Un blog desde la diáspora y para la diáspora

viernes, 31 de agosto de 2018

Desaparecidos: Verdad y Reparación

Miles de torturados, cientos de presos políticos, incontables exiliados... y todavía hace falta un número en el listado de víctimas del terrorismo de estado español desplegado en Euskal Herria: los desaparecidos.

De ese tema nos habla este texto de Deia:


El Foro Social, para impulsar el proceso de paz, ha reclamado hoy "verdad" y "reparación" para los familiares de las 7 personas desaparecidas en el contexto de las décadas de violencia terrorista sufridas en Euskal Herria.

El Foro se ha referido a esta cuestión, en un comunicado, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Ha recordado que el pasado 17 de marzo el Foro presentó en San Sebastián un estudio en el que cifraban en 482 los "casos sin resolver" en Euskal Herria, entre los que se encuentran los de las siete personas desaparecidas.

En concreto se trata de José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Vega, los tres jóvenes gallegos residentes en Irun que desaparecieron en Iparralde en 1973; Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur", desaparecido en Behobia el 23 de julio de 1976; Tomás Hernández, del que no se sabe nada desde el 15 de mayo de 1979; José Miguel Etxeberria "Naparra", cuyo rastro se perdió el 11 de junio de 1980; y Jean Luis Larre, desaparecido el 7 de agosto de 1983 en Las Landas.

El Foro ha destacado que las desapariciones forzadas "son casos de máxima gravedad, que requieren la total atención por parte de instituciones, sociedad civil organizada y partidos políticos" para "garantizar de una vez por todas el derecho de los familiares y amigos" a que se aplique "la justicia, la verdad y la reparación".

Este colectivo ha saludado las iniciativas que tratan de ofrecer una respuesta "mediante herramientas de tipo académico, estudios detallados de la hemeroteca de la época y de las evidencias existentes", como la que desarrolla la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco en colaboración con la Cátedra e Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco.

También ha destacado el trabajo de los abogados de las familias y de iniciativas sociales que buscan ofrecer luz sobre estos casos, que pueden contribuir a la reparación "tanto moral como social de aquellas víctimas que han sido negadas u olvidadas durante largo tiempo".






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No Te Arrimes a Arrimadas

Les compartimos esta joya de Facebook acerca de recientes acontecimientos acaecidos en Catalunya:

Titular de los medios de la Srta. Pepis: Un secesionista malo, muy malo, agrede a una española buena, muy buena, que limpiaba el molesto amarillo del mobiliario urbano barcelonés.

¿Muy lamentable, verdad? Pues no… Uno, que ya desconfía hasta del Mundo Deportivo, os cuenta la verdad. ¿Qué pasó realmente?

1.- Un ciudadano español y mucho español pasea por la calle.

2.- Una mujer rusa amiga de los muy y mucho españoles, retira lazos amarillos en la Ciutadella.

3.- El ciudadano muy y mucho español, confundiendo a la rusa con una perversa indepe poniendo lazos, la asalta violentamente.

4.- La mujer rusa, nerviosa, se defiende en ruso (suelen hacerlo los rusos).

5.- El hombre español y mucho español, al oir ruso cree que le están insultando en catalán, y se abalanza contra la rusa amiga de los muy y mucho españoles.

Titular real: Dos fachas, un poco memos, se lían a guantazos en Barcelona.

Y va C’s, y organiza una concentración de condena a la violencia independentista.

Y ahí, unos españoles y mucho españoles, creyendo que les filmaba TV3 (suele hacerlo en Catalunya) pillan a un pobre cámara español y mucho español de una cadena de TV española y mucho española, y lo agraden en una manifestación en contra de las agresiones.

Los asistentes fueron todos españoles y mucho españoles, y como buen español y mucho español, el agresor de la rusa también asistió, ¿A qué? ¡A manifestarse contra él mismo!

Moraleja: No te arrimes a la Arrimadas o acabarás a bofetadas…






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jueves, 30 de agosto de 2018

Centenario de Eusko Ikaskuntza

Traemos a ustedes este reportaje desde las páginas de Deia:


El sábado se cumplirán los 100 años del inicio del Primer Congreso de Estudios Vascos, que se celebró en Oñati, y que fue el germen del origen de otra centenaria institución con mucho peso en Euskadi, Eusko Ikaskuntza

H. Fernández

Cumplir 100 años no es poca cosa. Y si no, que se lo pregunten a Eusko Ikaskuntza, que este sábado día 1 cumplirá un siglo del Primer Congreso de Estudios Vascos, que se celebró en Oñati, y que fue el gérmen de esta también centenaria institución, que se encuentra inmersa en los actos por su primer siglo de vida. Fue en 1918 cuando el presidente de la Diputación de Gipuzkoa, Ladislao de Zavala, presentó una moción en la que reclamaba la organización de un cónclave que estuviese patrocinado por las cuatro diputaciones. Y es que tal y como recuerdan desde Eusko Ikaskuntza, en los primeros años del siglo pasado, en Gipuzkoa surgió “un nuevo foco cultural predominantemente vascológico”, además de ser un territorio donde “la cultura autóctona subsistía de forma natural y en el que el euskera conservaba su mayor fuerza”. El Congreso de Estudios Vascos se celebró entre el 1 y 8 de septiembre con el objetivo de difundir la cultura vasca y estudiar y proponer soluciones a “los diferentes problemas de esencia y de actualidad en el País Vasco-navarro”.

El éxito del encuentro propició que las instituciones apoyasen la creación de una institución que continuaría con el trabajo del congreso. De esta manera, el 22 de diciembre de aquel año, se constituyó en Donostia Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos como un “instrumento estable y permanente para el desarrollo de la cultura vasca”. Es mismo día, la sociedad de estableció su sede permanente en la capital, “por tratarse de la más céntrica y mejor comunicada de las cinco capitales y, culturalmente, la ciudad más arraigadamente vasca”.

Los asociados guipuzcoanos han sido, por norma, los mayoritarios dentro del censo de la sociedad, rondando entre el 30y el 40% del total de componentes. En este sentido, de los siete presidentes que ha tenido Eusko Ikaskuntza durante este primer siglo cinco fueron del territorio gruipuzcoano, incluyendo el primero -Julian Elorza, desde 1918 hasta 1936- y el actual y último -Iñaki Donorronsoro, desde 2012-. Entre medias y, principalmente, después del retorno de la actividad de la sociedad tras el franquismo, guipuzcoanos como Joxe Migel Barandiaran (1978-1991), Xabier Retegui (2002-2008) y José Mari Muñoa (2008-2012) guiaron el timón de la sociedad.

Fue, precisamente, la Guerra Civil, en 1936, la que interrumpió la actividad de Eusko Ikaskuntza, que durante sus primeras dos décadas fue más que notable, en toda Euskal Herria.

En septiembre 1919, un año después de su fundación, organizó en Donostia la Asamblea Municipal Vasca, donde se encontraron representantes y funcionarios de ayuntamientos de todo Euskal Herria. Aquella primera reunión sirvió para, desde una posición investigadora y de estudio, intentar afrontar los problemas de la administración local.

Precisamente, fueron los ayuntamientos, así como otras entidades, los que solicitaron a la sociedad que elaborase un Estatuto de Autonomía, que se aprobó en Donostia en mayo de 1931 y que establecía el carácter confederal para los cuatro territorios de Hegoalde.

Además, tratar el municipalismo, la institución organizó otra serie de encuentros vinculados con la enseñanza o el euskera, entre otros. En referido al estudio científico, ya desde su creación apostó por la construcción de la Universidad Vasca. Fruto de ello fundó en Donostia en 1932 el Centro de Estudios Científicos, y es que la institución fue creando “estructuras” encaminadas en convertirse en facultades de una universidad vasca. Asimismo, a partir de 1927 organizó en la capital Cursos de Verano con estructura universitaria, que se ramificaron por el territorio -en 1930, por ejemplo, en Bergara-.

