jueves, 15 de noviembre de 2018

Analizar Canciones Sexistas

Lo que faltaba, acusar a un gobierno de censurar cuando en realidad actúa como facilitador de un programa escolar que ayuda a los adolescentes a identificar la violencia de género en las letras de canciones comerciales.

Lean ustedes lo que se reporta desde Naiz:


El departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa ha afirmado que es «rotundamente falso» que el Ejecutivo «haya censurado una lista de canciones prohibidas» en los centros educativos en aplicación del programa Skolae.

Según han explicado desde el departamento de Educación, «el programa Skolae utiliza listados de canciones publicados tanto por el Gobierno de Canarias (2013), como por el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el trabajo desarrollado por el INJUVE (2003) para analizar el sexismo y la violencia de género en la música que escuchan los adolescentes».

Así lo han señalado desde del Gobierno ante la polémica suscitada en torno a una ficha del programa educativo Skolae, ficha que lleva por título ‘No me cantes violencias’.

Esta ficha plantea una actividad en las aulas para analizar las letras de canciones y recoge que «la violencia de género se trasmite a través de instrumentos y herramientas de socialización como, por ejemplo, la música y en este sentido es importante analizar el sexismo y la violencia machista que trasmiten algunas de las canciones que más se escuchan».

A continuación, la ficha muestra un listado de canciones que, según el programa «promueven el sexismo». Se trata de ‘Sin ti no soy nada’, de Amaral; ‘Contigo’, de El canto del loco, ‘No vale la pena’, de David Bustamante, ‘Tenía tanto que darte’, Nena Daconte; ‘Te espero sentada’, Shakira; ‘Un violinista en tu tejado’, de Melendi; y ‘Me enamora’, de Juanes.

Asimismo, se incluyen canciones que se considera que «promueven violencia de género». Son ‘Cuatro babys’, de Maluma; ‘Picky Picky’, de Joe Montana; ‘Toda’, Malú; ‘La mataré’, de Loquillo y los trogloditas, ‘Es lo que hay’, de La Factoría, ‘En la cama’, de Daddy Yankee, y ‘Si me porto mal’, de Dasoul.

Por contra, se incluyen canciones que «denuncian la violencia de género». Se trata de ‘Un extraño en mi bañera’, de Ana Belén; ‘No voy a cambiar’, de Malú; ‘Ella’, de Bebe; ‘Malo’, de Bebe; ‘El final del cuento de hadas’, de Chojín; ‘Salir corriendo’, de Amaral; y ‘Esta noche’, de Tremenda Jauría.

El programa plantea que en el aula se creen grupos a los que se les de la letra de tres canciones para que sean analizadas.





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miércoles, 14 de noviembre de 2018

La Costosa Ocupación de Nafarroa

Ya otro día se hablará de los altos sueldos que se le paga a los que integran la casta política navarrica atrincherada en UPN, el PP y el PSOE, sueldos que se pagan con la única finalidad de tener a esta gentuza en las instituciones haciendo labor de zapa en favor de las políticas tardocolonialistas por parte de Madrid en Nafarroa, corazón mismo de una Euskal Herria, algo que ellos se empeñan en negar.

Por ahora y gracias a este artículo dado a conocer por Gara, nos concretamos a señalar el cuantioso costo que representa para los tributantes navarros el mantener una red de control -y represión- ya obsoleta ante los nuevos tiempos políticos que se viven.

Aquí la información:


La recuperación de las competencias de Seguridad Vial por parte de Nafarroa ya estaba prevista en el Plan Director de Policías. Un total de 103 policías forales son suficientes para cubrir la labor de los 220 guardias civiles adscritos a Tráfico. Este plan estima que harían falta 449 forales para sustituir al grueso de Policía española y Guardia Civil.

Aritz Intxusta

El Plan Director de Policía Foral ya previó el escenario de una recuperación plena de las competencias plenas de Tráfico y Seguridad Vial. Concretamente, fija en 103 los nuevos agentes de Policía Foral que serían necesarios para asumir la labor y calendariza ofertas públicas de empleo para sustituir a los guardias civiles destinados a esa labor. Dicho plan contempla también la posibilidad de que la Policía Foral se convierta en la única policía de Nafarroa, con las mismas competencias que Mossos o la Ertzainza, en el año 2021. De este modo, fija los plazos para ampliar la plantilla en consecuencia y cuantifica el coste de la misma. Y concluye que sacar a la Guardia Civil y a la Policía española de Nafarroa costaría 62.339.815 euros en cinco años (2017-2021). El dinero se recuperaría posteriormente con una reducción de lo que paga Nafarroa al Estado por el Convenio.

La conversión de la Policía Foral en la Policía que desarrolle su exclusividad en Nafarroa es una de las tres posibilidades que se contemplan y la más ambiciosa. Junto con ella, también se detalla una posibilidad «de supervivencia» en la que los forales se limitarían a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. Para esta opción, con un coste de 18,7 millones de euros, bastaría con sacar 160 plazas (5o de ellas por el relevo generacional, 75 por el déficit estructural y 35 para poner en marcha una nueva comisaría en Erribera). Con todo, el anuncio de Uxue Barkos de que se asumirán las competencias plenas en Seguridad Vial y Tráfico hace que esta opción esté ya obsoleta.

El segundo de los escenarios planteados es el que Policía Foral asuma Tráfico y también las competencias de Medio Ambiente. En tal caso, a esa base de 160 agentes para que el cuerpo se mantenga tal cual habría que sumar los 103 puestos necesarios para controlar el Tráfico. El Plan Director habla de un «ahorro estratégico respecto a los efectivos de la Guardia Civil» del 46% (la Subsección de Tráfico cuenta con cerca de 220 agentes). La asunción de las competencias de Medio Ambiente resultaría mucho más sencilla, pues con solo 6 efectivos de Policía Foral podría sustituirse a todo el Seprona (un ahorro del 80% de los puestos). «El nivel de agentes de Tráfico y Medio Ambiente actual no será necesario equipararlo en número, sino en horas de actividad», explica el Plan Director. Por ello, expone que un despliegue centralizado evitará «duplicidades», lo que permite hacer lo mismo con menos agentes.

En suma, el coste de este escenario con Nafarroa asumiendo Tráfico y Medio Ambiente sería de 35,46 millones para dar entrada a un total 269 policías. La plantilla de Policía Foral, hoy situada en unos 1.050 agentes, pasaría a superar los 1.300.

La tercera opción sería que Policía Foral asumiera también las competencias en exclusiva en Seguridad Ciudadana. Para ello, harán falta sumar 180. Eso daría una cifra de 449 nuevos agentes, hasta completar un cuerpo de 1.500 efectivos. El Plan Director no llega a dar una cifra exacta sobre cuántos agentes de Guardia Civil y Policía española sobrarían, pero sí dice que «bajo el principio de efectividad, la asunción de competencias supone un ahorro estratégico también para la actividad de Seguridad Ciudadana, por absorción de funciones destinadas a las FCS del 64%». En otras palabras, si Policía Foral aumentara su plantilla en 180 efectivos para cubrir las competencias de Seguridad Ciudadana, se anularían 500 plazas de guardias civiles y policías españoles.

Esto no supondría la desaparición total de estos cuerpos, pues seguirían teniendo competencias en fronteras, antiterrorismo, DNI y poco más. Las mismas que hoy mantienen en Catalunya y la CAV.

Orain Bai y las «pasarelas»

El inicio de esta transformación por la asunción de las competencias de Tráfico implica plantearse de dónde saldrán esos nuevos policías. La apuesta del Plan Director es abastecerse vía ofertas de empleo. Sin embargo, UPN y PSN proponen reconvertir en forales a los guardias civiles sobrantes, activando una «pasarela» entre estos cuerpos. La abstención en comisión de dos parlamentarios de Orain Bai (Rubén Velasco y Carlos Couso) permitirá que, mañana jueves, se vote una enmienda al respecto durante la votación de la Ley de Policías.

Esta abstención sentó mal en el resto del cuatripartito, entre otras cosas, porque la Ley de Policías no trata este asunto concreto. Donde de verdad se entrará en esta cuestión es en la Junta de Transferencias entre los gobiernos navarro y español.

En respuesta a las críticas recibidas, Orain Bai difundió en los medios una versión anterior del Plan Director de Policías. En ese borrador, se cita la posibilidad de emplear pasarelas para integrar a guardias civiles y policías españoles hasta un 15% de las nuevas plazas de foral. Sin embargo, una redacción posterior cambió el borrador en este punto al que se agarra Orain Bai. La única pasarela que se fija para la Policía Foral es con Policía Municipal y, en caso de abrirse otras pasarelas, se ampliarían a todos los cuerpos policiales, no únicamente esos dos.

