Un blog desde la diáspora y para la diáspora

miércoles, 3 de julio de 2019

La Toma Catalana de Estrasburgo

El pueblo catalán sigue movilizado en favor de la independencia y ayer lo ha dejado bien claro en el corazón de la Unión Europea, misma que ha quedado en ridículo ante la comunidad internacional por haber cedido a lo dictado desde Madrid.

Lean ustedes:


Carlota Camps

Ni Carles Puigdemont, ni Oriol Junqueras ni tampoco Toni Comín podrán ocupar sus escaños en la Eurocámara este martes, día de constitución del nuevo hemiciclo surgido en las urnas el pasado mes de mayo. No lo podrán hacer a pesar de haber salido escogidos por más de dos millones de votos. Sí que estarán, sin embargo, muchas de sus voces. Miles de independentistas han viajado hasta Estrasburgo para manifestarse durante la celebración del pleno y mostrar su desacuerdo con la decisión.

La movilización, organizada por el Consell per la República, también tiene como objetivo denunciar la situación de los presos políticos e instar al Estado español a cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y liberarlos.

La concentración está convocada a las nueve de la mañana delante de el Parlamento Europeo, concretamente en el puente Josep Bech esquina con Rue Lucien Febvre. Entre esta hora y las diez de la mañana, hora de inicio del pleno, será cuando los nuevos eurodiputados accedan a la cámara, por lo que los convocantes piden que se estén en el sitio muy temprano. El acto central, con los parlamentos de las diferentes entidades y la lectura de manifiestos, no será hasta las 12 del mediodía.

80 autobuses y tres vuelos chárter

Hasta Estrasburgo, se han desplazado una ochentena de autocares y tres vuelos chárter –dos han salido desde Barcelona y otro desde Lleida–, según el último recuento de la ANC, además de un número indeterminado de vehículos y aviones por cuenta propia. Todo esto podría suponer más de 6.000 personas, con los cálculos del Consell per la República hechos públicos el pasado sábado.

Varios manifestantes entrevistados por El Nacional en un área de servicio cerca de Lyon, camino hacia Estrasburgo, coincidían en afirmar que no tenían claro si las manifestaciones sirven para el propósito por el que se anuncian –en este caso presionar la Eurocámara–, pero defienden que es una manera de demostrar a Madrid que el independentismo no es un "suflé" y ir animando el movimiento y evitar que se "empequeñezca" a pesar de la represión y las dificultades.

Gran parte de ellos son habituales en las manifestaciones y, además de asistir a la gran mayoría de las que se hacen en la capital catalana, también se desplazaron el año 2017 a Bruselas y el pasado mes de marzo a Madrid. Y es que esta es la tercera gran manifestación que organiza el movimiento fuera del territorio catalán.

Este lunes por la tarde diversas de las calles principales de esta ciudad francesa ya se han llenado de esteladas y simbología amarilla con la llegada de los primeros manifestantes, que han acabado haciendo una pequeña movilización improvisada en el centro del municipio.

Muchas incógnitas abiertas

El viaje, para la gran mayoría de manifestantes, empezaba este fin de semana con muchas incógnitas. Una de ellas, la posible presencia de los eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín en sus escaños, se ha acabado resolviendo desfavorablemente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ubicado en Luxemburgo, ha rechazado las medidas cautelares que había pedido su abogado, por lo que no podrán ocupar su lugar en el hemicículo.

Lo que a estas alturas todavía es una incógnita, sin embargo, es si el expresidente estará presente en la manifestación o no viajará a Francia. Hacerlo podría provocar su detención, a través de una nueva euroorden dictada por el Tribunal Supremo, o incluso cabría la posibilidad de arrestarlo sin este paso previo, según han apuntado fuentes del entorno de Puigdemont a El Nacional.

Sin embargo, el mismo Puigdemont ha colgado esta noche una fotografía en Twitter con uno de los autocares de manifestantes que se han desplazado a Estrasburgo. El tuit, sin embargo, no aclara ni cuándo ni dónde ha sido tomada la fotografía, si en Estrasburgo, o en algún entorno próximo, como podría ser Alemania. Tampoco anuncia si asistirá a la manifestación.

En el caso de Junqueras estaba más claro que su condición de preso político, y el hecho de que el Tribunal Supremo no le diera el permiso necesario para acatar la constitución, provocarían que finalmente no pudiera viajar a Estrasburgo. Sin embargo, el Supremo ha preguntado este lunes a Luxemburgo por el alcance de su inmunidad para dejarlo en libertad, tal como habían pedido sus abogados, y habrá que ver cómo acaba la cuestión más adelante.
Importante presencia política

Quien sí que estarán presentes, serán representantes de los partidos y entidades soberanistas, así como del Govern de la Generalitat. Aunque el presidente Quim Torra finalmente no viajará por el elevado riesgo de incendios que afecta Catalunya estos días, sí que estarán presentes dos de sus consellers: el de Exteriors, Alfred Bosch, y la de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

Por parte de los partido, habrá una nutrida representación de JxCat, encabezada por Albert Batet, Eduard Pujol, Laura Borràs o Elsa Artadi; mientras que de ERC estarán presentes Sergi Sabrià y Marta Vilalta, entre otros. También estará la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y la vicepresidenta segunda de Òmnium, Marina Llansana.

Además, está previsto que se sumen algunos de los eurodiputados de otros países que más han dado apoyo a la causa catalana, agrupados dentro de la plataforma EU-Catalonia Dialogue.








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Entrevista a Joseba Azkarraga

Madrid - y para ese caso, París - sigue empecinada en descarrilar el proceso de paz y reconciliación en Euskal Herria por una sencilla razón, el pueblo vasco no ha renunciado a ejercer el derecho a su autodeterminación y para el régimen franquista no hay nada más importante que mantener las fronteras actuales de un imperio en el que durante su cenit no se ponía el sol.

