Desde México la opinión de Humberto Musacchio con respecto a los Seis de México:
Humberto Musacchio
La Suprema Corte y los presos vascos (*)
Después de casi dos años de irregularidades jurídicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso de seis personas de origen vasco presas en el Reclusorio Norte del Distrito Federal. No se trata de seis«etarras», como equivocadamente dice la cabeza de “Reforma” (pág. 2A, 9/V/2005), sino de seres humanos con el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
La atracción del caso por la Corte es un triunfo de la defensa, pues como suele suceder cuando los detenidos son de origen vasco, las autoridades de todo ámbito y nivel les habían negado el derecho a un juicio justo y diversas garantías establecidas en la Constitución y en las leyes mexicanas.
Las seis personas a las que se mantiene en prisión desde julio de 2003 son de origen vasco y, no sobra decirlo, desde hace más de diez años residen legalmente en México, donde desempeñaban trabajos lícitos y estaban al corriente en sus obligaciones con el Estado.
Las irregularidades comenzaron desde la detención misma, en Oaxaca, Monterrey, Puebla, Cancún y el estado de México, que se realizó sin la indispensable orden de aprehensión, pues según confesión del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien inexplicablemente sigue en su cargo en la PGR, se procedió sólo con una orden de presentación.
Se concentró a los detenidos en instalaciones de la PGR donde fueron interrogados por policías españoles, lo que constituye otra irregularidad, pues se permite la actuación de corporaciones extranjeras en territorio nacional. El caso quedó en manos del juez segundo de procesos penales federales, quien dio entrada a las hipótesis más peregrinas, «respaldadas» por un expediente que hacía acusaciones generales contra todos, sin especificar los delitos en que sistema jurídico. Las acusaciones iban de lo escandaloso a lo ridículo.
Por ejemplo, dos meses después se dijo que donde fueron apresados los ciudadanos de origen vasco se habían encontrado «temporizadores». El juez mexicano de la causa negó que él tuviera la lista de los objetos confiscados, pero poco le importó a Baltazar Garzón, quien acusó a los detenidos de haber enviado a España los«temporizadores», que según él eran igualitos a unos que se vino cargando desde Madrid, de acuerdo con la versión difundida por “El País”, al que nadie puede acusar de antipatía por la vedette del foro.
Sin temor por el ridículo, en otros momento se dijo que los detenidos habían adquirido en el centro de la ciudad de México aditamentos para la fabricación de aparatos explosivos. Con la misma desvergüenza, también pudieron acusarles de haber viajado a Tultepec para comprar cohetones del cuatro, con mechas del cinco, para alcanzar a correr.
Otra acusación es la de «falsedad documetal», desde luego sin especificar cuáles son los documentos presuntamente falsificados, lo que finalmente obligó al juez Flores a desechar este infundio. Pero el togado no se salvó del ridículo, pues tomó en serio aquello de que los acusados realizaban en favor de ETA «operaciones de efectivo y libramiento de cheques nominativos que se cobran por caja, dificultando o imposibilitando, en la mayoría de los casos, la identificación del beneficiario o beneficiarios de dichos fondos».
Era difícil o imposible identificar a los beneficiarios, según la parte acusadora, pero ésta y el juez Flores decidieron, sin prueba alguna, inculpar alos detenidos, pese a que realizar operaciones en efectivo, librar cheques al portador o nominativos, hacer transferencias bancarias o realizar compras lo hace cualquier persona, hasta el juez César Flores o el subprocurador Santiago Vasconcelos, lo que en su propia lógica los puede convertir en acusados de colaborar con ETA.
Otra aberración que destila humorismo involuntario es que se menciona, en general, «la participación en la trama financiera» (supuestamente de ETA) de personas que mantienen afinidad con la causa terrorista y «vínculos de unión familiares». Nada tiene de extraño tratar de inculpar a los parientes de los presos políticos vascos, pues en la España del neofranquista José María Aznar se consideró conducta criminal participar en los comités de ayuda a los presos políticos, pese a que, en cualquier país esos comités los integran en primerísimo término los parientes de los prisioneros. Es más, no es delito tener afinidad con una causa ni implica la comisión de hechos ilícitos simpatizar con lo que sea, incluido el terrorismo. La legislación mexicana no sanciona simpatía alguna.
Los delitos de que se acusa a los ahora presos no están tipificados en la legislación mexicana y por lo tanto no hay una ley aplicable. Por si algo faltara, tales delitos, si realmente hubieran ocurrido, habrían sido cometidos en México y en ese caso deberían ser juzgados en tribunales mexicanos. Por todo eso, y muchísimas cosas más, la abogada Bárbara Zamora ha pedido que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se haga cargo del asunto e impidala extradición de los seis detenidos, pues son notoriamente inocentes, fueron objeto de abusos sin cuento de los cuerpos policiacos, del Ministerio Público y aún de los representantes del Poder Judicial, que les negaron las garantías a que tienen derecho.
En los últimos años del dominio español sobre México, militar en favor de la causa de la independencia llevaba a la tortura y a la muerte, como les ocurrió a Hidalgo, Morelos, al vasco Francisco Javier Mina Larrea y a otros insurgentes y si caían en manos de los realistas eran quemados. Por supuesto, Los Guadalupes y otras organizaciones simpatizantes de la independencia estaban prohibidas y pertenecer a ellas era suficiente para ir a las mazmorras virreinales, ser deportado o confinado, según la conveniencia del orden colonial.
Hoy el pueblo vasco padece bajo leyes de excepción que tienen severamente penado actuar en favor de la independencia, están prohibidos los partidos que simpaticen o puedan simpatizar con la separación del país vasco y los periódicos de esta orientación son clausurados y sus redactores perseguidos y encarcelados, como lo fueron aquí Carlos María Bustamante, Andrés Quintana Roo o José Joaquín Fernández de Lizardi.
La llamada Legislación Antiterrorista de España permite la incomunicación de los detenidos, lo que deja a los presos en total indefensión, expuestos atodos los abusos de sus carceleros, como lo ilustran diversos informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los que recogen los casos de 17 ciudadanos vascos torturados en las sedes de la policía entre 2002 y 2003, además de 57 denuncias por tortura en 2004 y más de 30 en lo va de 2005.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mexicana, puede evitar que los detenidos vascos sean entregados a un Estado donde se tortura y se niegan elementales derechos a los presos políticos. Es ésta una buena ocasión para demostrar que alguna utilidad tiene nuestro lamentable estado de derecho. Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es la tradición del derecho de asilo y por encima de todo la dignidad nacional. Cuando en España se abren rendijas hacia una salida negociada, México no puede hacer suya la guerracontra los vascos.
(*) Publicado por el periódico mexicano "Reforma"
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