Ocho comisarías para sustituir a una red de 53 cuarteles obsoletos

La desmesurada presencia policial en Nafarroa, con tres cuerpos con similares competencias, se explica en un pacto incumplido por parte del Estado. Desde 1994 la Policía Foral ha ido creciendo en efectivos y ampliando su red de cuarteles: Tutera (2002), Zangoza (2005), Tafalla (2006), Lizarra (2006), Altsasu (2007) y Elizondo (2007). Solo falta por completar esta red un último cuartel para dar servicio a Erribera.

El acuerdo era que Policía española y Guardia Civil procedieran a un repliegue en consecuencia para evitar duplicidades. En 2009, se estableció un acuerdo entre Miguel Sanz y el Gobierno central para que la Policía Foral llegara a los 1.200 agentes y los otros cuerpos se replegaran. Pero el Gobierno español se negó a ponerlo en práctica agarrándose a la lucha contra ETA, pues «insistían en la necesidad de mantener efectivos de la Guardia Civil en las carreteras e investigación», según el propio Sanz.

Así, el proceso de ampliación paulatina del cuerpo no fue correspondido por la retirada de efectivos de las FCSE. En 2009 había 2.294 agentes de Policía y Guardia Civil y, este año, casi 2.600. En el caso de la Guardia Civil, su despliegue lo componen 1.820 guardias repartidos por 53 cuarteles (34 de ellos solo abren solo por la mañana). Si se traspasan las competencias, su red de 1.200 agentes rurales se sustituirá por los acuartelamientos modernos de Policía Foral, en virtud del repliegue retrasado hasta este momento.

La ineficiente gestión de recursos policiales: el caso de Sanduzeai

En Nafarroa las competencias funcionan como en las películas policíacas americanas con el FBI y la comisaría del distrito: se queda con el caso el que primero llega al lugar de los hechos. Y este método no cumple con ningún requisito de racionalidad en la utilización de los recursos.

Este año en Nafarroa ha sido particularmente negro. No había habido tantas víctimas en crímenes violentos desde el año 1996 (diez muertes) y la división en tres cuerpos de los efectivos quedó muy en evidencia. El cuestionamiento más fuerte surgió por la tardanza en salir de los agentes de la Guardia Civil de Kaseda, tras un tiroteo con tres muertos a apenas 150 metros del cuartel (ya que el acuartelamiento solo abre por la mañana y el suceso tuvo lugar por la tarde). Pese a todo, la gestión de otro crimen en el barrio de Sanduzelai refleja todavía mejor estas deficiencias.

El 5 de agosto a las 14.18 horas el teléfono de emergencias de SOS Navarra recibió un aviso por una fuerte discusión en un piso. La alerta se trasladó al Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral y este avisó al resto de cuerpos (tal y como fija el protocolo). Los primeros en personarse fueron los municipales de Iruñea y, tras ellos, la Policía Nacional. Minutos después, aparecieron los forales. También llegaron ambulancias y bomberos.

La situación en el lugar era que un varón con antecedentes por violencia y drogas que había matado de un disparo a su suegro con el que había mantenido una fuerte discusión. Esta persona continuaba atrincherada en el piso con un arma de fuego. Se hizo preciso, por tanto, contactar con un negociador y un grupo de operaciones especiales.

La Policía Foral cuenta con especialistas en negociación y una unidad preparada para situaciones así. De este modo, el cuerpo navarro ofreció estos efectivos a la Policía española que había llegado antes, pero este último declinó la oferta. Prefirió esperar a que llegaran sus GEOS desde Madrid. Por este motivo, la operación para neutralizar al hombre y recuperar el cadáver del piso se dilató durante casi cuatro horas, esperando a la llegada de los policías madrileños.

Afortunadamente, el hombre esperó sin dañarse a sí mismo o a otras personas durante todo este tiempo. Fue detenido a las 20.40 horas. Seis horas y 20 minutos después del aviso.






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Cineastas al Matadero

¿Amenazar con asesinar al Presidente para impresionar a una chicha y tener un arsenal en casa para de hecho hacerlo es terrorismo?

Par favar.

Terrorismo es ir al humilde lugar de reposo de quienes, como Santiago Abascal está tan dispuesto a hacer, sacrificaran sus vidas en aras del grandioso proyecto divino llamado España... aunque Europa tenga que fruncir el seño.

Les invitamos a leer esto que hemos encontrado en las páginas de Público:


Este miércoles arranca el juicio contra los documentalistas Carolina Martínez y Clemente Bernard, acusados de "revelación de secretos" tras realizar un documental sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona e intentar investigar qué sucede en la misa mensual que allí se celebra para exaltar el golpe de Estado franquista. La Fiscalía pide dos años de prisión. 

Alejandro Torrús

Carolina Martínez y Clemente Bernad nunca imaginaron verse en una situación así. En el momento en el que atienden a este periódico se encuentran en el coche, camino de Pamplona. Allí serán juzgados este miércoles y jueves por un delito de "revelación de secretos" y "atentar contra la intimidad" tras ser denunciados por la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, que les pide dos años y seis meses de prisión. La Fiscalía, por su parte, solicita dos años de cárcel y una multa de 12.000 euros.

¿Pero qué han hecho estos documentalistas para ser juzgados? Muy simple. Realizar un documental sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona e intentar investigar qué sucede en la misa que cada día 19 de cada mes de cada año la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, una organización fundada en 1939 por excombatientes requetés, celebra en el Monumento a los Caídos frente a las tumbas donde hasta hace poco tiempo se encontraban los restos de los generales golpistas Mola y Sanjurjo. El acto, que se disfraza de misa, es en realidad un acto de exaltación franquista, según denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). De hecho, se celebra cada día 19 en honor al día que el golpe de Estado del 18 de julio llegó a Navarra.

"Nos sentimos fatal. Es una acusación injusta y no creemos que hayamos cometido ningún delito. La sensación ahora es como si fuéramos a un matadero, pero es injusto. No damos crédito a todo esto. Este es un viaje que preferiríamos no estar haciendo", explica a Público Carolina Martínez, mientras Clemente Bernard conduce el vehículo que les llevara a los juzgados de la capital navarra.

Los cineastas accedieron al templo con el permiso del Ayuntamiento, que es el propietario del mismo, y durante el documental no exhibieron ninguna imagen de la ceremonia de exaltación. Sin embargo, los miembros de la Hermandad les acusan de haber colocado un micrófono y una cámara oculta en una rejilla y alegan que esta práctica viola el artículo del Código Penal 197.1, que señala que será sancionado quien “utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen”.

"Nunca imaginamos que nos podría pasar esto. No tenemos la percepción de haber hecho nada malo ni haber cometido delito alguno. Somos dos ciudadanos muy normales que no imaginamos nunca este lío y tampoco nos gusta toda esta visibilidad que la polémica nos está dando", prosigue Carolina, que prefiere mantener silencio sobre el caso hasta que no se produzca una sentencia en firme.

¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?

El periplo de Martínez y Bernard comenzó en enero de 2017 cuando en el marco de las jornadas ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?, organizada por la asociación memorialista ZER Dilemas Urbanos y Derivas Ciudadanas, presentaron el documental A sus muertos. La cinta se estructura alrededor de seis preguntas sobre el monumento en el que los autores denuncian el desconocimiento de la ciudadanía sobre el significado del lugar, las 3.500 víctimas republicanas en Navarra y el papel de Sanjurjo y Mola en la represión.

El objetivo era, precisamente, reflexionar sobre un monumento que cada mes acoge un acto de exaltación del golpe de Estado de 1936 y la dictadura bajo el amparo de la Iglesia católica y sobre su posible futuro. El propio Ayuntamiento de Pamplona mantiene abierto un concurso de ideas para ver qué hacer con el monumento una vez el Consistorio había exhumado del lugar los restos de los dos generales golpistas.

A raíz de la realización del documental, los autores recibieron una denuncia de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz. La denuncia fue admitida a trámite por "revelación de secretos" y a la petición de dos años y medio de prisión se sumó la Fiscalía, que pide dos años de cárcel y 12.000 euros de multa para cada uno de ellos.

¿Quiénes son los Caballeros Voluntarios de la Cruz?

Pero, ¿quiénes son los Caballeros Voluntarios de la Cruz? Es una organización fundada en 1939 por excombatientes requetés para “mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España“. El objetivo de esta Hermandad fue conseguir una organización formada por caballeros que fuesen una “mezcla de guerrero y de monje”.

