EA se Posiciona ante "Garzonada"

La Jornada trae a nosotros la postura de Begoña Errazti, líder del partido político Eusko Alkartasuna con respecto a la más reciente andanada represiva llevada a cabo por el juez estrella Baltasar Garzón en contra de Batasuna.

Adelante con la lectura:

Tienen "trasfondo político" las acciones judiciales contra Batasuna: Begoña Errazti

El juez Garzón pretende "crispar todavía más" la frágil situación en el País Vasco, dice

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Begoña Errazti, la presidenta de Eusko Alkartasuna (EA), una de los formaciones políticas más emblemáticas del País Vasco al representar una ideología que defiende sin tapujos la autodeterminación y que al mismo tiempo forma parte del gobierno autonómico vasco, señaló hoy que las acciones judiciales contra Batasuna tienen un "trasfondo político" que lo único que pretenden es "crispar todavía más" la frágil situación de la región.

La dirigente vasca sostiene que el embargo de todos los bienes de la coalición abertzale (independentista) y la aprobación de la nueva ley de partidos políticos son ejemplos fidedignos de que el "aparato judicial español tiene una dependencia evidente del Ejecutivo", y de que la estrategia desde el Estado español es generar más tensión y "crispación" para "justificar la mano dura contra las vascos".

En entrevista con La Jornada, Errazti se asume independentista y republicana, dos ideologías que a su juicio corren el riesgo de ser proscritas por la derecha española, encabezada por el presidente conservador José María Aznar, un dirigente político que a su entender busca llevar el "histórico conflicto vasco" a un "escenario previo al de la democracia", o sea, a un escenario similar al vivido durante la pasada dictadura de Francisco Franco.

Antes de manifestar cualquier opinión de carácter político, Errazti siempre evoca la raíz de su formación, que, grosso modo, pretende la autodeterminación del País Vasco, la creación de un modelo sociopolítico de izquierda, en el que la monarquía no tiene cabida tras la creación de la república y la soberanía de las instituciones locales.

Otras de las bases ideológicas de EA es que para llevar a cabo cualquier proyecto político es necesario que éste se fundamente en la "paz", por eso una de sus principales reivindicaciones es que "ETA no nos representa ni tiene ningún derecho para representar al pueblo vasco, puesto que la violencia sólo nos lleva a un callejón sin salida", y "además el pueblo vasco no se identifica con los asesinatos, los secuestros y las amenazas".

Encuentro sin exclusiones

Errazti sostiene que el histórico conflicto vasco tiene "salidas", pero que para ello es necesario desarrollar un proceso de negociación que al menos permita identificar los "puntos de encuentro" entre la "inmensa diversidad de la sociedad vasca", por lo que "nadie" puede ser excluido, "por lo que es necesario que tanto el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Batasuna y nosotros nos sentemos a dialogar sin imposiciones previas y con vocación de buscar soluciones".

Por eso considera que las decisiones del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, lo único que pretenden es "provocar más crispación y sufrimiento para, en determinado momento, justificar la mano dura en Euskadi, pues yo he escuchado a dirigentes del Partido Popular que esto (la situación política en Euskadi) se resuelve con mano dura y ya está".

La dirigente sostuvo que el auto de Garzón para embargar todos los bienes de Batasuna es "ilegal" y "anticonstitucional", un escenario que según su punto de vista no es nuevo en las acciones judiciales del magistrado español, ya que ha ordenado incluso la ilegalización de asociaciones civiles vascas responsables de la difusión del euskera, el idioma oficial en el Estado español desde hace sólo 20 años y que, de acuerdo con la dirigente vasca, sigue su-friendo el acoso permanente del "centralismo" español.

Errazti, que a raíz de las elecciones del 13 de mayo del 2001 se erigió como una de las voces más emblemáticas del nacionalismo vasco, también se refirió a la situación creada una vez aprobada la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc por el PP y el PSOE para ilegalizar a Batasuna, al sostener que esta medida lo "único que pretende es ilegalizar las ideas" y, según su punto de vista, se enmarca en una "estrategia del Estado español para criminalizar al nacionalismo vasco en general", ya que - afirma - "desde que el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso ésta sólo se ha utilizado para atacar las regiones y en concreto al nacionalismo y al separatismo vasco".

La dirigente de EA apeló a la responsabilidad de los dirigentes políticos, sean vascos o españoles, para ver "con objetividad" las situaciones "lamentables" que se cometen día a día en la región.

Entre ellas citó las torturas sistemáticas que, según denuncias de organizaciones internacionales, sufren militantes o presuntos miembros de ETA y, por supuesto, la amenaza continua con la que viven los concejales y representantes políticos del PP y el PSOE, amenazados por ETA de "forma constante". 

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Sanfermines

Hoy dieron comienzo en Iruñea (Pamplona) los famosos Sanfermines que diera a conocer al mundo el escritor estadounidense Ernest Hemingway. Las fiestas inician con el "Txupinazo" y se caracterizan por las Zezenketak (Corridas con los toros). Esta vez las Ikurriñas se hicieron más evidentes.

