Un blog desde la diáspora y para la diáspora

martes, 30 de julio de 2002

Zorionak Beloki!



Una felicitacion a Joseba Beloki de Gazteiz, corredor del Once Eroski, por su segundo lugar en el Tour de France 2002. A él y a todos los vascos que en las huellas de Mikel Indurain brindan gran esfuerzo y dedicación en esta competencia, gracias.




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sábado, 27 de julio de 2002

Españolismo a Prueba en Gibraltar

A Madrid se le atoran los referendos, o sea, no puede concebir la idea de que se consulte a las personas acerca de tal o cual tema o, en este caso, del derecho a decidir, un derecho protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Durante semanas, la posibilidad de un referéndum en la CAV anunciado por el lehendakari 3/7 Ibarretxe ha provocado un severo distanciamiento con el gobierno del nostálgico franquista Aznar.

Pues bien, ahora es al sur en donde el españolismo es vuelto a poner a prueba.

Lean lo que nos reporta La Jornada:


Madrid y Londres no reconocerán el referéndum sobre Gibraltar

Lo apoya la oposición conservadora británica

Los gobiernos de España y Gran Bretaña no reconocerán el referéndum previsto en Gibraltar sobre el futuro de la colonia británica, situada en el sur de la península ibérica, manifestaron este viernes representantes de ambos países.

La ministra del Exterior española, Ana Palacio, aseguró que la iniciativa "contraviene la legalidad internacional". Por ello, el resultado de la consulta no tendrá ninguna validez.

El Ministerio del Exterior británico afirmó que rechazará el resultado del referéndum por considerar que una consulta para rechazar la política británica sin dar tiempo para un debate adecuado "pasaría por alto la democracia".

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, defendió como un derecho democrático la celebración del referéndum y reconoció que le gustaría "torpedear" las conversaciones entre Londres y Madrid sobre Gibraltar.

"El pueblo de Gibraltar unánimemente se opone no solamente al principio de la soberanía compartida, sino a la manera en que se está llevando a cabo todo este proceso, y por lo tanto nos gustaría torpedearlo. Que lo vayamos a conseguir con este referéndum o no, es otra cosa", dijo.

Caruana convocó el jueves al referéndum en respuesta al discurso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores británico ante el Parlamento el pasado 12 de julio, en el que dijo que Londres y Madrid habían llegado a un amplio acuerdo que incluiría la soberanía compartida.

La propuesta de Caruana encontró aceptación en las filas de la oposición británica. El portavoz de Relaciones Internacionales de los conservadores, Michael Ancram, explicó que el paso de Caruana es la "respuesta correcta a la política cínica" del gobierno laborista del primer ministro Tony Blair, de obligar a los gibralteños a aceptar la soberanía compartida.

La amplia mayoría de los 30 mil habitantes se oponen a que España pueda desempeñar cualquier tipo de papel sobre su pequeña pero estratégica colonia situada en la desembocadura del Mediterráneo. 





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viernes, 26 de julio de 2002

Patente de Corso a Garzón

Así como Madrid busca dotar de impunidad al terrorista de estado Enrique Rodríguez Galindo, también intenta lo mismo con el facilitador y promotor de la tortura que responde al nombre de Baltasar Garzón y quien, para más inri, es juez.

Lean esto que nos informa La Jornada:


Otorgan amparo al juez Garzón ante acusaciones de líderes vascos

Rechazan nacionalistas la "utilización política de la justicia"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en forma unánime conceder el amparo al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ante dirigentes políticos vascos que lo acusaron de actuar por "móviles políticos" y de ser "brazo político" del gobierno español.

Garzón ha ordenado el cierre de diversas organizaciones civiles del independentismo vasco, el encarcelamiento de políticos, periodistas y líderes vascos, y más recientemente, el embargo de cuentas y bienes de la coalición vasca Batasuna, considerada brazo político de la organización armada ETA.

El diario vasco Gara informó que el CGPJ dio su amparo a Garzón, defendiéndolo así de posibles acciones policiales que se pudieron haber derivado de acusaciones como la del consejero de Justicia del Ejecutivo de Lakua, Joseba Azkarraga, quien afirmó que Garzón ha incurrido en la "utilización política de la justicia".

"A ver quién ampara a este país ante las actitudes de ciertos jueces y las declaraciones del gobierno", sostuvo Azkarraga, quien recordó que por actitudes menos adversas se ha tratado de encausar a líderes vascos, a quienes se ha acusado de hacer "apología del terrorismo", mientras que puede ser amparado un juez que claramente está sirviendo a los intereses de Madrid, en violación a sus funciones como representante del Poder Judicial.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó este jueves que España está obligada a indemnizar al coronel Juan Alberto Perote, condenado a siete años de prisión por haber sustraído y revelado el contenido de documentos confidenciales de los servicios secretos españoles (Cesid).

Los documentos clasificados revelaron detalles de la guerra sucia aplicada por el gobierno socialista de Felipe González contra el entorno independentista vasco, y ejecutada por los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

La corte de Estrasburgo considera que fue vulnerado el derecho de Perote a un juicio justo debido a que dos de los jueces militares que lo juzgaron estaban sesgados en su contra debido a que habían resuelto aspectos previos de la instrucción. El tribunal fijó que el Estado español debe indemnizar a Perote con 10 mil 500 euros por haber permitido que lo juzgaran jueces no competentes para el caso.

Perote demostró que el presidente y el ponente del tribunal militar que lo condenó en 1997 integraban también el equipo de magistrados que confirmaron su culpabilidad, decidieron prorrogar su encarcelamiento y rechazaron su apelación.

Al considerar que el demandante tenía razón en dudar de la imparcialidad de quienes lo juzgaron, el tribunal de Estrasburgo determinó que hubo una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 


 

Nota: De acuerdo a la RAE, patente de corso es una autorización que se tiene, o se supone, para realizar actos prohibidos a los demás. Cédula o despacho con que el gobernó de un Estado autorizaba a un sujeto para hacer el corso contra los enemigos de la nación. Y corso es campaña marítima que se hace al comercio enemigo siguiendo las leyes de la guerra.

Hoy en día es una expresión que se utiliza con frecuencia en el lenguaje coloquial, para señalar a una persona o grupo que comete acciones abusivas, delictivas, irresponsables, etc, y no es castigada, no es suspendida de sus actividades, ni siquiera es objeto de un llamado de atención. Es decir, alguien que actúa con total impunidad, como si estuviese apoyado y protegido por las autoridades, se dice que tiene una patente de corso.




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martes, 23 de julio de 2002

Vázquez Montalbán | La Guerra o la Paz del Perejil

El vascófobo escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán resume en este texto publicado por La Jornada la tragicomedia escenificada por José María Aznar en un peñasco habitado por cabras que responde al nombre de Isla Leila y al que el españolismo ha bautizado muy creativamente Isla Perejil... porque en su yerma geografía solo crece, precisamente, perejil.

Ahora bien, la razón por la que nosotros se lo compartimos, además del registro para la historia de las andanzas del tal Aznar, es para recalcar que más allá de la mención a los polisarios en una lista que incluye a peces y a emigrantes magrebíes, Vázquez Montalbán también deja fuera del escenario a los saharauis, validando con ello la traición por parte del pupilo de Franco, Juan Carlos Borbón, en contra del Sahara Occidental.

Adelante con la lectura:


La guerra o la paz del Perejil

Manuel Vázquez Montalbán

Aunque se haya dicho y escrito que del whisky se mea todo..., está comprobado que el perejil es más sano para nuestros riñones y nuestra vejiga de la orina. Cierto que la bravata del rey Mohamed VI de apoderarse del islote de Perejil a poca distancia de Ceuta, plaza de soberanía española en Marruecos, no pretendía aumentar la capacidad diurética de los españoles, sino dar otro giro de tuerca a un complejo contencioso con el gobierno de Madrid que implica peces, polisarios, emigrantes magrebíes y reivindicaciones territoriales.

Bastó la presencia de ocho soldados marroquíes en un peñón en el que casi no hay espacio para cabras y gaviotas para que España tuviera en el espejo la presencia corpórea del enemigo.

En más de una ocasión se ha especulado sobre el comportamiento de Estados Unidos, o de la OTAN (es lo mismo) o de la Unión Europea ante un acto de fuerza de Marruecos frente a España, supuesta potencia colonizadora. Dudoso que Estados Unidos se enfrentara a uno de los más interesados aliados con que cuenta en el universo islámico o que la OTAN ayudara a España frente al Islam, y en cambio era presumible que la Unión Europea manifestase su solidaridad inicial con el gobierno español y quedaba en la reserva suponer qué acciones emprendería para presionar a los marroquíes. Como si alguien hubiera urdido un ensayo general del Auto Sacramental de la Solidaridad Globalizadora, el pequeño caso del islote Perejil levantaba los mismos interrogantes que si la casi simbólica agresión marroquí hubiera sido realmente una agresión. Si su majestad el rey de Marruecos no ordena la retirada de sus tropas ¿qué harán Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, España?

Era improbable que Estados Unidos enviara un comando dentro del show Libertad Duradera para liberar el islote Perejil de sus invasores, habida cuenta de que Bin Laden sigue donde estaba y vuelve a circular el ántrax por las venas de la correspondencia estadunidense. Tampoco la OTAN iba a expresar otra cosa que sus deseos de que no fuera a más el contencioso hispanomarroquí y contemplar el minimalismo militar marroquí y el maximalismo militar español como una fiesta de gestos desmesurados dentro de los festejos conmemorativos de la boda del rey Mohamed VI. ¿Era imaginable que la Unión Europea castigara a Marruecos cortando las importaciones de su mejor producción agrícola? Un bloqueo económico de esta envergadura pondría en peligro el ecosistema político y social marroquí, a dos pasos de cualquier virus de integrismo islámico.

