elementos o condiciones que han de concurrir para que una acción pueda ser considerada como terrorista: el carácter civil (o no combatiente) de las víctimas y la intencionalidad de conseguir un objetivo político como intimidar a la población o forzar a un gobierno (o a una institución internacional) a actuar de una determinada manera. Por ello, no podemos admitir que, desde las instituciones autonómicas de la CAV se haya acuñado el concepto «víctimas de violencia de motivación política», para no llamar terrorismo a las vulneraciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado, cuando la existencia de una «motivación política» es una de las condiciones que determinan que una acción pueda ser considerada como terrorista.

¿No es acaso terrorismo la masacre perpetrada el 3 de marzo de 1976 sobre la población civil (trabajadores en huelga) con el propósito de intimidar al conjunto de la clase obrera? Recordemos que las víctimas de estos hechos fueron reconocidas por el propio Parlamento Vasco el 3 de marzo de 2006 mediante declaración institucional, aprobada por unanimidad, como víctimas del terrorismo. En la práctica, tras el hallazgo del término «víctimas de violencia de motivación política», con la discriminación que conlleva, las instituciones autonómicas convierten esta declaración en papel mojado. Remontándonos más atrás en el tiempo, ¿no son acaso acciones terroristas los bombardeos indiscriminados sobre la población civil vasca perpetrados durante los años 1936 y 1937, cuando su objetivo explícito era forzar la rendición de las tropas que estaban a las órdenes del Gobierno de «Euzkadi»?

Toda esta situación nos parece inadmisible y por ello denunciamos que detrás de esta actitud hacia las víctimas del terrorismo de estado, así como hacia el conjunto de las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el franquismo, está la presencia en las distintas instituciones, empezando por la Corona y siguiendo por los gobiernos y parlamentos centrales y autonómicos, y en las cúpulas de los partidos políticos que han tenido responsabilidades en su gestión durante más de 30 años de «democracia», de personas con vínculos ideológicos y/o familiares con los responsables de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas a partir del alzamiento del 18 de julio, e incluso de personas que han tenido responsabilidad directa en los crímenes. El hecho cierto es que en todas estas instituciones, nacidas, no lo olvidemos, de una reforma y no de una ruptura con el régimen anterior, hay muchos más elementos de continuidad con el pasado dictatorial de los que están dispuestos a reconocer sus actuales gestores.

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Soroa | Una Lectura Benévola del Tejerazo

Y bueno, ya que Floren Aoiz nos ha provisto con el contexto histórico y con las reflexiones traspoladas a la realidad que se vive hoy en Euskal Herria, les presentamos el punto de vista siempre aceradamente acertado de Maite Soroa en su columna habitual de Gara:

Una lectura benévola del tejerazo

Maite Soroa | msoroa@gara.net

Ayer se cumplieron treinta años de la fantochada de Tejero y compañía (elaboren ustedes mismos la lista de su «compañía». Yo, por si acaso, me callo.) y los medios se saturaron de alabanzas borbónicas y loas a la madurez de la democracia española.

Y entre tanto incienso, destacaba el editorial de «La Razón», que nos contaba el cuento de Caperucita Roja, pero con el lobo hecho un bendito, la abuelita más mala que el sebo y Caperucita una perversa. Lean, lean.

Recordaba el autor que «se cumplen 30 años del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (...) tres décadas de la decisiva intervención del Rey, que se erigió entonces en el responsable principal de que aquella intentona no sólo fracasara, sino que supusiera además para el país una suerte de catarsis». O sea, mano de santo.

La verdad es que al buen hombre le costó siete horas decidirse a decir que aquello no le gustaba, pero al editorialista no sólo le parece estupendo, sino que va más allá: «Sin quererlo, los golpistas provocaron una carrera acelerada y sin vuelta atrás hacia la libertad, la modernidad y el progreso». O sea, que aquello fue como un premio de la lotería democrática.

