Zubiaga | Última Oportunidad

El autor se ha inspirado en eventos recientes tanto en Euskal Herria como en Catalunya para redactar el texto que traemos a ustedes desde Gara:

Última oportunidad

Mario Zubiaga | Profesor de la UPV/EHU

Estimados unionistas, si son tan amables, contesten a esta pregunta: ¿van a imponer la unidad de su patria por la fuerza de las armas contra la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía vasca y catalana? Si la respuesta es afirmativa, no sigan leyendo este artículo. La lectura y el contraste civilizado de ideas no es lo suyo. En otro caso, si consideran que la solución del conflicto territorial no pasa por la Benemérita o la brigada paracaidista, sepan que el próximo año 2020 se les va a plantear un dilema cuya resolución va a comprometer el futuro de su país durante los próximos decenios: o plantean una reforma seria del Estado que dé real acomodo a las naciones peninsulares o asumen que la represión y la violencia van a ser imprescindibles para gestionar un sistema político en estado de excepción permanente. Por ahora, en Cataluña, antes o después, también en Euskal Herria.

La salida razonable actual al conflicto territorial se está trabajando en la comisión de expertos que en breve plazo debe entregar el texto articulado del nuevo estatus. Recordemos que el encargo encomendado a los expertos no es un «cepillado técnico» de las bases. Tal actividad es lógicamente indefendible, so pena de retrotraer el «control previo de inconstitucionalidad» a una propuesta de texto articulado que ni siquiera ha sido tramitada como tal en el Parlamento Vasco. A este paso, vamos a tener que pensar y soñar conforme a la Constitución española, so pena de incurrir en un delito de sedición, en grado de conspiración.

Pero vayamos a las cuestiones de contenido. Si se opta por un acomodo territorial sostenible en el tiempo, los unionistas tienen que asumir lo que tienen ante sus ojos desde tiempos inmemoriales. Existen naciones en la península que se resisten a ser integradas en la nación española como especificidad regional o mera «nación cultural». En cuanto a la asunción del carácter plurinacional del Estado, ¿qué revela hoy el encefalograma del unionismo? Los juristas al servicio del estado-nación tienden a considerar que solo es «nación» lo que ellos definen constitucionalmente como tal, identificando la totalidad del pueblo estatal –sujeto de la soberanía–, con la única nación política admisible –aquí, la española–, condenando a otras comunidades nacionales del Estado al estatus de «minoría nacional» o «nación cultural», políticamente inocuo.

Es una cuestión de paradigma. En ciencia política toda nación es «política», en ciencia jurídica, solo la que está consagrada por la ley. El problema es que el mundo no se agota en la ley, y los conflictos reales –los que animan y disturban la vida colectiva–, no se reducen al debate bizantino entre juristas. En Cataluña y Euskal Herria existen comunidades muy amplias, si no mayoritarias, que se autodefinen como «nación política» –comunidad que desea autogobernarse políticamente sin más límite que su propia voluntad–, y reivindican el derecho a consultar a la ciudadanía de esos territorios si desean compartir su proyecto nacional o desean continuar siendo parte del proyecto nacional español. Esa es la realidad que se precisa gestionar. Esté o no recogida previamente en tal o cual doctrina u ordenamiento.

En segundo lugar, la plasmación jurídico-constitucional de dicha plurinacionalidad, nos conduce irremisiblemente a modelos de federalismo avanzado, en los que el funcionamiento del Estado combine ámbitos de poder federales y confederales, con dos expresiones concretas e imprescindibles:

a) Blindaje del espacio competencial y mecanismos de resolución de conflictos paritarios. No existe garantía del autogobierno si no se establece un modelo concertado de gestión del reparto competencial –comisión mixta–, que, en caso de conflicto, traslade la disputa a un órgano jurisdiccional paritario. El árbitro de la controversia no puede ser el actual Tribunal constitucional.

b) Concepción compuesta, no unitaria, de la soberanía. Y aparejado a esta concepción, el derecho a revisar de forma acordada el pacto con el Estado y a rescindirlo, en su caso, según un procedimiento conforme a estándares democráticos garantistas. En plata, reconocimiento del derecho a decidir y consagración de una fórmula para su eventual ejercicio pacífico.

Plurinacionalidad real, blindaje efectivo del autogobierno y derecho a decidir, esa es la tríada que podría desbloquear el conflicto territorial. Se nos dirá que lo que es bastante por ahora para unos –Euskal Herria–, es insuficiente ahora para otros, Cataluña, y es demasiado para los que deben reformar su sistema político, la España unionista. Por ahora, en esta imprescindible fase de polarización y acumulación de fuerzas, puede parecer que el cauce central es intransitable. Sin embargo, seguramente estamos hablando de la única propuesta razonable para una convivencia justa y sostenible de diversos proyectos nacionales en un mismo Estado.

No es posible prever el escenario posterior a las elecciones del 10 de noviembre. La lógica de «concentración constitucionalista», se plasme o no en gobierno, es seguramente el paso previo necesario para una reforma de este calado. Una reforma que supere la lógica represiva estructural. Como dice Zizek, hay que confiar en «el potencial democrático del otro», o, al menos, en la inteligencia de un adversario que quizás prefiera ceder algo a cambio de no perderlo todo.

No es necesario inventar nada novedoso. Los partidos sistémicos tienen marcos teóricos a su disposición: el PP solo tiene que desempolvar a Herrero de Miñón y aliñar su monarquía confederal con una pizca de federalismo moderno, el que pueda aportar el PSOE menos jacobino. Si existiere. Los filósofos ocurrentes son muy necesarios, pero en las crisis políticas, los constitucionalistas imaginativos son imprescindibles. Constitucionalistas creativos que no se confundan de rol: ni son abogados del estado, ni magistrados del alto tribunal. Se les ha encargado «crear derecho» a partir de unas bases políticas. Un derecho que solucione un problema enquistado que, si no recibe una respuesta democrática, más pronto que tarde supurará en otros territorios. El libro de instrucciones está escrito. Si desean una solución sostenible, estimados unionistas, es su última oportunidad.

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