Desde Eusko Ikaskuntza recuerdan que durante la década de 1920 “una gran ola euskerika recorrió el país”, lo que hizo que surgiesen muchas grupos que promovían la lengua vasca. Los principales se reunieron en 1928 en la sede de la institución y conformaron la Federación de Acción Popular Euskeristika, que se integró en la sociedad manteniendo la “personalidad” y “autonomía de cada entidad”. Tres años después se celebró, también en la capital, el Congreso de Bilingüismo, organizado por la Comisión de Enseñanza de la institución, que encabezaba el poeta zarauztarra Xabier Lizardi.

La segunda época

Después de que la Guerra Civil y el franquismo provocasen el cese de la actividad de Eusko Ikaskuntza en Hegoalde, la Diputación de Gipuzkoa, antes de la muerte de Franco, registró en 1974 la titularidad de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, creada en 1907 por Julio de Urquijo de Ibarra, para publicar investigaciones de intelectuales sobre varias cuestiones vascas, y transferida a la institución en 1921.

Asimismo, el Gobierno foral, esta vez en 1976, aprobó la “revitalización” de la entidad, que conllevó a que dos años después, 60 desde su fundación, reiniciase su actividad tras una asamblea en la Universidad de Oñati.

Durante las últimas cuatro décadas, “la institución ha dado cauce y sustancia a las inquietudes” de la sociedad para la personalidad cultural vasca “en el marco de las corrientes internacionales” y “abordar con visión prospectiva algunos de los principales retos sociales”.

Gipuzkoa ha acogido hasta la fecha cuatro de sus congresos. La Sociedad de Estudios Vascos se encuentra inmersa ahora mismo, en su 18º cónclave, bajo el lema Geroa Elkar-Ekin/El futuro que nos (re)une, y está girando por las capitales vascas.

El 16 de noviembre se celebrarán en Donostia unas jornadas para reflexionar sobre Gobernanza Democrática, mientras que el congreso de Eusko Ikaskuntza volverá a Oñati entre el 23 y 24 de noviembre de ese mes donde se presentarán las conclusiones. Además, este último día se celebrará un gran acto institucional para celebrar el centenario y cerrar, así, el círculo.






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La Inquisidora Vasca

No hay nada peor que un vasquito colonizado, a no ser por uno que lleve la agenda represiva española a otras esferas, como es el caso de María Elósegui, quien ha desembarcado en Estrasburgo dispuesta a manipular a su antojo la defensa de los derechos humanos.

Desde El Diario traemos a ustedes este artículo que da cuenta de su accionar en contra de las activistas rusas Pussy Riot.

Lean ustedes:


75 diputados solicitaron la revocación de la jueza española por sus ideas homófobas: sus escritos defendieron que la homosexualidad produce enfermedades

Diana Fresno / José Precedo

María Elósegui, la jueza que representa a España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo, cuya revocación pidieron 75 diputados europeos por sus escritos homófobos, ha emitido su primer voto particular para reclamar una sanción al grupo punk feminista Pussy Riot por llevar a cabo una protesta en la catedral de Moscú en febrero de 2012.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó a Rusia el pasado 17 de julio por la severidad de las sanciones impuestas a las activistas, castigadas con dos años de cárcel, y concluyó que dichas penas vulneraban la libertad de expresión de las condenadas.

En su fallo, el tribunal de Estrasburgo condenó a Rusia a indemnizar con 37.000 euros a las tres integrantes del grupo pero la sentencia contó con un voto particular. La jueza Elósegui, cuyo nombramiento el pasado invierno fue muy polémico por sus controvertidos escritos sobre la homosexualidad, se opuso a la condena penal, como el resto de sus compañeros, pero asegura que la protesta de las activistas no solo no está amparada por la libertad de expresión, sino que hubieran merecido "una sanción administrativa o haber llegado a la conclusión de que existía responsabilidad civil".

Los hechos a los que se refiere el fallo tuvieron lugar en 2012 en la Catedral del Cristo Redentor de Moscú, el principal templo ortodoxo de la capital rusa. El grupo Pussy Riot, formado por Maria Alyokhina, Yekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova, irrumpió en la iglesia para tocar una canción titulada "Rezo Punk" en la que criticaban el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa al presidente Vladimir Putin. Allí corearon letras como "Virgen María, madre de Dios, líbranos de Putin; Virgen María, madre de Dios, conviértete en feminista...".

La actuación en sí duró menos de un minuto, ya que fue inmediatamente interrumpida por agentes de las fuerzas de seguridad, que arrestaron a las integrantes del grupo y las acusaron de "vandalismo motivado por odio religioso". Las activistas fueron internadas en prisión provisional sin fianza y fueron condenadas a dos años de cárcel.

Elósegui en su voto para discrepar del resto del tribunal justifica que la protesta en la catedral de Moscú, en un momento en que no se celebraba ninguna misa, no debe ser amparada por la libertad de expresión con el siguiente argumento: "No estoy de acuerdo con el hecho de haya habido una violación del Artículo 10 de la Convención [el que protege la libertad de expresión], porque dicho artículo no protege la conducta que consiste en invadir iglesias y otros edificios religiosos con objetivos políticos, y tampoco protege conductas que impliquen intimidación y hostilidad en contra de la comunidad cristiana ortodoxa”.

La jueza defiende además que el Estado “tiene la obligación de proteger la libertad de asociación de los creyentes, asegurando que sus lugares de culto son respetados por el Estado" basándose en una sentencia emitida por el magistrado Pinto de Albuquerque.  De acuerdo con Elósegui, lo proporcional habría sido imponer una sanción a las activistas, porque en su opinión los cristianos "tienen el derecho a rezar con libertad sin temor a que tenga lugar dentro de la iglesia una protesta obscena, hostil e incluso violenta” y las integrantes de la banda punk "invadieron" la catedral.

El voto particular de Elósegui señala que "la actitud provocadora" del grupo punk puede implicar "el estereotipado negativo de la comunidad cristiana ortodoxa", razón por la que defiende que las activistas debieron ser sancionadas con multas económicas.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la magistrada es que aunque la libertad de expresión protege las críticas políticas, no incluye  "las expresiones que son gratuitamente ofensivas hacia otros y por tanto infringen sus derechos y no contribuyen de ninguna forma al debate público".  "Esto es suficiente para dañar la dignidad de los creyentes ortodoxos, ya que les desprecia y les insulta, además de tratarles como inferiores", apunta. 

Rodeadas de perros policía

La sentencia condenatoria a Rusia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos humanos se detiene en el contexto en que se celebró el juicio a las activistas de Pussy Riot. Y recuerda que éstas tuvieron que seguir las audiencias desde una suerte de pecera de cristal, rodeadas de perros policía y agentes policiales.

El tribunal recalcó en su fallo que las integrantes de Pussy Riot eran transportadas desde la cárcel en furgones atestados y que durante las audiencias tenían que "soportar la humillación" de estar expuestas a la vista de todos en un banquillo separado del público por un cristal. En estas audiencias, se encontraban flanqueadas por policías armados y por un perro, pese a la "ausencia de riesgo manifiesto para la seguridad".

En su voto discrepante, Elósegui se ha mostrado especialmente contundente a la hora de rechazar ese argumento, ya que alega que las Pussy Riot buscaron "de manera premeditada" el escrutinio público durante su performance en la catedral de Moscú. Además, añade que las denunciantes "se expusieron a sí mismas voluntariamente y llegaron incluso a publicar imágenes en Internet enseñando sus caras y sus cuerpos desnudos en lugares públicos".

