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sábado, 31 de enero de 2004

Roitman | Carod Rovira, ETA y el Terrorismo

Les presentamos el artículo de opinión con el que Marcos Roitman aborda el escándalo suscitado por el espionaje en contra de Josep Lluís Carod Rovira, mismo que se ha venido a conocer dado que información acerca de su encuentro con militantes de ETA fue "filtrada" al pasquín de extrema derecha ABC por la CNI, lo cual ha llevado a forzar su dimisión a pocos días de asumir su cargo como conseller en cap de Catalunya. Adelante con la lectura:

Marcos Roitman Rosenmann

Carod Rovira, ETA y el terrorismo

Carod Rovira, líder de Izquierda Republicana de Cataluña y ex conseller en cap del gobierno catalán, es descalificado políticamente por mantener conversaciones con la dirección de ETA. Simultáneamente, en Madrid se celebra el primer congreso internacional de víctimas del terrorismo. Ambos hechos no pueden ser desvinculados de las elecciones generales convocadas para el próximo mes de marzo.

El acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña e Izquierda Republicana para gobernar la Generalitat marca el fin de una era de control político ejercido por Convergencia y Unión bajo el dominio de Jordi Pujol. El triunfo político de Izquierda Republicana da al traste con un gobierno catalán donde el nacionalismo fue un recurso para negociar competencias y espacios de poder, y no un proyecto sentido por Pujol y los suyos. Su derrota electoral no podía llegar en peor momento para el Partido Popular y para la dirección del PSOE.

En estas circunstancias es necesario frenar el ímpetu renovado del nacionalismo catalán, en tanto rompe la estrategia de acoso y derivo diseñada por el PSOE y el PP, fundamentalmente, contra el gobierno vasco, el PNV y sus aliados. No olvidemos que en Galicia y Valencia gobierna el Partido Popular, y donde lo hace el PSOE no hay razones para temer la articulación de un nacionalismo extremeño, castellano manchego o andaluz, cercano a la propuesta del PNV. Por el contrario, sus presidentes autonómicos son los defensores a ultranza de la indivisibilidad monárquica. Así defienden el principio que da coherencia a la reforma política de la transición: del caudillo por la gracia de Dios a la monarquía por la gracia del caudillo.

En este contexto urge descalificar cuanto antes al nuevo gobierno catalán. Desde el PSOE se intentará mantener en corto a Maragall y desde el Partido Popular se confecciona un discurso del miedo y el terror. El fantasma de una España rota y sin futuro es el recurso. Sembrar el pánico en una sociedad despolitizada es relativamente sencillo. Basta con recurrir al terrorismo de ETA para conseguir un acuerdo rápido y multitudinario.

Sin embargo, todos los gobiernos desde Suárez a Aznar se han entrevistado con sus dirigentes. Más allá de las declamaciones públicas, todos asumen, en sus prácticas secretas, que la única salida conlleva reconocer el lado político de la existencia de ETA. En tanto Carod se reúne con dirigentes de ETA no hace sino continuar buscando una salida política, única posible. Ello dice mucho en su favor y poco de quienes lo han descalificado. La valentía y la fuerza de convicción del ex conseller en cap Carod Rovira debería servir de ejemplo para abrir puertas y no arropar sumisiones a una estrategia estéril practicada durante más de 30 años. Desde el Batallón Vasco español hasta los GAL, pasando por la traición de Aznar durante la tregua de ETA en las conversaciones de 1999, la desarticulación vía exterminio no ha dado frutos. ¿Por qué entonces no probar otros caminos? Negarse es síntoma de pequeñez política y de escasa convicción democrática. No debemos olvidar que las filtraciones que publica el diario ABC provienen de los servicios de inteligencia y descubren el seguimiento a dirigentes políticos por parte del gobierno del Partido Popular.

2. El congreso internacional de las víctimas del terrorismo, celebrado en Madrid en estos días, sufre el mismo sesgo ideológico que la crítica a Carod Rovira. Es curioso que sólo se consideraran víctimas del terrorismo y son invitadas aquellas personas que han sufrido atentados por parte de organizaciones que se declaman marxistas, comunistas, anarquistas o socialistas y a las que en España se identifica con ETA, aunque sus orígenes no tengan nada que ver con dichos adjetivos. Así, en este congreso, no hubo lugar para las víctimas de los GAL, por ejemplo. Tampoco se hizo sitio para los argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, bolivianos o estadunidenses, en fin tantos y tantas víctimas del terrorismo ejercido por las tiranías y cuyo aporte es más que necesario si se trata de identificar causas y patologías. Recordemos que Pinochet fue imputado por delitos de terrorismo, aunque el gobierno de España hizo todo lo posible, al igual que el británico y el chileno, para negarlo. No se entiende que la corona y el gobierno participaran del congreso y no hayan pensado en los ausentes, llamando la atención al unilateralismo con que se define a las víctimas del terrorismo. Desde luego ello no está en la mente de los organizadores ni menos de sus patrocinadores y conferenciantes. El objetivo de celebración es pedestre y no supone la defensa del humanismo y el pacifismo político. Sus invitados proyectaron odio y deseo de muerte al otro. Se trataba de aprovechar cualquier recurso para poner en evidencia el acuerdo por declarar terroristas sólo a aquellos que no nos gustan.

Esta política maniquea dice bastante poco del espíritu que ha presidido su convocatoria. Por sus asistentes y sus discursos se obtiene la amarga sensación de haber sido un evento destinado a legitimar las políticas antiterroristas del gobierno de George W. Bush y sus aliados. Se pierde, así, una oportunidad para discutir y explicar las causas y orígenes de la violencia fundada en el terror. Cuando se trata de justificar políticas sobre fundamentos ideológicos, y este fue el caso, presenciamos una manipulación. Sin embargo, en este contexto, no hubo escrúpulos por parte del PSOE y del PP para aprovechar su entorno para deslegitimar al ex conseller Carod Rovira en sus conversaciones con ETA. Qué pena y miseria al mismo tiempo. ¿Cuántas más víctimas necesitan el PP y el PSOE para abandonar una estrategia policial y probar otras alternativas de solución al conflicto vasco?

 

 



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De Petrich a Garzón

Respuesta de Blache Petrich a la carta del Juez Clown Baltasar Garzón hoy en La Jornada:

Respuesta de la reportera

Señora directora: Un grupo de periodistas nos apersonamos el pasado jueves en el interior del Reclusorio Norte, no para "cazar" al juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina, sino con el objetivo totalmente legítimo de poder documentar un hecho noticioso: la asistencia de los dos funcionarios españoles a una diligencia que, según se nos informó, consistía en una ampliación de declaración en el proceso de extradición de los seis vascos ahí detenidos. Ahí dentro fuimos testigos de cómo la directora del penal, Marcela Briceño, giró instrucciones para que no se le permitiera el paso a los visitantes españoles, ejecutando órdenes superiores, concretamente del secretario de Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas y del director de Reclusorios, Héctor Cárdenas.

Corresponde a esos funcionarios, por lo tanto, corroborar esta información. Pero cuando el juez asegura que su presencia en el penal era "un acto oficial y autorizado", que en ningún momento se les impidió el acceso al centro penitenciario y que fue él quien consideró "oportuno retirarse", debo decir, con la pena, que el magistrado juez miente. La verdad es que hubo una prohibición expresa. Eso es un hecho real, no una "manipulación grosera".

En cuanto a nuestra función periodística, puedo decirle que el objetivo no era grabar la diligencia ni violar secreto procesal alguno. Como corresponde, se nos prohibió hacerlo, cosa que acatamos puntualmente.

En su carta, el juez Garzón insiste en que el ingreso de su comitiva al reclusorio fue en el marco de la cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos y en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Hasta este momento, las ambiguas explicaciones que ha brindado la Procuraduría General de la República al respecto no alcanzan a explicar en qué partes de los convenios bilaterales entre México y España se ampara la actuación de jueces españoles en procesos judiciales que competen al país. Esa fue una pregunta que le hice expresamente al fiscal de la PGR Mario Arzave, quien declinó responderme. Con la pena, señor juez.

Atentamente,

Blanche Petrich

 

 


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Garzón Forzó Ingreso

Pertinente aclaración publicada en La Jornada acerca del prepotente actuar del inquisidor español Baltasar Garzón al ser expulsado del Reclusorio Norte a donde había acudido con la intención de hostigar a los seis vascos que aguardan el resultado de su juicio de extradición.
 
Aquí la información:

 
El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y el subsecretario, Martí Batres, determinaron el jueves 29 de enero, después de consultar telefónicamente, que "no existía fundamento legal alguno" que justificara la presencia de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, en una diligencia relacionada con el proceso de extradición de seis ciudadanos vascos detenidos desde hace seis meses en el Reclusorio Norte. Por tanto, ambos funcionarios respaldaron la orden girada por el director de prisiones Héctor Cárdenas y acatada por la directora de dicho penal, Marcela Briceño, de cerrar el paso a la comitiva de los magistrados extranjeros que ayer por la mañana intentaron ingresar en esa cárcel.