Ante esta situación de previsible soledad, el gobierno español optó por un desafío militar en toda la regla, culminado con una ocupación de la isla a cargo de la Legión acompañada, como siempre, de su cabra mascota. Una nueva reconquista contra los moros daba una dimensión dramática a la ocupación española y adquiriría una dimensión dramática la estrategia de desencuentros entre el gobierno español y el marroquí, muy especialmente a la reivindicación de Ceuta y Melilla como territorios marroquíes ocupados por España desde hace más de 400 años. La tensión entre las poblaciones españolas y magrebíes en Ceuta y Melilla sube y baja según la voluntad de un termómetro que controla el gobierno de Rabat y tras el ramito de perejil en este comistrajo, el próximo paso sería cualquier brote de conflictividad en las llamadas en otro tiempo plazas de soberanía.

Resultaba difícil creer que la prefabricada tensión no obedecía a otra finalidad que recordar la posible envergadura de un conflicto larvado y que la táctica marroquí no conducía a cualquier fórmula de al borde del abismo. Aunque las ministra española de Exteriores, Ana Palacio, declaró que este perejil no valía una guerra, la ocupación militar del peñasco decía todo lo contrario, clara demostración de que al presidente Aznar le gustan las hazañas bélicas. La presencia de la Legión Española en Perejil dramatizaba la circunstancia e impedía la solución recomendable de que sobre el peñasco se construyera un hotel hispano-marroquí para que se celebraran allí esos encuentros en la cumbre que tanto gustan a los políticos globalizadores o simposiums sobre la koiné mediterránea, representada por la berenjena o las relaciones norte-sur en el Mare Nostrum. Cuando el episodio esperpéntico estaba a punto de convertirse en trágico, Estados Unidos presionó a Madrid y Rabat para que volvieran a dejar el islote de Perejil en su autista soledad mediterránea y así se hizo, demostrando una vez más que donde haya patrón no manda marinero. No todos los soldados españoles han entendido el lugar que ocupan en el orden del universo y un joven legionario se ha quejado por no haber pegado ni un tiro, es decir, por no haber tenido la oportunidad de matar a un marroquí. Guerra o paz del Perejil, el mismo chiste a la medida del espantoso patriotismo de los estadistas de Marruecos y España y de la bravata poética: Los españoles donde no llegamos con la mano, llegamos con la punta de la espada




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Ratifican Sentencia Contra Rodríguez Galindo

En este artículo de La Jornada en el que se nos informa acerca del más reciente episodio en el proceso en contra de Enrique Rodríguez Galindo resaltan dos detalles.

El primero, que la defensa - o sea, Madrid - está dispuesta a llevar el caso de Rodríguez Galindo, terrorista de estado a cargo de torturar y asesinar a militantes del independentismo vasco, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sito en Estrasburgo. El régimen español busca así pervertir el motivo mismo con el que ese tribunal fue creado, viciando su labor en favor de la protección y defensa de los derechos humanos. Ya veremos como en el futuro recurrirán a ese tribunal para validar sus desmanes represivos.

Segundo, la defensa - o sea, Madrid -, está confiada en que le sea concedido un indulto a Rodríguez Galindo, dejando ver que todo el proceso ha sido una farsa porque al final de cuentas ni La Zarzuela ni La Moncloa van a permitir que uno de sus héroes sucumba ante instituciones creadas con la intención de maquillar al régimen tras la muerte de Francisco Franco.

Adelante con la lectura:


Ratifican sentencia contra ex director de la Guardia Civil por delitos en la guerra sucia contra ETA

La defensa apelará ante el tribunal de Estrasburgo, pero espera un indulto del gobierno español

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Tribunal Constitucional de España ratificó hoy la pena impuesta al ex director de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por el asesinato y el secuestro de José Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala, en 1983 en el contexto del terrorismo de Estado auspiciado por el gobierno socialista de Felipe González.

La sentencia desestima un recurso de apelación presentado por la defensa de los cinco inculpados que son, además del ex general Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; el teniente coronel Angel Vaquero y los ex agentes del Cuartel de la Benemérita en San Sebastián, Enrique Dorado y Felipe Bayo.

El abogado Iñigo Iruin y la Asociación contra la Tortura, que ejercen la acusación particular y popular, repectivamente, en el caso Lasa-Zabala, valoraron positivamente la decisión del Tribunal Constitucional.

El caso Lasa-Zabala representa lo que fue la llamada guerra sucia contra la organización separatista vasca ETA en la década de los 80: un comando de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), a las órdenes de Rodríguez Galindo, secuestró en el sur de Francia a los dos jóvenes vascos -de 21 y 23 años- considerados por el servicio de inteligencia español como miembros en activo de ETA.

Una vez secuestrados fueron trasladados a San Sebastián, donde en un edificio oficial fueron interrogados y torturados durante diez días, hasta que finalmente los trasladaron a un pueblo de Valencia donde fueron ejecutados de un disparo en la cabeza y sus cuerpos enterrados en más de 50 kilogramos de cal. Diez años después se pudieron recuperar sus restos.

En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó a los acusados a penas que superaban en todos los casos los 65 años de prisión, si bien el año pasado, por apelación de la defensa, también tuvo que pronunciarse el Tribunal Supremo, que no sólo ratificó la condena, sino que aumentó cuatro años a las penas al considerar que existía el agravante de ser "funcionarios públicos" y señalar que los actos cometidos "constituyen un caso de perversión de los medios en atención a los fines, con olvido de que, desde la legitimidad de la sociedad a defenderse del terror, esta defensa sólo puede llevarse a cabo desde el respeto a los valores que definen el estado de derecho, y por tanto sin violar lo que se afirma defender".

Un año después, el Tribunal Constitucional también ratificó la condena con siete a votos a favor y cinco en contra.

El Tribunal Constitucional ha demorado el fallo tras la presentación por parte de los condenados de la recusación del vicepresidente de este órgano, Tomás Vives, por su amistad con el instructor del caso, el magistrado Javier Gómez de Liaño.

El abogado de Rodríguez Galindo, el general más condecorado de la Guardia Civil hasta su detención por estos hechos, anunció que acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que esperará un posible indulto del Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, quien ya ha rubricado amnistías en casos similares, como los del ex ministro de Interior en el gobierno de Felipe González, José Barrionuevo, y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

A todo esto, el letrado de las familias de las víctimas, Iñigo Iruin, subrayó que los condenados "son la cúpula de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa en 1983", y que lo fueron como autores de dos delitos de asesinato y dos delitos de detención ilegal. "Queda por ver ahora con qué argumentos va a indultar el gobierno de Aznar tan gravísimos delitos y la pena de Rodríguez Galindo, que es de casi 80 años de prisión", añadió.

A su vez, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, mostró "satisfacción" por la decisión adoptada por el Tribunal, e instó al gobierno de Aznar a "no anular una condena judicial y social a unos acontecimientos de tanta gravedad". 




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domingo, 21 de julio de 2002

Aznar el Autócrata

La Jornada ha publicado este artículo en el que se expone la postura asumida por el PNV tras el informe rendido por José María Aznar.

Adelante con la lectura:


"Autocrática y persecutoria", la política de Aznar para solucionar el conflicto vasco, acusa el PNV

El presidente del gobierno usa el tema de Euskadi de forma electoralista, dice el vocero

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La cúpula del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) considera que la política emprendida por el Ejecutivo español, del conservador José María Aznar, para la solución del conflicto vasco "es autocrática" y "persecutoria" del nacionalismo, por lo que sostienen que las iniciativas rupturistas aprobadas recientemente en el Parlamento vasco están justificadas y "se llevarán a cabo".

Después del debate del estado de la nación -informe anual de gobierno-, en el que Aznar advirtió al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe que defenderá la vigencia de la Constitución, el Estatuto de Gernika y la integridad territorial de España, el vocero del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, explicó a La Jornada que "Aznar utiliza el tema vasco de forma electoralista, pero la gente se ha dado cuenta de que este señor tiene fecha de caducidad".

Las relaciones institucionales y políticas entre los gobiernos vasco y español están prácticamente rotas, si bien el nivel de las acusaciones sube de tono día a día, sobre todo a raíz de la aprobación en el Congreso vasco de la ponencia de autogobierno, en la que instan a Madrid a traspasar la integridad de las competencias contempladas en el estatuto en un plazo máximo de dos meses, y anuncian la convocatoria a una consulta popular de autodeterminación en la región.

La dirección del PNV señaló esta semana que las "las expresiones mendaces y delictivas" de Aznar contra el nacionalismo vasco son "burdas mentiras, desde luego intencionadas", y lo acusó de mantener una línea "autocrática y cada vez más retrógrada, que tiene como consecuencia una cada vez más baja calidad de la aún débil democracia que entre todos intentamos consolidar".

Agregó la nota que "ni los modos ni las bravatas de Aznar asustan a los nacionalistas vascos, que hemos padecido situaciones mucho más duras y, por eso, hoy somos más fuertes que ayer. Siga, pues, por ese camino porque estamos seguros que sufriendo su persecución y odio nos dará, una vez más, fuerza para ser consecuentes con nuestros principios".

El propio Anasagasti explicó que el planteamiento de Aznar "es muy poco democrático y está provocando que las relaciones institucionales con el País Vasco se estén rompiendo, porque creo que él presenta una cara dura, desagradable y antipática. Además es muy beligerante e intenta meternos en el mismo saco de la violencia".

En cuanto a la ponencia de autogobierno, el vocero sostuvo que hace 23 años que se aprobó el estatuto, por lo que lo único que piden es el cumplimiento de la "legalidad", al tiempo que advirtió que la propuesta "es viable, ya que en algunos casos hay instituciones paralelas y en algunos casos está funcionando así, pero esto lo vamos a llevar a cabo, aunque hay algunos casos más difíciles, como el de la seguridad social, pero siempre hay maneras para resolverlo".

Respecto de la transferencia de las cárceles, señaló, "la gente en Madrid piensa que nosotros queremos la competencia para abrir las prisiones, pero ese no es el caso, queremos las competencias para cumplir la ley y para atender a la población reclusa, para que no estén hacinados y sean tratados como seres humanos".

