Un blog desde la diáspora y para la diáspora

sábado, 18 de mayo de 2013

Fitero | Presos

Les recomendamos este sarcástico texto publicado en Gara:


Raimundo Fitero

Sin ánimo de ofender, yo creo que Miguel Blesa, es un preso político. Esto para empezar. No sé si esta afirmación conlleva riesgos judiciales, pero está claro que un prócer de esta categoría, que estaba preparando su boda, que llegó a Caja Madrid por amistad y afinidad política con José María Aznar, por lo tanto su cargo fue político y como derivada de sus actividades que llevaron a la ruina a la entidad, son también políticas sus consecuencias. O sea, tenemos, por lo menos, un preso político. Y no me hagan hurgar más porque a lo mejor a eso hay que añadir otro componente en la adscripción ideológica del juez que ha firmado su entrada en prisión, porque se puede argumentar que lo ha hecho por venganza política, que si hubiera sido puesto por los de la otra banda no hubiera tomado la misma decisión, con lo que se pudiera considerarse doblemente preso político.

Despertarse con esta noticia confunde. Un día de estos van a abolir no a los presos políticos, sino a los políticos. Solamente los elegidos por el tercio familiar. Ya saben la familia, el sindicato y el ayuntamiento, todos en democracia orgánica. Probablemente para mejorar las estadísticas se podría entrar en el negacionismo de los propios presos. Así, en general y en abstracto. No hay presos. Ni políticos, ni sociales. Ninguno. Buscamos sinónimos para engañarnos. Lo de la abstención activa de los chicos de Iñigo Urkullu es un síntoma de su avergonzante inoperancia. Ellos son presos políticos del PP. Cuidado que eso no se dice.

Por lo tanto lo de Miguel Blesa, no existe. Es una manipulación. Ha entrado en el talego para hacer las cuentas en el economato. Destino que tuvieron otros próceres importantes. Cachuli, famoso tonadillero metido a alcalde que hizo fortuna transportada en bolsas de basura y Mario Conde, el otro banquero que pasó un rato en la trena por estafa hace unos años. El propio Conde, escribió libros contra El Sistema, y aseguró con gomina rebosante que era un preso político. Como su otro antecesor, Ruiz Mateos, que además de vinatero, yogurtero y bombonero, era banquero. Y por eso lo sacaron de la circulación. Se ha considerado siempre un perseguido político.






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Murió el Genocida Videla

Uno de los genocidas mimados por Washington y Madrid ha muerto. Que la tierra no le sea leve.

Aquí lo que nos informa Gara:


El dictador argentino Rafael Videla, de 87 años, murió en prisión purgando varias cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad, incluido el plan sistemático de robo de menores, cometidos durante la dictadura. Videla se enfrentaba en estos momentos al juicio por el Plan Cóndor. En una breve declaración leída por él mismo en la audiencia del martes, asumió «en plenitud» las acciones llevadas a cabo por los militares en lo que llamó «guerra antiterrorista».

Ainara Lertxundi

Rafael Videla reivindicó hasta su muerte la maquinaria represiva que dirigió tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con varias cadenas perpetuas sobre sus espaldas, afrontaba hasta ayer un nuevo juicio por el denominado Plan Cóndor, que se tradujo en una estrecha colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época -Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- para hacer desaparecer y torturar a todo aquel tildado de «subversivo».

En la audiencia del martes, Videla, de 87 años, se negó a declarar escudándose en una repentina «crisis de memoria» y en que se trataba de una «cosa juzgada», en alusión al histórico juicio a las Juntas Militares de 1985, en el que fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Pese a que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía, leyó una breve declaración de diez minutos en la que asumió «íntegramente» todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por sus subordinados en el marco de lo que seguía llamando «guerra antiterrorista». No era, sin embargo, la primera vez que justificaba sus crímenes.

Un día antes de conocerse la sentencia que en diciembre de 2010 le condenó a cadena perpetua por la muerte de 31 presos en Córdoba, Videla defendió en su alegato final «la guerra contra los subversivos» y arremetió contra los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a quienes tildó de «enemigos». En marzo, no titubeó a la hora de lanzar un llamamiento a los militares a «combatir» contra el actual Gobierno.

En su último año de vida, se prodigó en conceder entrevistas, entre ellas a la revista española «Cambio 16», en la que habló sin tapujos de la comprensión y colaboración que le brindó parte de la sociedad, en especial las clases altas, y la jerarquía de la Iglesia Católica argentina, con la que «nunca se rompió esta relación de amistad». Documentos oficiales demuestran incluso que ofreció asesoría a la Junta Militar en el tratamiento que se debía dar a las peticiones de los familiares de los desaparecidos.

En mayo pasado, el periodista argentino Ceferino Reato publicó el polémico libro «Disposición Final», que recoge veinte horas de entrevista con el octogenario militar, realizadas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en Campo de Mayo.

Frases como «había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas», «pongamos que eran 7.000 o 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión» o «nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada» causaron un fuerte rechazo.

Pero también sirvieron para retratar a un personaje tan siniestro como Videla, que en julio del pasado año escuchó sin inmutarse el veredicto del Tribunal Oral Federal Número 6 de Buenos Aires, que le condenó a 50 años por el plan sistemático de robo de menores durante la dictadura. Las Abuelas de Plaza de Mayo cifran en cerca de 500 los niños, muchos recién nacidos, arrebatados a sus madres detenidas y desaparecidas.

Si en 1990, el expresidente Carlos Menem indultó a todos los represores, el 24 de marzo de 2004, Kirchner ordenó retirar del Colegio Militar los cuadros de Reynaldo Bignone y Videla, inaugurando una nueva era que en 2008 le llevó a una cárcel militar y, después, a una prisión común y corriente.






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Entrevista a Belen Arrondo

Desde Gara traemos esta entrevista a Belen Arrondo:


Belen Arrondo, (Beasain, 1956) fue durante años miembro de la dirección y portavoz del sindicato STEE-EILAS, y desde hace algo más de seis meses es parlamentaria de EH Bildu. Un cambio de «instrumento de pelea», según define ella misma. Constata la lejanía del Parlamento de los problemas de la calle, y su grupo intenta solventarlo con un contacto constante con colectivos y asociaciones, un trabajo «a profundizar» y que anima a Arrondo en su tarea parlamentaria.

Iñaki Iriondo

Belen Arrondo apenas lleva seis meses de trabajo parlamentario y lo que más destaca de la institución es su «lejanía» con respecto a los problemas de la sociedad. «Incluso el lenguaje -detalla- está muy lejos de lo que se vive en el día a día fuera de estas paredes».

