jueves, 31 de enero de 2002

El Fundador del Estado Vasco

Hemos ya hablado de Navarra como el referente histórico, jurídico y político del estado vasco y ya mencionabamos a Eneko Aritza en la entrada titulada "Nafarroa: Orígenes", pues bien, recién se ha publicado este escrito acerca de un comentario de Arturo Campion al respecto:

Eneko Aritza, rey de Pamplona, fundador del estado de Nabarra

Euskal Herria, 2002ko Urtarrilla

"Su corona, el yelmo; su trono, la silla del caballo; su cetro, la espada"

Así presenta Arturo Campión a nuestro héroe y primer rey, cuya larga vida fue consagrada a la consolidación, la defensa, y el engrandecimiento del Reino que lideraba y que había de durar mil años.

De linaje enraizado en la tierra, acaso de la familia de los Duques de Vasconia que rebelde al ocupante franco vióse obligada a exiliarse a tierras del sur; tuvo la habilidad de tejer una sólida red de alianzas político-familiares con los dirigentes del país dispuestos a desarrollar una decidida acción política para sacudirse la dominación del Imperio franco debilitado por desavenencias políticas internas.

En Pamplona se suceden gobernadores francos y cordobeses. En el Valle del Ebro sus parientes Banu Qasi se mantienen independientes de Córdoba. En el condado aragonés el poder carolingio se ha desmoronado. Hay voluntad y fuerza suficiente para intentar constituir una organización política propia libre de control extranjero. Las tropas de los condes Eblo y Aznar, que pretendían el restablecimiento de la autoridad franca, son deshechas en Roncesvalles por las fuerzas unidas de Pamplona, Jaca y Tudela.

La toma de posesión de Pamplona es decisiva a la hora de la constitución de una entidad política que se va dotando de todos los atributos de la soberanía y de la realeza, en un proceso de incorporación de nuevos territorios vascos. Terminan los sueños carolingios de dominación del sur pirenaico. La frontera meridional vascona es segura por el momento. La intención es clara: la expulsión del ocupante franco de todo nuestro territorio, desde las orillas del Garona hasta las tierras del Ebro en posesión de los parientes y aliados premusulmanes.

Se conjuga una estrategia política inteligente de acumulación de fuerzas y de labor expansiva, de complicidad de clérigos y monasterios, con el ardor patriótico y la fuerza militar.

Año de gracia 824. El que será el Estado nacional de los vascos ha iniciado su andadura.



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martes, 29 de enero de 2002

Nula Libertad de Expresión

Continuando con el tema de las violaciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión de los vascos por parte de Madrid les presentamos este artículo publicado en La Jornada:


"No se nos exige nitidez en la información, sino condenar", denuncia Mertxe Aizpurua

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Con el proceso judicial contra dos diarios vascos nacionalistas abierto por Madrid, que el verano pasado publicaron entrevistas con voceros de ETA, se "pretende cercenar los espacios de libertad de expresión", asevera la directora de Gara, Mertxe Aizpurua. "Se trata de criminalizar todo el nacionalismo", considera su colega de Euskaldunon Egunkaria, Marxelo Otamendia.

Aizpurua y Otamendi comparecieron el pasado 18 como imputados de varios delitos de terrorismo ante el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, quien tiene a su cargo la mayoría de los procesos abiertos contra miembros de la organización independentista vasca ETA y su llamado "entorno".

Gara y Euskaldunon Egunkaria publicaron el 7 de julio de 2001 entrevistas con voceros de ETA, a lo que la Fiscalía General del Estado respondió con una querella criminal, en la que acusó a los periodistas de inducir al asesinato y de seleccionar los objetivos del grupo armado.

Aizpurua y Otamendi han sido citados en dos ocasiones a comparecer ante los tribunales: la primera el 15 de julio, en calidad de testigos y, como imputados, el pasado 18. A pesar de la petición de prisión incondicional del fiscal, Pedro Robira, Garzón decretó la "libertad sin restricciones" para ambos, por considerar que no existía riesgo de fuga.

Más aún, Robira presentó un recurso el sábado pasado en el que reitera a Garzón su petición de prisión incondicional para Aizpurua y Otamendi.

En entrevista con La Jornada, Mertxe Aizpurua, de 42 años, defendió el derecho a la libertad de expresión y denunció que el gobierno del presidente español, José María Aznar, tiene la estrategia de "criminalizar" al conjunto del nacionalismo vasco.

"Creo que la acusación lo que pretende es cercenar los espacios a la libertad de expresión, y que hacerle una entrevista a ETA sea considerado delito y, después, que la publicación de los comunicados de ETA también sea delito. Esto quiere decir que se irá recortando la libertad de expresión respecto del tema vasco", indica la directora de Gara.

"Dos varas de medir"

Considera que las críticas que tanto ella como Otamendi han recibido por no ser incisivos durante la polémica entrevista "son como las dos varas de medir que se aplican constantemente al conflicto vasco. A nosotros se nos exigen posicionamientos o que seamos muchísimo más críticos con las organizaciones armadas. Sin embargo, esa exigencia que se nos pide, en la mayoría de los casos desde el gobierno español, lo que pretende es crear una especie de realidad virtual, en la que no se está contando todo lo que está pasando aquí.

"El coctel de esa combinación es fatal, pues al no hablar los otros medios de un tipo de violencia que está ocurriendo (la dispersión de los presos), combinándolo con hablar mucho del otro sufrimiento (el de las víctimas de ETA), que también existe y es real, es dar una visión distorsionada del problema".

Aizpurua habla del papel de Gara como medio de comunicación en el País Vasco. "Somos proindependentistas, en principio somos un periódico plural y abierto a todas las opiniones, tal como pueden dar testimonio de ello nuestras páginas. Nosotros lo que sí pedimos en nuestra línea editorial es que Euskal Herria pueda tener derecho a decidir su propio futuro. En cuanto a nuestro papel, creo que hay un principio que serviría para cualquier medio de comunicación, que es el de la honestidad responsable. En ese sentido, nosotros no dejamos de publicar ninguna información y en ocasiones publicamos opiniones contrarias a nuestra línea editorial.

-En todo caso se les pide que sean más nítidos en el momento de rechazar los asesinatos de ETA...

-No nos exigen nitidez, pues nuestro planteamiento es bastante nítido, otra cosa es que lo quieran ver. No, lo que nos exigen es la condena, pero yo parto del principio de que nosotros tenemos derecho a opinar de una determinada forma.

"Ahora, si yo pensara que habría una posibilidad de que por nuestra condena, o la de la izquierda abertzale, llegara la solución a este país, estoy segura que nadie se negaría a decir esta palabra para evitar este conflicto... Pero ocurre que con la petición de condena lo que se exige en realidad es de alguna forma la aquiesencia con el poder y con el planteamiento del gobierno español, que en estos momentos -y lo ha dicho claramente- no quiere ni el diálogo político ni el racional ni el social."

-¿Es esa entonces la raíz de pretender criminalizar a Gara y Euskaldunon Egunkaria?

-Yo creo que sí; últimamente además, la disidencia o la manifestación de cierta oposición a lo que el gobierno español quiere imponer se está castigando duramente y esto se hace en muchos ámbitos, en el comunicativo también. Los intentos de criminalizar a Gara son muchos, no sólo es por nuestro posicionamiento respecto de ETA o de la información del tema de los presos, que nosotros sí damos, mientras que el resto de los medios no, pues hay que recordar que este conflicto deja tras de sí un pozo de sufrimiento tremendo y por todas las esquinas; en este momento hay casi 600 presos repartidos por toda la geografía del país, lo que conlleva que mucha gente más viva sometida a ese sufrimiento y a esa presión.

-¿Desde cuándo milita en la izquierda abertzale?

