La noticia de la absolución de la represaliada política vasca Iratxe Sorzabal, víctima de terrorismo de estado en la modalidad de tortura, causó conmoción, sorprendiendo a tirios y troyanos.
Pues bien, el tema de la tortura vuelve a colocarse al centro de los debates con la información que se ha dado a conocer acerca de la comparecencia de la represaliada política catalana Blanca Serra, quien ha concedido esta entrevistas a Naiz:
«Las torturas continúan, sea con el espionaje o la infiltración policial»
La histórica militante independentista Blanca Serra es la primera persona que comparece ante la Fiscalía del Estado para narrar el periplo sufrido en los calabozos de la prefectura de Via Laietana, centro de operaciones de la Policía española en Catalunya, donde fue torturada durante la Transición.
Àlex Romaguera | Periodista / KazetariaA sus 82 años, la filóloga y catedrática de lengua catalana Blanca Serra es conocida por su larga trayectoria militante. Junto a su hermana, la historiadora Eva Serra, se implicó de joven en el Front Nacional de Catalunya (FNC), para más tarde enrolarse en el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). También ha participado activamente en la Assemblea de Catalunya, en el Consell de la República, la Intersindical-CSC o la Assemblea Nacional Catalana (ANC), de la cual ha formado parte de su secretariado. En reconocimiento a su tarea en defensa del catalán, la Generalitat de Catalunya le concedió en 2020 el galardón Pompeu Fabra, y en 2023 obtuvo una distinción especial del Premi Martí Gassull, el máximo galardón que otorga la Plataforma per la Llengua.
¿Le sorprendió que fuera citada por las torturas que sufrió?
Mi caso es inédito, porque las querellas que el colectivo Irídia presentó respecto a otras personas torturadas, como Carlos Vallejo o los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz, fueron archivadas por la Audiencia de Barcelona con el argumento de que dichos episodios están amparados por la Ley de Amnistía de 1977, pese a que, como hemos recordado las víctimas, al tratarse de crímenes de lesa humanidad, no prescriben. En mi caso, parece que no entró en la amnistía, de manera que al menos he podido explicar mi vivencia.
¿En qué línea ha orientado su declaración?
Mi voluntad es que los jóvenes de 15 y 16 años, la edad que tenían mis alumnos de catalán, conozcan lo que ocurrió en los calabozos de Via Laietana y otros centros de detención del Estado. De igual forma, he querido remarcar la continuidad de las estructuras provenientes de la dictadura, en particular en el campo de la judicatura y los cuerpos policiales, y que, si bien mi primer arresto fue en las postrimerías del franquismo, el resto tienen que ver con mi compromiso con la independencia de Catalunya, por la cual nos continúan persiguiendo.
¿Cuándo se produjo su primer arresto?
En febrero de 1977, después de enterarme de que habían borrado mi nombre de las listas para trabajar en la escuela pública; solo pude hacerlo en otro centro. Tras este episodio, recibí un aviso y tuve que exiliarme a Catalunya Nord, donde permanecí varios meses hasta que, con la muerte de Franco, decidí volver. Fue entonces cuando me arrestaron junto a mi hermana Eva bajo la acusación de «propaganda» y «organización ilegal». Ambas participábamos en la Assemblea de Catalunya. Las otras detenciones no llegaron hasta 1980 y 1981, durante las cuales nos condujeron a Madrid en aplicación de la «Ley antiterrorista», y la última en 1982 por llevar una pancarta con el lema «Independència» en la manifestación contra la LOAPA que tuvo lugar en Barcelona el 14 de marzo de ese año. Por ese hecho, calificado como «ultraje a la unidad de la nación española», pasamos dos meses encerradas en la prisión de mujeres de la Trinitat, también en la capital catalana.
¿Qué diferencia de trato recibió en Via Laietana respecto a la de la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde operaban 'Billy el Niño' y otros comisarios conocidos por haber torturado a militantes de izquierdas?
En Madrid, la actitud de los agentes era más salvaje. De hecho, habían matado a un chico días antes, de ahí que no les importara las consecuencias de las torturas. Sabían que, en virtud de la legislación antiterrorista, podían tenerte diez días incomunicada sin derecho a abogado ni atención alguna. En cambio, en Via Laietana, al disponer de un entorno movilizado mediante los Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC) y otros grupos de apoyo, quizás midieron más sus actuaciones.