¿Cómo se soluciona eso?

Con una cosa que estamos intentando hacer, pero que necesita tiempo y trabajo: tener una relación permanente con los diferentes colectivos y asociaciones. Cuando tenemos una iniciativa parlamentaria, nuestra o de otros, intentamos contrastar con colectivos, reunirnos, hacer propuestas, recoger sus ideas, y volverles a informar de lo que al final se ha decidido. Esto es una de las cosas más importantes. Desde que estamos en el Parlamento, cada vez hay más gente que viene aquí, hay más reuniones, se nota que en los pasillos no hay solo políticos. La gente que trabaja aquí lo comenta. Un día de la pasada semana, en la entrada se quedaron sin tarjetas de invitados porque tuvimos muchas reuniones y coincidieron casi todas a la vez.

¿Ha cambiado algo la entrada de EH Bildu en el Parlamento?

Desde el principio. Cabe recordar que conseguimos evitar el despilfarro de los iPads y hemos logrado cambiar el sistema de dietas de viaje. Pero hay algo más de fondo. Estamos intentando traer debates que de otra forma no llegarían aquí y que de verdad sirvan para algo. Por ejemplo, EH Bildu propuso en el Parlamento echar atrás el decreto del Gobierno de Lakua que, haciendo otra vez seguidismo de Madrid, acababa con las 35 horas en la Administración. Esa propuesta se aprobó y sirvió para que todos los sindicatos de la Función Pública se hayan levantado de la mesa hasta que el Gobierno acepte lo aprobado en el Parlamento. Este tipo de cosas sirven para dar cercanía y utilidad al Parlamento. Y ahora se ven obligados también a tratar otro temas, como el de Cabacas, que antes no entraban con tanta fuerza. Esta cámara ha vuelto a ser un reflejo más fiel de la voluntad de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

A nivel general, ¿cómo observa este medio año de legislatura?

Ha demostrado que eso del «saber hacer» del PNV, de lo que tanto presumía en campaña electoral, es una milonga. El PNV y el Gobierno han sido incapaces de llegar a acuerdos de calado, como se ha visto en los presupuestos, porque no intentan acordar, sino imponer.

El PNV se queja de que son los demás los que no quieren acuerdos...

El problema es que presenta sus propuestas y espera que los demás se las aceptemos, con la falsa premisa de que no hay alternativa. Pero sí las hay. Lo que ocurre es que en el ámbito económico se limita a aplicar los criterios decididos en Madrid y en Bruselas, en los que está muy cómodo, como lo está Confebask con este gobierno. En cuanto a la normalización, Iñigo Urkullu aparece sometido a Mariano Rajoy. Este gobierno no adopta ninguna decisión que pueda molestarle. Se ampara en la discreción para tapar su inactividad y falta de iniciativa. Y en ese camino se ha desmarcado de la hoja de ruta de Aiete.

¿Les trata el PNV como primer partido de la oposición?

Para el PNV somos una presencia molesta y prefiere poner su vista en otros. Así lo hizo el lehendakari cuando al principio ni siquiera iba a contar con EH Bildu para buscar un acuerdo, fijándose solo en PSE y PP.

Está extendido el comentario de que PNV y EH Bildu no llegan a acuerdos porque se están disputando la hegemonía del mundo abertzale.

Lo que está en juego no es la hegemonía entre PNV y EH Bildu, sino entre dos modelos. Nosotros, como izquierda soberanista, tenemos voluntad de articular un modelo democrático real. Y creemos que el PNV representa un modelo institucional y social totalmente vertical, que posibilita la corrupción y el clientelismo. Los puros de Lemoa, las angulas de Gipuzkoa, son la anécdota de una categoría, que es la de un sistema para privilegiar a las élites y a las grandes empresas. Ese modelo ha fracasado y niega un futuro en libertad a este país.

Pero el margen de actuación institucional es muy estrecho...

Se pueden hacer cosas. Por ejemplo, ahora que se habla de cómo invertir el plus de endeudamiento que posibilitará una potencial flexibilización del déficit, lo que propone el PNV es recortar el gasto e invertir en cemento, volver a poner las infraestructuras como motor económico del país. Eso es reproducir el modelo que ha generado la crisis.

¿Y qué proponen ustedes?

En primer lugar hacer la elección de tomar las decisiones en Euskal Herria, superando la dependencia de Madrid. Lo que se recauda aquí y se gasta aquí debemos decidirlo aquí. Luego hay que cambiar el foco. No podemos estar mirando solo a cómo repartir el gasto, hay que mirar a cómo aumentamos los ingresos, y para eso es fundamental una política fiscal más justa. Y lo que se recaude hay que invertirlo en la sociedad, en garantizar servicios públicos de calidad y en inversiones productivas y ligadas a la I+D+i. La política del cemento es pan para hoy y hambre para mañana.

Les acusan de no practicar su discurso allí donde gobiernan De que en Gipuzkoa también aceptan los límites del Estado...

Eso no es cierto. Por ejemplo, cuando obligaron a suprimir la decimocuarta paga de 2012, la Diputación de Gipuzkoa pagó a sus trabajadores un complemento para paliar esa pérdida de poder adquisitivo. En Gipuzkoa se está demostrando con hechos que es posible otro modelo y que se pueden encontrar salidas a los recortes e imposiciones de Madrid. En el caso de la Ley de Dependencia, además de no aplicar la reforma de Rajoy, se hizo un decreto que mantiene y amplía las prestaciones. Se puede poner la política en favor de los trabajadores.

¿En qué sentido?

Ahora está de actualidad el conflicto de las residencias en Gipuzkoa. La mediación de la Diputación ha sido para garantizar los derechos de los trabajadores por encima de la reforma laboral y eso ha enfadado a Adegi. En la contratación pública, se han introducido cláusulas para que las empresas garanticen los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de los convenios. En la lucha contra el fraude fiscal se ha ampliado la plantilla de Inspección y se ha propuesto a Bizkaia y Araba compartir datos para tener un mayor control general. Si se quiere, se puede seguir otro camino que no sea el del neoliberalismo. Y eso con 22 junteros y junteras de 50. Sin mayoría.

Volvemos entonces a la cuestión de los acuerdos...

Nos gustaría poder llegar a más acuerdos, a grandes acuerdos en clave de país. Es hora de que los abertzales nos pongamos de acuerdo para no cumplir los mandatos que van en contra del sentir mayoritario de la sociedad vasca. Cuando la legalidad española no encuentra legitimidad en Euskal Herria, cuando choca con la voluntad social, tenemos que apostar por esa voluntad. Igual que la insumisión acabó con la «mili», provocando un choque entre legalidad y legitimidad, pensamos que si dos tercios de este Parlamento se plantaran la actitud del Estado sería otra, no se atrevería a hacer las cosas que hace ahora. Pero la realidad es otra.

