"Estado de Excepción"

Continúan las vueltas de tuerca en contra de las libertades del pueblo vasco en general y contra la izquierda independentista en particular.

Esto nos informa La Jornada con respecto al proceso de criminalización e ilegalización de Batasuna:

Impone el gobierno de José María Aznar un "estado de excepción" en Euskadi, acusa el PNV

La ola de críticas en los medios, "poco acordes con el respeto al Poder Judicial", dice el juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), denunció hoy un retroceso en las libertades y derechos de los ciudadanos vascos y acusó al gobierno español de imponer el "estado de excepción", en tanto que el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, rechazó este viernes el recurso interpuesto por la coalición vasca Batasuna contra la suspensión de sus actividades.

Sólo dos manifestaciones siguen convocadas para las próximas horas en Pamplona (Navarra) y Guernica (País Vasco), en apoyo a la coalición, luego de que Garzón declaró ilegal la marcha de este sábado en Ansoain (Navarra), y que los convocantes a otras dos, en Bilbao y San Sebastián, decidieron suspenderlas después de que un tribunal vasco ratificó su prohibición.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, afirmó hoy que en Euskadi se ha instaurado un "estado de excepción larvado, sin declarar, de hecho, no de derecho", en el que además no se ha respetado la separación de poderes ni el código penal y se han vulnerado los "derechos de expresión, manifestación, asociación y presunción de inocencia".

El líder nacionalista se refirió así a las recientes acciones emprendidas desde el gobierno español, la oposición socialista y por Garzón, al considerar que las dos vías abiertas para la disolución de la coalición abertzale es "un grave deterioro democrático".

El pasado 26 de agosto el Parlamento aprobó por mayoría absoluta una moción en la que insta al Ejecutivo a que presente una denuncia ante el Tribunal Supremo para disolver a la formación vía la ley orgánica de partidos políticos, que entró en vigor el 29 de junio y fue creada con ese fin.

Ese mismo día, Garzón firmó un auto judicial en el que declaró la disolución de la coalición y ordenó el cierre de sus sedes y locales, incluidas las del exterior del país, así como el embargo de sus cuentas y la prohibición de realizar manifestaciones "inspiradas o impulsadas" desde Batasuna.

Precisamente, Nicaragua recibió este viernes una petición de Garzón para clausurar y embargar un local de Batasuna denominado Casa Lindavista, en Managua.

Después de una reunión con los máximos dirigentes de su partido, Arzalluz juzgó que los autos de Garzón han provocado un "clima de inseguridad", ya que son "corregidos y jurídicamente incorrectos", y denunció el "silencio de los dirigentes que no comparten estas actuaciones", pero que como ahora "hablar en determinados términos es estar en favor del terrorismo", temen "recibir el castigo mediático".

Advirtió que su formación pondrá condiciones al acatamiento de la Constitución, "mientras nos lleve a una democracia sólo nominal, y a un cierre a cal y canto de la legítima expresión de los derechos vascos".

Emilio Olavarría, parlamentario del PNV y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó las razones por las cuales su formación considera que no se ha respetado la división de poderes y se han vulnerado derechos básicos, y señaló que la nueva ley de partidos "se redactó únicamente para posibilitar la ilegalización de Batasuna abriendo un proceso que ha recordado que esto pervierte la Constitución, la ley orgánica del propio CGPJ y la quintaesencia del sistema democrático".

Por su parte, la organización sindical vasca ELA subrayó que "el proceso soberanista no avanzará sin confrontación con el Estado español", en vista de la actitud de Madrid contra el independentismo vasco.

El documento agrega que la suspensión de Batasuna demuestra que el poder español prefiere "la obediencia debida a defender los derechos y libertades, así como el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía".

En una ordenanza adoptada hoy, Garzón ratificó que "Batasuna es un instrumento del entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco", creado por ETA, y reiteró su decisión de clausurar sus locales.

Batasuna, considerado el brazo político de ETA, podrá presentar un recurso contra el rechazo de su apelación ante la Audiencia Nacional. En caso de una nueva desestimación, podrá recurrir al Tribunal Constitucional, y luego ante la justicia Europea.

Garzón también se refirió a críticas recibidas por algunos medios, que consideró "son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes". En relación a las prohibición de las manifestaciones, dijo que se olvida que en este procedimiento "se investigan hechos delictivos y no actos políticos".

Aludió a la polémica sobre la prohibición a Batasuna de convocar a manifestaciones, que afecta sólo a dicha coalición nacionalista y "su entorno", medida que no pretende prohibir el derecho de reunión y manifestación del resto de los ciudadanos.

Recalca que tales personas "podrán hacer aquello que su libertad les sugiera", al tiempo que si transgreden los límites de la ley, "quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no esté juzgado, lo hará".

Igualmente, se refirió a la imputación que hace contra Euskal Fondoa, que consideró una tapadera diseñada por ETA para asistir a sus miembros que huyeron hacia América Latina, sobre todo a Nicaragua.

Para el juez "queda claro que la intención de ETA-HB fue instrumentar arbitrariamente a la citada asociación aprovechando el campo de acción que tiene, ajena a aquella estructura delictiva, brindaba ayudaa con sus programas en Nicaragua". 

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"Garzonada" Globalizadora

Aprovechando la psicosis creada por la "guerra contra el terror" emprendida por George W. Bush en la estela del 11 de septiembre, Baltasar Garzón expande la represión en contra del independentismo vasco a otros puntos del planeta.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Pide Garzón a Nicaragua, Australia y EU suspender apoyos a Batasuna

Instan a debate sobre la ley de partidos en el País Vasco

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, pidió hoy al Parlamento Europeo y a los gobiernos de Nicaragua, Estados Unidos y Australia que suspendan las subvenciones, clausuren las sedes y desactiven las páginas web de la coalición de la izquierda nacionalista vasca, Batasuna, cuyas actividades fueron suspendidas tras ser acusada de ser brazo político de ETA.

Garzón pidió además a ocho entidades bancarias que le entreguen toda la documentación de las cuentas abiertas por o a nombre de Batasuna desde 1978.