"En este asunto no hay problema político o ideológico alguno -señaló Batres-; tranquila y respetuosamente le informamos al juez Garzón que su ingreso al reclusorio no se permitió porque no solicitó permiso para hacerlo. No hay ningún oficio previo a la diligencia pidiendo autorización" para que dos funcionarios extranjeros estuvieran presentes. "No hay justificación alguna, en ningún reglamento sobre procesos judiciales como éste, que así lo establezca", explicó.

 
 
 
 

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Pretextos Injerencistas

Diferentes organismos defensores de los derechos humanos en México han hecho saber su desacuerdo con la injerencista actuación por parte de los inquisidores españoles Baltasar Garzón y Enrique Molina, esta nota al respecto ha sido dada a conocer en la sección Política de La Jornada:

Cuestionan afán oficial en supuesta lucha antiterrorista

Critican presencia de extranjeros en actos que sólo competen a mexicanos

Laura Poy Serrano
 
Organismos defensores de derechos humanos consideraron preocupante que las autoridades federales subordinen su obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos a los intereses políticos establecidos con otros países, en un afán de cumplir con una "supuesta lucha contra el terrorismo".

Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que ningún acuerdo bilateral "puede estar por encima de la Constitución" ni "permitir la injerencia de representantes judiciales extranjeros en acciones que sólo competen a las autoridades mexicanas".

Nos preocupa mucho, agregó, que el gobierno federal esté violando las garantías judiciales "no sólo de los ciudadanos mexicanos, sino de cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio".

A su vez, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que la actitud de los responsables de las diligencias en que se permitió la injerencia de extranjeros "no sólo viola las garantías judiciales de los presuntos responsables, sino que los priva de un proceso justo".

En años recientes, agregó, las autoridades han preferido aplicar nuevos mecanismos que permitan cumplir con los acuerdos suscritos con otros países, como es el caso de la extradición de presuntos implicados en actos de terrorismo.

Así, "al no conseguir por la vía legal la extradición, recurren simplemente a la deportación, a pesar de que muchos de quienes han sido entregados a autoridades extranjeras corren el riesgo de ser torturados, violando con ello los acuerdos que hemos suscritos en materia de protección de derechos humanos".

Los defensores de derechos humanos, sostuvo Concha Malo, tendremos que estar muy atentos a este tipo de acciones, "pues no sólo se reconoce que esto no ocurre por primera vez, sino que se ha tenido una participación activa de autoridades españolas en las diligencias, violando con ello las garantías de los indiciados".

Sánchez Matus afirmó que al permitir la presencia del juez español Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, las autoridades responsables no sólo incurrieron en violaciones a los derechos humanos, sino en incumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales "claramente establecen que no pueden usar esos mecanismos como parte de las indagatorias".
 
 
 
 

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TVE Sicaria

Justo cuando el inquisidor español Baltasar Garzón ha puesto en tela de juicio el ejercicio del periodismo en México acusando al diario La Jornada de haber incitado una cacería de brujas en su contra, allá de regreso en el estado español sale a relucir esto con respecto a TVE:

 
En una condena sin precedente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló a la radiodifusora pública española TVE como ejemplo de "manipulación, clientelismo político" y "partitocracia".

Desde que asumió el poder el conservador José María Aznar, TVE, la emisora de mayor influencia en el país, se ha convertido en un instrumento de propaganda y "manipulación" sin precedente en el país, a pesar de que durante la etapa socialista de Felipe González también existía, pero nunca alcanzó los niveles actuales.

La conducta de sus directivos y presentadores de noticiarios, todos ellos nombrados a dedo por Aznar, ha sido motivo de litigio judicial y de reiteradas denuncias de partidos políticos de oposición y de asociaciones de espectadores, hartos de las reiteradas "mentiras" y "manipulaciones" de los servicios informativos.

Un hecho que demuestra la diferencia abismal entre la BBC y TVE es la forma de responder ante situaciones similares: los directivos de la BBC decidieron renunciar motu proprio después que un juez consideró que no habían sustentado con rigurosidad una información sobre la guerra contra Irak, mientras que los responsables de TVE se mantienen en el cargo a pesar de que un tribunal de justicia consideró que habían "mentido" y "manipulado" la información emitida sobre la huelga general del 20 de junio de 2001, además de que asumieron "a medias" la condena firmada por el juez.

Estos hechos, denunciados de manera reiterada por los sindicatos afectados y convocantes del paro nacional, fueron estudiados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que llegó a una conclusión contundente: TVE es "ejemplo de influencia del poder político en la radiodifusión pública y de la manipulación de la información".

La institución europea sostiene que los gobiernos que practican este tipo de métodos -además de España, señala a Italia, Grecia y Portugal- han creado una situación en la que "en la Europa occidental el servicio público de radiodifusión se enfrenta a presiones políticas".

El organismo europeo sostiene que los gobiernos de Aznar y del italiano Silvio Berlusconi han creado situaciones de "clientelismo político", "paternalismo estatal", "partitocracia" y "han impedido la completa emancipación de los servicios de radiodifusión pública del control político directo", por lo que los insta a "abstenerse de toda injerencia en la independencia editorial y la autonomía institucional de los radiodifusores públicos". 
 
 
 

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AMLO Avala a Briseño

Uno de los más importantes políticos en México, el regente del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en relación a la negativa por parte de la directora del Reclusorio Norte a permitir la entrada de los españoles Baltasar Garzón y Enrique Molina a una diligencia en el proceso de extradición en contra de los seis ciudadanos vascos afectados por la injerencista Operación Donosti. Aquí la información:
 

Apegado a la ley, cerrar el paso a Garzón en el Reclusorio Norte: López Obrador

Sin base, que autoridades judiciales extranjeras presencien diligencias nacionales: Batres

Ángel Bolaños Sánchez

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, justificó la decisión de impedir el ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, quienes pretendían participar en una diligencia de ampliación de declaración a los seis ciudadanos vascos sujetos a procedimiento de extradición que solicitó el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Es un asunto de tipo legal. Está establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales cómo se llevan a cabo estas diligencias y se actuó conforme a dicho procedimiento", apuntó.

El director general de Prevención y Readaptación Social del GDF, Héctor Cárdenas San Martín, negó que en otras ocasiones se haya permitido a los magistrados españoles participar en este tipo de diligencias, como dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores.

Por el contrario, señaló en entrevista aparte el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, es exactamente el mismo trato que se dio en el caso del ex militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición a España solicitó el mismo Garzón, "hubo requerimientos para que interviniera gente de diversos cuerpos diplomáticos a quienes también se les denegó el acceso".
Independientemente de lo que establezcan los tratados internacionales suscritos con España, explicó que el requerimiento de la PGR para la diligencia del jueves era de carácter ministerial y los únicos ministerios públicos reconocidos en el país son el Ministerio Público Federal y los locales.

El subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, explicó que el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala explícitamente cuáles son los funcionarios que pueden estar presentes en las diligencias ministeriales y en ningún momento se menciona la posibilidad de que pueda haber autoridades extranjeras "y, como sabemos, en el caso de los procedimientos sólo nos podemos atener estrictamente a lo que plantea la ley y así se procedió".

Recordó que en el caso de los interrogatorios practicados por Garzón a tres ciudadanos mexicanos vinculados con ETA se celebraron en instalaciones de la PGR.

Sobre la posibilidad de que Garzón recurra a algún trámite especial para interrogar a los detenidos vascos, Batres aclaró que "no hay fundamento en la ley para que autoridades judiciales extranjeras estén presentes en las diligencias ministeriales nacionales".

En oficio de fecha 29 de enero de 2004, con registro UEITA/345/2004, dirigido a la directora del Reclusorio Norte, Marcela Briseño López, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la SIEDO, Aurora Ramírez Arenas, solicita "con carácter de urgente, se permita realizar diligencias ministeriales con las personas que se encuentran detenidas en ese centro de reclusión, de nombres José María Urquijo (sic) Borde y/o Luis Castañeda Vallejo, María Asunción Gorrochategui (sic), Juan Carlos Artola Díaz, Asier Arronategui Duralde, Ernesto Alberdi Elejalde y/o Ricardo Ernesto Sáez García y Félix Salustiano García".

Para ello, sigue el escrito, "se solicitó atentamente se designara un espacio dentro del centro de reclusión para tal fin, socilitando el ingreso del licenciado Mario Alberto Arzave Trujillo (quien es titular de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo), licenciado Luis Carranza Figon, así como del juez magistrado Baltasar Garzón Real, Enrique Molina, así como cinco personas más de la Comisión Judicial de la Audiencia Nacional de España, así como el ingreso de la suscrita".

El artículo del Código Federal de Procedimientos Penales invocado por el GDF el jueves para impedir el ingreso de los funcionarios españoles señala en el párrafo segundo que "a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere".