A modo de conclusión, la magistrada apunta también que es "muy probable" que las Pussy Riot hubieran aprovechado la oportunidad de alterar la vista en el tribunal ruso "si se les hubiera presentado la ocasión", razonando así la necesidad de "tomar medidas especiales de control" durante las vistas judiciales, debido al "carácter disruptivo" del grupo punk.

El nombramiento de la jueza ya estuvo rodeado de polémica. eldiario.es desveló escritos en los que Elósegui defendió controvertidas teorías sobre la homosexualidad, que señaló como causa de patologías.






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Feminismo vs Sionismo

En la página de Avispa Midia se ha publicado este excelente texto en el cual se deja bien claro que el feminismo no puede ir de la mano de las expresiones más retrógradas del fascismo, en este caso en específico, del sionismo.

Aquí se los presentamos:


Mariam Barghouti

En el puesto de control de Qalandia, en Palestina ocupada, vi cómo dos mujeres israelíes disparaban gases lacrimógenos contra una multitud de jóvenes palestinos que protestaban. Una bomba rebotó y golpeó a un niño en el brazo. La uniformada que estaba disparando comenzó a reír. Su colega le acarició el hombro con orgullo mientras los dos rellenaban sus armas.

En ese momento, sentí que las intimidantes consecuencias de la opresión son familiares para todos los palestinos. Pero también me sentí traicionada como mujer. Me había enfrentado a estas militares de mujer a mujer, ingenuamente pensando que se suponía que debíamos estar unidas en la lucha contra el patriarcado. Sin embargo, aquí estoy, viéndolas cumplir.

Como señala la autora feminista Bell Hooks, el patriarcado es un sistema completo de dominación. La lucha feminista se opone no solo al sexismo alarmante del patriarcado, sino también a todas las formas de opresión. Es un mensaje que he absorbido durante mucho tiempo a través de las enseñanzas de mi propia madre, quien constantemente me guió a practicar un feminismo incluyente e interseccional. A menudo, me advirtió que debo reconocer los poderes de dominación en todas sus manifestaciones, incluso dentro de la sociedad palestina, si aspiro a implementar el feminismo genuino. A través de sus enseñanzas y mis propias experiencias, se hizo evidente para mí que el sionismo, como se ha expresado perpetuamente en Palestina, contradice el núcleo del feminismo en la ejecución de sus políticas opresivas.

Cuando escucho a alguien defendiendo el sionismo mientras también se identifica como feminista, mi mente se centra en las imágenes de incursiones nocturnas, la tortura de niños y la demolición de casas. Pero también pienso en esas mujeres militares que participan casualmente en todo, incluida la ex soldado israelí y “Mujer Maravilla” Gal Gadot, quien expresó su amor y apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel, cuando bombardearon y mataron a miles de palestinos y palestinas en Gaza en 2014.

Ser feminista y sionista es una contradicción conceptual, porque la feminista sionista es cómplice en la propagación de la supremacía y la dominación sobre un pueblo, por un lado, mientras que, por otro lado, exige el fin del patriarcado. De hecho, la feminista sionista es una reminiscencia de otro tipo de feminista: la feminista blanca. Las mujeres de color han sido históricamente marginadas dentro del movimiento feminista, principalmente, debido a que las mujeres blancas sofocan los problemas de justicia racial y restan importancia a las opresiones específicas que enfrentan las personas de color debido a su raza, etnia y clase. Esta negligencia a menudo se justificaba por trabajar para la hermandad colectiva. Pero como Hooks explica elocuentemente: “Mientras las mujeres utilicen clase, raza o poder para dominar a otras mujeres, la hermandad feminista no puede realizarse plenamente”. Fundamentalmente, el feminismo no puede apoyar el racismo, la supremacía y la dominación opresiva en ninguna forma.

Estos robos de tierras y violaciones de la dignidad humana y el derecho internacional continúan en el nombre del sionismo de manera regular, perpetuando el sufrimiento de toda una población y la negación de sus derechos humanos básicos sobre la base de la etnia y la raza. Es por eso que estoy cansada de la feminista sionista. Ella deliberadamente ignora que el sionismo se ha adelantado a sí misma a través de innumerables violaciones de derechos humanos.

Recuerdo momentos en que yo misma fui detenida por las fuerzas israelíes después de protestar contra una soldada que disparaba gas lacrimógeno directamente contra niños palestinos. Mientras esperaba la degradación, me desconcertaron y enojaron las mujeres militares. Fueron ellas quienes llevaron a cabo mi detención, me maltrataron, me insultaron y no dijeron nada mientras los soldados me acosaban verbal y sexualmente, llamándome “puta” y “perra”. Las mujeres sintieron algo de vergüenza por un momento, para luego regresar y reírse junto a sus colegas.

El feminismo surgió para luchar contra el silenciamiento y la explotación de las mujeres, enfrentando los poderes que suprimen y controlan a un segmento completo de la población. Lo que continúa sucediendo en Palestina bajo la bandera del sionismo es exactamente esto, el silenciamiento de toda una población y la prohibición de protestar frente a la anexión territorial violenta. Israel está involucrado en el encarcelamiento masivo de la sociedad civil palestina y en un asedio de pueblos y ciudades enteras.

Los palestinos y palestinas llevan más de 70 años sufriendo una ocupación militar y los palestinos con ciudadanía israelí se enfrentan a más de 50 leyes discriminatorias. Llamarse a sí misma una feminista sionista significa otorgar apoyo de facto a la dominación patriarcal, ya que Israel incorpora los mismos roles y técnicas que durante mucho tiempo han sido, y continúan siendo, usados contra las mujeres. Ser sionista hoy significa apoyar no solo a la idea de un Estado judío y una soberanía judía, sino también a las políticas reales de Israel, tal como se manifiestan sobre el terreno.

Más específicamente, el sionismo significa mantener las libertades y los privilegios de los judíos israelíes a expensas de los palestinos, incluidos los de la diáspora global que desean regresar a su tierra.

Cuando considero todo lo anterior, vuelvo a Hooks, que escribió que “una verdadera política feminista siempre nos lleva de la esclavitud a la libertad, de la ausencia de amor a amar”. El feminismo no puede ser selectivo. Su marco proviene de la liberación verdadera y absoluta no solo de las mujeres, sino de todos los pueblos. Esta es la razón por la cual el sionismo y el feminismo no pueden fusionarse.

Una feminista que no es también anticolonial, antirracista y que se opone a las diversas formas de injusticia, está sirviendo de manera selectiva y opresiva a los intereses de un solo segmento de la comunidad mundial. La alternativa que estoy sugiriendo a la feminista sionista es reconocer y unirse a las luchas contra la opresión sistemática. Sé lo suficientemente valiente y ponte de pie contra las muchas caras de la subyugación y la desigualdad, y adopta el feminismo como la fuerza formidable y abarcadora que puede ser.






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Cuadra | Gaztetxe 'Maravillas'

Con respecto a la historia de conflicto y resistencia llevada a cabo por los jóvenes del Gaztetexe 'Maravillas" de Iruñea traemos a ustedes este texto publicado en Noticias de Navarra:


Sabino Cuadra Lasarte

La ocupación del palacio Rozalejo en el Casco Viejo de Iruñea por jóvenes del barrio para su conversión en lo que hoy es el gaztetxe Maravillas ha hecho aflorar, entre otras cosas, interesantes debates sobre la ocupación, la autogestión de espacios juveniles y el cambio político y social por el que se está impulsado en Nafarroa en los últimos años.