El magistrado pretende, con estas peticiones, ampliar el auto que declaró el 26 de agosto pasado la suspensión de todas las "actividades privadas y públicas" de la coalición abertzale (nacionalista) y que provocó el cierre inmediato de sus sedes y locales en el País Vasco y Navarra. Una semana más tarde, Garzón firmó una nueva "providencia" que declaró "ilegal" cualquier manifestación pública y privada "impulsada e inspirada" en Batasuna.

Ahora, pidió que se cursen, vía diplomática, las comisiones rogatorias pertinentes para que el gobierno de Nicaragua "clausure, precinte y embargue" un supuesto local en Managua propiedad de Batasuna, llamado Casa Lindavista, que según Garzón fue comprada en 1987 por Izaskun Larreategi Cuadra, "ex militante de ETA".

Al Parlamento Europeo, Garzón le solicita que suspenda las subvenciones previstas para la formación; mientras que a Australia y Estados Unidos les insta a "cerrar" los dominios en Internet que esta formación tiene dados de alta en esos países. Por último, solicita al servicio de inteligencia español un informe sobre la supuesta sede de la formación en Bruselas, llamada Herriko Ambaixada, y del despacho del europarlementario Koldo Gorostiaga, en Bayona, Francia.

En el País Vasco, en tanto, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), ambos al frente del gobierno regional, solicitaron al Parlamento vasco el debate de una proposición en la que instan al mismo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada ad hoc por el Ejecutivo español y la oposición socialista para disolver a Batasuna.

Estas formaciones alegaron "discrepancias de carácter jurídico" con la normativa, ya que a su juicio ésta vulnera derechos básicos, como la libertad de expresión, la libre asociación y la presunción de inocencia.

El Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi acusaron a los nacionalistas de convertirse en "abogados de los terroristas", al tiempo que advirtieron que esa ley "pasa todos los filtros de legalidad, de constitucionalidad e incluso de los criterios más exigentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La eventual presentación de este pedido del Parlamento Vasco se sumará a la concentración convocada por EA para el próximo sábado en Gernika, que fue autorizada por el gobierno vasco, ya que el lema convocante "En defensa de las libertades", no alude a Batasuna.

Begoña Errazti, presidenta de EA, justificó la marcha al sostener que es un "acto de congruencia política que nos obliga a plantear a la sociedad lo que pensamos: ETA, evidentemente, vulnera las libertades y los derechos, pero a ETA sólo se le combate con más democracia y no dando argumentos a Batasuna ni prohibiendo manifestaciones y la libertad de expresión".

La vicepresidenta del gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, también se refirió a la marcha, al asegurar que "en los tiempos que corren parece que ahora una manifestación por una formación política legal y autorizada es un acto extraordinario". 

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Misiva contra Proscripción de Batasuna

Les compartimos al costo esta misiva publicada en la sección Correo Ilustrado de La Jornada, misma que aborda el proceso de criminalización  e ilegalización de Batasuna.

Quienes editamos y publicamos este blog desde la diáspora y para la diáspora celebramos que integrantes de la misma recurran a los medios de comunicación de los países en los que habitan para arrojar luz sobre lo que sucede en Euskal Herria y, aunque tenemos puntos de vista concurrentes con algunos planteamientos presentados por los autores, deseamos expresar que también diferimos en algunos aspectos.

Nos gustaría, por ejemplo, preguntar a Federico Álavarez y a Josu Landa qué tipo de garantías tenemos de la no repetición de los actos de terrorismo de estado llevados a cabo por Madrid - y París en alguna medida - contra el pueblo vasco en un hipotético escenario de desarme y desmovilización de ETA, tal como está ocurriendo con el ERI en el Ulster, con todo tipo de garantías por parte de Londres.

Queda de tarea.

Aquí la misiva:

Reprueban la ilegalización de Batasuna

Señora directora: Así como, en su momento, hemos condenado sin ambages el terrorismo etarra, reprobamos ahora el proceso de ilegalización del partido Batasuna, impulsado por el juez Garzón y el gobierno de Aznar, con el apoyo del PSOE.

Una democracia no ilegaliza partidos con innegable arraigo en importantes sectores de la población y con representantes legítimos en instituciones parlamentarias y municipales; cuando más, persigue delitos de personas concretas, conforme a normas propias de un verdadero estado de derecho. La suspensión de actividades decretada por el juez Garzón, en contra de Batasuna, adolece de notorios vicios jurídicos y la circunstancia en que se efectúa permite pensar que se ha vulnerado la independencia del poder judicial, con el fin de eliminar un adversario político ciertamente incómodo. Da mucho que pensar el que tal medida se tome, cuando es claro el debilitamiento de los sectores extremistas en el nacionalismo vasco. Da la impresión de que el PP y el PSOE requirieran un abertzalismo violento, para justificar y perpetuar un hegemonismo que recuerda demasiado al impulsado por la dictadura franquista. Sea como fuere, ni las medidas dictadas por dicho juez ni la ilegalización definitiva de Batasuna contribuyen a consolidar la vida democrática ni favorecen una solución del conflicto político que aqueja al pueblo vasco.

Mal hacen el gobierno de Aznar y el PSOE en negar la existencia de ese conflicto y al recurrir en exclusiva a la vía policial, para combatir no sólo a ETA sino también a quienes, rechazando sus tácticas, reivindican un proyecto soberanista para el País Vasco. El pueblo vasco, en su mayoría, apoya la opción contraria, la del diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el respeto a su derecho a la autodeterminación de su futuro como pueblo. Dar cauce a estas expectativas es lo único que garantiza una paz sustentada en la justicia, el respeto a las diferencias y la democracia. Por el contrario, medidas como la que aquí objetamos sólo sirven para perpetuar la violencia.

Federico Alvarez, Josu Landa 

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"En Defensa de las Libertades"

No nos vamos a ilusionar mucho, pero hemos de decir que nos agrada la convocatoria dada a conocer por Eusko Alkartasuna - EA - en el contexto del asedio a las libertades del pueblo vasco en el que se utiliza descaradamente el ariete de la criminalización e ilegalización de Batasuna.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Eusko Alkartasuna convoca a una marcha en Gernika "en defensa de las libertades"

El partido de la coalición que gobierna el País Vasco responde así al juez Garzón

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Eusko Alkartasuna (EA), uno de los tres partidos que forman la coalición que gobierna el País Vasco, convocó a una manifestación para el próximo sábado, para dar respuesta a "una especie de autogolpe de Estado" que ocurre por las medidas encaminadas para declarar fuera de la ley a la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna, acusada de ser brazo político de ETA.