Según propias palabras, tal y como recoge Nueva Tribuna, encontraron “en Navarra y en varias capitales de España, un crecido número de excombatientes de todas las clases sociales”, hallando “en dicha Hermandad el estímulo necesario para mantener despierto, vivo como el primer día de la Cruzada, el apego fervoroso a aquellos ideales santos que les impulsaron a abandonar su hogar para defenderlos con las armas en la mano”.
Manifiesto de apoyo y solidaridad de la ARMH

El caso de Clemente Bernad y Carolina Martínez ha levantado una ola de solidaridad en el mundo de la Memoria histórica. Rápidamente se puso en marcha un manifiesto de apoyo, que ha recabado cerca de 2.000 apoyos, bajo el título La libertad no es un delito.

“No puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que, de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz”, denuncia el manifiesto.

Asimismo, la ARMH, presidida por Emilio Silva, ha denunciado en reiteradas ocasiones que este juicio se trata de un "atropello la persecución judicial" que están sufriendo los documentalistas.

"Es evidente el interés informativo y social que conlleva el hecho de que un acto de enaltecimiento de la dictadura franquista se celebre dentro de un edificio de propiedad municipal y amparado por la Iglesia Católica. La conmemoración del golpe de Estado de 1936 podría tratarse de un delito de odio y discriminación que lleva a cabo la Hermandad todos los meses", denuncia, en conversación telefónica con Público, Emilio Silva.

El presidente de la ARMH también destaca "la impunidad" de un grupo que exalta cada mes de cada año el golpe de Estado franquista mientras juzga a dos documentalistas que solo pretendieron denunciar el homenaje mensual a dos golpistas como Mola y Sanjurjo. "El juicio pone en evidencia la discriminación en la que viven las víctimas del franquismo. Los que niegan su existencia, los humillan y menosprecian reciben amparo de la justicia, mientras que las víctimas permanecen en el olvido", sentencia Silva.

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Cronopiando | Chaplin

Les presentamos el cáustico comentario que por medio de su Cronopiando nuestro buen amigo Koldo Camos hace de los señorones de Vox quienes a lomos de caballo y comandados por el Cid Santiago Abascal han iniciado la reconquista de España... inciando por Andalucía:

Chaplin

Koldo Campos Sagaseta

Charles Chaplin, cuyas películas debieran proyectarse por decreto en todas las escuelas y residencias de ancianos, decía que “solo soy, solo sigo siendo una sola cosa: un payaso. Eso me pone en un plano más alto que cualquier político”.

En razón a su modestia, supongo, Chaplin no quiso hacer sangre, que bien pudo explayarse y afirmar, por ejemplo, que un payaso también está en un plano más alto que un rey, que una corte de supremos magistrados o que el general más laureado, que el de payaso es uno de esos pocos oficios imprescindibles sin el que la vida perdería su sentido. Chaplin también decía que el día que no sonríes es un día que pierdes.

Pero los tiempos cambian y con ellos, tal vez porque nunca han disfrutado a Chaplin, todos esos ilustres citados que han proscrito la risa y los payasos y son quienes, ahora, de payasada en payasada, dirigen la triste comedia. Inviolables payasos de sangre azul que representan la bufonada de que “nadie está por encima de la ley”; honorables payasos de sangre cobre que aprecian regocijo en la violación de una manada; y el Cid Campeador en alpargatas y sin sangre que cabalga por los campos de España al bufido de: ¡A mi la legión!

Como payasos también son una mierda y no hacen ni puta gracia. Si no fuera por Chaplin yo habría perdido muchos días, demasiados, porque estos nuevos payasos no dan ni para sonrisa. Tampoco para mueca. Solo dan asco.






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martes, 13 de noviembre de 2018

Robles y la Amenaza Saudí

La semana pasada Facebook se llenó de memes y videos con respecto a la muerte de Amal Hussein, la niña que se ha convertido en ícono del genocidio por hambre que Arabia Saudí -aliada estratégica de Israel y Estados Unidos- ha implementado en contra de Yemen.

Pocos días antes el mundo occidental se desgarraba las vestiduras por el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado saudí en Turquía.

Hace apenas unas horas, nos enterábamos que Riyadh se posicionaba claramente al lado del genocida régimen sionista al prohibir el acceso de palestinos a La Meca.

Dicho lo anterior, les compartimos esta actualización acerca de la saga del bombero Ignacio Robles por medio de esta publicación en La Vanguardia:


Ignacio Robles se negó a colaborar en un envío de armas a Arabia Saudí y 'pagó' por ello. Su caso fue "un aviso a navegantes". Una advertencia a cualquiera que trabaja alrededor de estos cargamentos

Ángel Martínez

Ignacio Robles siempre ha sostenido que su caso fue "un aviso a navegantes". Una advertencia a cualquiera que trabaja alrededor de los envíos de armamento a Arabia Saudí. Este cabo de bomberos se negó a dirigir en marzo de 2017 un retén de seguridad durante el embarque en el puerto de Bilbao de un cargamento con "bombas y proyectiles de mortero" con destino al país árabe. Alegó objeción de conciencia, al entender que aquellas 720 toneladas de armas podían ser utilizadas en la guerra de Yemen, donde Arabia Saudí lidera desde 2015 una intervención militar e impone un bloqueo que ha acabado creando la peor catástrofe humanitaria de la actualidad.

La acción de Robles provocó un retraso de 14 minutos en el embarque de aquellas bombas y un expediente disciplinario por falta muy grave que pudo costarle entre dos y cuatro años de empleo y sueldo. Al expediente, abierto por la Diputación de Vizcaya, se añadieron después nuevas acusaciones, como "poner en peligro a la población", lo que suponía entre tres y seis años sin trabajo ni salario. Ningún jefe del servicio de bomberos se comunicó con Robles, quien conoció las acusaciones por la prensa.

"Hubo presiones, llamadas del puerto al Servicio de Bomberos para forzar la situación. Para el puerto de Bilbao, la naviera Bahri [la naviera nacional de Arabia Saudí] es un cliente muy bueno y no querían perderlo", asegura Robles a El Confidencial. Precisamente con Bahri se han producido "faltas muy graves de ordenación marítima", sostiene el cabo de bomberos.

"Con los envíos a Arabia Saudí se han falseado los registros, se han cambiado banderas [en los buques mercantes] o los cargueros han entrado en el puerto sin localizador", denuncia este bombero de Vizcaya. Consultadas por este diario, fuentes de la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao aseguran que "todo buque y mercancía se gestionan cumpliendo la legalidad vigente" y añaden que "el buque (de la naviera Bahri) no atraca ya en Bilbao. Hace escala en Santander".

Tras mucho dinero invertido en abogados y muchas noches sin dormir, este bombero de Vizcaya 'ganó' la batalla legal: su caso se resolvió en febrero de 2018 y el expediente se quedó en una falta leve. "He gastado demasiado, por eso decidí no recurrir", dice.

La catástrofe que Robles intentó evitar

Debido a su cercanía a algunas de las mayores fábricas de armamento de España, el puerto de Bilbao es el principal punto de salida de armas para la exportación. Una actividad que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul ha puesto de nuevo sobre la mesa al activar un debate que reaparece, como un alma en pena, cada cierto tiempo.

Tras más de 57.000 muertos, según cifras de Acled (Armed Conflict Location and Event Data), dos millones de desplazados y una epidemia de cólera sin precedentes, la situación en Yemen empeora. En una guerra que se ceba con los civiles —casi un tercio de los ataques aéreos realizados desde marzo de 2015 no iba dirigido contra emplazamientos militares—, las ONG advierten del grave deterioro de las condiciones de vida de la población. Y una de las causas del agravamiento de la situación es la ofensiva de las fuerzas gubernamentales —respaldadas por Arabia Saudí— en la región de Al Hudeida, un puerto clave para la entrada de alimentos y otros productos básicos.

La tropas yemeníes apoyadas por milicias aliadas relanzaron la semana pasada la ofensiva sobre Al Hudeida, que había sido suspendida en junio para intentar entablar consultas de paz entre los bandos con mediación de la ONU, que finalmente no se produjeron. El Gobierno del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, apoyado por la coalición árabe, intenta recuperar el control de esta urbe estratégica, dominada por los hutíes desde finales de 2014, a través de que llegan al Yemen el 70% de los suministros básicos y la ayuda humanitaria.

La que ya es la peor catástrofe humanitaria de la actualidad se enfrenta ahora a una “enorme hambruna inminente”, según la ONU. Hasta 14 millones de personas, la mitad de la población de Yemen, pronto dependerán por completo de la ayuda humanitaria para sobrevivir, advierte el Consejo de Seguridad el jefe humanitario de Naciones Unidas, que asegura que dicha hambruna será mucho más grave de lo que ninguna organización humanitaria "haya visto nunca". Unicef cifra en 400.000 los niños yemeníes que ya sufren de malnutrición severa aguda.

