Guardias Civiles Nostálgicos

Han intentado tapar el sol con un dedo pero esa nostalgia por el franquismo no solo abarca a los integrantes de la Guardia Civil, son muchos otros los que añoran la impunidad con la que se conducían en aquellos tiempos cuando no había que guardar ciertas formas frente a la comunidad internacional.

Que si hay que promover y defender los derechos humanos, que si torturar no es conducirse éticamente, que si censurar la libertad de expresión es políticamente incorrecto...

Aquí lo que se nos reporta hoy desde inSurGente:

Guardias Civiles denuncian que algunos de sus mandos anhelan a Franco

Lo dicen los propios guardia civiles, agrupados en la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), que tiene el 40 por ciento de afiliación entre los agentes destinados en Bizkaia. Son ellos los que en una rueda de prensa han pedido que se realicen estudios psicológicos de los mandos para valorar si están en condiciones o no de ejercer su cargo.

Según la asociación, muchos de los mandos deberían abandonar el Cuerpo porque “no están regidos por parámetros democráticos y son un peligro para la ciudadanía”.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT Euskadi en Bilbao, el secretario general de la UniónGC, Manolo Mato, ha asegurado que la situación en Bizkaia es “lamentable”.

“Hay un número importante de mandos con taras psicológicas muy importantes, tal vez arrastradas desde las épocas duras del terrorismo”, dijo.

“De puertas para afuera de la Comandancia, había, hasta hace no mucho, terrorismo de ETA, pero, de puertas para dentro, estamos sometidos a otro terrorismo, al de muchos mandos que están trasnochados, no se han adecuado al Estado de Derecho, que añoran tiempos pasados y algunos de ellos todavía sueltan lindezas como ‘Esto con Franco no pasaba’”, añadió.

El portavoz de este grupo de la Guardia Civil ve por tanto “urgente” que el Estado “depure a esta gente” para que abandone la Guardia Civil porque “no están regidos por parámetros democráticos y son un peligro para la ciudadanía”.

“Desde que ETA proclamó su alto al fuego, empezaron a aumentar las presiones (…) ya no hay tanto terrorista ni kale borroka que perseguir, y se persigue a los guardias civiles”, señaló.

Mato ha denunciado el “nivel de enchufismo ilegal” que existe en la Comandancia de Bizkaia, que “se impulsa con plazas de libre designación, a dedo, muchas de ellas regidas por la obediencia ciega, lo que es un riesgo en un estado democrático, sobre todo, cuando tenemos todavía en la Guardia Civil gente trasnochada que echa de menos oscuros pasados”.

Como ejemplo, ha explicado que en Gernika, una unidad compuesta por alrededor de 40 efectivos, hasta abril de 2013 “el 30 por ciento de los agentes estaban expedientados por faltas graves”, cuando en el resto del territorio estatal “lo que más hay siempre son las faltas leves”.

Según ha explicado, “no ir afeitado al trabajo, que puede ser una falta leve en el conjunto del Estado”, en Bizkaia “aparece como una falta grave”, y hay ya “más de 20 expedientados por faltas graves y dos leves en lo que va de año”.

En el caso del puesto en el Aeropuerto de Loiu, Mato ha explicado que se han presentado dos denuncias penales contra los mandos “por abuso de autoridad”.

En el caso de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, ha dicho que “ha habido un enfrentamiento entre el Subdelegado y altos mandos” porque el primero dijo que Bilbao “no era una zona de guerra y, por tanto, no quería en la Subdelegación un coche de la Guardia Civil en el exterior ni guardias civiles portando fusiles de asalto”.

Según Mato, los mandos “accedieron a retirar el vehículo, pero han seguido manteniendo guardias con fusiles de asalto en las inmediaciones, por lo que el subdelegado tuvo un enfado importante y tuvo que imponerse a las bravas”.

Además, ha explicado que les han trasladado una orden para que “no se proceda a la detención de ningún cargo político sin que esté en conocimiento de la Dirección de la Guardia Civil con una semana de antelación”.

“Si mañana hay que detener a un miembro del PP, una semana antes de ser detenido será conocido por el poder político del Estado. Si hay que detener a un político del PNV, una semana antes lo sabrá el Gobierno de Madrid. Que cada uno piense lo que quiera, pero esto nos parece un atentado al Estado de Derecho y a la independencia de las investigaciones”, finalizó.

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Placer | Otra Economía

Si usted cree firmemente que la humanidad puede optar por otro modelo de producción de satisfactores (bienes de consumo) y de consumo, entonces le recomendamos leer este texto dado a conocer en Gara:

Otra economía, otra forma de vida

Cuando acaban de celebrarse las V Jornadas de Herria 2000 Eliza, Félix Placer hace un repaso de las experiencias de crítica y creación de alternativas al sistema capitalista que se relataron en Gasteiz. Experiencias que «alientan la esperanza de otra economía y de otra forma de vida», y desde las que se pidió «como exigencia ineludible, que la sociedad y, en especial, las clases expoliadas, reaccionen y se organicen para construir un poder alternativo y popular».

Félix Placer Ugarte | Herria 2000 Eliza

El sistema capitalista neoliberal domina el mundo e impone sus leyes a pueblos y estados generando una creciente injusticia, exclusiones masivas, falta de empleo, pobreza globalizada. Su tiranía ha esclavizado a gran parte de la humanidad al servicio de sus intereses a costa de los más débiles. La corrupción es una constante depredadora que permite enriquecerse a quienes ostentan el poder financiero, político y mercantil «causante de la injusticia mundial que condena a subsistir en condiciones infrahumanas a gran parte de la humanidad y genera permanente precariedad, pobreza y dependencia», concluían las V Jornadas de Herria 2000 Eliza celebradas hace unos días en Gasteiz.

El imperativo neoliberal capitalista -«cuando algo produce beneficio hay que hacerlo»- que ha generado todo tipo de egoísmos, avaricias, individualismos, insolidaridades, conduce sin escrúpulos los intereses de quienes dominan y manejan los hilos de la economía mundial y local y tratan de engañar a la sociedad con promesas de un falso progreso que genera cada día más pobreza.