La convocatoria se realiza luego que el lunes el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, prohibió cualquier manifestación "pública o privada" que esté "inspirada o impulsada" en Batasuna, medida que ha provocado una tormenta política en Euskadi.

La dirección de EA ha decidido responder con la convocatoria a una marcha bajo el lema "En defensa de las libertades", y en respuesta a las "vulneraciones de derechos individuales y colectivos" que significan los pasos recientes realizados por el Ejecutivo español presidido por José María Aznar, con la presentación ante el Tribunal Supremo del pedido de declarar ilegal a Batasuna, lo que ha sido apoyado por la oposición socialista.

En un comunicado, EA señaló que a raíz de la suspensión de todas las actividades de Batasuna, decretada también por Garzón, se han cometido varios "atentados" contra las bases de la democracia, al afectarse la "separación de poderes, la libertad ideológica, la libertad de manifestación, la libertad de expresión y la presunción de inocencia".

La manifestación se llevará a cabo en Gernika, porque esa ciudad es "un símbolo de las libertades vascas, de la democracia y de la denuncia contra la intolerancia, el fascismo, el genocidio y la barbarie que se expresaron, en su día, mediante el bombardeo de la villa foral", por lo que es el "lugar de referencia" para plantar cara "tanto a ETA como a los poderes del Estado que plantean una especie de autogolpe de Estado, al despreciar los derechos de cualquier régimen democrático".

El ministro de Administraciones Públicas español, Javier Arenas, calificó de "despreciable" esta convocatoria, ya que a su juicio los dirigentes de EA pretenden ejercer de "abogados de los terroristas".

En tanto, el Consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkárraga, presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, al que instó a "intervenir ante la falta de jurisdicción" del magistrado para declarar ilegales las manifestaciones en favor de Batasuna.

La orden de Garzón provocó "tal grado de confusión y alarma sobre el ejercicio de un derecho fundamental", que se hizo necesaria esta intervención, explicó Azkárraga, quien se preguntó "¿qué pasará cuando una formación legal quiera manifestarse contra las medidas que afectan a Batasuna o decida rechazar el proceso de proscripción mediante una convocatoria a los ciudadanos?"

La medida también ha provocado críticas en la prensa. El editorial de este miércoles del diario El País sostiene que "el propio juez Garzón envió una providencia en la que va mucho más allá del alcance de su propio auto al generalizar la prohibición a cualquier manifestación al respecto. El auto del 26 de agosto precisa que la suspensión cautelar afecta la capacidad de convocar manifestaciones, lo que es lógico, pero de su contenido no se deduce la ilicitud de cualquier manifestación sobre Batasuna (por ejemplo, contra su proscripción), aunque sea convocada por personas físicas o jurídicas ajenas a la formación".

El diario El Mundo alertó, a su vez, que "si en cualquier manifestación de este tipo se incurriera en gritos o posturas que defendieran el terrorismo existen mecanismos de actuación puntual, en el mismo momento en que ocurriera el incidente o a posteriori, exigiendo la responsabilidad individual y la que correspondiera a los convocantes.

"Ir más allá estaría en contra del derecho genérico de manifestación y supondría un paso peligroso hacia lo que se podría considerar como un estado de excepción encubierto", sostuvo el diario.

Por su lado, la parlamentaria y ex dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, denunció ante la Cámara vasca la "dureza" y la "manera violenta" con la que la policía autonómica vasca, Ertzaintza, desalojó en días pasados las sedes y locales de la formación abertzale.

A su vez, la Fiscalía de la Audiencia Nacional impugnó el recurso presentado por Batasuna contra la suspensión de actividades, argumentando que esta suspensión se realizó con todas las garantías judiciales.

En este contexto, se informó que Garzón se quedará a partir del próximo viernes sin la mitad de sus colaboradores habituales, una vez que ocho de los 16 funcionarios adscritos a su despacho finalizarán su relación laboral con el Estado, para dedicarse a otras tareas.

El juez tiene abiertos sumarios tan complejos como el que se refiere al llamado "entorno" de ETA, las acusaciones de delito fiscal y blanqueo de dinero contra la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o las investigaciones en torno a las dictaduras militares que gobernaron Chile y Argentina. También asumió, recientemente, las actuaciones contra las supuestas "células dormidas" de Al Qaeda en España, las querellas contra los principales cárteles de la droga de Galicia y la acusación por delito fiscal contra el presidente italiano, Silvio Berlusconi. 

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La "Batasuna" Ana Urchuegia

La infausta doctrina del "todo es ETA" de Baltasar Garzón ha terminado por meter en la red a una ONG denominada Euskal Fondea, misma que es dirigida por una sociata y administrada por una pepera. Esperemos que esto haga entender a ambas que no importa que tan asimilado tengas el relato españolista, para ellos, los españoles, sigues siendo vasco y por lo tanto, enemigo de la Sacrosanta Unidad de la España Una Bajo Dios.

O como se dice desde tiempos inmemoriales; Roma no paga traidores.

Aquí la información que traemos a ustedes desde La Jornada:

ONG rechaza acusaciones del juez Garzón

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El auto judicial que emitió el pasado 26 de agosto el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que permitió la suspensión de actividades de la coalición nacionalista vasca Batasuna -desde el cierre de sus locales al embargo de cuentas bancarias- vinculó además a decenas de asociaciones y personas al supuesto entramado de la organización armada ETA. El magistrado trabaja en este macrosumario desde hace más de cinco años, cuando se convirtió en el juez que asumió la mayoría de los procesos judiciales relacionados con el conflicto vasco.

El documento de 375 páginas menciona entre las entidades presuntamente pro ETA a Euskal Fondea, organización no gubernamental que realiza trabajos humanitarios en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, pero que para Garzón se trata de una tapadera que sirve al grupo armado para el "sostenimiento de sus militantes en Latinoamérica y, concretamente, en Nicaragua".

Lo insólito de esta acusación es que la vicepresidenta de Euskal Fondea es Ana Urchuegia, la alcaldesa socialista de Lasarte, quien ha sufrido amenazas de ETA; mientras la tesorera de la organización es militante del conservador Partido Popular, al que pertenece el presidente del gobierno español José María Aznar. En cambio, el auto judicial señala que ambos cargos son de Batasuna.

