'Reparaciones' al Terrorismo Español

En las páginas de El Independiente se ha publicado este reportaje acerca del pago de 'reparaciones" que Lakua ha hecho a algunas de las víctimas del terrorismo de estado español.

Aclaramos que para nuestra visión de izquierda, ese dinero no va a reparar nada si se toma en cuenta que esas víctimas continúan siendo criminalizadas, minimizadas y ninguneadas por el mismo régimen que las victimizó en primer lugar. 

De hecho, en el texto compartido se encuentra un apartado que leer "Miembros de ETA reparados", párrafo muy esclarecedor pues hace ver que si por Lakua y Madrid fuera, no se repararía a estas personas a pesar de haberse probado que fueron víctimas de un estado que se ha negado institucionalmente a esclarecer los crímenes de lesa humanidad del régimen dictatorial del cual es heredero directo.

Lean ustedes:

‘Abusos policiales’: violación, 35.000 euros; pérdida de oído, 45.000 y una neurosis, 95.000

La 'Comisión de Valoración' del Gobierno vasco cuantifica la 'reparación' a las víctimas de abusos policiales que da por acreditadas entre 1960 y 1978

Mikel Segovia

Fueron años convulsos. En Euskadi las movilizaciones sociales, políticas y laborales fueron reprendidas con dureza por las fuerzas policiales franquistas. En su mayor parte ocurrieron en los últimos años de la dictadura, cuando el régimen agonizaba. Ahora, el Gobierno vasco ha reconocido hasta 187 víctimas de los ‘abusos policiales’ y lo ha hecho a través de una ‘Comisión de Valoración’ constituida por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que ha puesto nombre a algunas de las víctimas, ha identificado a los supuestos autores de los ‘abusos policiales’ y ha cuantificado la reparación económica que merecen. Así, se concede una reparación de 35.000 euros por una violación a manos de la guardia civil; 95.000 euros por un trastorno en forma de neurosis-obsesiva compulsiva; 45.000 euros por la pérdida auditiva provocada por ‘torturas y vejaciones policiales’ o 10.000 euros por el daño crónico provocado en una pierna por un disparo a manos de la policía.

El pasado 26 de junio los responsables de la Comisión de Valoración -que han analizado las 239 peticiones de supuestos ‘abusos policiales’ en el periodo 1960-1978- presentaron el documento, titulado “Saliendo del olvido” en los que se detalla los testimonios de las víctimas y la labor de documentación llevada a cabo por la comisión en los últimos años. De todas las peticiones tramitadas, 52 no han sido reconocidas como abusos. En 34 casos el empleo de la violencia y los ‘abusos policiales’ se saldaron, según el informe, con la muerte de la víctima, entre ellas cuatro menores de edad.

34 muertes ‘acreditadas’ por torturas

Ahora, ‘El Independiente’ ha tenido acceso a información de algunos de los expedientes en los que se detallan las circunstancias y hechos que se dan por probados para pagar la reparación económica prevista en el decreto de 2012 aprobado por el Ejecutivo vasco a fin de reparar a víctimas de ‘abuso policial’. En el citado decreto 107/2012 se establece que en los casos en los que se dé por acreditado que los excesos policiales provocaron la muerte deberán ser reparados con hasta 135.000 euros. El informe ‘Saliendo del Olvido’ se reconocen 34 muertes por este motivo. Además, el documento contempla una reparación de hasta 390.000 euros para víctimas que sufrieron una gran invalidez por culpa de las ‘torturas’ o abusos y fija una horquilla de entre 35.000 y 95.000 euros para quienes padecieron algún tipo de incapacidad permanente -absoluta, total o parcial-.

Miembros de ETA ‘reparados’. Algunas de las víctimas a las que ahora se les ha reconocido haber sido torturadas, pertenecían a ETA. Es el caso de un joven de Bergara (Guipúzcoa), que tras abandonar el seminario de Aranzazu, donde se formó para fraile, pasó a formar parte de ETA, en 1973. La víctima reclamó al Ejecutivo vasco que le reconociera la condición de ‘víctima policial’ tras haber padecido ‘torturas’ durante su detención, en la que según relató la policía le golpeó con ‘listines de teléfono’ y le práctico ‘torturas de asfixia’ como “la bañera” o “la bolsa”. Ahora a este ex militante de ETA se le reconoce una reparación de 5.000 euros.

