Pugna por el Autogobierno

El Parlamento de la CAV insiste en su postura con respecto al Estatuto de Gernika y el tema de las transferencias.

Ahora bien, llama la atención que el corresponsal de La Jornada utilice el verbo "amenaza" cuando ha sido Madrid quien ha incumplido el estatuto, pareciera ser que la elección de dicho verbo obedece a la idea que subyace bajo el "todo es ETA" y eso es que el pueblo vasco es violento por naturaleza.

Aquí la información:

Amenaza el gobierno vasco con asumir de hecho la autonomía del Estatuto de Gernika

Califica Batasuna la propuesta como "la mayor aportación de la Cámara en su historia"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Después de que el Parlamento vasco ratificó hoy la ponencia de autogobierno en la que se insta al Estado español a transferir la integridad de las competencias del Estatuto de Gernika, el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) señaló que el "tiempo de la farsa se ha terminado" y advirtió que si no se traspasan esas atribuciones, el gobierno autonómico las asumirá de hecho.

La propuesta, calificada por Batasuna, considerada brazo político de ETA, como "la mayor aportación de la Cámara en su historia", fue duramente criticada por las formaciones españolistas de la región.

Para la coalición que sostiene el gobierno vasco -PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-, el dictamen aprobado se justifica en el "bloqueo e incumplimiento de 23 años" del Estatuto de Gernika.

Los tres partidos sacaron ayer sus tesis adelante gracias a la abstención de Batasuna y lograron allanar el camino para que sean aprobadas definitivamente el viernes en el pleno del Parlamento vasco.

Además, en este plazo de dos meses se instó a la elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico y político que sustituya al actual y que sería sometido a consulta popular "desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco".

Josu Jon Imaz, vocero de la administración vasca, consideró que las críticas surgidas del Ejecutivo español son un "sarcasmo", una vez que el dictamen aprobado en el seno de la Comisión Especial sobre Autogobierno es "un acto de normalidad democrática frente al incumplimiento del estatuto", por lo que instó a Aznar a "abandonar los discursos crispantes y vaya al núcleo de la cuestión, que es negociar el cumplimiento del Estatuto de Gernika con el Parlamento vasco".

Imaz añadió que el Ejecutivo vasco lleva "muchos años ejerciendo competencias que no le han sido transferidas", al añadir que "en todo caso, de haber algo ilegal en esto, sería la actitud del gobierno español, con su política de no transferir la investigación y desarrollo tecnológico a Euskadi".

El vocero vasco explicó además que el tripartito no negociará con la coalición separatista Batasuna mientras ésta "dé cobertura política a la violencia y no tenga una actitud clara de defensa de los principios políticos y democráticos".

Hacia un nuevo pacto político

Joseba Egibar, vocero del PNV, añadió que el dictamen refleja sus reivindicaciones históricas y que "lo único que hemos hecho es reflejarlas por escrito de forma clara", lo que a su juicio viene a confirmar que "el tiempo de la farsa se ha terminado, ya que el PP y el PSOE desearían que durante los próximos ocho años se discutiera sobre si una u otro competencia corresponde al Estado o a las instituciones vascas".

Así, el parlamentario Gorka Knörr, de EA, consideró que ha llegado el momento de comenzar el camino para la creación de un nuevo pacto político en el que se reconozca el derecho de los ciudadanos vascos a decidir "su autogobierno y futuro de una forma libre", y un sistema de garantías que impida vulneraciones unilaterales.

Desde Batasuna se manifestó el diputado Antton Morcillo, quien se mostró satisfecho con el contenido de la ponencia, ya que recoge los "mínimos políticos", que enumeró: "el derecho de autodeterminación, el reconocimiento del conjunto de Euskal Herria como sujeto político y el inicio del proceso hacia un nuevo contexto", y añadió que la ponencia de autogobierno es "la mayor de las aportaciones que podía haber hecho este Parlamento en su historia".

El líder y vocero de la coalición nacionalista, Arnaldo Otegi, también consideró que el documento aprobado cumple con "esos mínimos que aquí estamos planteando, Euskal Herria, siete territorios, contexto democrático nuevo, marco jurídico nuevo y derecho a la libre autodeterminación".

La respuesta del gobierno vino del hasta hoy ministro del Interior, Mariano Rajoy, nombrado nuevo vocero del Ejecutivo, quien apuntó que lo aprobado en el Congreso es "una enorme irresponsabilidad", tras recordar que las transferencias sólo se pueden negociar con el gobierno, por lo que "esto que algunos dicen que se pretende hacer sería una violación contundente y clarísima de la ley y un auténtico despróposito".

El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que si bien "cualquier fuerza política tiene derecho a plantear cualquier propuesta", la del gobierno vasco es "radicalmente inoportuna, porque la prioridad absoluta en el País Vasco es garantizar los derechos y la libertad de la gente y la convivencia entre sensibilidades distintas".

En otro asunto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó hoy en trámite una nueva querella contra Arnaldo Otegi y Jon Salaberria por "enaltecimiento del terrorismo" debido a su asistencia a una concentración de "homenaje" a la militante de ETA Olaia Kastrexana, quien murió cuando manipulaba explosivos en Alicante. Esta denuncia ha sido archivada en dos ocasiones, si bien el tribunal decidió aceptarla en trámite.

Jone Goirizelaia, parlamentaria de Batasuna, apuntó que esta resolución no es "estrictamente judicial", sino que se fundamenta en un "criterio de oportunidad clarísimo para poder después seguir adelante en el proceso de ilegalización y acoso a todos los niveles contra Batasuna y la izquierda independentista vasca".

Por último, el Consejo General del Poder Judicial acordó hoy amparar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien dice ser víctima de una serie de acusaciones que "inquietan y perturban la independencia judicial".

Sin embargo, el vocero del consejo, Enrique López, apuntó que "hacer valoraciones políticas de una resolución entra en el contexto de las críticas, del derecho de la libertad de expresión, lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar móviles políticos al juez que dicta esta resolución". 

°