lunes, 16 de julio de 2018

Utrera Molina y el Asesinato de Puig Antich

Les compartimos este artículo dado a conocer por Público en el cual se examina la inclinación abiertamente represiva con la que el estado español manejó el seguimiento, arresto, tortura, juicio y brutal ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich.

Y todo sale a la luz porque la familia del fallecido falangista José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruíz Gallardón, está molesta a raíz de una demanda interpuesta por su familia en respuesta a unos tuits que recuerdan el involucramiento de tan infausto personaje en la sentencia a muerte de Salvador:


'Público' entrevista al historiador Gutmaro López Bravo, autor de la monografía Puig Antich, la transición inacabada, y recupera los votos particulares de los jueces del Supremo que analizaron el consejo de guerra que condenó al militante anarquista por la muerte del policía Francisco Anguas y concluyeron que no fue, en absoluto, un juicio justo.

Raúl Bocanegra

La demanda que la familia del exministro franquista y declarado falangista José Utrera Molina, ya fallecido, ha puesto contra Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos Andalucía, Gabriel Rufián, el diputado de ERC en el Congreso, y Alfredo Díaz-Cardiel, el exdirigente de Podemos en Castilla La Mancha, por unos tuits en la que recuerdan la responsabilidad de Utrera en la muerte de Salvador Puig Antich, ha situado de nuevo de plena actualidad la impunidad del franquismo y de los responsables de sus decisiones. Entre ellos, ciertamente, se contaba Utrera Molina, que formaba parte del Consejo de Ministros que decidió ejecutar, al no levantarla, la condena a muerte de Puig Antich, el último liquidado por garrote vil -una forma de muerte especialmente cruel- en España, en 1974. Utrera estaba además investigado por estos hechos en Argentina por la jueza María Servini, tras una querella de la familia del militante anarquista.

La ley de memoria histórica, que impulsó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ilegítimas las sentencias de los tribunales franquistas, pero no las anuló. Y el Tribunal Supremo fue incapaz de revisar el consejo de guerra y vino, por el contrario, ya en el año 2007, a avalar aquel juicio al rechazar el recurso de revisión que quería interponer la familia del militante anarquista. Eso sí, el empuje de la familia, dejó dos potentes votos particulares, firmados por los magistrados José Luis Cabello y Ángel Juanes, que describe con exactitud la total falta de garantías de aquel Consejo de Guerra: “Todas las irregularidades (descritas) parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que causaron” la muerte del policía Francisco Anguas, afirma en el suyo el juez Cabello.

Público ha contactado con Gutmaro Gómez Bravo, especialista en franquismo, profesor de historia contemporánea en la Universidad Complutense, autor de la monografía Puig Antich, la transición inacabada, para que dibuje un retrato del tiempo en el que se produjo su ajusticiamiento. “Salvador es un un chaval que esta estudiando FP y está contacto con grupos de extrema izquierda antifranquista. No es un anarquista clásico. Esta gente, desde 1972, vienen realizando lo que llaman expropiaciones, que son atracos a bancos. Estaban haciendo una multicopista y una biblioteca para traducir e introducir en España prensa y libros. Puig Antich no milita en el PC o en el PSOE, que se están preparando para la legalización. Ellos están en otra estrategia. Están en esto de los bancos. En un atraco, en el que él lleva el coche, hieren a un contable. La policía monta un grupo especial para desarticularlos, la sexta brigada. Se producen, escuchas, seguimientos. Les esperan el 5 de septiembre de 1973. Y se produce un tiroteo en un portal de 8 metros, donde hay seis personas armadas. Allí muere un policía, Francisco Anguas. Y a partir de ahí todo cambia”.

“El cadáver -prosigue el profesor, en conversación telefónica- se traslada al anatómico forense, de Barcelona, pero en ese momento interviene Gil Mesa -jefe de la policía política franquista en Barcelona- que decide dos cosas: que el cadáver pase a la Policía de Barcelona y que los robos se unan a la causa del asesinato de policía. Eso significa que se trataría el tema como un delito de terrorismo y eso significaba la pena de muerte. Se producen otras irregularidades. Les incomunican, les torturan. Puig Antich tiene que ir al hospital. Ha recibido golpes y un tiro en la mandíbula. Dos días después le toman declaración, en presencia del fiscal, del juez, de la policía. Y esa es la principal prueba. Una declaración en la que no hay ningún abogado. Esto se hacía más o menos siempre. Era el franquismo”.

El contexto político en que se produce el juicio de Puig Antich era complejo, analiza el profesor Gómez Bravo: “Cuando la instrucción finaliza, ya se han pedido dos penas de muerte para él. Se produce una denegación sistemática de pruebas en el juicio. Y cuando es asesinado Carrero Blanco, el jefe del Gobierno franquista, todo se acelera. Y ahí se precipita y está todo terminado. Los sectores proclives a la mano dura, a ejecutar las sentencias de terrorismo, se enfrentan con reformistas y tecnócratas que quieren una apariencia de democracia para entrar en el mercado común europeo. Sabemos por los informes de los norteamericanos que está ya decidida la muerte de Puig Antich. Su juicio se produce en un contexto en el que está por decidirse la sucesión de dentro del franquismo. El gobierno de Arias Navarro es el primero donde hay un civil al frente del Gobierno. Y está de fondo también el proceso de Burgos contra miembros de ETA, acusados de tres asesinatos. Se produce una campaña muy fuerte, que lanzan periódicos como El Alcázar, contra los sectores han influido en la conmutación de las penas a etarras en Burgos. El conflicto es que si el Gobierno le perdona la vida a Puig Antich, la policía y el ejercito iban a poner dificultades. A la vez está también la revolución en Portugal. Emocionalmente es un momento muy tenso”.