No obstante, Médicos Sin Fronteras (MSF), que alerta del grave deterioro de las condiciones de vida de la población después de tres años de guerra, asegura que los datos recopilados en los centros de salud que apoya en las gobernaciones de Hajja, Ibb, Taiz, Amran y Saada “no indican focos de hambruna ni una hambruna inminente”. Eso no quiere decir que las tasas de desnutrición aguda severa no estén aumentando. Muchas áreas del país son inaccesibles por los ataques aéreos y los combates, por ello, MSF sostiene que no hay datos creíbles para declarar que la hambruna es inminente, al igual que tampoco se conoce el número real de víctimas mortales.



El asunto para Robles ha quedado en falta leve tras un largo y costoso proceso legal... ahora comparen eso con la suerte que ha corrido el Lobo Solitario de Terrassa.







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lunes, 12 de noviembre de 2018

La Audiencia y el Lobo

Compartimos este reportaje de Público recordando a los visitantes a este blog que en este mismo momento hay un grupo de presos y exiliados políticos catalanes acusados de atentar en contra de la unidad de la Sacrosanta España, atentando en contra de la memoria de Francisco Franco con urnas y boletas, repetimos, urnas y boletas. 

Que también hay siete jóvenes de Altsasu encarcelados tras haber sido acusados de terrorismo tras un montaje policial generado por una trifulca de madrugada en un bar en la cual estuvieron involucrados dos agentes de la Guardia Civil y que la derecha española no ha dudado en presentarse en dicha localidad para hacer escarnio de este sinsentido.

Que existe una "unidad didáctica" que habla de terrorismo pero que omite a los grupos paramilitares -parapoliciales- organizados y financiados por un estado de clara ideología fascista.

Que desde la caverna mediática y desde las filas de los diferentes partidos políticos afines al régimen se ha insistido en llamar "Lobo Solitario" a Manuel Murillo Sánchez.

Aquí la información:


Tanto el juez Fernando Andreu como la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvieron al corriente desde el primer momento de la detención del franquista que tenía un arsenal y planeaba matar a Pedro Sánchez, pero decidieron no investigar el caso. Mes y medio después, cuando 'Público' desveló la noticia en exclusiva, la Audiencia negó conocerla, pero acabó retractándose 24 horas más tarde porque el desconocimiento era un escándalo aún mayor que el de haberse inhibido.

Carlos Enrique Bayo / Patricia López

Primero, pasaron 14 horas, desde que estalló la exclusiva de Público, antes de que la Audiencia Nacional negase rotundamente haber tenido conocimiento ninguno de que un vigilante privado franquista, con licencia de armas y larga práctica de tiro olímpico, había sido detenido mes y medio antes con un arsenal de armas largas y de guerra tras buscar cómplices para asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después, transcurrieron otras 24 horas desde ese desmentido increíble –pues suponía o bien la más grave descoordinación de la Fiscalía que se haya conocido en España o una irresponsabilidad temeraria por parte de los fiscales y jueces implicados en el caso en Terrassa (Barcelona)– hasta que la propia Audiencia Nacional se volvió a poner en contacto con el medio al que había comunicado su desmentido inicial para retractarse de plano: no sólo conoció perfectamente el asunto desde el primerísimo momento, sino que incluso lo debatieron y valoraron tanto los fiscales del alto tribunal como uno de sus magistrados más veteranos, con 16 años de experiencia en esa instancia judicial.

Y, en esas 24 horas, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, comentaristas y tertulianos dieron por bueno el falso desmentido de la Audiencia y pusieron en la picota a Público, cuya información incluía literalmente este párrafo:

En cuanto a las diligencias judiciales, pasaron del Juzgado de Guardia –el 2 de Terrassa, ese día– al de Instrucción Nº3 porque la Audiencia Nacional rechazó el caso, considerando que no se trataba de una amenaza terrorista, sino meramente una "proposición de homicidio de autoridad", con "tenencia ilícita" de un "depósito de armas".

El único error de ese párrafo era que el juzgado de guardia ese día era el 4, y no el 2. Y la única otra imprecisión en esa larga exclusiva, con innumerables detalles correctos del caso, era atribuir 63 años de edad al detenido –Manuel Murillo Sánchez–, cuando en realidad cuenta 62 años. Ambos fallos, atribuibles a la memorización de los hechos por las fuentes empleadas por este diario para desentrañar un caso que había sido mantenido en absoluto secreto durante 50 días.

No obstante, el fraudulento desmentido de la Audiencia llevó a la interpretación generalizada de que el hecho no era tan grave como se pintaba, porque supuestamente ni los Mossos, ni los fiscales ni el juez se habían siquiera molestado en comunicárselo a ese tribunal, al que competen todos los actos de terrorismo. Conclusión que se difundió ampliamente sin que se examinase el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó tres días antes la prisión incondicional de Murillo por estar imputado de "un delito de conspiración para cometer atentado contra el Jefe del Gobierno español y de un delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos":



En ese auto, los tres magistrados de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona constatan, además, que "no le ha cabido duda al instructor de la seriedad del propósito del investigado de llevar a efecto el crimen planeado por el mismo, proponiendo el modo de llevarlo a cabo, el material con el que cuenta para ello, sus habilidades como tirador, lo certero que sería para privar de la vida a su objetivo, recabando sólo para asegurar su propósito información sobre el momento y el lugar en que se realizaría".

Así que la gravedad del caso era más que evidente, según al menos cuatro jueces (el instructor y los tres que suscriben el auto), y por tanto habría sido igualmente muy grave que no se hubiera informado de ello a la Audiencia Nacional. También la policía autonómica encargada de las investigaciones policiales, en su rueda de prensa para confirmar la exclusiva de Público, constató que el acusado tenía la "clara voluntad" de atentar contra el presidente, así como el armamento, la experiencia como tirador y "un claro compromiso y convencimiento" de que podía matar a Pedro Sánchez.

¿Cómo se podía entender, pues, que los investigadores policiales, fiscales y judiciales no hubieran alertado, ninguno, a la Audiencia Nacional? Pues así lo asumieron todos los periodistas y observadores, salvo los autores de la exclusiva, cuyas fuentes seguían insistiendo en que todo eso se presentó al alto tribunal pero rechazó el caso.

En esas 24 horas, letrados, fiscales, juristas y magistrados nos expresaron unánimemente su incredulidad y desconcierto frente a las protestas de ignorancia de la Audiencia. Así como su sorpresa de que se pretendiera demostrar ese desconocimiento por la ausencia de diligencias o comunicaciones por escrito desde Terrassa a Madrid, ya que en esos casos las consultas son siempre telefónicas para acelerar la toma de decisiones sobre diligencias urgentes.

"Cuando eso lo hacemos los jueces, también lo hacemos por teléfono", nos explicaba un veterano magistrado. "Porque, además, si tienes a un preso es un lío, ya que hay decidir de inmediato si se le envía a un centro penitenciario local o a otro en Madrid. Lo normal es que se pida al de juez guardia allí que consulte con los suyos, si me van a aceptar el caso y cómo lo ven".

"Y las consultas son telefónicas entre fiscales incluso para cosas más leves. Pero cuando ves que puede afectar a toda España, por ejemplo estafas que pueden ser cosa de la [Audiencia] Nacional… Entonces, efectivamente, antes de tomar una decisión evidentemente sí que necesitas esa opinión".

Lo normal es que sea Fiscalía la que se haga cargo de la comunicación, agrega un letrado, "porque sí que es verdad que tienen una unidad y una jerarquía que les obliga a coordinar. Pero, vamos, aunque sólo sea para informarse mutuamente… Y en un caso así es imposible que eso no lleve un “visto” de alguien superior a la fiscal jefe de Terrassa".

Pero ese "visto bueno" no se da por escrito, porque la necesaria celeridad obliga a prescindir de los trámites formales y "sólo se me ocurre que se presentase la consulta por escrito en el caso de que un fiscal tuviera problemas con su jefe y quisiera guardarse las espaldas", subraya un fiscal bregado en casos complejos.

"Formalmente, no tenemos una obligación de consultar... pero, vamos a ver: Tú, en un caso tan excepcional por supuesto que necesitas de entrada el visto bueno de tu jefe. Y le dices: ‘Tengo esto, voy a pedir prisión’… ¡Por supuesto! Y le preguntas: ¿qué más hacemos?... Incluso ‘¿qué nivel de información damos?'… Y eso ya pone en danza a portavoces y a jefes. Es poco creíble que el fiscal que está de guardia en ¡Terrassa!... Es que no es sólo por precaución, sino también por lealtad institucional. ¿Tú te imaginas que la Fiscal General del Estado, o sin más sus jefes directos, se enteren por la prensa de que hemos tenido un intento de asesinato del presidente?... ¡¡¡y con armas de guerra!!!"