-No soy militante de la izquierda abertzale, pero sí soy simpatizante, de alguna forma también por el registro familiar, pues cuando yo nací no se podía aprender el euskera, fui educada en castellano y todo el tiempo he vivido bajo la presión del Estado español, porque España se nos hace ajena y esto no sería un problema si no tuviéramos que vivir al dictado de España. Entonces, desde un punto de vista abertzale vives en tensión permanente entre lo que sientes y lo que puedes ser, a lo que se van sumando tus historias personales.

-Supongo que entre esas historias personales se refiere a la encarcelación y condena de su compañero Andoni Murga Zenarruzabeitia (condenado a 39 años de cárcel en 1998 por pertenencia a banda armada y por un atentado con explosivos contra una fábrica).

-Así es, Andoni está en una cárcel de Valladolid, pero creo que los vascos tenemos una desventaja en la que de alguna forma nos habituamos a situaciones que no deberían ser consideradas como normales. Ni siquiera me quejo de la distancia y de las dificultades para mantener una comunicación directa y continuada con él, motivada por las trabas que se imponen a los presos que están en la cárcel por una cuestión política. Pero todo esto se sobrevive en ocasiones a base de buen humor, te vas haciendo a lo que hay...

-¿Crees que termine alguna vez toda esta locura?

-Yo soy optimista y creo que sí, pues aquí hay un sentimiento que es el que no va a morir nunca, obviamente tampoco con la estrategia policial del gobierno de Aznar, aunque es posible que por las vías represivas consiga aniquilar a todos los agentes disidentes, o que sea tanto el sufrimiento que al final la gente se canse y diga que no merece la pena luchar por este país. Yo creo que no, pero es posible que suceda, y por eso es importante que no haya cierres en falso de los problemas, porque de otra forma el tema vuelve a salir y la historia tiene ejemplos sobrados de esto.

Maniobra política

Martxelo Otamendi dirige el único diario vasco escrito en su totalidad en euskera, periodista de nutrida trayectoria que, sin embargo, hoy se enfrenta al estigma judicial de ser presunto miembro de una organización terrorista.

Tras su comparecencia ante Garzón, Otamendia expone sobre el proceso: "Es un cúmulo de despropósitos porque no tiene ningún sentido inculpar a dos periodistas que nos hemos limitado a ejercer nuestra profesión. Egunkaria da voz y presta atención a todo lo que dicen o hacen los agentes sociales del conflicto vasco, entre ellos ETA, por lo que no tenía ningún sentido que nosotros nos negáramos a entrevistar a este agente del conflicto.

"Nosotros valoramos la imputación como una maniobra política del gobierno español para cercenar la libertad de expresión, pues ya no saben de qué gancho colgarse para imputarnos ser miembros o colaboradores de ETA, con la esperpéntica idea de que nosotros señalamos los objetivos, cuando yo creo que ninguna organización armada necesita que nadie le señale los objetivos."

Sobre las causas de la acusación, señala: "Yo creo que se trata de criminalizar a todo el nacionalismo, ya no sólo a la izquierda abertzale, pues me parece que ya han pasado ese estadio y ahora se intenta implicar a ETA con el PNV y al PNV con ETA. Tenemos un conflicto de 40 años; toda la gente se está quejando todo el tiempo, pero no va al médico".

El gobierno español, insiste, debe respetar "la voluntad de los pueblos y que se reconozca el derecho a este pueblo a decidir, pues este país es plural y la decisión final depende de los ciudadanos".



Lo realmente grave es que los medios noticiosos internacionales hacen mutis con respecto a esta flagrante violación de derechos por parte del Estado Español.


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lunes, 28 de enero de 2002

GAL : La Guerra Sucia del PSOE

Ahora que José Luis Rodríguez Zapatero está por México hablando de conceptos como democracia y justicia y felicitando al vasco-mexicano Vicente Fox Quesada por permitir que las fuerzas represivas españoles actúen impunemente en México en contra de los exiliados y refugiados políticos vascos es bueno recordar lo que su partido, el PSOE, organizó e implementó durante el tiempo que su líder moral era el ministro de más alta gradación en el gobierno franquista de Juan Carlos Borbón, recordemos pues la guerra sucia del PSOE y el grupo terrorista español denominado GAL.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL fueron agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo independentista vasco ETA y la población civil vasca en general, durante la década de los 80 Fueron creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español del presidente Felipe González.

Aunque decían combatir a ETA, en varias ocasiones atentaron contra simples militantes de la izquierda independentista vasca y contra ecologistas. También realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.

Los GAL fueron objeto de las investigaciones del periódico El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y por otros periodistas como Pepe Rei. Estas investigaciones sirvieron para exponer a la opinión pública la organización, fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL.

Durante la dictadura de Franco y la monarquía franquista de Juan Carlos Borbón (sospechosamente llamada "la transición") con los gobiernos de Unión de Centro Democrático existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno. También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A, ...)

Los casos del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo independentista de las Islas Canarias) en 1978, imputado a agentes con el apoyo directo del Ministerio del Interior español, o del secuestro, malos tratos, tortura y simulación de ejecución del director del semanario El Doblón, José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo denunciando la purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la opinión pública española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato de represión del Estado.

Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos. Actuaron principalmente en Iparralde, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en Hegoalde y otras zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, pero también afectaron a gente sin relación aparente con la resistencia anti-franquista.

El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.

El caso "Segundo Marey". En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un dirigente de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaia. Una hora después del secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de Dancharinea (Navarra).

En diciembre de 1987 Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 13 años de prisión por su secuestro. Sánchez había muerto en prisión, según Talbi envenenado. El mercenario del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura superior de policía.

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra militantes de ETA en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar "Batxoki", de Baiona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de Donibane Lohitzune. También recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefiró la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas, lo que fuera con tal de reducirles las posibles penas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama, para beneficio claro de Felipe González y muchos otros funcionarios públicos de alto nivel.

El abogado defensor de los policías consideró que el tribunal había vulnerado «de manera clara y rotunda el principio de presunción de inocencia», algo que la justicia española reserva únicamente para indiciados vascos. Por otro lado, el abogado de la acción popular presentada por la Asociación contra la Tortura criticó la sentencia, especialmente el rechazo del tribunal a condenar a los acusados por integración en banda terrorista. «Que la sentencia sostenga que Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables, significa negar la posibilidad del terrorismo del Estado.»

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el ex-jefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, por si hubiera alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL. Su investigación de los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue encarcelado en diciembre de 1994 acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de fondos públicos, tres días después de que Amedo y Domínguez aportaran al juez Garzón información sobre aquel hecho. También fueron detenidos Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Los partidos políticos manifestaron su preocupación por las repercusiones políticas de la reapertura del caso GAL. Rodrigo Rato, portavoz del PP en el parlamento, declaró: «No estamos ante un tema judicial y penal sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno, dé explicaciones al Congreso sin que sea obligado por la oposición». José Luis Galán, abogado de la acusación popular del caso GAL vinculaba la detención de Sancristóbal con la financiación de los GAL con cargo a los fondos reservados «Nosotros siempre hemos tenido la firme y vehemente sospecha de que Sancristóbal estaba muy cerca no sólo de la financiación, sino de la organización de los GAL». El ex ministro de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando», prueba de que en el estado español los criminales se defienden entre sí.

En febrero de 1995 Amedo declaraba en una entrevista en Tele 5 que Sancristóbal acabaría por derrumbarse, y que revelaría todo lo que sabía sobre el GAL. Según decía el ex subcomisario, Sancristóbal le había dicho: «Si van a por mí, hundiré al presidente». El Partido Popular solicitaba que el Fiscal General del Estado informara sobre los GAL ante la comisión de Justicia e Interior. El 17 de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de lo que el gobierno español por alguna obscura razón llaman la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983. Mientras el Gobierno manifestaba «perplejidad y dolor» por el encarcelamiento de Vera, el líder de la oposición, José María Aznar, declaraba que «El Gobierno y su presidente tienen ahora ante la opinión pública mucha más responsabilidad política que antes». También ingresó en prisión Ricardo García Damborenea, ex secretario regional de los socialistas vizcaínos, en ese momento próximo al Partido Popular, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato por su presunta implicación en el secuestro de Marey.

