Abuso Constitucionalmente Garantizado

Esta editorial de Naiz con respecto al CatalanGate se analizan tres tipos de espionaje en los que incurren los gobiernos alrededor del mundo.

Y nosotros añadiríamos un cuarto tipo, a lo Mortadelo y Filemón, que es precisamente al que recurre el régimen borbónico franquista.

Establecido lo anterior, les invitamos a la lectura del texto:

Europa no debería seguir mirando para otro lado

Si se estudian los casos en los que se ha detectado espionaje a través de la aplicación Pegasus, podríamos distinguir tres grandes tipologías o grupos. Luego estaría el caso de Emiratos Árabes Unidos, seguido de México, donde la utilización del software de espionaje ha sido tan extensiva que seguramente caigan en las tres categorías.

Por un lado, están los estados que espían a otros estados con los que tienen alguna relación o disputa. En este grupo destacaría el caso de Marruecos y Emmanuel Macron. Según publicó el diario “Le Monde”, el régimen alauí intentó pinchar un teléfono del hoy candidato a la reelección. Se trata de un régimen autoritario buscando información –y seguramente influencia– en su antigua metrópoli. EAU también quiso llegar hasta el primer ministro británico, Boris Johnson. Por lo tanto, son casos paradigmáticos de espionaje. Es, por así decirlo, para lo que los estados dicen que compran estos sistemas, aunque adornado de «antiterrorismo», cómo no. En este grupo están países que, por una u otra razón, son geopolíticamente relevantes.

El segundo grupo serían los casos de vigilancia entre élites o dentro de un mismo régimen. En la parte más «doméstica» y patriarcal, tal y como sentenció el Alto Tribunal de Londres, el emir de Dubai, Mohammed sin Rashid al Maktum, ordenó el espionaje de su exesposa, la princesa Haya de Jordania, en el periodo en el que estaba en marcha el proceso de divorcio en la capital británica. La princesa Latifa no logró huir de Dubai y fue capturada, según publicaba “The Guardian”, gracias al seguimiento hecho con Pegasus a sus amigas.

En el país de origen del famoso programa, Israel, el medio Calcalist publicó que familiares y personas del círculo cercano Benjamin Netanyahu habían sido espiadas a través de Pegasus en el contexto del juicio contra el ex primer ministro. En México, de la mano de Enrique Peña Nieto, se espió a 15.000 personas, dentro de las que estaban el expresidente Felipe Calderón, pero también su contendiente en las elecciones de 2018, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Si se mira bien, el caso de México y en particular el de AMLO entrarían en el tercer grupo: el del espionaje contra la disidencia política, activistas por los derechos humanos y periodistas. Con Peña Nieto se espió por ejemplo a padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos o a periodistas posteriormente muertos y a sus familiares. De igual modo, se ha demostrado que Arabia Saudí vigiló a través de Pegasus al periodista Jamal Khashoggi, antes de que los servicios secretos de ese país lo mataran en su consulado de Estambul. Pero, claro, México tiene rasgos de un estado fallido y Arabia Saudí es una satrapía.

Estado de Derecho y gobiernos autoritarios

Según han confirmado desde la empresa israelí NSO Group, casi todos los estados europeos tienen su programa. En todos los casos destapados gracias a medios de comunicación y a iniciativas de la sociedad civil, como Citizen Lab, se da la persecución contra la disidencia. En la Unión Europea destacan Hungría y Polonia, dos países en deriva autocrática que tienen en el punto de mira las libertades civiles. El espionaje a independentistas catalanes y a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu coloca al Estado español en ese club. Bueno, ya estaba.

Precisamente, en 2017, en el contexto del referéndum catalán, un grupo de académicos de renombre se dirigían a Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, mandatarios de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, para indicarles que «en su intento de defender la soberanía e indisolubilidad del Estado, el Gobierno español ha violado los derechos y libertades fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos». Explicaban que no hay que confundir el «Rule of Law» (Estado de Derecho) y «rule-by-law» (Gobierno autoritario), y que «violentar derechos fundamentales para imponer un punto de la Constitución es travestir la justicia».

La Unión Europea lleva demasiado tiempo negando una realidad incómoda: que las estructuras de poder estatales españolas no responden a un Estado de Derecho democrático. Pensar que en manos del PSOE y del PP esas estructuras se van a contener y que el único riesgo es que caigan en manos de Vox es no conocer la historia contemporánea española. Sin ruptura democrática con el franquismo, con guerra sucia y Derecho del Enemigo, con corrupción y chantaje, con el Estado profundo engrasado… el abuso y la violación de derechos fundamentales está garantizada. Eso sí, constitucionalmente.

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La Sacrosanta Seguridad Patria

Traemos a ustedes desde Naiz este artículo de opinión que pone la lupa sobre el más reciente escándalo provocado por el españolismo en lo que es conocido alrededor del mundo como el CatalanGate.

Adelante con la lectura:

Todo por la patria

Jonathan Martínez | Investigador en comunicación

En el otoño de 2001, pocas semanas después del ataque contra las torres gemelas, el presidente George W. Bush estampó su firma en una nueva ley llamada Patriot Act que concedía al Gobierno poderes alarmantes por encima de los derechos humanos, civiles y políticos más elementales. Lo llamaron «guerra contra el terror» pero el terror fue su principal arma de guerra y terminaron dejando un rastro tan caudaloso de sangre que en Iraq todavía siguen contando los cadáveres.

Entre otras prerrogativas, la Patriot Act abría las compuertas a la intervención de las comunicaciones e inauguraba una nueva era de vigilancia masiva. Siempre con el pretexto de la lucha antiterrorista. Siempre bajo la coartada del patriotismo. En aquel clima de paranoia colectiva, cualquiera que pusiera en tela de juicio los desmanes del presidente iba a ser descalificado como traidor a la bandera y puesto bajo sospecha.

Hubo que esperar más de trece años para que un tribunal de Estados Unidos le cantara las cuarenta a la Agencia de Seguridad Nacional por haber almacenado datos telefónicos de millones de ciudadanos por encima incluso de lo que estipulaba la Patriot Act. Gracias a Edward Snowden, extrabajador de la NSA, se supo que habían llegado a espiar a aliados europeos como Angela Merkel.