Fuentes de la Fiscalía General del Estado, reconocieron a este diario que en esa institución es fundamental "la unidad de acción", por lo que cualquier duda que tenga un fiscal sobre a qué órgano corresponde la competencia de un caso concreto la plantea de inmediato a sus superiores jerárquicos, al Consejo Fiscal correspondiente o a la Fiscalía Técnica. En cualquier caso la coordinación entre todos los escalafones de la Fiscalía es prioritaria.

Así que todo fiscal tiene el deber jerárquico de informar a sus superiores de cualquier caso relevante, por lealtad institucional, y no cabe duda de que al fiscal que le tocó el del francotirador franquista dispuesto a cometer una magnicidio nunca le había caído entre sus manos un caso tan relevante.

"Llevo 20 años haciendo guardias con diversos fiscales", cuenta un juez de provincias, y no me imagino ni a uno que, teniendo semejante caso, no telefonee de inmediato a su jefe y le diga: “Espero órdenes”. Porque esto no es ninguna tontería. Es tan sumamente excepcional que son ellos, los jefes, los que tienen que plantear esa competencia o no. Porque, salvando las distancias, es el mismo conflicto que el de la competencia de la [Audiencia] Nacional en el delito de rebelión, ya que es el tribunal competente ante amenazas a los altos organismos de la nación. Y ¿cómo se va a excluir de ello a la Presidencia del Consejo de Ministros?"

Entre todos los juristas consultados, el veredicto es unánime: en un caso de conspiración para atentar contra una autoridad que es, ni más ni menos, el presidente del Gobierno, no puede caber duda a ninguna autoridad judicial de que es competencia de la Audiencia Nacional.

Más todavía, apunta otra magistrada, "están deteniendo por la presunta intención de “subvertir el orden constitucional” a gente que en realidad no lo pueden subvertir de ninguna manera. En cambio, éste quería matar a Pedro Sánchez porque iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y eso sí que es subvertir el orden constitucional: pretender volver al franquismo o al enaltecimiento de la dictadura".

Así que esas 24 horas de falsas protestas de ignorancia sembraron la estupefacción entre abogados, jueces y fiscales. Más todavía cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmó que no había elaborado informe alguno sobre el francotirador supuestamente porque ni los Mossos ni el juez le dieron traslado del procedimiento para que informase al respecto, pero que una vez conociendo el asunto "evita por el momento pronunciarse sobre la naturaleza de los hechos sin perjuicio de que lo pueda hacer en un futuro".
La realidad era todo lo contrario de la versión inicial que difundió la Audiencia Nacional

Ahora bien, cuando la Audiencia Nacional pasó de fingir desconocimiento a admitir todo lo contrario, el shock fue sísmico:

No sólo fueron puntualmente informados tanto el tribunal como la Fiscalía, sino que el magistrado Fernando Andreu debatió el tema con el juez de guardia en Terrassa y los dos quedaron en que era la Fiscalía quien tenía quien resolver el caso, así que se lo pasaron para que decidiera a la institución que mes y medio más tarde aseveraba no haber sabido nunca nada del asunto.

La verdad, pues, fue que los fiscales de guardia que estaban en Terrasa y los que estaban en la Audiencia Nacional mantuvieron varias comunicaciones y que después de consultar con la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidieron que el caso no era de su competencia y que por lo tanto la Audiencia Nacional no era competente para indagar los hechos. Ergo, habían estado mintiendo a la ciudadanía durante 24 horas. Evidentemente, a sabiendas.

Además, para quitarse de encima toda responsabilidad, el tribunal subrayó que "en cualquier caso era potestad del juez de Terrassa decidir si consideraba el caso como terrorismo y en ningún momento se inhibió para el caso fuese asumido por la Audiencia Nacional".

Esto último ya roza el ridículo. Que un juez de instrucción de provincias sea el que tiene la última palabra, cuando debate con un veterano magistrado de la Audiencia Nacional, sobre quién es competente para instruir una amenaza de magnicidio –que además es extraterritorial, puesto que el complot se efectúa en Catalunya pero el blanco está en Madrid– es más que absurdo. Es un despropósito.

"Eso no es así ni en sueños", afirma el magistrado más veterano de los consultados. "Ahí hay una relación patrón-marinero. Aunque formalmente el juez de Terrassa es independiente, es el de la Audiencia el que le argumenta que no es terrorismo y él, convencido o no, se lo queda".

Ahora bien, ¿por qué tanto empeño en no asumir el primer caso serio de lobo solitario que hemos padecido en España? ¿Por qué negaron haber tenido conocimiento de los hechos, como avergonzados de haber rechazado el asunto? Y ¿por qué se insiste en que un ultrafranquista, tirador entrenado y equipado con armas de guerra, no es terrorista aunque esté planeando asesinar al presidente del Gobierno?

La Audiencia Nacional tiene muchas cosas que explicar a la ciudadanía.






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«Navarra y México a Xabier Mina»

Hablando de historia y cuanto suele trastocarla el revisionismo español, nos da gusto enterarnos por medio de Naiz que por fin se ha reconocido el gran aporte que llevó a cabo Xavier Mina en pro de la liberación de los pueblos de América del genocida yugo español.

Y es que si la unidad pedagógica que busca manipular y deslegitimar la actividad armada de ETA y otros grupos antifascistas es ya una clara muestra de la pesada carga ideológica fundamentalista de la clase política española, entérense ustedes que los libros de historia en México catalogan a Xavier Mina -a quien por cierto llaman erróneamente Francisco Xavier Mina- como traidor español, así como lo leyeron... traidor... español... siendo que no era ni lo uno ni lo otro.

Lo que fue Xavier Mina, sus acciones, lo clasificarían como un libertador y como un solidario internacionalista, nunca un traidor, pero dejen a los españoles trastocar todo en su favor, que muchos, muchísimos, son los crímenes de lesa humanidad que tiene que ocultar Madrid. 

Es por eso que nos alegra enterarnos que por fin lo han reconocido institucionalmente en la tierra que lo vio nacer: Nafarroa, Euskal Herria.

Aquí la nota al respecto publicada por Naiz:


Con la presencia del alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, y decenas de personas, ayer tuvo lugar la inauguración de la plaza de Arrosadia que el Consistorio ha dedicado al guerrillero y héroe navarro de la independencia mexicana Xavier Mina. Un acto con el que se busca sacar del ostracismo en Nafarroa su figura en el doscientos aniversario de su muerte.

Los actos comenzaron en Otano, pueblo natal de Mina, para posteriormente trasladarse a Iruñea con motivo de la inauguración de la plaza que desde ayer lleva su nombre.

Las banderas de Nafarroa y de México, además de la ikurriña y la bandera arco iris, presidieron el acto, que comenzó con los himnos navarro y mexicano, y la colocación por parte del alcalde Asiron de un ramo de flores con una banda en la que se podía leer: «Navarra y México a Xabier Mina».

A continuación, tomó la palabra el historiador  Kepa Larrea, quien destacó que «ya era hora de que, gracias al Ayuntamiento, Xavier Mina tenga una plaza que nos recuerde su nombre y su figura después de 200 años de olvido. Navarra y México deben estar contentos de este homenaje a Mina, que dedicó su vida a luchar por la libertad en ambos lugares».

Tras bailarse un aurresku, el también historiador Tomás Urzainqui, descendiente de Mina por parte de un hermano del guerrillero, repasó la vida de Xavier (1789-1817), desde su época de guerrillero combatiendo a las tropas de Napoleón en Nafarroa hasta ser capturado en 1810, para posteriormente recordar la fracasada sublevación militar que dirigió en Iruñea en 1814 para poner fin al reinado absolutista de Fernando VII, su posterior exilio y la expedición que dirigió en México para conseguir la independencia del país azteca, hasta que fue capturado por las tropas españolas y fusilado el 11 de noviembre de 1817.

Urzainqui agradeció al alcalde Asiron que haya dedicado a Mina una plaza de Arrosadia situada en frente de la UPNA, «el mejor marco para recordar a este intelectual comprometido con la libertad». También se mostró agradecido porque el hecho de que Mina, «al fin, haya sido reconocido por las instituciones navarras» y confió en que su figura «sea un modelo a seguir por las generaciones navarras». Finalmente abogó porque, a futuro, se levante un monumento en recuerdo de «este luchador por la libertad».