Euskal Herria sufre también las consecuencias de la llamada crisis económica en sus derechos y calidad de vida. La falta de empleo aumenta, la precariedad se extiende, los desahucios continúan; miles de familias, de las cuales bastantes se encuentran en paro total, llegan difícilmente a fin de mes.

En consecuencia, la situación socioeconómica local y mundial cada vez más preocupante y sus perspectivas negativas llevan a la constatación de que nos encontramos ante el final de un ciclo cultural, político y económico. Es urgente, por tanto, enfrentarse al actual sistema capitalista, proponer y realizar alternativas transformadoras.

Efectivamente, desde la denuncia teológica de un sistema radicalmente inhumano (F. Placer) y la corrupción de estructuras y personas (Patxi Urrutia del colectivo Kontuz de Iruñea), solamente una economía solidaria (Juan Carlos Pz. de Mendiguren), puede lograr una regeneración ética política y económica. Para ello, en las citadas jornadas se han presentado proyectos y realizaciones alternativas en Euskal Herria que conducen hacia nuevas formas de producción, de trabajo, de consumo, de relación basadas en nuevos valores y estilos de vida solidarios. Es la única alternativa válida al sistema imperante, concluían dichas Jornadas, cuyo tema general era: «otra economía, otra forma de vida».

Desde su experiencia en Euskal Herriko Nekazal Elkartasuna, Patxi Gaztelumendi presentó las opciones de una auténtica alternativa que pasa por crear una sociedad activa, asentada y enraizada en el funcionamiento y en la propiedad comunitarios; frente al individualismo dominante impulsa el comercio de proximidad y solidario trabajando cooperativamente por la soberanía alimentaria de nuestro territorio y la supervivencia del sector primario. Leire Saitua y Eider Larripa, de Auzolan ekimena, Foro de Coordinación y Cooperación que dinamiza la puesta en marcha de Grupos y Proyectos Auzolan en el conjunto de municipios de Euskal Herria, describieron experiencias de autogestión que promueven valores de trabajo comunitario, para lograr la emancipación individual, colectiva, social y nacional, en Euskal Herria.

Hoy día el sistema financiero es el corazón de la máquina capitalista y de su riqueza acumulada, que daría para vivir todos dignamente si se distribuyese con equidad. Es, por tanto, urgente y necesaria una banca que ponga los ahorros y el crédito al servicio de las necesidades de los ciudadanos; que sea transparente, con control y participación social, semilla de una «nueva economía». Peru Sasia, de Banca Etica Fiare, presentó las líneas de esta red de personas y organizaciones, cuyo objetivo consiste en crear alternativas dentro del mercado financiero para construir una economía con otros valores, al servicio de una sociedad más justa.

Desde estas experiencias positivas que alientan la esperanza de otra economía y de otra forma de vida se pidió en las citadas jornadas, como exigencia ineludible, que la sociedad y, en especial, las clases sociales expoliadas, reaccionen y se organicen para construir un poder alternativo y popular; que se abran a estilos de vida que fomenten la solidaridad y democracia en todos los órdenes. La desprestigiada clase política debe regenerarse, promover desde la ética un sistema económico y de finanzas, mercados y empresas al servicio de las personas y de las clases más desfavorecidas en una democracia participativa.

Por supuesto, también las instituciones, grupos y organizaciones, y en especial la Iglesia católica, deben denunciar las injusticas y corrupciones generadas por el sistema vigente e impulsar iniciativas y realizaciones que contribuyan a una trasformación social liberadora con sus luchas solidarias, con reivindicaciones y también, por supuesto, con la próxima huelga general.

La denuncia debe ir unida al fortalecimiento de la conciencia de la clase trabajadora organizada, que promueva y experimente procesos de democracia directa y autogestionada. Es imprescindible reivindicar una nueva fiscalidad que, además de luchar contra todo fraude y paraísos fiscales, impulse la banca pública y colabore con la banca ética, exija la prioridad de los servicios sociales y la participación ciudadana en los presupuestos para generar auténtico bien común.

Los jóvenes, tan marginados dentro de la actual situación en sus iniciativas y experiencias prácticas, en su derecho al trabajo, son imprescindibles para un nuevo modelo social; también el trabajo doméstico, realizado todavía hoy en su mayoría por mujeres, es preciso que sea tarea corresponsable. Deben paralizarse macro proyectos que atentan contra el equilibrio ecológico, para construir un desarrollo solidario y un cuidado integral de la vida y un consumo responsable.

La esperanza y convicción de que otro mundo es posible, basado en la justicia y en la ética que genera la paz y convivencia en nuestro pueblo y en el mundo es un proyecto que solo se hará realidad en la medida en que lo construyamos enfrentando y cambiando el actual modelo explotador por otro mundo posible desde los valores éticos de libertad, equidad, justicia y democracia.

Todo ello solo será posible y factible si se suman fuerzas de los grupos -ha sido la invitación de Herria 2000 Eliza, en especial a cristianos de base- que trabajan en esta línea para avanzar en Euskal Herria y en el mundo con esperanza y también utopía hacia nuevos modelos económicos, soberanos y justos donde se realicen todos los derechos humanos de personas y pueblos.

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Trampas Presupuestadas

Desde Gara traemos a ustedes este escrito que nos parece importantísimo compartir con ustedes:

La trampa de los presupuestos participativos

Anatolia Centenos | Activista social

Desde hace años, y de una forma creciente, cada vez que se acerca el periodo de elaboración, debate y aprobación de los presupuestos de las diversas administraciones públicas, organizaciones sociales, populares y vecinales reclaman su participación. Es el caso de de la Plataforma por unos presupuestos participativos de Gasteiz o de las iniciativas y campañas de Elkartzen y otros colectivos contra la pobreza y la exclusión.

Más allá del debate siempre abierto sobre si la coparticipación con las instituciones o la llamada «democracia participativa» son instrumentos adecuados para el cambio social (transformación) o simples herramientas para su maquillaje (reforma), conviene fijar la atención en otra cuestión habitualmente olvidada: la escandalosa trampa que encierra en sí mismo el debate sobre los presupuestos.