Claro, eso se logro con su buena dosis de sangre y fuego.

Así que el régimen español opta por mantener como rehenes de su política tardo colonialista al colectivo de represaliados políticos vascos, presos y exiliados.

De ahí la importancia de que existan plataformas ciudadanas como Sare.

Establecido lo anterior, les dejamos con esta entrevista concedida por Joseba Azkarraga a Gara:


Joseba Azkarraga, portavoz de Sare | Joseba Azkarraga (Agurain, 1950) es el portavoz de Sare, red que desde hace cinco años trabaja por los derechos humanos de los represaliados vascos. De cara al futuro ha marcado dos ejes de actuación: trabajar para acabar con las medidas de excepción e impulsar la convivencia con el apoyo de la sociedad civil.

Ion Salgado

Sare ha cumplido cinco años, ¿qué balance realiza?

Es un balance de claroscuros. Por un lado creo que en estos cinco años hemos conseguido ampliar la base social de Sare, hoy somos muchos y muchas más que las que iniciamos este recorrido hace cinco años, y somos también más plurales. Hay diferentes posiciones ideológicas que apoyan nuestra estrategia y nuestros planteamientos. Pero es cierto que, en lo que se refiere a la consecución de los objetivos que nos marcamos, no estamos donde nos hubiera gustado. Son menos de los que hubiéramos deseado y de lo que esperábamos hace cinco años, porque es difícil entender a estas alturas, ocho años después de la decisión de ETA de abandonar la violencia, que todavía la política penitenciaria sea muy similar a la que se aplicaba con ETA en activo. Por eso digo que es una balance de claroscuros. No obstante, considero que tenemos que seguir trabajando hasta conseguir los objetivos que nos hemos marcado.

¿Cuáles son los ejes que van a guiar el trabajo de Sare en el próximo curso?

Estamos ante un nuevo tiempo que debemos de aprovechar. Es un tiempo de esperanza porque ETA ha dado los pasos que ha venido dando los últimos ocho años, su decisión de abandonar la violencia, de entregar las armas y también de disolverse, y creemos que tenemos que aprovechar este nuevo escenario entre todos y todas, al margen de cuál sea nuestra posición política. Y en función de ese análisis hay dos cuestiones que nos parecen claras: plantear cómo afrontamos las reivindicaciones que hemos venido haciendo hasta el momento, cómo seguimos defendiendo estas reivindicaciones tratando que haya más gente detrás de las mismas, ampliando la base social; y trabajar en la convivencia en este país, lo que implica hablar mucho más con quienes opinan diferente, acordar más con ellos y tratar de avanzar de manera conjunta. Estos son los dos pilares que nos hemos trazado, porque difícilmente podemos hablar de un país en paz y en convivencia si se mantiene la misma situación de vulneración de derechos que se ha mantenido hasta ahora. Y junto a ellos diría que hay un elemento que durante el último año hemos trabajado de manera más activa, que es el ámbito institucional.

Hace unas semanas presentaron en el Parlamento de Gasteiz un balance de las mociones aprobadas en las juntas generales y en ayuntamientos, donde se han logrado acuerdos entre diferentes partidos.

Sare, junto con otros movimientos sociales, ha trabajado para coser una convivencia entre diferentes, y el esfuerzo general se ha hecho en el ámbito político, donde se ha conseguido avanzar porque los partidos han conseguido ponerse de acuerdo, dejando a un lado posicionamientos partidistas. Entendemos que esas mayorías que se han conseguido en los parlamentos de Gasteiz y de Iruñea, en las juntas generales de los tres territorios y en el ámbito municipal, cierran el círculo institucional vasco de apoyo a las iniciativas que forman la base sobre la que trabaja Sare. Y no quiero olvidarme de la unidad sindical, que ha sido clave, porque todos los sindicatos se han mantenido unidos en la reivindicación del fin del alejamiento, la libertad de los presos enfermos, etc.

Ahora nos falta un paso importante. Una vez cerrado el círculo institucional vasco de apoyo a este tipo de iniciativas, hay que trasladar este tipo de reivindicación a aquellas instancias donde hay capacidad legislativa para solucionar esta vulneración de derechos, me refiero al Congreso español y ámbito europeo; y ese es otro de los retos que tenemos para los próximos años, ya que durante el último año hemos conseguido abrir un ámbito de relación con diferentes instancias del Estado, lo que nos ha permitido avanzar en alguna situación puntual. Pero lo que no hemos conseguido es terminar con la política de alejamiento de manera global.

Se han dado pasos, y seguro que para cualquier familiar que el preso o la presa esté en Zuera o en Villabona en Asturias es mejor a que esté en Puerto de Santa María. Pero eso no es terminar con la política de alejamiento, porque seguimos hablando de viajes de 500 o 700 kilómetros para 40 minutos de visita. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir profundizando la relación con diferentes instancias del Estado, intentando hacer valer lo dispuesto por la mayoría política y sindical vasca, que es un buen respaldo para seguir avanzando.

En el Estado francés se han dado pasos en el acercamiento de presos a Lannemezan y Mont- de-Marsan, y se ha establecido un diálogo entre agentes sociales y el Gobierno de París. ¿Por qué no se da la misma situación en Hego Euskal Herria?

Creo que es de alabar lo que ha pasado en Iparralde, donde han pasado en dos años, desde que se inició el proceso en Luhuso, de ser imputados y detenidos por intentar avanzar en el camino del desarme a sentarse a los pocos meses con las autoridades judiciales y políticas francesas y, además, han conseguido avanzar en la práctica, porque han conseguido acercar a muchos de los presos a prisiones más cercanas a su lugar de residencia. Creo que ese es el camino que hay que seguir, el de la interacción. Interactuar entre diferentes. En Iparralde han conseguido que todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Nacional de Le Pen, estén detrás de una reivindicación. Hoy todavía es difícil que se dé una situación así aquí, porque hay una actitud por parte de la derecha que hace muy difícil avanzar en esa relación para conseguir resultados tangibles, porque siguen hablando de ETA como si ETA estuviera todavía en activo. Da la impresión de que a algunos todavía la propia existencia, o incluso la no existencia de ETA, les produce ciertos réditos políticos. Eso es muy negativo para avanzar en la convivencia.