¿Cuál?

Es cierto que el marco vigente obliga a un sometimiento a los poderes españoles, pero el problema es que parece que el PNV lo acepta de buen grado. El límite del déficit, a ver qué pasa con la reforma educativa aprobada hoy [por ayer], las detenciones... El último ejemplo es el debate sobre presos políticos, con el PNV dando por bueno que se garantizan plenamente los derechos y libertades ciudadanas. Que se lo digan a los de Bateragune, a los periodistas de Egin, a los demás del 18/98, a los de Segi, a los navarros que confesaron bajo torturas la autoría de un atentado y luego, tras dos años de cárcel, se demostró que eran inocentes. Nos gustaría un acuerdo, pero el PNV se refugia en la legalidad y su acatamiento para justificar su inacción.

«La huelga general es necesaria para parar las barbaridades que piensan hacer»

Belén Arrondo dice temer que «cuando salgamos de la crisis económica vamos a salir habiendo perdido todos los derechos laborales, sanitarios, educativos… Eso es lo que están buscando las élites económicas y los gobiernos les están ayudando».

¿Cómo se le da la vuelta a esto?

Luchando y movilizándose contra esas políticas y ahí está la convocatoria de huelga para el 30. Hay que  mover a los que en estos momentos están gobernado para que tengan que cambiar sus políticas. Y, hasta entonces, al menos que paren todas las barbaridades que están pensando hacer, con más recortes en pensiones, en reformas laborales. La huelga es una llamada al PNV y a UPN, de que tienen que cambiar las políticas que están haciendo. Espero que poco a poco se vayan consiguiendo pasos.

Los convocantes dicen que la huelga interpela a todas las instituciones, también a las que gobierna EH BIldu, como por ejemplo la Diputación de Gipuzkoa...

Respeto y entiendo que desde los sindicatos se haga un llamamiento a todas las instituciones, pero creo que también los convocantes de la huelga son conscientes de que ni todas las instituciones tienen la misma responsabilidad, ni la misma capacidad de hacer algunos cambios; y también saben que hay instituciones que están haciendo las cosas mejor que otras y en una buena dirección. Eso no quiere decir que no haya más cosas por hacer y que desde los sindicatos se pida a todas las instituciones que tengan una mayor responsabilidad social. Lo que ha hecho la Diputación de Gipuzkoa en favor de los trabajadores en el conflicto de las residencias no lo hacen ni se espera que lo hagan las de Araba y Bizkaia.

Hace un año usted hubiera estado junto a Txiki Muñoz y Ainhoa Etxaide en la movilización sindical, ahora forma parte de lo que llaman «clase política». ¿Qué siente?

Siempre he pensado que hacer sindicalismo es hacer también política. Ahora estoy haciendo política desde un sitio diferente. El sindicalismo es un instrumento para cambiar las cosas y este parlamento tiene que ser también un instrumento para mejorarlas y responder a las necesidades de las personas. Se puede pelear desde distintos ámbitos. Hasta ahora he estado en el sindicalismo y ahora, con las mismas convicciones, peleo desde esta institución.






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Detención Violenta en Gasteiz

Continúa la cacería de jóvenes en Euskal Herria, cacería que es todavía más indignante por estar siendo llevada a cabo por efectivos de la Ertzaintza.

Gara nos trae el relato de lo sucedido en Gasteiz durante la detención de Xabier Agirre:


La Ertzaintza no mostró ayer el mismo talante del que hizo gala en Donostia y Ondarroa. Ayer la policía autonómica decidió dispersar a golpes una concentración solidaria convocada en el centro de Gasteiz. Un muro ciudadano creado para defender a Xabier Agirre, que tendrá que entrar en prisión para cumplir cuatro meses de condena. Cabe destacar que uno de los agentes presentes en el operativo insultó en reiteradas ocasiones a los jóvenes congregados.

Ion Salgado

La Ertzaintza aprovechó ayer la ausencia de cámaras de televisión para disolver a golpes la concentración en apoyo a Xabier Agirre, un joven gasteiztarra que deberá entrar en prisión para cumplir una pena de cuatro meses. Sin medios de comunicación observando, los agentes de la policía autonómica, arropados por los miembros de la Policía Local de la ciudad, optaron por dispersar porra en mano a los presentes, que a las siete de la tarde se dieron cita frente a la Subdelegación del Gobierno español, situada en el centro de la capital alavesa, para mostrar su apoyo a Agirre.

Los primeros golpes dispersaron a la multitud y dejaron solo al joven, que se había encadenado previamente al edificio gubernamental para denunciar su situación, similar a la de decenas de personas en Euskal Herria. Tras alejar al centenar de personas, que previamente habían formado un muro solidario, y amenazar con las porras a todo aquel que osara acercarse al perímetro policial, los agentes de la Ertzaintza cortaron las cadenas y detuvieron a Agirre. La Policía Autonómica también arrestó a otro joven.

Pasadas las ocho de la tarde, los agentes introdujeron a los jóvenes en dos vehículos de la Ertzaintza y los sacaron de la zona, que estaba tomada por las fuerzas de seguridad. El traslado de los mismos a dependencias policiales estuvo marcado por los aplausos y los gritos de ánimo de los congregados, que, pese a los golpes, se mantuvieron arropando a Agirre, y no abandonaron las inmediaciones hasta que se materializó el arresto.

Oposición y total rechazo

Pero esto solo fue el punto y final a una concentración improvisada, marcada por los hechos acaecidos en Ondarroa y Donostia. Una iniciativa solidaria diseñada para evidenciar la situación de Agirre, que utilizó sus últimos momentos de libertad para denunciar la situación que vive la juventud vasca. «Con este acto quiero denunciar la situación que se vive en Euskal Herria. Porque mientras una parte da pasos hacia la solución vemos cómo otra continúa deteniendo a jóvenes», señaló en declaraciones a GARA.

En cuanto a su situación personal, Agirre explicó que ahora deberá permanecer cuatro meses en prisión para cumplir la pena impuesta por los tribunales españoles. Según informó la agencia Europa Press, el joven gasteiztarra fue condenado a dos años y un día de prisión por un acto de sabotaje a una entidad bancaria. Ahora, la Ertzaintza le ha imputado un delito de «desórdenes públicos».