Los ecos de aquella controversia llegaron a España. En 2013, un joven diputado del Congreso llamado Pedro Sánchez reclamó que Estados Unidos ofreciera explicaciones y depurara responsabilidades. No sabía que otro escándalo de espionaje más modesto y chabacano estaba a punto de estallar ante sus propias narices. “El Periódico” desveló entonces que el diputado del PSC José Zaragoza había encargado a la agencia Método 3 que espiara al dirigente del PPC Xavier García Albiol. Alfredo Pérez Rubalcaba no escatimó en palabras de censura: «El espionaje político me parece repugnante».

La genealogía de esa repugnancia es longeva. Ahora nos suena como un episodio lejano pero en 2018 la justicia belga abrió diligencias contra España porque al vehículo de Carles Puigdemont le habían incrustado un geolocalizador. El aparato debía de ser similar al que instalaron en 2007 en el automóvil de Unai Fano, negociador de Batasuna durante el alto el fuego de ETA. Rubalcaba era por entonces el ministro de Interior y no expresó ninguna repugnancia.

Estos días es inevitable recordar las escuchas del Cesid en la sede de HB en Bilbao. Mediante un complejo dispositivo de micrófonos y cámaras de televisión, los servicios secretos españoles monitorizaron a la coalición independentista al menos hasta 1995. Dice “El País” que había línea directa con Intxaurrondo. Después se descubrió que los teléfonos de la sede de HB en Gasteiz también estaban intervenidos. Los directores generales del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón se llevaron tres años de prisión por aquella travesura. El Tribunal Supremo no tardó en anular la condena.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos un sistema de micrófonos que alguien había instalado en una vivienda particular de Bruselas porque sus habitantes, pecado mortal, eran independentistas vascos. En una brecha de la pared brotaba un manojo de cables ya neutralizados y ahora que lo recuerdo me parece un sistema tan rudimentario que da vértigo pensar lo mucho que ha avanzado la tecnología. En apenas unos años de telefonía inteligente nos hemos habituado a llevar encima un dispositivo que incorpora micrófono, cámara de vídeo y geolocalizador al mismo tiempo.

En su cátedra de historia del pensamiento, Michel Foucault recurría a la metáfora cristiana del pastor y el rebaño para explicar una modalidad específica de relación de poder que se instituye en la Iglesia. El poder pastoral es esa forma de dominación que empuja al pecador, por ejemplo, a revelar sus desvíos a un sacerdote en un confesionario. En nuestros días, el teléfono móvil es ese confesionario portátil donde consignamos voluntariamente nuestros hábitos de consumo, nuestra ubicación geográfica, nuestros vínculos sociales y nuestras preferencias ideológicas. Y en ese confesionario de bolsillo, el confesor puede ser una gran corporación estadounidense o una agencia de seguridad estatal como en el caso del software Pegasus.

La liebre ha saltado esta semana en un reportaje de “The New Yorker” donde Citizen Lab confirma la infección de más de sesenta teléfonos de independentistas catalanes y vascos. El spyware Pegasus es un desarrollo de la empresa israelí NSO Group que solo se vende a agencias gubernamentales. Blanco y en botella. Sin embargo, las explicaciones del Gobierno español han sido pobres y atropelladas. Dice Fernando Grande-Marlaska que el Ministerio de Interior nunca ha comprado el software Pegasus. Dice Margarita Robles que el Gobierno y el CNI «siempre actúan conforme a la legalidad vigente».

El comisario Eugenio Pino, alma de la brigada política que actuó al servicio de Rajoy y que ha sido investigada en el caso Kitchen, dejó a la posteridad unas declaraciones un tanto inquietantes: «Hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta. Por la seguridad ciudadana y por el interés de España». En esas dos frase se despejan muchas incógnitas pero sobre todo se condensa una fe y un modus operandi. Hasta entonces, los más ingenuos podían seguir sosteniendo que el lema «Todo por la patria» no es más que una hipérbole épica de cuartel y corneta. Con el tiempo ha quedado demostrada la literalidad del mensaje.

El espionaje de Pegasus es un asunto que trata «de la seguridad de todos nosotros», dice Isabel Rodríguez como portavoz del Gobierno. Desde la Patriot Act hasta nuestros días, la historia nos ha enseñado una moraleja inapelable: cuando hablan en nombre de la seguridad siempre somos los mismos los que empezamos a sentirnos inseguros.

 

 

 

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Pegasus y los Silencios

Desde el portal de Tercera Información traemos a ustedes la postura oficial por parte de EH Bildu con respecto a la violación de la privacidad así como de los derechos humanos, civiles y políticos llevados a cabo por el régimen español en detrimento de los referentes independentistas vascos y catalanes.

Adelante con la lectura:

Para EH Bildu la persecución de representantes políticos es inaceptable

No se puede normalizar el espionaje de miembros de ciertos partidos políticos. Lo supimos hace una semana, y es que junto a varios políticos independentistas catalanes, Arnaldo Otegi Coordinador General de EH Bildu y Jon Iñarritu miembro de EH Bildu en el Congreso de los diputados, han sido espiados mediante el sistema Pegasus.

Este hecho deja una vez mas en evidencia que el Estado Español esta dispuesto a perseguir de manera sistemática y mediante cualquier medio todo tipo de militancia política que no coincida con su proyecto político.

Por desgracia, tenemos que admitir que este último escándalo no nos sorprende en absoluto. En las últimas décadas hemos recibido continuos ataques por parte del Estado Español siendo incluso perseguidos de manera ilegal. Dicho esto, queremos recalcar que de ningún modo podemos tomarnos estos hechos con normalidad. Una vez mas, ha quedado en evidencia que los grandes defensores de la libertad y de la democracia no tienen ningún tipo de complejo para intentar socavar cualquier alternativa que vaya en contra de sus intereses. De este modo, la precaria calidad de la democracia española ha vuelto ha quedar en evidencia.

Silencio político

Dicho todo esto, queremos mostrar nuestra preocupación y sorpresa, dado que a una semana de conocer los hechos, varios partidos políticos de Euskal Herria no han dicho nada ante el espionaje ilegal del Coordinador General y de un congresista del partido que es segunda fuerza política en Euskal Herria. Teniendo claro que no son los únicos que han sido espiados, nos parece inaceptable que no se hayan posicionado acerca de este escándalo. Políticamente este silencio habla por si solo.

¿Como podemos entender que unos políticos que han sido democráticamente elegidos sean perseguidos de esta manera por el estado? ¿Como podemos tolerar estas practicas antidemocráticas y autoritarias?