El oficio, a su vez, fundamenta la petición en diversos artículos constitucionales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el mismo Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, pero en ningún momento alude a tratado o convenio internacional alguno.

 

 


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Misiva de Garzón a La Jornada

Ya llevaba razón el Subcomandante Marcos del EZLN al llamar clown a Baltasar Garzón aunque ello haya causado resquemor en la izquierda troska mexicana. Con respecto a su frustrado intento por clavar una pica en el Reclusorio Norte, les recomendamos la lectura de esta misiva que ha dirigido a La Jornada:
 

Carta del juez Baltasar Garzón

Señora directora del diario La Jornada, Carmen Lira Saade.


Señora directora: Sé positivamente que no ha sido casual, ni siquiera errónea la información y opinión que ustedes han dado en estos días 29 y 30 de enero en su periódico sobre mi asistencia como Magistrado Juez a la práctica de la Comisión Rogatoria autorizada por las autoridades mexicanas.

Y digo que lo sé, porque específicamente ustedes han manipulado en forma grosera, con la clara intención de confundir a la opinión pública, lo que ha sido un acto de cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos, respetuoso con las normas legales de ambos países y cumplidor de todas y cada una de las garantías exigidas por la ley mexicana y española, en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua.

Ninguna presión ha habido, como no sea la que deriva de su manipulación informativa con la connivencia de otras personas, que se desprende de la propia información hacia los jueces mexicanos con los que no he tenido ningún contacto.

A continuación le transcribo lo que ocurrió en la realidad conocida y vivida por mí.

En el día de ayer y sobre las 10:15 horas, la Comisión Judicial compuesta por el que suscribe y el Fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina Benito, acompañados de dos ayudantes del Fiscal mejicano, Mario Arzave, que ya estaba en el interior del establecimiento, se personaron en el Reclusorio Norte en cumplimiento de lo ordenado por su autoridad, con la intención de asistir a la práctica de las diligencias acordadas y autorizadas por los responsables mejicanos en la Comisión Rogatoria Internacional que se tramita en estos días en el marco de la investigación de un delito de integración en organización terrorista (ETA).

Una vez franqueada la entrada en el reclusorio por la parte que da acceso a los visitantes y familiares, firmamos en el libro registro y se nos facilitó una especie de credencial para el acceso, que en mi caso, por llevar traje negro, debió ser firmada en el reverso por tratarse de un color coincidente con el atuendo de los custodios.

Seguidamente y tras acceder a otra estancia por medio de un control rotatorio, fui cacheado y registrado mi maletín en el interior de una cabina por un funcionario de prisiones que me permitió entrar con mi teléfono celular (móvil).

A continuación, y sin que nadie nos ofreciera explicaciones de las razones por las cuales ninguna persona o autoridad hubiera salido a hacerse cargo de nosotros, fuimos conducidos a otra estancia, en donde tuvimos que entregar nuestros documentos de identidad.

Nuevamente pregunté si no existía un acceso para funcionarios o autoridades y el oficial que nos conducía indicó que sí pero que no era el caso y que teníamos que continuar por allí.

Por mi parte le indiqué cuál era el objeto de mi visita y que no me parecía correcto lo que estaba sucediéndome, me contestó que no protestara porque ya me habían dejado pasar con el celular y con traje negro y eso era un privilegio.

Ante lo absurdo de la situación y el tono desabrido del trato, incomprensible para mí, al tratarse de un acto oficial y autorizado, le pedí si podía hablar con algún responsable. La respuesta fue indicarme que continuara y que extendiera el brazo derecho, y que exhibiera la muñeca para que me marcaran con un número de identificación. Ante esta circunstancia y dado que no se había dado la más elemental información de cortesía al respecto, consideré oportuno retirarme y salir fuera del edificio hasta que se aclarase una situación que entendí, cuando menos, vejatoria para el cargo que representamos el señor fiscal y yo mismo, a parte de un trato personal absolutamente displicente.

Una vez fuera del centro, permanecí en unión del fiscal y el personal de seguridad aguardando en el interior del vehículo para que se nos informara sobre el acceso.

Después de una hora aproximadamente, el comandante encargado de la seguridad me informó que el acceso estaba permitido para mí y un policía, pero no para el señor fiscal, posibilidad que rechacé.

En este momento el fiscal, don Mario Arzave, que había tenido que salir del reclusorio, me comunicó que en el interior se encontraban medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial, a lo que se opuso frontalmente el señor fiscal Arzave. Ante esta circunstancia decidí no participar en la actuación y solicitar que él la suspendiera si así lo tenía por oportuno, al no garantizarse el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales y considerar absolutamente irregular el hecho de que existieran periodistas en el interior y con acceso a las actuaciones que se iban a practicar.

Seguidamente la comisión judicial abandonó el lugar sin mayor incidencia.

Deseo resaltar que en ningún momento se nos impidió el acceso al centro penitenciario y que la decisión de abandonarlo primero y no entrar después en el mismo, fue debida exclusivamente a las razones antes expuestas.

Si después de esta nota ustedes no exigen explicaciones del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera "cazada" por los mismos en el interior del Reclusorio Norte, ustedes carecen de credibilidad. Aunque supongo que les debe importar poco mi opinión. Pero a mí sí me interesa que los ciudadanos sepan si es o no real aquello que les transmiten.

Mire, no me preocupa en absoluto que ustedes me insulten o denosten mi trabajo y el de tantos profesionales de la justicia en México y España que tratan de proteger a los ciudadanos en sus derechos y en particular del terrorismo con arreglo a la ley, pero sí me preocupa que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades.

La dignidad de un pueblo se consolida, no afirmando en forma hueca que se impidió entrar en un reclusorio a un juez, sino con el cumplimiento de la ley, como se ha hecho por las autoridades federales en este caso en la Comisión Rogatoria, y no mintiéndole al pueblo como ustedes han hecho.

Le aseguro, señora directora, que nunca he tenido "aires de corregidor" y que nunca he pretendido avasallar a nadie. Soy muy crítico con tantas cosas que España ha hecho a lo largo de su historia y que algunos gobernantes han realizado que se sorprendería, pero ahora tanto su gobierno como los responsables de la cooperación judicial internacional y los españoles, hemos cumplido la más estricta legalidad.

Siempre que he venido a este país lo he hecho con humildad, como ahora y siempre he respetado estrictamente las normas e instituciones y en particular a la Justicia del mismo y lo seguiré haciendo porque considero básica la armonía y cooperación de igual a igual entre nuestros estados y pueblos. Sin embargo, y con todo respeto, actitudes como la suya, en el caso que nos ocupa, no contribuyen en nada a ese fin, sino exactamente a lo contrario.

Espero y deseo que este incidente sea sólo una manifestación aislada y que no marque una trayectoria permanente.

México, DF, 30 de enero de 2004.

Atentamente,

Baltasar Garzón Real

 

 



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Desenmascarando a Garzón

El Editorial de La Jornada está dedicado a desmenuzar la misiva con la que el inquisidor ha apuntado su dedo flamígero en contra de ese diario por lo que le ha ocurrido en el Reclusorio Norte al intentar ganar acceso al mismo para hostigar a los seis vascos que aguardan el resultado de su proceso de extradición. Imaginen, pobre Garzón, sabiéndose incapaz de mandar cerrar La Jornada ordenando que se torture a Carmen Lira y sus colaboradores durante cinco días. 
 
Adelante con la lectura:

Garzón: arrogancia confirmada

Baltasar Garzón envió ayer a esta casa editorial una extensa carta en la que se queja por el trato que recibió anteayer en el Reclusorio Norte (Reno) de esta capital, descalifica el trabajo informativo de este diario, tergiversa las posturas editoriales de La Jornada, pontifica sobre lo que cree que son las obligaciones de los periodistas mexicanos y expone una variopinta y muy subjetiva lista de agravios, desde el haberse sentido vejado por el personal del penal, hasta reclamarse como víctima de "manipulación informativa" y de supuestos insultos y denuestos para con su trabajo.

Por principio de cuentas, la acusación de manipular la información es falsa. Tras el incidente en el Reno, Garzón se negó a hablar con los medios y habría sido imposible, por ello, consignar su versión de lo sucedido. Con todo, la historia expuesta por el funcionario español en su misiva es muy semejante a la que aportaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y que fue puntualmente incluida en la edición de ayer de La Jornada, junto con la muy diferente narración de los hechos que aportó la directora del centro de detención, Marcela Briseño.

En otro sentido, y a pesar de los argumentos pergeñados por Garzón en defensa de la supuesta legalidad de su actuación en México, el magistrado ignora, o pretende ignorar, que en este país tiene vigencia un documento titulado Código Federal de Procedimientos Penales, que en su artículo 16 establece: "A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere". El juez peninsular se dice respetuoso del marco legal nacional, pero las víctimas mexicanas de su prepotencia han señalado que fueron interrogadas directamente por Garzón, sin ningún respeto por las formas ni por las disposiciones del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Debe concederse, sin embargo, que la responsabilidad principal de esos atropellos no recae en los funcionarios españoles, sino en los mexicanos que se los han permitido.