En relación a la consulta popular sobre autodeterminación y la creación de un nuevo marco jurídico-político que sirva de base para las relaciones de la región, Anasagasti explicó que "no se debe tener ningún miedo a que se consulte al pueblo vasco, porque a fin de cuentas Europa se ha hecho como América, en base a guerra y matrimonio, y nosotros lo que queremos plantear es unas relaciones con Europa en base a la voluntad popular".

Añadió: "Si la población lo decide, ya veremos si podemos plantear esa cuestión, pero nosotros creemos que si la consulta popular sirve para eliminar la violencia de ETA, entonces hace falta; cualquier esfuerzo en ese sentido sería políticamente muy interesante, ahora tampoco unimos la violencia a la consulta, porque el conflicto vasco es anterior a la existencia de ETA y sobrevivirá a la propia ETA".

Interrogado sobre si su formación reivindica la independencia, Anasagasti matizó que "en estos momentos no hablamos en clave de independencia sino simplemente de una consulta, pues creemos que el pueblo vasco tiene derecho a esto. La independencia es un objetivo en nuestro horizonte programático pero sujeto a un planteamiento de prudencia y de no ocasionar más mal que bien, pues para esta labor es fundamental la participación de los partidos Socialista y Popular (PP), y de Batasuna, siempre y cuando esta coalición tenga la idea clara de que no puede ser la correa de transmisión de ETA, pues lógicamente si ETA plantea una tregua o el cese definitivo de la violencia, Batasuna tiene que ser parte sustancial, como lo ha hecho el Sinn Fein en el proceso irlandés".

Pero estima que los dirigentes de Batasuna no tienen actualmente la misma autonomía de vuelo, y "yo creo que más que porque no quieren es porque no les dejan".

En cuanto a la recién aprobada ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc por el Ejecutivo español para la ilegalización de la coalición nacionalista, el líder vasco señaló que esta normativa "ha enrarecido la situación del conflicto porque es una ley de partidos políticos aprobada en Madrid que se va a aplicar en el País Vasco pero sin contar con la gente del País Vasco".

Una ley repudiada

Afirmó que dicha legislación "nunca se consultó con nosotros, aunque se les llena la boca diciendo que tiene el respaldo de 95 por ciento de la Cámara, pero en el País Vasco no se quiere, porque va a ocasionar más problemas de los que va a solucionar. Un sistema de partidos funciona en base a partidos; por ejemplo, cuando la transición española no se ilegalizó a la Falange y sí se legalizó al Partido Comunista, y ahora que todo el mundo habla de la maravilla de la transición española se debería tomar en cuenta que se hizo gracias a los partidos políticos y que no se ilegalizó a nadie".

Puntualizó: "Aquí se va a ilegalizar un partido político en el que sin duda hay gente que apoya la violencia, pero en el que también hay gente que no, así que por eso decimos que se debe actuar con el Código Penal, con el que se puede perseguir el delito. Además de que la ley fortalece a Batasuna, que los últimos años había reducido a la mitad su representación parlamentaria y había sufrido una escisión en su interior".

Afirmó que la ley significará una radicalización de la sociedad porque rompe de alguna manera el pase de las armas a la política y eso es clave, y que en el fondo "hay miedo a vencer democráticamente a quien da soporte a la violencia, pues en democracia todas las ideas se pueden defender y cuando alguien ilegaliza a su adversario es un demócrata de muy baja calidad".

Batasuna, señala, es un grupo político que está vinculado con la violencia de ETA, "pero prefiero que haya gente que haga política a que se dedique a la lucha armada y cuanto más propiciemos que ese grupo participe en las elecciones ese siempre será un paso para propiciar un proceso de paz".

-Se afirma que el PNV está negociando con ETA.

-Ya quisiéramos, porque eso significaría que ETA estaría dispuesta, pero en este momento está cerrada y tratando de, como ellos dicen, socializar el dolor. No hay ningún cambio, siguen igual, si acaso están un poco más débiles pero si tienen la decisión de matar en un momento determinado terminarán haciéndolo.

En cuanto a críticas socialistas, populares y del propio Aznar, que sostienen que el gobierno vasco se olvida de los ediles amenazados por la organización armada, el líder nacionalista apuntó que el gobernante "se preocupa más de un tipo de víctimas que de todas las víctimas, pues aquí todavía estamos encontrando cadáveres de la guerra civil española y sin embargo de ese tema no se puede hablar con Aznar, quien todavía no ha condenado el alzamiento militar de Francisco Franco. Y creo que nunca lo hará: no puede ir en contra de su propia familia, pues la nomenclatura del régimen anterior está muy bien representada en sus hijos". 




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viernes, 19 de julio de 2002

Garzón Inicia Embargos

Ha iniciado el asalto a mano armada por parte de esbirros del estado español en detrimento de propiedades del pueblo vasco.

El jefe de los forajidos responde al nombre de Baltasar Garzón Real, azote de las naciones históricas en resistencia contra el anacrónico imperialismo español.

Esta es la información que traemos a ustedes desde La Jornada:


Embarga Garzón cinco sedes de Batasuna

Sensible disminución del "apoyo total" de la población vasca a ETA, revela encuesta

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó hoy el embargo de cinco sedes de la coalición de la izquierda independentista vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA, en una medida calificada de "auto político" por la directiva abertzale (nacionalista).

De este modo, el magistrado español ya ha inmovilizado 109 cuentas bancarias, 75 herriko tabernas y cinco inmuebles de la formación radical.

El auto de Garzón se inscribe en la decisión adoptada hace dos semanas en la que consideró que Batasuna, como "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera en el País Vasco, tenía que pagar una fianza de 24 millones de dólares.

Esta vez, Garzón ordenó el embargo al considerar que "han realizado una serie de negocios simulados en la búsqueda de los mayores beneficios de sus titulares, aprovechando para ello a dichas entidades, legalmente constituidas con el único propósito de ocultar la real detentación de su patrimonio para hacer imposible que terceros o ajenos pudieran reconocer la verdadera titularidad de los bienes embargados".

Los bienes afectados por esta decisión judicial son una sede de Batasuna en San Sebastián; un solar ubicado en Rentería (Guipúzcoa); la sede de Batasuna en Vitoria, un pabellón industrial ubicado en el Polígono de Santa Agueda, en la carretera de Izorroza a Castrejana, y un inmueble que figura a nombre de Mesal/Martzelianoetxea Sal, "incluida en el proyecto Udaletxe de ETA como proyecto exclusivo de HB" (Herri Batasuna, antecesora de Batasuna).

El vocero de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, caracterizó la decisión de Garzón como un "auto político que implica el acoso y derribo" de la coalición abertzale.

Indicó que la organización no tiene propiedades, "ninguna de las embargadas es nuestra. Hay que recordar que lo mismo ocurre con las herriko tabernas, que no son de Batasuna, sino propiedad de los pueblos y los barrios afectados".

Destacó que "esta situación es muy similar a la que se vivió durante la dictadura de Primo de Rivera" y subrayó que "la ley de confiscación ya fue utilizada por (el ex dictador Francisco) Franco", y preguntó al moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder regional) y a Eusko Alkartasuna (EA) qué esperan para reaccionar contra "esta nueva agresión".

Euskobarómetro

El gobierno vasco dio a conocer hoy los resultados del Euskobarómetro de los seis meses anteriores, en el que como tendencia más destacada figura la sensible disminución del "apoyo total" de la población vasca a la organización armada ETA, que según los datos difundidos no supera "uno por ciento", cuando en 1981 era de 8 por ciento.

El apoyo a la violencia entre el electorado de Batasuna retrocede "significativamente" al pasar la "justificación crítica" del terrorismo de 66 a 12 por ciento, mientras que simultáneamente en este grupo crece de 32 a 72 por ciento la opción de quienes apoyan los "fines" de ETA pero no los "medios", según explicó Francisco Llera, responsable del estudio estadístico.

El mismo informe permite constatar que la ley de partidos políticos, creada ad hoc por el Ejecutivo español, del conservador José María Aznar, para declarar ilegal a Batasuna, es ampliamente rechazada en la región, al considerarla "desaconsejable, perjudicial y antidemocrática".

En otro asunto, los tribunales españoles condenaron a 33 años de prisión a los presuntos miembros de ETA encontrados culpables del asesinato a tiros en 2000 del dirigente socialista Ernest Lluch, ex ministro durante los gobiernos socialistas de Felipe González y un firme defensor de la negociación política para lograr una resolución en el conflicto vasco. Los condenados son José Ignacio Krutxaga, Lierni Armendáriz y Fernando García Jodra. 




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miércoles, 17 de julio de 2002

El ERI Reconoce Daño Causado

El Ejército Republicano Irlandés - IRA por sus siglas en inglés - ha dado un paso más en su proceso de DDR como parte del proceso de paz y reconciliación en el Ulster.

Esta es la información que nos ofrece La Jornada:


Ofrece disculpas el ERI por las muertes y daños que provocó a civiles en los 30 años de conflicto

Líderes protestantes del Ulster le exigen compromiso de que "la guerra está terminada"

El Ejército Republicano Irlandés (ERI), bajo presión para finalmente renunciar a las armas, ofreció disculpas este martes por las muertes y lesiones que provocó en la población civil durante su violenta lucha de 30 años contra el control británico en Irlanda del Norte.

En un comunicado sin precedentes, enviado al diario republicano An Phoblacht, el grupo que encabezó la lucha armada contra Londres dijo que ofrece sus "sinceras disculpas y condolencias" a los parientes de las víctimas en tres décadas de conflicto en ese enclave británico en Irlanda.

El ERI también afirmó que hubo fatalidades entre combatientes de todas las partes involucradas, y reconoce "el dolor y la pena" de sus familiares.

Las disculpas públicas del martes fueron realizadas justo antes del trigésimo aniversario, este fin de semana, de uno de los ataques más sangrientos del grupo guerrillero en Irlanda del Norte.

