¡La Korrika 17 en Gasteiz!

Con ustedes unas escenas de la Korrika 17 a su paso por Gasteiz, la capital de Araba:

Algo nos dice que Jon Juaristi tendrá pesadillas esta noche.

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Anacronismo Frisón

Un ciudadano alemán radicado en Hegoalde ha desperdiciado una oportunidad para traer frescura y diversidad al asunto del proceso de paz en Euskal Herria. En un artículo de opinión publicado en el Diario Vasco, el sociólogo Hans Harms acusa de "anacronismo" al independentismo vasco, algo que dice él simplemente "no encaja" en una sociedad culta y boyante en aspectos económicos, aquí lo tienen:

Pero este sentimiento de bienestar al que me acabo de referir, siempre se ha quedado ensombrecido por otra realidad, sobre la que la mayoría de los visitantes querían también ser informados: la del 'conflicto vasco', incluyendo los atentados, las declaraciones políticas, las treguas, las esperanzas -hasta hoy- siempre frustradas, etc. Toda esta 'espinosa' situación, la cual parecía no tener nunca un final, siempre me ha parecido como fuera de lugar -dado el largo tiempo transcurrido y el nivel cultural y económico de la región-, es decir, un auténtico anacronismo y una pesadilla. 

Unas líneas después, este sociólogo y guía de turistas hace suya la versión oficial que "justifica" el apartheid político en contra del pueblo vasco:

Es verdad que hasta ahora la historia de Batasuna se ha escrito siempre del lado de ETA, lo que explica el mencionado escepticismo de amplios sectores de la sociedad y del Gobierno español. Pero en este momento -posiblemente único y decisivo- hay que constatar lo siguiente: por primera vez se han dado cambios que muestran una intención política sin parangón. Las declaraciones realizadas el día 7 de febrero suponen una ruptura clara con la intención de conseguir la independencia mediante la fuerza y el acatamiento de unos estatutos que se basan en el fin de la violencia para la consecución de metas políticas

Ya después intenta verse "políticamente correcto" y nos dice que la legalización de Sortu sería un avance democrático. Pues bien, estamos aquí para decirle al alemán que anacrónico es el régimen político que sus antepasados (sí, esos que bombardearon Otxandiano, Durango y Gernika asesinando a cientos de mujeres y niños vascos en un preámbulo de la violencia genocida desatada de 1936 a 1945) impusieron en el estado español con la ayuda de su compinche Benito Mussolini. 

Pero ya que está entrado en gastos, estimado Hans, ¿qué opina usted del sionismo y su violencia?

A perdón, de eso no puede hablar, por que en Europa hablar mal de los vascos es un privilegio pero hablar mal de los judíos puede traer consecuencias poco apetecibles. Señor alemán, calladito se ve más bonito.

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El Olvido Selectivo de Paul Ríos

 

Una vez más Paul Ríos de Lokarri es entrevistado y una vez más parece olvidar la violencia represiva generada por el estado español, violencia que a lo largo de décadas ha tomado la forma de terrorismo de estado con las consabidas torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias, hostigamientos y demás. En esta entrevista publicada en Rebelión el buen Paul "cae en tentación" y le adjudica la violencia que ha generado el conflicto exclusivamente a ETA, llegando incluso a poner en el mismo párrafo al PP (la derecha franquista) y a ese engaño colectivo llamado cobarde y tramposamente "transición". Pero adelante, lean, formen su propia opinión:

 

“En Euskadi no hemos podido hacer política normal”

 Miguel Pardo | Xornal

El coordinador de Lokarri apuesta por explicar con detalle y en toda España los cambios que se están dando en el País Vasco: "En el diálogo de 2006 se hizo muy poca pedagogía y no podemos caer en el mismo error". Lokarri es una asociación independiente, ciudadana y plural que lucha por la normalización, el diálogo y la paz en Euskadi. Organismo clave en el actual “proceso” de paz como “engrasador” y “facilitador”, su coordinador, Paul Ríos, ofreció una charla esta semana en Santiago invitado por el Movemento Estudantil Universitario. Poco antes, habló con Xornal sobre los nuevos aires que soplan en el País Vasco.

¿Es importante explicar fuera de Euskadi lo que allí ocurre? ¿Se hace siempre bien?

Hay que dar buena información al resto de España. En el año 2006 se cometió un error porque a la opinión pública española se le transmitió muy mala información sobre aquel proceso de paz, se hizo muy poca pedagogía sobre el diálogo. Aquella falta de información alimentó a los sectores más contrarios al proceso y provocó que no hubiese un apoyo claro. Ahora no debemos cometer el mismo error, es necesario para que por lo menos no haya una actitud negativa o excesivamente recelosa.

¿Qué es lo fundamental que hay que explicar ahora?

Que las cosas no ocurren de repente. Lo que pasa ahora en el País Vasco es fruto de muchos hechos que vienen sucediendo desde hace dos años. Si ETA declara un alto el fuego y Sortu rechaza la violencia, hay quien puede pensar que todo es un engaño, pero lo cierto es que están ocurriendo cosas nuevas. Hay que comprender que ahora no estamos ante una oportunidad cualquiera sino, posiblemente, ante la oportunidad definitiva de conseguir la paz.

¿El alto el fuego de ETA es definitivo?

Yo no puedo decir que es definitivo porque no está en mis manos, pero sí estoy seguro de que lo que va a ocurrir ahora va a ser completamente diferente a lo que ocurrió en el pasado. El hecho más determinante es que la izquierda abertzale ilegalizada ha rechazado la violencia de ETA y eso conlleva que ahora sea una inmensísima parte de la sociedad vasca la que reniega de la violencia. ETA, sin ningún tipo de apoyo social, puede continuar con la violencia, pero no puede ser lo que ha sido hasta ahora.