En el acto celebrado con motivo del quinto aniversario de Sare se puso en valor la posibilidad de que una mayoría progresista en Madrid podría servir para poner fin a las medidas de excepción. El propio Pedro Sánchez anunció cambios. Pero el alejamiento sigue vigente y los presos gravemente enfermos continúan en prisión.

Tenemos que reconocer que hace un año, por estas fechas, las declaraciones del entonces recién nombrado presidente del Gobierno fueron muy esperanzadoras para Sare y para una parte muy importante de la sociedad vasca, ya no digamos para los familiares de los presos. Aquellas declaraciones abrieron una puerta a la esperanza, y desgraciadamente los pasos que se han dado son muy tímidos. Da la impresión de que no tienen la audacia suficiente como para cumplir su propia legislación, porque aquí no estamos pidiendo nada que no esté recogido en la ley. Estamos diciendo que hay que terminar con una medida política, como fue la política de alejamiento. No estamos pidiendo nada que no diga el Reglamento Penitenciario cuando se refiere a que todo preso o presa debe cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Pedimos que cumplan la ley. Pero están sujetos a una presión constante de la derecha y de algunas asociaciones de víctimas y, desde el respeto absoluto a las asociaciones de víctimas, tenemos que decir que una cosa es lo que algunas asociaciones de víctimas piensan y dicen y otra es la posición de las víctimas de manera individual. En mi caso particular, y creo que en el de muchas otras personas, nunca hemos oído a una víctima de la violencia de ETA exigir revancha o exigir que se siga manteniendo la política de alejamiento. Más bien al contrario, lo que hemos escuchado son muchas declaraciones de víctimas de la violencia diciendo que la política penitenciaria se tiene que humanizar, que la política de alejamiento se tiene que terminar. Creo que al Gobierno español le sigue faltando audacia para terminar con lo que se inició hace 30 años y que ha creado tanto sufrimiento.

¿Considera que los poderes ejecutivo y judicial se pasan la pelota, por ejemplo en el caso de la progresión de grados?

Hay una crítica que nosotros no hemos hecho hasta el momento, pero la tenemos que hacer. Y es que no es defendible que la progresión de grado sea el requisito para terminar con la política de alejamiento. Lo que está haciendo el Gobierno español es progresar poco a poco algunos presos y presas de grado para a continuación iniciar un proceso de acercamiento a Zuera, por ejemplo. La progresión de grado es una medida estrictamente penitenciaria y el cambio a segundo grado se tiene que dar automáticamente cuando un preso entra en prisión, y en el caso de los presos vascos el 85% se mantiene en primer grado. Eso nada tiene que ver con terminar con el alejamiento, que es una decisión política.

Y luego está el tema de los presos enfermos. Desde Sare en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de visitar a algunos presos enfermos en Zuera, en El Dueso, en Nanclares y en Logroño, y tenemos que decir que algunos de estos presos están en una situación límite. El Gobierno no puede seguir retrasando la aplicación del artículo 104.4 para permitir que estas personas sean tratadas de sus enfermedades fuera de los muros de la prisión. Tiene la legislación en su mano para cumplirla y para evitar más sufrimiento.

Antes ha citado la necesidad de que haya más gente tras las reivindicaciones de Sare, que son compartidas por miles de personas, como evidencian las manifestaciones que se celebran todos los años en enero. ¿Qué se puede hacer para ampliar la base social?

No podemos quedarnos una vez al año en una manifestación de 100.000 personas. Tenemos que trabajar en el día a día y pueblo a pueblo, para extender la red y abrirla a sectores que han estado al margen de este tipo de reivindicaciones, y la base en la que nos tenemos que fortalecer es en la defensa de los Derechos Humanos, este es el objetivo clave. Defender a los más de cien menores que semanalmente recorren cerca de 2.000 kilómetros para visitar durante 40 minutos a su padre o a su madre no es hacer política partidista, es hablar de Derechos Humanos. ¿Qué culpa tienen estos niños para tener que montarse en el autobús todos los viernes, recorrer 2.000 kilómetros de ida y vuelta, visitar durante 40 minutos a sus padres con un cristal de por medio? ¿Qué delito han cometido estos niños para seguir manteniendo ese tipo de situaciones cuando la cárcel de Zaballa, por ejemplo, está a la mitad de su capacidad? Insisto, tenemos que trasladar a sectores que desconocen lo que hacemos desde Sare que estamos hablando fundamentalmente de este tipo de cosas, que no estamos hablando de política. Y ese es un trabajo complicado y difícil que tenemos que hacer en cada pueblo para extender la red ciudadana.

El Estado debería entender que, cuando el 85% de los ciudadanos vascos representados en sus ayuntamientos han aprobado una moción en la que se habla del fin de la política de alejamiento, de la libertad de los presos enfermos y de una política penitenciaria basada en los Derechos Humanos, estamos hablando de que casi la práctica totalidad del pueblo vasco está en estas reivindicaciones.






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Liberan a Carola Rackete

Traemos a ustedes buenas noticias en el caso de Carola Rackete, la capitana que se ha ganado la admiración y solidaridad del mundo entero por su gesta a favor de los migrantes que día con día lo arriesgan todo por alejarse del infierno que ha dejado a su paso el neoliberalismo en las naciones periféricas.