¿De su estancia en los calabozos de Via Laietana, qué recuerda exactamente?
Por un lado, las agresiones físicas. Nos interrogaban y nos golpeaban con listines telefónicos. Pero lo peor fue cuando me pusieron la bolsa de plástico en la cabeza. La sensación de ahogo es escalofriante. También, en otra detención, me golpearon la planta del pie con una porra y me rompieron varios dedos. Más allá de ello, me impactó los mecanismos psicológicos que emplean para que te sientas sola y vulnerable. Un sentimiento del cual es difícil deshacerse y tomar conciencia que hay colectivos, compañeros y una familia que te arropan a fuera. Y por último, el ensañamiento del cual éramos víctimas las mujeres. En Via Laietana, todos los agentes eran hombres y cada vez que íbamos al baño teníamos a uno de ellos observándonos con la puerta abierta. Con esas vejaciones, los insultos y las amenazas buscaban humillarnos y utilizarnos como objetos sexuales.
¿La ha quedado alguna secuela?
Un miedo que no ha desaparecido. Aún hoy, me cuesta pasear por la zona de Via Laietana; solo lo he hecho para asistir a las concentraciones que se celebran cada quince días en su fachada, donde he contado lo vivido. Pero no solo yo: otros activistas que sufrieron torturas también han empezado a hablar, experimentando una mezcla de dolor, por lo que implica revivirlas, y al mismo tiempo una cierta liberación personal. Lamentablemente, muchos otros han muerto y no han podido narrar su vivencia.
También en Via Laietana se registraron malos tratos a jóvenes que en otoño de 2019 protestaban contra la sentencia a los líderes del Procés. ¿La tortura continúa practicándose o cree que ya no se emplea de forma sistemática como en el pasado?
Se practica igual, pero seguramente es más sofisticada para no dejar huella, o se utiliza mediante otros patrones. Y aquí incluyo tanto el espionaje a dirigentes y activistas, como las infiltraciones en movimientos y organizaciones políticas, que a la postre pretenden lo mismo: extender el medio y el sentimiento de desprotección a la víctima y a su entorno más cercano. En este sentido, y como atestigua el mismo relator de las Naciones Unidas, queda mucho para avanzar en derechos y garantías democráticas en el Estado español, pues seguimos sometidos a la cultura del abuso y la autoridad heredada del franquismo.
¿Aún y con eso, confía que su declaración tenga algún recorrido penal?
Es prematuro decirlo. El actual Gobierno busca pasar página y lavar su imagen con el fin de lograr la paz social a la cual nos intenta arrastrar. Se observa en la cuestión de la autodeterminación, pero también en la tortura, respecto a la cual dudo que haga ningún movimiento. Cuando se trata de temas de Estado, PSOE y PP siempre se entienden, y por lo que a mí se refiere, es como enfrentarme de nuevo al enemigo. Lejos de verme como alguien que va a pedir explicaciones, siento como si fuera la culpable, cuando es al revés. La única esperanza es que la juez tome la iniciativa y abra las carpetas que se mantienen cerradas por la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968.
¿Qué tipo de reparación sería la más justa?
No puede concebirse en términos económicos ni materiales, sería inadmisible. Tendría que ser de tipo moral y político, por ejemplo, transformando la jefatura de Via Laietana en un recinto para la memoria democrática. Así lo venimos reivindicando desde hace años.
Recientemente, el ministro Fernando Grande-Marlaska, a quien Estrasburgo ha condenado varias veces por encubrir casos de tortura, dijo que la presencia de la policía en dicha comisaria es necesaria por su «contribución a fortalecer la democracia». ¿Qué siente ante estas palabras?
Una auténtica provocación, al margen de que pretender que la actividad policial conviva con un espacio de memoria, como plantea el Ministerio, resulta un despropósito. La salida tiene que pasar por convertir íntegramente Via Laietana en un centro de interpretación del pasado y dignificación de las víctimas. Igual que ha ocurrido en Chile con Villa Grimaldi, el antiguo centro de detención y tortura que existió durante la dictadura de Pincohet, o sucederá con el Palacio de la Cumbre de Donostia, donde fueron secuestrados Joxean Lasa y Joxi Zabala. Solo resignificando estos lugares puede haber un mínimo de reparación.
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