Pero la cosa no se terminó de arreglar, porque «En pleno siglo XXI, sin embargo, arrastramos todavía alguno de los factores que contribuyeron decisivamente a crear un caldo de cultivo en el que la asonada pudo planificarse y ejecutarse». Ojo, que empieza la diversión.

Los culpables, en realidad, no fueron los golpistas. Tengan en cuenta que «el terrorismo de ETA y de los Grapo fue un elemento determinante para generar un ambiente opresivo y asfixiante en la democracia joven e inexperta de principios de los 80». Ya hay culpable.

Y unas pobres víctimas, ofuscadas, que tan sólo se equivocaron: «El golpe del 23-F fue en buena medida una respuesta absolutamente equivocada en todos los sentidos a aquella situación trágica de los denominados años del plomo de ETA». Suena a justificación, ¿no les parece?

Y deja para el final el juicio: «los pistoleros pusieron contra las cuerdas al Estado de Derecho recién estrenado y unos golpistas trasnochados cayeron en su trampa». Pobrecicos.

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Aoiz | ¿Fracasó el Autogolpe de Febrero de 1981?

Apenas ayer Floren Aoiz puntualizaba meticulosamente algunos aspectos polémicos de la jornada vivida durante el 23 de febrero de 1981 y en las horas y días posteriores.

Hoy, de nuevo en Gara, complementa la información:

¿Fracasó el autogolpe de febrero de 1981?

Floren Aoiz | Escritor

Aunque haya quien espere una respuesta unívoca a esta pregunta, yo voy a dar dos, aparentemente contradictorias, pero que a mi juicio no lo son. En mi opinión, el autogolpe del 23 de febrero de 1981 fue, para sus promotores, un éxito, pero analizado desde el punto de vista de sus consecuencias a largo plazo, ha terminado por convertirse en un fracaso.

Uno, la historia de un éxito: Se ha vendido la historia del 23-F como un golpe ultraderechista fallido, cuando lo cierto es que se trataba de una operación del propio Estado para reconducir el rumbo de la transición.

Aunque el plan del autogolpe era otro, los responsables de la operación supieron gestionar el desastre provocado por el rechazo de Tejero a una salida que permitiera conformar rápidamente un gobierno de concentración. Este golpe es una ruina, pudieron decir, pero prefirieron hacer de la necesidad virtud y no les fue nada mal. Algunos de los protagonistas no pudieron eludir las consecuencias, que nada tuvieron que ver con lo que ha sufrido cualquier joven vasco acusado, por ejemplo, de quemar un cajero automático, pero los que llevaban las riendas salieron de aquello, como suele ocurrir en estos casos, impunes.

Se produjo el shock considerado necesario para imponer la reforma de la reforma y los objetivos principales de la operación se cumplieron de un modo inesperado, pero no por ello menos eficaz, con la ventaja de que Juan Carlos Borbón aparecía como responsable del triunfo de la democracia sobre los golpistas en lugar de como protagonista de la operación.

El golpe aparentemente fallido tuvo éxito porque Suárez quedó neutralizado, se generó un clima de miedo y no tardaron en llevarse a la práctica las recomendaciones de la agenda preconizada por sus impulsores.

Esta agenda incluía, significativamente, reconversiones industriales, privatizaciones y recortes sociales, la entrada en la OTAN, el desarrollo de la guerra sucia, mayor capacidad de acción para la maquinaria represiva y una involución en materia de modelo de estado, que iría mucho más allá de la famosa LOAPA e incluiría mayores exigencias al PNV y un nuevo cierre en falso de la «cuestión navarra» mediante el cambio de postura del PSOE de Urralburu y Arbeloa.

Las consecuencias del golpe han marcado la evolución de la política en el Estado español en estos treinta años. Consecuencia de aquello son, por ejemplo, los GAL, la estrategia de criminalización del independentismo, desde los pactos «antiterroristas» hasta la Ley de Partidos, o la operación para convertir el recuerdo a las personas que han sufrido ataques por parte de ETA en un recurso para la justificación de las posiciones del estado.