Así pues, desde las páginas de El País les compartimos este artículo que nos habla de su puesta en libertad:


La magistrada rechaza el delito de "resistencia y violencia a una nave de guerra" del que Carola Rackete había sido acusada y señala que cumplió con su deber

Daniel Verdú

La justicia en Italia no tiene la misma opinión que el Ministerio del Interior en la cuestión del rescate marítimo a migrantes. Carola Rackete, la capitana de la nave humanitaria Seawatch 3, arrestada por entrar en territorio italiano con 40 migrantes a bordo y llevar a cabo una maniobra que desobedeció a las autoridades portuarias de Lampedusa el pasado sábado, ha quedado este martes en libertad. Los cargos que le imputaba la fiscalía de Agrigento de resistencia o violencia contra una nave de guerra han quedado desestimados. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha perdido así una importante batalla pública para respaldar su política de puertos cerrados y criminalización de las ONG.

La juez de Agrigento Alessandra Vella no ha confirmado la detención y ha rechazado los delitos que se atribuían a Rackete por saltarse el alto de la Guardia de Finanzas (una cuerpo policial similar a la Vigilancia Aduanera española) y golpear a una nave militar. La juez, además, sostiene que actuó cumpliendo "un deber", el de salvar vidas en el mar, según apuntan los medios italianos.

Salvini, principal valedor de su detención, reaccionó al instante. "Para la justicia italiana ignorar las leyes y estrellar una patrullera de la Guardia de Finanzas no son razones suficientes para ir a la cárcel", escribió en su cuenta de Twitter. "Me avergüenzo de que se permita en este país que llegue el primer delincuente del extranjero, desobedezca las leyes y ponga en riesgo a los militares. Una pésima señal, señor juez", añadió.

La organización Sea Watch ha mostrado su felicidad por la liberación de Rackete: "Nos sentimos aliviados de que nuestra capitana haya quedado libre. No había ninguna razón para arrestarla porque solo defendía los derechos humanos en el Mediterráneo". El llamado decreto Seguridad Bis aprobado por el Gobierno de Italia establece que cualquier ONG que entre en aguas territoriales sin el permiso correspondiente puede ser multada con hasta 50.000 euros y 15 años de cárcel. Pero Rackete, mientras tronaban las amenazas de Matteo Salvini en todos los megáfonos de los que dispone el ministro del Interior, puso rumbo la semana pasada al puerto.

Rackete permaneció casi 72 horas en arresto domiciliario entre Lampedusa -custodiada por una señora de 74 años- y Agrigento. Italia decidió detenerla la madrugada del sábado después de que atracase la nave sin autorización en el puerto de la isla con 40 migrantes a bordo. Desde el Ministerio del Interior, tal y como anunció Matteo Salvini, tenían preparado una petición de expulsión para que Rackete no pudiese permanecer en Italia ni un minuto más de la cuenta si quedaba en libertad. Sin embargo, la juez no piensa firmarla hasta, como pronto, el 9 de julio.

Rackete se ha convertido ya en el símbolo en torno al cual se divide Italia. La mitad del país considera, como el propio Salvini, que la capitana es una taxista de inmigrantes y que debe cumplir condena en una cárcel italiana. La otra parte la ha convertido en la imagen de la resistencia a la deriva xenófoba y autoritaria de un Estado que encarcela a quienes salvan vidas en el mar Mediterráneo y se plantea ya la construcción de muros en el norte del país. La división alcanza incluso al seno del Gobierno, donde cada vez más voces del Movimiento 5 Estrellas, como el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, critican la posición extremista de la Liga.

La capitana, además, ha abierto el enésimo conflicto diplomático entre Italia y dos de sus socios comunitarios: Francia y Alemania. El presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, se sumó este domingo a las críticas a la detención, una postura generalizada en gran parte de la sociedad. "Italia no es un país cualquiera. Italia está en el centro de la Unión Europea y, por tanto, podemos esperar que un país como Italia maneje el caso de una manera distinta". Las críticas de Steinmeier por la detención de Rackete se unen a las realizadas por la portavoz del Gobierno y por el ministro de Exteriores, Heiko Maas, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Desde nuestro punto de vista, tras el procedimiento legal debido, solo puede producirse la liberación de Carola Rackete. Eso es lo que le volveré a dejar claro a Italia". Y así ha sido finalmente.






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martes, 2 de julio de 2019

155 Constitucionalmente Borbónico

Con el pueblo catalán mostrando su impulso independentista, uno de los tribunales ornato del régimen borbónico franquista avala el 155.

Aquí la nota de EiTB:


El pleno del tribunal, que ha tomado la decisión por unanimidad, aclara que se trata de una medida que solo puede aplicarse en situaciones excepcionales de extrema urgencia.

El Tribunal Constitucional ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobado por el Senado el 27 de octubre de 2017, y que acabó con la disolución del Govern de Carles Puigdemont.

Por unanimidad, el pleno del tribunal de garantías ha desestimado los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlament de Cataluña y de 50 diputados de Unidos Podemos contra el acuerdo del pleno del Senado.

Por el momento se desconoce el contenido íntegro de las sentencias, de las que solo se ha publicado el fallo. Sin embargo, la agencia EFE adelanta citando fuentes del tribunal que el TC estima que se trata de una medida que solo puede aplicarse en situaciones excepcionales de extrema urgencia.

Según las mismas fuentes, el TC entiende que esta condición se daba en Cataluña tras la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la posterior proclamación de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Era el 27 de octubre de 2017 y el Senado daba luz verde al Gobierno español para asumir las competencias de las instituciones catalanas en pleno proceso independentista en el que, tan solo unas horas antes, el Parlament había aprobado la DUI, en cuyo preámbulo declaró un "Estado independiente en forma de república".

El máximo intérprete de la Constitución anuló esa declaración de independencia y ahora se ha pronunciado por primera vez sobre el 155 en dos sentencias que suponen un espaldarazo a la medida aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El Constitucional desestima casi íntegramente los recursos que presentaron sucesivamente el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Parlament de Cataluña.