La propia Urchuegia compareció este martes en San Sebastián ante la prensa para rechazar la acusación, ofreciendo a Garzón que "revise las cuentas para evitar cualquier posible desconfianza por parte de los ayuntamientos, miembros y ciudadanos sobre el destino del dinero" que recauda Euskal Fondea.

La edil socialista, quien recientemente fue objeto de un atentado fallido por parte de un comando etarra, explicó que esa ONG agrupa a 70 entidades locales de diferentes vertientes políticas con el único objetivo del "desarrollo de la cooperación internacional", pero con la acusación de Garzón el esfuerzo "de convencimiento para que los ayuntamientos destinen 0.7 por ciento de sus presupuestos a la cooperación, se puede caer". 

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"Meteduras de Pata"

La Jornada le da seguimiento al proceso de criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna, hecho vergonzante que ocurre en el seno de la Unión Europea sin que nadie se escandalice de que en un estado como el español, donde una criminal dictadura campaba a sus anchas hasta no hace mucho, persista una clase política dispuesta a poner coto a las libertades y derechos de quienes no comparten la visión españolista de la política, misma que fue la piedra angular sobre la que la derecha construyese en su momento los principios del naciona-catolicismo.

Adelante pues con la lectura:

Presentan el fiscal y el ministro de Justicia de España la demanda para proscribir a Batasuna

La prohibición de manifestaciones en favor del partido, "metida de pata", dice el PNV

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el ministro de Justicia español, José María Michavila, presentaron hoy ante el Tribunal Supremo las respectivas demandas en las que solicitan, el primero por parte de la Junta de Fiscales de Sala, y el segundo en representación del Ejecutivo español, la prohibición de la coalición de la izquierda nacionalista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de ETA.

Estas medidas se suman a las acciones judiciales emprendidas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que la semana pasada ordenó la suspensión de todas las actividades de la coalición y luego declaró "ilegal" cualquier manifestación "apoyada o inspirada" en ella.

Las demandas presentadas ante el órgano judicial, la del fiscal -85 folios que citan 15 supuestos hechos delictivos de Batasuna- y la del gobierno -más de 10 mil folios que aportan "más de mil hechos" que demostrarían la presunta "doble militancia" entre ETA y Batasuna-, ahora serán analizadas por el Tribunal Supremo, órgano que finalmente decidirá si declara ilegal a la coalición, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

El fiscal Cardenal, jurista conservador nombrado por Aznar cuando llegó al poder en 1996, se encargó de entregar la demanda, que incluye un listado de cargos electos, militantes y dirigentes de Batasuna acusados de estar implicados en acciones terroristas, así como fotografías de los ayuntamientos gobernados por la coalición, en las que se puede ver en las fachadas de las sedes públicas imágenes de miembros de ETA.

En alusión a las declaraciones del parlamentario y dirigente de la suspendida Batasuna, Arnaldo Otegi, quien sostuvo que "el País Vasco se está convirtiendo en el Stalingrado político de Aznar", Cardenal dijo ante la prensa que a lo que "venimos hoy al Tribunal Supremo es a liberar a esa parte de España (País Vasco) del asedio de los nazis de un partido que se llama Batasuna".

La demanda presentada por el Ejecutivo, que también se basa en la nueva legislación de partidos políticos creada ex profeso para prohibir a Batasuna, incluye fotografías y actas de los plenarios en los que parlamentarios o concejales de la coalición se negaron a condenar el último atentado mortal de ETA, que a principios de agosto dejó dos muertos, entre ellos una niña.

Asimismo se incluyeron 194 expedientes de dirigentes o militantes de Batasuna, con los que se pretende demostrar su vinculación al grupo armado.

El titular de Justicia sostuvo que esta demanda pretende acabar "con la impunidad de los que utilizan la democracia contra la democracia y se pone fin a la impunidad de los que usan los privilegios de los partidos políticos".

La tesis del gobierno es que Batasuna es "la prolongación del terrorismo en la política, por tanto la ley no manda a la clandestinidad a un proyecto político o a sus defensores, porque la ley defiende el derecho de cualquiera a defender sus ideas pero sin pistolas ni bombas".

Michavila sostuvo además que a raíz de los atentados del 11 de septiembre "hemos alcanzado la comprensión de todas las democracias. No hay terrorismo bueno y malo. Todo el que usa el terrorismo es un criminal".

Por su lado, el ministro del Interior, Angel Acebes, aseguró que el gobierno demostrará ante el Tribunal Supremo que los dirigentes de Batasuna "son o han sido dirigentes de ETA".

Ahora Batasuna deberá comparecer en un plazo de ocho días ante el tribunal. Si esta instancia acepta las demandas presentadas hoy, como se espera, podría declarar la "disolución del partido político" en un plazo de entre cuatro y seis meses. La medida será de ejecución inmediata y ante esta sólo cabrá presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Mientras se da curso a estas querellas, el gobierno del País Vasco, presidido por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), estudia cómo aplicar la última orden del juez Garzón, que decretó ilegales todos las manifestaciones "públicas o privadas impulsadas o inspiradas" en Batasuna. El Departamento del Interior informó que a partir de ahora analizará "cada convocatoria o cada comunicación" para realizar actos de apoyo a la coalición.

Esta medida del magistrado fue acogida con cautela por algunos dirigentes políticos y medios de comunicación, incluido el rotativo pro gubernamental El Mundo. Entre las voces más críticas destacó la del vocero del PNV, Joseba Egibar, que la calificó de "metedura de pata, ya que la sociedad siempre necesita vías de expresión y ese derecho en el futuro lo van a ejercer otros particulares o nosotros mismos".

Según Egibar, el juez Garzón va "por encima de todo en nombre de la justicia" y el "Estado está poniendo en marcha casi todos sus instrumentos y ha demostrado que está dispuesto a estropear la convivencia de esta sociedad".

El líder de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, coincidió al sostener que la medida decretada por Garzón "vulnera el derecho de manifestación, un derecho democrático fundamental que no estamos dispuestos a que ningún juez recorte".