Lakua pide a la AN que avise antes para evitar las protestas

Lo ocurrido en Ondarroa y Donostia ha socavado la imagen de la Ertzaintza, pero lejos de abrir una reflexión sobre este tipo de detenciones, de momento el Departamento de Seguridad opta justo por lo contrario. Según informó ayer "El Correo'', la Ertzaintza ha reclamado a la Audiencia Nacional que le informe con más celeridad de las órdenes de arresto, de modo que puedan ejecutarse antes de que se organice la respuesta ciudadana.

Según esta información, la Policía autonómica ha planteado a los tribunales que «una comunicación más efectiva» y «con más celeridad» les serviría para «minimizar» el impacto de estos muros populares. Habrá que ver si el tribunal especial introduce una nueva excepcionalidad a raíz de esta petición.

La preocupación creada por estas respuestas masivas resulta evidente. Así, diversos medios ya previenen de la posibilidad de que haya una próxima iniciativa de este tipo en Iruñerria cuando el Tribunal Supremo decida sobre cinco jóvenes condenados a seis años de cárcel por la Audiencia Nacional. La vista estaba prevista para el próximo día 28, pero se ha pospuesto por el momento.

Con esta petición a la Audiencia Nacional, la Ertzaintza busca de paso responder a las críticas formuladas por PP y UPyD, que han reclamado la presencia en el Parlamento de la consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, porque entienden que la actuación de Ondarroa se produjo demasiado tarde.






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viernes, 17 de mayo de 2013

Enrique Goñi Imputado

Desde Gara traemos a ustedes esta actualización acerca de la crisis institucional navarra generada por la sempiterna corrupción de los españoles y sus lacayos navarricos.

Lean ustedes:


La Guardia Civil acudió ayer a la sede de Caja Navarra en busca de los archivos originales de las actas de la Permanente, ante la duda de que pudieran haber sido falseadas. La juez considera que se trata de una «diligencia indispensable para la instrucción» determinar su fecha de creación. En un auto diferente, también ha citado a declarar a Enrique Goñi, exdirector de CAN, en calidad de imputado, aunque la notificación no recoge con claridad por qué delito.

Aritz Intxusta

La Guardia Civil acudió ayer a la sede central de Caja Navarra por orden de la juez que instruye la causa denunciada por Kontuz. Lo que los agentes judiciales estaban buscando son los archivos originales de las actas de la Permanente, el organismo que repartía dietas cuya legalidad está en cuestión. Estos archivos, supuestamente, servirán para determinar cuándo se redactaron las actas, ante la sospecha de que pudieran haber sido redactadas ex profeso para exonerar a Yolanda Barcina, Miguel Sanz. Enrique Maya y Álvaro Miranda.

En dos autos, la juez María Paz Benito Osés autorizó la entrada de los agentes en la sede central de CAN y citó al exdirector de la caja, Enrique Goñi, para que declare en su presencia. Goñi tendrá que acudir al juzgado en calidad de imputado el próximo día 24, con lo que su nombre se suma a la lista de imputados en la que ya se encuentran Sanz, Miranda y el alcalde de Iruñea. La citación de Goñi es escueta, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué delito le imputa la juez.

La entrada de la Guardia Civil a la sede de CAN se ordenó en un auto del pasado día 22 de abril, aunque no se autorizó hasta ayer. La juez tomó esta decisión después de que la caja se negara a aportar los documentos originales, alegando problemas técnicos y un cambio en los servidores. Es la tercera vez que la Guardia Civil acude a la entidad y su intervención siempre se ha debido al mismo motivo: la resistencia de los responsables de CAN a entregar documentos vinculados a la Permanente y las actas.

En un primer momento, los archivos originales fueron demandados por Kontuz. Sin embargo, después de recibir la negativa, la juez ha dado la orden de que se cumpla con esa diligencia porque la considera «indispensable» para la causa. También dio orden a los agentes para «informar a este juzgado del resultado de la diligencia del modo más inmediato posible».

Las firmas de Sanz y Barcina

Con estos archivos, los peritos policiales podrán determinar cuándo se crearon las actas que se aportaron al juicio. Es decir, si fueron elaboradas en su momento o todas a posteriori. Se trata de un asunto de extrema importancia, porque las actas en papel que fueron entregadas a la juez llevan la firma de Miguel Sanz y de Yolanda Barcina. Ambos fueron en su día presidentes de la Permanente y tenían la obligación de aprobar las actas, acción que realizaban estampando su firma sobre los documentos impresos. Sanz firmó las 12 primeras y Barcina las cuatro últimas (después del cambio en la Presidencia del Gobierno que conllevó un cambio de roles en la Permanente).

Los indicios de que las actas pudieran haber sido creadas ex profeso para el juicio son numerosos. Ningún miembro de la Permanente recuerda cuándo se daba el visto bueno a esos documentos, ni tiene en su poder archivo alguno que acredite que realmente se reunieron. No existen convocatorias ni correos electrónicos que contengan un orden del día sobre lo tratado en esas sesiones. Además, estas actas han sido solicitadas de forma reiterada por Bildu en el Parlamento navarro, pero el Gobierno siempre se negó a mostrarlas. De hecho, solo salieron a la luz después de que la juez enviara a la Guardia Civil a por ellas a la sede de la caja.

Fundamentalmente, el contenido de las actas de la Permanente es un corta y pega de unas presentaciones en power point que el secretario general de la caja, Alberto Pascual, elaboraba para exponerlos ante la Junta de Entidades Fundadoras. Las actas no recogen ninguna declaración de los presentes y tan solo se limitan a la fecha, la relación de personas que han acudido a la cita y el contenido de los informes de Pascual. En dos ocasiones, tan solo se recoge el nombre de los presentes y un párrafo en el que se detalla que el secretario comunicó que, desde la anterior reunión, no había ocurrido nada de relevancia en la caja. Días más tarde, la CAN les giraba a cada uno 1.717 euros (y al presidente 2.680) por no haber sido informados de nada.

En este punto, resulta particularmente llamativo que el abogado de Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, haya solicitado que se determine a través del mismo método cuándo se elaboraron esos power point. Erenchun solicitó esta diligencia cuando ya era sabido que la Guardia Civil acudiría a la sede de la entidad. Si la pericial de las actas determina que fueron redactadas en su momento, la petición de Erenchun no tendría sentido alguno. De hecho, esas presentaciones se realizaron para exponerse en la Junta de Entidades Fundadoras y no en la Permanente, por lo que tampoco parece que, con los datos que se tienen a día de hoy, estos power point acrediten una redacción anterior de las actas a la que determine el análisis.