Tan solo admite, y con ello anula, un precepto relativo a las publicaciones en los boletines oficiales. En concreto, la parte del acuerdo del Consejo de Ministros que privaba de efectos la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de disposiciones normativas o actos sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por éste.

En cuanto al recurso del Parlament, el tribunal de garantías también respalda "todas las disposiciones" que se dictaron "en desarrollo o como complemento o adicción" de las medidas aprobadas por el Senado.

La aplicación del 155 supuso el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña y de todo su Gobierno y el control por parte del Ejecutivo español de las competencias de Cataluña hasta las elecciones celebradas el 21 de diciembre.

Aunque las sentencias del TC respaldan la actuación del Ejecutivo de Rajoy, los magistrados recalcan que se trata de un mecanismo excepcional, una apreciación significativa en un momento político en el que el PP y Ciudadanos abogan por su aplicación de manera indefinida.






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Terrorismo Español Institucional

A cualquier lector le quedará claro, tras leer este artículo dado a conocer por Público, que el terrorismo de estado español es antes que nada y después de todo, institucional.

Tanto los autores intelectuales como materiales de los distintos actos de terrorismo de estado - guerra sucia le llaman - perpetrados en contra de ciudadanos vascos han gozado de la impunidad que desde las distintas instituciones del régimen borbónico franquista se les ha otorgado a lo largo del tiempo.

Partidos políticos que ni siquiera existían en el momento en el que sucedieron algunos de los actos violentos por parte de cuerpos policíacos plenamente identificados así como por cuerpos paramilitares actuando en la opacidad se suman ahora gustosamente apoyar medidas en contra del reconocimiento de las víctimas de dichos actos.

Pero que no salga Arnaldo Otegi a hablar en una entrevista televisiva acerca de cualquier tema porque inmediatamente se le exigirá que aclare su postura con respecto a las "víctimas de la violencia etarra".

Unas violencias son violencia y otras no. Unas víctimas son víctimas y otras no.

Vox y Ciudadanos sumándose a un recurso presentado por el PP en contra de las víctimas en Nafarroa, auténtico cierre de filas alrededor de la impunidad que se extiende así a través de las décadas.

Les dejamos pues con la información:


El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por ambas formaciones busca impedir que los familiares de Gladys del Estal, Mikel Zabalza o Germán Rodríguez reciban una reparación oficial. Ciudadanos también se ha sumado a esta vía.

Danilo Albin

La muerte llegó pronto para Mikel Zabalza. Tenía 33 años cuando su cuerpo apareció flotando en el río Bidasoa, previo paso por el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. A Gladys del Estal le sorprendió con diez años menos: tenía 23 en el momento que un disparo de la Benemérita atravesó su cabeza. Para el Partido Popular y Vox, sus reconocimientos como víctimas de abusos policiales equivaldrían a “blanquear” a ETA.

Del Estal y Zabalza están entre las víctimas de la represión en Navarra que nunca recibieron un reconocimiento por parte del Estado. Pensando en todas y todos ellos se redactó una ley en 2015. La escribió el entonces diputado de Nafarroa Bai Joseba Eceolaza. “Hay dos niveles: por un lado, tenemos algunos casos con condenas injustas, y otros que han quedado absolutamente impunes”, resume a Público en una conversación telefónica.

La ley que preparó Eceolaza sufrió el tijeretazo del Tribunal Constitucional, que en 2018 –previa solicitud por parte del Gobierno de Mariano Rajoy– anuló la mayor parte de su contenido. De ahí que en marzo pasado, el Parlamento de Navarra –con los votos de Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra- aprobase una nueva norma, dirigida a reconocer a esas víctimas que el Gobierno del PP y el TC habían decidido excluir.

“Hay una serie de casos bastante objetivos”, dice Eceolaza. Se acuerda entonces de Gladys del Estal, muerta en una manifestación ecologista realizada hace ahora cuarenta años en Tudela, o del nunca aclarado crimen de Mikel Zabalza. En el caso de Del Estal, el guardia civil que le disparó recibió una condena menor y posteriormente llegó a ser condecorado. Respecto a Zabalza, nunca se determinaron responsabilidades penales.

La norma también abarcaba el caso de Mikel Arregi, el concejal de Herri Batasuna en Lakuntza que fue acribillado a balazos por la Guardia Civil en noviembre de 1979, cuando se desplazaba en un vehículo junto a cuatro amigos. “La versión de la Guardia Civil fue que el coche se había saltado un control policial, pero los numerosos testigos coincidían en que momentos antes había habido un control policial, pero en el momento en que pasó ya se habían retirado las señales de control”, recordaba su hermana Charo en marzo de 2015, cuando compareció ante la Comisión del Parlamento de Navarra que preparaba la ley que sería finalmente mutilada por el TC.
“Negociación política”

Tras aquel golpe judicial, la nueva ley del Parlamento de Navarra contemplaba estos casos. Sin embargo, PP y Vox se han unido para tratar de evitarlo: el pasado viernes, representantes de ambas formaciones se fotografiaron juntos a las puertas del TC, donde presentaron un recurso contra la referida norma foral. El argumento de ambos partidos es que se busca “blanquear” la historia de ETA. “La sangre de más de 850 compatriotas no puede estar encima de una mesa de negociación política”, llegó a decir el ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

Tres días después, Ciudadanos anunció que se sumaba también a esta vía para tratar de derribar la norma foral, alegando que ofendía a la Policía Nacional y la Guardia Civil "en su dignidad".

Estas palabras retuercen al pamplonés Fermín Rodríguez. Su hermano Germán murió en los Sanfermines de 1978 a raíz de los disparos de la Guardia Civil en las calles de la capital navarra. “Que Vox y el PP hayan recurrido esta ley –que de por sí nació con muchas mermas y estaba hecha para que pasara el filtro del TC– indica la absoluta intolerancia que tienen hacia las víctimas del terrorismo de estado”, afirma.