En Estrasburgo, finalmente, el Parlamento Europeo pidió a Koldo Gorostiaga, el único eurodiputado de Batasuna, rembolsar parte de sus dietas, tras una investigación interna que mostraría que "las utilizó de manera inadecuada", según dijo el vocero del parlamento, David Harley, citado por Afp. 

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Batasuna "Inspira"

La embestida en contra de las libertades y derechos políticos del pueblo vasco continúa.

Ahora, el juez estrella Baltasar Garzón ha exigido al gobierno de la CAV que prohíba cualquier manifestación convocada en favor de Batasuna. Dicha prohibición le da la oportunidad a Garzón de ordenar la acción directa de las fuerzas represivas del estado español presentes en la CAV en contra de los manifestantes, asegurando con ello la posibilidad no solo de reprimir brutalmente con todo el arsenal a civiles de a pies, sino que permite el arresto, incomunicación, tortura y encarcelamiento de ciudadanos que serán acusados de "pertenencia a banda terrorista", solo por manifestar su rechazo a una medida draconiana.

Claro que todo lo anterior le puede importar menos a Vázquez Montalbán pues los "batasunos" se merecen lo que les hagan por no "condenar específicamente los muertos que causa" el "nacionalismo vasco".

Aquí la información:

Prohíbe Garzón la convocatoria o asistencia a manifestaciones "inspiradas" en Batasuna

El líder de Izquierda Unida asegura que el juez "se extralimita en sus funciones"

Armando G. Tejeda

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, prohibió hoy la convocatoria o asistencia a manifestaciones que estén "impulsadas o inspiradas" en Batasuna, la coalición de la izquierda nacionalista vasca cuyas actividades el magistrado suspendió hace una semana, acusándola de ser el brazo político de ETA.

Poco después de conocerse esta orden, el gobierno regional vasco prohibió las manifestaciones previstas para el 7 y el 8 de septiembre contra la suspensión y eventual proscripción de Batasuna, según se conoció de fuentes del Departamento de Interior vasco.

La orden de Garzón se emite un día después de que varios miles de personas se manifestaron en San Sebastián, con autorización de las autoridades regionales, para condenar la suspensión de Batasuna. Pero al término de la concentración hubo violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.

El magistrado, que el pasado 26 de agosto suspendió de todas sus actividades a la formación abertzale, emitió este lunes una nueva providencia en la que comunica al gobierno vasco, del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, que "no tendrá carácter legal o lícito cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente que de hecho se refiera a Batasuna".

Además pidió a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) española que le prepare un informe en el que se detalle "si existen convocatorias de manifestaciones realizadas por Batasuna directa o indirectamente", al tiempo que informa a la jefatura de la policía autonómica vasca, Ertzaintza, de la "suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos."

Garzón también precisó a la Conserjería de Interior del gobierno vasco que su auto judicial incluye la suspensión de "actividades que estén impulsadas o inspiradas" por Batasuna o "por sus miembros o dirigentes y que persigan la finalidad de apoyar o coadyuvar la actividad de aquella organización cuya actividad ha sido suspendida".

La medida afecta, asimismo, la "utilización de símbolos, logotipos y cualesquiera otros medios, pancartas, caravanas, anuncios o similares que se refieran a dicha organización terrorista", en alusión a la coalición nacionalista.

El delegado del Ministerio del Interior español en el País Vasco, Enrique del Villar, anunció que mantendrá una denuncia que presentó contra el gobierno vasco por haber permitido las manifestaciones celebradas ayer ya que, según él, "reúnen alimañas que apoyan el terrorismo y se defienden a mordidas".

El líder de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, consideró en cambio que estas medidas de "excepción" ordenadas por Garzón significan una "extralimitación en sus funciones, y además de ilegalizar de facto a una formación política, impide que los ciudadanos que no están de acuerdo con esta medida puedan expresarse y manifestarse libremente."

Calificó de "gravedad extrema que un juez actúe como mamporrero de los sistemas de libertades, salpicando a todo el Poder Judicial", por lo que pidió a la sociedad vasca "no caer en este tipo de provocaciones que se firman en un despacho a 500 kilómetros de nuestra tierra."

En tanto, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, se reunió con la dirección de su Partido Popular, a la que explicó que las iniciativas para promover la proscripción de Batasuna por medio de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Partidos Políticos "no garantizan el final inmediato de ETA". Sin embargo, sostuvo que sin esta iniciativa "nunca se terminará con la banda terrorista".

Aznar habló la víspera de que el Tribunal Supremo reciba dos pedidos para declarar ilegal a Batasuna, uno por parte del gobierno, que cuenta con el apoyo del Congreso de los Diputados, y otro procedente de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, durante la primera sesión del Parlamento navarro tras el receso por vacaciones se aprobó, con los votos de conservadores y socialistas, la "paralización" de actividades de los representantes de Batasuna, al menos hasta que se entregue a la Cámara un informe jurídico que estudiará las incidencias del auto de Garzón en la actividad de estos diputados. El diputado abertzale Pernando Barrena, respondió señalando que esta serie de medidas "están creando una indefensión absoluta, ya que a los efectos se trata de una situación de suspensión de derechos".

En el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, el representante de Batasuna, Koldo Gorostiaga, lamentó el último atentado mortal de ETA, que el 4 de agosto provocó dos muertos, entre ellos una niña, aunque no lo condenó. Además dijo sentirse amenazado por la representante de los socialistas, españoles en el Parlamento, Rosa Diez, quien señaló que la "impunidad" de Gorostiaga "está tocando fin", según consignó Dpa. Esta respondió entonces que "gente como yo llevamos escolta, somos asesinados por personas que se manifiestan con Gorostiaga en las calles y que gritan: ETA mátalos".

Este enfrentamiento verbal ocurrió después de que el presidente del Parlamento Europeo, Patrick Cox, condenase "firmemente" aquel atentado y manifestase el apoyo de la Cámara a las medidas que tomen los países de la Unión Europea "en sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo". 

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Vázquez Montalbán y los "Batasunos"

Manuel Vázquez Montalbán, catalán por nacimiento pero español por decisión propia, ya recientemente nos había sorprendido con un texto en el que habla en favor de la experiencia que tiene Madrid lidiando con el fundamentalismo islámico, despachándose con una perla del revisionismo españolista como pocas; la reconquista.

