La Credibilidad de las Víctimas

Iniciamos julio dando continuidad al lacerante asunto de la tortura, método de terrorismo de estado que el régimen español ha privilegiado en su estrategia represiva y genocida contra el pueblo vasco.

El artículo que les presentamos a continuación ha sido publicado en Naiz (suponemos que por eso el interés en cerrar los medios de comunicación vascos):

La caja de Pandora, más de medio siglo de tortura

El Gobierno Vasco presentó el pasado lunes el avance de las primeras conclusiones de la investigación de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013. A pesar de ser aún un informe inconcluso, los datos y la realidad que de ellos se desprende son absolutamente aterradores, y permiten ya afirmar con absoluta rotundidad que la tortura ha sido una práctica sistemática utilizada por funcionarios públicos dependientes del Ministerio de interior de los Gobiernos del Estado español, y de la Consejería de Interior de los gobiernos de Euskadi.

Carlos Sáez Méndez y Mª Dolores Barrenetxea | En nombre de la Fundación Egiari Zor

Podemos afirmar sin temor a ser denunciados que la tortura ha sido una perversa herencia de la dictadura franquista que los ciudadanos y ciudadanas de la CAV (por remitirnos al ámbito del informe) hemos venido sufriendo independientemente del modelo político del Estado y del color de su gobierno. Dictadura, transición, democracia... terrible realidad. Y más aún cuando podemos afirmar que la práctica totalidad de estas graves vulneraciones de los derechos humanos producidas por agentes del Estado (que son quienes han de velar por los derechos e integridad de la ciudadanía) han estado cubiertas de la más absoluta impunidad.

Habrá que analizar por qué durante al menos 53 años se ha ejercido la violencia vulnerando DDHH. en comisarías, en un ambiente de total impunidad para el victimario y trágica indefensión para la víctima. Pero habrá que hacerlo más allá de la incomunicación de las personas detenidas, que como bien se sabe es una de las posibilitadoras de la tortura y su impunidad... pero no la única.

Por fin el grito desesperado de miles de torturados, grito de más de medio siglo de recorrido desgarrador ha tenido altavoz institucional.

La denuncia pública, la muerte, el cuerpo reventado de la víctima, la vida destrozada, el aniquilamiento psicológico, no han sido prueba suficiente para quienes (la mayoría en este país) no daban credibilidad a esta brutal realidad. «Se autolesionó», «la policía es democrática», «eso sólo pasaba con Franco», «siguen un manual de los terroristas (por lo que la propia denuncia de la víctima se convertía en prueba inculpatoria)», todo valía con tal de negar la mayor para justificar la persistente actitud de mirar para otro lado mantenida por la mayoría política. Se han vertido barbaridades en oposición a la verdad de las víctimas y por tanto en oposición a sus DDHH. previamente vulnerados. Se criminaliza a la víctima, es vilipendiada y tratada de farsante. Pero hay más, mientras unos miraban hacía otro lado otras personas seguían siendo pasto de la violencia estructural de las comisarías y de la impunidad que las cubre.

Sí, la reflexión ha de ser el siguiente paso, porque la actitud de forenses, jueces, medios de comunicación y clase política negando la dimensión de esta realidad no sólo ha posibilitado la impunidad sino también la propia tortura, durante al menos 53 años. Y es inevitable preguntarse si a cambio de vulnerar DDHH. se obtenían réditos políticos. Y es que ni la muerte de ciudadanas y ciudadanos vascos como consecuencia de la tortura logró dibujar un punto de inflexión sobre este asunto y más de medio siglo de inacción y negación de esta realidad es simplemente incomprensible desde un punto de vista democrático.

Habrá que analizar otras consecuencias trágicas de esta expresión violenta, como autoinculpaciones, inculpaciones a terceros etc. que han servido como única prueba para condenar a la víctima en procesos judiciales y enviarla a prisión. (En este punto y por ser de actualidad, quisiéramos recordar el caso Txapartegi, recientemente detenida en Suiza tras haber denunciado brutales torturas).