Empecemos por decir que, aún cuando en este caso el debate sobre la ocupación y la autogestión juvenil vienen de la mano, se trata de dos temas diferentes. Sin entrar a profundizar en ambos, lo cierto es que la ocupación de espacios privados o públicos se da también en ámbitos no juveniles (latifundios improductivos -SAT-, luchas contra los desahucios -PAD-,…) cuyos objetivos suelen ser tanto la denuncia de sangrantes injusticias, como la puesta en práctica de alternativas que superan los marcos legales de la propiedad.

Junto a ello, la autogestión de espacios juveniles supera a su vez el marco de la estricta ocupación, ligándose en ocasiones a la utilización y uso de locales cedidos por ayuntamientos u otras instituciones, o a proyectos compartidos con otros colectivos en centros sociales más amplios. Por eso, las ricas y diversas experiencias existentes en Iruñea (Maravillas, Rotxapea, Mendillorri), Nafarroa (Burlata, Tafalla,…) y Euskal Herria, en este y otros ámbitos (feminista, ecologista, vecinal,…), aconsejan no santificar vías ni modelos únicos de autogestión, sino intentar aprender de todas ellas.

Pero hablemos del gaztetxe Maravillas. El Gobierno de Navarra, dueño del local, debería comenzar explicando por qué un edificio de más de 2.500 m2, comprado con dinero público, lleva abandonado 20 años (17 con UPN y 3 con Geroa Bai) y en progresivo deterioro. Porque si hay delito alguno en éste y otros casos parecidos no es el cometido por quienes ocupan, sino el de quienes, desidiosamente, crean estas situaciones. Porque delito no es, aunque así lo diga el Código Penal, el del jornalero que ocupa latifundios o fincas estatales improductivas para darle un uso social en régimen cooperativo, sino el del señorito que utiliza esos latifundios para cacerías un par de veces al año, o el de los militares que crían allí cuatro yeguas para lucirlas en sus desfiles. Y tampoco lo es, por mucho que así lo diga el Gobierno de Navarra, la ocupación del decrépito palacio de Rozalejo por la juventud del Casco Viejo de Iruñea.

Sí, ya sé que se ha dicho que el Gobierno quiere instalar en el palacio el Instituto de la Memoria, pero esto suena a excusa por todos lados. Es decir, más bien parece que Geroa Bai ha sacado del baúl de sus proyectos aquel que mejor podría servir para vestir su desalojo judicial-policial, y que la utilización de un tema tan sentido como el de la memoria histórica ha obedecido a esto. Las razones de fondo, sin embargo, quizás haya que buscarlas en un intento por reforzar una imagen de firmeza que compita con UPN y PSN, a fríos cálculos electorales y, ligado a ello, a posibles cambios en su futura política de alianzas.

Decía antes que el palacio Rozalejo tiene una extensión superior a los 2.500 m2. Pues bien, ¿dónde está el proyecto concreto de ese Instituto de la Memoria que sirva para dar uso a todo ese espacio? Llegados a este punto, digamos como dato que el Instituto de Memoria del Gobierno Vasco ocupa tan solo un piso. Y aquí, en Nafarroa, el Instituto de la Mujer no supera los 200 m2 y el de la Juventud, al alimón con el de Deporte, se reparten 500 m2. Es decir, el Gobierno vende humo con su proyecto fantasma para Rozalejo.

Tampoco existen razones de urgencia. Según el Gobierno, la reforma del palacio costará 6 millones de euros. Una cifra importante. Pues bien, ¿para cuándo la partida presupuestaria -hoy no existe- que permita llevar adelante el proyecto? Y una vez que ésta exista, ¿en qué plazo se harán los concursos (convocatorias, presentación de propuestas, adjudicaciones) para realizar el proyecto arquitectónico de reforma y, después, adjudicar las obras a una empresa especializada?. Es decir, ¿en qué plazo administrativo real, no ilusorio, elecciones de por medio, podrían empezar las obras de rehabilitación?

Al margen de un juicio más detallado, la creación del Instituto de la Memoria, al igual que otras actuaciones impulsadas en este ámbito (apoyo a exhumaciones, proyecto Ezkaba, campos de verano y programas escolares sobre Memoria, Ley de víctimas de violencia policial..) no merece sino un claro aplauso. Ahora bien, este proyecto, presentado por el Gobierno en su día como un “hito para la convivencia pacífica”, no puede asentarse sobre cimientos autoritarios y penales. Además, el movimiento memorialista navarro, ignorante hasta hoy de estas intenciones, debería ser parte importante en su diseño.

Ante el varapalo recibido por la Justicia archivando el caso, el Gobierno ha insistido en la vía penal y judicial. Lejos de dar marcha atrás y recomponer de paso las importantes tensiones creadas con el resto del cuatripartito (EH Bildu, Podemos, I-E), insiste en que el único diálogo posible es para acordar el desalojo. El “cambio tranquilo” defendido por Geroa Bai en su campaña electoral choca ahora con la crispación y tensión que genera por doquier.

De todas formas, y ya que hablamos del cambio, la profundización en éste poco tiene que ver con agudizar las contradicciones puestas de manifiesto en este affaire, sino todo lo contrario. Hoy por hoy, las pajas con las que tejer y fortalecer el cesto del cambio siguen estando en los mismos espacios que hace cuatro años. Priorizar frente a esto estrechos intereses electorales o minar los espacios de encuentro y trabajo común entre las movidas sociales y quienes se esfuerzan en trabajar a favor del cambio también desde las instituciones, es un gran error. No hay más que mirar a UPN y PSN para darse cuenta de ello.

La solución debe basarse en el diálogo, la mediación y el acuerdo, tal como propusieron los colectivos sociales del Casco Viejo. Sobran las posturas cerradas, impuestas o policiales. El Gobierno debería avanzar así por esta vía y no por la judicial-penal. También el gaztetxe, el Ayuntamiento y las fuerzas del cuatripartito deberían impulsar sinceramente esta solución, porque saldar este conflicto positivamente servirá para consolidar, no solo el cambio, sino también los espacios de autogestión juvenil. No hacerlo, para todo lo contrario.






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Sare Responde a Grande-Marlaska

Grande-Marlaska, flamanate Ministro del Interior del sociata Pedro Sánchez, es un hombre peligroso.

Por un lado, tal como su modelo a seguir Baltasar Garzón, ha dedicado su vida a utilizar un instrumento creado para garantizar la relación cordial entre los ciudadanos de un estado-nación y sus instituciones en un instrumento que avala y permite la persecución, hostigamiento, tortura, enjuiciamiento y encarcelamiento de aquellos que desean la autodeterminación de su pueblo, situación anacrónica creada durante etapas históricas ya superadas por otros estados nación de la región. 

Por el otro, Grande Marlaska es conocido por asumir actitudes bipolares cuando es cuestionado por actuaciones pasadas y presentes, pasando de la chulería al victimismo con una facilidad propia de los integrantes de los grupos de choque conocidos como "colectivos de víctimas".

Pues bien, aquí la respuesta por parte de Sare a su más reciente desbarre:


La Red Ciudadana SARE, ante las manifestaciones realizadas por el Mtro.del Interior en sede parlamentaria, desea trasladar a la opinión pública, su preocupación, junto con su denuncia, ante lo que está siendo una “ceremonia de la confusión”, y en la que se continua vulnerando la normativa penitenciaria, en el caso de los presos y presas vascos.

Manifestar como se hizo ayer, en el Congreso de los Diputados, que el fin de la política de alejamiento de estos presos y presas, nada tiene que ver, con beneficios penitenciarios, para renglón seguido, condicionar el traslado a cárceles vascas, a que se encuentren en tercer grado penitenciario, y a la vez, de manera individualizada, se arrepientan; colaboren con la justicia, etc. etc., no es solo una contradicción en si misma, sino la voluntad de continuar incumpliendo su propia legislación. Y lo que resulta más grave, tratando de continuar diseñando el mismo espacio de “vencedores y vencidos”, que quiso implantar el anterior gobierno.