"Se declara el cierre informativo del tema de Puig Antich, sobre el caso Puig Antich. Lo hacen coincidir con varias cosas, matan casi a la misma hora, a un tipo con perturbaciones mentales, Georg Michael Welzel. Lo que quieren decir es que son criminales los dos. El otro crimen, de un guardia civil, no tiene consideraciones políticas”, agrega Gómez Bravo. “Son conscientes. La forma de matarlo, a garrote, la forma mas ignominiosa que hay, en la cárcel, suena a venganza”, remacha el profesor.

¿En este contexto, qué papel juega Utrera Molina? “Utrera Molina es el jefe del Movimiento. Está en contra de la reforma política. Él quiere un partido único. Verdaderamente la cuestión de fondo es el orden público, cómo contener una protesta de orden público. Y Utrera Molina tiene un papel destacado en ese sector. Desde 1968, está la contestación armada de ETA. Utrera pertenece a la sección más beligerante de la extrema derecha, dentro del régimen y dentro de lo que es el primer franquismo. Abogado, procede del mundo jurídico, ha sido gobernador civil, ocupa puestos de poder en toda la administración franquista”, explica el profesor Gómez Bravo.

“Se trató de un juicio con mínimas garantías. Si se hubiera pasado a un juez ordinario le hubieran caído probablemente seis años. Puig Antich sufre indefensión. No admiten las pruebas. Se piden 18 testigos, la balística y se lo deniegan. Allí se produce una ensalada de tiros y hay proyectiles que son de la propia policía. Mandan dos forenses que modifican la autopsia. Nadie en ese momento puede rebatirles a los militares nada. Y la propia justicia es incapaz hoy de decir que eso estaba mal hecho”, remata el profesor.

Atribuirle los disparos

En el año 2007, el Tribunal Supremo impidió la revisión del caso Puig Antich al rechazar el recurso de la familia. Aunque una mayoría de tres jueces salvó aquella decisión franquista, la pelea de la familia dejó dos votos particulares de los magistrados José Luis Cabello y Ángel Juanes, que llegan a la misma conclusión tras examinar los hechos del Consejo de Guerra. “Puig Antich no tuvo un proceso justo, lo cual no prejuzga la licitud de su conducta tanto en el plano jurídico e incluso en el ético. Se trata simplemente de constatar que, con independencia de su actuación, lo cierto es que no tuvo un proceso justo", escribe Juanes.

El voto del magistrado Cabello describe con precisión cómo se tomó aquella decisión: “La primera declaración de Puig Antich, extendida en casi siete folios por las dos caras a un solo espacio, fue prestada -sin intervención de defensor- tan solo 72 horas después de haber recibido dos disparos, que en el parte del servicio de urgencias se describen así: “Herida penetrante (por arma de fuego) en hombro izdo. Herida penetrante (por arma de fuego) en hemicara izda. con fractura de maxilar”.

"Inmediatamente después debo destacar -prosigue el texto de Cabello- que no fue practicada una prueba tan esencial como la pericial de balística, destinada a establecer cuál o cuáles fueron las armas de las que procedieron los disparos que causaron la muerte del subinspector. Omisión tan extraña de una prueba tan esencial respondía a un hecho para el que no encuentro explicación asumible: con la excepción de los dos proyectiles que hirieron a Puig Antich (fueron entregados por los médicos a los policías), no consta en la causa que fuera recogido ninguno de los correspondientes a los demás disparos efectuados: ni los tres de que habla la autopsia, ni el cuarto que, según los policías, disparó Puig Antich, ni los dos o más que, según veremos después, tenía el cuerpo del subinspector de policía. Y por lo que atañe a los casquillos sucede algo similar, pues los que se recogieron (dos casquillos de revólver calibre 38 y cuatro de pistola del 9 largo) no consta que fueran entregados al Juzgado”.

Para Cabello, es indiscutible la indefensión: “Otra actuación irregular se refiere al derecho de Puig Antich a proponer las pruebas pertinentes para su defensa. Ese derecho fue sistemáticamente vulnerado. Así, la defensa solicitó una prueba pericial destinada a establecer por un lado, la posición de todos los demás posibles tiradores que intervinieron en el suceso y, por otro, las trayectorias y distancias de los posibles disparos. Pues bien, cuando fue solicitada en el recurso contra el auto de procesamiento, la denegación se basó en que ya había sido practicada una diligencia de reconstrucción de hechos, a pesar de que en esta se habían recogido muy pocos detalles y no había intervenido ningún defensor. Y cuando fue solicitada en el escrito de conclusiones provisionales, el Consejo de Guerra la denegó porque, siendo preceptivo que se practicara por dos peritos, la defensa solo había propuesto uno, y porque, según el criterio del auditor militar, que el Consejo asumió, los miembros de éste “son profesionales de las armas y los términos en que se pide la pericia no exigen conocimientos especiales en una materia de carácter general y elemental”.

Tampoco fueron admitidas las declaraciones de varios testigos. “Igual pertinencia e interés tenía la prueba testifical -indica Cabello- solicitada por la defensa. La defensa de Puig Antich propuso que fueran oídos quienes habían visto el cuerpo del subinspector Anguas a fin de que se manifestaran sobre si presentaba más disparos de los tres que decía el informe de la autopsia. De esos testimonios destacaban los que la Sala ha recibido ahora: [el de dos doctores] que examinaron en el servicio de urgencias el cuerpo del mencionado subinspector, que llegó ya sin vida. Ninguno de estos testimonios fue aceptado argumentando que no habían sido testigos presenciales de los hechos".

Añade al respecto de la indefensión y denegación de pruebas el magistrado Cabello: “Otra actuación que no puede pasarse por alto se refiere a la práctica de la autopsia: fue realizada en la comisaría en que estaba destinado el subinspector fallecido. Consta que fue realizada allí con autorización judicial, concedida después de que el médico forense dijera que no tenía inconveniente alguno. Pese a ello me sorprende porque no se trataba de velar el cuerpo, sino de someterlo a una técnica de investigación de las causas de la muerte cuya práctica se realiza en lugares que están específicamente preparados para ello, como son los Institutos anatómicos forenses, y en los que no se da ninguna clase de presión ambiental".

