De Leyes a Leyes

Hablar de memoria histórica en el estado español es un verdadero reto.

Vean esto que se ha publicado en Naiz:

¿Ley de Memoria Democrática?

Por si no quedase clara esta connivencia golpista entre Iglesia y Dictadura, el 25 de febrero de 1954, monseñor Antoniutti, acompañado de varios cardenales y obispos, impuso a Francisco Franco la condecoración de la Orden Suprema de Cristo (la máxima del Vaticano), siendo papa Pío XII.

Pablo Ibáñez, Clemente Bernad, Carolina Martínez, José Ignacio Lacasta-Zabalza, Ángel Zoco, Víctor Moreno, Jesús Arbizu, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Laura Pérez y Txema Aranaz | Del Ateneo Basilio Lacort

De entre las muchas medidas que la Ley de Memoria Democrática se ha «olvidado» de incluir en su articulado, nos han llamado la atención dos. La primera, la relativa al monumento «Navarra a sus muertos en la Cruzada», conocido por «los Caídos». La segunda, a la Iglesia católica.

En ninguna de sus 55 páginas, la ley los menciona. Ambos representan la quintaesencia del golpismo. El primero mantiene imperturbable su identidad golpista y la segunda sigue aprovechándose de unas leyes franquistas que los militares le otorgaron como botín de guerra.

Con relación al Monumento a los Caídos de Navarra no ha ha habido ninguna asociación memorialista que no lo haya repudiado, considerándolo el símbolo más abyecto de la represión que carlistas y falangistas perpetraron en Navarra, nada más iniciarse el golpe de Estado.

Ha sido objeto de debate acerca de su eliminación (como dictaba la Ley sobre símbolos golpistas) o de su conversión –«resignificación» la han llamado los más audaces. Así se pretendió en un concurso propulsado por el Ayuntamiento y que, luego, quedó en agua de borrajas y en un ridículo majestuoso por parte de sus promotores. Al final, el único que salió triunfante de aquella «movida» fue la carlista Hermandad, que viene usufructuando el edificio para seguir celebrando sus misas en memoria de los golpistas y de quienes los apoyaron y murieron en el frente.

Un grupo político que defendió la «demolición» del monumento fue HB, por juzgarlo como un símbolo que atentaba contra la memoria de las víctimas del 36. Lo hizo en un mitin en Sartaguda en 1986. En 2006, Joxé Abaurrea presentaría en el registro del Ayuntamiento una instancia exigiendo la desaparición del monumento por «ser un enorme símbolo propio del régimen franquista» (22.12.2006). Y como concejal de Bildu, recordó que «allí se representa la barbarie a través del ensalzamiento de unos hechos brutales» (“Diario de Noticias”, 29.3.2018). Más tarde, él y Asiron recularon en esa postura iconoclasta primera, proponiendo de forma ambigua otras perspectivas más estéticas y funcionales para el monumento. Así, obviaron lo solicitado por asociaciones memorialistas en reuniones celebradas al efecto con Abaurrea. Pero tales encuentros fueron una excusa para ganar tiempo e ir organizando una salida interesada mediante un concurso que les garantizaba la no eliminación del edificio, punto fundamental reclamado por la derecha.

En esas estábamos cuando llegó la tramitación de la Ley. Hay quienes culpan al PSOE y a Podemos como responsables únicos de que el Monumento a los Caídos no haya recibido ni una línea de reprobación en dicha ley. Pero el Gobierno se apoyó en varios partidos que lo sostienen para sacar adelante la ley y ya se sabe qué sucede en esos trámites: se negocia... de todo. En tiempo, solicitamos que Bildu expusiera por qué no exigió al PSOE incluir en dicha ley la referencia a los Caídos como símbolo del franquismo golpista. Escudarse en que lo plantearon pero sin éxito, en ningún caso puede justificar ese silencio, interpretado como apoyo dado a la Ley, sino todo lo contrario. Y mucho menos cuando lo pactado relativo al Fuerte de Ezkaba, carece de concreción y presupuesto. Y, por si no estaba claro, los militares ya se negaron a recuperar el «Cementerio de las botellas» porque, dicen, entorpecería las maniobras militares que llevan a cabo en ese conquistado lugar de memoria... Además, ahí está el camino recorrido en el Parlamento de Navarra con las Leyes de Memoria de 2013 y 2018, con la sorprendente ausencia de los Caídos. Ausencia que adelantaba los apaños y falsas justificaciones para seguir ausente en la presente Ley.

En cuanto a la ausencia de la Iglesia católica, refleja, no solo la bajada de pantalones a la que habitualmente se somete el PSOE cuando se enfrenta a la jerarquía eclesiástica, sino que representa un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, en general, y a las víctimas del 36, en particular. Lo que resulta paradójico, pues buena parte de los asesinados en Navarra eran del PSOE y de la UGT.

¿Dónde queda condenada la responsabilidad de la Iglesia católica en dicha ley? ¿Acaso quieren hacernos olvidar que la Iglesia participó en el golpe de Estado, que lo aupó y justificó con una Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo, publicado el 1 de julio de 1937? ¿No recuerdan que el obispo Olaechea lo denominó «santa Cruzada»?

La Iglesia se convirtió en parte sustancial del Estado franquista, declarado Estado confesional católico. En 1947, el sucesor de Olaechea, Enrique Delgado Gómez publicó el 2 de julio una pastoral asegurando que «los principios de la Cruzada quedaban a salvo, intocables e inatacables con la Ley de Sucesión», ley que el Dictador propuso en referéndum a la ciudadanía. Y añadía que «los motivos tradicionales católicos que siempre nos hicieron grandes en nuestra Historia y animó como espíritu nuestra Cruzada de Liberación [...]. Se trata de hacer firme aquella epopeya, de dar curso legal e histórico a su espíritu» (“Diario de Navarra”, 2.7.1947).

Por si no quedase clara esta connivencia golpista entre Iglesia y Dictadura, el 25 de febrero de 1954, monseñor Antoniutti, acompañado de varios cardenales y obispos, impuso a Francisco Franco la condecoración de la Orden Suprema de Cristo (la máxima del Vaticano), siendo papa Pío XII.

La ley de Memoria Democrática declara por ley la ilegalidad de todas las leyes, órdenes y decretos emanadas de aquel Estado franquista. Si es así, entonces, ¿a qué espera el Gobierno a declarar ilegales los Acuerdos que ese Estado franquista firmó con la Iglesia católica? Cuando lo haga, quizás empecemos a creer en esta Ley. Mientras tanto, déjennos dudar de su alcance teórico y práctico.

 

 

 

 

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