Veto Calcado

En alguna fosa común o en alguna cuneta yace enterrado el espíritu de Montesquieu, como lo muestra el veto calcado por parte de dos instituciones del estado español en contra de una iniciativa vasca en apoyo al proceso de paz.

O sea, en el estado español el poder judicial hace exactamente lo que le ordene el poder ejecutivo, este a su vez hace lo que se le ordene desde La Moncloa donde los auténticos detentores del poder han establecido lineamientos al respecto previamente consensuados con la oligarquía española, que es a la que obedientemente sirven. Y claro, el legislativo no está allí mas que para aplaudir las fanfarronadas del ejecutivo.

Lean esta nota publicada en El Mundo:

La Justicia veta el apoyo a los presos

Ordena a Garitano e Izagirre que retiren de las instituciones los carteles en su defensa

J.M. Alonso

Bildu no podrá utilizar sus instituciones en Euskadi para mostrar apoyo público a los presos de ETA. La Justicia ha obligado a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de San Sebastián, sus dos principales fuentes de poder, a retirar los carteles que cuelgan de sus balcones en defensa de los derechos de los reclusos y para exigir un cambio de política penitenciaria que permita su regreso a las cárceles vascas. Los tribunales, que han actuado a instancias del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, han emitido sentencias que ordenan a ambas instituciones retirar los carteles con el lema en euskera "Derechos Humanos. Solución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria" que fueron colocados a principios del pasado año en sus fachadas. Además, en el caso de la Diputación se trata de la segunda sentencia contraria a sus intereses ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de apelación presentado contra un primer fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 favorable a la Abogacía del Estado.

Esta última resolución es firme y no cabe recurso, según se refleja en el auto dictado el 14 de julio por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV y al que ha tenido acceso El Mundo, de modo que el Gobierno de Martin Garitano está obligado a retirar el cartel de apoyo a los presos situado en la balconada del Palacio Foral.

Además, la sentencia del TSJPV avanza la respuesta que este tribunal daría al Ayuntamiento de San Sebastián en caso de que decida recurrir la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián, en este caso el número 2, fechada este lunes 1 de septiembre (ayer el alcalde, Juan Karlos Izagirre, rehusó detallar cuál será su postura).

Aunque las dos sentencias del Contencioso Administrativo están dictadas por jueces diferentes -Gonzalo Pérez en el caso de la Diputación y Víctor Mora en el del Ayuntamiento-, ambos magistrados utilizan prácticamente los mismos argumentos, incluso con párrafos idénticos, en sus resoluciones.

Entre los razonamientos para estimar "íntegramente" el recurso de la Abogacía del Estado, sostienen que la colocación de la pancarta en la fachada principal "comporta que se identifique la reivindicación que contiene con el posicionamiento" de la entidad pública. Según determinan, el situar este cartel a la vista pública supone "una opción de adhesión o apoyo de una determinada causa que no puede ser tenida por general, ya que compromete la propia neutralidad política de la entidad" y, por lo tanto, "su objetividad al servicio del interés de los vecinos".

Y más aún, coinciden ambos magistrados, cuando la decisión adoptada no parte de "un acuerdo" de la institución pública, con "lo que se infiere la voluntad administrativa por la vía de los hechos consumados, impidiéndose otro tipo de control como el que puede existir respecto de los pronunciamientos expresos", como el que existiría en el pleno de las Juntas Generales o del Ayuntamiento.

Con estos argumentos, los magistrados dan la razón a la Abogacía del Estado, que había recurrido las medidas adoptadas por las dos instituciones de Bildu al entender que vulneran el "principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones públicas" y "atenta contra el derecho a la dignidad de las víctimas del terrorismo".

En el recurso de apelación que presentó la Diputación a esta primera sentencia, y que ha sido desestimado por el TSJPV, el Ejecutivo foral alegaba que la colocación del cartel "no comporta un ataque a las víctimas del terrorismo, sino la reivindicación de mejora de la situación de todos los presos vascos sin excepciones o distinción por razones ideológicas". Sin embargo, el tribunal responde que la razón de la nulidad de la medida "no es ya la vulneración del derecho a la dignidad de las víctimas del terrorismo", recogida en la Ley de 2008 del Parlamento Vasco, "sino la vulneración de los principios de objetividad y neutralidad política que deben respetar las entidades de régimen local".

A este respecto, también desestima el argumento del Ejecutivo de Garitano de que no puede equipararse la Diputación a las entidades locales. Sostiene que el "carácter dual de las competencias que ostentan las diputaciones no empece a que tengan la consideración de administraciones públicas y, por lo tanto, deben servir con objetividad los intereses generales igual que las entidades locales o cualquier administración pública".

Igualmente, rebate las alegaciones forales de que el cartel de apoyo a los presos de ETA "no lesiona ningún derecho" sino que "implica el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión". El TSJPV replica que no se niega el derecho de la Diputación y de sus miembros de expresar sus ideas o formular declaraciones de carácter reivindicativo, social o político, sino que se actúa contra una medida "marcada por su parcialidad y adhesión a una determinada opción ideológico-política".

O sea, lejos de distender el panorama para facilitar la paz, el vasquito Urquijo y sus secuaces en los tribunales buscan enrarecer el quehacer polítco, ese sí, auténticamente político, del pueblo vasco.

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