Pero aquí no acaban las actuaciones discutibles. Escribe Cabello: “La anterior no es la única actuación relacionada con la autopsia que considero irregular. Hay otra que se refiere, por un lado, a la incorporación a la correspondiente diligencia de la frase, escrita con máquina de escribir diferente, que dice: “los tres disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil”, y por otro, a las correcciones hechas a mano, que consistieron en, aprovechando algunas letras de las palabras mecanografiadas, escribir sobre éstas lo siguiente: “[a]rriba [a a]bajo [...] des[cendente]”.

“No se trata de que el interlineado -agrega el juez Cabello- escrito con una máquina diferente altere el contenido de la autopsia. Se trata de que, después de haber quedado extendida la diligencia de autopsia, se incorpora una opinión que no corresponde hacer a los médicos forenses, y menos basándose en una observación meramente visual, y que no tiene autor conocido”.

El magistrado remacha este razonamiento con contundencia: "Hasta aquí las causas de mis dudas sobre si Puig Antich fue condenado a muerte en un proceso justo. En mi opinión todas las irregularidades que he descrito parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que causaron” la muerte de Anguas.






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domingo, 15 de julio de 2018

La Importancia de Lezetxiki

En el tema de los descubrimientos antropológicos en Euskal Herria hace un par de días les compartíamos información acerca del hallazgo arqueológico de Basagain. Pues bien, con este artículo de El Diario Vasco estamos de regreso en Lezetxiki:


Durante la próxima semana se realizarán visitas a la cueva en euskera, castellano e inglés

Iker Murillo

Pocos dudan a estas alturas de la importancia de Lezetxiki como punto de partida para conocer la historia de nuestros ancestros más lejanos. Años de excavaciones e investigación han convertido este yacimiento arrasatearra en un punto de obligada visita para aquellos que sientan curiosidad por la vida prehistórica en el País Vasco.

Con la llegada de julio y del buen tiempo, el Ayuntamiento se ha hecho eco de esta curiosidad y ha organizado tres visitas guiadas a Lezetxiki. Las salidas se realizarán a lo largo de tres días, el 20 de julio en inglés, el 21 en euskera y el 22 en castellano. Al tratarse de un yacimiento arqueológico de primer orden y para preservar su conservación, el número de visitantes está limitado a 20 personas por grupo.

La previa inscripción es obligatoria, y para poder hacerlo, hay dos opciones. La primera de ellas es rellenar el formulario en la web municipal (arrasate.eus/inscripciones) o llamar al BAZ (94325 20 00) hasta el 19 de julio (el último día se podrá llamar hasta las 13:00). Todas las salidas partirán de la Herriko Plaza a las 9:30 y concluirán en Sebero Altube a las 13:00. Así mismo, la organización ha querido recordar a aquellos que se inscriban el 21 de julio que, una vez finalizada la ruta, podrán acercarse a la feria de productos de caserío de Arrasate (Baserritarren Azoka) y a la V Edición del Día del Txakolí de Alto Deba.

Por otro lado, los organizadores de las visitas han informado que, dada la gran aceptación de la actividad, existe la intención de organizar estas visitas nuevamente para aquellos que se queden fuera de estas. Para ello, han habilitado la dirección de correo turismo@arrasate.eus en la que podrán escribir informando de su deseo de ver la cueva.

Monumento arqueológico

Lezetxiki es actualmente uno de los yacimientos clásicos más importantes de la península Ibérica. Fue descubierto por el sacerdote Mondragonés Justo Jauregi y su amigo, el reconocido sacerdote de Ataún, José Miguel Barandiarán, hace más de 90 años.

Justo Jauregi-Arraburu era un joven seminarista, hijo del maestro de Garagartza, que fue compañero de estudios de José Luis Iñarra en el Seminario de Vitoria y, al igual que él, alumno de don José Miguel Barandiarán. En 1928 puso en conocimiento de su profesor la existencia de restos prehistóricos en Lezetxiki.

Gracias a la información que Justo Jauregi-Arraburu facilitó a José Miguel de Barandiarán, este lograría más tarde desenterrar una de las pistas de la prehistoria vasca más reconocidas. Concretamente, el húmero humano más antiguo hallado hasta la fecha en Euskadi. Fue atribuido a una hembra de la especie 'Homo Heidelbergensis' que vivió hace más de 164.000 años. Este dato es significativo, ya que sólo los restos encontrados en Atapuerca tienen una antiguedad mayor que el húmero de Lezetxiki. Se llegó además a la conclusión de que la mujer tenía una edad comprendida entre los 30 y los 35 años y una estatura cercana al metro y medio. El descubrimiento se realizó en 1965, ocho años después del fallecimiento de Justo Jauregi.

Desde entonces, los descubrimientos han sido muchos y variados. Con el paso de los años se han hallado un premolar, un molar y conchas utilizadas como colgante de un 'Homo Neanderthalensis' que vivió en la cueva durante el Paleolítico medio. Además, se ha logrado rescatar un fragmento de mandíbula de Homo Sapiens y diversos restos óseos animales, correspondientes a glotones (carnívoro fornido y musculoso que se asemeja a un pequeño oso), leones y osos cavernarios, entre otros animales protagonistas del período prehistórico en el valle del Alto Deba. La presencia de los restos de animales hace pensar a los investigadores que los habitantes de Lezetxiki no residieron allí de forma ininterrumpida.