Desde México, un texto de la historiadora Lidia Espinosa se sumó a la celebración enviando desde el otro lado del Atlántico «una felicitación al pueblo navarro por el esfuerzo realizado en recuperar a este héroe suyo y nuestro». Destacó que dedicar una plaza a Mina «sirve para mantener viva la llama de la memoria de quien fue un relámpago de gloria y esperanza en un momento oscuro de la lucha por la independencia». Recuperar su memoria «es un acto de justicia que sirve para tener presentes sus ideales: salud y libertad».

Nuevas danzas y unas canciones en euskara y castellano sirvieron para poner punto final al acto.





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Los GAL y el Relato Oficial

El régimen borbónico franquista, heredero directo de la dictadura iniciada en 1939 -y por lo tanto heredero de sus crímenes al dotar de impunidad a los autores intelectuales y materiales de los mismos-, se ha dado el lujo de escribir su propia versión de las décadas de terror impuestas al pueblo vasco durante las últimas ocho décadas... y es que dicen que la historia la escriben los vencedores, de ahí que a Cristobal Colón se le considere un gran explorador y cartógrafo en lugar de que se le conozca por lo que fue: esclavista y genocida.

Estas décadas de terror fueron implementadas por las propias instituciones españolas y cuando hubo que guardar las formas ante la comunidad internacional se tuvo que recurrir a grupos paramilitares que ayudasen a cerrar la pinza a instituciones oficiales como el ejército, la Guardia Civil y las diferentes instituciones policiales desplegadas a lo largo y ancho del estado.

El más famoso de esos grupos paramilitares -parapoliciales nos dicen- fueron los Grupos Antiterroristas de Liberación, conocidos por sus siglas GAL, conectados por siempre a un Sr. X que es como se conoce a Felipe González, expresidente español que en sus años mozos formó parte de la Falange.

Resulta que quienes han intentado borrar las acciones de terrorismo institucional de los GAL tienen según ellos la justificación perfecta al explicarnos que no existe un sustrato ideológico detrás de las acciones de esta organización, como si no hubiese una carga ideológica detrás del lema Una España Bajo Dios, piedra angular del marco teórico que ha dado sustento tanto al Franquismo como al Franquismo Borbónico instaurado en 1978.

Por cierto, ya para cerrar nuestro comentario... ¿cómo se catalogaría entonces la Guardia Civil, culpable de la tortura de miles de ciudadanos vascos a lo largo de estos 80 años?

Explicado lo anterior, les invitamos a leer este artículo publicado por Noticias de Navarra:


Solo se menciona una vez a este grupo porque “no es un terrorismo ideológico”

Humberto Unzueta

Los asesinatos y atentados de los GAL tienen una presencia marginal y ocasional en el material didáctico que el Gobierno español lleva a las aulas de los colegios de varias comunidades autónomas para enseñar a los estudiantes de cuarto curso de secundaria la historia de ETA y del terrorismo en general. La unidad didáctica para la asignatura de Geografía e Historia que se plantea solo lo menciona en una ocasión y de pasada, y ni siquiera incluye a esta organización que practicó la guerra sucia en el catálogo de organizaciones que han utilizado el terrorismo en el Estado español en el que sí aparecen ETA, Terra Lliure, Exército Guerrilleiro do Povo Galego, los GRAPO, el Batallón Vasco Español (BVE) o la Triple A, así como el terrorismo yihadista.

El material didáctico que se utiliza sobre “el terrorismo en España” fue preparado hace más de un año por el Gobierno español, entonces liderado por Mariano Rajoy, en concreto por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, y por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, institución con sede en Vitoria dirigida por Florencio Domínguez que, aunque aún no ha abierto sus puertas al público, sí desarrolla algunas iniciativas ligadas a su actividad. El Gobierno de Pedro Sánchez hace suyo este programa, tal y como evidenció el delegado del Ejecutivo español en la CAV, Jesús Loza, el pasado 31 de octubre en una comparecencia pública en la que defendió la unidad didáctica e incluso la puso como ejemplo para la que el Gobierno Vasco está preparando con el mismo objetivo.

Marginación

A lo largo de las 35 páginas de la unidad didáctica solo se cita en una ocasión a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Esta organización desarrolló la guerra sucia del Estado contra ETA desde comienzos de los años 80 del siglo pasado y hasta 1987, año en el que realizó su último asesinato. En total asesinó a 27 personas, la mayoría personas vinculadas a ETA, pero otras no tenían ninguna vinculación con la banda. Su actividad terrorista tuvo lugar durante el mandato de Felipe González como presidente del Gobierno español y actuaron principalmente en Iparralde, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en algunas zonas de España.

Durante el proceso judicial contra los GAL quedó probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Felipe González esquivó la acción judicial por esta causa pero su ministro del Interior José Barrionuevo y el segundo de este, Rafael Vera, ingresaron en prisión por su responsabilidad en varios atentados de los GAL.

La unidad didáctica que se plantea a los estudiantes españoles -el Gobierno vasco está elaborando su propio programa didáctico para los estudiantes vascos y pretende ponerlo en marcha a finales de este curso- ningunea la acción terrorista de este grupo promovido por los aparatos del Estado y desdeña las consecuencias políticas y éticas que su actividad violenta tuvo en el devenir de la vida social y política española.

La única vez que menciona a los GAL es en la página 24 (el material está colgado en la página web del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo), y dice textualmente: “En esos años ochenta también hizo su aparición un tipo de terrorismo parapolicial, encuadrado bajo las siglas GAL. Algunos cargos públicos, policías y guardias civiles estuvieron implicados en esta trama ilegal. Su propósito era combatir a ETA usando sus métodos. Entre 1983 y 1987 los GAL cometieron 27 asesinatos. Su caso nos recuerda que la lucha antiterrorista debe respetar las reglas del Estado de Derecho para evitar igualarse con el terrorismo al que se enfrenta”.

Centro memorial de víctimas

No hay ninguna referencia a que estos grupos se organizaron con fondos del Estado, ni se aporta ningún testimonio de ninguna víctima de los GAL ni se menciona el caso Lasa-Zabala, el primer atentado de este grupo y seguramente el de mayor impacto histórico y político de entre los perpetrados por organizaciones que se dedicaron a la guerra sucia.

Fuentes del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo relacionadas con la unidad didáctica y consultadas por este diario sostienen que la no inclusión de los GAL en el apartado de grupos terroristas responde a que “es una clasificación por motivos ideológicos: hay unos de extrema derecha, otros de extrema izquierda, yihadistas radicales…”. Según estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, los GAL “tienen unas características diferentes, no es un terrorismo ideológico, es un terrorismo parapolicial”. En todo caso, insisten en que esta organización terrorista figura en el contenido de la unidad didáctica “pero en otro apartado”. También señalan que es “una unidad didáctica sobre terrorismo y todo lo que tiene que ver con el terrorismo está recogido en el documento”.

El terrorismo de organizaciones como el Batallón Vasco Español, la Triple A o los GAE sí aparece en el listado de grupos terroristas, pero a partir de ahí apenas tiene presencia en el material preparado, a pesar de que entre los tres segaron la vida de alrededor de sesenta personas entre finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado. Tampoco hay una sola referencia a las víctimas de excesos policiales en el marco de la lucha antiterrorista.

Dictadura Franquista

El cuadernillo se presenta como un instrumento a disposición de los profesores para que puedan trabajarla directamente en el aula. Se divide en cuatro sesiones de trabajo con el alumnado sobre otras tantas cuestiones y algunas de ellas se trabajan también con diapositivas. Cada sesión incluye, además, una actividad a trabajar con el alumnado como, por ejemplo, una investigación sobre un secuestro terrorista o la lectura y comentario de testimonios de víctimas del terrorismo.

Los contenidos previos a las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes se refieren mayormente al terrorismo de ETA, que en medio siglo asesinó a más de 800 personas, aunque centra una de las sesiones de trabajo con los alumnos a la dictadura franquista.

Enmarca el nacimiento del terrorismo de ETA en el “contexto europeo de reivindicación violenta de ideologías extremistas” y concretamente en el marco del mandato de Franco. También disecciona el concepto de terrorismo, sus consecuencias y su evolución en España durante la transición y la democracia. Son varias las CCAA que ya han llevado esta iniciativa a las aulas de sus colegios, entre ellas la Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León.

Unidad didáctica

Gobierno y Centro Memorial. El material sobre el terrorismo en España fue elaborado por el Ministerio del Interior bajo el mandato de Mariano Rajoy y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria.

Cuarto de ESO en España. Está dirigida a alumnos de Cuarto de ESO dentro de la asignatura de Historia y Geografía. Son varias comunidades autónomas las que ya lo han incorporado a sus aulas.

