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jueves, 5 de febrero de 2026

Nueva Absolución a Iparragirre

Los medios de comunicación afines al régimen español acostumbran usar, a la fecha, una muletilla que oculta una verdad lacerante; los presos de ETA.

Dicha muletilla no solo es un atentado en contra de los principios propios del ejercicio periodístico, es también un atentado a la semántica. Lo anterior por una sencilla razón, su lectura indicaría que ETA mantiene a personas privadas de su libertad. Imposible, de entrada, porque ETA ya no existe.

¿Pero qué oculta la muletilla?

La calidad de preso político que se debe adjudicar a quienes, acusados de pertenencia a ETA o de coadyuvar con la organización antifascista hoy fuera de funciones, se encuentran privados de su libertad.

¿Y que les confiere esa calidad de presos políticos que el régimen español insiste en no utilizar?

Acciones como las emprendidas en contra de Marixol Iparragirre, la más reciente descrita a continuación en este artículo de Naiz:


La AN vuelve a absolver a Iparragirre por un caso que el Supremo insistió en juzgar de nuevo

El empecinamiento de los tribunales españoles en forzar condenas contra la presa vasca Marixol Iparragirre ha vuelto a quedar en evidencia. La AN la ha absuelto por falta de pruebas de un atentado en Oviedo del que ya había sido exculpada, pero que el Supremo insistió en juzgar otra vez.

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto nuevamente a la presa vasca Marixol Iparragirre de un atentado de ETA con granadas perpetrado el 21 de julio de 1997 contra una comisaría de Oviedo ante la falta de pruebas en su contra y al concluir que ya fue juzgada en el Estado francés por los mismos hechos.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal afirma que «debe apreciarse la excepción de cosa juzgada europea». Y en paralelo, indica que «del análisis de la prueba relevante practicada en el acto del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia».

La sentencia, fechada en diciembre de 2025, llega después de que el Tribunal Supremo ordenase en abril de 2023 redactar una nueva al alegar «importantes grietas de motivación» en la que fue dictada por la Audiencia Nacional en enero de 2021.

Entre medias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó (en setiembre pasado) que Iparragirre no podía ser enjuiciada en el Estado español por los mismos hechos por los que ya fue condenada por los tribunales especiales de París, aunque dejó en manos de la Audiencia Nacional aclarar si se daba esta circunstancia en el caso.

La Sala de la AN, en un fallo ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, analiza un informe de inteligencia que apuntaba a Iparragirre como responsable de ETA. Ese documento, indican los jueces, «no proporciona la corroboración externa cualificada que permitiría afirmar, con el grado de certeza exigible, que la acusada ordenó el atentado de Oviedo o entregó el material para su ejecución».

La sentencia deja claro que «el informe de inteligencia no puede operar como elemento sustitutivo de la corroboración que falta», puesto que «admitirlo equivaldría a invertir el orden lógico del razonamiento probatorio, haciendo descansar la condena en una elaboración policial que no puede superar, por sí sola, la ausencia de hechos-base probados con garantías».

La Fiscalía pidió condena

Cabe recordar que la Fiscalía pidió condenar a Marixol Iparragirre por tres «asesinatos en grado de tentativa», «estragos» y «lesiones» por este atentado contra la comisaría de Buenavista de Oviedo, que no causó víctimas mortales.

El Ministerio Público sostenía que la presa vasca entregó en una fecha indeterminada de 1997 a Kepa Arronategi y Eneko Gogeaskoetxea, integrantes del 'comando Katu', material explosivo, detonadores, temporizadores, granadas, dos pistolas y un subfusil «con indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados» de ese verano.

Este era uno de los doce juicios a los que se enfrentaba Marixol Iparragirre en la Audiencia Nacional española, después de que las autoridades francesas la entregaran en 2019 tras cumplir allí casi 20 años de prisión.

 

 

 

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