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"Garzonada" Bancaria contra Batasuna

El régimen borbónico franquista no se deja maniatar por principios democráticos como la división de poderes o la independencia de acción del poder judicial con respecto al poder ejecutivo; el fantasma de Francisco Franco hace mucho que subyugó al Espíritu de Montesquieu.

Esto lo aprovecha muy bien Baltasar Garzón para dar rienda suelta a su más violento españolismo.

El juez estrella, sabedor de la temporalidad de la permanencia de su mellizo ideológico José María Aznar en La Moncloa y que el escenario de completo desdén por los derechos humanos creado por George W. Bush tras los eventos del 11 de septiembre, ha metido el pie al acelerador en su asalto a las libertades del pueblo vasco.

Lean lo que nos informa La Jornada con respecto al embargo a los bienes de Batasuna:

Ordena el juez Garzón inmovilizar las cuentas bancarias de la coalición vasca Batasuna

La demanda, dirigida a entidades financieras estatales, regionales e incluso de Francia

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, giró hoy una orden a las entidades financieras estatales, regionales e incluso francesas para la inmovilización de todas las cuentas bancarias de Batasuna, la coalición de la izquierda separatista vasca que según el magistrado es un apéndice de la estructura de la organización armada ETA.

La medida tomada por Garzón se produjo horas antes de que ETA asumiera la responsabilidad de los atentados con carros bomba y de otro artefacto explosivo perpetrados durante la cumbre de la Unión Europea, que se realizó en Sevilla los pasados 21 y 22 de junio, y que si bien no dejaron víctimas mortales provocaron lesiones a 10 personas, entre ellas tres turistas británicos.

En un comunicado publicado en el diario vasco Gara, ETA dijo que con las explosiones en Fuengirola, Marbella, y Málaga, en la Costa del Sol, así como en Zaragoza y Santander, en el norte del país, su intención era atacar los intereses turístico y económicos de España.

Asimismo, ETA reivindicó la explosión de cuatro coches bomba entre el 22 de abril y el 23 de mayo en Madrid, Bilbao y Pamplona, en "acciones contra los ricos y los políticos que oprimen al País Vasco".

La medida del magistrado español fue tomada al vencer el plazo de 24 horas para el pago de una fianza de 24 millones de euros (unos 23.5 millones de dólares) para evitar el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles, subvenciones públicas y créditos de Batasuna, algo que a juicio de sus dirigentes significaría la "ilegalización de hecho" de su formación política.

Dicha cantidad es reclamada a manera de indemnización por el magistrado a Batasuna, al que atribuye la "responsabilidad civil solidaria" de los daños provocados por la violencia callejera protagonizada los últimos dos años por las asociaciones juveniles del independentismo radical.

Las exigencias de Garzón se suman a una serie de iniciativas llevadas a cabo recientemente por el gobierno y por el poder judicial español para propiciar la disolución de la coalición abertzale (independentista), que son fundamentalmente tres.

Estas son la aprobación de la nueva ley de partidos políticos que busca la ilegalización de Batasuna, la conclusión del sumario 18/98, instruido por Garzón, con el que se procesará a más de 70 dirigentes de la izquierda radical vasca por su presunta pertenencia a ETA y el auto con el que se ordena el embargo de todos los bienes de la formación separatista.

La orden de embargo preventivo del magistrado de la Audiencia Nacional, dirigida a las entidades reguladoras españolas y francesas, pretende congelar los fondos de las 118 cuentas bancarias de Batasuna que al parecer tienen relación con las llamadas herriko tabernas, sedes sociales relacionados con esta formación y en las que se recaudan fondos de "solidaridad" con los presos de la organización armada.

El requerimiento se dirige también a un banco francés, el Bankoa Crédit Agricole, después de que el juez recibió información de que en la sucursal de esta entidad en San Sebastián hay una cuenta abierta a nombre de Batasuna. Además, el juez solicitó al presidente del Parlamento Europeo, a través de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, que remita "certificación sobre las cantidades que percibe la formación EH-HB-Batasuna con cargo a los presupuestos de la institución".

Todas estas medidas fueron acordadas por Garzón después de comprobar que los intentos de los juzgados de Pamplona de notificar el auto a los representantes legales de Batasuna resultaron infructuosos, y tras la postura de insatisfacción de los dirigentes de la formación política, que aseguraron que "no tienen ni deben" pagar el dinero exigido por el magistrado.

Asimismo, pidió informes sobre las subvenciones que tendría que recibir Batasuna por parte del Estado español, una petición llamativa una vez que el gobierno nacional se ha negado, desde la llegada al poder del conservador José María Aznar, a pagar las subvenciones públicas que por ley corresponden a la formación y cuya controversia se dirime en los tribunales.

Responsabilidades civiles solidarias

Garzón está también a la espera de que a más tardar el próximo lunes la policía complete el listado que le solicitó sobre los bienes de la coalición vasca, a fin de proceder al embargo de los bienes muebles e inmuebles y, por último, los sueldos, hasta cubrir los más de 24 millones de dólares exigidos.

