El largo camino a la Independencia, Paz y Justicia para Palestina, Euskal Herria, Catalunya, Escocia...

sábado, 22 de noviembre de 2014

El Proceso de Paz en Colombia

Lo que sucede con cierta dosis de naturalidad y cierta dosis de tensión en el resto del mundo se constituye en un dedo acusador hacia el régimen borbónico franquista.

Mientras Londres ha permitido un referendum independentista en Escocia, Madrid continúa lanzando amenazas en contra de los catalanes por su ejercicio democrático del pasado 9 de noviembre. Mientras Bogotá avanza paso a pasito en sus negociaciones de paz con las FARC y el ELN, Madrid insiste en violentar el panorama pacificador que se ha abierto en Euskal Herria.

Es por lo anterior que nos atrevemos a compartir con ustedes esta nota publicada en Naiz.info:


Apoyo al proceso de Colombia desde Euskal Herria

Lokarri, Mundubat y la Fundación Cultura de Paz presidida por Federico Mayor Zaragoza han organizado para la próxima semana en Donostia un encuentro internacional de apoyo a las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

Ainara Lertxundi

Los objetivos del encuentro de Donostia son «conocer de primera mano los avances y retos del proceso de paz en Colombia y mostrar el apoyo internacional a este proceso para que pese a las dificultades continúe el camino iniciado». Así lo han explicado en la propia capital Aitziber Blanco, de Lokarri, y Fernando Vaquerizo, de Mundubat.

El jueves, la exsenadora y una de las portavoces del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz Piedad Córdoba junto a Martha Cecilia Maya, asesora de la oficina de Sergio Jaramillo –Alto Comisionado para la Paz y uno de los negociadores en La Habana– y a Oscar Guardiola, experto en el conflicto colombiano y asistente del decano de la Escuela de Derecho de la universidad Birkbeck de Londres, abordarán en una mesa redonda abierta a la ciudadanía «la situación del proceso de paz y los retos de futuro».

El viernes por la mañana, participarán en un seminario cerrado que, según han explicado sus impulsores, «pretende ser un espacio donde, de forma tranquila y discreta, diversos agentes políticos y sociales vascos pueden compartir tanto con personalidades clave en el proceso de paz en Colombia como con otros expertos internacionales en resolución de conflictos, la aportación más adecuada que desde Euskal Herria podemos realizar a la sociedad colombiana».

«No es nuestro objetivo dar lecciones ni decir a la sociedad colombiana lo que debe hacer, ya que desconocemos la complejidad de las causas, agentes y matices del conflicto. Pero conscientes de la importancia que, sobre todo en momentos de dificultad y bloqueo tiene el apoyo internacional, este encuentro cobra ahora mayor importancia si cabe», han subrayado.

En Colombia, mientras, continúan los preparativos para la entrega del general Rubén Darío Alzate, capturado por las FARC el pasado domingo en una zona de guerra en el departamento del Chocó, y de otras cuatro personas. Se prevé que una vez consumadas las entregas, los negociadores de la guerrilla y del Gobierno reanuden las conversaciones de La Habana, suspendidas por decisión del presidente, Juan Manuel Santos.

El Senado colombiano tiene previsto citar al general Alzate, comandante de la unidad de élite Fuerza de Tarea Titán, para que explique qué hacía vestido de civil, sin escolta y sin haber informado a sus mandos superiores en una zona con fuerte presencia de la guerrilla.



Vean bien a quién atribuye el Senado colombiano el origen de esta crisis, no a las FARC, sino al irresponsable general. ¿Se imaginan algo así en lo que respecta a Euskal Herria por parte de Madrid?



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"Que no me Maten"

Para tener una idea de lo que se vive en México que mejor termómetro que la respuesta que da el joven científico mexicano Alberto Barrita al ser entrevistado tras ganar un concurso en la NASA.

Aquí el video:


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Atención a partir del minuto 4 con 16 segundos. Así de hondo cala el caso Ayotzinapa en el país.







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lunes, 17 de noviembre de 2014

El PNV y Trebiñu

Trebiñu, esa porción de Nabarra castigada por resistirse a ser sojuzgada, obligada a formar parte de Castilla y León.

Pues bien, el camino se abre para que regrese a su seno vasco.