El caso Amedo. El 20 de febrero, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la reapertura del sumario principal de los GAL, conocido popularmente como caso "Amedo", sin limitar las posibilidades de investigación, y remitirlo al juez Baltasar Garzón. En sus razonamientos jurídicos la Sala decía textualmente que se reabría el caso con el fin de que «el instructor practique las diligencias que estime oportunas, ante la aparición de nuevos elementos de investigación»y recordando que el Fiscal General del Estado había apuntado la «evidente conexidad de los hechos aparecidos en el sumario 17/89 (secuestro de Segundo Marey) con los instruidos en el 1/88 (caso Amedo)». Desde el Ministerio de Interior se recomendaba dejar trabajar a los jueces, pero se otorgaba poca credibilidad a las declaraciones de Amedo.

El juez Baltasar Garzón ordenó en marzo de 1995 el ingreso en prisión del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de los mismos seis asesinatos frustrados por los que fueron condenados Amedo y Rodríguez, por haber organizado y financiado los atentados de los GAL contra los bares «Batzoki» y «La Consolation», a lo que se añadía el delito continuado de malversación de fondos reservados. El ex jefe del mando antiterrorista Francisco Álvarez quedaba en libertad por falta de pruebas, esas que no se han necesitado para cerrar Ardi Beltza o Zabaltzen. En mayo Amedo le entregó al juez Garzón una cinta con 20 minutos de una conversación con Sancristóbal que había grabado en secreto, en la que quedaba claro que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL.

En julio de 1995 una resolución de la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional confirma el auto de procesamiento de Rafael Vera, quien sale en libertad bajo fianza, bajo la consideración de que la alarma social por el caso había descendido. Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al ex ministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL, quien al mantener su condición de aforado al entrar en la lista de miembros de la Diputación Permanente del Congreso sólo podía ser procesado por el Tribunal Supremo, siendo necesaria la autorización previa de la Cámara. El 19 de julio Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón en privado la estructura de los GAL. Mencionó la existencia de cuatro GAL: el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del Cesid y el GAL francés, y explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada. Al día siguiente García Damborenea declaró ante Garzón autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey. También implicó a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA. Felipe González negó todas las acusaciones de Damborenea, ex-socialista y próximo en la época al PP, considerando que era una estrategia que buscaba implicar hasta el más alto nivel buscando una ley de punto final para el GAL, lo que calificó de «disparate». El 21 de julio el PSOE confirmó que González no quería volver a ser candidato a la presidencia, y anunció que su sucesor sería elegido en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre. Una semana después, el juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.

En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aseguraba en su informe que las imputaciones de García Damborenea contra el presidente del Gobierno no reunían «las condiciones de verosimilitud y fundamentación mínimamente precisas» para solicitar un suplicatorio en su contra. Sin embargo, las imputaciones de cuatro de los procesados contra Barrionuevo eran «precisas, reiteradas y concordantes». El 23 de noviembre de 1995 el Congreso aprobó por 204 votos a favor, 122 en contra y 10 abstenciones la autorización para que el Tribunal Supremo puediera llamarle a comparecer como imputado en el caso GAL.

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad del Estado para salvaguardar la propia. En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras analizar los informes del CESID, decidió desclasificar algunos de ellos, decisión recibida con satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos desclasificados ya eran conocidos. El gobierno de Aznar comunicó que acataría las decisiones que tomara el Tribunal Supremo.

La especulación en torno al grado de conocimiento y participación del gobierno en las actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X" (nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente del entramado GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el entonces Presidente del Gobierno declarase, en relación con los GAL, que "me enteré por la prensa". El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González no permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL.

El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de conclusiones, pero aclaro la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron los jueces.

Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo condenados por el Caso Marey. El gobierno de Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera el año 1998.

En sus cuatro años de historia, el GAL cometió más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban militantes de ETA. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, el GAL reconoció haber equivocado su objetivo o pidió disculpas.

- 16 de octubre de 1983: secuestro de los miembros de ETA José Lasa Arostegui "Joxean" y José Ignacio Zabala "Joxi" en Baiona (Francia). Posteriormente fueron asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Los cuerpos aparecieron en enero de 1985 pero no fueron identificados hasta 1995 a raíz de las investigaciones realizadas por el comisario Jesús García, que falleció precisamente durante la celebración del juicio en 1996. En dicho juicio resultó condenado, entre otros, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

- 18 de octubre de 1983: intento de secuestro en Baiona por parte de cuatro policías españoles del dirigente etarra José Mari Larretxea Goñi. Los cuatro agentes fueron detenidos in fraganti por gendarmes franceses.

- 4 de diciembre de 1983: secuestro de Segundo Marey en Hendaia, al confundirlo con Mikel Lujúa (presunto miembro de ETA), por parte de mercenarios franceses contratados por la policía española. Se exigió a Francia la liberación de los policías españoles detenidos en octubre. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre, y Marey el día 13.

- 19 de diciembre de 1983: asesinato del presunto militante de ETA Ramón Ofiaederra Vergara "Kattu" en Baiona.

- 29 de diciembre de 1983: asesinato por parte de un francotirador del GAL del presunto dirigente etarra Mikel Goikoetxea "Txapela", cuando estaba abriendo la puerta del coche en Baiona. Muere a los pocos días en Burdeos

- 8 de febrero de 1984: ametrallamiento y asesinato de dos presuntos miembros de ETA, Vicente Perurena Telletxea y Angel Gurmindo Lizarraga "Stein" en Hendaia.

- 25 de febrero de 1984: asesinato por medio de un disparo de un francotirador del miembro de ETAm Eugenio Gutiérrez Salazar "Tigre" en Idauze-Mendi.

- 1 de marzo de 1984: asesinato por un disparo al corazón del trabajador ferroviario Jean Pierre Leiba en Hendaya, sin ninguna relación con ETA. Un autodenominado portavoz declinó cualquier responsabilidad del GAL en el asesinato, y negó que los cuatro detenidos en Irún acusados del asesinato fueran miembros del mismo.

- 23 de marzo de 1984: asesinato del presunto dirigente de ETA Javier Pérez Arenaza Fogorb, cuñado de "Txomin" Iturbe, en una gasolinera de Biarritz.

- 3 de mayo de 1984: asesinato por disparos del presunto miembro de ETA Rafael Goikoetxea. Resulta herido su compañero Jesús Zugarramurdi "Kixkur", supuesto dirigente de ETA, en Baigorri.

- 26 de mayo de 1984: secuestro, apaleamiento, malos tratos y posterior liberación de dos miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo en Algorta. El GAL reconoce que el segundo fue un error.

- 15 de junio de 1984: asesinato por medio de una moto bomba del presunto dirigente de ETA Tomás Pérez Revilla y el refugiado vasco Ramón Orbe, en Biarritz. El primero muere a los pocos días y el segundo resulta herido.

- 10 de julio de 1984: atentado en el Bar Consolation de Donibane Lohitzune por medio de un artefacto explosivo. Resultan heridos tres vascos supuestamente vinculados a ETA, José Oliva Gallastegui, Bonifacio García y Juan Jaúregui Aurria.

- 18 de noviembre de 1984: asesinato por disparos desde una moto del bailarín Christian Olaskoaga en Biriatu. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El hermano de Christian, Claude, resulta herido. El GAL reconoció posteriormente el error.

- 20 de noviembre de 1984: asesinato por disparos del concejal y dirigente de HASI Santi Brouard, miembro de la Mesa Nacional de HB, en su propia consulta médica localizada en Bilbao.

- 11 de diciembre de 1984: herido por una bomba el refugiado vasco Juan José Iradier en Hendaia.

