La ONU fue fundanda el 24 de octubre de 1945, o sea, en los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, los franquistas tenían 9 años llevando a cabo crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos de la península ibérica.
Ya habíamos denunciado a la ONU en su contubernio con Tel Aviv, pues bien, ahora queda bien claro que se puso a las órdenes de Washington con respecto a su aliadito, Madrid, dejando que hiciera a placer, durante casi siete décadas.
Lean este reportaje publicado en la página de Diagonal:
“Es la primera vez que la ONU reconoce a las víctimas del franquismo”
El organismo da dos meses a Rajoy para elaborar un plan de reparación.
María José Esteso Poves
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ratifica el 10 y 12 de septiembre el informe del relator especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, y el del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), elaborados en el Estado español sobre el abandono institucional de las víctimas de los crímenes de la dictadura franquista.
“Es un momento histórico para las víctimas del franquismo porque el máximo órgano de derechos humanos insta a Rajoy a reconocer a las víctimas y hacer justicia”, dice Soledad Luque, integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), desde Ginebra, donde asiste, junto a otros representantes de asociaciones de memoria histórica, a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las que se da lectura a estos documentos.
Un varapalo al Gobierno
“Los dos informes son un varapalo al Gobierno español porque concluyen que España no cumple con sus obligaciones como país democrático que ha ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”, explica Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma para la Comisión de la Verdad, que agrupa a más de cien asociaciones de memoria histórica de todo el Estado español. Coincide con Luque en que éste es un hecho histórico porque “por primera vez las víctimas del franquismo ven reconocidos sus derechos ante la ONU como víctimas. El Gobierno ya no tiene excusa para no cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas”.
El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas dio 90 días, desde que se dio a conocer su informe el pasado 30 de julio, para que el Gobierno presente “un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo” para atender a las víctimas del franquismo. Ariel Dulitzky, responsable del Grupo de Trabajo, señala que España está obligada a elaborar “una política de Estado” para atender a las víctimas de forma urgente y hace al Gobierno más de 40 recomendaciones sobre aspectos como la apertura de fosas, la represión, los desaparecidos, archivos, etc. Dulitzky asegura que la inacción del Gobierno no es una cuestión económica, sino “de voluntad política”.
El segundo informe ha sido elaborado por el relator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. El relator visitó nuestro país durante diez días, entre el 21 de enero y el 10 de febrero, y se reunió con víctimas y representantes de las asociaciones de memoria histórica y también con miembros del Gobierno, la judicatura y jueces independientes.
Existe también un tercer informe de la ONU, del 5 y 6 de noviembre de 2013, en el que por primera vez se evalúa y se pide al Gobierno español “cumplir” con los desaparecidos de la dictadura y la Guerra Civil. El documento es muy crítico con el grado de cumplimiento por parte de España de la convención que firmó en 2010 sobre desaparición de personas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) celebra estos informes de la ONU porque “está claro que desde el Derecho Penal Internacional y desde los tratados internacionales firmados por España, el Gobierno incumple sistemáticamente sus obligaciones”, según las palabras de su presidente, Emilio Silva.
Fosas ‘privatizadas’
Por su parte, el informe de Greiff, publicado a finales de julio, desgrana en 22 páginas los temas en los que España está violando los tratados internacionales, en la misma línea que lo hace el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Greiff señala que en España “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Tampoco existen “censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, recoge el informe.
El relator de Naciones Unidas muestra también su “preocupación” por la falta de interés del Estado por exhumar los cuerpos que permanecen en las cunetas. “Desde 2011, el presupuesto para la Ley de Memoria Histórica, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”, dice el relator. Greiff habla de la “privatización” de las exhumaciones, que obliga a las familias a hacerse cargo de los gastos para desenterrar a sus seres queridos. También alude a que esta falta de responsabilidad del Estado en la apertura de fosas permite que ni siquiera las autoridades judiciales acudan a certificar los restos de los fusilados en las fosas.
De Greiff celebra la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, “que llevó a la elaboración del mapa de fosas (...)”, ya que, según los datos de los que disponen las asociaciones de memoria histórica, “existen 45.000 personas sepultadas en las 2.328 fosas aún sin abrir” y unos 150.000 desaparecidos. A nivel internacional, Naciones Unidas afirma que España es el segundo país en número de desaparecidos y fosas comunes del mundo, después de Camboya.