El trabajo desarrollado en colectivos antimilitaristas y vecinales me ha llevado durante años a tener que analizar con detenimiento los documentos presupuestarios de las administraciones estatal y vasca (en busca de lo dedicado a gasto militar-policial), o de la municipal (partidas pretendidamente dedicadas a la «rehabilitación integral» del Casco Viejo). La conclusión a la que he podido llegar en todos los casos es rotunda: los presupuestos aprobados en las instituciones (declaración formal de en qué se piensa gastar el dinero público durante el año entrante) tienen poco o nada que ver con el gasto liquidado (lo realmente gastado a final del año), lo que habla bien a las claras de la nula validez del debate presupuestario. Algunos datos nos permiten ver la dimensión del asunto, y comprobar cómo la utilización torticera que se hace de esos documentos presupuestarios puede responder a distintos objetivos o estrategias.

Puede servir para camuflar la dimensión de un gasto que de cara a la opinión pública conviene al gobierno en cuestión presentar como menor del que realmente será. Ejemplo evidente de ello es el presupuesto del Ministerio de Defensa español para 2012, que en el momento del debate político para su aprobación se fijó en 6.316 millones de euros, mientras que la recientemente publicada liquidación (BOE del pasado 30 de marzo) desvela que lo realmente gastado han sido 9.066 millones. Esto es, nada más ni nada menos que un incremento del 43,5% sobre lo aprobado como presupuesto.

Pero la «magia presupuestaria» se utiliza también en sentido opuesto, es decir, para aparentar que se ha gastado más de lo que realmente se ha hecho. Un ejemplo claro de ello (de los muchos posibles) es el de las inversiones realizadas en el Casco Viejo gasteiztarra durante la legislatura de Lazcoz. El grupo municipal del PSE, tanto en sus años de gobierno como aún en la actualidad, no se cansa de jactarse de que durante esa legislatura invirtieron 20 millones anuales en el Casco. Y si simplemente hacemos caso a lo que figura en los presupuestos aprobados, es verdad. El problema está en que más de la mitad de lo presupuestado no se ejecutó (por ejemplo, lo destinado al Zain, al Polideportivo de El Campillo, al Gasteiz Antzokia, al Museo de la Pelota, el ascensor en la Cuesta de San Francisco, al parking de El Campillo...). Es decir, se presupuestaron, pero realmente no se invirtieron, porque no se ejecutaron. Pero ellos siguen apuntándose ese «tanto» falso.

Ninguna de las dos actuaciones descritas supone una ilegalidad contable, pero sí un fraude político. Sin embargo, mientras que en la presentación presupuestaria (lo que decían que se iban a gastar) hubo un debate político institucional (y en los medios y en la calle), no ha habido nada parecido sobre lo ejecutado, esto es, lo realmente gastado, cuando, como hemos visto, la diferencia entre una cuestión y otra es abismal.

Llegando a este punto parece obvio que, o se cambia la normativa existente para que estos desfases entre lo prometido presupuestariamente y lo realizado no puedan suceder (al menos en esa medida) o se cambia el debate político público y mediático, y se realiza al conocerse los datos sobre lo realmente ejecutado.

Por eso pienso que, mientras nada de esto suceda, la exigencia social, vecinal y popular sobre los «presupuestos participativos» yerra en su objetivo y, sin pretenderlo, avala la maniobra tramposa de fijar la atención sobre lo que en buena parte no es sino propaganda política (lo que se dice que se va a gastar, lo presupuestado). No resulta extraño por ello que cada vez más instituciones se muestren abiertas a los «presupuestos participativos», pues sería una forma de incorporar al sector crítico a la «farsa presupuestaria». Antes de reivindicar participar en esa «trampa presupuestaria» habría que exigir que se acabe con ella.

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Entrevista a Carlos Slepoy

Desde Gara traemos a ustedes esta entrevista donde se pone de manifiesto el contubernio del franquismo borbónico con el franquismo.

Lean:

"Las videoconferencias que no se celebraron se harán directamente ante la jueza"

Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1949, Carlos Slepoy tiene una historia ligada a la lucha contra la tiranía y la impunidad. Poco después de obtener el título de abogado fue arrestado y encarcelado por la dictadura impuesta en el país latinoamericano entre 1976 y 1983. Pasó 20 meses en prisión. Posteriormente se exilió en el Estado español. Ha ejercido como letrado en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón contra el régimen de Rafael Videla. Ahora representa a víctimas del franquismo en el proceso judicial argentino.

Alberto Pradilla

Las presiones del Gobierno español lograron paralizar la declaración de tres víctimas del franquismo desde el consulado argentino. Carlos Slepoy, abogado de los querellantes, confía en que el proceso abierto por María Servini de Cubría siga adelante.

La paralización de las declaraciones de tres testigos supuso un jarro de agua fría para las víctimas del franquismo. ¿Por qué el Gobierno español tan preocupado ante la causa abierta en Argentina?

Han existido presiones por parte del Gobierno español desde el principio. Por primera vez quedan de manifiesto. Además de la frustración, esto demuestra que la querella les está preocupando. Por varios motivos. Uno, porque demuestra universalmente la impunidad del franquismo. Otro, porque cada vez tiene más apoyos. Y un tercero, porque temen los escritos de acusación que hemos presentado, que se sucedan muchos otros y se convierta en una verdadera procesión de gente que vaya a Argentina a declarar. Ellos quieren, vanamente, intentar garantizar que no se abra ninguna fisura en la impunidad.

¿Cómo valora el papel de la Embajada argentina?