En esa línea, Rodríguez se muestra “desengañado” con la justicia española. “De hecho, me he tenido que ir a Argentina para presentar una querella y hablar con una jueza. Aquí, en 41 años no me ha llamado nadie a declarar”, se lamenta.

PP y Vox también quieren impedir que se reconozca a José Luis Cano, otro joven que murió por los disparos de la Policía Armada durante una manifestación a favor de la amnistía en mayo de 1977 en Pamplona. Tenía 28 años, vivía en Errenteria (Gipuzkoa) y trabajaba como cajista en el diario La Voz de España. Su nombre tampoco figura en los listados de víctimas que maneja el ministerio de Interior.






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lunes, 1 de julio de 2019

El Nuncio Franquista

Continúa la comedia de enredo en la que se ha convertido la exhumación del dictador genocida Francisco Franco con un capítulo que causaría hilaridad de no ser tan grave.

Aquí lo que nos informa El País:


La vicepresidenta anuncia que el Gobierno tiene la intención de revisar los acuerdos sobre la fiscalidad de la Iglesia

España va a presentar una queja formal ante el Vaticano por las declaraciones que ha realizado el nuncio en España en las que aseguró que el Gobierno había "resucitado a Franco". "Estas declaraciones no me han extrañado, ya he tenido alguna conversación difícil con el nuncio. Va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha tachado en la cadena SER esos comentarios de "improcedentes e inaceptables" en el "fondo y en la forma" porque, según ha explicado, un embajador de la Santa Sede "no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado" y en un tema "tan importante como es exhumar los restos de un dictador".

"Va a haber una queja formal al Estado del Vaticano. Va a recibir una queja por una injerencia de esta naturaleza, por las formas en que se ha producido y los contenidos impropios de cualquier legación diplomática que (al Vaticano) le afecta muy directamente porque los restos de Franco están en una Basílica", ha subrayado Calvo, que además ha anunciado que el Gobierno tiene la intención de revisar la fiscalidad de la Iglesia católica en España. El Ejecutivo ha enviado a la Conferencia Episcopal su propuesta y hay dos personas del Ejecutivo asignadas para sentarse para tratar el tema de la fiscalidad de la Iglesia en España. "La Iglesia tiene que pagar impuestos como lo hace en Francia o Italia porque es justicia social. Ellos lo saben, por eso me resulta todavía más incomprensible la entrevista que ha dejado el embajador del Vaticano en España", ha concluido.

El nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba “resucitando a Franco”. “Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una Guerra Civil”, aseguró Fratini. El nuncio en España explicó que ha “intentado” mediar desde que el presidente Pedro Sánchez anunciara este proyecto, ya que la tumba de Franco se encuentra en la abadía del Valle de los Caídos, donde viven los monjes benedictinos. “La Santa Sede ha tenido una posición neutral, es un problema más de la familia Franco y del Gobierno”, precisó. Para Renzo Fratini, detrás de este proyecto del Gobierno socialista subyacen “motivos, sobre todo políticos” e “ideológicos”. “Está detrás una ideología de algunos que quieren de nuevo dividir a España”, apostilló.

“Se ha enaltecido mucho más después de que se anunciara esto porque las visitas han aumentado, el problema ha regresado, mucha gente no sabía dónde estaba el Valle de los Caídos”, apuntó. En todo caso, ha dicho que el Vaticano “no se opone” pero que “hay que respetar el derecho de la familia”. No obstante, si finalmente se trasladan los restos —por el momento, el Tribunal Supremo ha paralizado la exhumación—, el nuncio “no” está “en contra de la eventual decisión del Gobierno” de enterrarlos en el cementerio del Pardo “en el respeto siempre de los derechos y de la voluntad de los familiares”.

“La catedral de La Almudena sería peor, en el sentido de que el motivo era evitar el enaltecimiento, que la gente vaya allí”, matizó. El nuncio pide “olvidar el mal” porque “si no, regresa la pelea, la Guerra Civil”. “A Franco algunos lo llaman dictador, algunos dicen que ha liberado a España de una Guerra Civil, que ha solucionado un problema. No continuemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa”, concluyó. Este lunes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas ha pedido al Gobierno que "no sean tan susceptible" con las críticas del nuncio en España.






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Guardiola y los Ocho de Altsasu

Una vez más el mítico entrenador de futbol Pep Guardiola da voz a su solidaridad para con el pueblo vasco en general y los ocho represaliados de Altsasu en particular.

Aquí lo que reportan desde Naiz:


En una extensa entrevista televisiva centrada en fútbol, el entrenador catalán del Manchester City y conocido independentista Pep Guardiola ha denunciado el «caso Altsasu», mostrando un detallado conocimiento al recordar que hay jóvenes presos hace ya casi mil días.

Ramón Sola

La cadena Gol TV emitió este domingo noche una entrevista de 90 minutos con Pep Guardiola, el mejor entrenador de fútbol mundial de la última década. Y destacó que en la parte final Guardiola introdujera una denuncia del «caso Altsasu», relacionada con el encarcelamiento sufrido también por líderes independentistas catalanes.

En la parte final de esta entrevista realizada por cuatro periodistas especializados en fútbol, a Guardiola se le planteó si no cree que muchas de las críticas que recibe en su faceta de entrenador tienen que ver con su implicación política. El exentrenador de Barcelona y Bayern de Munich dijo que «en la vida todo es política», que él tiene derecho a expresar su opinión «igual que lo hace un periodista» y que hay situaciones injustas que le remueven.

En este punto, Guardiola comenzó evocando no la situación en Catalunya, sino el caso de Altsasu como prueba más elocuente. Recordó que hay jóvenes encarcelados «hace más de 900 días por una pelea de bar» y lo calificó de «locura».

