La Jornada da seguimiento al Memorial de Idaho en favor de los derechos civiles y políticos de Euskal Herria con esta nota en la que se informa acerca del refrendo que el mismo ha obtenido en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca.
Esto es lo que nos dicen:
Legisladores vascos refrendan resolución sobre su país aprobada el mes pasado en Idaho, EU
Pide a ETA y a los gobiernos español y francés el "cese inmediato" de la violencia
Armando G. Tejeda | Corresponsal
La Cámara de Diputados del País Vasco refrendó este viernes, con el voto de 43 de los 75 representantes, la resolución aprobada el mes pasado por el Poder Legislativo de Idaho, Estados Unidos, que pide a los gobiernos español y francés y a la organización armada vasca ETA el "cese inmediato" de la violencia, la puesta en marcha en un proceso de paz que permita encaminar el histórico conflicto y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los vascos.
La votación de la propuesta volvió a evidenciar la frontal división política en la región: el Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alkartasuna (PNV-EA, en el gobierno), Izquierda Unida (IU) y Batasuna aprobaron la moción, mientras que los 32 diputados de los partidos Popular (PP, derecha) y Socialista Obrero Español (PSOE) la rechazaron.
El pasado 12 de marzo una comisión senatorial de Idaho aprobó una resolución en favor de una solución del conflicto vasco, motivada por la importante comunidad vasca en el estado, formada por unas 200 mil personas.
La propuesta aprobada hoy en la Cámara vasca partió de la coalición Batasuna, considerada brazo político de ETA, si bien en la declaración final se incluyó una frase que no apoyó esta formación, en la que los demás partidos condenaron "todos los actos de terrorismo y violencia cometidos por todos y cada uno de los individuos y organizaciones en el interior de la patria vasca y en todo el mundo, incluidos los llevados a cabo por ETA".
Después de votada esta resolución, Jon Salaberria, parlamentario de Batasuna, justificó en una comparecencia ante el Congreso la "lucha armada de ETA" -en el contexto de un debate sobre la insumisión ante el servicio militar-, pues, a su juicio, "responde a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco, mientras que desvirtuando la naturaleza del conflicto no hay manera de buscar soluciones, y ustedes saben perfectamente que la lucha armada de ETA no responde a la voluntad de imponer ideas". Esto provocó murmullos y comentarios indignados de los demás partidos, especialmente de miembros de PP y PSOE, cuyos concejales han sido blancos de atentados de ETA.
Salaberria reiteró que los atentados de ETA "responden a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco, es exactamente igual que la lucha armada del Ejército Republicano Irlandés, que suspendió la organización armada en el momento en el que el gobierno británico reconoció el derecho de autodeterminación al pueblo irlandés".
La fiscalía general del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, anunció horas después que se analiza si las declaraciones de Salaberria ameritan acciones legales en su contra, ya que podría haber incurrido en el delito de "exaltación del terrorismo", punible hasta con 10 años de cárcel.
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