Es por ello, que queremos manifestar, lo siguiente:

1.- La política de alejamiento fue una despreciable medida política, que se aplica desde hace ya 30 años y que no está sujeta a ninguna legislación, ni norma, ni reglamento. Tiene que ser por tanto, otra medida política la que ponga fin a esta vulneración de derechos.

2.- Que el fin de esta política de alejamiento, debe ser ajena, por tanto, al grado de clasificación que tengan estos presos y presas.

3.- Que esta progresión de grado, no puede continuar estando sujeta a criterios de venganza y de chantaje, sino a criterios objetivos de reinserción. Y en este sentido, debemos continuar denunciando, como el 95% de estos presos y presas, se encuentran en primer grado penitenciario, en muchos casos, desde que pisan la prisión, hasta que salen en libertad décadas después.

4.- Ante, el anunciado traslado del preso gravemente enfermo Kepa Arronategi, a cárceles cercanas a su domicilio, manifestamos nuestra satisfacción, porque esto supondrá un alivio a sus familiares, que dejaran de hacer miles de kms., para poder visitarlo, pero recordamos, que la exigencia que siempre hemos realizado desde SARE, es la puesta en libertad de estos presos, al amparo de la propia legislación. Kepa Arronategi, si esto no cambia, junto con otro numero cada vez más importante de presos y presas, continuara viendo como se le escapa la vida, encerrado entre las cuatro paredes de su celda, cuando la ley, le ampara para poder ser tratado de sus dolencias fuera de la prisión.

5.- Ante esta situación de impás. De falta de iniciativa. De declaraciones contradictorias, hoy más que nunca es necesario que la sociedad vasca, tome el protagonismo y exija, pacifica y democráticamente, el fin de tantas vulneraciones de derechos.

El próximo 20 de Octubre, las calles de Bilbo, deben ser testigos del grito silencioso de miles y miles de hombres y mujeres, que por encima de adscripciones partidistas, estamos unidos y unidas, en defensa de todos los DDHH, para todas las personas. Y por tanto, también, las de las presas y presos vascos.






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martes, 28 de agosto de 2018

¿A Dónde va la Educación?

En los últimos años se ha hablado mucho acerca del éxito del sistema educativo finlandés. Lo que no se había mencionado en todo este tiempo era un factor clave y de eso nos habla este artículo en la página mexicana El Economista, mismo en el que se hace un comparativo con la tendencia mostrada  por parte del régimen mexicano que consiste en todo lo contrario.

Lean ustedes:


La política en materia educativa puesta en operación por Finlandia tuvo como objetivo disminuir las desigualdades entre sus habitantes. Finlandia es hoy una de las sociedades menos desiguales.

León A. Martínez

Las políticas públicas Finlandia desafían el sentido común. Dan vivienda, sin condiciones, a personas que de otra forma tendrían como techo el cielo y sus nubes —a lo que debe sumarse la nieve, recordando que es un país situado al norte del mundo—, y les otorgan asistencia para buscar trabajo. Este país tiene en marcha un programa, en fase experimental, de entregar una renta básica a cada ciudadano por el solo hecho de ser ciudadano, es decir, a cambio de nada.

El sistema escolar finlandés prescinde de las tareas —esas labores que sistematizan la repetición y que nos preparan además para ser productivos a toda hora—, y se enfoca en que el aprendizaje sea una actividad placentera, como señala el cineasta Michael Moore en su documental “¿Qué invadimos ahora?”.

A pesar de éstos y otros contrasentidos, el sistema escolar finlandés es uno de los más celebrados en el mundo gracias a que en las evaluaciones de desempeño sus niños y adolescentes alcanzan los más altos puntajes a nivel global, por lo que es objeto de estudio.

Queriendo dar con la quintaescencia del sistema escolar de Finlandia y replicar su éxito en otras latitudes, se le ha descompuesto en partes para examinarlo. Así, se ha descrito que éste pondera la cooperación por encima de la competencia, que sus maestros gozan de gran prestigio social, o que la educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años.

La lógica apuntaría a que basta con que países como México reproduzcan estos elementos para que sus niños y adolescentes alcancen los mismo resultados en las evaluaciones internacionales de desempeño escolar que los conseguidos por los niños y adolescentes finlandenses. Pero, como ya se ha visto, los finlandeses son afectos a contravenir el sentido común.

La política en materia educativa puesta en operación por Finlandia en la década de los 70 del siglo pasado no tuvo como objetivo último puntuar alto en las evaluaciones internacionales para acceder a los créditos de instituciones internacionales o asegurar inversiones extranjeras. La finalidad de esta política pública fue disminuir las desigualdades entre sus habitantes. Finlandia es hoy una de las sociedades con las menores brechas de desigualdades entre sus ciudadanos.

El secreto del éxito de esta política para disminuir las brechas entre los que más y lo que menos tienen fue —sí— instituir la educación pública y gratuita, asegurando el acceso a la educación a todos, pero también —y aquí va el contrasentido finlandés— suprimir la educación privada. En la mayoría de los estudios que detallan las características del sistema educativo finlandés, este último elemento suele obviarse.

La reforma educativa de Finlandia puso en cuestión la política previa en la materia, cuyo diseño consistía, grosso modo, en un sistema en el que sólo los mejores estudiantes —la gran mayoría, provenientes de familias de altos ingresos— podían continuar a estudios avanzados, tras una selección que se hacía entre los alumnos de once años de edad, que para entonces habían cursado los cuatro primeros años de escolaridad primaria. En ese punto, se decidían los destinos. Los que quedaban fuera de la selección —la gran mayoría, provenientes de familias de bajos ingresos—, sólo terminaban sus estudios de primaria, para luego dejar la escuela y comenzar a trabajar o recibir instrucción profesional. Este sistema profundizó las desigualdades en la sociedad finlandesa.

Los actores políticos y educativos finlandeses debieron reconocer que este sistema educativo —del que sólo podían sacar provecho los estudiantes provenientes de estratos sociales con privilegios— no sólo reproducía la desigualdad a través de las generaciones, sino que también debilitaba el tejido social del país.

Esto dio lugar a una serie de debates públicos, en los que participaron políticos de todo el espectro ideológico, así como académicos y educadores, de los cuales resultó la política pública que decidía abolir la educación privada e instituir un sistema integral que acoge a los alumnos de todos los estratos socioeconómicos, tanto en primaria como en secundaria, hasta los 16 años y reciben la misma enseñanza elemental en las mismas instalaciones.

El resultado de esta reforma no sólo fue el cerrar la brecha de logros entre los estudiantes más ricos y más pobres, sino que también convirtió a Finlandia en una de las historias de éxito educativo global de la era moderna.

De reformas y educación en México

En México, la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido señalada por  analistas de —en el mejor de los casos— constituir más una reforma laboral dirigida al gremio magisterial en lugar de una serie de políticas encaminadas a mejorar la educación que se imparte en el país.

La narrativa oficial de la reforma educativa en México —a la que Enrique Peña Nieto ha defendido como una de las acciones más importantes de su gobierno— es que ésta busca mejorar la calidad de la educación. “Lo que teníamos claro que México necesitaba tener una educación de mayor calidad para la niñez de nuestro país. Estábamos rezagados en el contenido y en la calidad que se estaba impartiendo en México”, se le escucha decir a Peña Nieto en los spots con los que promueve los logros de su administración, con miras a su sexto —y último— informe de gobierno.