La represión desatada por el incidente del bar Koxka tiene un amplísimo eco en Catalunya, cuyos medios sigue Guardiola todas las mañanas desde Manchester, donde trabaja hace ya tres años.

Fue después de citar Altsasu cuando Pep Guardiola abordó la situación en Catalunya y especialmente la «injusticia» de los encarcelamientos preventivos, que denuncia habitualmente llevando en la solapa el lazo amarillo: «La gente pedía votar. Son activistas sociales que defienden la paz y la cultura. Es una animalada. Y esa gente no ha roto un cristal».






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Muere Represor Español

Otro represor español se va de rositas, sin haber enfrentado un jurado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra del pueblo vasco.

Aquí lo que nos reporta Naiz:


Fiscal jefe de la Audiencia Nacional española entre los años 1997 y 2006, Eduardo Fungairiño, protagonista de la lucha del Estado español contra el independentismo vasco, ha fallecido hoy en Madrid a los 73 años de edad.

Duro entre los duros, protagonista de la lucha contra el independentismo vasco durante una década al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, Eduardo Fungairiño arrancó su carrera judicial como fiscal franquista en la Audiencia Provincial de Barcelona en 1973, donde permaneció hasta el arranque de los años 80.

Es como fiscal de la Audiencia Nacional, sin embargo, cuando salta a la fama, sobre todo a partir de 1997, cuando es nombrado fiscal jefe del tribunal de excepción con José María Aznar recién llegado a la Moncloa.

Reaccionario sin complejos –en un informe de los 90 justificó las dictaduras chilena y argentina, que «solo pretendían la sustitución temporal del orden constitucional establecido»– no dudó en criticar más tarde al propio Aznar por negociar con ETA.

También ocupó titulares en su día por ocultar un informe sobre un atentado de ETA contra el propio Aznar. «Las investigaciones se aportan al juzgado solo si favorecen las tesis de la acusación», justificó entonces. El castigo fue una multa de 50.000 pesetas, montante que equiparó a una sanción de tráfico.

La prensa vasca, su obsesión

Fungairiño hizo tándem durante años con Baltasar Garzón en la lucha contra el independentismo vasco, aunque ambos acabaron profundamente enemistados por la iniciativa del juez en materia de memoria histórica. De hecho, el fiscal siempre se opuso a cualquier investigación sobre un franquismo del que él mismo provenía; también contra los esfuerzos de la justicia argentina en esta materia.

Entre sus obsesiones destacaron primero “Egin” y luego GARA, también “Egunkaria”, y en especial el periodista de investigación Pepe Rei. Se llegó a querellar en 2001 contra los directores de GARA y “Egunkaria” por entrevistar a dos miembros de ETA. También denunció en numerosas ocasiones a Rei, a quien acusó de señalar objetivos a la organización armada.

Fue cesado del cargo en 2006, cuando fue sustituido por Javier Zaragoza, actual fiscal jefe del Tribunal Supremo. Él mismo vinculó el cese a las negociaciones que en aquel entonces mantenía el ejecutivo de Zapatero con ETA.






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Supremamente Wertiano

Madrid ha consumado un asalto más a la educación vasca arremetiendo en contra de las becas que otorga el gobierno de la CAV.

Deia ha publicado este reportaje donde se explica en que consiste todo el asunto y como el Tribunal Supremo avala lo hecho por un ministro vilipendiado por sus acciones en contra de la educación:


El Alto Tribunal considera que invade las competencias del Estado y ataca la igualdad de oportunidades del alumnado

Idoia Alonso

El Tribunal Supremo (TS) volvió a tumbar parte del sistema de becas de Euskadi. En esencia, la sentencia del Alto Tribunal establece que la legislación orgánica del Estado está por encima de la normativa vasca en esta materia pese a tener competencia exclusiva en Educación y aunque las becas corren a cargo de los Presupuestos vascos y no de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde que en 1989 se materializó la transferencia de enseñanza, Euskadi es la única comunidad que autofinancia las ayudas al estudio. Esta particularidad es el núcleo de la estrategia del Gobierno vasco para defender su política de becas frente al decreto de José Ignacio Wert que en 2014 endureció el acceso de las ayudas y que Euskadi no aplicó, por lo que Gobierno Rajoy recurrió en aras de salvaguardar la “igualdad de oportunidades” de todo el alumnado del Estado, aunque en el trasfondo del recurso estaba la recentralización de la educación.

Precisamente, el hecho de que las becas dependan de los fondos aportados por la Hacienda General del País Vasco “para coadyuvar a solventar” la falta de estabilidad financiera que originó el decretazo Wert es el argumento esgrimido por dos de los seis magistrados de la Sala Tercera del TS para votar en contra de la sentencia. No obstante, el fallo considera que “un sistema de becas paralelo al del Estado basándose en su propia financiación conduciría a que los estudiantes dependiendo del lugar de residencia, no tendrían las mismas oportunidades” al tiempo que “favorecería a los de regiones con mayor disponibilidad financiera” lo cual generaría “importantes desigualdades en el acceso” a la educación en función del lugar de nacimiento.

Dicho en plata, según el TS, el sistema vasco de becas atenta contra el principio de igualdad de oportunidades, generando estudiantes de primera y de segunda. Y es que según esta tesis, quienes llegan de otras comunidades no pueden acceder a las becas vascas, ya que sus familias no tributan en Euskadi. Pero la moneda no tiene por qué caer del lado vasco ya que el gasto medio por becario vasco en Bachillerato y Formación Profesional (FP) fue de 368 euros el curso 2016-17, frente a los 1.286 euros en el resto de comunidades. Y eso es así porque Euskadi financia ambos ciclos posobligatorios y el resto del Estado, no.