Y decimos que nos había sorprendido porque supuestamente el señor es de izquierda y la izquierda no comulga con mitologías fundacionales de ningún tipo de nacionalismo decimonónico pues tiene el antídoto para ello; el  materialismo histórico.

Pero es que tristemente, y como nos demuestra con este otro texto publicado en la sección Opinión de La Jornada, a Vázquez Montalbán se le han ido por completo las cabras al monte en su apuesta por la imposible equidistancia, salpicada aquí y allá con manidas y facilonas frases supuestamente de izquierda.

En el texto, como funambulista, Vázquez Montalbán dispara lo mismo a diestra que a siniestra. Sus enemigos son por igual los gerifaltes del bipartidismo del PP-PSOE y los "batasunos", para él, ambos amenazan la grandeza de España.

Ojo, porque lo de "batasunos" no lo hemos inventado nosotros, así lo escribe, tal cual, para referirse a quienes se atreven a expresar sus ideales políticos depositando la boleta de Batasuna en una urna.

Ya había mostrado su desdén hacia la izquierda abertzale cuando junto a Saramago apoyase la candidatura de Izquierda Unida en el reciente proceso electoral de la CAV, solo para que ese partido terminara por engancharse como furgón de cola al tren del Partido Nacionalista Vasco.

En su celo españolista, Vázquez Montalbán asegura lo que ni Garzón con su neolenguaje se atreve a hacer; que Batasuna es el brazo político dependiente de ETA. O sea, este señor que en sus años mozos pasó su tiempo en las mazmorras del franquismo y que militó en organizaciones radicales, sin tiento alguno, compra y revende la hipótesis con la que Garzón actualemente sofoca todo tipo de expresión política e identitaria vasca, convirtiéndose así en valedor del "todo es ETA", sin importarle que muchos vascos y vascas hayan terminado detenidos, torturados y encarcelados como resultado de esa estrategia represiva. A lo Pepe Carvalho.

Más adelante, después de supuestamente haber cuestionado tanto al PP como al PSOE incluyendo por ahí una referencia a la Guerra Santa desencadenada por George W. Bush vuelve a las andadas, insistiendo en que como estado democrático -después de que él mismo ha señalado la ausencia de división de poderes así como la incapacidad para confrontar con herramientas políticas el complicado escenario presentado por Batasuna - Madrid debe explorar otras rutas.

Pero ahí, precisamente está el quid del asunto pues Vázquez Montalbán termina por convertirse en voluntarioso valedor del "atado y bien atado" de Francisco Franco. El régimen transmutó, llevó a cabo cambios cosméticos exigidos por las potencias occidentales tras la muerte del dictador, pero el estado español, como en tiempos de Franco, dista mucho de ser una democracia, pues los restos de decenas de miles de víctimas de la brutalidad españolista inspirada en los principios del nacional-catolicismo... continúan en fosas comunes.

Adelante con la lectura:

España: entre la democracia y la ilegalización

Manuel Vázquez Montalbán

Sorprende, y a mí me asusta, la aplastante mayoría con la que el Parlamento español ha secundado el obsesivo empeño de José María Aznar de ilegalizar a Batasuna, como brazo político dependiente de ETA. Esa mayoría parlamentaria no se debe sólo al vicio del seguidismo, sino que tiene también especial importancia la carencia de nuevas expectativas políticas para el problema vasco. La falta de opciones favorece la impresión de que la ilegalización de Batasuna es una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) deben ocultar su incapacidad política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o disuasorio.

Inquietante que el discurso ilegalizador del PP y del PSOE sea prácticamente el mismo, los primeros porque son depositarios de una idea de unidad patriótica característica de la derecha española y los segundos porque originalmente parten del esquema estatista de la clase obrera única, Estado unificador. Sin embargo, los socialistas catalanes, tal vez debido a ciertos niveles de colaboración entre comunistas, socialistas y nacionalistas en la lucha antifranquista, corrigen el axioma mecanicista y asumen las posiciones del austromarxismo ante la cuestión nacional. Curioso que el tiempo empleado por el jefe del socialismo catalán, Pascual Maragall, ante la ilegalización haya sido breve, y más amplio el dedicado a reclamar negociación para obtener resultados políticos.

Los problemas de los socialistas españoles para despegar su política vasca de la del PP no sólo son ideológicos, cuestión menor en unos tiempos en los que cualquier formación política coloca el pragmatismo por encima de sus principios originales. El terrorismo de ETA ha asesinado a militantes y dirigentes socialistas, por lo que es muy difícil distanciar y enfriar cualquier respuesta política, pero lo cierto es que el PSOE hasta ahora no ha demostrado una lectura diferenciada del nacionalismo vasco ni ha diseñado su propio proyecto. Si al PSOE lo condicionan estas carencias, el PP espera que la ilegalización de los batasunos le permita maquillar el fracaso de su estrategia para modificar la lógica del problema. Buena parte de la Europa democrática está sorprendida de que una de las más importantes razones para expulsar a Batasuna a las tinieblas exteriores sea que nunca ha condenado a ETA, ni siquiera específicamente los muertos que causa, sean civiles o militares, mujeres o niños. En un sistema democrático las razones para la pérdida de los atributos políticos han de ser menos emocionales y no deberían ser las mayorías parlamentarias quienes ilegalicen, medida necesariamente judicial y basada en una interpretación legal de los delitos contra la democracia cometidos por el partido a sancionar. Es fácil ilegalizar a Batasuna desde unos criterios democráticos cuantitativos y sería imposible hacer lo mismo con Haider o Le Pen en el parlamento austriaco o francés, no por carecer de grupo armado adlátere, sino por ser partidos de tal instalación que sería catastrófico dejarlos fuera de la ley.

La orgía antiterrorista cósmica de Bush ha envalentonado a Aznar, activado también porque la ilegalización de Batasuna le trae votos en el resto de España entre la clientela más opuesta a los separatismos o la más horrorizada por la brutalidad de ETA y la insensibilidad crítica de Batasuna. También sabe Aznar que las posiciones contrarias a la poscripción apenas tendrán cauce en los medios de comunicación, telecontrolados por el gobierno o instalados en la lógica de lo informativamente correcto por encima de lo políticamente democrático.

