Traemos a ustedes esta actualización del caso que involucra al asilado político vasco Lorenzo Llona, mismo que está sacando a relucir no solo el abyecto colaboracionismo del presidente mexicano Vicente Fox sino los altos grados de corrupción del poder judicial.
Aquí les compartimos el artículo de La Jornada:
La solicitud de amparo de Llona, aún sin respuesta
España ha fallado en extraditar a tres presuntos etarras
Jesús Aranda
La Procuraduría General de la República detuvo con fines de extradición al ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde, a petición expresa de las autoridades españolas, confirmaron fuentes oficiales.
De acuerdo con los funcionarios, la orden de localización y detención tiene que ver con la presunta participación de Llona Olalde en un atentado atribuido a la organización vasca ETA, perpetrado el 24 de julio de 1981 en el poblado de Tolosa, Guipúzcoa.
Pese al hermetismo oficial sobre el tema, la esposa del detenido, Guadalupe Orozco, dijo a La Jornada el pasado domingo que Llona fue detenido el sábado pasado en Zacatecas y trasladado de inmediato al Reclusorio Preventivo Sur en la ciudad de México, en donde enfrenta un proceso de extradición.
Respecto a la acusación, Orozco dijo que en la fecha en que ocurrió el atentado Llona Olalde ya residía en México, a donde llegó en 1980, durante el sexenio de José López Portillo.
Pese a que el detenido ya interpuso un recurso de amparo ante el juzgado sexto de distrito en la materia en contra de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República por su posible incomunicación, malos tratos, y la eventual extradición o deportación del país, hasta ayer por la noche el juzgado no había respondido a la solicitud de amparo.
Historia de fracasos del gobierno español
Vale la pena señalar que después de los descalabros sufridos por el gobierno de España para lograr la extradición de presuntos etarras -de cuatro sólo procedió la de Oscar Cadenas-, a partir de la administración de Ernesto Zedillo y después con la de Vicente Fox, los gobiernos de México y España optaron por instrumentar una política de colaboración que utiliza como pretexto presuntas irregularidades migratorias o violaciones a la Ley General de Población mexicana para realizar deportaciones inmediatas y evitar así los procesos de extradición.
No obstante, el hecho de que Llona Olalde tenga la nacionalidad mexicana desde hace más de 10 años impide legalmente que se pueda proceder en su contra de la misma forma que con los vascos deportados los años anteriores.
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