El 21 de julio de 1972, recordado como el "viernes sangriento", el ERI detonó más de 20 bombas en el centro de Belfast en menos de una hora, matando a nueve personas, incluyendo a dos soldados británicos, y lesionando a más de 300.

El comunicado también fue presentado una semana antes de que el primer ministro británico, el laborista Tony Blair, tome una decisión sobre si el cese del fuego del ERI, que lleva casi siete años, se mantiene intacto luego que informes indicaron que el grupo republicano entrenó a rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el país sudamericano, lo que provocó una crisis en las relaciones entre los diferentes grupos del Ulster.

"Resulta apropiado en el aniversario de este trágico suceso que nos dirijamos a todas las personas no combatientes que murieron o resultaron heridas por nuestra causa. A ellos y a sus familias ofrecemos nuestras disculpas y nuestro pésame más sincero", aseguró el comunicado oficial difundido por el grupo.

"Mantenemos nuestro total compromiso con el proceso de paz y enfrentamos los desafíos y dificultades que esto presenta. Esto incluye el reconocimiento de los errores que hemos cometido en el pasado y de las heridas y el dolor que les provocamos a otros", indicó el texto que fue firmado por P. O'Neill, miembro del ERI.

Punto de partida institucional

Los analistas señalan que el lenguaje utilizado por el ERI es un punto de partida de un movimiento republicano que una vez estuvo comprometido en obtener la victoria por medio de la violencia, y que ahora se prepara para luchar por el poder con las armas de la democracia.

Los expertos afirman que esta acción abriga esperanzas de que la retórica republicana eventualmente incluirá la frase final: "la guerra ha terminado", informó el diario británico The Independent.

El grupo guerrillero es responsable de las muertes de casi la mitad de las 3 mil 600 bajas del conflicto, incluyendo 640 civiles, según datos oficiales, una guerra que dividió a los irlandeses del norte en dos partes irreconciliables: protestantes y católicos.

Pero desde el acuerdo de paz de 1998 ha dejado fuera de uso parte de su amplio arsenal, bajo supervisión internacional.

El gobierno británico dio una cauta bienvenida al documento del ERI, ya que dijo no haber recibido la declaración rebelde.

"El gobierno rechaza claramente todas las muertes ocurridas durante los disturbios, pero si esto reconoce el doloroso legado del pasado es bienvenido", dijo una fuente gubernamental que llamó a la completa implementación del acuerdo de Viernes Santo de 1998, que sentó las bases para el actual proceso de paz en el Ulster.

El secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, John Reid, dio la bienvenida al anuncio y al reconocimiento por la pena que el ERI causó a muchas personas, e indicó que el gobierno no tenía conocimiento previo a esta declaración.

"Lo que tenemos que hacer es darle a la gente la confianza de que no habrá regreso a este tipo de actividades que causaron pena, y que todos nosotros estamos comprometidos a resolver nuestras dificultades exclusivamente a través de medios democráticos y políticos", indicó.

Sin embargo, líderes protestantes expresaron en un comunicado que las disculpas ofrecidas por el ERI no son suficientes y reclamaron un compromiso de que "la guerra está terminada".

Las instituciones nacidas de los acuerdos de paz del Viernes Santo, que protestantes y católicos dirigen por partes iguales, sufrieron numerosas crisis que concluyeron con la dimisión en 2001 del primer ministro de Irlanda del Norte, David Trimble, quién retomó sus funciones posteriormente. 




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martes, 16 de julio de 2002

Los Dos Frentes de Aznar

Se le ha juntado el planchado con el lavado al heredero ideológico de Francisco Franco que ocupa hoy por hoy la poltrona de La Moncloa.

Al sur, continúa su confrontación con la monarquía marroquí por la soberanía sobre una piedra cubierta de perejil silvestre y habitada por tres cabras. Ojalá y esa confrontación de Madrid con Rabat obedeciese a la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de los saharauis.

Al norte no es el accionar de la asediada Batasuna lo que le ha terminado de sacar de quicio, sino la defensa por parte del "moderado" Juan José Ibarretxe del derecho del pueblo vasco a ser consultado.

Esto es lo que nos informa La Jornada:


Enfrenta Aznar severas críticas en su quinto informe

Reivindica la vertebración del país y augura a Ibarretxe "confrontación y ruptura"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, compareció hoy ante el Congreso de los Diputados para ofrecer su quinto informe de gobierno, y reivindicó la ''vertebración de España'' y la lucha contra la inmigración ''ilegal'' como las dos prioridades de su futura gestión.

El gobernante español fue duramente criticado por la oposición, que consideró que se ha convertido en un líder "autoritario" que "no dialoga" y que fomenta la "xenofobia y el racismo" en el complejo fenómeno de la migración.

Aznar atraviesa por un momento políticamente delicado marcado por dos cuestiones que alteran el ritmo de la clase política española: la ocupación marroquí del pequeño islote de Perejil y la aprobación en el Parlamento vasco de la ponencia de autogobierno en la que se insta al Ejecutivo a traspasar la integridad de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika y en la que, además, se convoca a un referendo de autodeterminación, en el que supuestamente se definirá un ''nuevo marco jurídico-político'' para el País Vasco.

En relación con el histórico conflicto vasco, Aznar señaló que el gobierno nacionalista ha "emprendido un camino sin salida", al tiempo que se mostró inflexible en defender la "vertebración territorial de España", con lo que advirtió al gobierno del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe que su propuesta de "autogobierno" sólo propiciará la "confrontación y la ruptura".

Tras referirse a la ley de partidos, creada para declarar ilegal a la coalición nacionalista vasca Batasuna, y al pacto firmado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el grupo armado vasco ETA, Aznar afirmó que en el País Vasco ''hoy es simplemente imposible seguir sosteniendo que la esperanza de paz radica en que el agresor quede impune'', por lo que a su juicio la propuesta del Parlamento vasco es ''una iniciativa grave'' que pone en evidencia, ''una vez más, la coincidencia de todo el nacionalismo en los fines más radicales''.

Insistencias del mandatario

El mandatario español también exhortó a las fuerzas parlamentarias a refrendar sus iniciativas para luchar contra la inmigración de indocumentados, fenómeno que ocupó buena parte de su discurso y para el que propuso el endurecimiento de las leyes migratorias y la incidencia en hacer del Código Penal el marco para expulsar a los extranjeros que cometan supuestos delitos.

Para Aznar el "mayor error" que se puede cometer con el "tema de la inmigración" es "no hablar de ello", por lo que reiteró que una de sus más firmes convicciones es castigar a los países en vías de desarrollo que no controlen sus fronteras con la suspensión o, al menos, reducción de los fondos de ayuda al desarrollo procedentes de la Unión Europea.

Esta propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de los mandatarios europeos en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de Sevilla, si bien Aznar mantiene incólume esta idea que, aceptó, quiere "desarrollar".

El mandatario español también asumió como otra de sus prioridades la lucha contra la delicuencia la detención de las supuestas mafias de inmigrantes que entran de "forma ilegal a España y se dedican a otros menesteres delictivos. El gobierno convocará entre este año y 2004 un total de 20 mil plazas en la policía nacional y en la Guardia Civil.''

Aznar también ratificó que no retirará el decreto de la ley de protección al desempleo, a pesar de que fue el motivo de la huelga general del pasado 20 de junio.

El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la gestión de Aznar es un ''fracaso'', ya que, expuso, el país en este momento tiene muchas cosas pendientes: el histórico conflicto vasco, la ruptura del diálogo social con los sindicatos que convocaron a la huelga general, la rebelión de los estudiantes y rectores ante la ley de reforma universitaria, y las discrepancias en torno a la supuesta política del "pleno empleo" emprendida por el Ejecutivo.

Mientras, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, sostuvo que el último año de gobierno de Aznar es la muestra de que el gobierno español se ha situado en "la extrema derecha" de Europa, pues a su juicio "hace falta voluntad política para solucionar los problemas de España, de lo contrario terminarán ustedes cerrando universidades y abriendo escuelas de tauromaquia, pero señores de la derecha, están ustedes intentando cerrar nuestros últimos derechos del estado de bienestar, y a pesar de que ya casi nos rebasan en siete puntos los países europeos. Su modelo procura cercenar los modelos del Estado", dijo el líder de IU.

Por último, Iñaki Anasagast, vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), afirmó: "no es lógico que uno de los periodistas de su régimen tengan más derecho a preguntarle a usted que un diputado del PNV, pues hemos visto cómo el presidente (mexicano Vicente) Fox no visita a sus familiares o que el primer ministro canadiense (Jean Chrétien) no visite el País Vasco por sus directrices, ya que su estrategia es quitarle todo el oxígeno al nacionalismo democrático para que, según usted se radicalice, aunque para ello haya que romper todos los consensos de la transición''.

La mesa del Parlamento vasco negó la petición de amparo pedido por el grupo Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak -antes Batasuna-, para evitar la aplicación del embargo dictado por el juez Baltasar Garzón.

Batasuna presentó un escrito solicitando el amparo de la mesa por estimar que fueron conculcados sus derechos de actividad parlamentaria. El parlamento paga a Batasuna el salario de los parlamentarios, y una asignación por escaño y como grupo.

Según Juan María Atutxa, presidente del parlamento vasco, ''tras un exhausrtivo análisis'' de la petición, la mesa tuvo en cuenta que no hay una actuación judicial frente a Batasuna ''en lo que se refiere al ámbito parlamentario, por lo que no procede el amparo''.




La Jornada complementa la información de su corresponsal con esta información de las agencias:



El presidente del gobierno español, José María Aznar, sostuvo este lunes que España ''no aceptará hechos consumados'', al referirse a la instalación de un puesto de vigilancia militar marroquí en el islote de Perejil (Leila como lo llama Marruecos), cuya ocupación, el pasado jueves, desató una nueva crisis entre ambos países.

Al iniciar el debate parlamentario sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados, Aznar declaró que ''España no aceptará hechos consumados'' y afirmó que ''es imprescindible volver al status quo anterior a la ocupación de la isla'', y apuntó que se están haciendo ''todos los esfuerzos diplomáticos'' para ''restaurar la legalidad internacional''.