El magistrado español inició ya los trámites para que recaigan en Batasuna las "responsabilidades civiles solidarias" de los actos de violencia callejera llevados a cabo por Haika y Jarrai, las organizaciones juveniles que precedieron a Segi y cuyas supuestas actuaciones se remontan a los años 80, con lo que el monto de la supuesta responsabilidad podría ser muy superior a los 24 millones de euros, una cantidad que en todo caso no puede asumir la formación, según expresaron sus dirigentes.

Fuentes cercanas a Batasuna señalaron, a través de la jurista y parlamentaria Jone Goirizelaia, que la coalición vasca presentará un recurso de apelación a esta orden, que calificó de "bodrio jurídico".

La diputada apuntó que "tal como aparecen los argumentos y la estructura del auto, las actuaciones del magistrado podrían rayar en un delito de prevaricación", al tiempo que consideró estas iniciativas judiciales como una nueva "agresión" desde el Estado español a la vida política de Euskadi.

El gobierno español manifestó, a través de su vocero Pío Cabanillas que éstas son medidas necesarias para la "lucha contra el terrorismo", luego de acusar al gobierno vasco - que el jueves consideró que el auto de Garzón tiene motivaciones políticas - de "intolerable" y que le ubican "fuera del sistema democrático" español.

El gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español acusaron a los nacionalistas de estar "más preocupados" por el futuro de la coalición abertzale que por la defensa de las víctimas del terrorismo, y denunciaron la incongruencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por defender hace unas semanas, en el Congreso, la vía del Código Penal contra Batasuna y criticar ahora el auto del juez.

El secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al PNV que "esté a fondo" en la defensa de la libertad y se preocupe "cada día por cada concejal amenazado e insultado", y "no por lo que le pase a Batasuna". 

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EA Contra el Embargo a Batasuna

Eusko Alkartasuna - EA - expresa su solidaridad con Batasuna ante el más reciente embate por parte del Inquisidor y facilitador de la tortura Baltasar Garzón.

La Jornada nos habla de ello:

Ilegal, la apropiación de los bienes de la coalición vasca: Eusko Alkartasuna

Socialistas y populares apoyan el fallo del juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La decisión adoptada ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de ordenar el embargo de todos los bienes de Batasuna al considerarla "responsable civil solidaria" de las acciones de violencia callejera llevadas a cabo los dos años anteriores en el País Vasco, provocó críticas desde las formaciones que sustentan el gobierno en Euskadi.

De otro lado, los partidos Popular y Socialista de Euskadi apoyaron sin restricciones la medida judicial, que condena a la "ilegalización de hecho" a esta formación política, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

El consejero de justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, dijo que el auto ejemplifica la "utilización política de la justicia", y puso en entredicho su constitucionalidad.

El presidente del Parlamento vasco y diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Juan María Atutxa, dijo que no cree posible que la petición del embargo se pueda sostener ante un tribunal, "a menos de que se demuestre que todo está unido entre sí: Batasuna, Jarrai, Gestoras y un amplio etcétera, en mi humilde opinión va a ser muy complicado mantener en un juicio el contenido de ese auto y el embargo cautelar, yo creo que va a ser imposible".

La presidenta de Eusko Alkartasuna (EA, socio del PNV en el gobierno regional), Begoña Errazti, señaló que el auto "es absolutamente ilegal, no es conforme a la ley, pues no aporta argumentos concluyentes".

Añadió que Garzón "tiene dependencia del Poder Ejecutivo" y su auto "tiene mucho que ver con la ley de partidos y el intento de crear confrontación en esta sociedad, y crear la imagen de enfrentamiento civil para que la mano dura sea necesaria. Lo que se empezó a preparar eran unas condiciones de confrontación en este país, de ilegalización de las ideas, que van justificadas con este auto y con lo que sea". 

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Entrevista a Arnaldo Otegi

Les invitamos esta entrevista que Arnaldo Otegi, vocero de Batasuna, ha concedido a La Jornada.

En la misma, Otegi aclara muchos aspectos del embate antidemocrático al que Madrid recurre en contra de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

Adelante con la lectura:

Batasuna no pagará los 24 millones de euros que reclama Garzón para evitar el embargo: Otegi

"Como independentistas no le reconocemos legitimidad al Estado español", afirma

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Arnaldo Otegi, líder y vocero de la coalición de la izquierda nacionalista vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA, advirtió hoy que su formación no pagará los 24 millones de euros que les reclama el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para evitar el embargo de todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y futuras subvenciones públicas, ya que, dijo, "negamos legitimidad" al magistrado y a la Audiencia Nacional de España.

En entrevista con La Jornada, el dirigente vasco afirmó que a pesar de las condiciones existentes a raíz de la aprobación de la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para la disolución de su formación, y de los múltiples procesos judiciales abiertos en su contra continuarán con sus actividades y reivindicaciones.