Por todo ello, desde EH Bildu lo tenemos claro: Lo sucedido no es aceptable y no podemos tolerarlo. Es hora de dejar de mirar hacia otro lado. Aun mas, sabiendo que no son los únicos políticos vascos que han sido espiados.

 

 

 

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Un Tesoro Mesoamericano en Euskal Herria

En su libro 'La Historia Vasca del Mundo' su autor Mark Kurlansky dedica todo un capítulo a ese tesoro tan particular que llegó de Mesoamérica a Europa: el cacao... y su derivado, el chocolate.

Pues bien, desde Noticias de Gipuzkoa traemos a ustedes este artículo acerca de una familia vasca que se ha dedicado al arte gastronómico basado en el chocolate:

Un museo con aroma a cacao

La pinacoteca de Confitería Gorrotxategi, ubicada en Tolosa e inaugurada por su fundador, Rafael, muestra la evolución de las técnicas de trabajo de la repostería entre los siglos XIV y XIX, ensalzando así la cultura e historia de Euskal Herria en materia de chocolatería

Luzia Intxaurrondo

Las obras de arte chocolateras guardan un rincón de honor en uno de los museos más importantes del mundo. Y no está muy lejos. Solo hay que ir hasta Tolosa para descubrirlo. El maestro repostero Rafael Gorrotxategi fue el artífice de esta innovadora idea que atrae a miles de fanáticos de este cacao de sabor amargo y con el que Gorrotxategi hace de lo imposible lo posible con sus creaciones en su fábrica de chocolate.

Esta iniciativa se puso en marcha en 2020 y el nuevo espacio realiza un recorrido por la evolución de la fabricación del chocolate. La semilla de esta afición y de la que ahora Rafael disfruta, la sembró su padre, el también conocido y emblemático pastelero Jose Maria Gorrotxategi, su gran maestro y quien inició su andadura con el antiguo museo de confitería ya en los años 80. Ahora, convertido en todo un experto de la alta repostería artesana ha querido llevar él mismo a una exposición una recopilación a lo largo de los últimos años de máquinas y otros utensilios para comprender la evolución e historia del chocolate poniendo el foco en la importancia que ha tenido en la cultura y gastronomía vasca.

Durante su formación y recorrido profesional, Rafael ha recuperado verdaderas joyas que utilizó para la recreación de sus manjares chocolateros. Por ello, durante el tour se pueden observar 14 tipos de metates, una pieza de piedra de gran peso que se utiliza para moler el cacao, cereales, maíz y semillas, entre otros; y toda clase de herramientas primitivas, algunas de ellas precolombinas como molinos y morteros, moldes, tostadores y balanzas, así como otras colecciones privadas de tazas mostacheras que el maestro ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos 30 años.

Por otro lado, como rincón especial, destaca el obrador reacondicionado de Juan Ignacio Garmendia, uno de los primeros obradores eléctricos que hubo en el País Vasco. Además, la visita finaliza con la proyección del documental 'Txokolatea' en un espacio anexo al museo donde se imparten talleres, catas y degustaciones de chocolate. Como no, estando en un museo tan dulce, no podríamos irnos sin degustar un buen chocolate elaborado por el repostero más reconocido.

Si te has quedado con ganas de más y quieres recibir más información o hacer una ruta por el museo solo tienes que dirigirte al email rafa@rafagorrotxategi.eus o llamando al teléfono 943 890 306.

Algunos secretos revelados

Durante la visita al museo se descubren algunos aspectos jamás contados sobre el chocolate

El chocolate llegó a Europa en 1540 y nada más aterrizó adquirió una gran popularidad, pero antes de eso tuvieron que quitarle el sabor amargo con caña de azúcar y canela. Por aquel entonces se consumía líquido y no fue hasta principios del XX cuando se comenzó a consumir crudo, coincidiendo con la llegada de los procesos industriales.

Con el paso del tiempo fueron varias las técnicas y características que fue adquiriendo el chocolate, dependiendo del lugar. Por ejemplo, las culturas maya y azteca lo consumían ligero y con espuma, para lo cual se utilizaban unas varillas de madera con distintas formas que se exponen también en el museo. En Europa, se consumía más espeso, para lo cual se le añadía harina de trigo o de arroz, y para servirlo, se utilizaban las clásicas chocolateras fabricadas en latón o barro, de las que se pasaba a las tazas de porcelana.

Centrándonos en Tolosa, la tradición de elaborar chocolate se inició en 1680, fecha en la que se edificaron las primeras casas de la plaza del Ayuntamiento, una de las cuales se diseñó para albergar un taller de chocolatería y confitería. Fue nada más y nada menos que el abuelo de Rafael Gorrotxategi quien aterrizó en ese obrador en 1925. De esa época son las envolturas de papel de las tabletas de chocolate que pueden contemplarse en el museo y que permiten todavía ver sus ingredientes: cacao, avellana, azúcar, harina de arroz y canela.

La elaboración de chocolate estuvo muy extendida en Tolosa a finales del XIX y principios del XX, época en la que se llegaron a contabilizar hasta diez chocolaterías. Además de la familia Gorrotxategi, destacan también la familia Limousin, que antes del papel se dedicaron al chocolate y la achicoria.

Sin embargo, todos estos elaboradores artesanos fueron desapareciendo con la implantación, sobre todo en Gipuzkoa, de diversas industrias chocolateras con marcas que han llegado hasta nuestros días como Suchard en Donostia, Elgorriaga en Irún o Zahor en Oñati.

Para la elaboración del chocolate partiendo de cero, es decir, desde la obtención del grano, se requieren diversos pasos que os descubrimos a continuación:

Tostado: en este primer punto el grano llega a fábrica y se limpia. Después se tuestan o torrefactan con el fin de realzar el sabor y el color. La temperatura, el tiempo y el grado de humedad dependen del tipo de granos y de lo que el artesano desee conseguir. Si se utilizan distintos tipos de semillas el tostado será diferente para cada variedad.

Descascarillado: en este caso se hace uso de una máquina para descascarillar los granos y dejar las semillas de cacao o también conocidas como pepitas. En la actualidad, estas pepitas son un producto en sí porque diversos fabricantes las utilizan para consumir tal cual o troceadas dentro de tabletas de chocolate.

Molido: después de los dos pasos anteriores. Tocar moler el grano hasta lograr la proporción deseada. Se muelen en molturadores a una temperatura de 60 a 80 grados y durante 18 y 72 horas. Este proceso es importante para lograr mayor calidad final.