''Hemos comunicado al gobierno marroquí que deseamos mantener relaciones diplomáticas fluidas que sólo pueden basarse en el respeto mutuo'', dijo Aznar en sus primeras palabras durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación.

El secretario de Estado para la Seguridad de España, Pedro Morenés, advirtió a Marruecos que su gobierno ''no renuncia a ningún tipo de medida legítima que pudiese hacer falta en cualquier momento'' para solucionar el conflicto de la ocupación marroquí en Perejil.

España actuará ''como tienen que actuar los países que tienen una larga tadición de derecho internacional y de pertenecer al espacio de los países civilizados'', indicó Morenés, quien añadió que el gobierno español seguirá la vía diplomática para solucionar el conflicto.

Sin embargo, Marruecos dijo el lunes que no tiene intención de retirar sus tropas del disputado islote. ''Marruecos no se retirará por el momento del puesto de observación de la isla de Leila (nombre marroquí de Perejil)'', dijo el ministro de Exteriores Mohamed Benaissa en conferencia de prensa en lo que fueron sus primeras declaraciones oficiales desde el pasado jueves.

Benaissa señaló que su gobierno quiere ''utilizar todos los canales diplomáticos para resolver la disputa'', aunque citando documentos históricos que datan de 1860 señaló que el ''islote Leila siempre ha sido una parte integral del territorio de Marruecos''.

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se mantuvo este lunes firme en su apoyo a España en el conflicto de la isla de Perejil y pidió a Marruecos que retire sus tropas del deshabitado islote.

Un portavoz dijo que la OTAN no ha recibido hasta el momento ninguna petición de ayuda por parte de España. 





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sábado, 13 de julio de 2002

Autogobierno y Referendum

Mientras Aznar se preocupa por recuperar la soberanía de la poderosa España sobre la roca en la costa marroquí, al norte, las provincias insumisas vascas le producen otro rictus en su ya de por sí desencajado rostro.

Resulta que el Parlamento 3/7 ha aprobado el dictamen en el que se exige mayor autogobierno y la posibilidad de un referendum para redefinir la relación de la Comunidad Autónoma Vasca con Madrid.

Aquí lo que nos informa La Jornada:


Aprueba el Parlamento vasco dictamen sobre autogobierno; Madrid impugna el documento

El Congreso pide la transferencia de todas las competencias del Estatuto de Gernika

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Tras un ríspido debate parlamentario, hoy fue aprobado en el Parlamento vasco el dictamen sobre autogobierno presentado por los partidos políticos que forman el gobierno autonómico -Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EA)-, en el cual se anuncia la creación de un nuevo marco jurídico-político que reconoce el derecho a la libre autodeterminación.

La ponencia fue debatida y sometida a votación en el Congreso vasco en tres ocasiones durante esta semana, con el mismo resultado: los 36 diputados de la coalición gubernamental votaron a favor, los representantes de la coalición de la izquierda separatista Batasuna se abstuvieron y el Partido Popular (PP, derecha) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) lo hicieron en contra.

El documento insta al presidente del gobierno español, José María Aznar, a abrir una mesa de negociación para traspasar en un plazo máximo de dos meses la integridad de las competencias del Estatuto de Gernika, del que según el gobierno vasco todavía quedan pendientes 37 competencias.

El dictamen sostiene que en caso de que Madrid se niegue a responder a esta petición, el presidente del gobierno regional vasco, Juan José Ibarretxe, deberá asumirlas "unilateralmente", lo que provocó una airada respuesta del gobierno de Aznar, que dijo que la petición era "rupturista con las instituciones democráticas" del Estado español, y agregó que ello implicaba "trasladar el desafío del terrorismo a las instituciones vascas".

El documento aprobado en el Congreso regional pide además que se reconozca "la existencia del pueblo vasco (...) esto es, el reconocimiento del sujeto político como una realidad social y cultural común con identidad propia que pertenece por igual a los vascos y vascas de los siete territorios".

En este sentido, piden a Aznar que establezca "el marco de relaciones jurídico-políticas que estime más adecuado, sin más limitaciones que la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas", con lo que instan a "posibilitar instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales de relación entre los territorios vascos situados en el Estado español y los territorios vascos situados en el Estado francés, utilizando de forma amplia y flexible la normativa comunitaria que propicia la cooperación entre territorios pertenecientes o distintos estados de la Unión".

En cuanto a la exigencia de que se reconozca el derecho de libre autodeterminación, el tripartito vasco sostiene que "el pueblo vasco tiene derecho a ser consultado para poder decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político en el que éste se articula".

El líder del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró que esta ponencia "le da la razón histórica a ETA, porque las tesis de ésta se han impuesto en el seno del nacionalismo vasco". Comparó la petición de los nacionalistas moderados con el comunicado que emitió ETA, "y lo que es peor, hoy además se da la razón histórica a ETA, pues la organización les ha contagiado su miedo hacia las reglas y les ha convencido de que si no gritan, no rompen las reglas, el nacionalismo vasco no tiene futuro ni horizonte".

A esto, el vocero del PNV, Joseba Egibar, respondió defendiendo el "derecho del pueblo vasco a ser consultado sobre su futuro", así como que "la misión del Parlamento vasco es hacer cumplir el Estatuto". Egibar responsabilizó a los gobiernos del PSOE y del PP de que "se hayan roto las bases del pacto", y aseguró que el presidente Aznar "fue militantemente abstencionista y contrario a la Constitución española".

En su intervención, el vocero del PSE, Patxi López, criticó que los nacionalistas quieran caminar "hacia la autodeterminación y la independencia".

Garzón notifica embargo de cuentas y locales de Batasuna

En otro asunto, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón notificó hoy en un auto judicial el bloqueo de 109 nuevas bancarias pertenencientes a Batasuna, a la que considera "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en los años anteriores en el País Vasco.

La coalición separatista, considerada el brazo político de ETA, también sufrirá por orden de Garzón el embargo de sus locales después de que se lleve a cabo el registro de propiedad, en el que quede "acreditada la titularidad real o de hecho (de Batasuna), aunque aparentemente la titularidad corresponda a otra persona interpuesta". Se estima que quedarán embargadas y, por tanto, cerradas al menos 75 herriko tabernas.

El vocero y coordinador de Batasuna, Joseba Permanch, afirmó que la coalición prevé nuevos autos y operaciones policiales contra sus dirigentes, pues "si la situación actual es grave, la que se avecina es todavía más grave, porque se produce incertidumbre de cómo se llevará el embargo en los próximos días".

Batasuna presentará un recurso de apelación, si bien considera que esta orden tiene un "origen político, ya que la justicia española y la francesa demuestran bastante poco respeto para con la justicia, pero hay que presentar los recursos porque en el futuro, alguna otra que no sea la justicia española o francesa, nos dará la razón y criticará lo que en estos momentos es una auténtica burrada tanto política como jurídicamente", añadió Permanch, quien instó al resto de los agentes políticos y sociales a que "no acaten la legalidad española y sean capaces de construir un muro político contra el fascismo español". 




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La Afrenta de Isla Leila

El Cid Campeador de nombre José María Aznar ya tiene asegurado su primer conflicto bélico a gran escala según nos informa La Jornada.

Así es, resulta que al estilo del criminal despliegue militar estadounidense en Afganistán, Aznar ha amenazado con el envío de tropas a una roca en la costa africana del Mar Mediterráneo, habitada por tres cabras.

¡Observad y temblad vascos y catalanes!

Lean:


Ocupación marroquí del islote Perejil desata crisis entre Madrid y Rabat

Es una afrenta a la integridad territorial española, dice Aznar, y moviliza tropas

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El islote Perejil, enclave de alrededor de mil 500 metros cuadrados situado entre las costas marroquíes y la ciudad española de Ceuta, se convirtió desde ayer en el origen de una nueva crisis diplomática entre Marruecos y España.

Un destacamento militar marroquí, formado por unos 20 soldados que llevaban casas de campaña y víveres, ocuparon el islote abandonado desde hace más de 50 años, y en la cima izaron dos banderas del reino marroquí.

No se hizo esperar el malestar del gobierno del presidente José María Aznar, que de inmediato denunció esta ocupación como una afrenta a la integridad territorial española.

El ministro español de la presidencia y secretario portavoz, Mariano Rajoy, calificó la ocupación como "acto inamistoso" e "incompatible" con el tratado de cooperación bilateral que Madrid y Rabat firmaron en 1991.

El gesto del ejército marroquí provocó además la inmediata movilización de las fuerzas de seguridad españolas.

Fuentes de la cancillería marroquí aseguraron que sus fuerzas de seguridad habían instalado "un puesto de observación" en el islote para reforzar la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, "en particular en el estratégico estrecho de Gibraltar".

Un alto funcionario del Ministerio del Exterior en Rabat dijo que el islote, que en Marruecos se conoce como isla Leila, se encuentra dentro de las aguas territoriales marroquíes, y por lo tanto el país africano tiene "derechos soberanos sobre ella".

El sábado pasado las autoridades de Marruecos denunciaron que barcos españoles de vigilancia habían penetrado en sus aguas.

Se trató de cinco buques de guerra que rodearon el peñón de Alhucemas, mientras sobrevolaba la zona un helicóptero, también del ejército español.

Soberanía y revancha

El gobierno marroquí pidió entonces explicaciones de la situación anterior al embajador de España en Rabat, Fernando Arias Salgado, quien señaló que el despliegue militar se debía a "ejercicios de fin de cursos" de los guardacostas de la Escuela Naval de Marín.

Fuentes de la cancillería española atribuyeron la toma de hoy del islote como una "revancha" por el anterior incidente.

No hay absolutamente nada en el islote Perejil, un pedazo de tierra en medio del estrecho de Gibraltar que no supera en tamaño a un campo de futbol y en el que sólo crece perejil silvestre.