Otegi dijo que "Batasuna no pagará el dinero que exige Garzón, por lo tanto el embargo de bienes es inminente... Primero, porque no disponemos de 24 millones de euros, y en segundo lugar por una decisión política, pues si los tuviéramos nosotros le negamos legitimidad a Baltasar Garzón y a la Audiencia Nacional para adoptar medidas de bloque económico contra una formación política en nuestro país".

Agregó que "eso supondrá posiblemente el embargo de nuestros bienes muebles e inmuebles, lo cual demuestra una intencionalidad clara de bloqueo económico para impedir que Batasuna siga ejerciendo sus actividades políticas en Euskal Herria".

-¿Ya recibió su partido la notificación oficial de la Audiencia Nacional?

-No hemos recibido todavía nada oficial, pero no nos encontramos con un problema de índole jurídica, sino que es de actitud política y en este caso la Audiencia Nacional no es más que un instrumento del gobierno del Partido Popular y de la estrategia que éste comparte con el Partido Socialista Obrero Español para impedir el ejercicio a la libre autodeterminación por parte del pueblo vasco, algo que para ellos es escandaloso y para nosotros es simplemente un acto de naturaleza democrática.

"Aquí todo se hace en nombre de la libertad y la democracia, hasta que una formación política legal no pueda desarrollar su actividad política con normalidad. A modo de ejemplo, se está haciendo lo mismo que hace Estados Unidos a Cuba".

Coyunturas que fortalecen

-Ante este panorama, ¿cómo mantendrá su actividad Batasuna, sin dinero y sin bienes, pues ustedes afirman que seguirán funcionando como organización?

-Desgraciadamente los vascos ya hemos vivido coyunturas que nos han golpeado muy duramente, pero que en definitiva también nos han fortalecido. Tenemos un largo recorrido y por eso manifestamos que por responsabilidad política no se puede plantear la resolución del conflicto que vive el país ni un proyecto de liberación nacional sin contar con Batasuna. Por eso muchas veces decimos que Batasuna no es un sigla sino un proyecto político sustentado por miles de hombres y mujeres en el sindicalismo, en la educación, en la recuperación de la lengua y eso no se puede destruir.

"Esta es nuestra vocación y en eso vamos a seguir, pues hemos pasado por circunstancias históricas muy diferentes en las que se nos aplicaron legislaciones de auténtica excepción, ahora se intenta por todos los medios bloquear las aspiraciones y las organizaciones políticas que planteamos con claridad un modelo radicalmente distinto al que plantean hoy los neofascistas en el Estado español".

-¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas del embargo de bienes y cuentas? ¿Tendrán que cerrar oficinas y suspender sus actividades?

-Se supone que al no tener Batasuna financiación no podrá disponer de la infraestructura necesaria para su actividad política. Insistimos en que por encima de todas las dificultades nosotros no somos un partido político al estilo convencional, porque nos seguimos considerando militantes políticos y esa militancia se podrá desarrollar, con mayor o menor precariedad".

-¿A qué se refiere al advertir que estas decisiones tendrán una "respuesta contundente" por parte de la izquierda abertzale (nacionalista)?

-Esta expresión siempre es utilizada por algunos medios del Estado español para hacerla coincidir con lo que es la actividad armada de ETA, pero nosotros no nos referimos nunca a eso cuando hablamos de respuesta contundente. El camino es el de las manifestaciones como las celebradas contra la ley de partidos o la jornada de huelga general contra el gobierno español, pero el pueblo vasco le va a demostrar al Estado español, como lo ha hecho históricamente, que no se va a doblegar, y no porque mantenga una actitud obcecada sino porque es urgente construir un marco de garantías y seguridad jurídica para poder ejercer sus derechos. Eso se llama soberanía para el pueblo vasco.

-¿Esta decisión, sumada a la conclusión del sumario 18/98, es el comienzo de la disolución de Batasuna por la vía judicial?

-Esta ley de partidos de momento es de difícil aplicación, pues se han puesto encima de la mesa una serie de factores que hacen que su puesta en marcha se retrase. El fundamental es que han comprobado que tanto en el terreno internacional como en el de la movilización popular en el País Vasco esa aplicación tiene consecuencias no deseables para el gobierno español. Por eso hay cierta dilación en ese proceso, que puede durar semanas o meses.

-En todo caso la nueva ley contempla algunas actividades como delictivas. ¿De qué manera van a acotar, en caso de que lo vayan a hacer, su funcionamiento habitual?

-Nosotros como independentistas y gente de izquierda siempre hemos manifestado que no reconocemos legitimidad al Estado español para que plantee niveles de injerencia en nuestra vida social, política y asociativa, por lo tanto no vamos a variar nuestro rumbo político ni los contenidos de nuestra propuesta, puesto que desde esa coherencia hemos logrado formar una izquierda independentista con niveles de adhesión social importantes.

-Con la nueva ley de partidos políticos, la asistencia a actos como los homenajes a los cuatro miembros de ETA que murieron en 2000 al estallar su coche en Bilbao podrían ser considerados delictivos...