Si lo hicese, ¿qué sería ETA?

Sería un grupo sin apoyo social y se reduciría a un problema casi exclusivamente de seguridad. Tendría muchas dificultades para actuar y, aunque lograse hacer daño, no tendría ninguna capacidad de ocupar un espacio privilegiado en la política vasca. Poder hacer política en Euskadi sin ETA, con más seguridad y libertad, es una situación que sería completamente nueva. Yo estoy muy ilusionado y esperanzado. Nosotros no hemos podido hacer política normal desde la Transición... Por no remontarme más atrás. Poder hacer política, con libertad, con igualdad de oportunidades, sin que nadie esté amenazado y sin que ninguna opción esté ilegalizada, sería un momento histórico y algo sin precedentes.

¿La ilegalización de Sortu puede ser un escollo en el proceso abierto?

Puede ser un escollo si hay personas que pueden replantearse las decisiones que han tomado, pero yo he podido comprobar durante estos dos años cuál ha sido la evolución y el debate en la izquierda abertzale ilegalizada y tengo la absoluta convicción de que su determinación y su apuesta por las vías únicamente pacíficas y políticas es definitiva, no tiene vuelta atrás. Por muchos obstáculos que se le quieran poner, Sortu va a acabar siendo legal.

Pero nunca antes de las elecciones municipales...

Mi tesis es que el Gobierno tomó la decisión de considerar que la no presencia de Sortu y que Sortu aceptase su no presencia era la prueba del algodón para comprobar que su estrategia era real, cierta y sincera. El Gobierno no va a facilitar la legalización de Sortu antes de las elecciones. Esto es una cuarentena para que demuestren si su apuesta es verdadera, pero han hecho los deberes y han cumplido con la Ley de Partidos.

¿Por qué entonces su ilegalización?

Sus estatutos son muchísimo más explícitos sobre el tema de la violencia que los de nadie. Sí creo que el Gobierno ha estirado al máximo, con los informes que ha presentado la policía o la Guardia Civil, esa teoría de que todo lo que está mínimamente tocado por ETA ya es ETA directamente. Como dice el voto particular del Supremo, se ha inventado un relato de que ETA y Sortu sigue siendo la misma cosa. Pueden ser las mismas personas, pero sus formas de actuación son diferentes. En la izquierda abertzale se intentará que ETA no se descuelgue de su estrategia, pero independientemente de lo que haga ETA, ellos han tomado esta determinación y esto es algo ya completamente diferente a la relación que han mantenido ETA y la izquierda abertzale.

¿La cuerda que unía a ETA y la izquierda abertzale está rota?

No lo sé a ciencia cierta, pero sí sé que la izquierda abertzale ha tomado la decisión de desarrollar esta estrategia de manera unilateral: hiciese lo que hiciese el Gobierno e hiciese lo que hiciese ETA. Esta es la gran clave y donde está lo más relevante de lo que ha sucedido. Esto es mucho más importante que un alto el fuego de ETA. Hasta 2006 siempre era ETA la que llevaba el liderazgo y la que decidía, por desgracia, si se terminaba la tregua. Ahora el liderazgo político está en manos de la izquierda abertzale y ETA acompaña, unas veces con mayor convencimiento y otras veces obligada por las circunstancias.

¿Qué cambió en la izquierda abertzale?

Hace muchos años, ETA llegó a la conclusión de que no podía derrotar al Estado por la vía militar y entonces lo que impuso fue aquella táctica enloquecedora de crear más violencia para negociar. Luego, rompían las conversaciones. ¿Qué sentido tenía? Eso supuso realmente el gran cambio. La izquierda abertzale comprendió que la violencia lastraba sus objetivos políticos.

Entienda que hay quien diga que su paso es por motivos tácticos. Pues hasta cierto punto puede ser así, pero también el Sinn Fein lo hizo así en Irlanda y a los dos años estaba reconociendo el daño causado. Esto va poco a poco.

¿Las continuas declaraciones del PP contra los procesos de paz son una táctica política o un reproche sincero?

Puede ser sincero, pero también hay mucha táctica y mucha irresponsabilidad política. Alimentan la impresión de que hablar con ETA, con la izquierda abertzale o incluso con algún partido democrático en Euskadi es hacer cesiones a la violencia, y no es así. Un proceso de paz se construye sobre pasos unilaterales. ETA tiene que dejar la violencia, Sortu tiene que ser legalizado... Pero una cosa no puede estar condicionada por otra. Si se dan estas dos condiciones no se habrá acabado con el problema, ¿y cómo afrontamos los siguientes problemas? Pues la única manera de hacerlo y de construir una convivencia es hablando. Si alguien me presenta otro sistema, yo encantado, pero con la imposición no se puede hacer, hay que hablar. Yo le preguntaría al PP: ¿La Transición española hubiese sido posible si hubiese una parte que se hubiese negado a dialogar? Pues no, pero ni aquí ni en ningún país del mundo.

El PP lo sabe.

Lo sabe, pero estamos en esta estrategia del todo vale que propició Aznar en el año 2000, y a la que contribuyó el PSOE.

Si ETA abandona las armas, ¿la reconciliación fluirá sin mayor problema?

Fluye con problemas, pero es mucho más fácil encontrar soluciones sin violencia y si todos participan en las elecciones. A partir de ahí se empezará a luchar por la convivencia, pero eso exige un cambio de actitudes. Durante muchos años hemos estado dominados por la percepción del enemigo. El otro era alguien con el que había que terminar, ya fuese físicamente o expulsándole de la política. Tenemos que aprender a convivir sabiendo que el otro solo es una persona que piensa diferente porque la sociedad vasca es plural y eso no va a cambiar aunque ETA deje de matar.

