Este artículo publicado por La Jornada aborda dos temas que sintetizan el momento actual en el que se desarrolla el conflicto político que enfrenta al pueblo vasco con los estados español y francés.
En primer lugar tenemos el tema de la tortura que el régimen borbónico franquista utiliza de manera sistemática en contra de cualquier ciudadano vasco que caiga en sus redes represivas, pertenezca o no a alguna de las organizaciones o colectivos que abogan en favor de la independencia.
Se nos informa que se ha admitido la denuncia llevada a cabo por la TAT con respecto al caso de Unai Romano.
En segundo lugar, pero no menos importante, se nos informa acerca de la peculiar respuesta por parte de Madrid al Memorial del Estado de Idaho en favor de los derechos civiles y políticos de Euskal Herria, respuesta que podría calificarse de infantil incluso, pero que tomando en cuenta el estilo que le ha imprimido José María Aznar a su presidencia nos deja en claro que es una auténtica rabieta. Y es que, si se toma en cuenta el caso de José Luis Geresta o el de Lasa y Zabala, en donde se tiene que suprimir la pena de muerte... es en el estado español.
Porque si a eso le sumamos la forma en la que Aznar ha actuado con respecto a la contracumbre altermundista en Barcelona la realidad es que quien no quiera ver el talante prepotente de el gobierno que preside es porque o es cómplice o es tonto.
Lean ustedes:
Acepta juez denuncia por torturas de la Guardia Civil presentada por vasco
Suprimir la pena de muerte en Idaho, pide el PPEl juzgado de instrucción número 25 de Madrid admitió una denuncia por presuntas "torturas" en dependencias madrileñas de la Guardia Civil presentada por el joven vasco Unai Romano Igartua, quien fue detenido el pasado 6 de septiembre en Vitoria por miembros de la Guardia Nacional por orden de un juez de la Audiencia Nacional, y torturado durante días por su presunta colaboración con la organización armada vasca ETA.
El juez del caso citó a declarar en calidad de imputados a varios guardias civiles, según señaló el pasado viernes el colectivo vasco contra la tortura Torturaren Aurkako Taldea (TAT).
En la causa por estos hechos, que se encuentra en fase de instrucción, también se llamó a comparecer como testigos al médico forense de la Audiencia Nacional, quien examinó a Romano, así como a varios presos, quienes permanecieron junto al joven en la enfermería de la prisión de Soto del Real los días posteriores a su arresto.
El propio Romano y su abogado y miembro del TAT, Iñigo Elkoro, ofrecieron el viernes una conferencia de prensa en San Sebastián, en la que presentaron una fotografía del joven que lo muestra irreconocible, con la cara hinchada y los ojos morados y cerrados, y que se presentó como prueba de los malos tratos que denuncian.
El abogado presentó, además, diversos informes médicos del hospital madrileño San Carlos, donde estuvo ingresado Romano.
Elkoro recordó que se están investigando al menos 30 denuncias por presuntas torturas en 2001, y dijo que la Audiencia Nacional obstaculiza la obtención de pruebas.
Añadió que, además de Romano, varios presuntos miembros de ETA detenidos hace varias semanas en Navarra han denunciado casos semejantes de tortura.
El letrado reclamó medidas inmediatas para acabar con los malos tratos, porque "algún día alguien va a morir en una comisaría", por lo que exigió que se elimine la actual ley antiterrorista.
Por su parte, el Partido Popular vasco reclamó al presidente del gobierno regional, Juan José Ibarretxe, que le pida al estado estadunidense de Idaho y a su secretario de Estado, Peter Zenarrusa, que supriman de su legislación la pena de muerte, y que impulsen desde su cámara legislativa el "respeto absoluto de los derechos humanos".
El secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, presentó en el Parlamento de Euskadi una iniciativa de ley sobre la abolición de la pena capital que será presentada tanto al Legislativo de Idaho como a su secretario de Estado.
Esto ocurrió un día después de que todos los miembros del Congreso de Idaho, tanto demócratas como republicanos, votaron una iniciativa en favor de un proceso de paz para el País Vasco que reconozca el derecho a la autodeterminación.
Dicha resolución incluyó la mención expresa al rechazo a la violencia de ETA que Washington había exigido.
Hace unos días el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, explicó que de aprobarse dicha resolución, ésta no tendría fuerza internacional.
En el debate que precedió a la votación que aprobó la resolución, el representante demócrata, David Bieter, denunció ante los representantes de la Cámara la imagen que el presidente español, José María Aznar, quiere transmitir del conflicto vasco.
En aparente respuesta a esta postura del estado de Idaho, el Partido Popular de Euskadi recuerda que "recientes informaciones aparecidas en los medios de comunicación han permitido que conozcamos de cerca la situación política, legislativa y social del estado de Idaho", y por ello "hemos comprobado que en ese territorio estadunidense sigue instaurada la pena de muerte en su código penal, habiendo sido aplicada ya en alguna ocasión".
"Al mismo tiempo sabemos que, hasta la fecha, 21 personas permanecen en el corredor de la muerte de cárceles de Idaho a la espera de su ejecución, y que la edad mínima para que una persona pueda ser ejecutada es de 16 años", concluyó.
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