¿Cómo interpretar la coincidencia de tiempos entre la ilegalización de Garzón, consecuencia de la lógica judicial y la del Parlamento, consecuencia de la incapacidad de encontrar otra salida política a una cuestión empantanada? Ignoro cómo se ha producido el precipitado encuentro entre las investigaciones de Garzón y las especulaciones de Aznar. Lo lógico hubiera sido que el Parlamento reservara la decisión ilegalizadora al Poder Judicial, en primera instancia representado por Garzón, con los previsibles recursos de alzada hasta llegar al Tribunal Constitucional. La coincidencia entre Garzón y el Parlamento tal vez trataba de ofrecer la imagen de una coincidencia de bloque antiterrorista formado por los tres poderes más decisivos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero dudo que la ciudadanía lo haya visto como un milagro de la razón inevitable, desde aquella perdida inocencia de los liberales ilustrados del siglo XVIII, convencidos de que la verdad es tan evidente que no puede ser rechazada. Creo que la sociedad española ha acogido la medida con escasa distancia crítica, pero convencida de que ha habido acuerdo superestructural para que la coincidencia la hiciera irrefutable. La correlación de debilidades, que no de fuerzas, sigue marcando la dialéctica entre el Estado español y el nacionalismo vasco, así como el predominio de una falsa conciencia sobre la situación. ¿Qué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ¿Qué terrorismo, insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la ilegalización de su frente político? 

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Efialtes Urquijo

No hay nada peor que un colaboracionista.

Y eso es lo que son los dirigentes y militantes del PP en Euskal Herria, vasquitos colonizados que son utilizados como cuña en contra de su propio pueblo.

Baste leer las declaraciones de Carlos Urquijo en contra de José Ignacio Ormaetxe para entenderlo, pues, su finalidad, es extender la criminalización del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco del ámbito de la izquierda hacia todo el abanico de propuestas políticas existentes en la Comunidad Autónoma Vasca.

Aquí la información que nos provee La Jornada:

Exige el PP la renuncia de jefe policíaco que calificó de ineficaz la proscripción de Batasuna

Atribuyen a jóvenes "simpatizantes de ETA" incidentes violentos en Bilbao y Pamplona

El Partido Popular (PP) del País Vasco pidió este domingo la renuncia del director de la policía criminal en el seno del gobierno vasco, José Ignacio Ormaetxe, porque estimó "ineficaz y sobre todo inútil" la proscripción de Batasuna, al tiempo que en San Sebastián, tras una manifestación pacífica de condena a la suspensión e ilegalización de la coalición abertzale, agentes antidisturbios se enfrentaron con jóvenes nacionalistas.

En declaraciones al diario francés Le Monde, Ormaetxe juzgó de "ineficaz y sobre todo inútil" para luchar contra el terrorismo la proscripción de Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de la organización armada ETA.

Ormaetxe afirmó que, desde el punto de vista policial, la ilegalidad va a suponer una dificultad añadida. "Una parte de ese mundo, que era visible, va a ocultarse en la clandestinidad. Para la policía va a ser más difícil luchar."

Ormaetxe, abogado penalista vinculado al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder regional), subrayó que esta medida puede reforzar las tesis de ETA de que "la vía política es inútil para conseguir la independencia", o la necesidad de "negociar" para dar una solución definitiva a lo que considera un problema político. Afirmó también que "de todo esto no puede salir nada bueno. La sociedad vasca, que es sana, va a sufrir mucho, pero el juez (de la Audiencia Nacional, Baltasar) Garzón (que dispuso la suspensión de Batasuna por tres años) no nos ha pedido nunca nuestra opinión".

En respuesta el diputado del PP en el País Vasco, Carlos Urquijo calificó de "inadmisible y sobre todo poco alentador que un responsable policial reconozca la insuficiencia y la ineficiencia de su trabajo".

"¿Con qué ánimo van a afrontar los ertzaintzas (policía autónomica vasca) los indudables riesgos que corren jornada tras jornada en la lucha antiterrorista, tras conocer las declaraciones del responsable de esta tarea en el cuerpo?", se preguntó el diputado del PP.

Urquijo pidió que el gobierno vasco exprese por escrito delante del Parlamento si "ha recriminado al director de la policía por sus afirmaciones" y si "sigue contando con su confianza para continuar en el puesto".

De su lado, Arnaldo Otegi, quien hasta el lunes pasado fungía como vocero de Batasuna, aseguró a título personal y como parlamentario en la Cámara de Gasteiz que no es la coalición abertzale (nacionalista) la que no tiene cabida en la democracia española, sino el pueblo vasco.

En entrevista con el diario Gara, Otegi consideró que el proceso de soberanía en el País Vasco se está acelerando. "Lo realmente preocupante para el Estado es que el conflicto ya está situado entre el pueblo vasco y el Estado. Lo que no cabe en la democracia española no es Batasuna. Lo que no cabe en la democracia española es el pueblo vasco."

San Sebastián fue escenario de otra movilización de condena a la suspensión de Batasuna. La marcha fue convocada por representatnes de diversas organizaciones y en ella participaron ediles de Sozializata Aberzaleak del ayuntamiento donostiarra. En la misma, hubo lemas contra PNV, PP, el Partido Socialista Obrero Español, el juez Garzón y en favor de Batasuna.

Tras la protesta, que se desarrolló de manera pacífica, agentes antidisturbios de la ertzaintza se enfrentaron con jóvenes enmascarados en las calles que forman el casco antiguo de la capital guipuzcoana.

La policía dijo que tuvo que disparar balas de goma después de que algunos manifestantes lanzaron cocteles molotov y botellas. Uno de los manifestantes resultó herido por el impacto de una bala de goma, informó un agente en el lugar y otra persona fue detenida, pero más tarde dejada en libertad.

Asimismo hubo diversos incidentes esta noche en el País Vasco atribuidos a jóvenes nacionalistas, señalados por la policía como "simpatizantes de ETA". En Bilbao, manifestantes enmascarados erigieron barricadas callejeras con botes de basura incendiados y atacaron un edificio judicial, mientras en Pamplona fueron atacadas oficinas bancarias. También en el País Vasco francés hubo una manifestación contra la prohibición de Batasuna.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, la ertzaintza desactivó un explosivo colocado en una camioneta estacionada en una calle de Bilbao, en la primera acción atribuida a ETA desde que se inició el proceso para instar a la proscripción de Batasuna.