Mucha gente criticó la Ley de Partidos y ahora la avala. ¿Fue útil? ¿Es antidemocrática?

Ante la duda, me sitúo siempre en el plano del respeto a las libertades democráticas básicas y es muy dudoso que se puedan ilegalizar partidos. Se puede condenar a personas por pertenencia a banda armada que a la vez están en un partido, pero no a todo un partido. Solo apunto una clave: el debate que ha habido en la izquierda abertzale estaba abierto en Batasuna en 2001 y tengo la impresión de que la Ley de Partidos lo cercenó. Ahora me es indiferente que hasta aquí se haya llegado gracias a la ley o no. Lo importante es que se ha llegado.

¿Qué aporta Lokarri?

Hemos intentado hacer el papel de engrasadores y facilitadores. Llegados a este punto, sabemos que ahora la decisión ya no está en nuestras manos. Seguiremos aportando para llegar a buen puerto, pero nuestra gran aportación ya está hecha.

¿Se está verificando el alto el fuego?

El grupo de contacto internacional impulsado por Brian Currin va a empezar ahora la verificación de la ausencia de extorsión. A partir de ahí verificarán el alto el fuego; no es algo oficial y tiene muchos menos recursos que el Gobierno, pero por lo menos que ETA sepa que ya hay quien está comprobando si cumple con su compromiso.

 

 

 

 

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Las Revelaciones de Amedo

Para los izquierdistas latinoamericanos que todavía se creen el cuento ese de que el PSOE es un partido político contrario a la derecha franquista.

Lean esta nota publicada en Gara:

 

Amedo indica al juez que tras los GAL estaban González, Jáuregui y Benegas

Lo había anunciado meses atrás y ayer lo confirmó ante el tribunal que juzga al ex jefe de la Policía española Miguel Planchuelo por los atentados contra los bares Batxoki y Consolation: José Amedo sostiene que la creación de los GAL partió del entonces presidente español, Felipe González, y añade esta vez que todo disponía del consentimiento de cargos del PSOE como Txiki Benegas y Ramón Jáuregui. Julián Sancristóbal ratifica que la orden llegó desde arriba.

En julio de 2010, el ex subcomisario José Amedo depositó documentos dirigidos al presidente de la Audiencia Nacional en los que señalaba a varios cargos políticos y judiciales de la epoca del GAL como «responsables intelectuales y políticos» de atentados como los de los bares Batxoki y Consolation, ocurridos en febrero de 1986. Ayer, en calidad de testigo y por tanto obligado técnicamente a decir la verdad, afirmó de modo categórico que «Felipe González estaba detrás de todo» y fue «una decisión exclusivamente política».

El último juicio pendiente del GAL -en el que un superior de Amedo, Miguel Planchuelo, se enfrenta a una petición de la acusación popular de 114 años de cárcel por los ataques contra ambos bares- sirvió a Amedo para dar salida a su amenaza de «tirar de la manta», que acompaña de quejas por su situación económica. Amedo declaró en libertad, a pesar de haber sido condenado a 108 años de prisión por acciones atribuidas a los Grupos Armados de Liberación (GAL).

El ex subinspector de la Policía española explicó que la decisión de atentar en Ipar Euskal Herria fue tomada por responsables políticos del PSOE ante la falta de colaboración contra ETA de las autoridades francesas en los años 80. José Amedo aclaró que la decisión «jamás la tomó un mando policial».

«Fue una decisión de Felipe González y del señor José Barrionuevo y del señor Julián Sancristóbal», que entonces ocupaban los cargos de ministro del Interior y gobernador civil de Bizkaia, respectivamente. El mediático ex policía añadió que estos altos cargos gubernamentales contaron con «la anuencia y el consentimiento» de otros políticos del PSOE, especialmente en Euskal Herria. Así, mencionó a Txiki Benegas -que aspiraba en 1983 a la Lehendakaritza-, el ex delegado del Gobierno en la CAV y actual ministro de la Presidencia Ramón Jaúregui, y al ex líder del PSE en Bizkaia Ricardo García Damborenea.

Así, especificó que quien le reveló que era el entonces presidente del Ejecutivo el responsable último de la decisión de intervenir a través de los GAL fue el propio Sancristóbal en una reunión en su despacho. «Ninguna de estas decisiones se tomaba si no partían de los principales responsables de la lucha antiterrorista», insistió Amedo en otro punto de su declaración como testigo.

A preguntas de la abogada de la acusación particular Begoña Lalana, el ex policía explicó además que «una serie de cargos importantes de este estado» -volvió a mencionar a Barrionuevo e incluyó a Vera- querían que «yo fuera el único responsable de las acciones».

Sancristóbal declaró posteriormente y ratificó también que la creación de los GAL fue ordenada por la cúpula del Ministerio de Interior en 1983. «No tomábamos ninguna decisión que fuera autorizada por las administraciones centrales del Ministerio del Interior», dijo el ex gobernador civil, como ya hiciera en el año 1995.

Damborenea sostiene que el secuestro de Marey no era delito

Miguel Planchuelo, el ex jefe de la Brigada de Información de la Policía en Bilbo, no aportó datos relevantes sobre los atentados del Batxoki y el Consolation, que son los que se le imputan, aunque sí dijo ante el tribunal que el Gobierno español autorizó el secuestro en 1983 de Segundo Marey, acción por la que ya fue condenado en 1998 por el Supremo a nueve años y seis meses de cárcel.

El acusado dijo que lo hizo «debido a las circunstancias que se estaban produciendo en el País Vasco». «Era un caos, un muerto hoy y otro mañana, el Gobierno autorizó que se podía hacer un secuestro», dijo ante el tribunal que le juzga. La Fiscalía no considera a Planchuelo responsable de los delitos de los que le acusa la acción popular.

