La democracia representativa está en plena descomposición.
Los cargos electos por medio del voto, salvo sus honrosas excepciones (de lo cuál en Euskal Herria se tiene prueba gracias al impecable quehacer público de la izquierda abertzale), han hecho que se degenere el modelo hasta poner el destino de los pueblos a quienes dicen representar al servicio de los grandes señores del capital, convirtiendo la democracia en una plutocracia cínicia y hostil.
Como prueba, esta acción por parte del gobierno de la CAV en contra de aquellos que luchan por evitar que la gente se quede en la calle a consecuencia de la rampante codicia de los que se han llenado las talegas mediante sucias operaciones especulativas en el mercado inmobiliario.
Lean esta nota publicada en Naiz:
Stop Desahucios de Araba ha acusado a la sociedad pública Alokabide y al Gobierno de Lakua de pretender «intimidar» a los movimientos sociales con denuncias como la que ha llevado hoy a juicio a tres miembros de la plataforma.
El portavoz de Stop Desahucios en Araba, Arturo Val, y otros dos miembros de la plataforma han sido juzgados en Gasteiz por faltas a raíz de una denuncia de coacciones por unos hechos que tuvieron lugar el 12 de junio pasado, cuando Stop Desahucios llevó a la sede de Alokabide unas firmas para pedir que el Gobierno de Lakua cumpla con una instrucción suya sobre medidas excepcionales en el cálculo de las rentas de pisos cuando existen circunstancias sobrevenidas.
El portavoz de la plataforma, antes de entrar en la sala de vistas, ha explicado a los medios de comunicación que en ningún momento se profirieron amenazas a ninguna persona, pese a que en el informe del vigilante de seguridad se afirma que fue el propio Val el que dijo a una persona del registro que esa vez habían acudido «suaves» pero que la próxima ya se vería.
Ha asegurado que en la entrega de firmas no hubo ningún incidente y que en ningún caso se pretendió amenazar a nadie y ha acusado al Gobierno de Lakua de aplicar la «ley mordaza», porque el PP y el PNV pretenden «reprimir todo lo que no les gusta».
Ha criticado que intentan «criminalizar los movimientos sociales», pero ha anunciado que Stop Desahucios va a seguir defendiendo a los colectivos más desfavorecidos pese a juicios «absurdos» como el de hoy.
En apoyo a los tres juzgados ha tenido lugar una concentración con varias pancartas en las que se leían lemas a favor de los alquileres sociales y el derecho a una vivienda digna.
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