Aumentar la calidad de la educación para disminuir las desigualdades es una afirmación con la que cualquier persona sensata estaría de acuerdo. Los finlandeses, tan proclives a atentar contra las convicciones más profundas, en un gesto excéntrico decidieron dar un “suelo parejo”, las mismas condiciones, tanto al acceso como a los contenidos de la educación a todos los niños y jóvenes. Y fueron más lejos: al abolir la educación privada evitaron generar las condiciones que en el mediano y largo plazo produjeran desigualdades en la sociedad.

El tejido social se reconstituyó, toda vez que los ricos y los pobres conviven en el mismo espacio, compartiendo la misma educación, de educadores que además están convencidos de la pertinencia del proyecto educativo para disminuir las desigualdades. Y los resultados los avalan: con la puesta en marcha de la reforma educativa, en Finlandia, según calculan analistas, se redujeron 25% las desigualdades en la sociedad finlandesa.

México es uno de los países con los mayores índices de desigualdad. Distintos trabajos académicos consignan que, en materia de ingresos, por ejemplo, la riqueza del país se concentra en un sector muy pequeño de la población. Como indica un trabajo reciente de El Colegio de México, las desigualdades son determinantes en la vida de las personas. Alguien que nace en una familia pobre tiene casi completamente asegurado el permanecer en situación de pobreza por toda su vida. Las clases medias no la llevan mejor, y resultado de la alta concentración de la riqueza éstas viven en riesgo permanente de caer en la pobreza.

La lógica de aumentar la productividad del país no ha derivado, pese las opiniones de los expertos en economía, en disminuir las desigualdades. “Seremos menos desiguales en tanto produzcamos más”, parece ser la consigna. En otra vía, los finlandeses decidieron suprimir los espacios excluyentes que derivaran en ventajas para algunos, en detrimento de la mayoría. La escuela se constituyó en un espacio de encuentro para todos los finlandenses, espacio en el que se conoce por cercanía la realidad del otro. Tal vez sea momento de poner en suspenso nuestras certezas, y probar con ideas que pudieran ir contra el sentido común.






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lunes, 27 de agosto de 2018

Morena y las Víctimas del Régimen Mexicano

Desde el Comité Cerezo apuestan por la apertura al diálogo con el gobierno de Morena, tal como muestra esta propuesta que han distribuido por correo electrónico:


CDMX a 27 de agosto de 2018

Buenos días, primero que nada agradecer a quiénes nos acompañan, en la mesa para compartir y tal vez, por qué no, discutir sus ideas; agradezco también a quienes están presentes y sabemos hicieron un gran esfuerzo para estar acá, también a todos aquellos que en al s redes sociales nos siguen.

Voy a leer de manera modificada para este foro, la carta que emitimos el 18 de julio que está dirigida al el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, carta que ya han firmado más de 160 organizaciones de DH y sociales mexicanas y de otras partes de mundo, así como más de 500 firmas individuales de personas de nuestro país y del extranjero que están respaldando la carta mencionada.

La carta tiene tres peticiones que trataremos de no sólo mencionar, sino tratar de explicar de manera clara para seguir sumando firmas, pero fundamentalmente para que sean discutidas y seguramente mejoradas, con la esperanza no sólo de clarificar los conceptos sino de que seamos escuchados por el futuro gobierno.

Si bien es ahora moda hablar del concepto de justicia transicional, nosotros no discutiremos su pertinencia ya que no es este el espacio, pero lo mencionamos debido a que es importante que estudiemos sus supuestas bondades y sus demasiadas maldades, llámese como se llame a este proceso de pacificación y democracia que se está planificando desde el futuro nuevo gobierno, estamos convencidos que dicho proceso debe incluir tres aspectos indispensables para iniciar en México un proceso real y efectivo que garantice los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, considerando la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral.

Estas tres exigencias son:

1. Una Ley de Amnistía Federal
2. Comisiones de la verdad
3. Ley General de protección a personas defensoras y periodistas

Iremos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, comenzamos con la exigencia de una

Ley de Amnistía Federal

Esta exigencia hacia el Gobierno no es nueva y tampoco surge de la nada, ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en proponer una cuya finalidad sea la reconciliación nacional y la paz, y esta segunda, la Paz, no puede construirse, mucho menos iniciarse hasta que ninguna persona este encarcelada, criminalizada o judicializada por su lucha en favor de la democracia para la mayoría y no sólo para, como ahora se le llama, la mafia del poder.

En México existen presos políticos y de conciencia, resultado de la política represiva de los gobiernos neoliberales para acallar la disidencia política y la lucha por la justicia que ha abonado en mayor o menor medida a tener una mayor democracia en México, si como se ha declarado, el Neoliberalismo terminó, también deben con este terminar la fabricación de delitos y la tortura, las detenciones arbitrarias (aproximadamente 4000, de las cuales 3000 fueron con Este gobierno actual de Peña Nieto) la prisión injusta en contra de más de 350 luchadores sociales que actualmente continúan en prisión.

Esta exigencia tampoco se hace a destiempo, por aquellos reclamos que nos hacen de que nos esperemos hasta que tome posesión el próximo Presidente, se ha realizado, por lo menos desde que empezamos a defender los DH, en el 2001, a los tres últimos gobiernos que hemos sufrido, para hacer un poco de memoria, esta demanda de una ley de amnistía la hemos exigido en los años 2002 y 2008 que más adelante detallaremos.

Estamos convencidos que la promulgación de una ley de amnistía representaría un acto de justicia fundamental, de congruencia con el discurso del presidente electo en materia de derechos humanos y que posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y como consecuencia la gobernabilidad.

Claro que no podemos dejar de mencionar que esta amnistía es para todos los presos y perseguidos políticos y de conciencia del país y que también su límite es que no puede beneficiar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos, es decir, a ningún agente de Estado.

Como siempre lo hemos dicho la promulgación de una Ley de amnistía no tiene traba legal alguno, es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de quienes ya se preparan para gobernar nuestro país.

Pero, ¿Qué es amnistía? No faltarán las voces de la mafia del poder que digan que no se puede perdonar a los delincuentes, tampoco los que desde la izquierda digan que no quieren perdón del Estado que los ha metido presos y de una justicia que siempre ha sido injusta. Lo primero que debemos tener claro es que la Amnistía NO es perdón, esa figura jurídica se llama Indulto y es el Presidente quién la emite como un acto jurídico político.

La amnistía, del griego amnesia, no tiene nada que ver con el perdón, sino con el olvido, la amnistía por tanto es una herramienta jurídico política que causa la extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por lo que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

Beneficios de la Amnistía:

1. El preso queda libre sin tener que reconocer los delitos que no cometió, aunque haya ocasiones en que cometió delitos del orden político, por ejemplo los presos que pertenecen a un grupo armado.
2. Las ordenes de aprehensión que existen y que no se han ejecutado se eliminan, es decir, ya no hay perseguidos políticos, y los presuntos responsables pueden regresar a sus hogares y ya no andar huyendo o maniatados con órdenes de aprehensión a ejecutarse de acuerdo al clima político. ¿Cuántos luchadores sociales existen que, aunque están fuera de la cárcel, están semi inmovilizados por órdenes de aprehensión o con carpetas de investigación durmiendo, esperando el momento político adverso a la lucha social para despertar y encerrar a los luchadores sociales?
3. Y todos aquellos que fueron presos y están libres bajo caución o libres con restricciones como renunciar al derecho humano a la protesta, y aquellos que ya cumplieron su injusta condena y viven con antecedentes penales, les es borrado su “record criminal” legalmente, es decir no tiene antecedentes penales que agraven una posible próxima detención o que por lo menos no le impidan tener un trabajo.
Ya ha habido otras amnistías en el pasado, fundamentalmente para exactamente lo mismo, para la reconciliación y la paz, lo que nunca hicieron fue modificar la esencia, el origen de la lucha por la democracia, que es la injusticia y por tanto sigue siendo necesario emitir otra más.