Planchuelo negó conocer a tres mercenarios portugueses con los que presuntamente contactaron sus subordinados José Amedo y Michel Dominguez para cometer los dos atentados de los bares. Sí reconoció que ambos realizaron un viaje a Portugal para «entrevistarse con un informador que le iba a hablar de una venta de armas a ETA. Resultó un fiasco». Tras él declaró Francisco Alvarez, su superior en aquella época, que exculpó a Planchuelo al afirmar que realmente fue él quien contactó con los mercenarios, pero sólo para que actuaran de informadores. Sancristóbal también le respaldó.

Con todo, lo más significativo fue la declaración de Ricardo García Damborenea, a quien se le preguntó si no consideraba que secuestros como el de Marey eran ilegales. «No», dijo con rotundidad. Lo justificó con esta afirmación: «El bien protegido era mucho mayor del que se iba a pagar».

O sea, terrorismo de estado puro y duro así como continuación del franquismo.

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Violencia de Abolengo

Nos sorprende y no cuando un americano sale a la defensa del estado español con lo que respecta al derecho de los vascos a su autodeterminación. Nos sorprende por que para ponerse la capa de españolista un mexicano necesita sufrir un intenso ataque de amnesia con respecto a los millones de seres humanos que perdieron la vida durante la loca aventura colonialista española en Abya Yala. No nos sorprende por que el eurocentrismo (llamado malinchismo en México) hace que algunos mexicanos actúen de manera tragicómica.

Pero los americanos que sí tenemos memoria y actuamos en congruencia a la misma siempre tomamos en cuenta los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la España Una Bajo Dios, pero aún más importante, no dejamos de lado el hecho que los españoles de hoy, y no sólo la élite borbónico-franquista, no sólo no se siente apenados por lo sucedido como los alemanes con respecto al genocidio perpetrado por los Nazis, sino que se sienten orgullosos y cada 12 de octubre celebran la parte que jugó su patria en el expolio que el continente sufrió a manos de los europeos. A ellos pues les dedicamos este escrito publicado en Gara:

La leyenda negra

«Reverdece con cualquier pretexto, sin prescribir jamás», se lamentaba un escritor ante la leyenda negra española, que es abordada por el autor al hilo de las recientes resoluciones y recomendaciones internacionales en relación a los derechos humanos. Analiza el significado de las sentencias del Tribunal Europeo que condenan al «Reino de España» y dice que el Estado español en el ámbito internacional «pierde». Tienen miedo a al ámbito internacional, concluye, porque así quedaría «acreditada» que la única violencia que queda sin reparar hoy en Euskal Herria es la de los propios estados.

Según el Diccionario de la RAE, leyenda negra sería la «opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI». Historiadores interpretan que el Reino de España o sus dirigentes fueron «una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas» ya que eran «símbolo de todas las fuerzas de represión, brutalidad, intolerancia religiosa y política y atraso intelectual y artístico». Según otros autores tal imagen no existió afuera: simplemente era la percepción que, suponen los acomplejados españoles, tienen de ellos en el mundo.

¿Se puede considerar que esta opinión llega hasta nuestros días? En América todavía está fresca la violencia con que el imperialismo español se empeñó y se emplea. En el este europeo son los conquistadores aragoneses los todavía denostados por su brutalidad. En los territorios de la antigua Flandes, aún se amenaza a los niños que se han portado mal con que San Nicolás se los llevará a Castilla.

¿Por qué todavía hoy en día las autoridades españolas ven con desconfianza la opinión internacional? Porque se ven fuera de las reglas que el propio Estado ha dicho aceptar ante los organismos internacionales. Porque son incapaces de respetarlas y se sienten vigilados, acusados, hostigados. Pero al necesitarse impunes, rechazan aplicar un correctivo. La realidad traza una gruesa línea en materia de salvaguarda de derechos humanos y el Estado español, sabiéndose en el lado incorrecto, reclama una moratoria para traspasarla.

En poco más de tres semanas hemos conocido varias resoluciones y recomendaciones internacionales lanzadas dirección a Madrid.

El Tribunal Europeo dictó dos sentencias que condenan al Reino de España con el trasfondo de la tortura. La interpuesta por Aritz Beristain porque los tribunales, en concreto el Tribunal Nº 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, no investigaron su denuncia. Vemos a su entonces titular, Baltasar Garzón, en su nueva faceta de conductor de documentales en los que fieros terroristas rodeados de encapuchados admiten delitos sin pestañear. Fue él quien no investigó los hechos constitutivos de un delito de tortura que Beristain puso sobre la mesa de su Juzgado. Es a él también a quien condena Estrasburgo.

El otro caso es el que interpreta que Arnaldo Otegi estaba amparado por la libertad de opinión cuando consideró al Rey el «jefe de los torturadores». El alto tribunal europeo se basa en que conocer la opinión del dirigente independentista es «necesario en una sociedad democrática». Completamente de acuerdo, si bien resulta curioso que el mismo tribunal empleó idéntico argumento para ilegalizar el partido de dicho dirigente: era «necesario en una sociedad democrática». Contradicción sobre la que reflexionar. En cualquier caso España, que aplaudió hasta desgastarse las manos la decisión ilegalizadora, mira hoy con tortícolis lo que este tribunal podría decir sobre Sortu, antes de que el Constitucional decida. Y tiemblan. El gobierno, en vez de realizar una reflexión honesta sobre su actitud, del calibre de la que ha realizado la izquierda abertzale, con autocrítica incluida, se evade de un problema que es eminentemente político: pasa la patata caliente a los tribunales, para que alguno de ellos corrija el desaguisado. Cuanto más alto llegue la demanda, mayor será la caída. Y el ridículo, según Egibar.