La mayor parte de las fuerzas políticas se plegó a las exigencias que asomaban tras el autogolpe. Es más, recurrieron a la amenaza golpista para justificar sus claudicaciones, desde el apoyo a medidas antisociales hasta la renuncia a la defensa de ciertos objetivos políticos «para no dar alas al terrorismo».

Una de las claves del autogolpe fue la voluntad de marcar los límites del Estado de las autonomías. A partir de entonces iba a predominar el inmovilismo, y el progresivo protagonismo del «antiterrorismo» implicaría la satanización del debate sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. La trayectoria del PNV, que ahora pretende interpretar las iniciativas de la izquierda abertzale como el reconocimiento de la correción de las posiciones jeltzales ante la reforma, ilustra perfectamente el impresionante efecto del autogolpe. Habrían de pasar muchos años y mediar el fracaso del modelo estatutario para que este partido osara acercarse a las rayas rojas marcadas en febrero de 1981.

A nadie se le escapa que aquel autogolpe tuvo mucho que ver con Euskal Herria. En primer lugar porque la situación vasca estaba en el origen de la crisis de estado y fue usada como justificación de la operación, tanto antes como después, de ésta. Valga como ejemplo esta nota de finales de febrero de 1981 sobre el estado de ánimo en una unidad militar española:

«Se piensa que los motivos que han producido esta acción son innumerables y están en la mente de todos, pudiéndose resumir fundamentalmente en la pasividad de las Autoridades ante hechos como las permanentes acciones terroristas, asesinatos y secuestros, los sucesos vergonzosos ocurridos en la visita de SS.MM. a Vascongadas, las manifestaciones en las que se dan gritos de independencia y vivas a la ETA, las acusaciones gratuitas contra las Fuerzas de Seguridad, los ultrajes a la Bandera, etc. etc. (...)»

Pero sobre todo fueron las consecuencias del golpe las que tuvieron repercusión directa en Euskal Herria. No tardó en comprobarse que la liquidación del independentismo vasco iba a ser prioridad del Estado y que éste no iba a autolimitarse en este desafío.

A las nuevas medidas restrictivas de las libertades se unió en mayo de ese mismo año el famoso «caso Almería», un adelanto de la apuesta por «acabar de una vez por todas con el terrorismo» tan cacareada antes y después del autogolpe.

Es más, como quiera que, en lugar de depurar todas las responsabilidades y desmontar la argumentación en la que se sustentaba el autogolpe, se dio por buena la necesidad de un golpe de timón, en lugar de cerrar el camino a las estrategias fácticas para condicionar la vida política, se avalaron. Y así, el mecanismo se consolidó. Es más, se blindaron las cloacas del Estado y se impulsaron las tramas de servicios secretos, agentes policiales y políticos que tanto que hablar han dado desde entonces.

Ydos, la crónica de un fracaso. Pese a que el golpe de timón cambió el rumbo de la nave, tal y como pretendían quienes lo dirigieron y avalaron, 30 años después, el buque sigue sin llegar a buen puerto. Si en 1981 se percibía la situación como la antesala del naufragio, y de hecho fueron muy recurrentes las metáforas de ese tenor, no es casualidad que en la actualidad se recupere o recree esa impresión.

El autogolpe no superó el divorcio entre la realidad plurinacional del Estado y el marco legal. El agotamiento del modelo de estado de las autonomías, el crecimiento del independentismo en Euskal Herria y Catalunya y la incapacidad del nacionalismo español de ofrecer respuestas estratégicas capaces de generar nuevas adhesiones demuestran que la agenda post 23-F, pese a haber dispuesto de treinta años para llevarse a la práctica, ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales del estado.