A pesar de todos estos indicios, la falsificación de las actas es un delito tan grave que supondría exponerse a un riesgo enorme. En concreto, no solo se trataría de falsificación de documento público, sino también de presentación de documento falso en causa penal. Habrá que esperar a que la Guardia Civil termine su investigación, dado que hasta ahora ni siquiera se ha sabido si han conseguido hallar los documentos que buscaban.

De otra parte, si no llegan a aparecer las actas, los miembros de la Permanente no tendrían modo de justificar los cobros. Aunque todos han devuelto el dinero, la multa podría ser del triple y llevar aparejada otro tipo de sanción. Además del escándalo y el castigo político.

Asiáin felicita al juez por la instrucción que lleva sobre el chantaje

El último presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, acudió ayer a los tribunales para declarar sobre el chantaje que, supuestamente, el diputado Santiago Cervera intentó hacerle. Asiáin no quiso revelar el contenido de sus declaraciones ante el juez, pero aseguró que está muy satisfecho sobre cómo está llevando la instrucción, en la que él está personado como acusación particular.

Asiáin sustituyó a Sanz como presidente de CAN tras el proceso de «despolitización» de Caja Navarra. A finales del año pasado y cuando estaba de vacaciones en Canarias, recibió un anónimo en el que se le amenazaba con hacer público que su hijo (abogado) cobraba por realizar desahucios de Caja Navarra si no dejaba 25.000 euros en una grieta de las murallas de Iruñea. La Guardia Civil colocó un señuelo en el lugar indicado y quien acudió a recogerlo fue Cervera.

A su entrada al tribunal, Asiáin aseguró que el juez está «enfocando perfectamente» la investigación.

Sanz y el exdirector ya están inculpados en Iruñea y Madrid

El «caso CAN» es tan complejo y tan amplio que se está investigando en dos salas distintas: el juzgado número 3 de Iruñea y la Audiencia Nacional. Con la imputación de Goñi ayer por la juez de Iruñea, el expresidente de CAN ya ha sido imputado por estas dos salas. Lo mismo ocurre con Miguel Sanz, que también está llamado a declarar como imputado en ambos tribunales.

Sanz está imputado en Iruñea por un presunto delito de cohecho vinculado a la prevaricación por omisión. Según la juez y las dos acusaciones (Kontuz y UPyD) Sanz no ejecutó los debidos controles sobre la CAN, desoyendo incluso los informes del Banco de España que, en reiteradas ocasiones, informó de operaciones sospechosas de realizarse con perjuicio a la caja. Una de ellas es la de Navarra Building, una sociedad en la que participaba la presidenta Yolanda Barcina y que adquirió varias sedes de CAN con el compromiso de que la caja se las seguirá alquilando durante (por lo menos) 10 años y que luego se las recomprará. Con Sanz al frente, el Gobierno navarro no realizó una sola inspección a la entidad, pese a que tenía competencias para ello.

La causa que se sigue en Iruñea fue impulsada por Kontuz, a través de una denuncia dirigida contra Sanz y Goñi. Posteriormente, la juez amplió las imputaciones Enrique Maya y Álvaro Miranda. Probablemente, Yolanda Barcina también podría acabar imputada, pero la juez no tiene atribuciones suficientes para procesar a la presidenta navarra, algo que solo puede realizar el Supremo.

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional se centra en los posibles delitos societarios. En un principio, el caso fue activado por UPyD, que presentó una querella vinculada a la salida a bolsa de Banca Cívica. Esta causa se lleva en Madrid ya que, tras la fusión, el radio de actuación de CAN excedía al de Nafarroa. Sin embargo, el grueso de la instrucción que debe realizar el juez Eloy Velasco es un supuesto falseamiento de la cuentas de la entidad. En este punto, Velasco se ha quedado con parte de la denuncia de Kontuz en la que se detallan casos concretos de inversiones con visos fraudulentos. UPyD denunció a todo el consejo de administración de Banca Cívica, donde tres personas provenían de CAN: Enrique Goñi, el secretario Alberto Pascual y Miguel Sanz. Por el momento, solo ha trascendido que Sanz y Goñi están imputados en esa causa que va bastante más atrasada que la de Iruñea.

En último término, no se puede descartar que Barcina acabe siendo procesada en esta segunda causa. En concreto, Barcina fue presidenta de la Comisión de Control entre 2004 y 2009. Esta comisión era la que debía velar por que las cuentas de la caja reflejaran fielmente la situación de la entidad y para ello tenía atribuciones específicas. Si se determina que hubo algún tipo de falseamiento de cuentas en esos años, la presidenta navarra será una de las principales responsables de ese delito.






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Incumplir Leyes Injustas

En Naiz se ha publicado esta nota acerca de las declaraciones llevadas a cabo por Martin Garitano tras el arresto de la joven Urtza Alkorta en Ondarroa:


El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que «cuando las leyes son injustas, un gobernante no debe cumplirlas».

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha ofrecido una entrevista a Radio Euskadi, en el cual ha considerado un «despropósito» que el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmara que la izquierda abertzale «está intentando tensionar a la sociedad vasca».

«Creo que la izquierda abertzale, en los últimos años, ha dado muestras más que reiteradas de querer buscar una solución al problema político que vive Euskal Herria y en las últimas horas lo que hemos visto no ha sido un intento de tensionar por parte de la izquierda abertzale», ha dicho.

El comportamiento de los presentes en el muro popular demuestra, según sus palabras, la apuesta «nítida» por un futuro de normalidad política, «mientras hay quien sigue anclado en fórmula, tribunales del pasado, gente que no quiere evolucionar».

En referencia al coportamiento de la Ertzaintza, ha considerado que «cuando las leyes son injustas, un gobernante no debe cumplirlas». «Ayer, lo importante, lo dramático, fue que una joven de Ondarroa, que fue detenida, torturada, autoinculpada, juzgada y condenada, está en la cárcel».

Garitano ha asegurado que este tipo de casos no se limitan al de Alkorta y ha recordado que «la próxima semana van a ser otros seis jóvenes en Nafarroa y quedan cerca de un centenar de jóvenes pendientes de ingresar en prisión por causas exclusivamente políticas».







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El Código Ético

Esto que aquí les compartimos nos ha sido enviado por correo electrónico y se los compartimos al costo.

Por favor, no se rían mucho, anda, que es cosa seria.