Excavaciones

Tras el cierre definitivo del yacimiento en noviembre de 2016, después de 20 años de investigaciones, se arrojaron varios datos interesantes que sirven para comprender aún más en profundidad la importancia de esta cueva en los primeros compases de la historia del País Vasco. En total, se lograron recuperar más de 55.000 objetos (la mayoría de ellos restos óseos), que han dado pie a cuatro tesis doctorales ya concluidas, 49 artículos en revistas de carácter internacional y 96 ponencias. Para Álvaro Arrizabalaga, responsable del proyecto, fue especialmente interesante el descubrimiento de moluscos, incluida una concha roja traída desde el Mediterráneo por los neandertales. Para Arrizabalaga una de las grandes virtudes de Lezetxiki es el haber ayudado a «llenar muchos huecos del pleistoceno y el paleolítico». El cierre de estas excavaciones al alcanzar la roca madre, supuso el fin de la segunda parte de las investigaciones que se retomaban en el punto que lo dejó Barandiarán en los trabajos que realizó en los años 1956 y 1968. Durante este tiempo han pasado por la cueva 318 colaboradores de los cinco continentes, además de arqueólogos y espeleólogos de la zona.






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Errekaleor Abre Brecha

Después de un año volvemos al barrio okupa de Errekaleor en Gasteiz por medio de este reportaje dado a conocer por El Salto:


Una barriada ocupada en la periferia de Gasteiz se ha convertido en la isla energética más grande de toda Euskal Herria.

Igor Goikolea

Fábricas a un lado y hectáreas de hierba al otro, tránsito de bicicletas y pocas personas a pie. Más adelante, unas rotondas que marcan la salida de Gasteiz. Tomando una de éstas a la derecha, una carretera sin apenas movimiento; 200 metros más adelante la primera de muchas fachadas con murales y el lema “You are now entering free Errekaleor”, emulando al barrio Bogside de la irlandesa Derry. Es Errekaleor, uno de los barrios ocupados más grandes de Europa.

Para entender la historia de esta singularidad alavesa y vasca merece echar la vista atrás. En la década de 1950, la población gasteiztarra prácticamente se duplicó debido a la expansión industrial de la ciudad y fue en ese contexto cuando se levantó una urbanización destinada a parte de esas personas trabajadoras. Un barrio que inicialmente se llamó “Un mundo mejor” y que años después tomó el nombre de “Errekaleor” (Río Seco) por el río que pasa por debajo de las casas.

De ese barrio era, entre otros, Romualdo Barroso, uno de los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz tras una asamblea obrera en el barrio de Zaramaga. Tenía 19 años. Las vecinas, año tras año y al igual que todo Gasteiz, le recuerdan con un emotivo acto en el cine del barrio, que ahora tiene su nombre.

Fue a comienzos del siglo XXI y coincidiendo con el desarrollo urbanístico del sur de la ciudad cuando se decretó el realojamiento de sus habitantes para la posterior demolición y reconstrucción de Errekaleor. Un realojamiento que las antiguas vecinas calificaron como “estafa”. “Me echaron de mi hogar porque necesitaban derribar el barrio y no lo han hecho”, denuncia Gabriel García, que residió con su hijo durante doce años en el barrio.

En septiembre de 2013, un grupo de estudiantes del campus de Gasteiz decidió ocupar el portal número 26. De esta manera, denunciaban los altos precios del alquiler en la capital alavesa y nacía un nuevo colectivo: Errekaleor Bizirik (Errekaleor Vivo). Año a año, el barrio comenzó a tener cada vez más habitantes mientras que el proyecto parecía consolidarse. El actual primer edil de Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), mantenía una postura ambigua afirmando que en el barrio no se podía vivir y más adelante tendiendo la mano a las que allí residían. Sería en el segundo año de vida de Errekaleor Bizirik cuando el barrio sufriría uno de los primeros golpes.
La isla energética

En marzo de 2015, la Policía local cargaba en el barrio para que Iberdrola pudiese cortar la luz. Sería el anticipo del ataque más grande vivido por Errekaleor desde su ocupación, un hecho que llegaría dos años más tarde.

Durante la lluviosa mañana del 18 de mayo de 2017, la unidad de antidisturbios de la Ertzaintza tomaba el barrio para “facilitar” el trabajo de los técnicos de Iberdrola. Técnicos que habían sido llamados por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco y que compartían una misma función: dejar a oscuras un barrio entero de Gasteiz. Pero este ataque, paradójicamente, tendría un efecto boomerang a pesar de efectuar el corte de luz.

Más de una docena de conciertos, una manifestación de más de 10.000 personas precedida por 14 columnas sectoriales. La respuesta dada durante las dos semanas posteriores al corte de luz marcó la agenda política y social de la ciudad. Y todavía quedaba el reto más importante: recaudar 100.000 euros para ser la isla energética soberana más grande de Euskal Herria. Tardaron 50 días en llegar a la cifra, pero consiguieron el objetivo con creces: el coopfunding consiguió reunir más de 108.000 euros.

Jon Crespo, militante del barrio, recuerda con emoción aquellos días posteriores: “Conseguimos ganar una batalla, ya que el objetivo de Urtaran era el derribo. La solidaridad y el compromiso lo frenó”.

A día de hoy, Errekaleor es autosuficiente en lo que a energía se refiere. Un total de 270 placas suministran electricidad al barrio con una máxima producción de 70Kw. ¿Hubiese sido esto posible sin la intervención de la Policía Autonómica Vasca? Pese a pasar meses sin luz, con frío y una amenaza de derribo constante, el proyecto sigue creciendo: 120 personas residen a día de hoy en el barrio, dos de ellas han nacido en él y hay un total de siete niños y niñas.
Gota a gota

A día de hoy es difícil conocer todos los proyectos en profundidad con una simple visita guiada. Llama la atención una inmensa huerta situada en la zona sur del barrio. Preguntando a nuestro anfitrión de qué modo consiguen mantenerla día a día, éste le da máxima importancia al hecho de que sea gestionada por personas que vienen desde fuera del barrio. Es decir, una huerta de uso comunitario que supera las fronteras de Errekaleor en el ámbito humano.