Y la semana pasada se hacía público otro informe del mismo ámbito europeo: el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) ratifica sus conclusiones anteriores y demandan con más energía que nunca al gobierno que declare una actitud de «tolerancia cero», no frente a ETA -de sobra certificada- sino frente a la tortura, terreno virgen. El informe había estado criando polvo durante cuatro años en un cajón del Ministerio de Interior, hasta que no han tenido más remedio que sacarlo sobre la mesa, esperando que el domesticado silencio mediático haga el resto. Europa Press echa un capote, desvelando en uno de sus cables que «en esta comitiva que visitó el país se encontraba una de las integrantes del Grupo de Contacto Internacional (CGI) formado por el abogado Brian Currin tras el alto el fuego de ETA, Silvia Casale, quien presidió el CPT». Descubierto tal nexo, para qué atender a sus recomendaciones.

También las Naciones Unidas han reiterado últimamente sus críticas a España sobre males que visualizan crónicos: incomunicación, libertad de expresión, ineficacia o arbitrariedad en la justicia... El gobierno y una organización-gubernamental-no-gubernamental con contribución de cierta víctima de ETA muy mediática y con nómina de la Consejería de Interior, habían apostado fuerte por esta sesión del Consejo de Derechos Humanos: querían explicar al mundo que la única acción vulneradora en España es la de ETA. Incluso interpelaron en el plenario al Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, ya que no habría dejado suficientemente clara su posición ante las «víctimas del terrorismo». De haber sido un cargo institucional vasco, ya estaría laminado. El experto respondió que, tal y como corresponde al ámbito universal en el que trabaja, tanto la reparación de las «víctimas del terrorismo» como la de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos imputables al Estado, es competencia de los Estados. Y en el caso español, evidentemente, tal reparación aparece sangrantemente sesgada.

En definitiva, el Estado español en el ámbito internacional, pierde. Y cuando ha ganado lo ha hecho a consta de apretar tuercas, presionando a aliados más débiles o implorando cheques en blanco a los poderosos bajo promesa de pingües beneficios que se revertirían siempre inmediatamente. Inversiones costosas en términos de legitimidad, cuyos rendimientos -atajar por lo sano un problema de dimensión global- no acaban de llegar. Y si no llegaron antes, con la actual situación política, aún menos.

La descalificación a expertos, facilitadores o, simplemente, gentes con sensibilidad en materia de derecho humanitario han sido habituales. Quienes se han acercado a la cuestión vasca son tachados de ignorantes o -peor- esconden oscuros intereses. Tras el último anuncio de ETA plegándose a una verificación internacional, Mª Dolores de Cospedal, no quiere la acción «de nadie de fuera de España porque estamos en un país democrático y solvente». Dejadnos guisárnoslo aquí. También el Ministro Caamaño recurre a esos nobilísimos apellidos del Estado español y francés para defender que son «claramente democráticos» y denigrar supervisiones.

¿Que alimenta la leyenda negra? Aquella actitud autárquica tan franquista de desprecio por lo extranjero trae algo más que reminiscencias pasadas. Hoy por hoy no quieren una intervención de la comunidad internacional en ningún modo. No la quieren porque de darse, quedaría acreditado que la única violencia que queda sin reparar hoy en Euskal Herria, la única que permanece actual y viva, es la que han ejercido y ejercen los propios estados.

Un escritor se lamentaba ante la leyenda negra española: «reverdece con cualquier pretexto, sin prescribir jamás». Vigilan: no es momento de lamentos.

Por cierto, nuestros hermanos del Cono Sur tienden a ver a Baltasar Garzón como un héroe de los derechos humanos. Ojo, es tan responsable de la tortura sufrida por cientos de vascos mientras él era el juez estrella en el lúgubre circo represivo judicial en contra de Euskal Herria como el mismo Juan Carlos Borbón. Ahora anda por ahí como plañidera a sueldo diciendo que sin él los delitos de franquismo están impunes. ¿Con que otro espíritu sino el franquista participó Baltasar Garzón en la represión en contra de los vascos?

Por cierto, una de las entradas más leídas en nuestro blog es aquella que tituláramos "Hipermetropía a la Estrasburgo" allá en el 2009. Bien, ahora ya saben de lo que estábamos hablando.

Y recuerden, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Ni perdón ni olvido.

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Notas de la Manifestación a Favor de Sortu

En Gara han publicado esta nota con respecto a la manifestación que ha recorrido las calles de Bilbo en apoyo a la legalización de Sortu. En la misma se han portado pancartas con imágenes del "Guernica" de Picasso como para recordarle al mundo que en Otxandiano, Durango y Gernika fueron masacrados cientas de personas inocentes y que esa violencia genocida diseñada y dirigida específica y sistemáticamente en contra del pueblo vasco nunca ha sido condenada por la élite borbónico-franquista ni por ninguno de los partidos políticos españoles. Aquí la tienen:

La legalización vuelve a llenar Bilbo tras el veto del Supremo

Más de 26.000 personas recorrieron ayer otra vez las calles de Bilbo para exigir la normalización política de Euskal Herria y la legalización de todas las opciones. Lejos de caer en el desánimo, la decisión del Supremo sobre Sortu ha servido de acicate para la ciudadanía vasca.

Maider Eizmendi | Bilbo

La cita era a las 17.30 ante el Pabellón de La Casilla, pero cuando todavía no habían dado las 17.00 la gente comenzaba a agolparse en los alrededores. Evidentemente, la decisión del Supremo era uno de los temas de conversación principales en los corrillos previos. La otra, la afluencia con que contaría esta manifestación, dada la acumulación de grandes protestas de los últimos meses.