Al magistrado español le escandaliza, por otra parte, la presencia, en el Reno, "de medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial", circunstancia que hacía imposible garantizar "el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales". Bien: la legislación española, como su nombre lo indica, rige en España, no en un Estado independiente que se llama México. Líneas abajo, Garzón condiciona la credibilidad de La Jornada a que ésta "exija explicaciones" "del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera 'cazada' por los mismos (sic) en el interior del Reclusorio Norte". El dislate es de tal magnitud que resulta obligado explicarle al magistrado un hecho más bien obvio: en México, en frecuentes ocasiones, reporteros y cámaras de televisión se encuentran presentes durante los procedimientos judiciales que se realizan dentro de los reclusorios y que tal presencia se inscribe en el derecho a la información y las leyes que rigen en el país y no tiene por objetivo "cazar" a ningún personaje.

En la última página de su extensa misiva, Garzón comete, él sí, una grosera maniobra de manipulación que linda con la calumnia, al aseverar que La Jornada presenta "como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista". Si el juez español hubiese realizado una lectura mínimamente honesta de lo publicado ayer en este mismo espacio, se habría enterado que el titular sobre la "dignidad restaurada" no hace referencia a ETA sino a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Cabe esperar que el magistrado logre comprender que la organización terrorista vasca y el Poder Ejecutivo de la capital mexicana son cosas diferentes.

Para finalizar, la carta del juez Garzón a este diario confirma -en su ignorancia despectiva de las leyes, realidades y prácticas mexicanas, en sus pretensiones de recibir tratos de dignatario, en su afán por dictar a los periodistas de este país cómo deben hacer su trabajo, y hasta en la grafía arcaica y peninsular del gentilicio "mexicanos", que él escribe en dos ocasiones con jota, ignorando la recomendación de la Real Academia Española de usar "las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica"- actitudes más propias de un corregidor colonial que de un moderno investigador judicial "que nunca ha pretendido avasallar a nadie".

 

 



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viernes, 30 de enero de 2004

S.O.S. de Julio Medem

El texto que presentamos a continuación se trata de una carta abierta del asediado realizador vasco Julio Medem con respecto a la campaña de desprestigio en su contra por parte de el régimen de Madrid por medio de sus organizaciones títere como AVT. Léanla por favor:

S.O.S

Han pasado cuatro meses desde el estreno de La pelota vasca, la piel contra la piedra, en los que la consigna que más me he visto obligado a decir (por alarma defensiva), es que el problema más grave del conflicto vasco es ETA, que mi rechazo al terrorismo es rotundo, sin peros, y que mi solidaridad y apoyo humano hacia las víctimas del terrorismo es absoluto, sin precio y sin esperar nada a cambio. Pero hay quien piensa que eso no es suficiente, que no les vale, y rechazan mi solidaridad como si les manchara; me refiero, claro está, a algunos miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que ha organizado una manifestación a la entrada de la entrega de los Premios Goya para protestar por la nominación de mi película, y contra mi persona. He leído en La Razón que habrá una pancarta con este lema: “Víctimas del Terrorismo contra El pelota vasco, la nuca contra la bala”. Y además se repartirán pegatinas con el lema: “No al Medem“. Sinceramente, esto ya es demasiado, la injusticia de esta situación es ya puro delirio. Yo no puedo más.

Esta es la primera vez que escribo en mi defensa tras el estreno del documental en el Festival de San Sebastián. Deliberadamente preferí no responder por escrito a la tormenta de puñales que cayó sobre mí, especialmente desde los medios de comunicación de la derecha, y me recluí frotándome el ánimo con la innumerable cantidad de mensajes de apoyo, en su mayoría privados (comprendo perfectamente, tal y como pintan los tiempos, lo comprometido de apoyarme públicamente). Pensé que ya nada más podría pasarme con esta película, que lo peor ya había ocurrido, y que la ceremonia de entrega de los Premios Goyas podría ser el punto dulce final (con o sin estatuilla) de toda esta horrorosa experiencia.

Lo primero que quiero dejar claro es que, para mi pesar, Cristina Cuesta (presidenta de COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo) rechazó participar en mi documental, y con ella, el conjunto de víctimas de su asociación. Es más, se dio el caso que llegué a entrevistar a Consuelo Ordóñez (hermana del concejal del PP asesinado por ETA), pero a los pocos días me llamó para que no la incluyera en el montaje. También quiero recordar que en mi película hay víctimas del terrorismo a las que les he dado un trato, más que respetuoso, privilegiado. Personas que aceptaron mi planteamiento de película polifónica, con una puesta en escena destinada a invitar al diálogo y a las que no les importó compartir montaje con personas ideológicamente opuestas. Estas víctimas son Daniel Múgica (hijo de Enrique Múgica, concejal de Leitza por UPN asesinado por ETA), Cristina Sagarzazu (viuda del Ertzaina Ramón Doral), Marixabel Lasa (viuda del socialista Juan María Jáuregui) y Eduardo Madina (Presidente de las Juventudes Socialistas de Euskadi que perdió una pierna tras un atentado).

Es decir, que los miembros de AVT no son las únicas victimas, aunque sí me parecen las más enfadadas y las más politizadas, y las que se creen con el real derecho a identificar y dar el marchamo de autenticidad al resto de las víctimas. En mi documental las hay incluso de sus mismos colores, y de otros, pero son, me atrevo a suponer, políticamente más independientes. No sé lo que pensarán los miembros de AVT, por ejemplo, de Marixabel Lasa, que tiene varios agravantes para formar parte de su coro. Por ejemplo, es la viuda de un socialista que luchó hasta su muerte por el diálogo político como vía para resolver el conflicto vasco. ¡Qué tiempos son estos en los que “DIÁLOGO” se ha convertido en una palabra maldita! El otro agravante, claro está, es que Marixabel Lasa (siendo socialista) es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. No me digas más, esas víctimas no valen, no están a la altura. Imagino entonces que Cristina Sagarzazu, por ser la viuda de un Ertzaina asesinado por ETA, como víctima en este caso sí nacionalista, se tendrá que conformar con un territorio medio, un purgatorio. Además, a ella no le ha importado compartir montaje paralelo con la mujer de un preso de ETA (en viaje a la prisión de Huelva), ya que entiende que esto no significa que se las compare o iguale moralmente.

Quiero reconocer mi especial debilidad por Eduardo Madina (el socialista que perdió una pierna en un atentado de ETA). Su testimonio marca el punto álgido, la cima moral de la película. Madina es un auténtico deportista del alma, precioso montañero de la buena fe que yo quiero poner aquí como ejemplo contra tanta atrocidad político-mediática; alguien, por ejemplo, que aún cuando ETA quiso matarlo poniendo una bomba en su coche, es capaz de solidarizarse con Anika Gil, una víctima de la tortura. Y como vergüenza recuerdo la forma en que esto es recibido por la AVT, a los que sólo les molesta que con el testimonio de Anika se está poniendo en duda la labor de la Guardia Civil. ¡Es que ella tampoco es una víctima?… Se niegan a creerla, y se acabó.

Daniel Múgica es la víctima que les resultará más cercana, la más aceptable a la AVT (y lo digo con mi mejor intención hacia ti, Daniel), ya que es el hijo de un concejal de Leitza por Unión del Pueblo Navarro. Partido que hace las veces del PP en Navarra pero que, por fortuna para mi película, está fuera de la disciplina central y, libremente, aceptó estar en la película. Recuerdo aquí que el Partido Popular se negó, yo diría que, airadamente, a que ninguno de sus miembros fueran entrevistados para el documental.

Quiero añadir aquí el caso de otra víctima del terrorismo de ETA que participa en la película, aunque no prestando su opinión sino como coproductora. Me refiero a Mireia Lluch, que es hija de Ernest Lluch, socialista asesinado por ETA que, como Juan María Jáuregui, se declaró abiertamente a favor del diálogo. Cuando Mireia, a la que yo no conocía, se enteró que estábamos buscando financiación para sonorizar la película, pidió verla. El montaje ya estaba terminado y Mireia, tras la proyección, me dijo que tenía una pequeña herencia de su padre, y que estaba segura de que a él le hubiera gustado que ese dinero se aportara para terminar un documental “tan necesario” (esas fueron sus palabras). Recuerdo a esos periodistas, que legitiman con datos falsos sus mentiras, que las subvenciones a mi película fueron denegadas tanto por el Gobierno Vasco como por el ICAA.