Prensado: aquí el cacao se prensa para extraer la manteca dejando una masa sólida llamada pasta de cacao y cuyo contenido en grasa es cero.

Añadidos: al cacao se le añade licor con el cometido de producir chocolate de calidad, a la vez que se mezcla con la manteca de cacao. En este mismo proceso también se añaden otros elementos como la vainilla, el azúcar, especias, leche, y otros emulgente como la lecitina de soja. Todos ellos hacen que el chocolate adquiera personalidad. Destacar que el chocolate de menor calidad se hace mezclando el polvo de cacao con grasas vegetales, azúcar, vainilla artificial, espesantes y emulgentes diversos.

Refinado: la mezcla realizada anteriormente se somete a un proceso de refinado a través de una serie de rodillos hasta obtener una pasta suave. Este refinado hace que el chocolate tenga una mejor textura.

Conchado: el conchado es importante realizar para obtener un producto de calidad y desarrollar aún más es sabor y la textura del chocolate reduciendo a su vez la acidez. Conchado se refiere al proceso de amasado o suavizado. La duración de este proceso se alarga hasta tres días y la temperatura se realiza entre los 60 y 75 grados. Una alternativa a este proceso es la utilización de una máquina que funciona como un batidor, pero, sin embargo, no aporta la calidad final de la otra técnica.

Templado: el templado sirve para enfriar la mezcla anterior hasta los 40 grados para que la cristalización de la manteca de cacao sea estable, haciéndola pasar a través de un sistema de calefacción, enfriamiento y recalentamiento. Este hecho evita la decoloración y la aparición de grasa en el producto mediante la prevención de ciertas formas cristalinas de la manteca de cacao en desarrollo. El chocolate en este momento es brillante y suave, de textura homogénea.

Enfriado: la mezcla lograda se coloca en moldes en una cámara de enfriamiento. Una vez frío se empaqueta y se distribuye para que todos los aficionados a este dulce lo disfruten.

"El 'Bean to Bar' es un movimiento que valora la elaboración del chocolate, desde el haba hasta la tableta" | Armintz Gorrotxategi | repostero

"Hemos adquirido una espectacular colección de enseres, herramientas y artilugios para hacer chocolate" | Elena Uriarte | enfermera

"El 31 de julio de 2020 monté el 'Txokolate Museum' debajo del obrador" | Rafa Gorrotxategi | maestro chocolatero

 

 

 

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Mortadelo vs los Indepes

Traemos a ustedes este artículo de opinión que versa alrededor del CatalanGate, mismo que ha sido dado a conocer en las páginas de Público:

‘Catalangate’: espías, políticos y jueces

Cuando el garante de los derechos ampara a quien los vulnera, la democracia se tambalea

Joaquín Urías

Un laboratorio interdisciplinar de la Universidad de Toronto dedicado a investigar las tecnologías de la información en el ámbito político, Citizen Lab, ha hecho públicos los resultados de lo que ellos llaman Catalangate. Se trata de un estudio profusamente documentado, para el que han contado con la colaboración de organizaciones sociales catalanas y que demuestra con pruebas forenses informáticas que al menos 63 políticos, abogados, profesores y personalidades catalanas han sido espiadas a través de sus teléfonos móviles. La masiva operación de espionaje se ha hecho a través de dos potentes programas que permiten infectar y controlar los teléfonos móviles y que, desarrollados por empresas israelíes, sólo están a disposición de organismos gubernamentales. Al mismo tiempo se ha sabido que hace unos años el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pagó unos seis millones de euros para poder utilizar estos programas. Así que resulta lógico pensar que son los servicios de inteligencia españoles los que han estado espiando a estas personas, vinculadas todas ellas con el movimiento independentista.

Esta revelación ha provocado diversas reacciones en la sociedad. Algunos de nuestros opinadores y cuñados más habituales entienden que espiar a los indepes es algo lógico por lo que no habría que extrañarse. Lo mismo parece pensar la derecha. El Partido Popular dice que confía plenamente en lo que diga el CNI y la ultraderecha acusa a los espiados de recurrir al victimismo.

Quienes minimizan estos hechos parecen defender que cuando el Gobierno tiene razón en sus posiciones políticas es legítimo que use cualquier medio contra quien no la tiene. Así, obvian la gravedad de lo ocurrido porque creen que se trataba de defender la unidad del Estado frente a los independentistas. Esta postura de que frente al independentismo vale todo se está demostrando una de las mayores amenazas contra nuestro sistema democrático. A base de poner el acento en quien sufre la violación de sus derechos, para valorar si es o no legítima, se viene a dinamitar las garantías del Estado de Derecho. Anteriormente, en esta misma línea, se ha defendido el uso de la prisión provisional como medida represiva sin necesidad de juicio. Incluso la posibilidad de detener a un candidato a la presidencia de una comunidad autónoma en mitad de un debate de investidura para que no resultara elegido. Se ha defendido también que es legítimo castigar con decenas de años de cárcel la participación en manifestaciones públicas, usar la fuerza para impedir actos simbólicos pacíficos, prohibir que en los parlamentos se hable siquiera sobre ciertos temas y un largo etcétera. Todos estos excesos se han llegado a admitir porque servían puntualmente para responder a quienes aspiraban a la secesión de un territorio y dificultaban sus aspiraciones. De ese modo, se ha abierto la puerta a que todo ello se use igualmente por parte del poder contra otros oponentes políticos.

Ahora de lo que se trata es de una vulneración de derechos extremadamente grave. El artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. De esa manera se quiere proteger la intimidad de las personas para que puedan desarrollar su vida sin que nadie interfiera en su esfera más privada. Con los programas utilizados, los servicios secretos no sólo han leído y escuchado todas las conversaciones telefónicas e informáticas de los espiados sino que han podido fotografiar cualquier cosa que ellos vieran, grabar lo que hablaban o seguir por dónde se movían. Con todo ello, además de la intimidad, se lesionaban multitud de otros derechos. Durante las negociaciones políticas, el Gobierno ha podido tener acceso a las estrategias y circunstancias de sus oponentes y utilizarlo a su favor. Al espiar también a los abogados ha sido posible anticiparse a las líneas de defensa y los argumentos jurídicos que se iban a utilizar, desmontándolos de antemano y vulnerando tanto el derecho a no declarar como el de la asistencia letrada. En fin, una barbaridad que dibuja un mundo en el que nadie querría vivir.

