Les compartimos este texto que nuestro amigo Iñaki Egaña ha compartido en su cuenta de Facebook.
Muy interesante el análisis que lleva a cabo acerca de la lawfare, o sea, de las acciones legaloides emprendidas en contra de la ciudadanía vasca que tienen, como única finalidad, seguir contaminando el día a día para una sociedad que llevó a cabo una serie de pasos decididos hacia un proceso de paz constantemente obstaculizado por Madrid y por París. Adelante con la lectura:
Posterrorismo y terrorismo desarmado
Iñaki Egaña
La derecha española se balancea entre dos tendencias, desde el fin de ETA, contaminado también a otros sectores, algunos de ellos autonómicos no identificados precisamente con sus discursos extremistas. La primera relacionada con la transmisión, ya lo avanzó Rubalcaba con aquella frase para la posteridad, en la que animaba a aunar fuerzas para ganar la “batalla del relato”, y asimismo con una supuesta gestión diferida de las consecuencias de un conflicto histórico. En el escaparate niegan el conflicto, pero en la trastienda ejercen como si existiera. Algo similar a la negación institucional del concepto de “preso político” cuando en la práctica aplicaron medidas, hoy aún vigentes, que lo acreditaban.
Para ello cuentan con la apertura de espacios jurídicos novedosos y penalmente imaginativos, intentando imputar a numerosos militantes por hechos que cuando fueron juzgados no se tuvieron en cuenta (responsabilidad de supuestas direcciones de ETA en hechos ya calificados, lesa humanidad, supuesto desplazamiento masivo de ciudadanos españoles, delitos de odio hacia la policía…). Tienen respaldo en parte de los medios, y en ese potente y activo Melitoniun de Gasteiz. En todas las ocasiones, el contexto es inexistente. Citarlo ronda el delito.
Este nuevo espacio penal para juzgar a ETA sin su existencia no deja de ser un ejercicio de hipocresía supino. Las direcciones del Gobierno hispano alentaron conflictos con centenares de miles de muertos. Alrededor de 929.000 muertos, la mayoría civiles, tras la invasión de Irak. Por esa razón y según su código penal, Aznar debiera haber sido condenado entre 14 (homicidio doloso) y 23 millones de años de cárcel (homicidio en el marco de una organización criminal). Ahora, como estrella mediática, cobra casi 100.000 euros por conferencia. Más de 150.000 exiliados vascos en 1939. ¿Quién restituyó sus vidas y sus haciendas? ¿Por qué tanta impunidad con la tortura?
Para la época actual, los del primer sector han comenzado a usar el pomposo nombre de “posterrorismo”, como si el terrorismo de Estado no hubiera jamás existido, como si la actividad yihadista fuera ajena, como si la sociedad actual, vasca y española, convulsa en tiempos difíciles, viviera en un remanso de paz. José María Ruiz Soroa, articulista habitual en Vocento, apuntaba recientemente que en este periodo posterrorista, los nuevos impulsos penales funcionan “como una ilusión compensatoria de la amarga sensación de derrota”. Una percepción radicalmente distinta a la que describía en el mismo medio, aunque en octubre de 2011, José María Calleja: “La foto de ETA es la de la derrota”.
El segundo sector es más radical aún. Me atrevo a citarlo con una expresión que acuñó el abogado Miguel Castells cuando comenzó, hace ahora 25 años, aquello del “Todo es ETA”, con el encarcelamiento de la dirección de Herri Batasuna y en los años siguientes la ilegalización e imputación de más de 600 militantes de la izquierda abertzale o medios de comunicación como Egin y Egunkaria. Castells decía que para el Estado eran “terroristas desarmados”.
Pues bien, este sector considera, al menos públicamente, que la victoria de ETA ha sido notoria, y que esos centenares, miles de sus militantes están repartidos por las instituciones y que incluso ejercen en el Gobierno de la Nación (española). Con burdos pero constantes titulares han difundido la idea de que el proceso de disolución de ETA fue falso y que, aunque existen varios zulos desperdigados y desconocidos esperando “The call of the wild”, aquella llamada a lo salvaje de Jack London, “la voz de la sangre” en otra versión, el grueso de los subversivos se sienta en despachos cercanos a Lakua, Palacio de Navarra o la Moncloa.
No tiene nada de extraño cuando ya desde el minuto cero los escoltas negaron que ETA se desarmase, cuando diversos medios difundieron la continuidad de un inexistente impuesto revolucionario, cuando la Audiencia Nacional llamó a los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación, cuando Mariano Rajoy, en contra de lo que hizo su mentor Aznar, fue a Oslo a recoger, junto a otros mandatarios de la Unión Europea, un descafeinado Nobel de la Paz, huyendo de los mediadores noruegos que le apremiaban para balizar contactos.
Este magma fue alentado por sectores mayoritarios en la judicatura, en los medios, servicios secretos y en las policías. Es en este último numeroso grupo donde los sindicatos policiales, en especial los más escorados hacia la españolidad de la pandereta que describió Antonio Machado, son más agresivos. Comunistas y separatistas, como en 1936, son la deriva de la naturaleza de España. El PSOE recoge las nueces del árbol que agitó ETA (Jusapol Euskadi, 31 de agosto de 2022).
Los ideólogos del posterrorismo o del terrorismo desarmado no dejarían de ser anécdotas a no ser por la enorme influencia que, a través de la mayoría de los medios, en quiebra y por tanto dirigidos en los consejos de administración por aquella banca especuladora que en 2008 salvamos obligatoriamente con nuestros impuestos, tienen en el devenir político. El juicio en París, contra Enrike López y Nathalie Chasseriaux, certifica que son los estados profundos los que necesitaban y necesitan a ETA para justificar la excepcionalidad y la construcción de sus comunidades excluyentes. Como en otras ocasiones peritos policiales y fiscales hacen causa común en cuestiones imaginarias, alejadas de la objetividad que les acarrea su cargo.
También, la concentración de una veintena de personas en Altsasu en apoyo a la Guardia Civil, con la participación del filósofo españolista Fernando Savater, sigue esta senda del negacionismo del otro y la apología de los medios represivos, alternando los conceptos de víctima y victimario. Alentando con actos de este tipo, mediáticos, policiales y judiciales, los caminos profundos de la justicia seguirán si ser desbrozados. Seguirán siendo parodias para un público entregado a la causa unionista.
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