Madrid ha garantizado la impunidad para sus sicarios, dejando claro en el proceso que el terrorismo de estado practicado por el régimen borbónico franquista, cuya más reciente manifestación ha sido el cierre de Egunkaria y la tortura a la que fueron sometidos los periodistas que ahí laboraban.
Lean ustedes este artículo de La Jornada en el que se relata lo que ha ocurrido dentro del contexto del Caso Brouard:
Absuelven a tres ex policías acusados de asesinar a líder vasco independentista
El caso es clave en las investigaciones de la guerra sucia de los GAL contra ETA en los 80
Armando G. Tejeda | Corresponsal
Un tribunal de la Audiencia Provincial de Vizcaya decidió hoy absolver a los tres ex policías españoles que fueron acusados de ser responsables del asesinato del médico y líder vasco independentista Santiago Brouard, quien el 20 de noviembre de 1984 fue acribillado por un comando de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organización paramilitar creada en la época del gobierno socialista de Felipe González para llevar a cabo una guerra sucia contra ETA.
El conocido como "caso Brouard" tiene a sus espaldas dos juicios y más de 18 años de investigación sin que hasta la fecha se haya esclarecido el asesinato del médico, señalado entonces como líder del ya desaparecido partido independentista Herri Batasuna, que según todos los indicios fue perpetrado a raíz de una orden emitida desde las altas instituciones del Estado español.
Santiago Brouard era un pediatra originario de Bilbao. Fue ultimado por un comando paramilitar financiado por el Estado español, que se presentó en su consultorio y lo acribilló con cinco disparos a bocajarro, el 20 de noviembre de 1984. Su asesinato, además de coincidir con el aniversario de la muerte del ex dictador Francisco Franco, significó la constatación de una hipótesis que en aquellos años no se había probado de forma fehaciente: la existencia de una organización paramilitar, financiada por el Estado, que pretendía la aniquilación de algunos presuntos simpatizantes, militantes y dirigentes de la izquierda independentista vasca y del grupo armado ETA.
El caso, después de pasar por los despachos de diez jueces en los casi 20 de años que median desde su perpetración, solamente ha logrado probar la culpabilidad de dos personas, Rafael López Ocaña y Juan José Rodríguez Díaz, quienes siempre han mantenido silencio sobre la supuesta implicación de los responsables de la lucha antiterrorista del gobierno socialista de González, a quien se acusa de ser el último responsable de las acciones de los GAL. La organización paramilitar cegó la vida a más de 25 personas y cometió manejos turbios de recursos públicos, según ha quedado en evidencia en otros procesos judiciales relacionados con la guerra sucia contra ETA.
La sentencia del tribunal vasco exonera a José Luis Morcilla Pinillos, José Amedo y Rafael Mesa, ex policías y ex agentes de la Guardia Civil implicados en varios casos de la guerra sucia contra ETA. El alegato del tribunal no es, en todo caso, exculpatorio, pues justifica su decisión en un supuesto "error en la instrucción", a pesar de que reconoce que la motivación del asesinato fue de "signo político".
El tribunal considera, sin embargo, que no ha quedado acreditada la participación de los tres procesados, uno de ello en calidad de coautor -Morcillo Pinillos- en la muerte de Brouard y se remite a los hechos probados en la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, tras el primer juicio condenatorio de López Ocaña a 33 años de cárcel por haber matado a tiros -junto con otra persona- al médico y líder vasco.
Además, recuerda que Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, facilitó las armas para cometer el atentado, por lo que fue condenado a ocho años de prisión. La sentencia indica que "la muerte de Brouard fue ejecución de un plan preconcebido, acordado y decidido por terceras personas desconocidas", que tenían motivaciones políticas para acabar con la vida del dirigente abertzale.
El abogado de la familia Brouard, Txema Montero, señaló tras conocer la sentencia que tiene una "sensación muy frustrante después de dos juicios y de más de 18 años de instrucción sin que se haya aclarado el caso", por lo que anunció que no apelará la sentencia, ya que "sin una prueba directa es difícil una condena". En consecuencia el "caso Brouard", uno de los asesinatos más brutales e incomprensibles perpetrados por los GAL, quedará sin ser resuelto completamente.
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