- Diciembre de 1984: bomba en el coche de Ramón López Abetxuko, responsable de seguridad de ETA.

- 1 de febrero de 1985: herido por disparos el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola.

- 5 de febrero de 1985: herido por un coche bomba Christian Casteigts en Baiona. Sin relación con ETA ni con su entorno.

- 4 de marzo de 1985 : son ametrallados en el bar "Lagunak" Josu Amantes y Ángel Zabaleta, ambos heridos.

- 26 de marzo de 1985: herido de gravedad por disparos el presunto miembro de ETA Ramón Basañez Jauregui en Ziburu.

- 29 de marzo de 1985: ametrallamiento contra el Bar "Les Pyreneés" en Baiona. Es fatalmente herido Benoit Pecasteing y son heridos Jean Marc Mutio y Pedro José Pikabea, presunto miembro de ETA. Detenido in fraganti Pierre Baldés.

- 30 de marzo de 1985: asesinato por disparos del fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano en Donibane Lohitzune.

- 14 de junio de 1985: ametrallamiento al bar "Trinkete" en Ziburu. Son muertos Emile Weiss y Claude Doer. No tenían ninguna relación con ETA.

- 26 de junio de 1985: asesinato por disparos en Baiona del supuesto miembro de ETA Santos Blanco Gonzalez "Aitite".

- 8 de julio de 1985: herido el refugiado vasco Juan Carlos Lezertua en Ziburu.

- 16 de julio de 1985: bomba en el coche de Fernando Eguilior en Angelu.

- 2 de agosto de 1985: asesinato del presunto miembro de ETA Juan Manuel Otegui Elizegui "Txato" en Donibane Garazi.

- 31 de agosto de 1985: herido por disparos en Donibane Lohitzune, Dominique Labeyrie. No tenía ninguna relación con ETA. El GAL reconoció el error.

- 4 de septiembre de 1985: atentado contra el presunto militante de ETA Jose Arraztoaga en Donibane Garazi.

- 25 de septiembre de 1985: ametrallamiento al bar "Monbar" en Baiona. Son asesinados los presuntos miembros de ETA José Mari Etxaniz Maiztegi "Potros", Iñaki Asteasuinzarra Pagla, Agustín Irazustabarrena Urruzola "Legra" y Sabin Etxaide Ibarguren "Eskumotza" y herido Jean Iriarte. Fueron acusados Lucien Mattei y Pierre Frugoli. Este hecho inspiraría posteriormente la canción Hotel Monbar del grupo de rock Kortatu.

- 4 de diciembre de 1985: sale ileso de un intento de asesinato Fernando Biurrun en Heleta.

- 6 de diciembre de 1985: intento de atentado contra la asociación Argilo en Hendaia.

- 24 de diciembre de 1985: herido gravemente en Biarriz Robert Caplanne, muerto el 3 de enero a causa de sus heridas. No tenía ninguna relación con ETA. Acusados 5 miembros de la ultraderecha CEDADE e Ismael Miquel Gutierrez.

- 8 de febrero de 1986: ametrallamiento al bar "Batxoki". Heridos Frederic Haramboure (presunto miembro de ETA), José Cau, Juan Luis Zabaleta Elósegui, Carmen Otegui y las niñas Nagore Otegui y Ainitze Zabaleta. Acusados José Paulo Figueiredo Fontes (detenido), Rogerio Carvalho da Silva y Antonio Ferreira.

- 17 de febrero de 1986: asesinato por disparos de Christophe Matxikote y Catherine Brion. No tenían ninguna relación con ETA.

- 24 de julio de 1987: asesinato por disparos de Juan Carlos García Goena. Aunque el atentado no fue reivindicado los detenidos acusaron al GAL de haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA.

- 20 de noviembre de 1989: asesinato por disparos en el hotel Alcalá de Madrid del parlamentario de Herri Batasuna, Josu Muguruza. Resultó herido Iñaki Esnaola. Aunque se hizo una llamada en nombre de los GAL, no es fiable y fueron acusados formalmente Angel Duce y Ricardo Sáenz de Ynestrillas, sin ninguna relación con los GAL.

Los condenados por el Tribunal Supremo en el "Caso Marey" fueron:

José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación.

Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación.

Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo.

Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.

Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.

Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.

Ahora decidan ustedes si la clase política española, especialmente la adscrita al PSOE, puede darse el lujo de llamar terroristas a otros.

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domingo, 27 de enero de 2002

¿Justicia? ¿Al Estilo GAL?

Con este artículo publicado por La Jornada le damos seguimiento a la visita del franquista de izquierdas José Luis Rodríguez Zapatero a México:

La reforma más importante debe ser en materia de justicia: líder del PSOE

Mireya Cuellar, Cayetano Frías y Georgina Saldierna

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que en momentos históricos como los que está viviendo el país, los mexicanos, y particularmente los partidos políticos, deben anteponer el interés de la nación y llegar a acuerdos que permitan avanzar en la transición democrática.

Aseguró, por otra parte, que no le afectan los señalamientos "peyorativos" en torno a que es el "títere" del ex dirigente del PSOE, Felipe González. Puntualizó que ese tipo de calificativos provienen de sus adversarios, quienes por lo limitado de sus ideas recurren a esta clase de eslogans, como es el caso del Partido Popular de José María Aznar.

En conferencia de prensa en el Distrito Federal, y antes durante su estancia en la Universidad de Guadalajara, Rodríguez Zapatero dijo que en las distintas reuniones que tuvo con los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país habló sobre la experiencia española para lograr la transición democrática.

"Les transmití mi convencimiento de que en momentos históricamente relevantes como el de México, la actitud de llegar a grandes acuerdos entre las fuerzas políticas es un camino sembrado de posibilidades", agregó.

Recordó que la estrategia de los españoles consistió primero en "llegar a grandes acuerdos entre los partidos políticos, en donde todas las fuerzas políticas demostraban que estaban en la política para los ciudadanos, no para la política. En segundo lugar, tomamos como gran esfuerzo colectivo la educación. Esas son las claves de la utopía, acertar el rumbo, compartirlo y, desde luego, trabajar por ello". En el caso de México estimó que la reforma más importante es la de la justicia y apostar a la lucha contra la pobreza.

Sobre el debate que se ha generado por el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial del PRI, señaló que ese tipo de circunstancias obstaculizan los acuerdos entre los partidos. Sin embargo, consideró que las fuerzas políticas deben ser prudentes y esperar que las investigaciones determinen las responsabilidades, si es que existen.

El político español calificó la política del presidente Vicente Fox respecto de la ETA y sus integrantes, como favorable a su país, pues el terrorismo sólo provoca dolor y desesperanza.

Sobre los reveses electorales del PSOE, así como de sus divisiones internas, sostuvo que desde su pasado congreso -hace 18 meses- el partido trabaja para volver a tener la simpatía de la ciudadanía en las elecciones de 2004.

Ante las críticas que lo ubican como títere de Felipe González dijo que ese es un eslogan de sus adversarios. "Cuando la capacidad de controversia en el terreno de las ideas es muy limitado, como es el caso del Partido Popular, los eslogans deben tener un componente peyorativo; pero eso no me afecta".

Continúa...


Bueno, este habla por que la lengua no tiene hueso, muy ducho en las artes de impartición de justicia él, quien pertenece a un partido político que a las herramientas típicas de un estado represor agregó el uso de un grupo paramilitar para sembrar terror en Euskal Herria. Sinvergüenzas es lo que son tanto él como Felipe González.

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viernes, 25 de enero de 2002

Fox Obsequioso Con Zapatero

El artículo que están por leer ha sido publicado en La Jornada:


Agradece el PSOE apoyo de Fox a la lucha contra ETA

J. M. Venegas, A. Urrutia y R. Dávalos

En nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, agradeció al presidente Vicente Fox Quesada los "permanentes gestos" y el "compromiso" que el gobierno mexicano ha tenido con España para combatir a la "banda terrorista" ETA.