“Además, está el caso de los niños robados, que según la investigación judicial de Garzón fueron más de 30.000 hasta los años 50, pero todos sabemos que después fueron robados muchos más. Niños a los que se les cambió el apellido, fueron dados en adopción o fueron entregados a familias de otros países, como, por ejemplo, Alemania”, señala Gordon.
En este sentido, Luque, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños e integrante de la Coordinadora X-24, que agrupa a más de una veintena de organizaciones de familiares de bebés robados, destaca la importancia de los informes de Naciones Unidas porque reconocen su preocupación por las víctimas, “no sólo por los que han fallecido o fueron asesinados por la dictadura, también por los desaparecidos vivos, como son nuestros niños robados”, explica a este medio. En este sentido, el informe de Greiff recomienda al Gobierno la creación de un banco de ADN y la apertura de los archivos públicos y privados, incluidos los de la Iglesia. La Plataforma para la Comisión de la Verdad apunta que “ni siquiera el concepto de desaparecido está incluido en la legislación española y que Naciones Unidas dice que tiene que crearse”.
El informe también se hace eco de la respuesta que dan al relator integrantes del Gobierno ante la falta de asunción de responsabilidades con las víctimas. Greiff, que se reunió con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sostiene que “varios representantes del Gobierno en las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, recoge el informe de Greiff.
“Democracia de bajo perfil”
Esta afirmación es para José María Pedreño, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, “un reflejo del bajo perfil de democracia que tenemos”. Por su parte, para Silva “es muy grave que el Gobierno se ampare en ese discurso de que ‘se van a despertar los odios’ para no hacer nada. En ese sentido, el relator de la ONU demuestra que cree más en la fortaleza de nuestra democracia que el propio Gobierno”.
El informe repasa la “remoción de los símbolos” y explica que “el Gobierno informó (...) de que la mayoría de los símbolos y monumentos inventariados fueron retirados”, pero también se hace eco de las denuncias de organizaciones de memoria, que critican la no retirada de gran parte de éstos”. Sobre el Valle de los Caídos, De Greiff señala que se ha convertido en “un símbolo de exaltación del franquismo”, explica que “nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos” y recomienda llevar el cuerpo de Franco a otro lugar.
“Estos informes sobre las víctimas del franquismo son un golpe muy duro de Naciones Unidas hacia este Gobierno, y gobiernos anteriores, y revelan lo difícil que es la memoria histórica porque el Gobierno del PP sabe que hacer visibles a las víctimas es hacer visibles también a los verdugos, de los cuáles son herederos directos”, sostiene Pedreño.
Las denuncias del informe de Greiff
Símbolos: el relator felicita que la Ley de Memoria recoja la retirada de símbolos franquistas y denuncia que aún faltan muchos por quitar.
Valle de los Caídos: denuncia que es un lugar de exaltación franquista y recomienda retirar el cuerpo del dictador.
Libros de texto: afirma que ya se menciona en ellos la Guerra Civil, pero como un “conflicto entre dos Españas”.
Jueces y policía: recomienda formar a los cuerpos de funcionarios en la defensa de los derechos humanos.
Censos: el relator de la ONU solicita al Gobierno que haga censos de víctimas del franquismo.
Archivos: De Greiff pide la apertura de los archivos públicos y privados, y también los de la Iglesia.
Fosas: el relator critica la ‘privatización’ de las exhumaciones, que tienen que costear las familias.
Ley de Amnistía: De Greiff hace hincapié en que la aplicación de esta ley contradice los tratados internacionales.
Justicia: en Justicia Universal lamenta que los jueces no colaboren con las causas abiertas en otros países.
Víctimas de segunda: De Greiff recoge que las víctimas del franquismo no son reconocidas, a diferencia de las del terrorismo.
Algún día, De Greiff o alguien más tendrá que hacer un reporte en el cual quede claro que los gobiernos post-transición han sido y son, de hecho, continuación del franquismo... y entonces Rajoy y toda la caterva del PP, el PSOE, UPyD tendrán que ser juzgados.
Ahí queda, para la reflexión.
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