Las personas que rechazaron su participación, se trata de víctimas, han sido las más duras contra mi documental. Ya desde la semana previa al estreno en el Festival de San Sebastián, declararon su rechazo a la película sin haberla visto (dieron por buenos los comentarios de Gotzone Mora e Iñaki Ezkerra) e intentaron impedir que se estrenara pidiendo a Odón Elorza que la retirara. Si el alcalde hubiera sido del PP, mi película hubiera tenido graves problemas para nacer. Se han estado cebando a placer contra mi persona, contaminando mi imagen, … y yo no he podido responder con un mínimo de dignidad, como lo habría hecho si eso procediera de personas en una situación vital “normal” (no amenazadas). Es más, mi dignidad me ha hecho establecer un código de respeto a favor de ellos, que dice que mientras una persona esté amenazada de muerte por pensar de una determinada manera, yo, aunque piense de forma radicalmente distinta, no me siento capacitado éticamente para criticarle. Esa discusión de igual a igual queda postergada (aunque, sinceramente, no me quedan ganas de emplazarles para cuando ETA desaparezca, que por supuesto deseo que ocurra cuanto antes).

Mi pecado capital parece que consiste en que el documental no trata exclusivamente del sufrimiento de las víctimas del terrorismo. El resto de mis pecados derivan de este, ya que si en mi película reconozco y someto a debate la existencia de un problema político, según ellos estoy justificando el terrorismo, a parte de dar apoyo logístico al Plan Ibarretxe. Además resulta que soy incómodamente criminalizable, ya que me declaro no nacionalista; habrá quien piense que esta declaración me hace menos malo, pues yo no lo digo por eso, ya que existe el nacionalismo plural y no violento, lo conozco. Como también, y así se critica en mi película, existe el nacionalismo que pretende homogeneizar “al que se queda dentro y expulsar al diferente” (Imanol Zubero), o son ciertos los orígenes xenófobos de Sabino Arana (Iñaki Ezkerra, Joseba Arregi e Iñaki Villota), o la inacción de la Ertzaina con la Kale borroka (Teo Santos), o a la falta de “gestos inequívocos de ayuda y solidaridad hacia las víctimas” por parte del nacionalismo (Iñaki Gabilondo), o que el PNV aún no se ha hecho cargo,”de que el sufrimiento del no nacionalista es su sufrimiento como gobernante” (Felipe González). Aún así, para los miembros de la AVT, me he quedado corto, ya que no he sido capaz de criminalizar al nacionalismo con la brutalidad con la que lo hacen ellos, y no he dejado claro que el peor de los males políticos de España (después de ETA) es el PNV; incluso en mi película puede dar la sensación de que es el PP (siempre después de ETA), sobretodo si no ha querido estar dentro para explicarse, o defenderse.

Alguien cercano (a quien escuchen y quieran) debería decir comprensivamente al oído de cada miembro de la AVT, que el hecho de ser víctimas de ETA no les da más razón política, o ideológica, y mucho menos licencia para insultar, calumniar o amargar la vida de todo aquel que no piensa como ellos. Sí, alguien que les quiera de verdad debería ocuparse de ir rebajándoles las llamas del odio y el resentimiento, para evitar que su almas, corazones y mentes se perviertan irreversiblemente. Pero me temo que la gente que les rodea, o está ya muy envenenada, o son los auténticos marcadores y guardianes de esas consignas unionistas, patrióticas con las que esta España refranquista se vuelve a sentir Grande. Alguien debería alarmar a los miembros de La AVT de que desde algunos centros de autoridad se les están insuflando ciertas dosis de absolutismo. Mi gran insuficiencia ante ellos, y por lo que se permiten insultar a mi película y a mi de manera intolerantemente macabra, es ofrecerles todo mi apoyo y solidaridad humana por su situación personal, pero no la razón. Lo siento pero eso ya es mucho pedir, sobre todo cuando compruebo cómo se les está utilizando políticamente; pienso que el PP ha hecho de esto su plato favorito en este aterrador banquete en el que, a este paso, de nuestra querida democracia no van a dejar ni las sobras.

Tras la entrega de los Goya del año pasado, este mismo colectivo de víctimas, junto a Fernando Savater (que también declinó participar en mi película), criticaron con dureza a “los del cine” por el hecho de que espontáneamente algunos premiados dijeran “no a la guerra”, cuando en las anteriores ceremonias no habíamos dicho “no a ETA”. Como si el decir “no a la guerra” conllevara no dar la importancia que merecen los atroces asesinatos de ETA, o faltáramos al respeto a aquellos que están amenazados por la banda terrorista. Aquello fue utilizado políticamente para desacreditar y poner en entredicho la moral antibelicista de “los del cine”, con la vil argucia de que no vale su no a la guerra puesto que nunca han dicho no a ETA. ¿Alguien cree verdaderamente que hay algún académico que no está en contra de ETA?… Recuerdo las acusaciones que la prensa más reaccionaria hizo contra Javier Bardem, y en general contra todos los que nos manifestamos contra la guerra, espontáneamente o a través de la Plataforma Cultura contra la Guerra. Parecía que cuanto más alto dijéramos no a la guerra, más cerca estábamos de los etarras. Para protestar contra estas acusaciones de algunos medios de comunicación, y proteger la maltratada imagen de Javier Bardem, se organizó una concentración del mundo del cine y del espectáculo en el teatro Alcázar. Allí leímos un comunicado en el que, por un lado, pedíamos que nadie nos obligara a manifestarnos contra ETA, o contra otras barbaridades crónicas (se hablaba también de la violencia doméstica o la prostitución de menores…) y que el no hacerlo no nos convertía en sospechosos ni en cómplices de nada, y que por otro lado, lo que nos unía era la imperiosa prioridad, que requería todo nuestro consenso, para que tuviera el máximo de eficacia nuestro NO grande y único a la Guerra de Irak. Estábamos viviendo una crisis aguda.

En cualquier caso, uno de los nueve puntos del escrito estaba dedicado a condenar el reciente asesinato a manos de ETA de Joseba Pagazaurtundua, y a mostrar nuestra solidaridad a los familiares de la víctima. Con el teatro Alcázar lleno y los medios de comunicación rebosando el escenario, tras la lectura del comunicado coreamos repetidas veces el famoso “NO A LA GUERRA”. Imanol Arias, sentado una fila por delante de mi, mostró a la audiencia un folio en el que se leía: “ETA NO”. Y comenzó a gritarlo. Evidentemente el teatro se sumó al grito. Hasta aquí, por mi parte, ningún problema (esto se lo estoy diciendo exclusivamente a Imanol). Lo descorazonador y preocupante fue comprobar lo que la mayoría de los medios de comunicación hicieron con ese acto, a excepción de El País, y poco más. Por ejemplo, en la portada del ABC salía Imanol Arias con el cartel contra ETA, y yo detrás con el gesto evidente de estar acompañando su grito. El titular decía que por fin las gentes del cine nos habíamos atrevido a decir no a ETA, sin mencionar que dijimos un clamoroso no a la guerra, motivo de la reunión. Por cierto, cuatro meses más tarde mi cara volvió a salir en la portada de este encantador periódico, con la frase: “la película de Medem acusada de incitar al terrorismo”. Para terminar este asunto de portadas del gusto de la extrema derecha, recordaré la de La Razón al día siguiente de la clausura del Festival de San Sebastián, en la que sobre una fotografía de archivo (del marzo anterior) con Javier Barden en primerísimo término y, detrás, otros compañeros gritando contra la guerra, se podía leer, algo así: “Los actores españoles se niegan de nuevo a decir no a ETA”. Por cierto que Javier Bardem ni siquiera estuvo en el Festival. ¿Qué se han creído algunos para imponernos que digamos lo que, donde y cuando ellos quieran?
 
Ya han dicho los de la Asociación de Víctimas del terrorismo que en la ceremonia de entrega de los Goya de este año quieren cambiar el no a la guerra pasado por el no a ETA, y que van a entregar pegatinas a la entrada. Saben de sobra que nadie se va a atrever a rechazar ponerse una pegatina en la que ponga “ETA NO”, primero porque todos estamos de acuerdo, pero, y teniendo en cuenta la presencia masiva de medios de comunicación, ¿a qué tamaño va a quedar reducida la espontaneidad, independencia, o libertad que se le presupone a este tipo de declaraciones en una entrega de premios?… Y yo… ¿qué hago poniéndome un “ETA NO” de manos de alguien que llevará un “no a mi persona”?… Sólo diré que en una situación de absoluta libertad, sin coacción, me lo pondría encantado. Pero esta pesadilla que me espera no es el caso.

Lo que me resulta más surrealista es cómo reaccionaran mis compañeros cuando una víctima del terrorismo le ofrezca una pegatina con el “No al Medem”. Eso no quiero verlo, y, si alguno pasa accidentalmente por delante de mis ojos, por adelantado les prometo que haré el esfuerzo de autosugestionarme, para creerme que no lo he visto. Esta iniciativa es lo más vil y canalla que me han hecho nunca.