Muchos de los asistentes recordaban con claridad la anterior cita, en aquel caso el 18 de febrero y también para exigir la legalización de Sortu; ayer se trataba de denunciar la decisión del Tribunal Supremo de impedir su inscripción en el registro de partidos. En ambos casos, la misma demanda: respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía vasca.

Entre los rostros conocidos, numerosos representantes políticos firmantes del Acuerdo de Gernika. La izquierda abertzale contaba con una amplia representación en la que destacaban Marian Beitialarrangoitia, Rufi Etxeberria, Jone Goirizelaia, Niko Moreno, Tasio Erkizia o Agurne Barruso, entre otros.

Eusko Alkartasuna también presentó un nutrido plantel en el que, además de su secretario general, Pello Urizar, figuraban Rafa Larreina, Unai Ziarreta, Maiorga Ramirez, Koldo Amezketa o los candidatos en Iruñea Eva Aranguren o Javier Ayesa.

De Aralar acudieron, entre otros, su máximo dirigente, Patxi Zabaleta, Oxel Erostarbe y Rebeca Ubera; Oscar Matute y Jonathan Martinez encabezaron la representación de Alternatiba; y Mertxe Colina hizo lo propio por parte de Abertzaleen Batasuna.

Además de los portavoces políticos, también destacaban representantes de organizaciones sindicales: Ainhoa Etxaide y Sonia Gonzalez, de LAB; Mikel Noval, Patxi Agirrezabala y Leire Txakartegi, de ELA; y Patxi Agirre, de Hiru, entre otros. Por parte de los agentes sociales, Izaskun Guarrotxena (Bilgune Feminista), Paul Bilbao (Kontseilua), Mattin Troitiño (Etxerat), Iratxe Urizar (Behatokia) o Martxel Toledo (Esait).

Pasadas las 17.30 arrancó la manifestación entre los aplausos de los asistentes, que le abrían camino. Tras la pancarta inicial, en la que se podía leer «Euskal Herriarentzat normalizazioa. Legalizazioa orain!», marchaban los firmantes del Acuerdo de Gernika. Tras ellos, los representantes de Sortu, el partido vetado por el momento en Madrid y que tendrá que defender su derecho ahora ante el Tribunal Constitucional.

Nuevamente la imagen

La llegada a la plaza Zabalburu y la parada para que los medios gráficos captaran la instantánea obligó a muchos a echar la mirada atrás. Nuevamente la imagen de febrero, enero y otras citas anteriores: los y las ciudadanas habían conseguido llenar la calle Autonomía. La nota de color la ponían los carteles que muchos de ellos portaban en sus manos, con el lema principal y la imagen del "Guernica'' de Pablo Picasso.

Los asistentes comentaban a su paso por la plaza este nuevo logro: «Son muchas manifestaciones y aun y todo...», comentaba una mujer. Según el recuento realizado por GARA y que se desglosa y refleja en la página 5, más de 26.000 personas se unieron ayer a la convocatoria de los firmantes del Acuerdo de Gernika.

La manifestación, que transcurrió en silencio, completó el recorrido a un buen ritmo, probablemente porque el cielo se mostró amenazante en todo momento. Antes de que dieran las 18.30 la cabeza había llegado a las escalinatas del edificio consistorial.

Tras unos minutos de espera, Maider Karrere, de Gazte Abertzaleak, y el joven independentista Mikel Totorika dieron lectura en euskara y castellano al comunicado final en la balconada del Ayuntamiento. Ante una plaza repleta, advirtieron que esta nueva manifestación deja a las claras el compromiso que tiene la ciudadanía vasca con el proceso que debe llevar a Euskal Herria hacia un escenario de paz y de normalización política.

La violencia, del Estado

Los jóvenes afirmaron que el Gobierno español y sus representantes políticos pretenden extender el desánimo entre la ciudadanía, «negando el proceso de paz y normalización». Al hilo de ello, ambos recordaron que el Acuerdo de Gernika hizo peticiones concretas tanto a ETA como a los gobiernos español y francés y que la organización armada respondió declarando un alto al fuego permanente, general y verificable.

Por contra, recalcaron que «el Gobierno español ha traído cada vez más violencia a Euskal Herria, persiguiendo actividades políticas y deteniendo a ciudadanos vascos, muchos de los cuales han denunciado graves torturas».

En ese mismo escenario situaron la decisión de impedir la inscripción de Sortu en el registro de partidos, «con la intención de condicionar las elecciones forales y locales del 22 de mayo». «Queda a las claras -denunciaron- que el Estado español y sus representantes políticos no han dado pasos de cara a solucionar el conflicto político».

Motor y protagonista

No obstante, subrayaron que la ciudadanía vasca ha mostrado su compromiso a favor de la resolución del conflicto, y, en ese camino, los representantes del Acuerdo de Gernika se reafirmaron en su compromiso de exigir el respeto hacia todos los derechos civiles y políticos y hacia la normalizacion de todas las actividades políticas.

Con una mesa de diálogo político en el horizonte, los portavoces mostraron el compromiso de los firmantes del Acuerdo de Gernika para seguir dando herramientas a la ciudadanía vasca, a la que atribuyeron ser el motor y el protagonista del proceso.

«Estamos convencidos de que los y las vascas conseguirán cambiar la actitud del Estado español», continuaron los dos jóvenes encargados del mensaje final, porque «ya es hora de cerrar la puerta definitivamente a la ilegalización y para que los estados español y francés dejen de utilizar la violencia con fines políticos; en definitiva, ya es hora de que en Euskal Herria se legalicen todas las opciones políticas y se normalicen todas las actividades políticas».

