viernes, 19 de diciembre de 2003

Carta Magna Por el Arco del Triunfo

Crecen las muestras de solidaridad hacia los seis vascos de México, en esta ocasión una misiva en la que se expone como el gobierno de Fox y su títeres están dispuestos a violar la Carta Magna de nuestra nación.

La misma ha sido publicada en la seccion de Política de La Jornada:

Grupo de mexicanos alerta al juez de que los acusados serían torturados en España

Violación a la Carta Magna si se aprueba la extradición de 6 presos de origen vasco

El segundo juez de distrito de procesos penales federales, José César Flores, será puesto hoy sobre aviso en torno a que si cinco ciudadanos vascos y un mexicano por naturalización son extraditados a España, conforme a la petición del gobierno ibérico, serían juzgados en Madrid por un tribunal de excepción -legado de la dictadura franquista-, lo cual contravendría una disposición expresa de la Constitución mexicana.

Una resolución del gobierno de México favorable a la extradición pondría en peligro a los detenidos, presos desde junio, de "sufrir cárcel y torturas por el mero hecho de ser vascos e independentistas", sostienen nueve mexicanos -entre ellos Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas y Ofelia Medina- en una carta dirigida al juez mencionado.

La dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y la actriz Ofelia Medina entregarán ese documento hoy por la mañana en el juzgado del Reclusorio Norte.

Los firmantes también advierten que los detenidos -Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Joseba Urkijo, Félix García y Ernesto Alberdi- "son, a todas luces, perseguidos políticos" por el Estado español. Prueba de eso, señalan, es que otros detenidos por los mismos cargos de presunto lavado de dinero y colaboración con banda armada, de nacionalidad mexicana, fueron exonerados.

Citan también dos antecedentes de vascos detenidos por presiones de Madrid y sometidos a sendos procesos de extradición, en los cuales la justicia mexicana finalmente negó su entrega a España, justamente por considerar que los procesados eran perseguidos en su país, en el contexto del diferendo vasco-español. Estos son los casos de Esteban Murillo y Andoni Zelaia.

Si los seis acusados son entregados al gobierno hispano, el gobierno mexicano violaría el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe la celebración de juicios de extradición de reos políticos.

Los firmantes de la carta, entre ellos el líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas, argumentan razones de orden constitucional frente al juez. Señalan que el artículo 13 de la Carta Magna establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

Los procesos que se siguen en España bajo las leyes antiterroristas ante la Audiencia Nacional son sometidos a tribunales de excepción, "herederos directos del Tribunal de Orden Público que regía los juicios por delitos políticos en tiempos de Francisco Franco".

Cargos sin fundamento

En tanto, el artículo constitucional 14 establece que nadie puede ser castigado con penas que no estén decretadas por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En el caso de las seis extradiciones en curso, señalan los firmantes, varias de las acusaciones no tienen equivalente en la normatividad mexicana.

En estos casos, indica la carta, las autoridades españolas no han fundado los ilícitos de los que los seis vascos son acusados, lo que contraviene el artículo 16 constitucional, que garantiza a los individuos que no podrán ser molestados "sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento".

Suscriben el documento, además, Imanol Ordorika, Adriana López Monjardín, Salvador Nava Calvillo, Aldefonso Aguilar, Gilberto López y Rivas, Tomás Oropeza y Carlos Fazio.

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para denunciar e impedir toda acción violatoria de los derechos humanos y constitucionales" de los seis vascos presos, anuncian.

Los acusados fueron aprehendidos hace medio año en una serie de operaciones coordinadas y simultáneas de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, en Nuevo León, Quintana Roo, Puebla y estado de México.

Las extradiciones fueron solicitadas por el gobierno español, el cual alega que los seis vascos presos forman parte de una red de financiamiento de ETA. La acusación formal es "pertenencia a banda armada y blanqueo de capitales". El juez Flores negó a los acusados el derecho de presentar pruebas de descargo. Entre éstas se exhiben las actividades económicas, comerciales, laborales y empresariales de los vascos que residían en distintos estados de México y llevaban una vida legal.

En días recientes, los vascos presos han recibido la visita de Ibarra de Piedra, Cárdenas y Medina.


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