Lean esta nota publicada en 20 Minutos:



Una delegación del Partido Nacionalista Vasco compuesta por la burukide alavesa Pilar García de Salazar y el candidato jeltzale a la Diputación Foral de Álava, Ramiro González, se trasladará este martes al Congreso de los Diputados para mostrar su apoyo a los parlamentarios vascos que defenderán la anexión de los municipios La Puebla de Arganzón y Treviño a Álava.

Una delegación del Partido Nacionalista Vasco compuesta por la burukide alavesa Pilar García de Salazar y el candidato jeltzale a la Diputación Foral de Álava, Ramiro González, se trasladará este martes al Congreso de los Diputados para mostrar su apoyo a los parlamentarios vascos que defenderán la anexión de los municipios La Puebla de Arganzón y Treviño a Álava. 

La presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria, y el portavoz del grupo parlamentario del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, también se desplazarán a Madrid para apoyar la iniciativa. 

Según ha informado el PNV, esta comparecencia viene motivada por la proposición de ley que el Parlamento vasco aprobó el pasado mes de febrero con el apoyo de EAJ-PNV, EH Bildu y PSE-EE.

Representantes de los tres partidos reclamarán en el Congreso de los Diputados modificar, vía ley orgánica, los límites provinciales de Euskadi y Castilla y León para anexionar a Álava los municipios La Puebla de Arganzón y Treviño. Los encargados de defender la iniciativa serán el parlamentario de PNV y presidente del Araba Buru Batzar, Xabier Agirre; Belén Arrondo (EH Bildu) y Txarli Prieto (PSE-EE). 

Esta propuesta fue impulsada por los propios consistorios de Treviño y La Puebla de Arganzón y posteriormente aprobada en la Cámara vasca gracias a los votos de EAJ-PNV, EH Bildu y el PSE y la abstención del PP y UPyD. 

En el debate de este martes, los representantes vascos recordarán que la modificación del ámbito territorial es una vía prevista en la Constitución, así como en los estatutos de Euskadi y de Castilla y León. 

Ante la negativa expresada reiteradamente por parte de las instituciones castellanoleonesas, los tres Grupos Parlamentarios pedirán al Congreso de los Diputados que se pronuncie al respecto y apruebe, mediante una ley orgánica, una modificación de los límites territoriales, con el objeto de dar cumplimiento al "deseo de los vecinos de los dos enclaves del Condado de Treviño".


Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2298997/0/pnv-apoyara-congreso-diputados-parlamentarios-vascos-que-piden-anexion-trevino-alava/#xtor=AD-15&xts=467263




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sábado, 15 de noviembre de 2014

Más del Suelo Ético

Ahora que el franquismo borbónico anda homenajeando a los franquistas de abolengo, es necesario hacer hincapie en aquello del "suelo ético" del que gustan hablar, parece que la juez argentina María Servini lo ha encontrado.

Leamos este texto publicado en Cuarto Poder y compartido por Nodo 50:


Así se torturaba durante el franquismo: los testimonios recopilados por la juez Servini

Manuel Ángel Menéndez

‘Me negué a redimir pena por trabajo’… “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS“… “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”… “Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”… “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”.

Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.

Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:

“A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…”.

Sigue el Auto de la juez: “El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal “Palacios”. Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo“.

Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS

Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:

“En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…”.

Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.

“Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…”

Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:

“En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar”.

Sigue el testimonio: “El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna“.

Así de contundente finaliza el Auto de la juez: “Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…”.

Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería “salvajemente torturado” en Zamora con “golpes a mansalva, la rueda, la rana…”. Criado Sanz está procesado por la juez Servini.

Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González

Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:

“En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernas mientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban “el quirófano” que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”.

En el auto se lee también que “los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario”.

“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”

El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las “Constancias probatorias” que incluye la juez Servini en su Auto:

“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…”.

Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo

La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueron José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, como José García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.

Robo de niños: “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”

En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balague por su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, “por la que se duerme a la madre en el momento del parto”. El resto lo explica así la juez:

“La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco- y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre”.





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Nada Extraordinario

En los países donde se aplican los mínimos aceptables con respecto a la ley y a la impartición de justicia para ser considerados como democráticos, exigir que se te respeten los mismo derechos que se le otorgan a todos los demás es algo bastante ordinario. No así en el estado español, quedando claro entonces que el régimen que ordena y manda es la antítesis de la democracia.