-Habrá que estudiar con detenimiento la ley, pero el problema es que el Estado español lo que quiere hacer ver en el exterior es que al imposibilitar que una formación política legal pueda acudir a un acto de homenaje es un acto de reconocimiento a la dinámica desarrollada por un militante concreto, sin que esto quiera decir que se está de acuerdo o no con las cosas que ha hecho. Es un acto al reconocimiento, a la memoria de una persona que ha sido capaz de dar la vida por unos principios políticos. En el fondo lo que pretende hacer ver el Estado español es que no existe un conflicto político en el País Vasco sino que se circunscribe exclusivamente a la presencia de una actividad armada ilegal.

-Con la nueva ley parece quedar claro que Batasuna tendrá que hacer una condena explícita de los atentados de ETA, sobre todo en las instituciones parlamentarias.

-Algunos dicen que nosotros callamos ante las actividades armadas de ETA, pero eso es absolutamente incierto, pues lo que hacemos es una lectura propia de por qué existe la actividad armada de ETA y aportamos una propuesta para la resolución del conflicto. Esa es nuestra posición, que evidentemente no gusta al Estado ni a ciertos políticos. Pero nosotros no vamos a jugar al gato y al ratón y no vamos a hacer debates semánticos sobre nuestra posición en cuanto al conflicto armado del país.

-¿En qué condiciones está Batasuna para propiciar una nueva tregua de ETA?

-Mucha gente piensa que Batasuna tiene capacidad para influir sobre ETA, y hay gente que no. El problema no es si se piden o no treguas sino crear condiciones que puedan permitir maniobrar políticamente a ETA, pero de lo que no nos cabe duda es que ETA tiene absoluta voluntad para crear escenarios democráticos de ese tipo, y por eso nosotros debemos trabajar para generar las condiciones que permitan el desarrollo de un proceso democrático en Euskal Herria y un ejercicio práctico del derecho a la libre autodeterminación. 

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Resurge Paramilitarismo Españolista

Justo cuando Baltasar Garzón le sube la temperatura a la represión en contra del independentismo vasco, se da a conocer que Madrid está dispuesta a recurrir al paramilitarismo de grupos como los GAL o el BVE.

Atención a lo que se ha denunciado desde Iparralde, la información la ha publicado La Jornada:

Abertzales, en la mira de paramilitares

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Tres comandos formados por una treintena de ultraderechistas, "con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado", realizan entrenamientos militares con el objetivo de, en un plazo de dos o tres años, dar muerte a 35 ciudadanos abertzales (nacionalistas), informó el diario vasco Gara, al citar la publicación Kale Gorria.

Están involucrados un agente del Servicio de Información de la Guardia Civil que se hace llamar Manu, y el secretario de Organización de la Falange Vasca, Gonzalo de la Peña Gumuzio. La publicación, en el número correspondiente a junio que presentaron en Bayona Xarlo Etxezaharreta, Igor Eguren y Ahoztar Zelaieta, da cuenta de los preparativos de las "nuevas acciones de guerra sucia". Zelaieta indicó que el martes interpusieron una denuncia en el juzgado de instrucción tres de San Sebastián y que hicieron pública esta información ante "la inmediatez del inicio de las acciones violentas". La investigación realizada por el equipo de periodistas encontró que los tres comandos operan en tres zonas: "la centro", en referencia a Madrid, "la sur", del Estado español, y "la norte", que sería el País Vasco. Asimismo, la Guardia Civil está en condiciones de facilitar "cobertura logística".

Zelaieta también advirtió que han podido comprobar los intentos de infiltración de "elementos ultraderechistas en la izquierda abertzale, en algunos casos se trata de menores".

Los responsables de la revista presentaron diversa documentación, tanto escrita como en imágenes, que pusieron a disposición del juzgado en San Sebastián.

La información detallada por Kale Gorria está basada en las declaraciones de un militante de la Falange Española en Madrid. "¿Que por qué se prestó a realizar esas declaraciones? A nosotros no nos interesan las razones de las fuentes, sino la veracidad de las informaciones. Y en ese sentido hemos contrastado sus declaraciones con documentación interna de la Guardia Civil y hemos comprobado que son veraces. Además, las fuentes consultadas son diversas", señaló Zelaieta, cuyo equipo realizó su investigación durante más de diez meses.

 

 

 

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'Responsabilidad Civil Solidaria'

Continuamos compartiendo con ustedes las perlas de neolenguaje borbónico franquista en su cruzada contra el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco con este aporte que hace el facilitador y promotor de la tortura que responde al nombre de Baltasar Garzón; 'responsabilidad civil solidaria'.

Si quieren saber más acerca de esta joya, procedan con la lectura de este artículo de La Jornada:

Batasuna, "responsable solidaria" de la violencia callejera en el País Vasco, dictamina Garzón

Arnaldo Otegi denuncia que esta medida representa una "proscripción de hecho"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, acordó hoy en auto judicial declarar a Batasuna, considerada brazo político de ETA, "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en el País Vasco los últimos años, en lo que la coalición nacionalista vasca calificó como una "proscripción de hecho".