Otra herramienta que también atrae “forasteras” es la imprenta popular instalada en los bajos del centro social del barrio. A pesar de haber estado en stand by debido al corte de luz, media docena de máquinas hacen posible que los colectivos, a precios populares, puedan sacar sus carteles, octavillas o dossieres.

La panadería también ha funcionado a trompicones debido a la falta de suministro eléctrico. A pesar de ello, han conseguido repartir pan artesano por todo Gasteiz y ahora pretenden hacer un horno de leña.

Pero por encima de todo es la cultura la que florece en cualquier zona del barrio. Un bloque, un mural; entre ellos los de artistas conocidos como el italiano Blu o el valenciano Escif en la cara sur. En la zona norte, otro mural resume el espíritu de Errekaleor: “Auzo Boterea” (poder de barrio).

Diferentes artistas han conseguido poner en marcha un local de ensayo para grupos locales tras meses de trabajo. Y uno de los sitios en los que podrán actuar es el propio gaztetxe de Errekaleor, la antigua iglesia convertida en el lugar de ocio y de debates políticos.
Una utopía hacia dentro y fuera

En septiembre se cumplirá un lustro desde esa primera entrada al bloque 26. Un lustro que ha servido para crear y desarrollar alternativas. Pero “queremos más”, nos dicen nuestros anfitriones. Es por ello que ya tienen diversos objetivos en sus cabezas.

El hecho de que Errekaleor se encuentre en la periferia de la ciudad hace que uno de los principales retos sea el de la “permeabilidad con el resto de colectivos de Gasteiz”, explica Crespo. Una opción para ello está siendo la dinámica OkupaTU Gasteiz en la que cuatro colectivos de la ciudad comparten aniversarios: la radio libre Hala Bedi —35 años—, Gaztetxe de Gasteiz —30 años—, el frontón ocupado Auzolana —diez años— y los cinco años del propio Errekaleor.

El hecho de la “permanencia y perspectiva de vida en el propio barrio” es otro de los grandes objetivos. Diferentes edades, diferentes perspectivas… “No queremos que Errekaleor se ancle en algo juvenil”.

A pesar de la dificultad del reto, querrían crear condiciones para emanciparse del mercado actual: desde la alimentación y la energía, pasando por el ocio y los cuidados. “Deberíamos conseguir que la producción autogestionada no se mercantilice dentro del barrio, imperando así las relaciones no capitalistas entre las vecinas”, nos dice Crespo.

Con el objetivo de superar la “clásica relación de compraventa”, buscan fórmulas no mercantiles de puesta en común de lo producido, para así poco a poco no depender del trabajo asalariado fuera del barrio. Pretenden, de esta manera, construir relaciones entre vecinas en las que “impere el cuidado mutuo y el bienestar común”.

La legislatura actual terminará, probablemente, sin la irrupción de las excavadoras en Errekaleor. Las vecinas, por lo menos, están convencidas de que no habrá derribo alguno este año. En cuanto a las relaciones con el Gobierno local que salga de las próximas elecciones de 2019, no cambian su postura: “Seguiremos con la mano tendida a dialogar, pero de Errekaleor no nos moveremos”.

Seguro que es difícil explicar las 24 horas del día de un barrio en un solo artículo. De lo que no hay duda es de que, al igual que su vecino Romualdo, las errekaleortarras son ya parte de la historia. 42 años después, siguen peleando por “Un Mundo Mejor”.






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¿Llegó el Momento de Democratizar Españistán?

Pues bien, ahora que el estado borbónico franquista está sumergido en el bonito escándalo que protagonizan el tal Villarejo, otrora valedor de Juan Carlos, el protegido de Franco y, amante de la prestanombres alemana Corinna, convendría recordar el ejercicio democrático y republicano llevado a cabo por los vallecanos hace ya casi un mes.

Al respecto, les invitamos a leer este artículo de Aurora Muñoz que ha visto la luz en las páginas de Público:


Expertos constitucionalistas observan falta de voluntad política y explican que un cambio de forma de gobierno exigiría una reforma previa de la Carta Magna. La consulta solo se puede convocar después de que 2/3 de las Cámaras lo aprueben.

Aurora Muñoz

El pasado 23 de junio los vecinos del barrio madrileño de Vallecas estaban convocados a una consulta. Debían votar si preferían monarquía o república como forma de Estado y la iniciativa tuvo tanto éxito que las papeletas se agotaron. El resultado, aplastante. Según los datos ofrecidos por la plataforma organizadora, Vallekas Decide, 6.490 de los 7.270 votantes dijeron 'sí' a la república.

Pero, ¿podría replicarse este experimento local a nivel estatal? El 14 de abril, día en que se celebraba el 87º aniversario de la proclamación de la II República española, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón registró una batería de preguntas en las que interpelaba al Ejecutivo de Rajoy por cuestiones relacionadas con la Familia Real y, entre ellas, planteaba al Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum "para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía".  La propuesta, sin embargo, parece haber caído en saco roto.

"Sería muy buena idea", reconoce el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo,  pero no es optimista. "En estas circunstancias, dudo que se materialice", añade.  No se trata de que nuestra Carta Magna carezca de mecanismos para ello. La Constitución recoge en el artículo 92.1 – en el Capítulo segundo del Título III – que las decisiones políticas de "especial trascendencia" pueden ser sometidas a "referéndum consultivo de todos los ciudadanos". El problema reside más bien en las matemáticas.

Una iniciativa que requiere apoyo mayoritario

"Sacar adelante una iniciativa de este calado requeriría el apoyo de una amplia mayoría y nos encontramos en un momento político en el que sería muy complicado recabar esos apoyos en el Congreso", explicita José Antonio González Casanova, catedrático de teoría del Estado y derecho constitucional de la Universitat de Barcelona.

Un referéndum para votar sobre la continuación de la Monarquía en España o el establecimiento de una República no podría convocarse de forma automática sino que requeriría del apoyo de las dos terceras partes del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, y un nuevo apoyo con la misma proporción de votos de las nuevas Cámaras.