Los recortes sociales que sucedieron al autogolpe han sido superados por otros mucho más drásticos, pese a que entre unos y otros transcurrieron etapas en las que los dirigentes españoles se vieron a sí mismos en la primera línea internacional. Tras el estallido de la burbuja y el fin del espejismo del crecimiento milagroso, la economía del Estado hace aguas otra vez y la crisis no es coyuntural.

En este panorama, y mientras algunos recrean contra Rodríguez Zapatero la operación de acoso y derribo contra Suárez que precedió al 23-F, los pasos dados por la izquierda abertzale han descolocado al Estado en un momento especialmente delicado. Esto explica que en lugar de felicitarse por el paso unilateral de ETA, lo haya interpretado como una agresión y haya respondido en términos represivos.

Treinta años después, el estado español se enfrenta a sus viejos fantasmas y se resiste a sustituir el «antiterrorismo» con el que ha disfrazado su inmovilismo y desnaturalizado el conflicto político de fondo. Hace tiempo que no puede recurrir a la amenaza golpista y cada vez le va a resultar más difícil negarse a asumir cambios en el modelo de estado, aunque hoy por hoy la respuesta a esta grave situación sea un fortalecimiento de las tesis más reaccionarias.

El 23-F no se hizo para que tanto tiempo después los problemas a los que supuestamente respondía constituyeran un desafío mucho mayor. Fue una salida en falso a una crisis de estado que hoy siguen sin poder superar.

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Aoiz | Treinta Años de Mitos

Hoy es una fecha paradigmática para el estado español y la continuidad del régimen franquista bajo la égida de Juan Carlos Borbón. Paradójicamente, también lo es para Euskal Herria.

Lean este texto al respecto publicado por Gara:

23-F, treinta años de mitos para encubrir un autogolpe

Floren Aoiz | Escritor

Se cumplen 30 años de los sucesos de febrero de 1981 y vuelven a prodigarse los relatos que glosan la grandeza del rey español, salvador de la democracia frente a los golpistas. El ritual del aniversario se renueva y se repite la historieta de buenos y malos convertida en incuestionable. La transición hacía aguas, la economía naufragaba, el pérfido terrorismo y los insaciables nacionalismos «periféricos» ponían en peligro la unidad de España y unos cuantos nostálgicos del franquismo decidieron liquidar la incipiente democracia, pero no lo lograron porque Juan Carlos Borbón les hizo frente e impuso el respeto al estado de derecho.

Ya lo decía la letra del «Tanguillo del golpe»: «¡Qué nochecita pasamos los españoles, vaya una gracia!/ si el Borbón no lo remedia,/ nos quitan la democracia,/ las huelgas los sindicatos y hasta la Constitución.»

Sea con aire de tanguillo, vendido como sesudo trabajo académico o como promocionadísimo best seller de Javier Cercas, el cuento se basa en una historia de canallas extremistas (terroristas y golpistas) y un héroe equilibrado y equilibrador: el rey. Un relato que persigue la identificación social con cierta interpretación de la historia, y, en el fondo, quiere legitimar el modelo de transición y su consecuencia, esto es, el actual régimen constitucional.

Como ha destacado el analista del storytelling Salmon, con estas repeticiones rituales, más allá de contar una historia, se pretenden orientar flujos de emociones, creando y alimentando un mito colectivo. Porque de eso es de lo que estamos hablando, del mito de la modélica transición y, más exactamente, del mito del golpe involucionista reventado por el Borbón.

Un régimen surgido de la transformación «de la ley a la ley» desde una dictadura como la franquista necesita mitos fundacionales que disimulen su pecado original y ha encontrado en los acontecimientos de febrero de 1981 un filón. La versión oficial de aquellos sucesos convierte en paladín democrático al Borbón designado a dedo por Franco para liderar el posfranquismo, el mismo Borbón que proclamara al ser nombrado sucesor su adhesión a los principios del golpe de 1936 y repitiera los halagos al «Caudillo» tras su muerte. Prodigioso milagro recreado cada año por estas fechas gracias a la reedición del shock provocado por la irrupción de una banda de guardias civiles armados en el edificio del Congreso de Madrid.