"Compartimos esa política, esa actitud, y el deseo de que se mantenga", dijo el dirigente partidista español en una improvisada conferencia de prensa en el patio de la residencia oficial, luego de entrevistarse con el mandatario mexicano.

En tanto, a pregunta expresa, hizo un balance de los encuentros que durante su visita a México tuvo con las directivas de las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD). "Las he animado a fortalecer las áreas de acuerdo, en el entendido de que México está en un momento de transición y de definición del futuro", expuso.

Destacando la "experiencia modélica" de la transición española, Rodríguez Zapatero consideró que los partidos políticos tienen que ser, ante todo, organizaciones relevantes para la sociedad y estar al servicio de ésta", y en el caso concreto de la izquierda en México, comentó que tiene ante sí un debate esencial de modernización, porque esa tendencia debe ser la que encabece también la lucha por el estado de derecho, por la transparencia y por lo que es la lucha contra todo tipo de irregularidades que se pueden producir. "Eso es modernidad, progreso y avance social", dijo el dirigente.

Continúa...


Curioso esto de leer que un dirigente político que se dice socialista anda por el mundo agradeciendo las muestras de complicidad para con la criminal represión del gobierno del Partido Popular en contra del pueblo vasco, y es que cuando se trata de Euskal Herria, la izquierda y la derecha en España son las dos cabezas de la misma rata de cloaca.

Lo más triste es que el presidente mexicano Vicente Fox es vasco, así es, su progenitora es originaria de Donostia. Su traición a su propio pueblo al plegarse a la estrategia represiva del estado español es peor que la de Aznar.

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Gestoras Ilegalizada

En el estado español saben exactamente que hacer cuando el obstáculo para violentar los derechos del pueblo vasco es la propia ley española, simplemente le dan la vuelta. Es así como el represor Baltasar Garzón ha logrado ilegalizar a una ONG que se encarga de darle apoyo a los presos políticos vascos. Más información al respecto en esta nota de La Jornada:

Ratifica Garzón la ilegalidad de Gestoras pro Amnistía, defensora de separatistas vascos presos

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, ratificó en un auto judicial la ilegalidad de las actividades de la organización Gestoras pro Amnistía, dedicada a defender los derechos de separatistas vascos presos, y en el que además advierte que adoptará la misma medida judicial "contra las sucesivas organizaciones que la sustituyan", citando expresamente a Askatasuna (Libertad), de reciente creación.

La parlamentaria de la coalición Batasuna, Jone Goirizelaia, afirmó que el auto dictado el pasado día 21 y trasladado este miércoles a las partes por Garzón demuestra que "estamos ante un Estado que, desde su punto de vista, quier dar ejemplo de limpieza democrática para seguir vulnerando derechos fundamentales con la más absoluta impunidad".

La legisladora de dicha coalición, considerada por Madrid brazo político de la organización armada vasca ETA, agregó que "si el Estado quita de en medio a testigos incómodos", quienes han denunciado, entre otras cosas, torturas y otras violaciones a los derechos humanos de separatistas presos, "se podrá seguir utilizando la política cruel contra los presos políticos, vulnerando sus derechos aplicando leyes antiterroristas".

El auto judicial de Garzón sostiene que Gestoras pro Amnistía forma "parte integrante de ETA-KAS-Ekin", tal como quedó asentado en un documento emitido el pasado 21 de diciembre. Se afirma, además, que Askatasuna" será objeto de una resolución aparte", pero que dicha organización será objeto de las mismas medidas adoptadas contra su antecesora Gestoras, pues "mantiene los mismos postulados y actividades que fraudulentamente quieran desconocer".

El juez asevera que Gestoras, organismo que oficializó su desaparición en una comparecencia pública cinco días antes de ser declarada ilegal, ha sido sustituida por Askatasuna, a la que se considera su equivalente político, y por lo tanto, susceptible de ser también declarada ilegal.

Garzón aseguró, al igual que en el texto judicial por el que encarceló y procesó a 13 ciudadanos vascos vinculados con el movimiento pro Amnistía, que Gestoras es una estructura "creada por la organización terrorista ETA-KAS-Ekin, con la única finalidad de contribuir a la realización de los mismos objetivos delictivos perseguidos por todo el complejo".

Además, el juez califica de "descabellado e inconcebible" que en el recurso presentado por la defensa de Gestoras pro Amnistía se equipare a este organismo ya desaparecido con Amnistía Internacional. Asimismo, Garzón desestima también el que la defensa de la organización haya denunciado que las declaraciones de los miembros de Gestoras se hayan obtenido bajo tortura. "Es un mero argumento de impugnación que demuestra la falta de solvencia de la argumentación", sostiene.

La abogada Goirizelaia, por su lado, subrayó que la gravedad de la medida contenida en la resolución de Garzón, a la que calificó de ser decidida por el gobierno español, es con el único objetivo de "desaparecer el movimiento en favor de los presos y en favor de sus derechos".

Explicó que Askatasuna ha transmitido a la sociedad las vulneraciones de derechos que acarrean la aplicación del régimen de incomunicación a los detenidos, la política de dispersión y la utilización de la "legislación antiterrorista". Citó como ejemplo que el nuevo organismo, en su breve existencia, ha difundido el testimonio de torturas sufridas por Susana Altxarandio y Juan Cortés, detenidos el pasado día 17, durante los cinco días que estuvieron incomunicados y en poder de la Guardia Civil.

La legisladora añadió que el auto de Garzón tiene una base de "persecución política clara. Si en el pasado se persiguió a la cultura vasca, al euskara y a la desobediencia civil, ahora se concreta en el movimiento de defensa de los derechos de los presos y en la denuncia de la vulneración de esos derechos". Sotuvo que si Askatasuna es declarada ilegal, los derechos de los presos serán defendidos "por la propia sociedad vasca".


Este tal Garzón anda destapado, cuando no amenaza a periodistas vascos en un claro ejercicio de represión a la libertad de expresión anda por allí amenazando a los que se atreven a defender los derechos de los presos políticos vascos. Es obvio que en España la división de poderes es solo un mito, un párrafo escrito en un papel al que ni los leguleyos de la Audiencia Española ni la clase política dan valor alguno.


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viernes, 18 de enero de 2002

Garzón contra la Libertad de Prensa

"Lanza la acusación que siempre algo queda".

Bajo el anterior principio ha actuado el inquisidor Baltasar Garzón al citar a los directores de dos periódicos vascos acusándolos de haber delinquido por haber publicado sendas entrevistas a militantes de la organización antifascista ETA.

Los ha liberado, pero la etiqueta de colaborar con el terrorismo - que es como las metrópolis siempre se refieren a quienes luchan en contra del imperialismo - va a permanecer con ellos. De eso se trataba precisamente.

Ahora bien, es de extrañar que no se hayan ya levantado voces en la comunidad internacional para exigir explicaciones al régimen español por este claro ataque a la libertad de prensa.

¿¡Se imagina si algo similar hubiese sucedido digamos que en Cuba!?

Ya estuviera ardiendo La Habana.

Pero Madrid no, Madrid aún disfruta la impunidad de la que goza desde que Francisco Franco se alineara con Londres y Washington en contra de la Unión Soviética.

Les compartimos pues esta nota publicada en La Jornada:

Libera el juez Baltasar Garzón a los directores de dos diarios vascos independentistas

El magistrado mantiene la denuncia pero considera que no hay apariencia de delito en el reporte

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez español, Baltasar Garzón, puso este viernes en libertad a los directores de los diarios vascos independentistas Gara y Euskaldunon Egunkaria, Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, respectivamente, quienes comparecieron acusados del cargo de "exaltación del terrorismo", por haber publicado el pasado 7 de junio en sus rotativos una entrevista con dos presuntos miembros de la organización armada vasca ETA.