El primer paso, reformar la Constitución

"Cambiar la forma de gobierno de un país es una decisión importante y, por ese motivo, es imprescindible una reforma de la Constitución", explica Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. La llamada a las urnas exigiría, en primer lugar, que al menos 233 diputados del Congreso y 177 senadores avalaran una reforma constitucional en ese sentido. Si las cuentas salen, habría que disolver las Cámaras y, tras las elecciones, las nuevas Cortes tendrían que apoyar la reforma con el mismo apoyo, según establece el artículo 168 de la Constitución que incluye este supuesto entre aquellos que exigen una "reforma agravada" de la Carta Magna.

Cambios a largo plazo

Este artículo establece que las cámaras nuevamente elegidas "deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional" y aprobarlo nuevamente por mayoría de dos tercios. Sólo después de este proceso, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, la revisión de la monarquía podría ser sometida a referéndum para su ratificación. Y aquí se plantea un nuevo dilema. "Todo este proceso requiere mucho tiempo. Es posible que, desde que los ciudadanos fuesen consultados hasta la ejecucción de la medida, hayan pasado varios años. Por lo tanto, surgiría la duda de si, tras ese lapso, se seguiría recogiendo la voluntad del pueblo", expone Gómez.  

La monarquía está blindada

Según explican los expertos, este complicado trámite se debe a que la figura de la monarquía se encuentra especialmente protegida en la Carta Magna ya que figura en el Título Preliminar y en el Título II que "quedan blindados" junto a otros aspectos de la Constitución como los derechos y libertades del Capítulo Segundo y los derechos y deberes fundamentales de la Sección primera del Título I.

A pesar de la compleja maquinaria legislativa, José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, entiende que no es imposible. La clave está en la voluntad política. "Existe una resistencia ancestral a modificar la forma de gobernar y es muy probable que Sánchez no sea quien altere la tendencia", reconoce. La prueba está en que, cuando el PSOE elaboró desde la oposición su propuesta de reforma constitucional, la posibilidad de cambiar el modelo de la jefatura del Estado no figuraba entre sus prioridades.






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Los Valedores del Monarca Franquista

Damos continuidad al tema de Juan Carlos Borbón, el monarca que llegase al trono por designación directa del sanguinario dictador de nombre Francisco Franco, personaje corrupto y siniestro aupado al poder por medio de los buenos oficios de Benito Mussolini y Adolph Hitler -en la que tal vez sea su única victoria en la cruzada fascista emprendida conjuntamente en los años 30 del siglo pasado-.

Ojo, por ahí asoma la patética figura del vascófobo por excelencia, don Baltasar Garzón Real.

Establecido lo anterior,les invitamos a leer este reportaje dado a conocer por El Diario:


Villarejo grabó a la antigua amiga del monarca en uno de sus trabajos parapoliciales; las cintas salen a la luz ahora, con el comisario en prisión

Pedro Águeda

Juan Carlos I fue proclamado rey de España en 1975, el año en que la Policía asignó su primer destino relevante a José Manuel Villarejo, la lucha contra ETA en Euskadi.  Cuarenta y dos años después el decadente final del todopoderoso comisario, encarcelado como cabecilla de una trama de corrupción, amenaza con arrastrar al monarca y arruinar lo que queda de la leyenda que acompañó durante casi medio siglo al rey de España. Los audios con los que el comisario jubilado intenta sacudirse las graves acusaciones en su contra han arrasado la imagen del rey emérito, aquella visión idílica del jefe del Estado ha quedado hecha añicos por la gravedad de las conductas que describe en esas grabaciones su presunta amante Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

¿Qué hacía un policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía entrevistándose con la amiga del rey en Londres con un importante empresario como testigo en la cita? La respuesta, o la falta de ella, resultan esclarecedoras. Villarejo se definía a sí mismo como “agente encubierto”, un cajón de sastre que le ha servido durante cuarenta años para justificar su presencia en escenarios y situaciones que desbordan la misión que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reserva a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Una situación que toleraron, cuando no fomentaron, todos los gobiernos de la democracia: desde UCD al PP pasando por el PSOE. A todos les resultaron útiles esos servicios de policías acostumbrados a vivir en el límite de la ley e incluso a salirse por fuera de ella ya fuese para misiones antiterroristas o cualquier otra misión de Estado que se les encomendase. 

Ocurrió recientemente con la Operación Cataluña, cuya legalidad siguió defendiendo Villarejo en sede judicial, a pesar de que la búsqueda prospectiva del delito en que consistía, la falta de control judicial y su intencionalidad política también sobrepasaban todos los cometidos de la Policía.

Tanto las maniobras contra el proceso soberanista como el viaje a Londres para entrevistarse con la comisionista amiga del rey se producen en el periodo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y del comisario Eugenio Pino al frente de esa Dirección Operativa, una de las etapas más oscuras del Cuerpo, según coinciden mandos de una y otra época. En esas alcantarillas del Estado se movía Villarejo con tres DNI distintos y otras tantas identidades falsas facilitadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esa libertad de movimientos que él defiende abarca gran parte de la carrera del comisario más famoso de España y sólo acabó tras su jubilación hace dos años. Villarejo estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993, año de su regreso con el socialista José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior. También con el PSOE en el Gobierno, el comisario recibió el encargo de investigar el ático de Ignacio González, uno de los dirigentes más poderosos del PP en Madrid y rival político de los socialistas en aquel momento.