Y va a haber velas a mi paso para recordarme los más de 900 asesinados por el terrorismo, ¿y yo que hago entonces…enciendo una vela? No querrán. Ya me han juzgado y condenado al desfile de los manchados de sangre, de los que cuando viajen por España corren el riesgo de que españoles de solo tele le indiquen con el dedo (como sospechoso de lo peor), a ser carne de cañón de esta linda prensa que nos está creciendo. Entonces qué… ¿les miro a la cara con un gesto de cariño (pensando que ojalá ETA no hubiera existido nunca)?… lo van a rechazar. ¿O intento adivinar en sus ojos cuántos han visto la película?… Lo mejor es que cierre los ojos y recuerde la ovación final del público en el Festival de San Sebastián, y sobre todo el abrazo entre lágrimas de emoción y agradecimiento que recibí de Daniel Múgica (el hijo del concejal de UPN asesinado por ETA). Pues sí, también aquí podría abrazar a alguien, si me dejaran, me gustaría… Nadie me va a dejar, tampoco, que le hable cariñosamente al oído; además, corro el riesgo de que me pongan una pegatina de “No al Medem”.
¿Qué hago?… Ni siquiera les va a hacer ilusión que les dedique el Goya (si es que me lo dan). No tengo nada que hacer, sólo aguantar el día más injusto y desmoralizante de mi vida ¡Socorro!

Julio Medem
29 de enero de 2004





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Espiando a Partidos Democráticos

Mientras que si inquisidor en jefe hacía el ridículo en México, el neogeneralísimo José María Aznar estaba dejando en claro con su postura respecto a la reunión de Josep Lluís Carod-Rovira con ETA que a Madrid nunca le ha interesado la paz cuando del conflicto político con el pueblo vasco se ha tratado. Esto lo informa en la sección Mundo de La Jornada:

Aznar acusa a Carod-Rovira de hacer un pacto con los dirigentes de ETA

Esquerra Republicana exige la renuncia del Ejecutivo español por filtrar informes secretos

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El jefe del gobierno español, José María Aznar, acusó hoy al ex número dos del gobierno regional catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, de haber concluido un pacto con ETA, según el cual la organización armada vasca se abstendría de cometer atentados en Cataluña.

Al mismo tiempo, los partidos opositores de España demandaron a Aznar una explicación sobre su actuación en la crisis abierta tras la difusión del encuentro del líder republicano catalán con la cúpula de ETA, a principios de este mes.

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pidió la dimisión de Aznar ante las sospechas de que podría haber incurrido en el delito de "instrumentalización partidista de información clasificada y secreta".

La indignación de las formaciones opositoras se basa en dos supuestos todavía sin desmentir ni aclarar por las autoridades españolas. El primero, la utilización de los servicios de espionaje del Estado en beneficio del gobernante Partido Popular, ya que la filtración del encuentro entre Carod-Rovira con ETA podría haber surgido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de cara a los comicios generales del próximo 14 de marzo. Y el segundo, que existe la sospecha de que el servicio de espionaje se utiliza para vigilar a dirigentes de partidos políticos democráticos, como el propio ERC.

El líder de ERC y ex conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, Carod-Rovira, reconoció el pasado lunes que había mantenido un encuentro con dirigentes de ETA en la localidad francesa de Perpignan. En el encuentro habrían participado dos de los dirigentes etarras más buscados por la justicia, Mikel Albizu, alias Mikel Antxa, y José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.

La difusión del "contacto" por un diario conservador provocó una crisis en el gobierno tripartita catalán y la posterior dimisión de Carod-Rovira como primer ministro del gobierno catalán, presidido por el socialista Pasquall Maragall.

Cerrada la crisis en el gobierno catalán, las formaciones políticas y los medios de comunicación buscan ahora esclarecer el asunto de la filtración y la presunta implicación del gobierno en la misma.

José Luis Rodríguez Zapatero, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el mayor de oposición, exigió a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación judicial para aclarar si ha existido "la utilización por parte del gobierno de los servicios nacionales de seguridad para atacar a sus adversarios electorales".

Esto, consideró, sería "escandaloso y grave, ya que está en juego la credibilidad de instituciones públicas muy importantes en una democracia".

A su vez, la coalición Izquierda Unida (IU) anunció que presentará una querella criminal, al tiempo que calificó de "escandalosa" la utilización por el gobierno y el PP de los servicios de espionaje.

Ante estos cuestionamientos, el presidente Aznar exclamó que no se puede sumar a "la vergüenza" del encuentro el "insulto" a las fuerzas de seguridad, al poner en duda que los servicios secretos "hayan tenido la posibilidad de detener a los dirigentes de ETA y no lo hayan hecho".

El vocero de Aznar, Eduardo Zaplana, negó que la filtración de la información haya surgido desde el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia.

Aznar aseguró, además, en la misma rueda de prensa, que Carod-Rovira "concluyó un acuerdo según el cual esta organización podía seguir matando donde quisiera, pero no en Cataluña.

"Quedó claro que la organización terrorista se reservaba el derecho de volver a matar desde el momento en que ello no perjudicara a Esquerra Republicana de Catalunya", indicó Aznar, sin dar detalles sobre la eventual contrapartida que pudiera haber concedido Carod-Rovira en esa reunión, realizada a principios de este mes.


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Notoria Ilegalidad

Leamos este artículo de La Jornada con el que se amplía la información acerca de la grave ofensa a la soberanía de México perpetrada por el Karel Čurda mexicano de nombre José Luis Santiago Vasconcelos, tonto útil a las órdenes de Baltasar Garzón en el caso de los seis vascos víctimas de la Operación Donosti.

Lean:


Critican expertos la injerencia de Garzón

"Acto notoriamente ilegal", la intervención del juez, afirman abogados penalistas

Alfredo Méndez Ortíz

Mientras que integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) consideraron que la intervención del juez Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, en el juicio de extradición de seis vascos viola la soberanía del PJF y las garantías procesales de los detenidos, especialistas en derecho penal aseguraron que la presencia de ambos funcionarios españoles en la Procuraduría General de la República (PGR), y su intención de acudir al Reclusorio Norte para participar en una diligencia (ayer se les negó el acceso), "son medidas de presión a las autoridades mexicanas" y "un acto notoriamente ilegal".

En entrevista con La Jornada, jueces de distrito en materia penal, que solicitaron el anonimato, refirieron que en un procedimiento de extradición "lo único que hace el juez del país donde se encuentre un reclamado es emitir una opinión jurídica, y como no se está juzgando a la persona, no tiene por qué interrogársele, algo que mucho menos pueden hacer autoridades de la nación que reclama".

Si eso está ocurriendo (en el caso de los vascos), es una violación no sólo a sus derechos procesales, sino al tratado en materia de extradición y hasta la Constitución mexicana en lo referente a la soberanía nacional, agregaron.

Los funcionarios añadieron que de comprobarse la "intervención directa" en México de Baltasar Garzón y Molina Benito como "autoridad reclamante" en el procedimiento de extradición de Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrotxategui, Asier Arronategui Duralde, Ricardo Ernesto García Sáenz y Luis Castañeda Vallejo, a quienes España vincula con la organización armada ETA, sería "lamentable" para la soberanía de México, porque "se trataría de una injerencia extranjera en el desempeño del Poder Judicial mexicano".

Por su parte, Benjamín Orozco, abogado penalista y especialista en temas de extradición, aseguró que "es claro que la presencia de Garzón tiene un efecto: presionar a las autoridades judiciales mexicanas, así como a la PGR y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento, con la finalidad de lograr la extradición" de los vascos.

El litigante precisó que con este caso "vuelve a ratificarse que los procedimientos de extradición se convierten en un asunto más de diplomacia que de proceso jurídico". Por eso hay tantas injusticias en esos procesos, "porque es simplemente una cortesía que tienen los países entre sí, más que un juicio propiamente hablando en el que deba agotarse cada uno de los pasos conforme a derecho".

Como se recordará, el pasado miércoles estuvieron presentes en las instalaciones de la PGR, durante la comparecencia ministerial de tres mexicanos acusados -y ya liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de ETA, el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, pese a la inconformidad de la abogada Bárbara Zamora, defensora de los tres involucrados.

Para justificar la presencia de la "parte reclamante", Mario Arzabe, director de la Unidad Especializada contra Secuestros de la PGR, alegó que existen convenios de cooperación entre México y España que permiten la presencia de la autoridad extranjera en nuestro país, "en su calidad de interesada" en una extradición.

En respuesta, la litigante refutó al fiscal al asegurar que "no hay tratados ni acuerdos internacionales que posibiliten la participación directa en México de alguna autoridad que reclame a un extraditable".

A su vez, Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal, aseguró que es "totalmente ilegal" la participación en México de la autoridad de otro país que reclama en extradición a los ciudadanos vascos, y aclaró que eso "deja en evidencia que hay una incidencia abierta".

Asimismo, indicó que la presencia de Baltasar Garzón en diligencias ministeriales, en torno al juicio de extradición de los seis vascos referidos, viola el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimientos Penales y el tratado de extradición entre México y España.

Por su parte, al salir del Reclusorio Norte, la abogada de los detenidos, Bárbara Zamora, anunció ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el intento de violación de garantías en el proceso de extradición contra sus defendidos. 