¿Y ahora qué? El Departamento de Educación del Gobierno vasco guardó ayer silencio a la espera de que sus servicios jurídicos analicen la sentencia, que lleva fecha del 22 de mayo. Tampoco aclaró qué incidencia tendrá el fallo en el alumnado -de FP y Bachillerato- que desde 2014 ha recibido una beca o si en adelante la política vasca de becas se adaptará a la estatal. El fallo también podría tener una derivada política, ya que en la primera reunión que mantuvieron la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y la ministra Isabel Celaá, ambas acordaron “trabajar conjuntamente para dar una solución” a los recursos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el sistema de becas vasco. A la vista está que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha retirado los recursos, pese a que el PSE es socio del Ejecutivo Urkullu.

El recurso interpuesto por la Abogacía del Estado no ha paralizado nunca el sistema y no conlleva la obligatoriedad de devolver las ayudas concedidas a las familias. En primera instancia, los tribunales ya se pronunciaron sobre una parte de estos recursos, la correspondiente a las becas no universitarias del curso 2014-15, dando la razón a los postulados del Ejecutivo central, por lo que el Gobierno vasco presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ese año, el Ejecutivo de Gasteiz destinó 53 millones de euros a becas no universitarias, lo que posibilitó que se concediesen 123.702 ayudas para material escolar y 61.284 para comedores.

Diferencias

Hasta aquí, la esencia de la sentencia. El fallo pone en solfa los elementos que diferencian las becas vascas del resto y que generan desigualdades: los umbrales de renta para acceder a una ayuda, las cuantías y los criterios académicos. La norma vasca eleva los umbrales de renta de las familias, lo que amplía el número de beneficiarios aunque la cuantía de la ayuda sea menor. El nivel de ingresos para poder acceder a una beca del Ministerio son de 7.200 euros anuales, el más bajo, 10.600 euros y 13.900 euros. En Euskadi hay tres umbrales de renta que varía en función de los hijos. En la convocatoria de este año los umbrales de tres miembros, con un hijo, son 17.567, 22.820 y 34.353 euros, lo que favorece que las clases medias puedan acceder a las ayudas. Para obtener la beca en FP y Bachillerato no se puede superar los umbrales 2 y 3.

Este planteamiento no responde a una razón filantrópica, sino estrictamente económica, porque el nivel de renta de las familias de Euskadi es un 18% superior a la media del Estado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la renta media de un hogar español es de 28.417 euros, frente a los 35.049 euros de un hogar vasco. Además, las cuantías de las becas son diferentes. Desde 2014 la cuantía de la beca del Ministerio es fija para todo el mundo, 1.500 euros, y un variable de 60 euros. En Euskadi, en cambio, existen distintos conceptos y distintas ayudas: material escolar, enseñanza, comedor, desplazamiento y residencia.

El umbral que no se puede sobrepasar varía según el tipo de beca, etapa y el número de miembros de la familia. Según el Consejo Escolar de Euskadi, en el curso 2016‐-17 el umbral de una familia de cuatro miembros para solicitar beca de comedor para un alumno o una alumna de Primaria, ESO, Bachillerato o FP fue de 27.069 euros anuales y para beca de material escolar, de 40.796. El curso 2016‐-17 el 35,7% del alumnado recibió beca de material, y el 20,7% del alumnado de 2 a 16 años recibió beca de comedor. El porcentaje de beca en Gipuzkoa es inferior a la media vasca, mientras que en Bizkaia es superior en tres puntos en comedor. Además Lakua da ayudas a familias monoparentales que el Ministerio no contempla. Y también hay distintos criterios académicos. Euskadi no exige el reintegro de la beca por la inasistencia a un 80% de las horas lectivas o a la no superación del 50% de las asignaturas, tal y como exige el decretazo Wert.






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Destino Lampedusa

La detención de la capitana alemana Carola Rackete ha tenido ecos en todo el mundo.

Solo hace un par de días la opinión internacional se escandalizaba por la imagen del migrante salvadoreño ahogado en el Río Bravo con el cuerpo sin vida de su bebé abrazado todavía a él. Comparaban esta imagen con la desgarradora fotografía del bebé Aylan Kurdi en aquella playa turca.

Pues bien, por conducto de Naiz nos llega información por medio de la cual nos enteramos que los capitanes de las demás embarcaciones humanitarias que trajinan en el Mediterráneo lejos de dejarse amedrentrar por lo sucedido a Carola dan aviso que de hecho lo consideran un acicate para redoblar esfuerzos.

Aquí la nota:


Después de que la patrona del ‘Sea Watch 3’ fuera detenida por desembarcar por la fuerza en Italia a los migrantes que había rescatado, Matteo Salvini amenazó a los otros barcos que realizan tareas humanitarias, entre ellos el de Open Arms, que ha hecho caso omiso a las advertencias.

La ONG Open Arms ha rescatado a 40 migrantes, entre ellos cuatro bebés y tres embarazadas, en una barca procedente de Libia, que ahora se disponen a viajar hasta el puerto italiano de Lampedusa, según ha anunciado este domingo la organización.

Los rescatados presentaban un «alto nivel de deshidratación» después de tres días de travesía, de acuerdo con el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

«Les hemos atendido y activado a administraciones pertinentes para que se hicieran cargo. Ahora les escoltan hasta Lampedusa», concluye el mensaje, sin dar más detalles.

Lampedusa ha sido escenario en las últimas horas de un episodio de tensión después de que la capitana del barco de rescate ‘Sea Watch 3’, Carola Rackete, fuera detenida tras desembarcar por la fuerza en el puerto italiano a 40 migrantes que había rescatado.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, acusó a Rackete de comportarse como una delincuente antes de amenazar a otras ONG, entre ellas Open Arms, con aplicarles el mismo trato si decidían entrar en aguas italianas.

«Hay otros barcos de otras dos ONG que navegan hacia el Mediterráneo. Más vale que no se acerquen a Italia o de lo contrario les espera el mismo trato», aseguró el sábado Salvini refiriendose a las organizaciones Open Arms y Aylan Kurdi.







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