Es el mismo Villarejo que sigue imputado por agredir a una doctora en Madrid, presuntamente por orden del empresario Javier López Madrid, el amigo o antiguo amigo del actual jefe del Estado, hijo de Juan Carlos I. Felipe VI y la reina Letizia trasladaron su apoyo a López Madrid en pleno escándalo de las tarjetas ‘black’ con unos mensajes cuyo contenido desveló en marzo de 2016 eldiario.es. Habían pasado cuatro años desde que su padre pidiera perdón a los españoles por romperse la cadera en una cacería de lujo en Botswana, junto a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, mientras la crisis económica devoraba a buena parte de sus súbditos.
Operación Tándem, el golpe definitivo

Villarejo es también el cupable de que un país entero asista ahora perplejo a un  espectáculo nunca visto. Programas en prime time y tertulias de radio que durante décadas cantaron las bondades de la monarquía y presentaron al Rey Juan Carlos como una figura intocable garante de la democracia y la unidad de los españoles, hablan ahora sin tapujos de sus amantes, de sus cuentas en Suiza y de los mismos testaferros que sirvieron a la red Gürtel para esconder el dinero de sus millonarios botines.

Todo eso sucede porque el futuro del comisario Villarejo se torció definitivamente el 3 de noviembre del pasado año, cuando fue detenido por Asuntos Internos acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

No era la primera investigación desde que, en poco tiempo y después de años en el anonimato, distintos casos lo han colocado continuamente bajo el foco. Las pesquisas a raíz del caso del Pequeño Nicolas, que lideró su antiguo compañero de la policía política y hoy enemigo, el comisario Marcelino Martín Blas, fueron rechazadas por Fiscalía y jueces por inconsistentes. Pero esta vez la Audiencia Nacional asumió las tesis de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos y ordenó detener y encarcelar provisionalmente a Villarejo como pieza principal de la llamada Operación Tándem.

El grueso de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa secreta ocho meses después. De lo conocido hasta ahora se desprende que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa comenzaron a tirar del hilo que proporcionó un empresario para desmontar toda la trama liderada por el comisario, una organización dedicada a vender a un alto precio dossieres para desacreditar a rivales empresariales, políticos o para torpedear procesos judiciales o blanquear dinero.
Escuchas y fondos reservados

La investigación apunta que esa organización criminal estuvo liderada por Villarejo también durante su periodo en activo. En ella desempeñaron distintos papeles otros dos comisarios, según la investigación, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño, conocido éste último en ambientes policiales como El Gordo. Ambos fueron jefes de una de las unidades más sensibles de la Policía, la Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de los seguimientos y escuchas en materia antiterrorista, de la captación de fuentes, del manejo de fondos reservados, el lugar donde recaían los “encargos especiales” de los distintos gobiernos, el eufemismo habitual para las misiones sin control judicial.

Como en el caso de Villarejo, los dos comisarios entraron en la Policía en plena Transición. García Castaño dos años después que el anterior, en 1975; Salamanca, en 1979. La carrera en la Policía de los tres, ahora manchada por la Operación Tándem, ha corrido paralela al reinado del monarca. A su manera, todos han disfrutado del beneplácito político y mediático o al menos de su silencio. La lacra de tantos años de terrorismo, el intento de golpe de Estado, y las supuestas necesidades de una democracia incipiente contribuyeron a que algunas instituciones quedaran fuera del control del Parlamento, de los medios de comunicación y a veces también de la Justicia.

Juan Carlos I fue el símbolo del sistema político construido tras la dictadura. Los comisarios recibieron cuarenta años de cobertura a una forma de actuar por el bien superior que implicaba el combate del terrorismo y más recientemente la gravedad del desafío soberanista catalán.

La prensa no fue ajena a todo ello y ahí está el papel que desempeñaron algunos medios de comunicación en la Operación Cataluña, con la publicación de informes “de inteligencia”, apócrifos, construidos para ser difundidos cuando convenía y no para entregarlos a un juez.
La relación con los jueces: "Baltasar es amigo"

De aquella era de los grandes despliegues humanos y de medios para combatir el azote de ETA procede la estrecha relación entre los comisarios y jueces de la Audiencia Nacional. “No te preocupes, Baltasar es amigo”, le dijo García Castaño al comisario condenado por el caso Faisán en un pinchazo telefónico. El mismo Baltasar Garzón que a través de su despacho de abogados se ha hecho cargo ahora de la defensa de García Castaño, como lo hace desde noviembre de la de Carlos Salamanca. El juez defendió los servicios al Estado de Villarejo en el programa de Jordi Évole dedicado al comisario.

El abogado considerado mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, quien permanece junto a él en la cárcel de Estremera, es socio de un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que hace una década montó una escuela jurídica por la que pasaron, cobrando, una larga lista de magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y en la que tuvo una participación de promoción activa el fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado invierno.

Los indicios reunidos por Anticorrupción señalan que los tres mandos detenidos en la Operación Tándem habrían compaginado su trabajo de funcionarios con la práctica del delito, sirviéndose precisamente de su impunidad para enriquecerse. Su historia se cruza ahora con la del rey Juan Carlos I, a quien la archifamosa Corinna  presenta ahora en esas cintas como un comisionista y un defraudador fiscal. “Yo estaba delante cuando pedía dinero para Nóos. No distingue lo legal de lo ilegal”, aparece diciendo su presunta amante en las grabaciones realizadas por Villarejo.

Ninguno de los protagonistas ha desmentido lo que se dice en esas cintas. Zu Sayn Wittgenstein ha emitido un comunicado para lamentar que se haya montado una campaña de desprestigio contra ella. Y la defensa de Villarejo ha confirmado, a través de otra nota de prensa, que las grabaciones difundidas son parte del archivo secreto del comisario, incautado en los registros de la Operación Tándem, que ya ha originado otras piezas separadas y detenciones contra clientes del negocio de Villarejo. En la nota del letrado Ernesto Díaz Bastien se sugiere que la Policía podría haber filtrado las grabaciones.

Desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía Anticorrupción guardan silencio a la pregunta de si esos audios han sido localizados ya entre el abundante material requisado al comisario y si son objeto de alguna investigación. Sobre las publicaciones en los medios, una fuente de las pesquisas se limita a señalar: “Villarejo no nos va a marcar los tiempos”. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió este viernes a través de su portavoz Isabel Celaá que las grabaciones "afortunadamente no afectan a Felipe VI" y subrayó tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo ni las considera.

