Desde Gara traemos a ustedes el artículo con el que profundizan en las declaraciones llevadas a cabo con respecto al fallo por parte del TSJN en contra del euskera:
El consejero navarro Javier Remírez transmitió «un mensaje de tranquilidad» a quienes lograron su plaza a partir de noviembre de 2017 al amparo del decreto del euskara. Eso sí, admitió que, en el caso de que el TSJN acepte la ejecución provisional que pedirán los recurrentes, creará «inseguridad» en torno a ciertas plazas.Ibai AzparrenEn una comparencia en el Parlamento de Nafarroa para explicar los efectos en la de Función Pública de la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) contra el euskara, el consejero de Presidencia, Función Pública Igualdad e Interior, Javier Remírez, reconoció que el fallo puede generar «inseguridad jurídica» en algunos casos.En primer lugar, quiso transmitir en un mensaje de tranquilidad a los trabajadores públicos que logrado su plaza a partir de noviembre de 2017 al amparo del decreto, ya que «está absolutamente consolidada y no es objeto de revisión». La situación, agregó, es diferente si las sentencias son firmes porque no se presentan recursos, por lo que sería de aplicación la normativa con los artículos anulados o sustituidos.En este sentido, Remírez explicó que los titulares de las 718 plazas adjudicadas por oposición o traslado desde la aprobación del decreto no se verán afectados, pues en ese proceso no hay valoración de méritos. Tampoco se verán afectadas otras 252 plazas adjudicadas por procedimientos ya firmes, aunque se hayan valorado méritos.Sin embargo, la inseguridad de la que habló el consejero rodea a las plazas que no son firmes, ya que los recurrentes Afapna y UGT pedirán la ejecución provisional de las sentencias. Esto supondría, en caso de ser aceptado por el TSJN, que tampoco sean de aplicación los artículos anulados.En este sentido, los procesos de selección pendientes que se ejecutarían con arreglo al decreto 103/2017 serían objeto de revisión si la resolución final del recurso de casación es contraria al criterio aplicado durante este periodo transitorio. Así, Remírez indicó que se podrían ver afectadas plazas que aún no son firmes y en las que sí se valoró el conocimiento del euskara, 410 de ellas de procedimiento de ingreso y 1.500 de procedimiento de provisión.Por otra parte, el consejero sigue sin ofrecer una respuesta clara sobre si el Gobierno recurrirá o no los fallos. En ese marco, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, auguró que no presentará recurso alguno y que ello supondrá un «error monumental» porque «nos encontraríamos en un limbo jurídico».Al igual que EH Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E creen necesario recurrir, el PSN opina que «no tiene sentido» y Navarra Suma pidió acatar la sentencia.
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