Lean esta nota publicada en Gara:

 


Letrados de los presos vascos consideran llegada la hora de saber si en el Estado español «se respeta o no el principio de legalidad, si estamos o no en un Estado de Derecho». Confirmaron en Bilbo el inicio de la presentación de quejas ante la Audiencia Nacional y afirmaron que «tenemos la ambición de ganar este recurso» sin necesidad de llegar a Estrasburgo, porque los encarcelados «no piden nada extraordinario, no reclaman beneficios, sino derechos».

Iñaki Goioaga y Haizea Ziluaga, dos de los abogados de los presos vascos que han emprendido la vía judicial contra la dispersión, detallaron la iniciativa ayer en Bilbo, acompañados de familiares de los represaliados. Son en torno a 50 en este primer bloque (presos enfermos y otros que sufren situaciones especialmente graves por edad o tiempo sumado en la cárcel). El resto de presos en el Estado español afectados por la dispersión, unos 315, se incorporarían posteriormente, pero la intención inicial es esperar a conocer la respuesta a estos recursos antes de incorporar otras tandas. En el Estado francés también habrá una iniciativa similar, por los canales correspondientes.

Antes que nada, los abogados salieron al paso de malinterpretaciones, haciendo hincapié, «para que quede claro», en que «lo solicitado por el Colectivo de Presos Políticos Vascos no es ningún beneficio penitenciario, sino el respeto de los derechos fundamentales y los derechos humanos». Y es que «no hay ningún precepto legal donde se pueda justificar la actual política de dispersión». Las quejas detallan todas las normas que se vulneran con esta práctica, desde reglamentos y leyes estatales a la Constitución española y varias normas internacionales.

«Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad, si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos la dispersion es indefendible, a no ser bajo criterios de crueldad o de venganza. Vamos a ganar este recurso, esa es nuestra ambición», dijo Iñaki Goioaga.

Esperando a la Fiscalía

Este segundo paso, añadieron, se materializa tras recibirse respuestas negativas a las primeras peticiones, formuladas ante la administración penitenciaria. Ziluaga y Goioaga destacaron que estos rechazos «se basan en criterios meramente políticos (por el hecho de que cumplen condena por pertenencia o relación con ETA y esta no se ha disuelto), son respuestas estándares y genéricas, y reducen las reivindicaciones del Colectivo de Presos Políticos Vascos a un problema meramente administrativo». En consecuencia, las defensas de los presos han declinado canalizar estas demandas de traslado a Zaballa por vía contencioso-administrativa y han acudido directamente a la Audiencia Nacional por vulneración de derechos.

Su primer punto de atención será ver la posición que adopte la Fiscalía, indicaron. Pero esperan que incluso en caso de que esta fuera negativa el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, imponga su función de «garante» de los derechos de los presos.

Entre los familiares presentes en la rueda de prensa destacaba Jone Artola, que sufrió un gravísimo accidente recientemente en Tutera cuando volvía de prisión con otros dos allegados. Una muestra viva y doliente de «lo inaceptable que es mantener la dispersión».

Urkullu dice que siguen de cerca el caso de Gogorza

El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue interpelado ayer en el Parlamento de Gasteiz por EH Bildu sobre la situación del preso enfermo Aitzol Gogorza, tras el reciente infarto pulmonar que se suma a sus problemas sicológicos anteriores. Urkullu afirmó que hacen seguimiento de su situación «de cerca» y que también realizan gestiones para tratar de mejorarla «lo antes posible», pero sin más concreciones.




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México en Caída Libre

La clase política mexicana está en auténtico estado de putrefacción. 

