Bonito negocio hacen los banqueros españoles, socios preferentes del franquismo-borbónico.
Primero "regalan" créditos, después se cobran a lo grande a sabiendas de que cuentan con el contubernio de una clase política corrupta y arrogante.
Es por eso que es tan urgente difundir información como la que les compartimos a continuación en este texto publicado en la página de Rebelión:
La movilización social ante la estafa de la crisis ha dejado al descubierto hasta que punto la vivienda es un lucrativo negocio. Antes de la crisis, una parte importante de la sociedad no podía acceder a una vivienda, y otra parte tenía que hacerlo comprándolas a precios sobrevalorados, lo que obligó a contraer enormes deudas. Promotoras, constructoras, inmobiliarias, y entidades bancarias, ganaron enormes sumas de dinero. Cuando empezó la crisis las deudas se convirtieron en una trampa para cientos de miles de familias que están haciendo enormes sacrificios para pagar su hipoteca, o se han visto abocadas a perder sus casas, y en muchos casos arrastrar una deuda de por vida.
Actualmente la suspensión de los lanzamientos (desalojos forzosos), de colectivos especialmente vulnerables, esta retrasando en el tiempo los desahucios, pero aún así el año pasado se iniciaron 83.000 ejecuciones hipotecarias, y se desahuciaron a 67.000 personas. Un 38,4 % se debió al impago de la hipoteca y un 56,8% al impago del alquiler. En el 70% de los desahucios hay menores afectados. Por eso defendemos que ninguna familia sea desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a su hipoteca, y que, en última instancia, se le aplique la dación en pago, se incorpore su vivienda al parque público, y la siga habitando en régimen de alquiler social.
Mientras a las familias se las desahucia, el Estado y el Banco Central Europeo han puesto a disposición de las entidades bancarias cientos de miles de millones de euros. El Estado avala a las entidades financieras, les presta dinero, les inyecta capital y, finalmente, les compra suelos y viviendas que no pueden vender al precio que les permita recuperar sus pérdidas. El mismo Gobierno que aprueba medidas restrictivas sobre los desahucios crea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se encargará de comprar los activos inmobiliarios tóxicos de los Bancos con dinero público. El resultado, que el Estado se hace cargo de la deuda privada incobrable de los Bancos, aumentando la deuda pública y recortando aún más el gasto social.
No es un problema nuevo, hace 120 años Engels citaba en su obra Contribución al Problema de la Vivienda que: “Los obreros deben cargarse de deudas hipotecarias muy pesadas… y convertirse más que nunca en esclavos de sus amos, pues están atados a sus casas… y han de aceptar todas las condiciones de trabajo que les ofrezcan.” Hoy también, el endeudamiento incrementa la explotación y ayuda al control social de la población.
La vivienda es una necesidad básica del ser humano, un espacio vital para desarrollar la vida, un factor de integración social y desarrollo personal y, sin embargo, aunque el derecho a la vivienda esta reconocido formalmente en múltiples pactos internacionales y estatales, la realidad es que en la economía capitalista el acceso a la vivienda nunca será considerado un derecho sin luchar, debido a que el principio y fin del modo de producción capitalista es valorizar el capital, y esta claro que la inversión inmobiliaria canaliza una parte importante de la plusvalía que no se reinvierte en capital productivo.
Por ello cualquier política de vivienda pública afecta directamente a los intereses de la burguesía y su representación política. Construir viviendas requiere financiación y el sector privado no renunciará voluntariamente al negocio que supone la producción, préstamos, hipotecas, o la promoción de viviendas. Además, el capital ofrecerá resistencia, a través de su control de la deuda pública, y sus representantes políticos defenderán la privatización mediante concesiones administrativas para construir, o mediante la gestión privada, como ocurre con el parque de alquiler de vivienda publica gestionado por Alokabide, que funciona con criterios de rentabilidad y ahorro, y no con criterios sociales. Igual ocurrirá si se adoptan medidas en relación con las viviendas vacías porque una buena parte de ellas son propiedad de Bancos, inmobiliarias o grandes grupos inversores.
De ahí la necesidad de reivindicar la nacionalización de la Banca, bajo control de los trabajadores, y de oponerse por tanto a la privatización de KUTXABANK, y la bancarización de las antiguas Cajas de Ahorro, porque representa la base para la creación de una Banca Pública que posibilite un acceso barato al crédito, necesario para desarrollar programas de inversión pública en vivienda, sanidad o educación, la lucha contra la regulación actual del crédito, y el desarrollo de políticas sociales como el programa de viviendas subvencionadas de VITALKILER que desaparecerá si culmina el actual proceso de privatización.
La movilización social de los últimos años, especialmente la lucha de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAHs) contra los desahucios, está calando, incluso en el aparato judicial, y esta erosionando los pilares de un sistema al servicio de multinacionales y banqueros. Ha situado, además, en primer plano tres cuestiones fundamentales; que existen edificios suficientes para remediar una parte importante de las necesidades de vivienda si se les da un uso racional, que la vivienda, en cuanto propiedad, debe tener una función social, y que hay que reforzar los mecanismos de participación social y cambiar todas las leyes que actualmente representan un obstáculo para una política pública de vivienda.
El artículo 47 de la Constitución Española (CE) establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y ordena específicamente a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para la efectividad de tal derecho, pero, tal y como establece el artículo 53.3, este derecho “sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen”. Por otro lado, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo diez, recoge como competencia exclusiva la de urbanismo y vivienda, que habría que coordinar con la competencia municipal sobre ordenación territorial y disciplina urbanística.
La cuestión es que no hay todavía una Ley de Vivienda Vasca porque se ha preferido desarrollar la política de vivienda a través de múltiples disposiciones con un denominador común: incoherencia, primacía de la iniciativa privada, y desconexión en las actuaciones de todas las instituciones que tienen competencia en la materia. A pesar de todo, es reconocible un modelo urbanístico y de vivienda vasco caracterizado por un importante reparto público de las plusvalías, y su conversión en patrimonio público de suelo y vivienda, un patrimonio que desde el inicio de la crisis esta amenazado, incluso está siendo desmantelado, y que tenemos que defender.
Para ello la sociedad civil tenemos que situar la política de vivienda pública en el primer plano de actualidad, y el Proyecto de Ley de Vivienda, presentado en el Parlamento Vasco hace ya un año, es una oportunidad para ello, igual que lo es la lucha de los inquilinos de viviendas públicas de Alokabide (6.000 viviendas).