Hemos tenido la sorpresa de que la Embajada argentina fue sensible a la presión. El embajador me transmitió que temía que la videoconferencia pudiese ser anulada, algo que no tiene ningún fundamento. En todo caso, expresó el compromiso de respetar la independenica judicial. Confiamos que en el futuro no nos encontremos con estas situaciones. Este tema, además, ha avivado el deseo de más gente de viajar a Argentina. Tanto víctimas como legisladores y alcaldes. En principio, esperamos viajar a finales de este mes. Así, las videoconferencias que no se celebraron se harán directamente frente a la jueza. El objetivo es terminar con la impunidad. Que por fin haya un juez que se atreva a desdecir al Tribunal Supremo español y a las instancias políticas y judiciales españolas para que, finalmente, se abra el camino. Esto que parece lejano también lo parecía en Argentina. Y se logró. Algunos jueces y fiscales, al calor de las investigaciones abiertas en distintos países, especialmente por la Justicia española, empezaron a plantear que no era posible que estos señores fueran investigados en otros estados y no en Argentina. Y declararon nulas la ley de la inmunidad. Queremos producir el mismo fenómeno.

¿Veremos la detención de Rodolfo Martín Villa u otros representantes del franquismo?

Confío en que sí, aunque será la jueza la que tenga que decidir.

La Justicia española sí que abrió una causa contra la dictadura argentina. Ahora se niega a que Buenos Aires investigue el franquismo. ¿No evidencia un carácter colonialista?

La jurisidicción universal es de las víctimas. El procedimiento en Argentina lo demuestra. Es un país teóricamente periférico y, sin embargo, está ejerciendo su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el Estado español. Decir que no puede hacerlo cuando Madrid lo hizo es un argumento de tipo colonialista. El principio de jurisdicción universal es el más alto ejemplo de la solidaridad entre los pueblos.

Algunos de los acusados tienen relación directa con el PP.

Obviamente, está en contra de la querrella. Por ideología, porque son herederos ideológicos del franquismo, muchos provienen de él, entre los imputados hay gente muy ligada a ellos. El PP es el partido de los vencedores en la guerra civil y la dictadura. Muchos de los responsables están muertos. Sin embargo, otros siguen vivos. En el Estado español se cometió uno de los mayores genocidios del siglo XX. Que este régimen atroz haya salido impune es una cosa lacerante.

¿Hasta cuándo cree que se puede alargar el proceso?

Lo que tenga que durar. Si alguna vez se empieza a hacer justicia en el Estado español, no se archivará el procedimiento, pero dejará de tener tanta trascendencia. Si no, nuestra previsión es que vaya creciendo.

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Basterra | Reunión de Pastores, Oveja Muerta

La sabiduría popular no se equivoca, tal como nos muestra Juanjo Basterra con este texto en Gara:

Reunión de pastores, oveja muerta

Juanjo Basterra | Periodista

Ese es uno de los dichos populares. Este lunes el lehendakari Urkullu se va a reunir con las quince empresas vascas más internacionalizadas para definir la estrategia en el exterior. Otra fotografía más, para dar apariencia. Nada más.

Estarán Aernnova, Grupo Arteche, Etxetar, CAF, CIE, Gamesa, Gestamp, Iberdrola, Idom, Ingenteam, ITP, Mondragon, Sener, Tubacex y Velatia. Estas empresas ganan más fuera que aquí, en este momento. Sin embargo, algunas de ellas, destruyen más empleo aquí.

Vista la situación, me gustaría trasladar a Iñigo Urkullu algunas preocupaciones en torno a esas empresas internacionalizadas para que les ponga en algún aprieto.

Una inquietud fundamental es si van a dejar de destruir empleo para tener más beneficios, para unos pocos; si en el exterior respetan las relaciones laborales y pondrán fin a prácticas explotadoras, como denuncian algunas ONGs que miran más allá del beneficio por el beneficio. Será una buena oportunidad para decirle a Iberdrola que abandone los paraísos fiscales, porque intuimos la razón de la residencia de filiales en esos lugares opacos al control de las haciendas. También le puede preguntar si su subcontrata de atención telefónica Konecta BTO va a continuar desmantelando la planta de Enkarterriak. A CAF pregúntele si no va a reconocer el daño que ha hecho con la utilización del amianto y pídale que de el paso para que los afectados, algunos muertos ya, no tengan que desfilar por los juzgados y escuchar inmerecidos argumentos de mercenarios que defienden a la empresa.

Podría continuar, pero relacionado con todo esto, días atrás la secretaria general de Confebask, Nuria López de Gereñu, aseguro que el problema de la negociación colectiva con los sindicatos esta en que estos se han quedado sin la llave de la negociación. Y, por supuesto, la patronal vasca no va a renunciar a la reforma laboral: un regalo de Gobierno del PP y que esta haciendo un daño tremendo a los trabajadores.

La llave de la negociación colectiva siempre la han tenido los empresarios, que no se haga la lista la secretaria general de Confebask, lo que ocurre ahora es no solo tienen la llave, sino también la posibilidad de cambiar de criterio cuando les parezca. Y, ¡ya sabemos cómo son!

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Ceterum Censeo Monarchia Esse Delendam

Les invitamos a leer este texto con el que su autor pone de manifiesto toda la podredumbre del régimen español, especialmente de su institución más española por excelencia, su monarquía.

El mismo ha sido publicado por Gara, aquí lo tienen:

Manuel Millera | Miembro de Attac Navarra-Nafarroa

«Delenda est Monarchia»

Es un famoso artículo de Ortega y Gasset publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario «El Sol». Después de apoyar el golpe de estado de Primo de Rivera, el abuelo intentó aparentar normalidad constitucional con el Gobierno del general Berenguer. El filósofo exhortó al pueblo, explicando que aquello era un error y eran ellos, la ciudadanía de la calle, quienes debían crear un nuevo régimen: «Nuestro estado no existe, reconstruidlo». Cinco meses después, salía en su Duesenberg de lujo a toda velocidad hacia la Roma de Mussolini, vía Cartagena, repudiado por sus súbditos, reconvertidos en su dignidad. Tenía 140 millones, y no esperó ni a su esposa ni a sus dos hijos. Diez años después murió tras haber donado alguno de estos millones a Franco para el alzamiento militar.