A falta de una auténtica ruptura con el franquismo, el 23-F se nos presenta como su espectacular simulacro, en el que la integridad del monarca español y su firmeza brillan frente a la oscuridad de los involucionistas. Borbón renace así purificado, limpio de toda mancha, roto el cordón umbilical de una vez por todas con su promotor, el sanguinario dictador Francisco Franco que se hizo con el poder gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini y un baño de sangre de dimensiones colosales.

Las imágenes de Tejero, que han sido vistas por todo el mundo y han creado un «recuerdo compartido», invitan a dar por buena la imagen del golpe televisado, cuando lo cierto es que la verdadera naturaleza de lo ocurrido el 23 F ha sido deliberadamente ocultada a la opinión pública. Cuanto más se repiten las mismas imágenes, más cerrojos se cierran sobre el (auto)golpe de timón que el estado posfranquista dio a la reforma.

Más allá del mito, una reforma de la reforma. Recientemente, «El País» publicaba un texto sobre «la intentona golpista del 23-F que desbarató el Rey» en el que se afirmaba que «los hechos han quedado esclarecidos en su casi totalidad». Y es cierto que los hechos se han ido desvelando y hoy en día cualquier persona con interés puede acceder a testimonios, documentos y estudios que permiten hacerse una idea cabal de qué sucedió realmente.

Esta información, sin embargo, lejos de retratarnos a un monarca antigolpista, cuestiona de raíz la versión oficial y nos presenta una trama turbia surgida de las propias entrañas -o cloacas, como se prefiera- del Estado. Los datos que han ido aflorando en estos 30 años, muchas veces como consecuencia de rencillas, venganzas o desaires en el mundo de los servicios secretos españoles han confirmado el análisis de quienes definieron aquello desde el primer momento como un autogolpe.

Estos servicios secretos y otros poderes fácticos tuvieron un protagonismo decisivo en la generación del ambiente de inestabilidad que antecedió al numerito de Tejero, alimentaron la sensación de caos, acosaron a Adolfo Suárez desde todos los frentes y fabricaron y utilizaron hábilmente la amenaza de un golpe militar cuyo objetivo sería poner fin a la transición. Pero no sólo eso, tuvieron que ver con la preparación del autogolpe, su ejecución, su reconducción y su posterior encubrimiento.

Conviene recordar que el Ejército español no había sido llevado a rastras a la reforma, sino que era uno de sus protagonistas a la vez que gendarme. Franco, que fue quien diseñó las claves del escenario posfranquista, se encargó de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas a su sucesor y nadie cuestionó seriamente ese aval. En 1981, el Ejército no quería volver atrás y, en todo caso, ni los poderes económicos ni los padrinos internacionales se lo hubieran permitido. Lo que estaba sobre la mesa era la utilidad de la amenaza del golpe para poner límites a la transición y, como ocurrió tras el 23F, reorientarla.

Hubo una operación cívico-militar, por usar terminología de documentos de inteligencia de aquellos tiempos, para desalojar a Suárez de la jefatura del Gobierno y marcar una nueva agenda que supusiera la corrección del rumbo de la reforma. No es que el líder de la UCD fuera un peligroso rupturista, pese a que como tal llegó a ser presentado, sino que su tiempo había terminado y era preciso reajustar la marcha de la transición, abriendo el paso a un nuevo tiempo de reconversiones económicas, recortes del proceso autonómico y nuevos bríos en la acción represiva y de guerra sucia. Un nuevo tiempo que más tarde iba a ser liderado por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, un partido que, a diferencia de UCD, no podría ser considerado una prolongación del franquismo.