En un principio, Garzón había citado a Aizpurua y Otamendi como testigos, pero después un recurso de la fiscalía de la Audiencia Nacional determinó que debían comparecer como inculpados, según los términos del Ministerio Público.

Garzón hoy mantuvo la inculpación por dicho cargo contra ambos directores, pero consideró que la entrevista no tenía la "apariencia de un delito", por lo que se negó a encarcelarlos como lo exigía la fiscalía, pues consideró que no hay riesgo de que Aizpurua y Otamendi se fuguen.

Garzón tiene en su fuero la mayoría de los procesos abiertos contra miembros de la organización separatista vasca ETA y contra su llamado "entorno".

La situacion legal de estos periodistas, que representan a dos medios de comunicación que defienden el derecho de la autodeterminacion así como una salida dialogada al histórico conflicto vasco, cambió a raíz de la entrevista hecha a dos presuntos voceros de la organización armada.

En ese informe a los integrantes de ETA se les preguntó si los concejales del Partido Popular dejarían de ser objetivos de la organización si se declaraban a favor del acercamiento de los etarras presos. Esto ocurrió un mes antes de que fuera asesinado el concejal José Javier Múgica.





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José María Aznar

Ya publicamos una corta biografía del juez/fiscal encargado de implementar desde el ámbito judicial la estrategia represiva contra el pueblo vasco diseñada por la cúpula de poder que sienta sus reales en Madrid, es ahora momento de hacerle los honores a un hombrecito de escasa estatura (física, intelectual y moralmente hablando) de nombre José María Aznar López, en estos momentos jefe del ejecutivo bajo el mando de Juan Carlos Borbón, a quien ya mencionamos por su patética intervención ante la Unión Europea ahora que es su presidente temporal.

Aznar es uno de esos individuos que resultan un verdadero deleite para psico-analista y psiquiatras por igual. Se trata de uno de esos personajes cuyas familias provienen de una nación colonizada pero que al reubicarse a la metrópoli absorben las posturas más retrógradas y se convierten en enemigos formidables de su propio pueblo. Tal es el caso de José María, descendiente de vascos.

José María Alfredo Aznar López es un político español de extrema derecha, heredero ideológico de Francisco Franco. Casado, con tres hijos, supuestamente es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Es el cuarto Presidente del Gobierno de España del periodo borbónico-franquista iniciado en 1978, en las legislaturas comprendidas entre el 5 de mayo de 1996 a la fecha, por el Partido Popular.

Nieto de Manuel Aznar Zubigaray, periodista, político y diplomático navarro e hijo de Manuel Aznar Acedo, falangista y oficial del Ejército nacional que durante la dictadura de Franco ocupó diversos cargos en organismos de radiodifusión y propaganda. Aznar Zubigaray es famoso por la voltereta que efectuó, pasó de ser miembro del PNV y defensor de la identidad vasca a ser uno de los más acérrimos enemigos del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, odio a sus raíces que transmitió a su nieto.

Durante su juventud, militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), sindicato estudiantil que fue embrión de Falange Española Independiente (FE (I)). Aznar fue uno de los muchos responsables del FES que dirigieron una actitud crítica hacia el franquismo postrero y su fachada política, el Movimiento Nacional, y que reivindicaban el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Esta afiliación juvenil dio paso a un pensamiento antidemocrático y ultra-conservador. Después de todo, la hoja no caía muy lejos del árbol.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (1975) y funcionario de Hacienda como Inspector de Finanzas del Estado (1976), inició una temprana dedicación a la política en el partido conservador Alianza Popular (desde 1989, Partido Popular). En 1977 contrajo matrimonio con Ana Botella Serrano.

Fue elegido diputado por Ávila en 1982 y 1986, y en 1987 se convirtió en presidente de la Junta de Castilla y León. Vicepresidente de su partido desde enero de 1989, en septiembre siguiente dimitió de su puesto al frente del ejecutivo castellano-leonés al haber sido designado candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, en las que fue elegido diputado por Madrid. El Partido Popular emergió de éstas consolidado como la principal fuerza de oposición.

De nuevo fue candidato a la jefatura del ejecutivo en los comicios del 6 de junio de 1993. El 19 de abril de 1995, siendo jefe de la supuesta oposición, esa farsa que los españoles presentan a la comunidad internacional para maquillar el gobierno franquista de Juan Carlos Borbón, fue blanco de una acción de ETA, de la que salió ileso gracias al blindaje del vehículo.

En las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, el PP se convirtió en el principal partido del hemiciclo, aunque sin obtener mayoría absoluta en la cámara (156 diputados sobre un total de 350). Tras prolongadas negociaciones con las principales formaciones nacionalistas de Cataluña (CiU), País Vasco (PNV) y Canarias (CC), logró el respaldo de las mismas en la sesión de investidura el 4 de mayo de 1996, por lo que al día siguiente juró el cargo como nuevo presidente del Gobierno de España. Sirva esto para evidenciar que el PNV estuvo dispuesto para apuntalar el gobierno de un individuo de clara ideología fascista y de odio hacia Euskal Herria, los partidos de derecha se protegen entre ellos sin importar la libertad de un pueblo entero.

Aunque Aznar negase la existencia del cambio climático antropogénico como le ordenaron desde Washington, firmó el Protocolo de Kioto en 1998. Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron, superando en 2000 un 32.7% del máximo permitido,incumpliendo así lo pactado, para beneplácito de Washington, por supuesto.

En 1999 el gobierno de Juan Carlos Borbón y José María Aznar participa en el bombardeo de Yugoslavia llevado a cabo por la OTAN durante diez semanas. Al menos 500 civiles murieron. El Partido Popular, fiel a su vocación violenta y represora, vota a favor del bombardeo, al igual que la mayoría del Parlamento; sólo se opusieron Izquierda Unida y el BNG. Aznar inicia así su torpe cruzada por colocar a España entre las potencias militares del mundo, creyendo que así se restauraba la gloria de la España del Cid Campeador.

En 1998 ETA declaró una tregua. Aznar ordenó contactos la el grupo independentista, teniendo una primera reunión en Zúrich y modificando su política de dispersión de los presos políticos, acercando al País Vasco a 135 de ellos. Sin embargo, Aznar es el motor detrás de la estrategia de desgaste de las negociaciones, las conversaciones fracasan y ETA se ve forzada a romper la tregua un año y dos meses despues del anuncio de la misma.

En las elecciones generales celebradas el 12 de marzo de 2000 el Partido Popular fue la fuerza más votada, consiguiendo la mayoría absoluta en ambas cámaras. A pesar de no haber alcanzado la mitad de los votos (44.5%) obtuvo más de la mitad de los 350 escaños del Parlamento (183). Esto le permitió a Aznar gobernar en solitario, deshaciendo el pacto de gobierno que tenía con CiU, PNV y CC, y es que como Roma, Madrid no paga a traidores.

Su objetivo principal era transferir el agua del Ebro, o sea, de Euskal Herria, a las zonas más secas del sureste peninsular, sobre todo a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana. El proyecto recibió el apoyo de los agricultores de estas zonas, y algunos gobiernos autonómicos (incluídos tres socialistas). Los gobiernos de Aragón y Cataluña así como diversas plataformas ecologistas como Ecologistas en Acción tacharon al proyecto de pretender camuflar otros factores políticos y económicos, como la especulación a gran escala en el levante. Aunque el proyecto se aprobó como decreto ley bajo el gobierno de Aznar, fue cancelado una vez el PSOE llegó al gobierno.