Según el INE, la vida media de una persona en el Estado español es de unos 83 años. Pues bien, se cumple más o menos esta cifra desde entonces. Es hora de un cambio de ciclo. Las palabras monarquía y democracia juntas se han convertido en un oxímoron, una contradicción en sí misma. La terrible lacra del paro afectará pronto a la familia. Los ciudadanos Juan Carlos y Felipe dejarán su trabajo para sumarse a las listas del INEM.

No es el caso Noos, ni la cacería de Botswana. No es Corina o la lista interminable de amoríos, ni el privilegio del hermano pequeño sobre sus dos hermanas mayores. No es que haya sido nombrado por un dictador, ni que el hermano de su esposa haya sido echado de Grecia. No es que según los papeles de Wikileaks haya sido confidente de los EEUU o que haya pasado por encima de su padre y su hermano para conseguir sus ambiciosos objetivos. Aunque todo ayuda, claro. Es, sobre todo, la conjunción de dos factores: el final de la censura junto a la llegada de la crisis (léase estafa). El sentido común de la calle ha dejado de aceptar que mientras sube el nivel de pobreza, haya una minoría de cargos que aprovechando sus puestos aumenten su riqueza personal y familiar.

La caída del elefante sobre el portalón del castillo rompió hace un año de un trompazo las cadenas que lo cerraban, aireando el mal olor de un habitáculo podrido.

Muchos piensan que el Jefe del Estado es la principal cabeza de un régimen corrupto. Que el yerno solamente hizo lo que vio. Que una fortuna valorada en 1.800 millones no se consigue con un sueldo, por muy bueno que sea, cuando llegó aquí con lo puesto. Porque a la corona le hace falta el apoyo del pueblo, por hacerle algún servicio o cuando menos caerle simpática; pero al pueblo no le hace falta ninguna corona. Incluso su principal baza popular, el 23-F, está siendo puesta en duda por muchas voces autorizadas. Durante la transición ha funcionado una norma no escrita sobre el tabú, sostén impagable. Varias biografías no autorizadas han sorteado los canales de distribución para poder ser leídos en pequeños círculos. En ellas se pone de manifiesto que todos los amigos del campechano están o han estado en la cárcel: Ruiz Mateos, Mario Conde, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, etc. Pero hasta aquí llegó la paciencia. La III República llegará. Tardará un año, un lustro o una década tal vez, pero llegará; y no traída por socialistas, comunistas o anarquistas. Cuando la censura ha bajado, la propia familia se ha bastado para deslegitimarse.

Según mi humilde opinión, la cuestión ahora no es monarquía o república. La república no traerá por sí misma la cancelación de la deuda, la dación en pago, o los derechos sociales anulados, por ejemplo, aunque es cierto que la corona es muro de contención para el avance de las demandas sociales. La cuestión es, si la ciudadanía será capaz de asumir su propio destino, mediante el derecho a decidir sobre la res pública, la cosa pública.

La cuestión a mi modo de ver es qué sociedad queremos, si va a estar unida a una sociedad más justa o si la relación de fuerzas va a seguir igual que ahora. Si los banqueros a través de la troika, van a seguir dictando las normas o no. Si la gente va a seguir perdiendo viviendas, sanidad, educación y derechos sociales o no. Si la Iglesia y el Ejército van a seguir con sus privilegios o no. Si Catalunya o Euskadi podrán decidir o si los crímenes del franquismo podrán ser juzgados. Francamente, si el primer presidente de ese futuro régimen va a ser Rajoy, Rosa Díez o Gallardón, para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. Otra cosa sería alguien como Sampedro, Vicenç Navarro o Santiago Alba, un intelectual reconocido por poner encima valores humanos y sociales sobre los económicos, para liderar un proceso constituyente. Una generación de políticos que no nos representan debe pasar al olvido, en Navarra, Madrid y Bruselas.

Es un debate actual si el rey abdicará en su hijo para salvar la familia o preferirá seguir en el cargo. Tal vez olvidan que si abdica, pierde la inmunidad y podría ser juzgado por los presuntos delitos que pudiera haber cometido. ¿Se va a exponer a ello? La ciudadanía no es cruel, en principio, y no pretende guillotinar a nadie. El ciudadano Juan Carlos podría vivir dentro de las fronteras, si acata las normas generales de convivencia. Pero podemos preguntarnos, legítimamente, si la ola de preguntas que ha comenzado podrá detenerse en cuanto abdicara en su hijo, si es que lo hace.

Si Ortega levantara la cabeza volvería a afirmar: «Nuestro estado no existe, reconstruidlo». Esta es nuestra misión: ser protagonistas de nuestro destino, el nuestro y el de las generaciones venideras. Si no lo hacemos nosotros y nosotras, algún otro líder demagogo, populista y chillón podría tomar nota. Como decía Catón el Viejo, de su enemigo Cartago en las guerras púnicas: Delenda est Monarchia.

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Ondarroa Arropa a Urtza

La situación en Ondarroa es tensa.

Un pueblo entero está volcado por entero para arropar a la joven Urtza Alkorta.

Madrid babea ante la oportunidad de poner sus garras sobre ella y Gasteiz no parece entender lo que sucedió en el Palacio de Aiete en el 2011.

Les invitamos a leer este reportaje de Gara:

Instan al PNV a situarse junto a los que se oponen a las detenciones

Los participantes en el muro popular de Ondarroa emplazaron ayer al PNV a situarse junto a quienes se oponen a las detenciones y a abandonar la actitud de recibir órdenes de «los que quieren obstaculizar el camino hacia la paz». Respondieron de este modo a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien el sábado declaró que la Ertzaintza procederá a detener a Urtza Alkorta cuando lo estima conveniente desde el punto de vista operativo.

Los participantes en la acampada que está teniendo lugar en Ondarroa para formar un muro popular para impedir la detención de Urtza Alkorta respondieron ayer a la consejera de Seguridad del Gobierno de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, que el sábado manifestó que la Ertzaintza procedería a realizar el arresto cuando lo considerara conveniente desde el punto de vista operativo.