Vean:

La Policía Nacional tiene un nuevo Código Ético: los agentes solo usarán armas de fuego en zonas no vitales del cuerpo

La Dirección General de Policía ha aprobado un Código Ético para los agentes del Cuerpo que pone negro sobre blanco a una serie de nuevas realidades e instrucciones. En el texto se insta a denunciar conductas irregulares de los compañeros y a no disparar nunca a zonas vitales del objetivo.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el texto, que fue aprobado por el propio Ignacio Cosidó a principios de mes, ya está siendo repartido a nivel nacional en todas las comisarías, y los agentes están conociendo unas instrucciones que ya recibían a través de circulares ordinarias durante los últimos años.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario explican que esta medida “supone modernizar las funciones del cuerpo y adaptarlas a la nueva realidad actual, ampliando los Principios Básicos de Actuación de 1981 y de 1986 por los que nos regíamos, con las órdenes y disposiciones redactadas en los últimos tiempos”.

ECD ha tenido acceso al Código Ético, que disemina en 22 páginas las obligaciones y el modo de actuar de los policías, tanto a nivel interno como en el trato con el ciudadano de a pie, los detenidos, y las personas que agreden a los propios agentes.

Los policías tendrán que denunciar conductas irregulares de compañeros

En los primeros quince artículos, el texto explica las diferentes funciones de los agentes de Policía para, a continuación, desarrollar con mayor profundidad las obligaciones de los uniformados dentro del propio Cuerpo de Policía.

Así, en el artículo 16, el Código Ético señala la obligación de evitar conductas de abuso de poder, la aceptación de regalos por parte de los agentes, o la necesidad de denunciar conductas negativas de los propios compañeros: “No podrá justificarse cualquier conducta que suponga una violación de las leyes o del código deontológico. La solidaridad ciega, que consiste en encubrir este tipo de acciones no éticas o ilegales, generará en el policía que la practique el mismo nivel de rechazo que en quien la haya realizado.”

Esta ordenanza tiene su ampliación en los artículos 20 y 21, sobre los principios de igualdad y no discriminación y los valores profesionales de los policías. Entre las diferentes obligaciones que en esos apartados se señalan, destacan por encima de las demás las siguientes:

--La policía debe ofrecer su servicio sin ningún tipo de discriminación por razón de origen, lengua, raza, etnia, religión, creencias, sexo, edad, ideología, discapacidad o condición social.

--La policía debe llevar a cabo sus funciones de manera equitativa, ajustándose a los principios de imparcialidad y no discriminación. En especial deberá cuidar el lenguaje que utiliza, los gestos y todos aquellos aspectos de la comunicación verbal y no verbal que puedan inducir a una sensación de trato discriminatorio.

--En sus interactuaciones deberá respetar por igual a todos los individuos o grupos de ciudadanos, sus tradiciones o sus creencias y estilos de vida, en tanto sean compatibles con las leyes y no supongan una alteración de la seguridad ciudadana.

--Los policías deben cuidar la imagen que representan, el uniforme, su limpieza y orden durante el servicio, así como los medios de que se dispone.

--En sus relaciones con los ciudadanos deberán actuar con empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y respetuoso en todas las actuaciones.

--Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio.

Cuándo y cómo usar la fuerza y las armas de fuego

Además de establecer qué tipo de conducta deben de tener los agentes a nivel interno y con los ciudadanos de a pie, el Código Ético también desarrolla cómo deben comportarse los policías con los detenidos y con cualquier individuo que amenace su integridad, así como cuándo y cómo emplear las armas de fuego.

En las detenciones y arrestos, se especifica que el policía debe informar inmediatamente a los detenidos sobre sus derechos reconocidos por las leyes procesales y garantizar que los mismos se cumplen de manera efectiva.

Tanto en la práctica de la detención, como en los lugares de custodia no se utilizará la fuerza más que en las situaciones necesarias para mantener el orden y la seguridad, ajustándose a los principios que rigen el uso de la fuerza, que podrá emplearse cuando la seguridad de las personas se vea amenazada o las pruebas del delito se vean afectadas.

Además, se separará en los lugares de custodia a los hombres de las mujeres, así como a los menores de edad privados de libertad. A todos ellos, se le prestarán los servicios médicos que precisen.

Sobre el uso de armas de fuego, el Código Ético de la Policía establece que su utilización “siempre será el último recurso”. Para poder utilizar la pistola reglamentaria, se tendrán que seguir las siguientes instrucciones:

--Se darán las advertencias necesarias y conminaciones siempre que éstas puedan hacerse en función de las circunstancias. Los avisos deben dar tiempo al agresor para que deponga su actitud.

--En caso de persistir con la agresión, el uso del arma podrá hacerse en forma de disparos intimidatorios siempre que el lugar lo permita y no se ponga en peligro a terceras personas.

--Como último recurso deberá ir dirigido a partes no vitales.






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Abstención Criminalizante

Traemos a ustedes este artículo de Gara que retrata la valoración que EH Bildu ha hecho de la abstención por parte del PNV con respecto al término 'preso político'.

Lean por favor:


Iñaki Iriondo

La abstención del PNV permitió que el Parlamento de Gasteiz sentenciara ayer que «vivimos en un Estado de Derecho que garantiza plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía», en el que, además, «no existen problemas para defender las ideas políticas, siempre que se expresen en el marco de la legalidad. Y que, «en consecuencia», «declara con total rotundidad que no existen presos políticos». Pero más llamativo aún fue que tras consentir la aprobación de esta declaración en la Cámara autonómica y otra similar en las JJGG de Bizkaia, el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, asegurara que el acuerdo es «un paso atrás».

EH Bildu entiende que lo ocurrido ayer en el Parlamento «no es un debate semántico». Lo dijo Julen Arzuaga en su intervención: «Hay tribunales que desde la lejanía, apostados como francotiradores, esperan una resolución, como la que hoy nos trae el PP, para dar una vuelta de rosca nueva a la represión judicializada que en los últimos tiempos está enfocada contra la solidaridad con los presos vascos».

En este sentido, no cabe olvidar que la Fiscalía ya ha abierto investigaciones contra Pernando Barrena y Patxi Zabaleta por el empleo de este tipo de términos. Además, determinadas asociaciones de víctimas presentan constantes iniciativas judiciales por su uso incluso contra medios de información.

Además, en el propio Parlamento hay una demanda de UPyD solicitando de la Presidencia la prohibición del uso del término preso político.

«Víctimas políticas»

El acuerdo alcanzado proviene de una iniciativa del PP, que finalmente llegó a un pacto con el PSE para presentar un texto conjunto.

El debate transcurrió por los cauces habituales en estos casos. UPyD, PP y PSE defendieron que España es una democracia y que, por tanto, no cabe hablar de presos políticos si no -como dijo el portavoz del Grupo Popular Borja Sémper- de «asesinos de manual».

