Rodríguez y la Tortura

José Luis Rodríguez es hoy la cara visible de un régimen que practica el terrorismo de estado desde hace décadas. Tras bambalinas opera el monarca franquista Juan Carlos I, aun de plácemes por la faraónica boda de su delfín.

La ONU lo ha dejado claro, Madrid criminaliza la disidencia política y en ese contexto de negación de derechos humanos, tortura con la más completa impunidad.

Y como ya lo dijimos anteriormente, su herramienta preferida es la tortura, esa práctica inhumana que hoy tiene escandalizada a esa porción decente de la comunidad internacional que atónita contempla las horripilantes imágenes que llegan desde el Intxaurrondo de Bagdad. Dicho lo anterior, aquí les dejamos con esto que nos informa La Jornada:

Demanda la ONU a Rodríguez Zapatero aceptar recomendaciones contra tortura

"Más que esporádicos y accidentales", casos de maltrato en prisiones de España

El presidente del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el catedrático español Fernando Mariño Menéndez, pidió este lunes al ejecutivo español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que acepte las recomendaciones del relator especial en la materia, presentadas en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del organismo internacional en Ginebra.

El relator especial de la ONU contra la tortura, Theo van Boven, consideró en un informe presentado el pasado 10 de marzo que las personas detenidas en España por ser sospechosas de participar en actividades terroristas podrían estar siendo maltratadas.

En declaraciones a la agencia de información Afp, Mariño Menéndez señaló que las recomendaciones del relator especial consisten en que se graben en video los interrogatorios de los detenidos y que se fijen límites a la prisión en aislamiento.

También sugirió que los controles médicos sean rigurosos y que prevalezcan criterios humanitarios en el encarcelamiento, en particular en lo que se refiere a la cercanía de las prisiones a las residencias de las familias de los reos.

En opinión de Mariño Menéndez, "España debería aceptarlas, porque protegen a la policía de denuncias falsas y al interrogado de que sea maltratado.

"Es deseable que haya un informe forense al ingresar un detenido y luego cada vez que sea necesario. Además, que el arrestado pueda nombrar un médico que pueda revisarlo además del forense", agregó el presidente del Comité contra la Tortura, quien es el primer español nombrado para un cargo de esa naturaleza desde la fundación de la ONU.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas es un órgano integrado por 10 expertos internacionales que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, la cual ha sido ratificada por 135 estados.

Mariño Menéndez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, fue nombrado presidente del comité el pasado 3 de mayo.

Van Boven indicó en su informe que después de haber charlado con "interlocutores creíbles" del campo judicial, académico y de la sociedad civil, llegó a la conclusión de que los casos de tortura en las prisiones españolas son "más que esporádicos y accidentales".

Indicó que durante su visita a España, en octubre pasado, tomó nota de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular en sus actividades antiterroristas, recurren a prácticas que constituyen tortura, trato cruel, inhumano y degradante.

Las versiones fueron confirmadas por testimonios de internos que fueron víctimas de golpes, asfixia con bolsas de plástico y acoso sexual.

No obstante, dijo que su conclusión es que la tortura o el maltrato de los detenidos no es sistemático o regular en el país, pero reiteró que ese tipo de abusos podría suceder especialmente contra personas que están incomunicadas y vinculadas con actividades relacionadas con terrorismo.

Van Boven apuntó que el gobierno español negó que existiera tortura, y dijo que escuchó de fuentes creíbles que partidarios de movimientos nacionalistas vascos también podrían hacer denuncias de tortura para desacreditar al gobierno.

El relator recordó a España su obligación de prevenir y eliminar la tortura, al haber ratificado la convención internacional en la materia, y le pidió "proceder a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Además, que las quejas sean imparcialmente examinadas".

Asimismo, solicitó al gobierno español que declare formal y de manera pública que todas las formas de tortura o trato degradante contra detenidos están prohibidas. 

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