Ilegalizan a Herritarren Zerrenda

José Luis Rodríguez ha dejado en claro para todo el que quiera ver que la poltrona en La Moncloa es un caro ornato para los bolsillos de los contribuyentes españoles. Al final de cuentas, ni él ni su antecesor José María Aznar toman las decisiones importantes pues esas están reservadas para el inquilino de La Zarzuela, uno al que colocó ahí el mismísimo Francisco Franco para que así quedase todo "atado y bien atado".

Así pues, la diferencia sustancial entre Rodríguez y Aznar está en el talante con el que ejecutan lo que deciden Juan Carlos y sus consejeros del IBEX 35. Mientras que Aznar presenta al estado español y al mundo una actitud arrogante y cínica, a Rodríguez le corresponde mostrarse cándido al estilo Bambi.

Así que, mientras tirios y troyanos departían en los suntuosos festejos de la boda de Felipe y Letizia, tras bambalinas, los represores de siempre trabajaban a marchas forzadas para llevar a cabo la criminalización e ilegalización de Herritarren Zerrenda, pisoteando los derechos civiles y políticos del pueblo vasco en general y de la izquierda abertzale en particular.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Tribunal Supremo de España ilegaliza la candidatura del grupo vasco HZ

Críticos lamentan el "continuismo" de las políticas del PSOE con el PP sobre el tema

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Tribunal Supremo español, máxima instancia judicial, anunció hoy su resolución de ilegalizar la candidatura vasca Herritarren Zerrenda (HZ) para los comicios europeos del próximo 13 de junio, al considerar que esta organización es la sucesora de la proscrita Batasuna, coalición de la izquierda separatista vasca vista como el brazo político del grupo armado ETA. La decisión judicial recibió duras críticas por parte del gobierno de Euskadi que denunció las "cuestiones políticas" que influyeron en la resolución.

El tribunal se pronunció en favor de las querellas presentadas a principios de semana por la Abogacía del Estado en representación del nuevo Ejecutivo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Fiscalía General del Estado, presidida por el jurista Cándido Conde-Pumpido, que solicitaron, con argumentos idénticos, la proscripción de la lista electoral vasca abertzale.

La primera medida adoptada por el nuevo gobierno español en relación al histórico conflicto con el País Vasco provocó críticas de diversos sectores políticos y sociales que rechazaron el "continuismo" de Rodríguez Zapatero a la política instaurada por el derechista José María Aznar, quien dispuso la ilegalización de partidos políticos acusados de incurrir en violaciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada ad hoc para proscribir a la coalición abertzale.

Ante la inminente ilegalización de HZ, lista de 64 candidatos procedentes de distintos sectores del pueblo vasco respaldados por 50 mil firmas, diversas organizaciones políticas y sociales, incluidos dos Premios Nobel de la Paz, expresaron su rechazo al proceso de ilegalización de HZ.

Sin embargo, los magistrados de la Sala 61 del Tribunal Supremo decidieron proscribir a la formación política, sin que hasta ahora se haya hecho pública la resolución judicial. La candidatura vasca ahora sólo puede apelar la resolución ante el Tribunal Constitucional, lo que no impedirá que pueda participar en los comicios próximos.

El consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, aseguró que en la proscripción de la candidatura abertzale "hay un importante pulso político", ya que indicó, si el Tribunal Supremo se ciñera a "criterios exclusivamente jurídicos, esta formación se podría presentar a las elecciones europeas".

Estimó que esta medida judicial "frustra la posibilidad de ir normalizando la vida política" en Euskadi, ya que el mensaje que se emite es "que no hay cauce político para que un número importante de personas puedan defender sus proyectos políticos y eso es muy grave". Azkarraga calificó la resolución como "un error jurídico" y "un desastre estratégico" para el proceso de pacificación en la región, ya que "no se ha demostrado que ninguno de los miembros de esa candidatura tengan suspendidos sus derechos civiles y políticos". 

°