El juez informó a la formación nacionalista que si en 24 horas no deposita o presenta un aval bancario por cerca de 24 millones de dólares, se ordenará el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles de la coalición.

Batasuna vive momentos difíciles ante las recientes iniciativas políticas y resoluciones judiciales por parte del gobierno del presidente José María Aznar, apoyado por el opositor Partido Socialista Obrero Español. En el terreno judicial la iniciativa la lleva Garzón, quien esta semana ha adoptado dos decisiones que afectan sensiblemente a la coalición. Una de ellas es la conclusión de las investigaciones del sumario 18/98, que pretende probar la vinculación de diversas organizaciones políticas y civiles, medios de comunicación y empresas del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) con la organización armada.

En este macro-juicio serán procesados 64 dirigentes y militantes de la izquierda nacionalista vasca; abogados, periodistas, concejales y militantes de las asociaciones de ayuda a los presos etarras y sus familiares.

La segunda resolución es la adoptada hoy por Garzón, quien consideró que Batasuna debe asumir los costos de los actos de violencia callejera (kale borroka) al ser, siempre según el juez, "responsable civil solidaria". En el auto se justifica esta decisión porque "junto con la de las demás organizaciones del MLNV, integradas en ETA, los actos de kale borroka que protagonizaron miembros de Segi (la rama juvenil de la izquierda radical vasca) suponen un beneficio conjunto al complejo de estructuras que componen la organización terrorista ETA bajo el principio de la complementariedad".

En función de este razonamiento, Garzón decidió dar 24 horas para que Batasuna pague el dinero estimado por el juez, que asciende a 24 millones de dóalres, o de lo contrario se procederá al "embargo del dinero, valores, bienes muebles e inmuebles de los que sea titular, directa o indirectamente, o por medio de sus miembros, la organización Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna". El embargo también recaerá contra los créditos que pueda tener concedidos y las subvenciones que perciba.

Garzón afirma que "las acciones delictivas cometidas por las organizaciones ilegales del entramado deben generar una responsabilidad en función del riesgo no evitado, consentido o incluso auspiciado, en todo caso, por HB-EH-Batasuna, que representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA".

El auto contiene además la siguiente afirmación, que deja abierta la puerta para que también se considere a Batasuna responsable civil por los atentados cometidos por ETA: "La extensión de la responsabilidad civil debe comprender, por tanto, una vez acreditada la vinculación entre ETA, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, HB-EH-Batasuna-Herriko Tabernas (la hipótesis que pretende probar en el juicio oral del citado sumario 18/98) y otras estructuras del complejo liderado por la primera, a todos los casos y supuestos en los que ocurra una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado".

Una vez que se hizo pública esta resolución, la Mesa Nacional de Batasuna denunció ante los medios de comunicación esta "proscripción de hecho, porque de sobra es sabido que no podemos hacer frente a una cantidad tan abultada de dinero". Arnaldo Otegi, líder y vocero de la coalición, explicó que a pesar de la orden de Garzón "ésta no nos va a desviar de nuestra línea de actuación, que tiene por objetivo lograr un contexto de paz estable para Euskal Herria", al tiempo que advirtió que esta criminalización de la izquierda abertzale tendrá "una respuesta contundente.

"Están tratando de acabar con el movimiento de liberación vasco, desde la llegada al gobierno español, el Partido Popular está gestionando el Estado, pero no el poder, que lo tienen los mismos que en el franquismo. La diferencia es que entonces aplicaban la política del palo y la zanahoria, y ahora, con el PP, sólo se utiliza el palo. Todo ello con el beneplácito del PSOE", afirmó el líder abertzale, que además consideró que "los derechos de los vascos llevan dos siglos embargados".

El coordinador de Batasuna, Joseba Permanch, consideró que este auto "supone un mecanismo más para tratar de neutralizar la actividad política de Batasuna, lo que en ningún caso van a conseguir".

En este contexto, José Ignacio Krutxaga, Lierne Armendáriz y Fernando García Jodrá fueron expulsados del tribunal en la primera sesión del juicio que enfrentan por el asesinato del ex ministro de Sanidad Ernest Lluch, luego que acusaron a un policía, que se presentó como testigo, de haberlos torturado cuando les tomaba sus declaraciones.

El fiscal solicita para los tres involucrados en el asesinato de Lluch, ocurrido en noviembre de 2000, la pena de 54 años de prisión. Los indiciados pertenecen, al parecer, al comando Barcelona, de ETA. 

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Alarde en Irun

El pasado domingo, 30 de junio, se celebró en la localidad de Irun la festividad conocida como El Alarde. Aunque se festeja una supuesta victoria del ejército Gipuzkuano en contra de los invasores franceses en realidad esta batalla se dio dentro del contexto del intento de recuperación del territorio por parte de los legítimos reyes navarros en contra de los invasores castellanos. Ese día es el Día de San Marcial, por lo que las festividades incluyen la visita a la capilla de San Marcial.