<<El artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial>>

Quienes justifican estos hechos cuando se usan contra los independentistas ¿están dispuestos a vivir en un mundo en el que si sus ideas políticas no coinciden con las de la mayoría gobernante pueden ser espiados de esta manera? No es plausible. Más bien defienden que se use contra sus enemigos pero nunca aceptarían que se hiciera con ellos, que tienen la razón. Y sin embargo, están poniendo las bases para que así sea.

El Gobierno, por su parte, echa balones fuera y se limita a repetir el mantra (imposible por definición) de que toda actuación de nuestros servicios secretos se ajusta siempre a la legalidad. Así, vienen a insinuar que las escuchas contaban con autorización judicial. Y esto abre una vía aún más inquietante.

Varios de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución implican el derecho a la intervención de un juez. La inviolabilidad del domicilio, la prohibición de secuestro de publicaciones, el derecho a la libertad personal o el secreto de las comunicaciones consisten en prohibiciones dirigidas tan solo al poder ejecutivo pero que ceden cuando interviene un juez. El juez se convierte así, en nuestro sistema jurídico, en la garantía de neutralidad por excelencia. Sólo un juez puede ordenar que se detenga a alguien, que se entre en una casa, que se retire una revista de la circulación o que se escuchen las conversaciones ajenas. Eso es así porque al juez se lo considera como un poder neutral y, sobre todo, garante de los derechos frente a la arbitrariedad del resto de poderes.

Lo peor que le puede pasar a un sistema democrático es que los jueces dejen de ser garantes de los derechos y pasen a participar del uso arbitrario del poder. Eso deja a la ciudadanía indefensa y vendida. Para evitarlo, el Tribunal Constitucional, cuando aún era un tribunal serio y comprometido irreductiblemente con la Constitución, estableció una serie de requisitos para ese tipo de medidas judiciales que autorizan la pérdida de un derecho. En concreto, para autorizar la intervención de comunicaciones exigió que existan indicios previos de que se ha cometido o se va a cometer un delito que es necesario investigar, y que esos indicios se han obtenido lícitamente. Con ellos, el juez debe autorizar cada intervención de manera individual, ponderando cuáles son las circunstancias del caso que hacen imprescindible recurrir a esa medida. Las autorizaciones deben ser por un tiempo determinado y han de ser revisadas periódicamente, siempre con argumentos sometidos a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, entre otras cosas, toda la información personal que no sea pertinente para esa investigación ha de ser destruida y no puede utilizarse con ningún fin. Eso es también aplicable a las intervenciones telefónicas que realice el Centro Nacional de Inteligencia. En su caso la única salvedad es que el juez competente sea siempre un magistrado específico del Tribunal Supremo. Las escuchas sólo pueden ser autorizadas por períodos de tres meses, prorrogables.

Probablemente nunca sepamos si el espionaje a los políticos independentistas ha sido autorizado por este juez de control. El Gobierno insinúa que sí. Pero si efectivamente ha sido así se abre toda una serie de incógnitas. Eso supondría que durante los últimos cinco años, cada tres meses, se han aprobado peticiones individualizadas y motivadas de intervención telefónica sobre cada uno de ellos. En tal caso, habría que aceptar que toda esta variedad de personalidades resultan una amenaza creíble y objetiva para el Estado, y que un juez lo ha aceptado así caso por caso, incluyendo las escuchas a abogados defensores de los independentistas (recuérdese que el juez Garzón dejó de serlo precisamente por autorizar algo así).

La complejidad de una autorización judicial de este tipo plantea numerosas dudas incluso sin saber si de verdad si se ha producido ni en qué términos. Esas dudas provocan el progresivo deterioro de la función del juez como garante de los derechos que venimos sufriendo en España. El incremento de la politización de nuestra judicatura, su creciente pérdida de neutralidad y su escoramiento hacia posturas políticas ultraderechistas que niegan muchos de los derechos fundamentales provoca desconfianza en cuanto a su capacidad para actuar como protector de los derechos. La proliferación de decisiones en las que nuestros jueces y tribunales dan la razón inmotivadamente a agentes policiales, se niegan a investigar torturas y malos tratos (hay una decena de condenas internacionales que lo demuestran) o deja de aplicar sistemáticamente la jurisprudencia constitucional sobre habeas corpus pone de manifiesto que, con demasiada frecuencia, muchos de nuestros tribunales prefieren defender al poder ejecutivo con todos sus excesos antes que los derechos de los ciudadanos. Dejan de ser frenos de la arbitrariedad y se convierten en sus acelerantes.

Son multitud los datos objetivos que permiten desconfiar del compromiso de gran parte de nuestro poder judicial con los derechos de los débiles. Una sociedad en la que el poder no encuentra frenos adecuados deja de ser una sociedad justa. Cuando el garante de los derechos ampara a quien los vulnera, la democracia se tambalea. Esperemos pues que se aclare la cuestión del espionaje a políticos. Que se depuren responsabilidades si hay funcionarios implicados y, sobre todo, que los espías que vulneran derechos no cuenten para ello con la autorización de ningún juez que se ha olvidado de cuál es su función constitucional. 

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Espiando al Independentismo Vasco

Naiz da seguimiento al tema del CatalanGate con este recuento de ocasiones anteriores ocurridas en Euskal Herria en las que se ha denunciado espionaje:

Algunos casos de espionaje descubiertos y publicados

Iñaki Iriondo

Marzo de 1998

Se descubre un amplio dispositivo de escuchas instalado en la sede de HB de Gasteiz desde el piso superior.

Marzo de 2004

Tras las explosiones de los trenes en Madrid, se hace pública en julio una nota del CNI, con fecha del 13 de marzo de 2004, que desvela que Arnaldo Otegi tiene su teléfono pinchado por el espionaje español, lo que afecta directamente al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al parlamentario de EA Rafael Larreina y al entonces conseller en cap de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, cuyas conversaciones fueron espiadas.

Junio de 2004

Dos hombres que dicen ser de una empresa de telefonía entran en el domicilio de Arnaldo Otegi con falsedades y se dedican a tomar imágenes del interior de la vivienda. Iniciada una investigación, la empresa negó que fueran empleados suyos.

Junio de 2005

Batasuna muestra en público un sistema de escuchas encontrado tras un zócalo en la sala de reuniones de su sede en Baiona.

Febrero de 2007

La izquierda abertzale muestra un aparato de seguimiento instalado en el coche de un colaborador de la comisión negociadora que en aquel tiempo conversaba con PNV y PSE. También su representante en Bruselas había encontrado por esas fechas un artilugio de escuchas.