GAL y Triple A. En sus 35 páginas, la unidad didáctica se centra casi en exclusiva en la actividad terrorista de ETA. Hay una única mención a los GAL, lo mismo que del BVE y la Triple A.

Cuatro sesiones. El material de trabajo se divide en 4 sesiones con el alumnado. Cada una de ellas incluye una actividad como la investigación de un secuestro o un comentario sobre el testimonio de una víctima.






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domingo, 11 de noviembre de 2018

Maravillas Permanecerá en Rozalejo

Traemos a ustedes una actualización acerca del Gaztetxe Maravillas de Iruña con este artículo publicado por Naiz:


La asamblea del Gaztetxe Maravillas de Iruñea ha informado que han tomado la decisión de quedarse en el Palacio Marqués de Rozalejo.

La asamblea del Gaztetxe Maravillas ha emitido un comunicado en el que hace un balance del proceso de diálogo iniciado con EH Bildu y representantes vecinales de Alde Zaharra para buscar una solución acordada al conflicto entre el gaztetxe y el Gobierno de Nafarroa.

En primer lugar, hacen «autocrítica», ya que «nos hemos equivocado de proceso a la hora de buscar una solución dialogada para el proyecto del Gaztetxe Maravillas» y agradecen al barrio y a EH Bildu «por su sincera disposición a buscar una solución acorde a las demandas de espacios autogestionados».

Destacan que «toda la situación que vino tras el desalojo condicionó los ritmos y decisiones de la asamblea al punto de hacernos tomar caminos precipitados, haciendo que avanzáramos en un proceso sin tener una opinión consensuada dentro de la misma».

La asamblea considera que el diálogo «ha pasado por distintas etapas, no exentas de debate entre posturas diversas, incluso en las que parecía que lográbamos llegar a un consenso sobre una posible solución».

«Por desgracia», añade, «no hemos podido llegar a un acuerdo entre los agentes implicados, no porque tengamos posturas contrarias, sino porque tenemos dos maneras de entender las cosas, tenemos dos modelos distintos».

Destacan que su proyecto tiene como eje central  la autogestión y, por ello, «aunque al principio mostramos predisposición a trasladarnos, hemos tomado la determinación de quedarnos».

En su opinión, Alde Zaharra vive actualmente «un proceso de gentrificación brutal» en el que los vecinos y vecinas se están «viendo obligados a abandonar el barrio debido al encarecimiento desorbitado de los alquileres, la privatización del espacio público, así como la proliferación de negocios de hostelería que perturban el normal desarrollo de la convivencia vecinal».

Para la asamblea, la forma de combatir esta problemática y construir otro modelo de barrio «no pasa por articular espacios que estén bajo la atenta mirada y limitación de unas leyes pensadas para mantener y perpetuar un orden político y económico injusto, precisamente el que ocasiona estos graves problemas para el vecindario de Alde Zaharra».

Frente a ello, optan «por la construcción y organización de espacios de contrapoder popular donde podamos trabajar en conjunto, sin cortapisa alguna, para suplir nuestras propias necesidades». Y entiende que el trabajo que realizan «no se puede llevar a cabo dentro de las limitaciones que supone la institución» ni «dentro de unas limitaciones legales» que a su juicio lo «imposibilitarían».

Tras señalar que todavía creen que «se pueden explorar nuevas vías de interrelación entre el movimiento popular y las instituciones», la asamblea insta al Gobierno de Nafarroa a que «abandone de una vez por todas la vía represiva» y «aborde esta situación con altura de miras, sin darle más relevancia de la que merece y sin delegar en otros agentes la responsabilidad de darle fin a este conflicto».






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Entrevista a Otegi

Traemos a ustedes por vía de Público esta charla entre Arnaldo Otegi y Danilo Albin tras el fallo de Estrasburgo en el Caso Bateragune:


El líder independentista confirma que recurrirá la inhabilitación que aún le impide postularse como candidato. Teme una “condena ejemplarizante” contra los políticos catalanes por parte de “una judicatura que se ha autoimpuesto la defensa de la unidad de España”.

Danilo Albin

Detrás de estas paredes anidan miles de secretos. Perdido en un monte de Gipuzkoa, el caserío Txillarre ha sido testigo privilegiado de innumerables conversaciones sobre el final de ETA: Arnaldo Otegi se citaba allí con el dirigente del PSE Jesús Eguiguren cuando la paz empezaba, tímidamente, a andar. Allí se vio también con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 8 de septiembre, y allí ha tenido lugar la entrevista realizada por Público al líder independentista, sobre quien aún hoy pesa una inhabilitación judicial para hacer política.

El dirigente abertzale acaba de cerrar una semana perfecta. El motivo: la resolución del TEDH que establece que ni él ni los otros cuatro condenados por la Audiencia Nacional en 2011 tuvieron un juicio justo. Entonces les acusaron de querer reconstruir las estructuras de Batasuna “siguiendo las instrucciones de ETA”, lo que a Otegi le supuso una condena de 10 años —luego rebajada a seis años y medio—por terrorismo. En Estrasburgo sostienen que una de las juezas de este caso, Ángela Murillo, carecía de la imparcialidad necesaria para juzgarle.

Otegi se prepara ahora para un futuro cargado de expectativas. Así lo aseguró durante la conversación que mantuvo con Público en torno a una mesa del caserío Txillarre.

Usted hoy tiene sesenta años. A lo largo de su vida le detuvieron en seis ocasiones y pasó, en total, 14 años en prisión. ¿Por qué?

Esto es lo que resume un poco no solo una experiencia personal, sino también una experiencia política. Mi madre, que murió cuando yo estaba en la cárcel, tuvo que ir a visitar a su hermano a la cárcel del Dueso en los años 40. Eso pone sobre la mesa cuál es la evolución de un estado autoritario, en el que no ha sido posible construir una convivencia en términos democráticos. ¿Cómo se explica que en este país en el último siglo y medio haya habido tantos levantamientos armados? Es evidente que hay un conflicto político de naturaleza democrática, muy simple de resumir: queremos votar, queremos decidir nuestro futuro libre y democráticamente.

Ha dicho que el caso Bateragune, en el marco del cual fue detenido y encarcelado en octubre de 2009, supuso un intento de bloquear los avances hacia la paz que buscaba la Izquierda Abertzale. ¿Qué tareas concretas estaba desarrollando en ese momento?

Cuando nos detienen, el Estado sabía que estábamos tratando de convencer a todos los sectores de la izquierda abertzale de que era necesario un cambio en profundidad en nuestra estrategia y que había que finalizar —no sólo por cuestiones políticas, sino también éticas—el periodo de la lucha armada y abordar una estrategia de carácter democrático. Empezamos a hacer esa reflexión en un círculo reducido, y estábamos haciendo la tarea de ir ampliando esos círculos. El Estado era muy consciente de lo que estábamos haciendo y por eso nos detuvo. Por más que quieran imponer otro relato, este es el verdadero: no les interesaba que desapareciera la lucha armada.

¿Cómo fue el juicio por Bateragune?

Hay una cosa que nunca he dicho en público. Si uno relee la sentencia de la Audiencia Nacional, verá una cosa sorprendente: dice que no ha quedado acreditado que los acusados perteneciéramos a Bateragune, pero acto seguido señala que pertenecíamos a otra cosa que hacía las mismas funciones. Con esa acusación nos caen diez años de prisión. Fue un juicio amañado, con una dirección clara por parte de los poderes del estado en el sentido de que tenían que encarcelarnos.

¿Creían que finalmente iban a ser condenados?

A la vista de cómo se desarrolló el juicio, en términos jurídicos era imposible la condena. Además, contábamos con una ventaja: la acusación era que estábamos tratando de reconstruir Batasuna para seguir fomentando una estrategia violenta, y los hechos decían absolutamente lo contrario. Lo ocurrido después de la condena demostró que nosotros decíamos la verdad y ellos mentían, tal como queda acreditado también ahora con la sentencia de Estrasburgo.

¿Qué significa para usted esa sentencia?

En primer lugar, ha quedado claro que nosotros no tuvimos un juicio justo ni imparcial. También queda demostrado que las elecciones autonómicas de 2016, a las que se me impidió acudir como candidato, no se hicieron en condiciones democráticas. Al final, hay instancias superiores en Europa que a veces revisan las sentencias de la jurisprudencia española y las ponen en su sitio. Estrasburgo dice lo que nosotros decíamos: esto fue un montaje policial y judicial.

¿Va a recurrir su inhabilitación ante el Supremo?