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Rayuela a Garzón

La Rayuela de hoy en La Jornada está dedicada a la grosera injerencia por parte de Baltasar Garzón a la soberanía mexicana, materializada, eso sí, por la actitud abyecta por parte de Vicente Fox y de su miserable achichincle José Luis Santiago Vasconcelos:
 

¿Y qué creyó Garzón? ¿Que en México también gobernaba el madrileño?


 
Desafortunadamente los cartoneros de La Jornada dejaron ir la oportunidad de satirizar el entrometimiento de Garzón y prefirieron dedicar sus cartones a la absolución dada por Lord Hutton al títere de Blair y a burlarse de la Iglesia Católica de México por el escandalo de una nueva píldora anticonceptiva, a Helguera se le fueron sus quince minutos pues.
 
 
 

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Los Sirvientes de los Inquisidores

La Jornada expande la cobertura del grosero acto de injerencismo llevado a cabo por los inquisidores españoles Baltasar Garzón y Enrique Molina, desenmascarando a más funcionarios mexicanos quienes, junto al gris y poco ético José Luis Santiago Vasconcelos han actuado como abyectos colaboradores.

Aquí la información:


Revela PGR que Garzón ha asistido a otras diligencias

Justifican Macedo y Ramos Flores solicitud del español

Jesús Aranda

Baltasar Garzón, juez de instrucción español, no ha estado sólo en una de las diligencias de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada contra Delincuencia Organizada (SIEDO) relacionadas con los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte que enfrentan proceso de extradición: lo ha hecho también en otras ocasiones que ha visitado México.

Reveló lo anterior el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, quien aseguró, sin embargo, que la presencia del juez no viola la soberanía ni las leyes del país, porque su estadía está regulada por los tratados de asistencia jurídica firmados por México y España.

"El juez presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas" por la SIEDO, que encabeza José Luis Santiago Vasconcelos.

Entrevistado al término de la ceremonia de firma de un convenio de colaboración entre la PGR y la Universidad Autónoma de México, Ramos Flores precisó que las diligencias "son independientes al procedimiento de extradición" que enfrentan Juan Carlos Artola y su esposa, María Asunción Gorrotxategui; Ernesto Alberdi, José María Urkijo, Asier Arronategui y Félix Salustiano García.

Enfatizó que Baltasar Garzón (quien en realidad tiene un cargo equivalente al de un agente del Ministerio Público) únicamente está presente en las diligencias, pero no participa.

Las palabras de Ramos Flores contrastaron con las evasivas que sobre el tema interpuso el procurador general, Rafael Macedo, cuando fue interrogado en conferencia de prensa horas antes.

-¿Qué puede decir de la presencia del juez Garzón en la diligencia del miércoles, en la que comparecieron tres ciudadanos mexicanos (que estuvieron arraigados 90 días por presuntos vínculos con ETA, y fueron ligados a los seis ciudadanos vascos sujetos a proceso de extradición)?

-El juez, por los conductos diplomáticos correspondientes, presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas por la SIEDO de acuerdo con el tratado de extradición con España, que señala que la parte que solicita la asistencia jurídica tiene derecho de estar presente.

Por su parte, Ramos Flores señaló que se trata sólo de asistencias jurídicas en materia penal para la recabación de pruebas, toma de declaración de testigos y cosas de ese tipo.

-¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Garzón?

-Simplemente estar presente en las diligencias, él no puede interrogar ni llevar a cabo ningún acto de autoridad.

-¿Qué hay de que no lo dejaron entrar al Reclusorio Norte?

-Yo tengo entendido que el problema no es que no lo hayan dejado entrar, sino que necesitaba una identificación y le pusieran un sello de los que se utilizan en los reclusorios para los ingresos. El propio juez manifestó que él no estaba de acuerdo en que se lo pusieran.

Empero, por la noche, la PGR aseguró que sí fue autorizado el ingreso del juez, pero que el Ministerio Público determinó diferir la audiencia por "no existir las condiciones de privacidad necesarias" debido a la presencia "no procedente" de medios de comunicación.

-En ocasiones anteriores, con otros casos de vascos, ¿el juez Garzón ya había estado en México en las diligencias? -se le preguntó a Ramos Flores.

-Ya había estado en México, ha venido varias veces y en algunas ha estado en diligencias propias del desahogo de algunas instancias jurídicas.

-¿Se sabe en cuántas?

-No tengo ahorita el dato, pero se trata del caso de los seis vascos en procedimiento de extradición a España.

"Cuando el juez viene a participar en alguna asistencia jurídica tiene que sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen, por ejemplo, en materia de ingreso al reclusorio", aseveró Ramos Flores, quien agregó que para el gobierno de España el tema del terrorismo es muy importante y la PGR simplemente proporciona el apoyo que corresponde conforme a los tratados internacionales firmados en la materia. 




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Inquisidores Expulsados

El Editorial de hoy de La Jornada está dedicado a la fallida incursión por parte de los inquisidores españoles Baltasar Garzón y Enrique Molina al Reclusorio Norte donde su fiel Gunga Din José Luis Vasconcelos se dio un encontronazo con la muralla que representó la dignidad de la directora de dicho centro penitenciario, Marcela Briseño. Lean:

Reclusorio Norte: dignidad restaurada

El juez español Baltasar Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, y los guardaespaldas de ambos fueron echados ayer del área de ingreso del Reclusorio Norte (Reno), centro en donde pretendían intervenir en una diligencia de ampliación de declaraciones de los seis vascos detenidos en esa prisión desde julio del año pasado y sujetos a un juicio de extradición promovido por el propio Garzón, quien los acusa de haber financiado a supuestos etarras prófugos.

Así, frente a la vergonzosa claudicación de la soberanía nacional protagonizada anteayer por altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron al magistrado peninsular toda suerte de facilidades para que dirigiera un interrogatorio contra tres ciudadanos mexicanos que ya habían sido exonerados de las imputaciones de colaboración con la agrupación vasca ETA, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Alejandro Encinas, el director de los reclusorios capitalinos, Héctor Cárdenas, así como la propia directora del Reno, Marcela Briseño, tuvieron una actitud digna, honrosa y cuidadosa de la legalidad.

Hasta ayer, la misión del magistrado español en nuestro país era secreta o, al menos, muy discreta, y los medios informativos de su país no habían dicho una sola palabra al respecto. Pero, tras el incidente en el Reno, y ante la obsesión de la clase política madrileña por vincular al movimiento etarra con cualquier persona o institución que no se limite a aceptar a ciegas las satanizaciones absolutas de los nacionalismos vascos, o que cuestione o se oponga a los atropellos, abusos y violaciones a los derechos humanos que el Estado español comete regularmente con el pretexto de combatir a ETA, la postura firme de las autoridades capitalinas puede dar lugar, en la otra orilla del Atlántico, a acusaciones delirantes de supuesta protección y hasta de complicidad con ese grupo separatista.

Con tal posibilidad sobre la mesa, es necesario insistir en que Encinas, Cárdenas y Briseño están defendiendo la ley y la soberanía nacionales, no encubriendo terroristas. Si las acusaciones de Madrid contra los vascos actualmente presos en el Reno resultan verosímiles o no, y si son, o no, fundamento suficiente para conceder su extradición a España, son asuntos que deben ser resueltos por jueces mexicanos, ministerios públicos mexicanos y abogados defensores mexicanos. Los funcionarios españoles tendrán que darse por satisfechos con el hecho de que sus rogatorias y solicitudes estén siendo tramitadas, entender que sus intromisiones son ofensivas para muchos sectores en el país y asumir que el servilismo que han encontrado en los altos niveles de la PGR no son, de ninguna manera, representativos del sentir nacional.

Quienes tienen a su cargo la institución encargada de la procuración de justicia en el país tendrían, por su parte, que escarmentar con el incidente de ayer y comportarse, en lo sucesivo, con decoro y, sobre todo, con apego a las normas y procedimientos legales vigentes. Garzón podrá tener mucho mérito -y lo tiene- como juez anticorrupción en su país, como promotor de un proceso penal contra Augusto Pinochet y a los ex dictadores argentinos y como solicitante de la extradición del ex torturador Ricardo Miguel Cavallo, pero ni esos episodios plausibles de su trayectoria, ni su investidura española, ni su fama mundial, ni el tratado de extradición bilateral, ni su arrogancia ni su prepotencia, le autorizan pasearse con aires de corregidor colonial por reclusorios, juzgados y ministerios públicos mexicanos. Y la que tiene obligación de hacérselo entender así, aunque sea para evitar nuevos episodios embarazosos, es su atenta anfitriona, la Procuraduría General de la República.