Sémper defendió «la obligación pedagógica de llamar a las cosas por su nombre. Los presos de ETA no son presos políticos y no lo son porque no están condenados por sus ideas, sino por asesinar, extorsionar y matar. Las víctimas de ETA sí son víctimas políticas, porque fueron asesinadas en nombre de un proyecto político totalitario».

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga defendió la definición de preso político que ofrece Amnistía Internacional, como «todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades», y esto incluye a miembros de organizaciones armadas. También señaló Arzuaga que el mismo organismo -que la pasada semana visitó el Parlamento- recuerda que «los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos, sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias».

Por el PNV intervino Maribel Vaquero, quien prefirió utilizar lo que definió como «terminología de las Naciones Unidas», para sostener que «los presos de ETA no son presos de conciencia ni presos políticos, son presos que tienen objetivos políticos, por los que han infringido la ley y vulnerados derechos, utilizando la violencia o promoviendo o ayudando en su uso».

La portavoz jeltzale añadió que «el Estado no trata al colectivo de presos de ETA como presos comunes. Su pertenencia a ETA, su motivación, hace que su trato sea diferente».

En todo caso, la línea argumental principal del PNV y la que llevaba en su enmienda a la totalidad era que este tipo de debates deben sustanciarse en la Ponencia de Paz y Convivencia. Y tanto Vaquero en la Cámara como Joseba Egibar ante la prensa criticaron que PP y UPyD pretendan obtener réditos propagandísticos planteando estas cuestiones en el pleno.

Tras haber fijado esta posición, el PNV anunció que se abstendría en el resto de enmiendas y votaría a favor de la suya. Sin embargo, sabía que con su decisión ni siquiera llegaría a votarse su propia propuesta. Con su abstención permitía que saliera adelante lo pactado por PSE y PP, que concitó el apoyo de UPyD, pese a que tachó el texto de poco exigente.

El acuerdo se aprobó con 27 votos a favor, 20 en contra de EH Bildu y la necesaria abstención de los 27 escaños jeltzales.






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Enésima Traición del PNV

El rencor que anida en los integrantes la derecha vasca atrincherada en el PNV contra los integrantes de la izquierda abertzale les ha llevado a traicionar una y otra vez a ese amplio sector de la sociedad vasca que no les vota... y que no les vota por buenas razones, como esta que nos expone Gara en este artículo:


El Parlamento de Gasteiz ha aprobado una enmienda transaccional acordada entre PP y PSE en la que se declara que en el Estado español «no existen presos políticos». La abstención del PNV ha posibilitado la aprobación de la iniciativa, apoyada por PP, PSE y UPyD. EH Bildu ha votado en contra.

El PP ha llevado al Parlamento de Gasteiz el debate sobre el término de «presos políticos», con una propuesta en la que se remarca que «tales conceptos hacen daño al sistema democrático». El Parlamentario del PP Borja Sémper ha señalado que «los presos de ETA no son presos políticos. Porque no están condenados por sus ideas, sino por extorsionar, por matar. Las víctimas de ETA sí son víctimas políticas porque fueron asesinadas en nombre de un proyecto político totalitario», ha proclamado.

La formación derechista ha acordado con el PSE una enmienda transaccional a su propuesta, que finalmente ha sido aprobada por la Cámara gracias a la abstención del PNV. En la misma, el Parlamento declara «con total rotundidad que no existen presos políticos ni en Euskadi ni en el conjunto de España; y, por eso mismo, rechaza contundentemente la utilización de dicho término para definir a los presos de la banda terrorista ETA, que se encuentran en prisión por delitos perfectamente tipificados en el Código Penal».

Además, la Cámara manifiesta que «no existen problemas para defender las ideas políticas, siempre que se expresen en el marco de la legalidad».

En su defensa de la iniciativa, Sémper ha afirmado que «aprobar este proyecto de ley es un paso obvio pero necesario para construir un futuro mejor. Dejar claro que en España, en Euskadi, en nuestro Estado de Derecho, no existen presos políticos».

De la misma manera se ha pronunciado el representante del PSE Rodolfo Ares, quien ha incidido en que «por mucho que Sortu y EH Bildu insistan en que hay presos políticos, eso no es cierto». «Hay personas en prisión por pertencer a ETA y cometer delitos. Esos delitos deben ser perseguidos por diversas policías para que sean condenados por tribunales de justicia», ha asegurado.

Gorka Maneiro, de UPyD, más allá de este proyecto de ley, ha defendido los planteamientos de su enmienda, en la que reclamaba que la utilización del término «preso político» sea castigado penalmente. A su juicio, emplear esta terminología supone «defender a ETA», por lo que ha exigido que «el negacionismo a términos terroristas» sea incluido en el Código Penal.

Desde las filas de EH Bildu, cuyos parlamentarios han portado camisetas a favor del muro popular, Julen Arzuaga ha recordado las últimas aportaciones de Amnistía Internacional sobre los presos, al tiempo que ha criticado la «justicia de mala calidad» que se aplica en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

Tras constatar que el colectivo de presos vascos recibe un tratamiento diferenciado por parte de las instituciones españolas, ha defendido la libertad de expresión y ha solicitado que prevalezcan la palabra y las ideas por encima de las prohibiciones.

Desde el PNV, Maribel Vaquero ha invitado a todos los partidos presentes en el Parlamento autonómico a dejar a un lado «el teatro», y a participar en este tipo de debates de forma «honrada». La formación jeltzale ha planteado que este tipo de cuestiones sean debatidas en la Ponencia de Paz y Convivencia y ha tendido la mano a PP y UPyD para que se sumen a la misma.



Con esta omisión, el PNV le da un peso en las instituciones a los partidos del españolismo que estos no obtienen en las urnas, especialmente en lo que respecta a UPyD y el PP.

Y es que en este caso, los que llenan las mazmorras de ciudadanos vascos por defender sus ideas y sus derechos políticos son precisamente quienes alegan que no están allí por esas razones.

No podemos olvidar ni por un momento que esto ha sucedido a dos años de que se abriera el proceso de paz tras la Declaración de Aiete, mismo que ha sido sustentado por el DDR de ETA.

Torcidamente kafkiano.






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200 Espadas de Damocles

¿A qué punto llega la locura del frenesí represivo del españolismo en contra del pueblo vasco?

Solo leán esto que nos reporta Gara para que tengan una idea más clara:


Los muros de Ondarroa y Donostia han puesto de relieve un problema pendiente y que está muy extendido. Más de 80 son jóvenes a los que se llevará al banquillo por militar en Segi.