La dimisión de Suárez, lejos de frenar esa operación, terminaría por hacerla estallar. Tejero, enredado en aquellas tramas aunque posiblemente desconocedor de todo su alcance, iba a crear el shock, la fase explosiva del golpe, por usar términos de un destacado agente de los servicios secretos españoles. Después llegaría la acción de salvación que culminaría con un nuevo pacto de estado fruto de un consenso entre partidos y el Ejército, apoyado por los demás poderes y agentes sociales y que marcaría el inicio de un nuevo tiempo político.

Pero no es lo mismo escribir un guión que llevarlo a la práctica. Tejero se enrocó, se negó a facilitar el paso a la solución prevista y con este inesperado giro el proyecto se fue al garete. El plan se hubo de reinterpretar. No habría gobierno de concentración y tendrían que gestionar de otro modo el shock, pero esto sólo sería posible sacrificando algunas piezas para evitar la implicación de ciertos poderes del estado y del propio monarca.

Así, Tejero, Armada, Milans y otros como San Martín, el hombre de inteligencia de Carrero Blanco, se convertirían en los líderes de un golpe involucionista felizmente abortado por el rey Borbón. Algunos de ellos podían haber sido los paladines de la nueva etapa democrática tras la catarsis, pero terminaron juzgados por apadrinar un golpe de estado.

30 años después, la obstinación en ocultar a la ciudadanía la realidad de aquellos hechos es sumamente preocupante, porque evidencia la voluntad de seguir recurriendo al mito para manipular. Y, lo que es mucho peor, cada año nos recuerdan su resistencia a afrontar una verdadera ruptura con el franquismo.

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Nueva Plataforma Abertzale

La Jornada trae a nosotros este artículo en el que se detalla la más reciente apuesta por parte de la izquierda abertzale por romper el cerco que le ha impuesto Madrid desde aquel nefasto año de 2003 en el que, recurriendo a una legislación creada ad hoc, se ha estado privando al pueblo vasco de un acceso pleno a sus derechos civiles y políticos.

Aquí la información:

La Izquierda Abertzale presenta partido; condena la violencia, el chantaje y a ETA

El PP exige a Rodríguez Zapatero que impida a esta naciente formación contender en elecciones

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Con una condena explícita a la violencia, el chantaje y la extorsión, "incluido ETA", la Izquierda Abertzale (nacionalista) presentó hoy oficialmente una nueva plataforma electoral con la que aspira a volver a las instituciones y al debate político en el País Vasco. Batasuna, la coalición del nacionalismo radical vasco durante décadas, fue proscrita en 2003 en virtud de una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos que endureció los requisitos para formar un partido político o marca electoral y que posteriormente fue avalado por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En un multitudinario acto en Bilbao, con destacados dirigentes de su propio ideario político y representantes de otras formaciones políticas, sindicatos y organizaciones civiles, el histórico dirigente vasco Rufi Exteberria presentó el ideario de la nueva formación, que cumplirá "sin escapismos literarios" la ley electoral española y la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).

Después de 12 años de "debate y reflexión", la Izquierda Abertzale decidió dar un paso adelante en las exigencias de la legislación española para permitir su regreso a las instituciones y ser considerada una formación legal y democrática. Después de dos procesos de pacificación fallidos –el de 1999 y la llamada experiencia de "Lizarra-Garasi"; y el del 2005, que culminó con el estallido de una furgoneta bomba en el aeropuerto de Madrid–, la Izquierda Abertzale tiene a la mayoría de sus dirigentes encarcelados y bajo proceso por diversos delitos de supuesta pertenencia o colaboración con organización terrorista. Precisamente el decreto del alto el fuego de ETA a finales del año pasado fue una de las exigencias de los líderes abertzales para iniciar una nueva andadura en la política parlamentaria e institucional, que todavía deberá pasar los filtros de los tribunales españoles.