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Injerencista y Malhumorado

También hoy en la sección Política dedican un artículo a la reacción por parte de Baltasar Garzón al encontrarse con la sorpresa de que no todos los funcionarios públicos mexicanos son abyectos al estilo de Vicente Fox, Luis Ernesto Derbez, Rafael Macedo y José Luis Santiago. Esto lo publicó La Jornada:

Un visitante malhumorado y de pocas palabras

Alfredo Méndez Ortíz

El visitante llegó hasta el área de aduanas del Reclusorio Norte de esta capital minutos antes de las 11 horas, pero después de ser informado de que no se le daría acceso, regresó a la camioneta Suburban negra en que era trasladado ayer. En punto de las 11:30 se retiró sin lograr su objetivo.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, no pudo ingresar al penal debido a que autoridades de la Dirección General de Reclusorios le negaron la entrada por órdenes del Gobierno del Distrito Federal.

Después de enterarse del impedimento para que estuviera presente en una audiencia con los seis ciudadanos vascos presos en ese penal desde julio de 2003, con fines de extradición a España, al juzgador español -que en todo momento estuvo acompañado por Enrique Molina, fiscal de la audiencia, y custodiado por seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)- no le quedó más que refugiarse en la camioneta con vidrios polarizados.

Después de salir de la puerta de aduanas se trasladó en su vehículo -en el que viajaban ambos funcionarios de la audiencia y dos personas más, entre ellas el chofer- hasta el área de juzgados federales, que está ubicada a un costado del reclusorio. Ahí, con un semblante de enojo e impaciencia, no dejó de hacer llamadas a través de su teléfono celular.

Durante su espera sólo en una ocasión intentó bajar de la Suburban negra, placas 734-RCY, pero cuando se percató de la presencia de dos reporteros que intentaron entrevistarlo, dijo: "No voy a dar declaraciones", y de inmediato cerró la puerta del vehículo.

En punto de las 11:30 abandonó el lugar custodiado por seis motociclistas con uniforme negro, y en cuyos costados tenían los símbolos de la AFI y del águila "mocha" que representa al gobierno de la República.

Detrás de la Suburban negra partió otra camioneta con los vidrios polarizados y sin logotipos.

 



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Lección de Dignidad

La directora del Reclusorio Norte Marcela Briseño ha propinado una lección de honor y dignidad a los inquisidores españoles Baltasar Garzón y Enrique Molina al impedirles el ingreso a dicho centro de detención. Así nos lo informa en su primera plana La Jornada:

Impidió el GDF al juez Garzón inducir interrogatorio a vascos

Ordenó la PGR suspender la audiencia
Blanche Petrich

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la dirección de prisiones capitalinas negaron el acceso de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, al Reclusorio Norte, donde debía realizarse un nuevo interrogatorio a los seis ciudadanos vascos presos desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición a Madrid.


Pese a la insistencia y las presiones del fiscal federal de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe, que actúa como agente del Ministerio Público en este trámite, Marcela Briseño, directora del penal, dio órdenes de detener a la comitiva de los magistrados españoles cuando ya se encontraban en el túnel de ingreso de visitantes, discutiendo con un custodio que insistía en ponerles un sello en el antebrazo. En ese momento, el jefe en turno de la prisión, enviado por la directora, exhortó a Garzón y a Molina a irse. Ambos salieron y por un teléfono interno la directora fue notificada.

-Van enojadísimos, licenciada.

-Con la pena -respondió Briseño-. Yo cumplo órdenes.

Esta actitud de las autoridades del Distrito Federal contrastó con las facilidades que pusieron a disposición de Garzón y Molina los mandos federales -la Procuraduría General de la República (PGR)- para que los magistrados participaran en nuevos interrogatorios a los tres mexicanos que fueron implicados como colaboradores en la trama del supuesto "Colectivo de Refugiados de ETA" en México.

El día anterior, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo, todos exonerados por falta de pruebas, fueron citados a una diligencia que, según declaró la primera a la agencia Notimex, "prácticamente" fue conducida por el juez Garzón.

La directora del penal explicó que, enterados "por la prensa" de que los dos jueces extranjeros pretendían estar presentes en la audiencia prevista para este jueves, sin que hubiera mediado solicitud formal o explicación alguna, el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas, y el director de prisiones capitalinas, Héctor Cárdenas, dieron instrucciones precisas para que no se permitiera el acceso a Garzón y Molina. También cerraron el paso a los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que los custodiaban.

Por su parte, Mario Arzabe demandó a la directora del penal que rectificara y franqueara el paso a los españoles, esgrimiendo "la trascendencia a niveles nacional e internacional" que pudiera tener una negativa. Cuando supo que los extranjeros fueron "invitados a retirarse" del reclusorio, exclamó: "¡Esto va a ser un problema!"

Finalmente, funcionarios de la PGR intentaron disfrazar el incidente "explicando" que el juez Garzón y el fiscal Molina prefirieron retirarse del penal antes de permitir ser "marcados" con el sello de tinta invisible que suele imprimirse en el antebrazo de los visitantes, como una de las medidas de seguridad aplicadas en todas las cárceles del país.

"No fue exactamente así -replicó la directora del penal-. Ellos no tenían autorización para entrar. No iban a hacerlo, independientemente de que se dejaran poner el sello o no."

Dos horas después de la retirada de los españoles y mientras los indiciados vascos eran informados sobre el contenido de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, consistente en un largo interrogatorio para que los procesados ampliaran sus declaraciones, Arzabe ordenó la suspensión de la audiencia, sin explicar a los detenidos y a su defensa las razones. También se opuso a que se levantara y firmara un acta sobre lo ya actuado, como lo exigía la abogada de los vascos, Bárbara Zamora.

Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García ya habían escuchado el cuestionario y se acogieron a los artículos octavo y 20 de la Ley de Procedimientos Penales para no responder. Los otros cuatro -María Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, José María Urkijo y Asier Arronategui- tendrán que esperar una nueva notificación para cumplir con el trámite del citatorio.

El 22 de enero Marcela Briseño recibió un oficio notificando la solicitud de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas para realizar en el penal una ampliación de declaraciones de los seis detenidos, a quienes la justicia de España reclama por nexos con ETA.

Conforme la ley que rige estos procedimientos, a esas diligencias acude sólo personal de la PGR o la autoridad responsable, los acusados y sus defensores. El oficio de la procuraduría no indicó que se trataría de un interrogatorio ajeno a los procesos de extradición -justificación ofrecida ayer mismo por el subprocurador jurídico, Alejandro Ramos- ni mencionaba convenios de cooperación antiterrorista bilaterales.

Mucho menos informaba sobre la asistencia de dos jueces españoles. "De eso nosotros nos enteramos por los medios. Nada justifica la presencia de estos señores", señaló Briseño.

Antes que llegaran los españoles al Reclusorio Norte, el comisionado de la PGR, Arzabe, se adelantó a la oficina de la directora para allanarles el paso. Enterado de que había órdenes de negarles el acceso, el funcionario se mostró abrumado.

Cuando se le informó que la comitiva de Garzón se marchaba y que el juez estaba "enojadísimo", Arzabe pidió a la directora del penal que lo alcanzara para disculparse. La funcionaria no aceptó. El fiscal, entonces, alcanzó a los españoles y subió a su camioneta.

Mientras tanto, la diligencia fue iniciada por la agente del Ministerio Público Aurora Ramírez, quien ha tomado las declaraciones ministeriales de los seis vascos en las audiencias anteriores relacionadas con el proceso.

Después de permanecer dentro del vehículo de Garzón, frente al área de juzgados, Arzabe regresó al penal y se dirigió a la sala de juntas de la dirección, donde se realizaba la audiencia que él mismo había solicitado, y ordenó que el trámite se suspendiera. Ante el desconcierto de los involucrados, Ramírez y su asistente empacaron los expedientes y la computadora portátil.

La "comisión rogatoria" solicitada por Garzón a la PGR consiste en nuevos interrogatorios a los indiciados, tanto a los mexicanos ya liberados por falta de pruebas, como a los vascos, que recientemente ganaron un amparo en el que se declara "ilegal" la forma en que fueron capturados, el 18 de julio del año pasado.

Son más de 50 preguntas para cada uno en torno a la investigación sobre la presunta infraestructura que ETA habría desarrollado en España y México.

La petición de la abogada Zamora de que se firmaran las actas sobre lo ya actuado fue rechazada por Arzabe, quien arguyó que el disquete en el que se estaba registrando la audiencia es "del juez Garzón", y que decía que el trámite se había realizado en su presencia y la del fiscal Molina. Como ese texto original no podía ser modificado, y la presencia física de los españoles no tuvo lugar, no se elaboró el acta legal.

De este modo quedó en suspenso el trámite solicitado por la justicia española. A Zamora y a Briseño se les informó extraoficialmente que la diligencia será reanudada el próximo lunes en el mismo lugar. Pero en caso de que la PGR pretenda trasladar a los seis vascos y realizar el interrogatorio en otra dependencia (como se hizo el miércoles con los mexicanos Castro, Sosa y Camarillo, en la sala de juntas de la oficina del subprocurador de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos), la directora del penal deberá recibir la orden de un juez para autorizar esa acción.






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