Los firmantes del Acuerdo de Gernika culminaron su intervención ante el Ayuntamiento con un «¡Gora Euskal Herria Askatatuta!», al que los asistentes respondieron al unísono.

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Tomando la Calle por Sortu

Como lo mencionaba el artículo de nuestra anterior entrada, un amplio abanico representativo de la sociedad vasca está demandando la legalización de Sortu como opción política en Hegoalde. Pues bien, hoy en Bilbo miles de mujeres, hombres y niños han salido a la calle a demostrar que el fascista inmovilismo español no podrá detener al pueblo vasco:

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Sortu Bajo la Lupa

En su estrategia represiva en contra del pueblo vasco a los jueces españoles poco les ha importado la legalidad (española, por cierto). Pero el comunicado de ETA acerca de su posible desarme ha dejado expuesto en su más podrida iniquidad al tinglado borbónico-franquista y ahora algunos jueces comienzan a mostrar reparos al momento de acatar las órdenes del régimen como nos muestra este artículo publicado en La Jornada donde por cierto también mencionan el comunicado de los intelectuales, políticos y activistas que se han posicionado a favor de la legalización de Sortu:

Divide la ilegalización de Sortu a los jueces del Tribunal Supremo español

Armando G. Tejeda

La ilegalización de Sortu, la primera marca electoral de la izquierda abertzale que rechaza explícitamente la violencia de ETA, provocó honda división en la sala 61 del Tribunal Supremo, que hasta ahora había resuelto por unanimidad todos los procesos contra partidos políticos. En el caso de Sortu, que se resolvió el 23 de marzo, siete de los 16 magistrados firmaron un voto particular en el que sostienen que no hay "prueba razonable" alguna para proscribir a esta formación política, que a su juicio cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para concurrir a unas elecciones democráticas.

Una semana después de que se hizo público el fallo, el alto tribunal entregó a las partes implicadas las dos resoluciones: la aprobada por mayoría simple, en que se rechaza la inscripción de Sortu como partido político al considerar que es una organización tutelada por ETA, y el documento del voto particular, en el que un grupo de magistrados expone con crudeza todas las supuestas lagunas de la ilegalización y señala que los argumentos esgrimidos para apartar a Sortu de la legalidad se basan en un "prolijo documento de ETA de hace más de un año y medio", el que además se analizó con "citas parciales y conjeturas incompatibles con innumerables elementos probatorios que lo contradicen".

La ilegalización de Sortu ha suscitado profundo malestar en un sector de la sociedad vasca, que entiende que esta medida no responde a las exigencias que se había hecho a la izquierda abertzale, que consistía en que rechazara la violencia de ETA y apostara por vías exclusivamente políticas. Diversos partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales convocaron a una protesta para este sábado, en la que pretenden volver a expresar su rechazo a la "ilegalización de las ideas".

Precisamente el jueves se dio a conocer un manifiesto firmado por destacados intelectuales y políticos de varios países en que se exigía al gobierno español, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitiera a la izquierda abertzale concurrir a los comicios municipales de mayo próximo. Entre los firmantes estaban Noam Chomsky, James Petras, Paco Ignacio Taibo II, Pablo González Casanova, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, entre otros.

Pero más allá de los argumentos políticos, los siete magistrados discrepantes del Tribunal Supremo advierten que para rechazar la inscripción a un partido "debe existir una prueba razonable de que su rechazo a la violencia responde a una voluntad de fraude", además de que no puede sustituirse "la certeza objetiva por la sospecha subjetiva".

Los siete jueces son Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón.

De hecho, los magistrados afirman que “no existe similitud sustancial entre Batasuna y Sortu porque sus estructuras, organización y funcionamiento no son similares, sus promotores tampoco coinciden ni hay una "similitud sustancial respecto de la procedencia de los medios de financiación o materiales".

Sortu presentó una queja ante el Tribunal Supremo por la filtración del fallo y está a la espera de que su recurso sea analizado y resuelto por el Tribunal Constitucional.

 

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Cronopiando: Voltaire y Sortu

La reflexión de Koldo Campos Sagaseta con respecto a la ilegalización de Sortu por parte del estado borbónico-franquista:

Cronopiando

Voltaire y Sortu

Koldo Campos Sagaseta

Hace más de dos siglos, el filósofo y político francés Voltaire dedicó a otro político una cita para la historia: “No estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida por defender tu derecho a expresarlo”.

Han pasado los años desde entonces y, además de a Voltaire, el tiempo y el olvido también se han llevado su hermosa defensa de la ética en el ejercicio político.

No hay que azuzar demasiado los sentidos para advertir hasta qué punto la ética se quedó por el camino. Basta repasar la actualidad del día para comprobar la catadura moral de la mayoría de nuestros representantes, sea en el Palacio Real, en el parlamento, en los ayuntamientos o en los tribunales.

Si la impunidad no vistiera a los santos o, simplemente, se aplicara la Constitución, no obstante su notoria mezquindad, los políticos y funcionarios que no acabaran presos, terminarían en la calle o en el más absoluto descrédito.

Pedirle a cualquiera de ellos que defienda mi derecho a la palabra o, lo que viene a ser lo mismo, al voto, cuando son ellos, precisamente, quienes han secuestrado mi derecho, sería tan ingenuo por mi parte como pretender que Voltaire y su apología de la ética les resulten conocidos.

De ahí que, yo a nadie voy a pedirle que defienda con su vida mi derecho a decidir, pero a quienes carecen de escrúpulos para acceder a cargos sobre la base de negarles las urnas a decenas de miles de vascas y vascos sólo quiero recordarles, aunque su mercurial vileza no estime la memoria, que ninguna opinión podrá tener valor, ningún voto merecerá respeto, ningún autoridad será creíble, mientras haya una sola exclusión.