Esa es una de las posibilidades que tenemos abiertas. Hay otra: ya tengo interpuesto un recurso de amparo ante el Constitucional que está por dirimirse. No hay que olvidar que de todos los acusados de Bateragune al único que le mantienen la inhabilitación es a mí. Espero que la sentencia de Estrasburgo tenga algún tipo de incidencia en esa resolución pendiente. Luego, siempre queda abierta la vía de la revisión de condena en el Supremo. No obstante, antes se tiene que hacer firme la sentencia del TEDH, y el gobierno español la puede recurrir.

En un caso o en otro, usted dará algún paso en los tribunales…

Sí, sin duda.

¿Cuál puede ser su futuro político?

Evidentemente, si la inhabilitación decae, yo podría ser candidato. En cualquier caso, no es algo que cambie mi compromiso político: yo siempre estaré donde la gente quiera.

¿Ve similitudes entre su caso y Catalunya?

Sí, claro. El Estado español se construyó a través de una transición que para nosotros no fue precisamente modélica. Ahí está el origen de todos los problemas. Aquí no hubo ruptura democrática con el conflicto, por lo que algunos jueces que ahora están dictando sentencias también lo hacían con el Tribunal de Orden Público franquista. Respecto al problema vasco, el Estado construyó una especie de armazón muy represivo. Una vez desaparecida ETA, han reacondicionado ese armazón antiterrorista para hacer frente no ya a la violencia armada, sino a los procesos democráticos y pacíficos. En el caso de los procesados catalanes, se inventan la violencia y todo un relato para que la cosa acabe con una condena ejemplarizante.

¿Cree que los políticos catalanes van a ser condenados por rebelión?

Me da la impresión de que la judicatura española, que es una casta, se ha autoimpuesto una misión: la defensa de la unidad de España. Tengo la impresión de que los sectores más reaccionarios de la casta judicial creen que la política no está siendo capaz de poner orden, y que le toca hacerlo a ellos. No sé hasta qué punto la sentencia de Estrasburgo por mi caso pueda atemperar los ardores guerreros de determinados sectores.

Quizás Estrasburgo también será la vía de los catalanes…

Posiblemente, pero el problema de Estrasburgo es que las sentencias llegan tarde.

¿Aprecia alguna diferencia entre el gobierno de Sánchez y el de Rajoy?

Nosotros sostuvimos la moción de censura, porque echar a la derecha española de las instituciones es algo que hacemos gratis y con gusto. Ahora bien, eso no significa que tengamos algún tipo de confianza en el gobierno socialista. Por ejemplo, en el tema de los presos vascos no han hecho nada más allá de los gestos. Antes que ETA se disolviera, todo el mundo –incluido el PP- decía: si se acaba ETA se acaba la dispersión. Pues que se acabe. A nivel político, veo al gobierno de Sánchez muy timorato. El problema de España es que cuando la izquierda -entre comillas- gobierna, sigue practicando las políticas de la derecha. Eso es una tragedia no sólo para vascos y catalanes, sino también para el pueblo español.

“Zapatero fue valiente”

Usted se vio aquí con Zapatero en septiembre pasado…

Yo no lo he confirmado.

¿Lo confirma ahora?

No confirmo ni desmiento. Lo que sí digo es que desde mi punto de vista hablar está bien. No entiendo cómo puede haber algunos que vean un escándalo en esto, pero después ven con absoluta normalidad cómo el monarca español se regodea con los sauditas. No entienden que en el Estado español hay problemas políticos de naturaleza democrática que ya son históricos.

Por lo tanto, no me va a responder si habló con Zapatero sobre el final de ETA…

No, no le voy a responder (risas). Pero siempre he dicho que Zapatero fue una persona valiente que arriesgó en su momento. Una buena parte de la situación que vivimos ahora se debe a gente como Jesús Eguiguren o Zapatero. También he dicho en más de una ocasión que desde mi punto de vista, desde la distancia absoluta en términos ideológicos, el señor Aznar, cuando autorizó que se abrieran vías de diálogo con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional (lo dijo él, no lo digo yo), fue valiente, independientemente de lo que haya hecho después.

¿A lo largo de su trayectoria ha mantenido contactos con representantes de los distintos gobiernos españoles?

Sí.

¿Con el de Aznar?

Sí, también. Ahora que hay un nuevo líder en la derecha española —lo de líder lo digo siendo tremendamente generoso—le recordaría que nosotros mantuvimos encuentros con el gobierno de Aznar. Tenemos las actas, si le interesan. Hablamos, entre otras cosas, del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, a pesar de que lo van a desmentir. Por encima de la hipocresía existente en la política en general, y en la española en particular, la izquierda independentista siempre ha mantenido canales abiertos con los gobiernos españoles, y también con muchos gobiernos europeos y líderes políticos de muchos lugares.

¿Llegó a entrevistarse con el gobierno de Felipe González?

Con el de Felipe González, no. Con el de Zapatero de sí.

¿Y con el gobierno de Pedro Sánchez?

Del gobierno de Pedro Sánchez no conozco absolutamente a nadie, salvo al ministro del Interior, pero no precisamente por razones políticas, sino porque me ha encarcelado varias veces. Ese señor ha visto pasar cientos de torturados delante suyo y no ha hecho absolutamente nada. No consideramos que sea un referente en términos democráticos.

¿EH Bildu podría apoyar los Presupuestos Generales del Estado?

Ahora mismo no somos necesarios en ese debate. Tenemos apenas dos votos en el Congreso, que en alguna aritmética podrían llegar a ser decisivos. Hemos mantenido un encuentro con los compañeros de Unidos Podemos en el Congreso, donde nos han presentado sus opiniones sobre los Presupuestos. En cualquier caso, todavía queda un largo trámite, y de momento no tenemos fijada una posición.

“El PNV huye de nuestra propuesta”

¿Y respecto a los Presupuestos del País Vasco? ¿Podría haber un acuerdo con el PNV?

Nosotros hemos hecho una propuesta de 420 millones de euros en un presupuesto de 11.200 millones. Queremos decirle al lehendakari que en este último año ha habido tres oleadas sociales que han puesto encima de la mesa que hay graves problemas en el país. También le preguntamos a Urkullu si quiere rectificar sus políticas sociales y económicas. Nosotros estamos dispuestos a darle dos abstenciones, pero lo que vemos en el PNV es un intento de huir de nuestra propuesta.

¿Es posible avanzar junto al PNV en materia de derecho a decidir?

Bueno, nosotros hemos alcanzado un acuerdo con el PNV en la comisión de autogobierno. Además, hace dos años hubo unas elecciones autonómicas en las que EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos le dijimos a la gente que si nos votaba, entre otras cosas, íbamos a defender el derecho a decidir. Hoy el 80% del país está por el derecho a decidir, y no se entendería un pacto con el Estado que no recoja ese derecho. Por tanto, no tendría que ser muy difícil llegar a un acuerdo en esos términos. Ya lo hemos alcanzado con el PNV, y ahora esperamos que Elkarrekin Podemos también se sume. Lo queremos decidir todo, no solamente nuestra relación con España.

¿La desaparición de ETA puede favorecer un acuerdo entre los nacionalistas en el País Vasco?

Eso era lo que decía el PNV antes que desapareciera ETA. ¿Qué ha ocurrido cuando ha desaparecido ETA? Pues que el PNV no ha hecho acuerdos con los abertzales, sino con el PSE y el PP. Eso posiblemente se deba a intereses de clase, pero también a que el PNV crea que lo más importante ahora es quién disputa la hegemonía a quién. En estos momentos, el PNV no está a la altura de las circunstancias.

Este sábado, el Gobierno Vasco celebra el Día de la Memoria. Hay víctimas de ETA que se niegan a participar en esos actos. ¿A día de hoy existen dificultades para establecer un relato sobre lo que ocurrió en este país?

Existen dificultades porque hay sectores interesados en contar un relato que es mentira. Ya no se trata de construir un relato, sino de imponerlo. Creemos que hace falta una comisión de la verdad en la que cada uno ponga sobre la mesa cómo ha vivido este conflicto. La solución sería hacer un camino en el que, al final, todos entendamos que el sufrimiento de una parte y otra debemos sentirlo como propio. Si quieres construir eso, necesitas que el camino sea respetuoso. Por ejemplo, ¿quién le puede negar a alguien que haga su duelo? Nadie, pero aquí hay homenajes y recordatorios que no se pueden hacer porque son delito. ¿Por qué se prohíbe a determinada gente expresar su propio dolor? Por ejemplo, los familiares de los militantes de una organización como ETA. Si no entendemos que esto se hace de manera constructiva, y que si es así estaremos todos juntos, será tremendamente difícil.






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