La Guerra en Afganistán se inició el 7 de octubre de 2001, después de que los Estados Unidos de América, bajo el gobierno de George W. Bush, usara como pretexto su acusación al régimen talibán afgano de ocultar al líder terrorista de Al Qaeda Osama Ben Laden, en realidad operativo de la CIA y según los estadounidenses, responsable directo de los atentados del 11 de septiembre en las ciudades de Nueva York y Washington. Numerosos países aliados, diespuestos a obtener una tajada de la rica explotación de hidrocarburos procedieron a invadir y ocupar el país alegando hipócritamente su tránsito de la teocracia hacia la democracia. Con el tiempo la guerra se fue recrudeciendo y se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Una vez más Aznar mostró sus inclinaciones militaristas uniéndose a esta guerra iniciada a causa de las mentiras de un ser torvo y sanguinario de nombre George W. Bush.

Es triste pues el palmarés de este descendiente de vascos convertido en adalid de la Una España Bajo Dios.


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jueves, 17 de enero de 2002

Prioridades de Aznar

La nota que están a punto de leer ha sido publicada por La Jornada:

En su condición de presidente temporal de la Unión Europea (UE), el español José María Aznar expuso hoy ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo las prioridades de su mandato semestral: la lucha contra el terrorismo, la incorporación definitiva del euro y la consolidación del pleno empleo en Europa, entre otras.

En su primer debate europeo, Aznar recibió las interpelaciones de un variopinto grupo de europarlamentarios -entre ellos los nacionalistas vascos moderados y radicales, los verdes y la izquierda europeos-, que le instaron al "diálogo" para superar el histórico conflicto vasco.

En la primera de las tres comparecencias ante el Parlamento, Aznar habló ante los 600 diputados europeos que representan a todas las corrientes ideológicas de los países de la UE, fragmentados a su vez en grandes congregaciones: populares (derecha), socialistas, liberales, verdes, izquierda europea e independientes.

Aznar presentó su programa de gobierno, que da seguimiento a la incorporación del euro en 12 de los 15 países miembros y apuntala la lucha contra el terrorismo como la máxima prioridad.

"Tenemos el marco, las reglas y hay que ponerlas en práctica trasladándolas a las legislaciones nacionales. Es necesario que los países lo hagan cuanto antes. Esta etapa fundamental concierne a la seguridad, el intercambio de información y el financiamiento del terrorismo", dijo.

También mencionó como prioridad la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero también en los ámbitos judicial y penal, y reiteró su hipótesis de que "no hay diferencia" entre los fundamentalistas islámicos seguidores de Osama Bin Laden y los independentistas de ETA.

Aznar señaló que no hay posibilidad de diálogo con los terroristas al responder a una intervención del único europarlamentario de Batasuna, el considerado brazo político de ETA, Koldo Gorostiaga, a quien dijo que es "un insulto al sentido común y a la memoria de las víctimas" reclamar diálogo cuando no se condena la violencia.

Gorostiaga, quien se dirigió a Aznar en inglés, le preguntó "si era capaz de dar a este Parlamento un resquicio de esperanza y comprometerse con el diálogo para la resolución del conflicto vasco. El tiempo se acaba".

Asimismo, Josu Ortuondo, eurodiputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional), tambien reclamó diálogo, mientras que en representación de Los Verdes, Mónica Frassoni pidió un control parlamentario sobre los presuntos métodos represivos utilizados en la lucha antiterrorista, en alusión a las torturas que han denunciado diversas organizaciones de entorno de la izquierda vasca y recogidas por otras asociaciones como Amnistía Internacional.

Por otro lado, la policía holandesa informó de la detención del presunto miembro de ETA, Juan Ramón Rodríguez, alias Marc, prófugo desde el pasado verano cuando fue desarticulado el llamado Comando Barcelona.


O sea que Aznar mareó la liebre y para hacerlo recurrió a la misma cantaleta de todos los gobiernos españoles, la lucha armada de ETA, pero que poca imaginación tiene la clase política madrileña.

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El Caso Zabaltzen

Durante nuestro recuento de la vida y carrera del juez/fiscal Baltasar Garzón hemos mencionado su ataque a Zabaltzen. Hemos rescatado este artículo publicado en El Mundo en enero del 2001 acerca de este caso:

La Policía registra durante siete horas la editorial Zabaltzen
La Policía ha registrado durante más de siete horas, por orden de Baltasar Garzón, las instalaciones que la editorial Zabaltzen posee en San Sebastián por su presunta relación con el aparato económico de ETA, según han informado fuentes de la investigación.

Los agentes que han realizado el registro han abandonado las instalaciones de la editorial con cinco bolsas de documentación y han remitido el material requisado a la Audiencia Nacional.

En la investigación han participado inspectores de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y de Hacienda, con el objetivo de tratar de conocer las cuentas y la documentación que pueda tener algún tipo de relación con la banda terrorista ETA.

Distribuidora, no editorial

Las fuentes consultadas han explicado que Zabaltzen, situada en el Paseo de Igara de la capital guipuzcoana, se dedica a editar libros en euskara y otros que se utilizan para la docencia en ikastolas. Pero trabajadores de Zabaltzen han aclarado que la empresa no es una editorial sino una distribuidora de discos y libros de editoriales como Santillana y Alfaguara, y material de librerías.

Así, los trabajadores han negado cualquier relación con la edición de la revista 'Ardi Beltza', dirigida por Pepe Rei, quien fue detenido la semana pasada, así como con su distribución.

Al parecer, 'Zabaltzen' sí ha distribuido el último libro publicado por 'Ardi Beltza', titulado 'Un Rey golpe a golpe', una biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón, si bien este extremo no quiso ser confirmado por los trabajadores, que hablaron con los medios de comunicación a las puertas de la distribuidora, ubicada en el barrio Igara de San Sebastián, y cuyas oficinas están siendo registradas por la Policía Nacional por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La editorial Zabaltzen está integrada en la Fundación Elkargintza Elkarlanean, de la que también forman parte la editorial Elkar, y la cadena de librerías Bilintx, entre otras empresas.

La carta fundacional de Elkargintza Elkarlanean explica que su objetivo es «impulsar de manera eficaz la promoción y el desarrollo de la lengua y la cultura vascas».

Etarras vinculados a Zabaltzen

Por el momento, no se ha producido ningún arresto relacionado con el registro de Zabaltzen, empresa en la que, al parecer, trabajó el actual jefe de los comandos ilegales 'fichados' de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote' y 'Jon', puesto en el que sucedió a José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', detenido el 9 de marzo de 1999 en París.

Las fuerzas antiterroristas consideran que García Gaztelu podría ser uno de los implicados en el secuestro y muerte del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Angel Blanco, y en los asesinatos de los ediles populares José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena y Manuel Zamarreño.

Además, formó parte del 'comando Donosti' que asesinó al sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo, al concejal del PP Gregorio Ordóñez, al brigada de Infantería Mariano de Juan Santamaría y al comisario de policía Enrique Nieto.

El miembro de la Mesa Nacional de HB, José María Olarra, ha sido socio también de esta empresa, precisaron las mismas fuentes, que desconocen si lo sigue siendo en la actualidad.


Este artículo pone de manifiesto como la ofensiva española en contra del pueblo vasco nada tiene que ver con las acciones armadas por parte de ETA. Con este ataque en contra de Zabaltzen (y sin olvidar el proceso en contra de AEK) lo que queda demostrado es que a Madrid lo que le molesta es la defensa de la identidad histórica y cultural que los vascos hacen en contra del designio monolítico de lo que algunos gustan llamar "la cultura española".

Garzón lo demuestra al orientar sus ataques una y otra vez en contra de la lengua vasca, el euskara, piedra angular de nuestra identidad.


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Baltazar Garzón

En la entrada anterior se menciona a Baltazar Garzón, pero... ¿quién es este individuo?

Baltasar Garzón Real es un represor español que de acuerdo con fuentes oficiales es un reconocido magistrado, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Estos juzgados investigan los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Juzgado Central de lo Penal o a la Audiencia Nacional, tribunales españoles que enjuician en primera instancia los delitos con implicaciones en todo el territorio o de mayor gravedad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979. Antes de terminar sus estudios, desempeñó distintos trabajos como albañil, camarero, y ayudó a su padre en una gasolinera. Aprobó las oposiciones para juez en 1981. Su primer destino fue Valverde del Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En 1983 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería. En 1987 se le nombró inspector delegado para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial, y en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. También ha sido profesor de Derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid.