El vehículo, que contenía entre 30 y 40 kilogramos de dinamita, estaba estacionado en el barrio de La Peña. Estaba previsto que explotara al paso de una patrulla de la policía autónoma, que vigila esa zona por las protestas de los vecinos ante la ubicación de un centro de rehabilitación de drogadictos en las cercanías.

Las primeras hipótesis de la ertzaintza indican que la camioneta fue robada el sábado a punta de pistola en la localidad vizcaína de Dima, y señalan que los autores del frustrado atentado forman parte del comando Vizcaya, que hizo estallar un coche bomba con 20 kilogramos de dinamita en enero, en el centro de Bilbao. 

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"Garzonada" contra Gorka Martínez

La lectura de este artículo con el que La Jornada da seguimiento a la criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna le dejará claro al visitante a este blog que lo que mueve a Baltasar Garzón no es la búsqueda de la justicia, sino la venganza.

No contento con recurrir a todo tipo de sucias argucias legaloides para privar a amplios sectores del pueblo vasco de ámbitos de expresión y de quehacer reivindicativo, Garzón no está dispuesto a dejar descansar ni a quienes ya han fallecido. De paso, Garzón criminaliza el internacionalismo y tensa las relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas que han servido como refugio a generaciones de vascos que se han desplazado de sus lugares de origen para evitar el terrorismo de estado español.

Lean ustedes:

Fallecido ex dirigente de Batasuna, acusado de ser "delegado" de ETA para apoyos internacionales

México, Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba, santuarios, según el juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El ex dirigente de Batasuna Gorka Martínez Bilbao, fallecido recientemente, figura en el auto judicial decretado el lunes por el juez Baltasar Garzón, en el que se ordenó la suspensión de todas las actividades de la coalición nacionalista, documento que señala a Martínez como "delegado" supuestamente designado por ETA para tejer apoyos y dar soporte a sus militantes ocultos en México y otros países, como República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Cuba.

Martínez realizó varios viajes a México entre 1996 y el año pasado, época en la que fungió como responsable de las relaciones internacionales de la coalición, que entonces se conocía como Herri Batasuna (HB).

Era, además, miembro de la Mesa Nacional y estaba en la asociación Xaki, a la que Garzón consideró posteriormente como "el aparato de relaciones exteriores" de ETA.

Gorka Martínez murió el pasado 16 de junio en Bilbao, a los 54 años, debido a un padecimiento cardiaco por el que fue intervenido en dos ocasiones. Desde joven militó en la izquierda separatista vasca y siempre lo hizo desde las organizaciones creadas en torno al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y a Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna.

Sus tareas, al menos desde 1996 hasta el año pasado, consistían en fomentar las relaciones internacionales de la coalición en países como México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Francia, así como prestar asistencia legal y sanitaria a los "deportados", y difundir en el exterior las proclamas separatistas de su formación.

En 1996 se convirtió en miembro de la comisión de deportados y responsable del área de relaciones internacionales de HB; en esta época, como miembro de la Mesa Nacional, fue detenido y condenado a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo, si bien sólo permaneció año y medio en prisión una vez que una sentencia posterior, en esta ocasión emitida por el Tribunal Constitucional español, ordenó la puesta en libertad de los 23 dirigentes de Batasuna al no encontrar razones suficientes que implicaran a estas personas con ETA.

Luego, Martínez continuó sus funciones desde una asociación creada por dirigentes y militantes abertzales, denominada Xavi, la misma que a un año de su creación fue proscrita por Garzón, quien además ordenó las detenciones de todos sus integrantes.

El juez atribuye a Martínez la autoría de un documento titulado Hacia una redefinición y reordenación de la política internacional, que supuestamente fue la base de la restructuración de las relaciones externas del MLNV y de la propia ETA.

La supuesta conexión

Esta operación ordenada por Garzón se inició precisamente a raíz de un viaje a México de otros dos miembros de Xavi, Iñigo Elkoro y Mikel Korta, quienes fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, horas antes de que fueran arrestadas en el País Vasco otras seis personas, todas ellas militantes de Xavi.

Un año después de las detenciones un nuevo fallo, esta vez emitido por la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional, rechazó las hipótesis de Garzón sobre la supuesta implicación de los detenidos con ETA, por lo que ordenó la puesta en libertad, que en el caso de Martínez Bilbao fue bajo una fianza de unos 10 mil dólares, ya que estaba acusado de "colaboración con banda armada", una vez que no se pudo probar su "pertenencia" a ETA.

El auto de la sala desestimó lo considerado por Garzón, quien sin embargo mantiene la misma hipótesis en su reciente auto, donde afirma que "es claro, y así ha de reconocerlo este tribunal, que ninguna apariencia de ilicitud presentan, en cuanto tales, los fines de la Asociación Europea Xavi, que actúa públicamente y se encuentra legalmente constituida".

Prestar asistencia legal o sanitaria "a los deportados en el extranjero, realizar actuaciones para evitar que prosperen las peticiones de extradición, criticar el sistema legal español, promover el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación e, incluso, difundir dentro y fuera de España la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, son conductas que, por sí, carecen de significación delictiva, independientemente de que se realicen por una persona individual o, conjuntamente, por varias personas asociadas a tal fin".

Gorka Martínez realizó además otros viajes como representante de relaciones internacionales de HB, entonces un partido legal, a Argelia, Santo Tomé y Príncipe, República Dominicana y Venezuela.

Según Garzón, Martínez utilizaba el alias de Zelai en los documentos del MLNV, y también viajó a El Salvador y Nicaragua.

El juez también fue corregido por los magistrados de la sala en cuanto a las tesis que tenía sobre la supuesta condición de Martínez como miembro de ETA, al sostener que "del contenido de los anteriores documentos cabe deducir que Gorka Martínez Bilbao participó en alguna reunión de la Asociación Europea Xavi, en la que se consideró su desaparición".

También, "que tal posibilidad era conocida por los miembros integrados en la organización terrorista. Pero lo que, en este momento al menos, no resulta de las actuaciones sumariales, es que fuera este procesado quien promovió, a instancia de ETA, la desaparición de la entidad asociativa". 

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