viernes, 21 de octubre de 2016

Rosa la Catalana

Un año más en el que Madrid celebra su pasado colonialista y genocida, un año más que el régimen festeja el expolio realizado en América, Asia, África... y Europa.

Un año en que por cierto, se hizo más patente la insumisión y desobediencia civil de vascos y catalanes.

Odian que comparemos a nuestros presos políticos con Nelson Mandela, ahora nos odiarán todavía un poco más, les invitamos a leer este texto publicado en Deia:


Iñigo Bullain

Es una evidencia democrática que la mayoría de los ayuntamientos catalanes (y vascos) preferirían no celebrar la fiesta española del 12 de octubre, que acostumbra a venir acompañada de un desfile militar en Madrid y cuyo símbolo es la cabra de la legión. Sin embargo, el nacional-constitucionalismo español sigue, como siempre, en sus trece y la cabra tira al monte. No está dispuesto a admitir que en Catalunya y Euskadi su nacionalismo solo representa el sentir de una pequeña minoría: alrededor de un 20% del electorado. Para los representantes políticos de la España española, PP/PSOE/C’s, la nación es un resultado obligatorio donde no cabe la libre adhesión de sus miembros. Para el esencialismo constitucional, España no es, ni será, el resultado de la libre voluntad de sus habitantes sino el resultado histórico de su violencia. A la España española poco le importa que ahora en democracia la ciudadanía pueda (y quiera) manifestar y decidir sobre su voluntad nacional. Mientras que para castellanos, andaluces, extremeños o murcianos -la gran mayoría de los españoles- la hispanidad, o antes la raza en su efeméride franquista, es digna de celebración, la España española no está dispuesta a reconocer que el 12 de octubre para la mayoría de catalanes y vascos no es fiesta nacional. Los españoles que no se identifican con la Virgen del Pilar, la conquista de América o la Raza imperial, o que no quieren imponer esa celebración a quienes no la comparten, siguen siendo en la España española -ay ené-, una pequeña minoría.

Una mayoría de vascos (y catalanes) solo por obligación, que no por devoción, (Azkuna dixit) estamos forzados a celebrar la fiesta nacional o a colgar su bandera en los ayuntamientos. Aunque las instituciones que representan al “pueblo español” son conscientes de tal violencia onomástica, se complacen en su compulsión nacional y les conduce a convertir la celebración en obligatoria. La filosofía política de sus abanderados se puede resumir en el castizo “ordeno y mando”, ejemplo de tolerancia en el que confluyen los herederos populares del franquismo y las nuevas generaciones de ciudadanos. Como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. Incluso mejor, ya que ahora el franquismo sociológico forma parte de una Europa democrática y además cuenta con el apoyo del PSOE para celebrar España über alles. Misión patriótica que incluye, un año más, la minorización de vascos y catalanes, así como la humillación de republicanos y otros desafectos al régimen del 12 de octubre.

Este año, la negativa a acatar una resolución judicial que imponía el cierre del ayuntamiento ha convertido a Badalona, tercera población de Catalunya, en el símbolo de la resistencia a asumir una minorización sistémica. Salvando distancias, me ha recordado la respuesta de Rosa Parks al negarse a cumplir con la legalidad de sentarse en un autobús segregado. El gesto de romper ante las cámaras la resolución judicial que imponía la celebración de la hispanidad parece un acontecimiento evocador. Expresa la ruptura con la legalidad española a la que el nacionalismo integrista español recurre sistemáticamente para cubrir su precariedad democrática en Catalunya (y en Euskadi). El gesto del municipio catalán manifiesta la toma de conciencia de que cumplir con la legalidad española significa la negación de la democracia en Catalunya (y en Euskadi). Porque el empleo que se hace de la legalidad española está dirigido a neutralizar la voluntad democrática catalana (y vasca) que no coincide, sino que contradice la legitimidad española.

La retórica unionista apela una y otra vez a la legalidad española para poder ignorar la voluntad política mayoritaria en Catalunya y en Euskadi. La tela de araña que sostiene la legalidad española se emplea como un recurso con el que asfixiar el autogobierno autonómico de vascos y catalanes. Proseguirá mientras no se generalice una contestación badalónica a una legalidad sin legitimidad. Además, Badalona, como Vitoria-Gasteiz, simboliza la alternativa a la deriva racista del frente popular españolista de Maroto y Albiol. Pero el rechazo a celebrar la hispanidad debiera también, a mi juicio, incorporar una reflexión ulterior sobre el reto de alcanzar una estatalidad vasca (y catalana) que sirva para proyectar a Euskadi (y Catalunya) en la globalización. Porque sin un Estado propio la voluntad democrática de la ciudadanía vasca (y catalana) no podrá concretarse y seguirá siendo suplantada por la voluntad mayoritaria de la España española, aunque en Euskadi (y Catalunya) apenas representa al 20% del electorado vasco y catalán. Una cifra que advierte que la legitimidad de la legalidad española en Euskadi (y en Catalunya) cuenta con un presente y un porvenir tambaleante. Seguir imponiendo una orientación política con una representatividad electoral tan menguada es más propio del despotismo que de una democracia. La enorme disparidad de criterios entre el electorado español y el vasco o catalán, hace que la legalidad española resulte un criterio obscenamente antidemocrático. El pertinaz bloqueo a aumentar o mejorar el autogobierno recurriendo a la legalidad institucional española; bien mediante el Parlamento español (Plan Ibarretxe), o a través del Tribunal Constitucional (Nou Estatut), expresan una solución cortoplacista que rehúye afrontar democráticamente la cuestión nacional (y social) que la sociedad vasca (y la catalana) plantea al Estado español. Jugar al escondite constitucional no es un signo de madurez democrática. El recurso a los tribunales para judicializar la política terminará, a mi juicio, conduciendo a la quiebra de la legalidad.

La secular negativa del nacionalismo español a impedir un Estado asimétrico que integre a Euskadi y Catalunya como repúblicas asociadas muestra que dicha integración es una fantasía recurrente. No ha sucedido ni sucederá. Es más bien un recurso político para no afrontar el futuro: la estatalidad de Euskadi y Catalunya. Un Estado vasco visibilizaría a Euskadi en la globalización y ofrecería a su población una república más cohesionada, flexible y próxima a su ciudadanía que la que ofrece o podrá ofrecer el Reino de España. El Estado Europeo de Vasconia (The Basque Republic) está convocado a acoger la diversidad nacional originaria de sus habitantes: vascos, españoles o franceses, europeos, americanos o africanos y tendrá vocación internacional o no será. En lugar de la nostalgia imperial que destila la proclama morenesca que encubre los negocios de venta de armas a Arabia Saudí y Qatar para emplearlas en Yemen o Siria contra la población, la republica vasca (y catalana) debería servir para promover la autodeterminación saharaui o la democracia y la feminización en el mundo árabe. La continuidad gubernamental de la criminalidad organizada que representa el PP, próximamente con el apoyo vergonzante del PSOE, apenas tiene que ver con la voluntad mayoritaria de la población vasca (y catalana). Prolongará una españolidad que compromete las oportunidades de futuro de la sociedad vasca (y catalana). En un marco global de interdependencia transnacional, el autogobierno requiere de una estatalidad que proteja la autonomía interna y la proyecte en el exterior. No hay atajos. 






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