Garzón cobró fama internacional por montar un espectáculo circense internacional que como número principal tenía una supuesta orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, básandose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia. Como parte de toda esta farsa, Garzón también ha manifestado reiteradamente su deseo de investigar al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor.

En 1993, tras varios contactos con miembros relevantes del PSOE como José Bono y Felipe González (quien fue presentado a Garzón por el primero), Garzón tomó la decisión de abrir un paréntesis en su carrera en la judicatura y adentrarse en la política con la alegada intención de poner fin a la corrupción que parecía haberse instalado bajo el manto del gobierno socialista. Su deseo de verse libre de ataduras de partido y de verse solamente dependiente de quien él consideraba por entonces principal valedor de ese deseo de regeneración democrática (Felipe González), para algunos, o su ambición, para sus detractores, le llevaron a solicitar su inclusión en las listas electorales como número dos por Madrid, justo detrás del Presidente González.

Tras la victoria electoral de 1993, fue declarado jefe de un fortalecido Plan Nacional contra las Drogas. No obstante, y a pesar de llegar a ser número dos de Interior, y según sus defensores, la constatación de la poca predisposición de la cúpula socialista a tomar medidas enérgicas contra la corrupción lo llevó a su abandono de la política poco después de que Belloch se hiciera con las riendas de la fusión de los ministerios de Justicia e Interior.

Tras su paso por la política en las listas electorales del PSOE donde obviamente no contó con el apoyo absoluto del "Señor X", volvió a la Audiencia Nacional donde lanzó una cruzada en contra de ese partido más por despecho que por hacer un favor a la justicia, sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Éste fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996. Curiosamente, los autores intelectuales nunca fueron expuestos al escrutinio público lo que prueba que Garzón tiene su precio y que si uno tiene con que pagarle la impunidad por crímenes de lesa humanidad quedará asegurada.

Como buen español ultra-nacionalista, Garzón ha investigado también a la organización independentista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y desde su visión totalitaria todo lo vasca lo considera su "entorno". Estas son algunas de sus acciones punitivas en contra del pueblo vasco:

- En 1998 ordenó el registro de varias sedes de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos (AEK) y el arresto de su tesorero.

- En julio de ese año ordenó el cese de actividades de Orain SA, empresa vasca de comunicación que gestionaba el diario Egin y su estación radiofónica de este último, Egin Irratia. Acabada la instrucción de Garzón, el cierre fue levantado por la Audiencia Nacional, pero Orain SA quedó en bancarrota.

- Posteriormente ordenó el cese de actividades de Zabaltzen.

Estos hechos han sido duramente criticados por los movimientos de defensa del euskera, que consideran que el cierre de periódicos atenta contra la cultura vasca.

- Así mismo ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika y Segi, y a sociedades y organizaciones cuya vinculación con el MLNV no está clara, como el coro musical Euskaria, alegando que forman parte de diversos frentes de lo que el llama "entramado de ETA".

Hay diversas obras muy críticas con él, como Garzón. La otra cara de Pepe Rei (Tafalla, Txalaparta Editorial, 1999), antiguo redactor jefe de Egin y director de la desaparecida revista mensual Ardi Beltza, quien fue procesado por el propio Garzón por su relación con ETA. Rei le acusa de permitir torturas a los presos etarras prolongando el tiempo de detención y no atendiendo sus denuncias. Pepe Rei se encuentra actualmente en libertad y libre de todo cargo.

Así como Garzón iremos publicando en este blog las "hazañas" de otros personajes de la cúpula de poder que sofoca la democracia un día sí y el otro también en el estado español, especialmente los que dedican sus carreras (y se podría decir sus vidas) a perpetuar el criminal regimen colonialista en Hegoalde, la parte de Euskal Herria ocupada por el reino borbónico franquista de España.



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miércoles, 16 de enero de 2002

Llama Garzón a Directores de Diarios Vascos

El esperpento pseudo-jurídico Baltasar Garzón, el más destacado ejemplo de esa figura antidemocrática española en la cual una persona es fiscal y juez, nos da una muestra de las facilidades con las que los neo-franquistas pueden actuar cobijados por un estado en el que no existen los derechos humanos y las garantías civiles cuando se trata de reprimir al pueblo vasco.

La siguiente nota ha sido publicada por La Jornada:


Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, citó el lunes a declarar como imputados de varios de delitos de terrorismo a los directores de los diarios vascos Gara y Euskaldunon Egunkaria, Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, respectivamente, por haber publicado el pasado 7 de junio una entrevista con dos voceros de la organización separatista vasca ETA.

El juez -que no especificó la fecha de tal citación, aunque trascendió que sería el próximo viernes- ya tomó declaración en calidad de testigos a los hoy imputados, durante la cual los periodistas se acogieron al derecho de secreto profesional para no revelar la identidad de las personas que intervinieron para realizar la entrevista.

En el encuentro con Garzón reclamaron que se respete la libertad de expresión.

En la entrevista, dos voceros de ETA aparecieron encapuchados en la primera página y respondieron a una serie de preguntas "asépticas", de acuerdo con la definición de un magistrado.

El juez, a petición de fiscalía, acusó a los periodistas de inducción al asesinato terrorista, amenazas y colaboración con banda armada, al hacer hincapié en una pregunta de la entrevista relativa a los ediles de Unión del Pueblo Navarro.

También se les pretende abrir un proceso por el asesinato, un mes después de esa entrevista, de José Javier Múgica, munícipe de esta formación, a manos de ETA.

Las principales acusaciones contra Aizpurua y Otamendi fueron vertidas desde la Fiscalía General del Estado por el jurista Jesús Cardenal, quien pidió que se aplique el llamado sistema de responsabilidad escalonada, con la pretensión de también abrir diligencias contra las empresas editoras, una postura que recibió una serie de críticas, como la del juez Joaquín Navarro, que defendió la idea de abrir de manera radical todas las puertas a la libertad de expresión, incluso de las ideas que van contra el sistema político y económico.

Aizpurua y Otamendi consideraron habitual en todo el mundo que los medios realicen entrevistas con agentes en los conflictos armados, al tiempo que señalaron que no hay precedentes en Europa de una actuación como la de la fiscalía española.

Gara apuntó en su editorial de hoy que el único delito cometido consiste en concertar y realizar una entrevista con una organización armada que juega un determinado papel en el conflicto vasco-español.

"No son las declaraciones de ETA lo que pretende juzgar la Audiencia Nacional de España, sino la labor del entrevistador, y sólo en un estado de excepción se puede entender que un fiscal pretenda entrar a juzgar y calificar tal y cual pregunta".

Añadió que "alguien ha decidido ahora que la acción de preguntar debe ser considerada como delito terrorista, y el tribunal de excepción español no ha vacilado en prestarse a golpear de lleno a la libertad de expresión con tal de cumplir la misión que el Estado le ha encomendado".

El vocero del gobierno vasco, el nacionalista moderado Josu Jon Imaz, consideró que debe prevalecer el derecho a la información, al subrayar que las decisiones que Garzón adopta en torno al llamado entorno de ETA fueron recogidas posteriormente en otros órganos jurisdiccionales.

En otro asunto, la concejal de Eusko Alkartasuna en Zumárraga, Uxue Busca, presentó su dimisión al cargo municipal después de las amenazas que ha recibido desde el entorno de ETA por su cercana relación con la viuda de Manuel Indiano, el concejal acribillado por ETA en agosto de 2000, lo que provocó la renuncia al cargo de otros cuatro munícipes, tres socialistas y uno de Batasuna, organización considerada brazo político de ETA.


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