«Para nosotros no hay momento adecuado. En estos nuevos tiempos, el PNV tendrá que decidir si quiere seguir en el camino de las detenciones o estar con los que estamos trabajando para construir la paz en Euskal Herria», destacaron.

Ante esta situación, hicieron un doble emplazamiento. En primer lugar, se dirigieron a quienes piensan que este tipo de detenciones sobran y que suponen un obstáculo. «¡Evitemos la detención de Urtza! Es necesaria la presencia de todos en el muro popular. Puede ser cuestión de horas la detención de Urtza. Por tanto, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía. ¡Es tiempo de vaciar las cárceles, no de más detenciones! Acudid a Ondarroa a participar en el muro popular», señalaron.

Además, se dirigieron directamente al PNV. «Habéis dejado claro que la Ertzaintza cumple órdenes. Sin embargo, creemos que el PNV tiene que optar entre cumplir órdenes impuestas por los que quieren obstaculizar el camino hacia la paz o ser impulsor de ese nuevo tiempo de paz. ¿Dónde se sitúa el PNV? ¿Está dispuesto a cumplir las órdenes de Madrid y del PP?».

Tras recordar que la única prueba contra Urtza Alkorta es una autoinculpación firmada bajo tortura, preguntaron si «para el PNV esta autoinculpación es suficiente para encarcelar a Urtza».

«Si el PNV quiere, tendrá su sitio en el muro popular. Entre todos, todo será más fácil. Por lo tanto, nuestro emplazamiento es directo. Dejad a un lado la colaboración con los que quieren llevar el proceso de paz a un túnel sin salida y venid al muro popular junto a los que, en estos momentos, apostamos por unas soluciones pacíficas», añadieron los participantes en la acampada de Ondarroa.

Alertan de que la Ertzaintza puede llegar en cualquier momento

El anuncio de que furgonetas de la Ertzaintza habían salido de Iurreta con la intención de dirigirse a Ondarroa encendió ayer todas las alarmas en la localidad costera. Sonaron las sirenas y, casi de inmediato, cientos de personas salieron a las calles para construir el muro popular frente a la detención de Urtza Alkorta.

Los agentes de la Ertzaintza no aparecieron ayer por la tarde en Ondarroa, pero la respuesta obtenida ante la alerta fue valorada muy positivamente por los organizadores de la acampada.

En este sentido, destacaron la importancia de mantener la tensión reivindicativa que se ha mantenido a lo largo de todo el fin de semana en Ondarroa, ante el riesgo de que el operativo de la Ertzaintza para detener a Alkorta se ponga en marcha en cualquier momento

La experiencia de Aske Gunea de Donostia indica que los agentes podrían llegar de madrugada, por lo que destacaron la importancia de mantener un número importante de personas solidarias que se queden a dormir en Ondarroa.

Durante la jornada de ayer, fueron cientos de personas las que participaron en los actos organizados en Ondarroa. Unas 400 fueron las que durmieron en tiendas de campaña del sábado al domingo. Esta noche han sido más de 150.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, fue uno de quienes ayer mostró en Ondarroa su apoyo a quienes participaban en la formación del muro popular, destacando que se trata de «una iniciativa ejemplar que muestra a un pueblo en marcha por la paz y su futuro».

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Egaña | ETA y WhatsApp

Leer para creer.

Nos han hecho llegar este artículo de Iñaki Egaña por correo electrónico:

El retorno de ETA a través de un WhatsApp

Iñaki Egaña | Historiador

Cualquier investigación que se precie debe aclarar sus fuentes y seguir un método que otorgue credibilidad al mismo. En los medios serios, pocos por cierto, hace tiempo que circula la máxima que «las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias».

ETA declaró el cese de su actividad armada de forma rotunda, afirmó que no amenazará el proceso e incluso que no se sentará en una mesa de negociación política. Un hecho extraordinario. Y, sin embargo... la campaña de pruebas que desdicen esa decisión, nada extraordinarias, insustanciales, no hace sino crecer. Para presentar un escenario bélico que justifique una trayectoria. La de la negación de derechos democráticos, origen del conflicto.

El brote de esta evidentemente campaña planificada tiene visos de proceder del CNI (a pesar de que «El País» edulcoró su posición en un artículo reciente en el que eludía su responsabilidad en la manipulación). El centro que depende de Defensa tiene suficientes influencias para que sus decisiones parezcan surgidas de otros medios. Históricamente ha marcado la estrategia española y no hay indicios de que se haya retirado de su posición hegemónica.

El árbol del que han surgido las ramas de la manipulación ha sido el reciente informe de Europol: "Terrorism situation and trend report. 2013". A partir de ese estudio supuestamente científico, los medios subordinados han ido creando un imaginario tremendamente débil pero con vocación de eficacia: desplegar la idea de una vuelta al conflicto en parámetros bélicos. El objetivo: ganar a la opinión pública en su posición antidemocrática en un escenario sin ETA. Las recientes detenciones han ahondado en el argumento. Aparato logístico, ergo actividad militar.

Europol, al contrario de lo que imagina la mayoría, no es una policía europea, sino la suma de policías de estados europeos. No es una institución «per se», con estructuras propias, sino el paraguas que alberga a las europeas. Nació a la sombra de Interpol, a la que no ha sustituido por cierto, después del Tratado de Ámsterdam. En sus primeros pasos, los policías españoles se hicieron, tanto en Europol como en Interpol, con la dirección de sus estructuras antiterroristas con los comisarios Mariano Simancas y Jesús Espigares. Un rápido vistazo a través de los buscadores de Internet confirman su implicación en el conflicto y su paso previo por comisarías vascas.

Recordarán el informe de Europol de 2012, referido al año anterior. En el mismo, la organización europea afirmaba que ETA seguía cobrando el impuesto revolucionario, lo que provocó un escándalo por su mentira manifiesta. Hasta Rodolfo Ares lo desmintió. Europol citó sus fuentes, los diarios derechistas «El Mundo» y «La Razón», fuentes que fueron avaladas por el ministro del Interior español: «cuando lo dicen algo habrá». Luego se supo que aquella campaña no era sino la de grupos proamnistía recabando apoyos en navidades. Pero les daba igual. Ya habían fabricado la mentira y la habían lanzado al ruedo.