La isla fue incorporada a la ciudad de Ceuta durante la presencia portuguesa hasta 1581, y mantuvo su estatuto cuando España, instalada a su vez en Ceuta, ocupó por primera vez el islote de forma duradera en 1808.

El tratado franco-español de 1912, que fijó los límites geográficos del protectorado español de Marruecos, no menciona la isla, pero España se mantuvo en ella durante el protectorado.

En los años 80, cuando se firmó el estatuto de autonomía de Ceuta, Madrid aceptó, a instancias de Rabat, no mencionar al islote en el documento, de modo que actualmente no pertenece a ninguna entidad administrativa española de manera formal.

Nuevamente el estatus territorial del islote Perejil no está incluido en el estatuto que corresponde a Ceuta ratificado en 1990, lo que en teoría le convierte en tierra de nadie, aunque el gobierno español considera que le corresponde la soberanía, a pesar de que ese territorio se encuentra en las aguas del país vecino, pues se encuentra a escasos 200 metros de las costas marroquíes.

La relaciones entre Marruecos y España han empeorado en los últimos años, lo que ha provocado, incluso, que hace un año Rabat decidiera llamar a consultas a su embajador en Madrid, con lo que comenzó la peor crisis diplomática de los últimos años entre estas dos naciones.

El origen de dicha crisis está, en primer lugar, en la ruptura de las negociaciones para alcanzar un acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea (UE), ocurrida en noviembre de 1999.

Pero además están las tensiones provocadas por la migración del Magreb a España, y en este tema, más que cooperación y diálogo, ha habido cruce de acusaciones y presiones por parte de Aznar para que se sancione desde las instituciones europeas al país magrebí.

Incluso una de las iniciativas que defendió el mandatario español durante su presidencia temporal de la UE fue la de castigar con la supresión de los fondos de ayuda al desarrollo a los países de Africa y América Latina que no controlen sus fronteras, y por lo tanto no "cooperen" con la comunidad europea en los esfuerzos para controlar la inmigración ilegal.

Los gobiernos europeos aceptaron endurecer los controles migratorios pero rechazaron adoptar sanciones contra los países desde los que proviene la migración.

Aun así, la actitud de Aznar provocó crispación en el gobierno de Marruecos, que sintió que la medida propuesta por el jefe del gobierno español se dirigía específicamente contra este reino del norte de África.

Doce horas después de la ocupación del islote Perejil, Rajoy enfatizó la "indignación" de la administración y preguntó a sus homólogos marroquíes "¿hasta dónde quieren llevar sus relaciones con España con este acto inamistoso?", por lo que exigió la retirada inmediata del minúsculo destacamento de Rabat, y advirtió que de no hacerlo podría quedar sin efecto el tratado de cooperación bilateral firmado entre las dos naciones en 1991.

Rajoy añadió que el gobierno español había ordenado el reforzamiento militar en zonas limítrofes con Marruecos y recordó, a modo de amenaza, que "Marruecos es el primer receptor de la ayuda española para el desarrollo y millón y medio de ciudadanos marroquíes atraviesan todos los años la península ibérica para regresar a su país".

Preocupación europea

Esta postura oficial sobre la ocupación del islote fue apoyada por prácticamente todas las formaciones políticas españolas, que consideraron "inadmisible" y "sin justificación" la citada ocupación territorial por tropas marroquíes.

Por su parte, el comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Chris Patten, afirmó que todos los gobiernos de ese continente comparten "gran preocupación" por la ocupación del islote.

En cualquier caso, el gobierno de Rabat afirmó que no piensa retirar el destacamento al considerar que esa porción de tierra pertenece al reino de Marruecos, por su proximidad al país.

Por lo pronto, en los primeros intentos por resolver la situación por la vía diplomática el canciller marroquí, Mohamed Benaissa, y la ministra del Exterior española, Ana de Palacio, quien asumió esta semana el cargo, sostuvieron una conversación telefónica, en la que sólo trascendió que la nueva crisis diplomática entre las naciones vecinas continuará los próximos días y que en el islote Perejil seguirá ondeando las banderas rojas del país magrebí.

La ocupación del islote coincide con la celebración de la boda del rey Mohamed VI de Marruecos, quien contrario a la costumbre de la monarquía internacional no invitó al enlace a la familia real española ni a ninguna otra similar de Europa. 




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viernes, 12 de julio de 2002

Los Peones Ladran

Más han tardado en recibir los nombramientos que ellos en tratar de mostrar a su jefe "quién es el que la tiene más larga"... en palabras de Joan Manuel Serrat.

Nos referimos a José María Michavila y Javier Arenas, quienes ahora compiten con Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja para ver quien muestra mayor odio hacia el pueblo vasco mediante sus declaraciones altisonantes y preñadas de neolenguaje españolista.

Aquí lo que nos reporta La Jornada:


Recibió Batasuna la notificación oficial del embargo de todos sus bienes muebles e inmuebles

Fustigan nuevos ministros españoles a Ibarretxe por hacer "dejación de sus funciones"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Los nuevos ministros de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo español, José María Michavila y Javier Arenas, respectivamente, fustigaron en sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación al gobierno vasco, al sostener que el "desafío del terrorismo se está trasladando a las instituciones vascas", y acusar a la administración del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe de hacer "dejación de sus funciones".

José María Aznar remodeló el pasado martes nueve ministerios de su gabinete, en una maniobra con la que pretende recuperar credibilidad ante la crisis abierta en el gobierno tras las movilizaciones sociales -la huelga general del 20 de junio fue el detonante- y el enfrentamiento institucional abierto entre gobierno vasco y Madrid.

Con los nombramientos de Arenas, Michavila y Angel Acebes, en la cartera de Interior, el gobernante español pretende endurecer su política frente al nacionalismo vasco, que mantiene sus reivindicaciones de más autogobierno y la exigencia de que se respete el derecho de libre autodeterminación para el pueblo vasco.

En declaraciones a la Cadena Ser, Michavila centró sus críticas en la gestión de Ibarretxe, que a su juicio ha tenido una actitud "triste" al no asumir como prioridad la protección de los ediles del Partido Popular (PP, derecha) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que viven bajo la amenaza de la organización armada ETA.

Michavila consideró que situaciones como la vivida por la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchuegia, agredida en un frontón de su pueblo, es "bochornosa".

Mientras, el nuevo titular de Administraciones Públicas, y secretario general del PP, Javier Arenas, exigió al gobierno vasco "lealtad" hacia las instituciones del Estado, al tiempo que afirmó que el conflicto en Euskadi hace que el "desafío del terrorismo se esta trasladando a las instituciones" vascas, en clara alusión a la ponencia de autogobierno en la que se exige a través del Parlamento vasco que se traspasen las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, y se anuncia la elaboración de un nuevo contexto jurídico-político para ser sometido a referéndum en la región.

El propio Ibarretxe respondió a las críticas de los nuevos ministros de Aznar, y señaló que estas acusaciones son "un despropósito" con el que sólo se pretende "insultar a los vascos".

Advirtió que la transferencia de atribuciones a su administración es un proceso "imparable porque así lo quieren la sociedad y el Parlamento vascos, no porque lo quiera solamente el Partido Nacionalista Vasco".

Añadió que según la experiencia de la región mientras "más autogobierno, más bienestar", por lo que afirmó que lo único que se plantea es que "se cumpla el estatuto desde el respeto máximo a la legalidad y haciendo política".

Sin embargo, advirtió que el problema es "que lo que realmente preocupa en Madrid, además del terrorismo, son las ideas del nacionalismo democrático", pero "con insultos nunca un dirigente de España se va a ganar al pueblo vasco, porque rechazamos el estilo político basado en la soberbia, que está en auge en los últimos tiempos."

En otro asunto, Arnaldo Otegi, líder de la coalición nacionalista vasca Batasuna, considerada brazo político de ETA, informó hoy que su formación recibió la notificación oficial en la que se ordena el embargo de todos sus bienes muebles e inmuebles, cuentas corrientes, préstamos y subvenciones.

La orden fue girada por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, al considerar que Batasuna es "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera de los últimos dos años.

El líder nacionalista explicó en un comunicado que "la interlocutoria nos ha sido notificada a las 8 horas, pero hasta ahora no sabíamos nada oficial. Agentes de la Ertzaintza (policía autónoma) y un secretario judicial han ido al domicilio del secretario de Batasuna, Joseba Alvarez".

Otegi reiteró que en esta coyuntura -con las órdenes judiciales de Garzón y la reciente aprobación de la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc para disolver la coalición- la formación se encuentra en la "más absoluta inseguridad jurídica, pues no sabemos qué cuentas están bloqueadas, no sabemos qué efectos tiene el embargo, pero lo que hay es un clara intencionalidad política". 




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miércoles, 10 de julio de 2002

Aznar Mueve sus Peones

José María Aznar admira sin tapujos al genocida dictador Francisco Franco Bahamonde, de ahí que esté intentando imitar su estilo de gobernar, siempre, claro está, dentro de los límites que le impone la puesta en escena ante la comunidad internacional de "España" como estado democrático .

Claro está que tal accionar provoca fricciones, como viene a demostrar el que se haya visto en la necesidad de hacer enroques en su equipo cercano. Esto, por supuesto, trae sus consecuencias para Euskal Herria, hoy bajo asedio de Aznar.

Esto es lo que nos informa La Jornada:


Remodela Aznar su gabinete; Josep Piqué y Mariano Rajoy, destituidos

Por el declive acelerado del PP, los cambios: PSOE

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, efectuó hoy una amplia remodelación de su gabinete al cambiar a los titulares de nueve de sus ministerios.

Entre los cambios más significativos destaca la destitución de Mariano Rajoy y de Josep Piqué como ministros de Interior y Relaciones Exteriores, respectivamente, y el cese definitivo de Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a quien, tras la ruptura del diálogo social con los sindicatos españoles le estalló la primera huelga general en los seis años de gobierno del Partido Popular (PP, derecha).