Habrá que analizar por qué se ha negado en democracia lo que era inherente a las detenciones franquistas si el poder polícial no fue depurado, ¿acaso reconocerlo desvirtuaba la democracia? Lo que la desvirtua es el silencio connivente de todas estas décadas. Habrá que analizar también las gravísimas consecuencias que todo esto tiene, porque se ha perpetuado la tortura, y como consecuencia miles de personas hemos sido víctimas de esta lacra. Y la perpetuación de la tortura no es sólo responsabilidad del que la ejerce directamente sobre el cuerpo del detenido. Las cifras aportadas no responden a la casualidad. Extrapolemos los datos de la CAV, que en el año 2015 alcanzaba 2.173.210 habitantes, a un país como Rusia, o USA... es simplemente escalofriante.

Y ahora que tenemos datos, podemos hablar también de los 310 casos de tortura denunciados a manos de la Ertzaintza que recoge el informe preliminar, un 7,73% de las denuncias reflejadas. Y en este punto, hay que hacer varias aclaraciones: La Ertzaintza crece de manera organizada desde 1982, desplegándose progresivamente por toda la geografía de la CAV para llegar, en 1995, a responsabilizarse de la totalidad del territorio, sustituyendo en algunas competencias a las FSE. Es por tanto un cuerpo policial de nuevo cuño en comparación con la Policía Nacional o Guardia Civil. Para cuando la Ertzaintza se despliega ya hay muertos como consecuencia de la tortura y miles de denuncias.

Si se verifican las 310 denuncias existentes por el momento, la radiografía será espeluznante, porque estaríamos ante la reproducción de comportamientos contrarios a los DDHH. que otros cuerpos han mantenido durante décadas, con el plus de que ya no sólo se mira hacia otro lado, sino que se convierte en parte activa de esta tremenda lacra de violencia policial.

Según explicaba Jonan Fernández, el objetivo de la investigación es «desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar». Añadía que esta investigación se enmarca en el primero de los tres grandes compromisos que define el Plan de Paz: «la clarificación del pasado». Pero resulta que si abordamos la tortura desde la perspectiva de clarificar el pasado nos devuelve al presente, porque a día de hoy hay personas que continuan en prisión por autoinculpaciones realizadas en sesiones de tortura, al igual que hay personas que han cumplido una condena en idénticas circunstancias.

Habrá que ver, qué medidas adopta el Gobierno Vasco no sólo de cara a las víctimas, no sólo de cara al reconocimiento, reparación y garantías de no repetición sino que también parece obvio que habrá que atender al recorrido judicial y/o penal que hayan tenido autoinculpaciones producidas durante torturas realizadas por la Ertzaintza. Habrá que ver qué medidas adoptará Jaurlaritza también con los victimarios, sus responsables políticos y con el cuerpo policial: ¿Reconocimiento del daño causado? ¿Expulsión? ¿Dimisión? ¿Apertura de diligencias? ¿Regeneración democrática? ¿Readecuación del modelo policial? ¿Observatorio de control con técnicos y sociedad civil?

Habrá que hacer un estudio idéntico en Nafarroa y también con ciudadanos de otros pueblos que por su vinculación emocional o política con el conflicto político vasco, también fueron torturados. Y es que haberlos los hay, como aquella físicamente frágil mujer de nombre Pilar, nacida en Galicia, residente en Barcelona que fue detenida la noche que murieron por disparos de la Guardia Civil Jean Carles Monteagudo y Jon Erezuma, y que sufrió salvajes torturas... La fragilidad de su cuerpo sin duda no es comparable a la fortaleza de haber resistido a aquel infierno.

Habrá quien ahora sí, tras el informe realizado por técnicos de prestigio y reconocimiento internacional, dé veracidad a su contenido. Lo triste es que a las víctimas no se las quiso creer.

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