Por eso, la credibilidad de Europol es la de la Policía española (civil o militar). Y los informes de la Policía no son objetivos, ni siquiera se acercan a la imparcialidad que se debería exigir a unos cuerpos dependientes del Estado. Desde que ETA anunció el adiós a las armas, agentes, escoltas y mandos han negado la mayor, exigiendo sus pluses y complementos, sus vacaciones anexas y su deber de mantener, también en tiempos de «paz», la sagrada unidad de España. Hay, en consecuencia, un componente económico y sentimental en sus «respuestas extraordinarias».

A partir del informe de Europol, las empresas subcontratadas por Interior y Defensa a través de sus fondos reservados, han lanzado la hipótesis en dosis diversas. ETA se prepara para volver a la guerra. Estos días hemos podido leer necedades de lo más variopintas. De una fragilidad manifiesta, pero ya se sabe que España es un país que traga, mayoritariamente, hasta convertir a la Guardia Civil en su institución mejor valorada (según encuestas probablemente también manipuladas).

Por ello, estos días hemos asistido a una retahíla de argumentos acordes con el informe de Europol: rebrote de la kale borroka, entrenamientos conjuntos de ETA y las FARC, malestar por el bloqueo entre sectores de la izquierda abertzale... Nada nuevo. La incontinencia verbal y epistolar no tiene límite. Hasta en forma de WhatsApp, enviando anónimamente una supuesta confidencia policial según la cual ETA atentará en junio próximo de manera similar a como lo hizo en la T4.

En los dos últimos juicios celebrados en París contra militantes de ETA, la posición de los antiguos mandos franceses de la lucha antiterrorista, Stephane Duray y Xavière Simeoni, ha ido también en esa línea. Lo de siempre, evitando la referencia a la apuesta vasca unilateral por la paz. Un cuento chino para la Policía francesa, con los pasajes habituales de manipulación, como el de la niña Begoña Urroz, a pesar de las evidencias. Sus fuentes, no lo niegan, las ultras españolas. Las mediáticas. La larga mano de los fondos reservados.

La línea del tiempo es implacable. La memoria, sin ser excepcional, nos lleva a entender el por qué de semejante embate. No hay puntada sin hilo, no hay artículo sin trastienda, no hay avanzadilla mediática sin retaguardia. La guerra sucia que denunciaba ERC y promovida por el CNI contra el independentismo catalán tiene también bases sólidas entre nosotros, en Euskal Herria.

Todas las mesas, excepto las de diseño vanguardista, tienen cuatro patas. Y la de la manipulación avalada por Europol, no iba a ser menor. La primera tiene que ver con la amortiguación de la Conferencia de Aiete. España y Francia, a pesar de la implicación de Pierre Joxe, Jonatham Powell y Kofi Annan en la solución, de la aceptación por parte de ETA de los Principios Mitchell (vías pacificas, desarme y verificación y respeto a la decisión popular), no parecen aceptar una vía como la de Escocia. Necesitan alimentar, en consecuencia, la guerra,

La segunda pata tiene que ver con el desmantelamiento de la que iba a ser Mesa de Oslo. España cerró la puerta a la verificación. «para eso están las fuerzas de seguridad del Estado» ha repetido incesantemente Madrid. Como si se tratara de un partido de fútbol: uno de los equipos se convierte en árbitro, precisamente el mismo que está falseando el escenario. Gro Harlem Brundtland fue ninguneada.

La tercera está relacionada con el inmovilismo en política penitenciaria y en el reconocimiento de los crímenes de Estado, no únicamente en cuanto a las víctimas mortales, sino también en los temas tan ligados al conflicto como la tortura, dispersión, espionaje... La posición intransigente del Gobierno no es únicamente política, sino también destinada a evitar el destape de otras áreas.

Hasta hoy, Madrid y París han hecho grande la máxima de que «contra ETA todo vale». De esa manera han justificado la manipulación informativa, la criminalización de todas las organizaciones independentistas, el cierre de diarios, la tortura, las muertes en los controles, los «excesos» policiales, la financiación de los grupos de víctimas como arietes contra los soberanistas. Una lista interminable. Reconocer el cierre de una etapa significa destapar la caja de los horrores.

La cuarta pata es la más reciente. La próxima resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 196/2006 (Doctrina Parot), planea en la estrategia española. Una forma más de presionar a los magistrados, que ya dieron la razón a Inés del Río, es enfocar el conflicto como bélico y no como de orden civil (no reconocimiento de derechos individuales y colectivos). De esta forma, España intenta asimilar a los presos de ETA con los de Al Qaeda, el fundamentalismo, etc. Con la intención, confesada por otro lado, de que la apuesta independentista lleva intrínseca el gen de la intransigencia. Sabemos que es mentira, pero...

Todo un escenario inmovilizado, condensado en un WhatsApp gestionado por un equipo de «pensantes» reunidos en gabinete de crisis. ¡Qué nivel! Con un objetivo manifiesto: romper el inmovilismo pero hacia posturas del pasado, para nadar a favor de la corriente. De su corriente. Así, Madrid y París han alcanzado el nivel más bajo de la acción política, convertir la dialéctica en un ejercicio de venganza. ¡Puf!

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Soroa | Jornada Agridulce

Las cosas se mueven en Catalunya y esto tiene tanto a españolazos como a españolitos prendidos de la lámpara.

Aquí lo que nos comenta Maite Soroa muy a su estilo:

Jornada agridulce

Maite Soroa

La prensa española se mostraba ayer entre alborozada e indignada, por la suspensión de la Declaración de Soberanía de Catalunya y por la aprobación por el Parlamento catalán de una comisión para la consulta, respectivamente.