Violada por un Guardia Civil. Uno de los casos más duros que se da por acreditado se refiere al de una mujer, asistenta de una teniente coronel, que habría sido violada por un guardia civil, según concluye la Comisión de Valoración. Este organismo le reconoce el derecho a percibir una indemnización de 35.000 euros al dar por válida su denuncia. Su relato detalla cómo los dos agentes se presentaron en su casa, cuando estaba sola, en busca de un arma desaparecida de la casa del general en la que trabajaba. Tras amenazarla, habría sido violada por uno de ellos, tras lo cual se quedó embarazada y decidió abortar. Aquellos hechos, los ha mantenido en secreto 45 años –continúa el relato de la Comisión- sin contárselos ni siquiera a su marido.

Torturado por la Brigada Político-Social. Una de las indemnizaciones más elevadas, 95.000 euros, se concede a una víctima que había denunciado ‘torturas’ durante varios días en 1971. Nacido en Ciudad Real, siendo aún joven se trasladó a San Sebastián, donde se implicó en movimientos obreros y laborales. Detenido por la Brigada Politica Social fue acusado de asociación ilícita y difusión de propaganda, cargos de los que fue absuelto. Sin embargo, las ‘torturas’ que padeció y que ahora son reconocidas por el Gobierno vasco le hacen merecedor de la citada reparación económica.

Una niña de 14 años. A otra mujer, que en el momento de los hechos apenas era una niña de 14 años, el Gobierno vasco le reconoce el derecho a una indemnización de 35.000 euros por el tiro que recibió por la espalda y que le dejó malherida. La joven regresaba del cine con una amiga y tras ser recogida por unos amigos en un coche, que detuvo la Guardia Civil, se vio envuelta en un altercado. Los hechos le provocaron un profunda depresión y temor a retomar una vida social normalizada durante casi una década.

Abogacía del Estado: “No hay una acreditación ‘fehaciente'”

La Abogacía del Estado pone en cuestión todos estos procesos de reconocimiento. Cuestiona el procedimiento empleado y la determinación de las autorías de los “supuestos abusos” que se hace. En un documento señala que muchos de los expedientes que se dan por válidos se han elaborado sin una “acreditación fehaciente” de los hechos. Recuerda que al contrario que con la declaración de las víctimas del terrorismo, donde se solicitan y aplican “parámetros objetivos y rigurosos” que en el caso de las víctimas de ‘abusos policiales’ reconocidas por el Gobierno vasco “no se ha considerado establecer”. También se cuestiona algunos soportes probatorios de los expedientes o incluso la ausencia de informes que avalen los daños esgrimidos. Incluso se llama la atención sobre que en muchos casos el doctor que firma algunos de los informes aportados sea el mismo que forma parte de la comisión evaluadora.

Las citadas reparaciones económicas se conceden con arreglo al decreto 107/2012 aprobado el 12 de junio por el Gobierno vasco para la declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencias de las vulneraciones de los derechos humanos en el periodo 1960-78. El citado decreto fue modificado en 2013. Una medida que recibió duras críticas de la Abogacía del Estado que consideró que el cambio tan sólo respondía a un intento por dar mayores poderes a la Comisión de Valoración para la aplicación de jurisprudencia internacional, así como para rebajar las exigencias de documentación e informes exigibles a quienes demandaban ser reconocidas como víctimas. Un intento por rebajar “la dificultad para ser reconocida como víctima que en el primer decreto estaría basada en parámetros “objetivos” y una “acreditación fehaciente” que posteriormente no se dio.

l igual que ahora ha hecho la Abogacía del Estado al recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Abusos Policiales del Ejecutivo vasco, contra este decreto también se sitúa en la Comisión de Valoración la principal causa de inconstitucionalidad y reproche. Así, se cuestiona que se dote a la Comisión la condición de organismos con funciones de carácter casi judicial. Se reprueba que esté destinada a investigar y declarar como probados unos hechos “fundamentalmente delictivos” y que lo haga fuera de “todo cauce judicial y por tanto constitucional”.

Vulneración a la presunción de inocencia

En lo que la Abogacía no pone reparos es en que se establezcan reparaciones económicas a las víctimas, pero sí que se haga tras invadir competencias judiciales que no le corresponden e incurriendo por tanto en “la consiguiente posibilidad de vulneración de derechos fundamentales”. En el recurso presentado ante el TC se apunta que se opta por un procedimiento extrajudicial para “dilucidar hechos que pueden ser constitutivos de delitos” y que incluso se determine una autoría de los mismos dañando “el derecho al honor o a la presunción de inocencia” de los supuestos autores sin que ni siquiera se hayan podido defender.

El Gobierno vasco ya ha anunciado que su intención es que esta comisión continúe la labor de esclarecer y determinan casos de ‘abusos policiales’ y hacerlo ahora en el periodo que queda pendiente, el relativo a los primeros años de la democracia. También para este caso está previsto aprobar un decreto que establezca un procedimiento para que las víctimas que consideren que sufrieron este tipo de vulneraciones de derechos humanos puedan ser reparadas.

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