El Alarde se ha visto en problemas ultimamente por que la tradición permite la participación de solo hombres. La mujeres de la localidad exigen que sea permitida su participación tambien, y la negativa de los organizadores del evento a esta petición es vista como un ejemplo claro de discriminación sexual. Para los vascos fuera de Euskal Herria así como para los extranjeros, la festividad mantiene un muy especial carisma cultural.

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Inicia su Andadura el CPI

La Jornada nos informa que el CPI ha entrado en funciones.

Ya veremos si algún español es llevado al banquillo de los acusados, no olvidemos que el facilitador y promotor de la tortura Baltasar Garzón ha estado involucrado en la creación de esta instancia internacional.

Ergo, algo nos dice que antes que un español, un vasco se encontrará ante estos jueces, no por nada se insiste en criminalizar a todo el abanico de organizaciones y entes a favor de la independencia de Euskal Herria.

Adelante con la lectura:

Comienza a funcionar en La Haya el primer tribunal internacional penal permanente

La CPI intervendrá sólo cuando las cortes locales no juzguen delitos serios

La Corte Penal Internacional (CPI) considerada el primer tribunal internacional penal permanente, inició sus funciones este lunes, pese a que Estados Unidos luchó para evitar su jurisdicción sobre los crímenes más atroces de la humanidad.

Sin una ceremonia especial, los primeros cuatro empleados de la CPI llegaron a la sede temporal del organismo, un complejo de oficinas situado en las afueras de la ciudad holandesa de La Haya, para manejar las denuncias de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad en el mundo.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, estimó que la entrada en funciones de la CPI "reconfirma que el estado de derecho constituye el centro de las relaciones internacionales". "Esta ocasión histórica da al mundo la posibilidad de disaudir en el futuro a los autores de atrocidades", señaló Annan en un comunicado divulgado por su vocero, que no fue identificado por Afp.

El tribunal debe comenzar a operar efectivamente en febrero de 2003. Se espera que tanto los jueces como el fiscal en jefe sean elegidos en enero por los países que respaldan el tribunal, que ha sido ratificado por 74 naciones. No se espera que la corte comience a investigar casos antes de fines de 2003.

Nadie que sea culpable de haber violado los derechos humanos (desde un jefe de Estado hasta una persona en la calle) será inmune a la CPI. Sin embargo, la corte, surgida de un tratado de 1998, tiene poderosos críticos como Rusia, China y Estados Unidos, que quiere conseguir inmunidad para sus tropas y funcionarios en misiones de paz en el extranjero.

Por lo pronto, Washington retiró este lunes a sus tres ciudadanos que participaban en la misión de apoyo de la ONU en Timor Oriental, señaló una fuente estadunidense, según Afp. Este retiro, se explicó, fue decidido porque Estados Unidos no pudo obtener la garantía de que en ningún caso sus ciudadanos serán perseguidos ante la CPI.

La corte no puede indagar delitos cometidos antes del 1° de julio de 2002 y no remplaza a los tribunales nacionales. Intervendrá sólo cuando éstos no investiguen o juzguen delitos serios. Tampoco puede impedir crímenes de guerra, como los que han sacudido una y otra vez a la comunidad internacional, "pero puede castigar a los criminales de guerra y ayudar de este modo a sus víctimas a tener un poco de justicia", explicaron los impulsores de la CPI.

Consideraron que el tribunal puede contribuir a acabar con ciertos conflictos y actuar como elemento disuasorio para impedir algunos delitos.

Amnistía Internacional (AI) criticó a Estados Unidos por no haber ratificado el tratado sobre la corte y consideró que "no puede haber criterios diferentes en cuestiones de justicia ni impunidad para nadie". En un comunicado, AI "pide a Estados Unidos que reconsidere la solicitud de inmunidad para su propio personal frente a la Corte Penal Internacional".

Washington teme que la corte, organismo "incontrolable" e independiente de la ONU, se preste para manipulaciones políticas. Esta pugna enfrenta de manera directa a Estados Unidos con sus aliados de la Unión Europea, que figuran entre los 74 países que ratificaron el tratado de Roma, acto fundador de la CPI en 1998.

En Bruselas, el vocero de la OTAN, Yves Brodeur, declaró que la Fuerza de Estabilización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bosnia "seguirá desplegada" y ninguno de los aliados tiene la intención de abandonarla. Estados Unidos vetó ayer la ampliación de la misión de la ONU en la antigua república yugoslava, y el Consejo de Seguridad decidió aplazar la misión hasta este miércoles, a la espera de llegar a un acuerdo con Washington. 

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Garzón Completa el Macrosumario 18/98

La Jornada hace un recuento de las acciones represivas llevadas a cabo por el Inquisidor Baltasar Garzón en contra del pueblo vasco, mismas que se enmarcan en el macrosumario 18/98.