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Madrid Premia a Terrorista de Estado

Madrid ha decidido premirar a Miguel José de la Peña Rubio, hijo de Valeriano de la Peña y María Pilar Rubio, autores material - como el propio Miguel José - e intelectual en el asesinato del panadero e integrante de Gurasoak Ángel Berrueta, quien fuese atacado en el interior de su propia panadería en las horas posteriores a los ataques yihadistas en Madrid.

Pero si el artículo que están a punto de leer en Gara les indigna, les recordamos que María Pilar Rubio no fue la única autora intelectual de este acto de terrorismo de estado, no. Sin juzgar aún están José María Aznar y Ángel Acebes, quienes, aprovechando todos los medios de comunicación a su disposición, enturbiaron la atmósfera tanto del Estado Español como de Euskal Herria esparciendo la tesis de que la autoría de los atentados recaía en ETA.

Aquí la información

El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle en setiembre

Ángel Berrueta murió hace siete años a manos de un policía español y del hijo de éste. El motivo fue una discusión sobre los atentados del 11-M. El hijo saldrá en tercer grado en setiembre, sin haber mostrado arrepentimiento  –incluso ha intentado querellarse contra sus víctimas– y sin que la responsabilidad civil se haya cubierto. La Fiscalía de Nafarroa e Instituciones Penitenciarias han jugado un papel clave en la obtención de este beneficio.

Aritz Intxusta

Miguel José de la Peña, que apuñaló al panadero Ángel Berrueta poco después de los atentados del 11-M, saldrá en tercer grado en setiembre, tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, que es de 15 años. Se trata de un caso poco corriente dentro del sistema judicial del Estado español, ya que ni ha mostrado arrepentimiento ni ha subsanado la responsabilidad civil. No obstante, tanto él como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, vienen obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. El padre fue condenado a 20 años y podría acceder al tercer grado en 2014.

La familia de Berrueta y los vecinos de Donibane convocaron ayer una rueda de prensa para denunciar la injusticia que se ha cometido con su caso. Afirman que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida a la calle del hijo del policía. No obstante, sí que tratan de conseguir una orden de alejamiento basándose en los artículos 48 y 57 del Código Penal.

Tanto De la Peña como su hijo fueron condenados por «asesinato con el agravante de motivación política» y jamás han mostrado arrepentimiento, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo.

No sólo no se arrepienten, sino que desde la cárcel han tratado de llevar acciones legales contra la mujer de Berrueta, su hijo Aitor, la asociación Gurasoak que se presentó como acusación popular, el abogado de la familia y hasta contra el juez que les condenó. GARA ha tenido acceso a cartas en las que abogados de oficio rehúsan llevar adelante esas querellas.

No cumplen los requisitos

La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.

Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.

El papel de la Fiscalía

Más allá de lo excepcional del caso en cuanto a la modificación de grados penitenciarios, Miguel José de la Peña no saldría a la calle de no ser por el papel que ha desempeñado la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal jefe de Nafarroa, Javier Muñoz, calificó la muerte de Berrueta como «pelea entre vecinos», pero el juez acabó por determinar que había una motivación política. Esta postura tibia se confirmó en enero de este mismo año cuando, otra fiscal, Ana Carmen Arbonies, emitió un informe favorable para que Miguel José De la Peña saliera de la cárcel incluso antes de setiembre. De no ser por el juez, estaría ya libre.

De todas las instituciones intervinientes en el proceso contra quienes mataron a Berrueta, parece que sólo se ha mantenido firme Ireneo Herrero Bernabé, el jefe del Servicio de Indultos, que se lo ha denegado a los De la Peña. Cabe recordar que, en segunda instancia, los tribunales suprimieron la pena a la esposa de Valeriano, que había sido condenada por el jurado. La familia Berrueta apeló al Constitucional, pero éste se negó a pronunciarse sobre el caso, con lo que la mujer quedó libre y se cerraron las puertas a la familia del panadero de Donibane –y miembro de Gurasoak– para acudir a Estrasburgo.

Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.

Donibane acoge mañana un nuevo homenaje

Mañana se cumplen siete años de la muerte de Ángel Berrueta. Sus vecinos han lanzado un llamamiento para que los ciudadanos acudan a concentrarse frente a la tienda en la que se ganaba la vida, a las 12.30 horas. Aseguran que «no pararán de pedir justicia y de recordar a Ángel». En su manifiesto de apoyo a la familia, los vecinos de Donibane aseguraron que el hecho de que María Pilar Rubio, la esposa del hombre que lo mató, haya quedado en libertad les parece una injusticia. Sin embargo, comentan que, «a pesar de que Rubio ha sido declarada persona non grata, ya son varias las veces que la viuda de Berrueta ha tenido que soportar su presencia intimidatoria».

Recuerdan que Rubio fue quien, tras discutir con Berrueta sobre la colocación de un cartel contrario a ETA, subió a su casa en busca de su marido y su hijo, quienes bajaron armados con una pistola y un cuchillo dispuestos a acabar con la vida del panadero. El jurado popular que determinó que había sido la inductora del crimen, pero tribunales superiores eliminaron la pena al revisar la primera sentencia.

Por otro lado, el grupo vecinal indica que la petición de indulto que realizó la familia De la Peña es «vergonzosa» y que no pueden «aceptar semejante burla y falta de respeto hacia la familia». Remarcaron que no entienden cómo el Estado aplica el «agravante ideológico» a un joven del barrio para mantenerlo en la cárcel durante diez años, mientras que en el caso de Miguel José de la Peña todo se queda en papel mojado.

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