Sin más ni más Madrid reconoce que el estado español es un régimen autoritario en el que no existe la separación de poderes y que cuando es conveniente a sus fines antidemocráticos no titubea en convertir la tan cacareada Constitución de 1978 en papel mojado cuando del estatuto de autonomías hablamos.
Lean en este artículo de La Jornada el más reciente esperpento en el Caso Batasuna:
Ejecutan la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak
Lo formaban diputados de la proscrita Batasuna
El Tribunal Supremo (TS) español acordó hoy ejecutar desde su fuero la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), formado por siete diputados de la proscrita coalición independentista Batasuna, a la que Madrid acusa de ser brazo político de ETA.
El órgano judicial ordenó además el embargo de las subvenciones, las cuentas bancarias, los locales y los medios materiales con que cuentan los parlamentarios, que deberán integrarse en el grupo mixto de la cámara.
Ante la negativa de los diputados vascos de disolver el bloque parlamentario abertzale (nacionalista), quienes justificaron su decisión ante la carencia de un reglamento interno que permitiría ejecutar la medida, los jueces del TS resolvieron ejecutar inmediatamente estas disposiciones restrictivas para "impedir la presencia del grupo disuelto" en el Parlamento.
El tribunal ha sido el responsable de dictar las sentencias de la proscripción de Batasuna, así como la suspensión de las listas electorales que pretendían presentarse a los comicios del pasado 25 de mayo. En escueta nota de prensa, los magistrados ordenaron "el embargo de cuantas subvenciones, fondos públicos o privados pertenezcan al grupo disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad bancaria". Para hacer efectiva la sentencia, el TS reclama al interventor general del Parlamento regional a que realice las "actuaciones oportunas para conseguir el reintegro de cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo a partir del pasado 20 de mayo", fecha en la que se ordenó por primera vez la disolución de SA. Los magistrados también advierten que en caso de que se siguieran pagando subvenciones a los parlamentarios abertzales será "bajo apercibimiento de responsabilidad personal". Esta medida impedirá que SA reciba alrededor de 800 mil dólares anuales.
El tribunal también requiere al presidente del Parlamento vasco, el nacionalista moderado, Juan María Atutxa, que retire cuanto antes todos los locales y medios materiales que se le asignó a la bancada. Asimismo, ordena a Atutxa, a los miembros de la Mesa de la Cámara y a los presidentes de comisiones permanentes que "en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de incumplimiento, actúen en pleno acatamiento judicialmente decidido en el auto de 20 de mayo, y en consecuencia, impidan la presencia del grupo disuelto en las actuaciones de la vida parlamentaria".
El Parlamento vasco respondió al anuncio del TS con un breve comunicado que dice esperar el auto oficial de la sentencia para "analizarlo con el máximo respeto y pronunciarse al respecto", pero que "adoptará las medidas que le parezca que debe tomar, que siempre estarán en la línea que hemos mantenido hasta la fecha".
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