Ramón Sola

El escenario abierto por la decisión de ETA de abandonar definitivamente la lucha armada, hace ya diecinueve meses, ha estado muy marcado hasta ahora por el bloqueo en la cuestión de los presos, pero en las últimas semanas emerge con fuerza otro problema paralelo: la persistencia de juicios y encarcelamientos por procesos políticos. La resistencia popular a las detenciones del Boulevard de Donostia y la Alameda de Ondarroa ha puesto el foco sobre este asunto, que la mayoría de los partidos quieren presentar como un mero trámite, pero cuyos gravísimos efectos quedan a la vista si se repara en las cifras.

Eleak está ultimando un listado con los procesos políticos pendientes de resolución, pero según ha avanzado a GARA en ellos están afectados directamente unos 200 ciudadanos vascos, procesados exclusivamente por su actividad política en distintos organismos y movimientos. En la actualidad, en torno a 125 de ellos se encuentran en prisión, o bien preventiva o bien cumpliendo condenas de la Audiencia Nacional que están recurridas ante instancias superiores. Se les suman por ejemplo los cinco dirigentes condenados por el «caso Bateragune», que ahora revisará el Tribunal Constitucional.

Algunos de los casos todavía pendientes de juicio se remontan al año 2002. Es el caso del de las herriko tabernas o sumario 35/02, de modo que personas como Idoia Arbelaitz, Rufi Etxeberria, Jon Gorrotxategi, Juani Lizaso, Agustín Rodríguez... llevan más de once años sometidas al proceso judicial.

Este asunto podría ser juzgado por la Audiencia Nacional en la segunda mitad de este año, con lo que casi 40 personas se sentarían en el banquillo. Y también es posible que antes de acabar 2013 se lleve a vista oral un macroproceso contra la juventud independentista que conllevará un número similar de acusados y que tiene como punto de partida las 34 detenciones en una misma noche del 24 de noviembre de 2009.

Segi y Batasuna

Esto hace que Segi y Batasuna se hayan convertido en las dos organizaciones con mayor número de perseguidos penalmente, en ambos casos por su mera actividad política, convertida por las FSE y la Audiencia Nacional en presunto delito de «integración» o «colaboración» con ETA. En diversos procesos pendientes aparecen al menos 82 jóvenes a la espera de juicio por militar en Segi y más de 70 por hacerlo en Batasuna. Aquí sobresale también el proceso abierto a los detenidos en Segura en octubre de 2007, redada que alcanzó a 23 personas en un solo día.

Eleak constata también que hay casi una veintena de vascos pendientes de procesos abiertos en relación con Ekin. Y la lista se completa con los sumarios aún pendientes de resolución contra abogados, Askapena, EHAK, ANV, Askatasuna, Apurtu...

La cita más inmediata era la revisión en el Supremo del caso de cinco jóvenes de Iruñerria condenados a seis años por la Audiencia Nacional bajo la acusación de militar en Segi o Ekin. Sin embargo, la vista, que estaba prevista para el 28 de mayo, se ha aplazado, aunque se mantiene la reunión abierta en la Txantrea el día 23. Se trata de Mikel Jiménez, Xabier Sagardoi -liberado el pasado domingo-, Maider Caminos, Aritz Azkona y Luis Goñi.

Tras lo ocurrido en Ondarroa, este movimiento en defensa de los derechos civiles y políticos ha felicitado a todos los implicados en defensa de Urtza Alkorta. Apunta que tras lo de Donostia o antes Orereta y Gasteiz, «se ha dado un paso más, pero obviamente no es suficiente. Necesitamos seguir haciendo camino, profundizando en iniciativas cada vez más masivas, más desobedientes, más populares y contundentes». Para ello proponen «tejer entre todos redes desobedientes, que organicen y protejan a personas en riesgo por la aplicación de leyes injustas».

«Un buen gobernante no cumple leyes injustas», le dice Garitano a Urkullu

Los sucesos de Ondarroa tuvieron una amplia resaca política ayer en distintos foros, sobre todo en el Parlamento de Gasteiz. Pero también en los medios. Así, en una entrevista a Radio Euskadi el diputado general de Gipuzkoa por Bildu, Martin Garitano, negó que la izquierda abertzale «tensione inútilmente a la sociedad», como sostuvo el lehendakari. Y también respondió a la afirmación de Iñigo Urkullu de que a los responsables institucionales les compete aplicar las leyes. Garitano le replicó que «un buen gobernante no cumple leyes injustas».

La afirmación fue contestada a su vez por el portavoz del PNV en la Cámara de Gasteiz, Joseba Egibar. Dijo que el debate al respecto en su partido ya está superado hace tiempo y acabó determinando que la Ertzaintza sería «policía integral», por lo que entiende que está obligada a hacer este tipo de detenciones.

Por la misma sala de prensa del Parlamento pasaron los parlamentarios de EH Bildu, que vestían camisetas con el lema «Herri harresia aurrera». Julen Arzuaga hizo de portavoz en una rueda de prensa en la que recalcó el mensaje lanzado ya por Mintegi en Ondarroa: que Urkullu tiene que elegir entre «legalidad y legitimidad».

Sin citar expresamente el término «cipayos», Arzuaga puso de manifiesto que la detención de Ondarroa hizo recordar «un momento histórico en la India colonial bajo el Imperio británico en el que la Policía autónoma reprimía y golpeaba a gente que realizaba protestas absolutamente pacíficas».

«Pedimos coherencia al Gobierno de Urkullu porque esto no se puede repetir. Le pedimos una decisión acorde con los nuevos tiempos», apuntó Arzuaga.

EH Bildu ha solicitado la comparecencia de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para que explique la actuación de Ondarroa. En realidad, esta demanda se ha convertido en general, porque también la han hecho, por razones justamente contrarias, PP y UPyD. Gorka Maneiro pretende también que acuda a la Cámara la titular de Cultura, Cristina Uriarte, para que dé cuenta del tratamiento informativo de EiTB, que UPyD vio demasiado blando.

En cuanto al PSE, José Antonio Pastor anunció otra iniciativa, esta vez dirigida a Urkullu. Le preguntarán si es cierto que Beltrán de Heredia contactó con Mintegi a primera hora de la mañana para hablar del operativo y si, en consecuencia, «le invistió de determinada autoridad» a la hora de controlar su desarrollo.

«No acabamos de entender que una parlamentaria, por muy de EH Bildu que sea, se pueda permitir el lujo de intentar condicionar las actuaciones de los responsables del operativo de la Ertzaintza como si no estuvieran establecidos claramente los protocolos de actuación», añadió el portavoz del PSE.






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