Durante la presentación de la plataforma política, Etxeberria explicó: "sí vamos a cumplir la ley. Una ley que, queremos también denunciar, se viene aplicando con intereses netamente políticos, mas allá del carácter democrático o no de sus contenidos normativos". Durante su discurso, el líder vasco insistió en que una de las principales conclusiones de su debate interno es que es necesario y urgente un escenario de "no violencia" para el desarrollo de la región. Además aseguran haber acordado que su propuesta democrática pretende cerrar "un ciclo de confrontación violenta adoptando una posición clara y firme por las vías exclusivamente políticas y democráticas". Es decir, que desde esta nueva formación habrá una "exigencia de un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva como condiciones para cualquier diálogo y negociación política; es decir, no hay proceso de diálogo y negociación sin un escenario de ausencia de violencia con garantías y restablecimiento de mínimos democráticos".

La condena a la violencia es explícita y sin ambages, incluso citando a ETA por su nombre, tal como le habían exigido el resto de formaciones políticas durante décadas. “La Izquierda Abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia, o la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos, y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones. De forma explícita el nuevo proyecto político y organizativo de la Izquierda Abertzale ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma. Y, en consecuencia, rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos”.

Esta idea será uno de los ejes de los estatutos de la nueva formación política, que se registrarán de forma oficial el próximo miércoles ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid. Posteriormente un magistrado decidirá si la nuevo formación cumple o no los requisitos para concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas.

El acto político de la Izquierda Abertzale provocó un alud de reacciones tanto de las formaciones políticas vascas como españolas, que en su mayoría reconocieron el salto cualitativo de la formación política, tradicionalmente vinculada a ETA. El presidente del gobierno vasco, el socialista Patxi López, señaló que se "están dando los pasos para acercarse a los requisitos a los que se ajustan todas las fuerzas democráticas", pero matizó que "necesariamente las palabras y las declaraciones biensonantes" deben acompañarse de "hechos palpables para dar seguridad a la sociedad y despejar las dudas que siguen subsistiendo en la ciudadanía". Y añadió que es "positivo que quienes, hasta no hace mucho, justificaban a ETA, afirmen ahora su voluntad de hacer política sin la cobertura de la violencia y anuncien que van a cumplir los requisitos que se exigen en democracia a todos los partidos, rechazando el amparo al terrorismo y hablando incluso de justicia para las víctimas".

Reacciones dispares en Madrid

El gobierno encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero advirtió desde el domingo que la izquierda nacionalista vasca radical no podrá participar en elecciones si no manifiesta de forma "irreversible, tajante y para siempre" que condena la violencia de ETA, según declaró el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

El vocero del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Marcelino Iglesias, fue bastante cauto sobre el paso de la formación abertzale, al sostener que "la democracia tiene que ser muy exigente con esos grupos después de haber estado tantos años apoyando la violencia, pero es verdad que hay una novedad importante, ya que es mejor ese escenario que cuando la apoyaban la violencia".

El principal partido de la oposición, el derechista Partido Popular (PP), exigió al gobierno que impida por todos los medios que esta nueva formación política se presente a las elecciones, al insistir en la idea de que "ETA y Batasuna son lo mismo y que mientras exista ETA, por más palabras que diga Batasuna, no se van a poder legalizar". El vocero Esteban González Pons afirmó que "estamos ante un partido trampa y ante palabras trampa y la sola mención del nombre de las personas que van a presentar los estatutos justifica la impugnación de la Fiscalía General. ETA está a punto de ser derrotada policialmente y nadie debe ahorrarle dicha derrota".

En sentido opuesto se pronunció el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo presidente, Íñigo Urkullu, aseguró que “la mayoría de la Izquierda Abertzale quiere hacer política y sólo política, y espero que hoy den ese primer paso que les permita hacerlo. Si cumplen la ley, las sentencias y los requisitos van a hacer 30 años después (de la transición a la democracia) lo que ya hicimos muchos: aceptar las reglas del juego”.

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