Abril de 2007

Batasuna muestra un aparato de seguimiento instalado en el vehículo de un militante bajonavarro que presenta una denuncia.

Agosto de 2007

Tres jóvenes donostiarras descubren en su vivienda un sistema de escuchas ilegales instalado desde el piso de abajo. Presentada denuncia judicial, la Ertzaintza acabó requisando el aparato como prueba.

Setiembre de 2007

Un militante de la izquierda abertzale encuentra en su vehículo un dispositivo de control y seguimiento adherido al chasis.

Julio de 2008

La petición de traslado de una línea telefónica de la redacción de GARA en Iruñea destapa que las llamadas eran rebotadas a la Jefatura Superior de Policía.

Agosto de 2011

Una revisión en el vehículo de la urruñarra Laurence Marinea tras un accidente destapa la instalación de un dispositivo de seguimiento en el vehículo.

Julio de 2012

Eleak hace público el hallazgo de aparatos de seguimiento en los vehículos particulares de Bonifacio Badillo, padre del preso político Irkus Badillo, y de Liher González, hermano del exprisionero Oier González. Se presentan sendas denuncias judiciales.

Diciembre de 2012

Conversaciones privadas mantenidas en el despacho de Amaiur en el Congreso de los Diputados entre parlamentarios de distintos grupos y trabajadores de la coalición aparecen publicadas en un periódico.

Noviembre de 2013

Representantes de Sortu, LAB y Ernai muestran en rueda de prensa los aparatos de grabación de audio y vídeo instalados ante la sede de la organización juvenil.

Enero de 2015

Cinco personas son vistas colocando un GPS en el coche de un expreso y militante independentista en Errenteria.

 

 

 

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Egaña | Ruanda

Con su particular estilo Iñaki Egaña aborda la situación creada por el infumable Boris Johnson con su política de expulsión de migantes.

Lean ustedes:

Ruanda

Iñaki Egaña

Pauline Mankongo tenía apenas 16 años cuando acompañó a su hermano Samuel hasta la capital. Vivían en una chabola en las afueras de Ngaoundéré, apiñados con la familia. El éxodo masivo de la ciudad se dirigía hacia el este, Bertoua. Pero Samuel le dijo que al oeste las posibilidades de encontrar “algo” eran mayores, en Yaundé. La capital de Camerún. Eran poco más de 400 kilómetros, por carreteras repletas de agujeros, cabras, polvo y arena. En camiones y autobuses, alcanzaron su objetivo en una semana. Samuel gastó unos cuantos de los francos que había ahorrado para un viaje que se debería alargar en varios miles de kilómetros.

En Yaundé, Pauline, que únicamente hablaba fulfulde, encontró esa descripción que había oído relatar a los mayores. El mundo era extraordinariamente descomunal, y a una distancia menor de la que le separaba de su ciudad, se encontraba un mar, también enorme, en cuya otra orilla se realizaban la mayoría de las películas que había visto en televisión. Se asentaron durante unas semanas en casa de un pariente, hasta que, en una amanecida de otoño, trotaron en un camión que les transportó hasta Nigeria.

El viaje de Pauline a Europa se demoró tres años. Cruzó el estrecho que separa ambos continentes en una patera con 19 años y un embarazo que le salvó de ser expulsada de inmediato. En Nassarawa, en Nigeria, la pareja de hermanos, junto a un grupo de burkineses, había sido asaltada por unos bandidos que les robaron las pocas pertenencias que llevaban, incluidos los ahorros para el viaje. Pauline fue violada repetidamente, al igual que lo sería dos años más tarde en Oujda, ya en Marruecos. Había abortado espontáneamente, y únicamente la ayuda de una mujer con el semblante agrietado que le acogió en su vivienda de barro, le salvó la vida.

De las violaciones de Oujda engendró una vida que nació en un hospital de Granada. Sustituyó a la de su hermano Samuel, que falleció en el asalto de Nassarawa. No tuvo siquiera fuerzas para llorarlo más allá de los primeros días. A su hijo le llamó Samuel, en recuerdo de su hermano. Con 20 años recién cumplidos y un bebé a cuestas, llegó una mañana de marzo a Irun. Para entonces ya chapurreaba árabe, inglés, francés y castellano. Intentó cruzar, junto a otros subsaharianos, la muga del Bidasoa. Una y otra vez fue detenida y devuelta en el puente de Santiago, hasta que una mañana alcanzó Hendaia. Horas más tarde, buscando leche para su hijo en una farmacia, fue detenida por una patrulla de gendarmes que, en esta ocasión, la internaron en el CRA de la localidad lapurtana.

En el Centro de Retención, Pauline conoció a gente de decenas de países africanos. Sabía ya que el mundo era anchísimo. Y que para entrar o viajar por Europa todos los países africanos, sin excepción, necesitaban visado. Ella ni siquiera tenía papeles de identidad. En Hendaia tomó la decisión más dolorosa de su vida. En noviembre de 2019, se sumó a una fuga masiva del CRA. Su hijo quedó dentro. Algún día se rencontrarían. Mientras, la vida para el pequeño Samuel sería mejor que la suya hasta entonces. Sin duda.

Pauline sobrevivió en Burdeos primero y más tarde en París. Trabajó a destajo, siempre sin papeles, limpiando casas, gracias a una pequeña red de cameruneses que tenía una asociación en las cercanías de la Porte de Clingnacourt. Allí conoció a Thomas, natural de una pequeña población al borde del lago Mbakaou, también en Camerún. Unos años mayor que ella, la convenció para viajar juntos a Inglaterra, donde residían, legalmente, unos primos de su padre.

Era ya verano de 2022 cuando Thomas y Pauline, gastados sus ahorros en un nuevo viaje, fueron detenidos en los bajos de un camión que había atravesado el Canal de la Mancha bajo el mar. Junto a dos docenas de subsaharianos, de Malí, Ghana Benín y Senegal, fueron trasladados a un Centro de Retención y ella separada del resto, hombres. Unos días, más tarde, en una furgoneta enrejada fue llevada al aeropuerto de Stansted, en las cercanías de Londres.