Con la atención del mundo sobre la nación como consecuencia del caso de los 43 detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada por este tema y el de Tlatlaya, con representantes de los principales organismos internacionales dando seguimiento a los ires y venires de los cuerpos "de seguridad" del estado... sucede lo que relata esta nota publicada en la página de los compas de Sin Embargo:



Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor de 13 años que murió tras recibir un impacto de un artefacto disparado por elementos de la Policía Estatal de Puebla el pasado 9 de julio, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, acudió este día al VI Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia en el estado, sin embargo, organizadores del evento la sacaron.
Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, acompañó a Elia, pues ella recibió una invitación de representantes internacionales que acudieron al Congreso, mismo en el que se reunirían de manera privada para hablar sobre su caso, sin embargo, al estar en una sala con una comisión cuyos representantes eran de Alemania, Bolivia y Venezuela, los sacaron del lugar.
“Ellos fueron quienes la invitaron, ella no fue a meterse. Era una reunión privada, no se iba a hablar en público, simplemente era una reunión privada con organizaciones internacionales”, dijo el activista.
Tras estar una hora en el lugar con la comisión internacional, se les dijo que estaba prohibido hablar sobre el tema de José Luis y que debían salir porque no podían estar en ese lugar. “Nos querían sacar por la puerta trasera, pero no lo hicimos porque no somos delincuentes”.
Las personas de las organizaciones, aseguró Hernández Fernández, también se ofendieron, principalmente la persona de Alemania, quien pretendía hacer un pronunciamiento sobre el caso, pero se lo prohibieron. ”Salimos rodeados de seguridad, pero también se fueron con nosotros las personas de las organizaciones internacionales”, explicó.
Una comisión de la ONU salió también en solidaridad con Elia y se reunieron afuera donde platicaron más sobre el caso.
Al Congreso acudieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como un jefe de la Delegación de la Unión Europea en Mexico, entre otros.

El pasado 9 de julio, la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan se manifestó en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restitución del servicio del Registro Civil a las oficinas de las Juntas Auxiliares, un operativo bajo el mando del Secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas Rosas, acudió para dispersar a la gente, sin embargo, cuatro personas resultaron detenidas y nueve heridos, entre ellos José Luis de 13 años que murió 10 días después de los hechos debido a las lesiones que recibió en la cabeza tras el impacto de un artefacto disparado por los uniformados.
Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una averiguación por violaciones graves y emitió 11 recomendaciones dirigidas al Gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo, éstas hasta el momento no se han cumplido.
Además, el gobierno estatal clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Puebla-Atlixco. Así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.
Una de las recomendaciones de la CNDH indica que el gobierno estatal debe ofrecer una disculpa pública a las personas agredidas, entre ellas a la mamá de José Luis, además de una compensación para reparar el daño, sin embargo, el 17 de octubre, a las 15:00 horas, las autoridades estatales enviaron una invitación a un presunto evento público, para cumplir el mandato, mismo que se llevaría a cabo ese viernes, a las 19:00 horas.
Respecto a las compensaciones, hasta el momento se desconoce el monto total, pero en el caso de Hugo Jiménez Varela, un joven que perdió la vista en su ojo izquierdo y que ha gastado más de 100 mil pesos para atenderse, sólo le han ofrecido dos bolsas de despensa.
“Llegaron [dos mujeres] un día lunes a mi casa preguntando por mi nombre, pero en tono de burla me dijeron que quedó bien mi ojo, que hicieron un buen trabajo y como les respondí un poco agresivo me dijeron: ‘no te enojes, aquí te mandan dos bolsas de despensa’, las dejaron en el piso y se fueron”, afirmó durante un foro en la Casa de la Aduana Vieja ante investigadores de diversas unidades académicas de Puebla el mes pasado.
También la madrugada del pasado 19 de octubre, elementos de la Policía Ministerial de Puebla ingresaron a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan para detener a cinco personas, esto bajo el pretexto de cumplir con otra de las recomendaciones de la CNDH donde se pedía el castigo a las personas implicadas en la manifestación.
Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, a quienes se les imputaron los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, alcanzaron fianza. El primero obtuvo su libertad tras pagar 43 mil pesos de fianza y Álvaro García, pagó 49 mil pesos.
Sin embargo, Florentino Tamayo Ponce, Fausto Montiel García y Vicente Juárez Varela, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de la comunicación, no alcanzaron la libertad bajo fianza y se les dictó auto de formal prisión el pasado viernes 24 de octubre a las 2:00 de la mañana.
Desde entonces, la comunidad se mantiene en vigilancia las 24 horas del día, pues aseguran no dejarán pasar a elementos de Seguridad Pública para hacer más detenciones. Además, en al menos dos ocasiones patrullas y camionetas ministeriales han acudido a las entradas de la población para intimidar a sus habitantes.

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