Esta restructuración del gobierno español coincide con una coyuntura política compleja: la huelga general del 20 de junio, el gobierno vasco reclama las históricas competencias estatutarias que no se han traspasado, se vislumbra un referéndum sobre el derecho de autodeterminación en Euskadi, el desempleo aumenta, las relaciones políticas con los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió penden de un hilo y Aznar pierde puntos ante la figura tibiamente ascendente de José Luis Rodríguez Zapatero.

Si bien estas destituciones tienen su principal fundamento en las próximas elecciones generales de 2004 y la inminente sucesión de Aznar como candidato del PP.

Los cuatro delfines del actual mandatario se mantienen tras la remodelación en primera línea de la carrera por la sucesión: Jaime Mayor Oreja, como presidente del PP en el País Vasco; Mariano Rajoy, como coordinador del gabinete, vocero del Ejecutivo y ministro de la presidencia; Rodrigo Rato, que continúa como vicepresidente segundo y ministro de Economía, y Angel Acebes, que de ministro de Justicia pasó a responsable de la cartera de Interior.

La nueva ministra de Asuntos Exteriores es Ana Palacio, en sustitución de Josep Piqué, quien pasa al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cambio que significa la salida de Anna Birulés; José María Michavila asume el Ministerio de Justicia, mientras que su antecesor, Angel Acebes, pasa al Ministerio de Interior, que deja vacante Rajoy.

Eduardo Zaplana, hasta hoy presidente de la Generalitat valenciana, pasa a ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; Javier Arenas, secretario general del PP, a Administraciones Públicas, y la nueva ministra de Sanidad y Consumo es Ana Pastor, por lo que Celia Villalobos deja el gabinete.

Estos cambios se producen además sólo nueve días después de finalizar la presidencia española de la Unión Europea.

El líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que esta remodelación es la "constatación de un declive acelerado del PP" y la "necesidad de un cambio político en España".

Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, afirmó que "es un intento cosmético por recuperar resuello, pero el gran problema de Aznar no lo tiene con sus ministros: el gran problema del gobierno es Aznar y el PP; es decir, es el presidente del gobierno y la política del presidente del gobierno". 




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Pugna por el Autogobierno

El Parlamento de la CAV insiste en su postura con respecto al Estatuto de Gernika y el tema de las transferencias.

Ahora bien, llama la atención que el corresponsal de La Jornada utilice el verbo "amenaza" cuando ha sido Madrid quien ha incumplido el estatuto, pareciera ser que la elección de dicho verbo obedece a la idea que subyace bajo el "todo es ETA" y eso es que el pueblo vasco es violento por naturaleza.

Aquí la información:


Amenaza el gobierno vasco con asumir de hecho la autonomía del Estatuto de Gernika

Califica Batasuna la propuesta como "la mayor aportación de la Cámara en su historia"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Después de que el Parlamento vasco ratificó hoy la ponencia de autogobierno en la que se insta al Estado español a transferir la integridad de las competencias del Estatuto de Gernika, el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) señaló que el "tiempo de la farsa se ha terminado" y advirtió que si no se traspasan esas atribuciones, el gobierno autonómico las asumirá de hecho.

La propuesta, calificada por Batasuna, considerada brazo político de ETA, como "la mayor aportación de la Cámara en su historia", fue duramente criticada por las formaciones españolistas de la región.

Para la coalición que sostiene el gobierno vasco -PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-, el dictamen aprobado se justifica en el "bloqueo e incumplimiento de 23 años" del Estatuto de Gernika.

Los tres partidos sacaron ayer sus tesis adelante gracias a la abstención de Batasuna y lograron allanar el camino para que sean aprobadas definitivamente el viernes en el pleno del Parlamento vasco.

Además, en este plazo de dos meses se instó a la elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico y político que sustituya al actual y que sería sometido a consulta popular "desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco".

Josu Jon Imaz, vocero de la administración vasca, consideró que las críticas surgidas del Ejecutivo español son un "sarcasmo", una vez que el dictamen aprobado en el seno de la Comisión Especial sobre Autogobierno es "un acto de normalidad democrática frente al incumplimiento del estatuto", por lo que instó a Aznar a "abandonar los discursos crispantes y vaya al núcleo de la cuestión, que es negociar el cumplimiento del Estatuto de Gernika con el Parlamento vasco".

Imaz añadió que el Ejecutivo vasco lleva "muchos años ejerciendo competencias que no le han sido transferidas", al añadir que "en todo caso, de haber algo ilegal en esto, sería la actitud del gobierno español, con su política de no transferir la investigación y desarrollo tecnológico a Euskadi".

El vocero vasco explicó además que el tripartito no negociará con la coalición separatista Batasuna mientras ésta "dé cobertura política a la violencia y no tenga una actitud clara de defensa de los principios políticos y democráticos".

Hacia un nuevo pacto político


Joseba Egibar, vocero del PNV, añadió que el dictamen refleja sus reivindicaciones históricas y que "lo único que hemos hecho es reflejarlas por escrito de forma clara", lo que a su juicio viene a confirmar que "el tiempo de la farsa se ha terminado, ya que el PP y el PSOE desearían que durante los próximos ocho años se discutiera sobre si una u otro competencia corresponde al Estado o a las instituciones vascas".

Así, el parlamentario Gorka Knörr, de EA, consideró que ha llegado el momento de comenzar el camino para la creación de un nuevo pacto político en el que se reconozca el derecho de los ciudadanos vascos a decidir "su autogobierno y futuro de una forma libre", y un sistema de garantías que impida vulneraciones unilaterales.

Desde Batasuna se manifestó el diputado Antton Morcillo, quien se mostró satisfecho con el contenido de la ponencia, ya que recoge los "mínimos políticos", que enumeró: "el derecho de autodeterminación, el reconocimiento del conjunto de Euskal Herria como sujeto político y el inicio del proceso hacia un nuevo contexto", y añadió que la ponencia de autogobierno es "la mayor de las aportaciones que podía haber hecho este Parlamento en su historia".

El líder y vocero de la coalición nacionalista, Arnaldo Otegi, también consideró que el documento aprobado cumple con "esos mínimos que aquí estamos planteando, Euskal Herria, siete territorios, contexto democrático nuevo, marco jurídico nuevo y derecho a la libre autodeterminación".

La respuesta del gobierno vino del hasta hoy ministro del Interior, Mariano Rajoy, nombrado nuevo vocero del Ejecutivo, quien apuntó que lo aprobado en el Congreso es "una enorme irresponsabilidad", tras recordar que las transferencias sólo se pueden negociar con el gobierno, por lo que "esto que algunos dicen que se pretende hacer sería una violación contundente y clarísima de la ley y un auténtico despróposito".

El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que si bien "cualquier fuerza política tiene derecho a plantear cualquier propuesta", la del gobierno vasco es "radicalmente inoportuna, porque la prioridad absoluta en el País Vasco es garantizar los derechos y la libertad de la gente y la convivencia entre sensibilidades distintas".

En otro asunto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó hoy en trámite una nueva querella contra Arnaldo Otegi y Jon Salaberria por "enaltecimiento del terrorismo" debido a su asistencia a una concentración de "homenaje" a la militante de ETA Olaia Kastrexana, quien murió cuando manipulaba explosivos en Alicante. Esta denuncia ha sido archivada en dos ocasiones, si bien el tribunal decidió aceptarla en trámite.

Jone Goirizelaia, parlamentaria de Batasuna, apuntó que esta resolución no es "estrictamente judicial", sino que se fundamenta en un "criterio de oportunidad clarísimo para poder después seguir adelante en el proceso de ilegalización y acoso a todos los niveles contra Batasuna y la izquierda independentista vasca".

Por último, el Consejo General del Poder Judicial acordó hoy amparar al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien dice ser víctima de una serie de acusaciones que "inquietan y perturban la independencia judicial".

Sin embargo, el vocero del consejo, Enrique López, apuntó que "hacer valoraciones políticas de una resolución entra en el contexto de las críticas, del derecho de la libertad de expresión, lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar móviles políticos al juez que dicta esta resolución". 




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martes, 9 de julio de 2002

Reviven el 'Estatuto de Gernika'

Parece ser que la obsesión represiva y conculcadora de derechos por parte de la clase política madrileña en contra de Batasuna les hizo perder de vista al resto de formaciones políticas de la Comunidad Autónoma Vasca, a juzgar por esta jugada llevada a cabo desde su Parlamento.

Adelante con la información que provee La Jornada:


Ultimátum del Parlamento vasco al Estado español para alcanzar el autogobierno

Propone un referéndum sobre libre determinación; Batasuna se abstiene de apoyar la iniciativa

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Parlamento vasco dio hoy dos meses de plazo al Estado español para que se aplique la totalidad de las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika de 1978, con la pretensión de que la región alcance el máximo autogobierno permitido, y sugirió la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Ejecutivo español y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) calificaron la iniciativa de acto de "ruptura" y "una irresponsabilidad que traspasa la legalidad".

Después de ocho meses de debates en la denominada Mesa de Autogobierno, propuesta por el presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe -quien logró su primera releción en los comicios del 3 de mayo de 2001- las bancadas gubernamentales sacaron adelante una ponencia en la que además de exigir todas las competencias del estatuto, advierten que de no cumplirse esta petición la administración vasca las asumirá de hecho.

La ponencia fue aprobada con los votos en favor del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EB), mientras que la coalición nacionalista Batasuna, considerada brazo político de ETA, se abstuvo, y el Partido Popular y el PSOE votaron en contra. En el documento se afirma que ha quedado en "evidencia" en estos 25 años "el incumplimiento" del estatuto, al tiempo que denuncia al Ejecutivo español de "haber propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso transferencial".

En la resolución se insta al Ejecutivo del conservador José María Aznar a que defina "un proyecto operativo y calendario de cumplimiento y desarrollo completo" del Estatuto de Gernika y, de no ser así, la sociedad vasca podrá entender que el consenso estatutario queda "quebrado definitivamente" y la administración vasca asumirá de hecho las transferencias pendientes.