Era la primera vez que iba a volar. El vuelo, repleto de migrantes “ilegales”, partió tras completarse. Llegó a Kigali, en Ruanda, siete horas más tarde. Una fuerza militar impresionante esperaba la llegada. Y en esa misma tarde, sin siquiera tomarles filiación, eso sí, esposados con cinta adhesiva y encordados como esclavos, fueron conducidos al campamento de Kamunanda, en realidad una prisión a cielo abierto.

Ruanda, un estado fallido donde el gobierno hutu alentó el genocidio tutsi hace casi dos décadas, ahora aliado de Inglaterra y de su gobierno dirigido por Boris Johnson. En la segunda noche de su estancia, sorprendida en su jergón de hierbas agujereado, y en unas inmundas letrinas, Pauline fue violada por enésima vez desde que dejó Ngaoundéré.

La historia que he contado en los párrafos anteriores es una ficción. Pero como desgraciadamente sabemos, la realidad supera, en la mayoría de los casos, a la ficción. La naturaleza humana es capaz de las mayores perversiones. Depravaciones que ninguna otra especie animal depara siquiera a sus competidores por la supervivencia. La carrera colonialista, el esclavismo, el holocausto… son pasajes de esas inmoralidades.

La última, la de Boris Johnson, un sátrapa que maneja del destino de al menos 65 millones de personas y que, entre fiesta y fiesta, entre borrachera y borrachera, ha decido deportar a “decenas de miles” de migrantes detenidos en las fronteras de su país. A un estado corrupto, Ruanda, en medio de la nada, con la única referencia de que es uno más de los de ese continente llamado África.

La decisión de Johnson es de una magnitud descomunal, como el planeta que imaginó Pauline. Racista, xenófoba, supremacista y en línea de aquellas grandes deportaciones que ordenó el III Reich hacia los campos de exterminio, Franco a los de concentración o Adolphe Thiers con los comuneros de París a Nueva Caledonia. Hoy le llaman populismo democrático. Una nueva muesca en la ignominia de la historia de la humanidad.

 

 

 

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Mortadelo Amenaza a la UE

¿A qué punto está calando la operación a lo Mortadelo y Filemón por parte de Madrid en contra de los referentes políticos vascos y catalanes en lo que se conoce como el #CatalanGate?

Pues mire usted lo que ha propuesto el Parlamento Europeo según nos informa Naiz:

El Parlamento Europeo ofrece a sus miembros verificar si su móvil está infectado con Pegasus

El Parlamento Europeo se ha tomado en serio el espionaje de teléfonos móviles con el programa Pegasus, recientemente detectado en el Estado español de forma masiva contra independentistas. Ofrece a sus miembros la posibilidad de revisarlos para ver si están siendo espiados.

Iñaki Iriondo

Siguiendo las instrucciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del secretario general, Klaus Welle, los servicios de innovación y soporte informático de la Eurocámara han remitido una circular a sus miembros en la que les ofrece una revisión de sus teléfonos móviles para detectar una potencial instalación del programa de espionaje Pegasus.

El rastreo de detección se ofrece después de que esta semana haya trascendido que un total de 65 independentistas catalanes y vascos, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu, han sido espiados con el programa israelí Pegasus, que solo se puede vender a gobiernos o entes gubernamentales. Todos los espiados han señalado al Gobierno español y al CNI como autores de la operación, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y otras portavoces gubernamentales han insistido en que siempre actúan de acuerdo a la legalidad.

El martes de esta semana el Parlamento Europeo ha constituido la comisión de investigación centrada en el uso del software Pegasus, una iniciativa pactada hace meses por casos en Hungría y Polonia, pero que arranca ahora justo cuando se conocen nuevos casos como el ciberataque contra el móvil del comisario de Justicia, Didier Reynders, y el que afecta a los líderes del movimiento independentista en Catalunya, incluidos los actuales eurodiputados.

Los servicios de la Eurocámara ofrecen a los parlamentarios un análisis de sus móviles, con una duración inicial que está en función de la cantidad de datos almacenados en el teléfono y les apuntan que al menos 30 minutos. Dependiendo del resultado, podría seguir un análisis de seguridad detallado que requiera tiempo adicional. Les piden que tengan en cuanta que la verificación debe hacerse en su presencia.

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Afectados por Pegasus Reunidos en Madrid

Damos seguimiento al caso del espionaje por parte del régimen borbónico franquista en contra de referentes de partidos políticos incómodos ya sea por ser de carácter independentista como en lo que concierne a los partidos vascos, catalanes y galegos... o ya sea estatales por ser de la izquierda incómoda.

Y es que vamos, Madrid todavía se da el lujo de decir que esta irregular situación "no puede ser utilizada para poner en duda la calidad democrática de España".

Vamos, que es normal que dictaduras disfrazadas de democracias recurran a ciertas estrategias como la lawfare apoyada en "acusaciones particulares" por parte de grupúsculos de la extrema de derecha, como el terrorismo de estado cuyos autores intelectuales y materiales gozan de la más completa impunidad o, como hemos aprendido más recientemente, el espionaje, pero que, por ser España considerada una democracia plena, no deben ser cuestionadas.

Adelante pues con la lectura:

Aizpurua y Aragonès reclaman consecuencias: «Es el mayor caso de espionaje político en Europa»

EH Bildu es una de las formaciones que se ha reunido este jueves en Madrid con el president catalán Pere Aragonès para valorar la situación creada por el caso Pegasus. Para su portavoz, Mertxe Aizpurua, «es el mayor caso de espionaje político en Europa» y debe tener consecuencias.

Los movimientos políticos que se suceden tras el estallido el lunes del caso de espionaje masivo a independentistas catalanes y también vascos ha tenido este jueves cita destacada en Madrid. El president Pere Aragonès, uno de los afectados, ha acudido allí para entrevistarse con representantes de las fuerzas catalanas que han sufrido esta trama y también con EH Bildu, dados los «pinchazos» a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Tras el contacto, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que «estamos ante el mayor caso de espionaje político en Europa, que no puede quedar impune. El Gobierno español tiene que tomar cartas en el asunto con urgencia, tiene que tomarse en serio el espionaje político a representantes independentistas».

«Esto no puede quedar así. Su inacción puede tener consecuencias políticas. Aún está a tiempo de adoptar medidas», ha añadido Aizpurua.

Aizpurua y el senador Elejabarrieta han participado en las reuniones de esta mañana, que tienen como objetivo articular una respuesta unitaria a un espionaje que se extiende ya a 65 representantes independentistas.