Lean con atención y luego reflexionen acerca de la postulación de Baltasar Garzón a Premio Nobel de la Paz que llevaron a cabo un par de entidades muy poco informadas acerca de las andanzas de este señor, que incluye sentar las condiciones para la práctica sistemática e institucional de la tortura en contra de los vascos que son detenidos por las diferentes fuerzas de seguridad del estado.

Aquí la información:

Terminó la investigación sobre personas y asociaciones que son del "entorno" de ETA

Más de 60 líderes de la izquierda nacionalista vasca estarían citados a declarar

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, acordó hoy en un auto judicial dar por finalizado el sumario 18/98, que inició hace cinco años con la intención de procesar a todas aquellas personas y asociaciones que formen parte del llamado "entorno" de la organización armada vasca ETA que, según la tesis del magistrado, implica a medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos de los presos, empresas y partidos políticos. Al juicio oral estarán citados al menos 64 dirigentes y militantes de la izquierda nacionalista vasca, acusados de pertenencia o colaboración con banda armada.

En enero de 1997 Garzón comenzó las investigaciones del sumario, y entre sus primeras medidas ordenó el cierre del diario Egin -hoy sustituido por Gara-, al considerar que formaba parte del entramado financiero de la organización armada.

Después se dirigió al resto de las asociaciones o personas que, según Garzón, son parte integrante de ETA: el aparato político, representado por KAS-Ekin, asociaciones de carácter civil formadas para difundir los preceptos del nacionalismo radical y que según el juez era la responsable de dar las directrices políticas al entramado etarra. El aparato de relaciones exteriores o Xaki, organización civil que según el magistrado servía para difundir los intereses de ETA en el exterior y como enlace entre la dirección etarra y los militantes huidos o en la clandestinidad. El aparato juvenil, representado por Haika y Segi, recientemente declaradas ilegales al considerar que eran las responsables de los actos de violencia callejera; y contra la propia Batasuna, la coalición de la izquierda nacionalista, al registrar las herriko tabernas que según el magistrado servían para almacenar material y documentación relacionada con ETA.

Además del diario Egin, el juez ordenó también el cierre de la revista Ardi Beltza y la detención de su director, Pepe Rei, quien después de permanecer 15 meses en prisión fue puesto en libertad bajo fianza y desmanteló la organización de defensa de los derechos de los presos Gestoras Pro Amnistía, cuyos 13 dirigentes fueron encarcelados.

Durante estos cinco años de investigación y reiterados operativos policiales en el País Vasco, el magistrado no contó con el beneplácito de los jueces que formaban la sala segunda de la Audiencia Nacional, que sistemáticamente rechazaron las imputaciones vertidas por Garzón al considerar que no quedaba probada la relación entre las asociaciones o las personas detenidas con los graves delitos imputados. Sin embargo, estos tres magistrados fueron recientemente destituidos en virtud de una decisión que propició la fuga de un narcotraficante, con lo que ahora será la sala tercera la que se pronuncie sobre la apertura del juicio oral.

A esta sala le tocará decidir si da por bueno el cierre del sumario, emitir un auto afirmativo, trasladar el auto y solicitar al fiscal y a las acusaciones popular y particulares que elaboren sus escritos, para una vez cumplidos estos trámites convocar al juicio oral.

Entre las 64 personas imputadas por el sumario 18/98 destacan el abogado Txema Matanzas, Pepe Rei, Juan María Olano, Mikel Korta, Iñigo Elkoro, Elena Beloki, José Antonio Exteberria y Pablo Gorostiaga, entre otros.

Por otro lado, Joseba Egibar, vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), señaló que la Ley de Partidos Políticos que entró en vigencia el pasado sábado, tendiente a dejar en la ilegalidad a Batasuna, hace correr el riesgo de dividir aún más el País Vasco y criticó la recién fundada Fundación para la Libertad, formada por miembros de distintos partidos políticos del País Vasco que rechazan la violencia.

El gobierno central de José María Aznar "ha decidido deliberadamente agravar más lo que es en sí mismo un problema serio de convivencia" entre los nacionalistas y los no nacionalistas, dijo Egibar en declaraciones a la Cadena Ser.

Mientras, el ministro español de Relaciones Exteriores, Josep Piqué, calificó de "irresponsable" el viaje del lehendakari (jefe del gobierno) vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, al Sahara occidental. Piqué subrayó que el gobierno español "no tiene nada que ver con esta visita" e hizo saber que no hubo ninguna coordinación entre Madrid y el gobierno vasco.

Ibarretxe inició el domingo una gira de tres días al Sáhara en el que visitará a responsables del Frente Polisario en el oeste de Argelia, según el gobierno vasco.

En otro asunto, la Audiencia Nacional condenó a 22 años de cárcel al ex número uno de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, que fue juzgado por el atentado frustrado contra el jefe del Estado español, el rey Juan Carlos, una vez que el gobierno francés aprobó la entrega temporal a España del dirigente etarra, que se encuentra desde abril pasado en territorio francés. En los tres juicios a los que fue sometido en España, Kantauri ha sumado una pena total de 72 años de cárcel. 

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