«El País» titulaba «El Constitucional deja sin efecto la declaración de soberanía de Cataluña». En su editorial, mostraba su preocupación porque «el órdago lanzado por el catalanismo al Gobierno de españa dificulte el marco de diálogo y entendimiento necesario ara abordar el problema, tanto entre Barcelona y Madrid como en la propia Cataluña». ¿Y por qué no dejarles a los catalanes que arreglen sus problemas sin injerencias? El de Prisa, procurando aparecer conciliador, también decía que la decisión del Tribunal Constitucional, «que en otro contexto tendría que ser vista como algo normal, no debería servir para alimentar de nuevo, como ya ocurrió con la sentencia del Estatut, el sentimiento de agravio que tan hábilmente explotan los partidos soberanistas». Es decir, que si una cuando le pisan el juanete protesta, está «explotando hábilmente» su sentimiento de agravio.

«El Mundo» titulaba en primera «Mas antepone 'las urnas' a la ley para desobedecer al TC», y en un un alarde de originalidad, ilustraba la noticia con una foto del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras la caída que sufrió en el Parlamento de Catalunya: «Tropezón soberanista». Según decía, «No hay epopeya sin sangre. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, derramó ayer la suya, como se ve en la foto, después de tropezar en los pasillos del Parlament de Cataluña. Como él, el plan soberanista también siguió adelante pese a trastabillar por la mañana en el Constitucional, garante de la ley». Por estas latitudes la mayoría piensa que es garante de la imposición.

«Abc» titulaba con grandes caracteres: «Suspendida», y en su editorial, como es habitual, daba instrucciones a Rajoy: «la dimensión del desafío separatista es mucho más amplia que la que representa su vertiente jurídico-constitucional. Si el Gobierno catalán no cancela su proceso de consulta separatista, el Ejecutivo central deberá tomar nuevas medidas, incluso más contundentes que unos nuevos recursos ante el TC». Hala, pues, Mariano, ponte las pilas.

Por último, a «La Razón» la votación para la creación de la Comisión parlamentaria sobre el Derecho a decidir, saldada con una gran mayoría a favor, se le antojaba «Burla a España». Desde luego, ya le echan morro.

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Bateragune y la Lentitud del TC

Gara trae a nosotros este reportaje con el que se da seguimiento al caso Bateragune, en el mismo, se pone de manifiesto la ralentización del proceso y la injustica intrínseca en ese marco.

Lean por favor:

El TC acepta revisar el «caso Bateragune» cuando ya se ha cumplido el 60% de la condena

Tras admitir a trámite los recursos, deberá decidir en primer lugar si libera a Arnaldo Otegi y sus compañeros, para dictaminar finalmente sobre el fondo de la sentencia del Tribunal Supremo.

Ramón Sola

El Tribunal Constitucional español ha decidido al fin deliberar sobre la sentencia que condenó a cinco dirigentes de la izquierda abertzale dentro del denominado «caso Bateragune». Se ha tomado once meses para ello, pero finalmente ayer se conoció la admisión a trámite de los recursos de la defensa, encarnada por los abogados Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin.

Inmediatamente, la atención se centró sobre una derivada: la posibilidad de que el TC decrete la libertad de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Rafa Díez de modo cautelar, para evitar daños mayores en el caso de que finalmente revocase las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo.

No existe plazo para decidir sobre el fondo del asunto. El TC puede hacer lo que quiera, como ha demostrado ya tomándose casi un año para decidir sobre la admisión a trámite. Y tampoco lo hay estrictamente sobre la petición de libertad cautelar, aunque aquí sí existen unos plazos tasados para lanzar la demanda de excarcelación.

Las partes dispondrán ahora de tres días para hacer públicas sus peticiones y después lo lógico sería que el Constitucional diera una respuesta rápida a este asunto, más aún teniendo en cuenta que cuatro de los cinco condenados cumplirán dos tercios de sus penas en los próximos meses.

La posición que adopte la Fiscalía frente a la petición de libertad de las defensas es el primer indicador al que habrá que estar atentos. Su posición durante todo este proceso ha sido muy dura. Por ejemplo, en la vista del recurso en el Supremo pidió que se confirmaran las condenas dictadas por la Audiencia Nacional, que eran de entre ocho y diez años de cárcel. El TS las rebajó luego a otra horquilla de entre seis años y seis años y medio de prisión.

El tiempo, a su favor

No existe un precepto legal cerrado que establezca en qué casos debe procederse a la excarcelación cautelar a la espera del fallo final del TC una vez admitido a trámite el recurso. Lo que sí existe es una práctica. Por ejemplo, en el caso de Filesa, el Constitucional liberó a un exdirigente del PSOE condenado por el Supremo a tres años y dejó en prisión a otro castigado a once. En el de la Mesa Nacional de HB, encarcelada al completo en 1997, se les mantuvo en prisión tras admitirse a trámite el recurso, hasta la sentencia.

Existe también una jurisprudencia, aunque con un grado de ambigüedad que deja las manos bastante libres al Tribunal Constitucional. Así, en el citado caso de Filesa el TC establecía como criterios para valorar la puesta en libertad los siguientes: «La gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena, el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y la posible desprotección de la víctima».

En favor de la demanda de las defensas juega sobre todo el factor objetivo de que ya han agotado más de la mitad de la condena y esta se encamina hacia su final. En términos políticos y también jurídicos, el colmo de todo este escándalo iniciado en octubre de 2009 sería que el TC acabara revocando la sentencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cuando ya estuviera prácticamente agotada y estando los condenados todavía en prisión.

Resumiendo la situación actual, caben por tanto hasta cuatro escenarios. Uno es que Otegi y sus compañeros sean liberados en próximas semanas a la espera del fallo final del TC, que a su vez podría ser favorable a ellos o contrario (lo que derivaría en su reingreso en prisión). Otro es que se les mantenga presos y que finalmente el Constitucional deniegue el amparo y valide la sentencia del Supremo, lo que mantendría la situación actual. Y la otra opción es que se les siga reteniendo en la cárcel ahora pero que finalmente el TC revoque la sentencia y sean excarcelados entonces. Esto último es lo que ocurrió con la Mesa Nacional de EH en julio de 1998. En este caso ocurrió siete meses después de admitirse a trámite el recurso.

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