Las formaciones vascas también sostienen que el pueblo tiene derecho a ser consultado para "poder decidir libre y democráticamente su estatus político desde su derecho a la libre determinación", una propuesta a la que no se le pone fecha, si bien advierten que las instituciones vascas elaborarán un nuevo marco "jurídico-político a través de un proceso abierto a agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales".

El texto incluye otra propuesta de resolución en la que insta al Parlamento de Vitoria a reconocer "la existencia de un pueblo vasco o Euskal Herria" con una "identidad propia" perteneciente "por igual" a "los vascos de los siete territorios", en referencia a los de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco-francés.

Entre las competencias que todavía no se han transferido al gobierno del País Vasco destacan las referidas a trabajo y seguridad social -como prestaciones por desempleo, formación ocupacional profesional, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Inspección del Trabajo-; de infraestructuras, responsable de la meteorología, autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte marítimo y fluvial; las relativas a cuestiones económico-financieras, como crédito y banca, seguros y mercado de valores; la regulación de la industria, la educación y otras competencias relacionadas con la seguridad interior, turismo y la impartición de justicia.

El vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, opinó que es "una enorme irresponsabilidad y un auténtico despropósito'' por parte del gobierno vasco "pretender asumir competencias saltándose los procedimientos establecidos en la legislación vigente''.

El propio Aznar se refirió a la ponencia del Parlamento antes de su aprobación, al sostener que esta iniciativa es "un viaje a ninguna parte" pues, señaló, "resulta un poco curioso que haya que convocar mesas sólo para hablar de cómo se protege a los amenazados, pero sin hablar de la primera protección, que es cómo terminar con los que amenazan".

Para los representantes del PP y el PSOE en el País Vasco, la situación es "muy grave" tras la aprobación del dictamen.

Garzón pide "amparo"

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó hoy "amparo" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las reiteradas críticas surgidas desde el gobierno vasco y las formaciones políticas de la región por sus recientes actuaciones judiciales, sobre todo por la decisión del magistrado de embargar todos los bienes de Batasuna.

Las críticas a las que se refiere el juez Garzón surgieron desde el PNV, EA, IU, Batasuna y el propio gobierno vasco, que coincidieron que las medidas tienen un trasfondo político y responden a una estrategia coordinada por el Ejecutivo, con lo que ponen en duda la independencia del magistrado.

Ahora corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, que se reúne mañana, estudiar el escrito de Garzón y elevar, en su caso, una propuesta al pleno del órgano de gobierno de los jueces sobre si procede o no otorgar el amparo solicitado.

Asimismo, el juez Garzón recibió el inventario de los supuestos bienes de Batasuna una vez que pidió una relación a la Unidad Central de Información (UCI), con lo que sería cuestión de días para que el embargo de los bienes de la formación independentista sea firme.

El magistrado exigió a la coalición el pago de una fianza de 24 millones de dólares para evitar esta medida, adoptada al considerar que Batasuna es la "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en las ciudades de la región en los últimos dos años. 




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lunes, 8 de julio de 2002

Financiamiento Popular

Damos continuidad al más reciente asalto en contra de las libertades del pueblo vasco materializado en el congelamiento de cuentas bancarias del partido independentista Batasuna por órdenes del juez estrella Baltasar Garzón, quien se está aprovechando de cualquier resquicio en las leyes del estado español para devolver a Euskal Herria a los años '40 del siglo pasado.

Aquí el seguimiento de La Jornada:


Batasuna seguirá trabajando "contra los intentos de aniquilar a nacionalistas"

Ni España ni Francia nos dirán cómo hacer política: Otegi

La coalición nacionalista vasca Batasuna "va a seguir trabajando" y planteando "medidas concretas para poner diques a la estrategia del Estado", que pretende "aniquilar a la izquierda abertzale", aseguraron los dirigentes Arnaldo Otegi y Joseba Permach.

Otegi, vocero de Batasuna, dijo que en los próximos días harán una "propuesta concreta" destinada a dotar al País Vasco de un marco propio para desarrollar la actividad política y responder a la Ley de Partidos aprobada por el Parlamento español con el fin de proscribir a la organización abertzale, informó el diario vasco en su edición de este domingo.

"Ya sabemos que nos van a declarar en ilegalidad, y sabemos que vamos a seguir haciendo actividad política", aseguró, pero reiteró que "ni el Estado español ni el francés tienen legitimidad para que decirnos cómo tenemos que organizar los vascos nuestra actividad política, porque para nosotros la actividad de esos estados en Euskal Herria es ilegal".

Por su parte, Joseba Permach confirmó que Batasuna no había recibido aún la notificación del embargo decretado por el juez Baltasar Garzón, que dictaminó que la coalición es "deudora solidaria" en los daños ocasionados por la violencia callejera, y ordenó que pagara 24 millones de euros (23.5 millones de dólares). "En otras ocasiones nos detienen a cualquier hora y en cualquier lugar, y ahora parece que son incapaces de localizarnos", señaló.

En alusión a la reciente denuncia de la revista Kale Gorria sobre una trama de guerra sucia, en la que tres comandos paramilitares estarían a punto de realizar atentados contra militantes abertzales, Otegi dijo: "Para nuestra sorpresa, este hecho ha pasado en cierta medida inadvertido en este país, en el que una pintada es capaz de generar un debate mediático durante cuatro días... es evidente que los franquistas, que sostuvieron la dictadura, siguen pensando lo mismo que en 1936".

Al exponer el análisis que la Mesa Nacional de Batasuna hizo este fin de semana sobre la situación en Euskadi, Otegi agregó que "no sorprende en absoluto"que "el Estado español, como ha demostrado históricamente, está dispuesto a hacer todo para que este país no alcance un escenario de paz estable y un marco nacional sustentando en la legitimidad democrática del pueblo vasco".

Expuso que el Estado español impulsa una "ofensiva político-judicial" contra la izquierda abertzale "no desde la fortaleza, sino desde la debilidad. Y por eso incluso, probablemente, estén pensando en reactivar la guerra sucia".

Por último, señaló que el gobierno español cree que acabará con la actividad política de la izquierda abertzale por medio del "ahogo económico", en alusión al bloqueo de las cuentas. "Se equivocan y, desgraciadamente, no aprenden", insistió al recordar que "cerraron un periódico y este pueblo fue capaz de financiar otro con mil millones de pesetas", en referencia al cierre de Egin y la posterior creación de Gara.

A su vez, el secretario general del conservador y gobernante Partido Popular, Javier Arenas, fustigó el llamado hecho ayer por Batasuna a los partidos que firmaron el Pacto de Lizarra para obtener ayuda económica, mientras el líder de la bancada conservadora en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, consideró que el gobierno vasco y el moderado Partido Nacionalista Vasco (en el poder) "harán lo indecible" para que no se aplique el fallo del juez Garzón para que se embarguen los bienes de Batasuna. 




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domingo, 7 de julio de 2002

Congelan Cuentas de Batasuna

Ha iniciado el congelamiento de cuentas bancarias del partido político vasco Batasuna, la medida draconiana más reciente en contra de las libertades del pueblo vasco emprendida por el juez estrella Baltasar Garzón, siempre en consonancia con la estrategia represiva y conculcadora de derechos desplegada por José María Aznar.

Por medio de esta nota de La Jornada traemos a ustedes lo que Arnaldo Otegi tiene para decir a este respecto:


Comenzaron instituciones bancarias a congelar las cuentas de Batasuna

El pueblo sabrá financiar a independentistas: Otegi

El vocero de la coalición independentista vasca Batasuna, Arnaldo Otegi, confirmó este sábado que las instituciones bancarias comenzaron congelar las cuentas de dicha formación, como ordenó el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón.

El dirigente agregó, en rueda de prensa realizada en San Sebastián, que "este pueblo sabrá financiar las actividades del sector independentista".

Otegi dijo, sin embargo, que los estados francés y español no lograrán paralizar la actividad política de Batasuna a través de la asfixia económica, y afirmó que su partido podría solicitar el poyo de otras formaciones políticas.

Adelantó que la próxima semana su formación presentará una iniciativa "concreta", "humilde" y "centrada en un ámbito" contra la ley de partidos, que podría plantear recibir ayuda de otros institutos políticos para continuar su labor partidaria.

La víspera el juez Garzón solicitó a las autoridades bancarias españolas y de Francia bloquear las cuentas de Batasuna, al cumplirse el plazo de 24 horas que en la noche del miércoles dio a la coalición independentista para pagar una deuda de 24 millones de euros - unos 23.5 millones de dólares - con el Estado español.

Garzón estipuló esa cifra por concepto de indemnización ante los daños causados por actos de violencia callejera cometidos en el País Vasco entre julio de 2001 y febrero de 2002 por las asociaciones juveniles del independentismo radical.

El juez, por lo pronto, espera que a más tardar el próximo lunes la policía complete el listado que le solicitó sobre los bienes de Batasuna, a fin de proceder al embargo de los bienes muebles e inmuebles y, por último, los sueldos, hasta cubrir los 24 millones de euros exigidos.

Por su parte, el ministro español del Interior, Mariano Rajoy, expresó su satisfacción por el bloqueo de las cuentas bancarias de Batasuna, hecho que calificó de "excelente noticia", durante la inauguración de un centro penitenciario en Alicante.

Otegi calificó de "muy grave" la ofensiva contra Batasuna y aseguró que merece una respuesta contundente, no obstante tachó la medida dictada por el juez de "literatura a la que nos tienen acostumbrados, en el todo vale contra el independentismo vasco".

De otro lado, un hombre sospechoso de estar implicado en el atentado cometido con una bomba de gas el pasado 30 de junio, en Bayona, sureste de Francia, fue encarcelado este día en París tras comparecer ante un juez antiterrorista.

Joel Cistiague, presunto miembro de la organización juvenil radical vasca Segi, es acusado de complicidad de degradación y deterioro de bienes públicos, así como de asociación de malhechores en relación con un proyecto terrorista, de acuerdo con la asociación de apoyo a presos vascos Askatasuna. 




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