Aragonès: «Confianza cero»

Tras su visita al Congreso, donde se ha reunido con estos grupos y también finalmente con Unidas Podemos, Aragonès ha afirmado ante los medios que la confianza con el Gobierno español es «cero» porque no puede haberla «si has sido espiado».

«Sin esta mínima confianza en que no eres espiado por ejercer tu compromiso político, la responsabilidad política que te han encomendado tus conciudadanos, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política», ha avisado.

Preguntado sobre cómo actuará ERC en futuras votaciones en el Congreso, el president de la Generalitat ha reclamado al Ejecutivo decisiones y llegar «hasta el final» ante el espionaje «masivo» y ha avisado: «A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el Gobierno de la Generalitat y los partidos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura».

El president de la Generalitat ha reclamado al Gobierno estatal que haga una investigación «interna con supervisión independiente» para aclarar «a quién se ha espiado, quien dio la orden, quien lo supervisó, quien lo autorizó y qué se ha hecho con esta información» y ha recalcado que «alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo de espionaje», a su juicio «el más grave de la democracia».

Interpelaciones a Sánchez, Robles y Bolaños en el Congreso

EH Bildu, PNV, ERC, Junts y CUP aprovecharán la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso, el próximo miércoles, para pedir explicaciones al presidente, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Presidencia, Félix Bolaños.

Según el listado de preguntas registrado este jueves, difundido por Europa Press, el portavoz de ERC, Gabrel Rufián, será quien interrogue directamente a Sánchez para saber si su Ejecutivo piensa investigar este caso de espionaje a independentistas catalanes y vascos.

A la ministra de Defensa se dirigirán Junts, CUP y el PNV. Miriam Nogueras, portavoz del partido de Carles Puigdemont, quiere que Robles aclare si ha tomado medidas «para depurar responsabilidades en el escandaloso caso Pegasus», mientras que Mireia Vehí, de la CUP, pregunta «qué razones pueden tener los servicios de Inteligencia para investigar a la oposición independentista».

Por su parte, Aitor Esteban quiere interrogar a la ministra de Defensa para que explique «qué artículo de que ley le impide dar datos al Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado».

EH Bildu preguntará al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para conocer si «tiene constancia de la implicación de algún Ministerio o sus órganos en el espionaje político masivo a independentistas».

Además de las preguntas a Sánchez y sus ministros, ERC ha registrado una interpelación para la misma sesión de control del miércoles con el fin de que el Gobierno rinda cuentas sobre «la calidad democrática del Estado».

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Lamela Arremete contra Reguant

Madrid ha requerido y requiere de españolitos con ínfulas de inquisidor para poder llevar a cabo con eficacia su campaña de lawfare en contra de los pueblos vasco y catalán.

La lista es larga, pero definitivamente la encabeza Baltasar Garzón seguido por Fernando Grande-Marlaska, Eloy Velasco, Concepción Espejel, Ángela Murillo y, por supuesto, Carmen Lamela.

A Carmen la conocemos tanto por el Caso Altsasu como por el proceso en contra de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ahora está de nuevo en su papel de azote del independentismo catalán, como nos explica este artículo de Naiz:

La jueza del caso Altsasu decide juzgar a Reguant (CUP) por no responder a Vox

La negativa de Eulàlia Reguant (CUP) a responder a las preguntas de Vox en el juicio del «procés» la llevará al banquillo, aunque había otras opciones menos desproporcionadas. Así lo ha decidido Carmen Lamela, la polémica instructora del caso Altsasu en la AN. Ahora está en el Supremo.

El Supremo ha abierto juicio contra la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant porque durante el juicio del procés en 2019, en el que compareció como testigo, se negó a responder a las preguntas de la acusación popular, que ejerció Vox, dada su condición de «partido de extrema derecha».

La magistrada de la Sala II del Supremo Carmen Lamela, que en su momento ya hizo una instrucción muy polémica del caso de los jóvenes de Altsasu que hizo que el tema saliera del juzgado de Iruñea y acabara en la Audiencia Nacional, es la firmante de esta decisión tan desproporcionada. Ha dictado un auto en el que ordena la apertura de juicio oral por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, por el que la Fiscalía pide cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Esta decisión se produce después de que el pasado 1 de marzo el Alto Tribunal suspendiera el juicio contra Reguant por «un error en la tramitación de la causa», al entender que el Supremo debió de asumir el procedimiento mucho antes.

La Sala atendió así la petición de la defensa, apoyada por el fiscal durante las cuestiones previas, de declarar la nulidad del juicio porque el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid abrió juicio contra Reguant cuando no era competente para ello.

Entonces, el Supremo ordenó que se devolvieran las actuaciones al final de la instrucción, para que se nombrara a un instructor del alto tribunal - se hizo el 17 de marzo- y la Fiscalía del Supremo emitiera su informe de acusación, como así hizo el 4 de abril.

El auto ordena ahora dar traslado del escrito de acusación a Reguant, y le da diez días para formular su escrito de defensa. Además declara la competencia del Supremo para el juicio.

Los hechos juzgados

Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019, cuando Reguant y su compañero Antonio Baños fueron citados a declarar como testigos en el juicio del «procés» en el Supremo, y se negaron a responder las preguntas de los representantes de Vox, constituida esta última formación como acusación popular.

Como consecuencia de este hecho, el Supremo inició un proceso sancionador contra ambos testigos y remitió al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid la causa siendo el órgano competente para ello al no ser Reguant en ese momento aforada y haber ocurrido los hechos en Madrid.

Sin embargo, ni el Juzgado ni la Fiscalía de Madrid eran competentes para instruir la causa a partir de marzo de 2021, cuando ella comunicó su aforamiento. Pese a ello, la Fiscalía de Madrid formuló escrito de acusación y el Juzgado abrió juicio oral.

En su auto, la instructora señala que Reguant no respondió a la acusación popular conscientemente y a sabiendas de las consecuencias que podían derivarse, «asumiendo las consecuencias» y tras ser advertida por el presidente del Tribunal de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal por su negativa.

Ya fue multada por ello

Lamela explica que no puede estimarse infringido el principio de «non bis in idem» como pretende la defensa, por el hecho de que se le impusiese una multa ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «el testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se impondrá en el acto. Si a pesar de esto persiste en su negativa, se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave».

Por tanto, según señala el auto, la multa no es una pena, sino una sanción de carácter gubernativo, y la ley dispone como segunda medida a adoptar, en el caso de que el testigo continúe en su actitud renuente, proceder contra él como posible responsable de un delito de desobediencia grave.

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