En 1976 La Amnistía decretada con Luis Echeverría, benefició a 230 activistas, la mayoría universitarios víctimas de la represión de 1968, en 1978 en el gobierno de López Portillo e inicio la “Apertura democrática” no por magnanimidad, sino producto de la lucha popular mayor democracia, no quiere decir que sea entonces buena voluntad. Del gobierno en turno, sino simple valoración política para aplacar el descontento social, para alejar a quienes pensaban que lo electoral aún era la vía válida para democratizar el país de quienes ya habían tomado las armas, con esta estrategia dividir a la izquierda y derrotar a la parte más belicosa.

Y se logró, en 1976, durante el gobierno de López Portillo se decreta otra amnistía que beneficia a otros mil 539 activistas, la mayoría en este caso ligados a los grupos insurgentes ya derrotados y a muchos sobrevivientes de la guerra sucia, pero que contribuyeron a la “apertura democrática”, si esa que dará origen a lo que hoy conocemos como MORENA, claro que después de cambiar de nombre PCM, PSUM, PRD.

A nivel local en el 2001 se decretó una Ley de amnistía que permitió la libertad de todos los presos indígenas Loxichas acusados de ser parte del EPR y que habían sido sentenciados con delitos del fuero común, gracias a la lucha de las organizaciones sociales por la libertad, tampoco por buena voluntad o magnanimidad de quienes gobiernan. Y en el 2003 en Guerrero, René Juárez, emitió una que, debido a la debilidad y protagonismo de quiénes la impulsaban, sólo benefició a tres personas y es una muestra clara que las Amnistías son salidas jurídico-políticas del Gobierno que si no se acompañan hasta el final del plato a la boca se cae la sopa y puede ser sólo una medida para que nadie o casi nadie quede libre.

En abril del 2002 ya nos tocaría sumarnos a este esfuerzo perenne por la libertad de llamarémoslos “Luchadores por la democracia” donde con otras organizaciones coordinamos una huelga de hambre de 87 presos en el país y apoyamos en el cabildeo y en el plantón mayoritariamente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas-OPIZ (que defendía a los presos Loxicha acusados del fuero federal y cuyo último preso salió el año pasado) en la Cámara de Diputados. Nuevamente en septiembre de ese año estuvimos en plantón por esa Ley, si bien no se logró la amnistía, la presión política generaba que el Estado “atendiera” los casos por separado y diera libertad a los casos menos difíciles, políticamente hablando, para desgastar y desarticular la lucha por la amnistía, pero que al final permitía la libertad no de todos, pero sí de algunos presos.

La última vez que participamos en un esfuerzo unitario por una amnistía, antes de este nuevo intento, fue en septiembre de 2008, en la cámara de diputados, en un foro realizado para este fin decíamos, con una suerte para atinarle a los que hemos vivido a partir de ese año:

“No se trata, únicamente, de una batalla jurídica para lograr las leyes de amnistía, sino de una exigencia al Estado mexicano de dar término a una serie de injusticias y violaciones a los derechos humanos que ya ha cometido, que está cometiendo y que, de seguir el deterioro político de nuestro país, incrementarán.” Y plateábamos dos salidas hace ya 10 años.

“La primera pasa necesariamente por la aprobación de la ley de amnistía federal, como punto inicial, que distienda el descontento social, que permita recomponer el tejido social dañado por la injusticia del Estado mexicano y un punto y seguido para la implementación de políticas tendientes a respetar los derechos humanos en nuestro país y mejorar las condiciones de vida de la población;” y que efectivamente no sucedió, por tanto la segunda salida fue la que prevaleció.

“La segunda, que justificando la lucha contra la delincuencia organizada, se niegue la amnistía; se continúe con la desaparición forzada; se permitan las reformas para la policía sin rostro; la aprobación del cateo por cualquier medio, no sólo escrito; la creación de una policía militarizada; la tortura indiscriminada de los detenidos incluyendo la sexual y la cadena perpetua en contra de la disidencia social como en el caso de los detenidos en Atenco y los defensores de derechos humanos.” Si bien no hay jueces sin rostro, nos quedamos cortos ante el terror que hemos vivido en estos 10 últimos años, pero que era claro que los dos caminos estaban planteados, igual que hoy, ley de amnistía o el regreso del nuevo-neoliberalismo, para que suene ya conocido.

Y terminábamos en esos años diciendo lo mismo que ya dijimos arriba

“[…] la amnistía no tiene trabas legales, éste es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de los responsables de que hoy estemos aquí, exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos y de los que no pueden estar debido a que se encuentran sufriendo dentro de prisión, a salto de mata o” abundamos ahora, en el exilio.
En diciembre de 2008 también tratábamos de aclarar un punto que es necesario hacer también ahora: […] la amnistía no es para quienes han violado derechos humanos y han cometido crímenes de lesa humanidad. Impulsamos una amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente asociados a motivos políticos, no para el Estado.”

Comisiones de la Verdad

Nuestro segundo punto, petición o exigencia al nuevo gobierno que llega con el respaldo de más de 30 millones de votos y que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en crear, es la Comisión de la Verdad, con la finalidad de esclarecer los hechos que han acontecido y lastimado a la sociedad mexicana en aras de la reconciliación nacional y la paz. Comprometiéndose a integrar una Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero queremos ir un poco más allá y plantear que esta u otras comisiones de la verdad son necesarias, debido a que los gobiernos neoliberales han sido los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población como lo muestran las miles de víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial a nivel nacional.

En México es necesario tener una comisión específica que determine la Verdad de los que pasó con cientos de personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales víctimas de desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial y de amenazas de muerte y espionaje ilegal, personas como cualquiera de nosotros que también han contribuido a la democratización del país, incluso algunas de las víctimas también militaban en MORENA y pagaron con sus vidas el triunfo ahora festejado. (228 ejecutados de manera extrajudicial y 165 víctimas de la desaparición forzada que hemos documentado desde 2006, así como cientos de amenazas de muerte y agresiones físicas)

Por tanto, una de las condiciones para construir la democracia y mantener la legitimidad es que no haya cabida en el gobierno para políticas que generen de manera sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos como sí lo ha sido en los gobiernos neoliberales.

La Paz y la reconciliación nacional es imposible o es una farsa si no podemos no sólo hablar, sino hacer realidad los derechos humanos de las víctimas: verdad, justicia, memoria, reparación integral y dentro de estas últimas, las medidas de no repetición si no se esclarecen los hechos, es decir, si no se conoce el paradero de las víctimas de desaparición forzada y los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, paso indispensable para iniciar el proceso urgente de justicia.

Ahora bien, las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en determinado lapso de tiempo lo que incluye no sólo garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como las personas o grupos que se vieron beneficiados por éstas.

Por ello es necesario:

Comisión de la verdad que tenga como objetivos:

1. Investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales que han sido víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte desde el año 2000 hasta noviembre del 2018.

2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, sistematicidad y contexto respecto a las graves violaciones a los derechos humanos.
3. Establecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada que por su actividad política son víctimas.

4. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos

5. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas

6. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Comisión de la verdad que tenga como objetivos:

1. Investigar y esclarecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada desde el 2006 hasta noviembre del 2018

2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, contexto y develar sistematicidad y generalidad en las desapariciones forzadas.

3. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las desapariciones forzadas.

4. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas

5. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Las dos comisiones de la verdad tienen que contar con diversas áreas de trabajo. De primera instancia, incluir la participación de expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, movimientos populares y el tema de la represión política, organizaciones de derechos humanos, personalidades de amplia trayectoria y periodistas honestos.
Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas

Por último, pero no menos importante es que ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado preocupación por diversos temas de derechos humanos que permitirían una reconciliación nacional y la paz y haciendo un ejercicio de memoria debemos decir que en el año 2012, escribimos un borrador de lo que hoy conocemos como la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos, que con la invaluable participación conjunta de otras organizaciones de derechos humanos en el cabildeo, logramos su aprobación el 25 de junio de ese mismo año, de la Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que daría vida al Mecanismo Federal de protección a defensores y periodistas que hoy existe y que, lamentablemente, que deja mucho que desear en la protección a quienes han sido víctimas de la violencia estatal por su labor de defensa de los derechos humanos en México.

Siempre que el gobierno hace mal las cosas, están efectivamente mal y muchas veces cuando lo hace bien, también lo hace mal. Así la existencia de la Ley y el mecanismo de protección a defensores y periodistas, carece de una política integral a nivel nacional que permita el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y protección a personas defensoras de derechos humanos.

Lo que estamos exigiendo hoy es una Ley GENERAL de protección a personas defensoras y periodistas, una Ley que debe expresar y solucionar las carencias de la actual ley además de cumplir las siguientes obligaciones que como Estado tiene ante las instancias internacionales, pero ante todo las obligaciones de un gobierno democrático:

1. Respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; prevenir delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas debidas a su labor;

2. Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debido a su labor;

3. Investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores materiales, autores intelectuales de los delitos y violaciones derechos humanos, así como a los beneficiarios de las mismas,

4. Garantizar la Reparación Integral,

a) y generar las Garantías de No Repetición

Con la promulgación de esta ley general se tiene la oportunidad de solventar diferentes problemáticas existentes como son las siguientes:

• La adecuada armonización entre los estándares internacionales de políticas públicas integrales de protección y el marco nacional.

• La carente coordinación y cooperación entre la federación, entidades federativas y municipios.

• La carente coordinación y cooperación entre el Mecanismo y diferentes instituciones federales y nacionales como la PGR, la CEAV y la CNDH

• La inexistencia de la investigación en la actual ley federal de protección.

• Las insuficiencias en materia de reparación y garantías de no repetición.

Para terminar con este largo documento de peticiones, no solo razonables y posibles en un gobierno cuyo lema es “Primero los pobres” queremos cerrar pidiendo también al nuevo gobierno que reciba a una comisión para sostener una reunión que aclare las dudas que este escrito pueda generar.

Comité Cerezo México






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Llarena y la Pica Catalana en Madrid

Pueden estar tranquilos Baltazar Garzón, Fernando Grande-Marlaska, Eloy Velasco y Ángela Murillo pues la mayoría de sus crímenes en contra de ciudadanos vascos fueron cometidos dentro de territorio españistaní.

La que se debe cuidar es Carmen Lamela, quien los cometió en contra de los vascos dentro del territorio controlado por Felipe Borbón s[i, pero que también tiene cuentas pendientes en contra de Puigdemont y compañía.

Hoy Lamela enfrenta la posibilidad real de ser el personaje nefasto por medio del cual el corrupto régimen borbónico franquista sea puesto en el banquillo de los acusados, algo que tiene nervioso incluso al sociata Pedro Sánchez, por aquello del Sr. X de los GAL, suponemos.

Pero dejémonos de conjeturas y pasemos a esto que nos informan desde El Nacional:


Maria Macià

Parcialidad, partidismo y violaciones de los derechos fundamentales de los acusados. Estas son las líneas de acusación principales en las que se sostiene la demanda civil presentada por el presidente Carles Puigdemont y los consellers en el exilio contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga. Esta acción se enmarca dentro del tira y afloja judicial mantenido entre el magistrado y el Govern catalán en el exilio. El Govern de Puigdemont decidió el pasado mes de junio emprender acciones legales contra Llarena, más allá de defenderse de las peticiones de extradición, hoy en día todas ellas retiradas.

La demanda se presenta por unas declaraciones que el juez realizó a la salida de un acto a Oviedo el pasado febrero, donde negaba que se estuviera llevando a cabo una acusación a los líderes independentistas por motivaciones "políticas".

El texto de la demanda, al cual ha tenido acceso El Nacional, va un paso más allá y aprovecha para denunciar "violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales" por parte de la justicia española contra los miembros del movimiento independentista. Lo hacen a través de un repaso cronológico de los acontecimientos a nivel político y jurídico en España desde la victoria independentista del 27-S, seguida del referéndum del 1-O, la declaración de independencia y los posteriores encarcelamientos y exilios.

Aseguran que las acciones de Llarena durante la instrucción del caso del 1-O han demostrado su "parcialidad, violación de la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales". Denuncian una "influencia política, totalmente inhabitual" de un juez de instrucción, en referencia a los intentos de investidura de tres candidatos diferentes a la presidencia de la Generalitat —Puigdemont, Turull y Sànchez, éste último en dos ocasiones—, todos impedidos por el juez. "Ha sobrepasado sus funciones judiciales o, como mínimo, ha abusado de estas, olvidando la base del Estado de derecho", critican.

Actos extrajudiciales

También se enumeran varios actos extrajudiciales en los que Llarena ha participado a pesar de estar vinculados con los hechos de la causa del 1-O o ser de carácter político. En concreto, se trata de un seminario organizado por la FAES —think tank político impulsado por el expresidente del Gobierno José María Aznar— en el año 2014, una conferencia en Salamanca invitado por una empresa privada en abril y un curso de este verano en una universidad de Madrid sobre "La justicia y la política".

Insisten en que estas intervenciones del juez como conferenciante "revelan sus opiniones políticas" y también su "partidismo y falta de imparcialidad" en un marco de "extrema complejidad y sensibilidad".

La implicación del Gobierno

Esta demanda ha abierto una guerra entre gran parte de la esfera judicial española y el gobierno de Pedro Sánchez. Llarena pidió amparo al Consejo del Poder Judicial para que se hiciera cargo de su defensa ante los tribunales belgas el 4 de septiembre, cuando está citado. Este lo aceptó, pero el Ministerio de Justicia matizó que solo se le defendería de las acusaciones que vayan contra la jurisdicción española pero no las que estén vinculadas a "actos privados" del juez, como las declaraciones ovetenses, origen de la demanda. La noticia indignó a la judicatura que reivindica una defensa de Llarena en todos los términos. A todo ello, este domingo el Ejecutivo ha anunciado que contratará a un abogado para defender a Llarena en Bélgica.

Las acusaciones contra el Gobierno que aparecen en la denuncia están relacionadas con una "campaña mediática de desprecio sistemático y violento por parte de todos los órganos del Estado" contra el independentismo, donde implican al Ejecutivo, el Rey y las asociaciones de jueces y fiscales. "Los miembros de las minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales por parte de las jurisdicciones españolas", detallan.

La demanda sitúa España a la altura de Kazajistán, "entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios de los derechos fundamentales universales". Concretamente, recuerdan el caso en que, pocos días después de un toque de atención por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU pidiendo a España y a Llarena respetar los derechos fundamentales, se volvió a denegar a Jordi Sànchez un permiso para asistir a su investidura.

En este sentido, se acusa al sistema judicial español de ser "incapaz" de tratar la cuestión catalana de "manera imparcial". El único objetivo de la respuesta penal del Estado es, según afirma la demanda, hacer que los líderes independentistas renuncien a su proyecto político y no juzgar los delitos penales de los que se les acusa.






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