En el sumario que ha permitido airear todo el escándalo figura también el comisario Carlos Salamanca que llevaba muchos años fuera de la lucha antiterrorista cuando fue detenido en noviembre. Antes de su último destino al mando de una unidad central contra la inmigración irregular fue el jefe policial del aeropuerto de Barajas. Allí habría protagonizado distintas corruptelas a cambio de dádivas de ciudadanos guineanos a los que facilitaba la entrada en España, según los investigadores.

El policía conducía dos Porsche que los investigadores creen recibió a cambio del trabajo para los guineanos. Fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería por un grupo de agentes de Asuntos Internos que encabezó para la ocasión el comisario jefe de la Unidad, quien tuvo que lidiar con la oposicion inicial del entonces jefe de Extranjería, Juan Carlos Ortiz, a que el arresto se produjera en sus dependencias.

La investigación a García Castaño continúa secreta, pero desde la Audiencia Nacional se comunicó el viernes que está acusado de cobrar por facilitar datos protegidos de personas para los dossieres que elaboraba Villarejo. Su pareja y su hija están también imputadas. Ambas conducían sendos BMW a nombre de empresas de Villarejo, según fuentes jurídicas. También un hijo de Salamanca figura como investigado. La detención de García Castaño representó un choque entre el juez Diego de Egea y los fiscales del caso. El primero no acordó el arresto, que se hizo a instancias de la Fiscalía. Después, el Ministerio Público solicitó prisión incondicional y el magistrado decretó la libertad con medidas cautelares.
“Encargos que nadie se atrevía a hacer”

En el centro de todo está el comisario Villarejo quien asegura que su fortuna procede de la recalificación de unos terrenos familiares en Córdoba y del trabajo que realizó en la década que se mantuvo en excedencia fuera de la Policía, entre 1983 y 1993. Precisamente, defiende que regresó al Cuerpo porque el Estado necesitaba una estructura empresarial ajena para dar cobertura a determinadas operaciones. También asegura que nunca ha cobrado de fondos públicos por su utilización. Desde el entorno de los policías defienden sus éxitos policiales: “Hacían lo que les encargaban y lo que nadie se atrevía a hacer”.

El comisario jubilado afirma en un texto, publicado por elespanol.com, que también la visita a Corinna constituía una misión de Estado. Que viajó a Londres a ganarse la confianza de la amiga del Rey por encargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que quería averiguar el nivel de amenaza para el Estado y la Corona que era la comisionista alemana. La carta habría sido redactada por el comisario para ser entregada al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero como siempre acabó en los periódicos.

El CNI guarda en este asunto el silencio oficial de costumbre. Un silencio que solo rompió cuando Villarejo, en una de sus “notas informativas”, acusó a la Inteligencia española de negociar con Jordi Pujol para que éste no revelara las supuestas cuentas del rey en Suiza. El Mundo publicó esa nota en enero de 2017, once meses antes de la detención de Villarejo. Un portavoz del servicio secreto español hizo entonces un comentario sin precedentes al mismo periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.






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Llevar a JC al Congreso

Los sociatas saben muy bien para quien trabajan y con respecto al más reciente escándalo de corrupción que involucra a Don Juan Carlos Borbón y Franco, han asumido la estrategia de la avestruz.

Pero hay formaciones políticas más congruentes con sus principios fundacionales y con su electorado, como nos dice este artículo dado a conocer por Público:


El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha anunciado que pedirá una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito tras las últimas revelaciones de Corinna.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ya ha empezado a recabar los primeros apoyos para pedir formalmente que el Congreso abra una comisión de investigación sobre las "presuntas irregularidades" en las que habría incurrido el rey emérito Juan Carlos a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein. De momento, ya cuenta con la firma de los nueve diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu.

El primero en poner sobre la mesa la posibilidad de que la Cámara Baja investigue este asunto ha sido este viernes, en un desayuno informativo, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Después, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y el diputado de En Comú Joan Mena han comparecido en el Congreso para retar al resto de grupos a impulsar esta investigación de forma conjunta.

De momento, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu ya han mostrado su disposición a plasmar su firma en la petición formal que se registrará en el Congreso.

Garzón se ha referido este viernes a las noticias difundidas por varios diarios digitales, según las cuales la amiga del Rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría desvelado que éste tiene cuentas en Suiza y que la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero, información con las que se ha vinculado a los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño.

Según el coordinador federal de IU, la difusión de esa información "obedece a las peleas en las cloacas del Estado", pero al margen de ello lo "grave" es que hay instituciones, como la Policía Nacional y el CNI, que "sabían lo que estaba pasando con la Casa Real" y no actuaron.

Garzón ha mostrado su preocupación porque haya quien crea que "defender la Monarquía es defender a España", algo que considera "mentira" y que además causa el efecto contrario y daña la imagen del país porque afecta incluso a la seguridad y "no es una cuestión de "prensa rosa".

Por ello, ha avanzado que el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, en el que se integra IU, va a pedir una comisión de investigación, a la que espera que pueda acudir todo el mundo, incluido Juan Carlos I, cuya comparecencia solicitarán.

Garzón ha recordado que el rey Juan Carlos, es "aforado" pero no "inviolable" porque en 2014 perdió la inviolabilidad con su abdicación, pero mantiene el aforamiento, algo que cree que no impide que puedan solicitar su comparecencia en el Congreso.

Suman 81 diputados

Con estos apoyos se superan ya las 70 firmas necesarias para pedir la creación de una comisión de investigación. En concreto, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu suman 81 escaños, pero los promotores de la iniciativa van a dar aún unos días de margen antes de registrarla por si se quiere sumar alguno más y para que se 'retraten' los que crean que el Congreso no debe entrar en este asunto.

"Si alguien cree que debe haber espacios de impunidad, que lo diga", ha afirmado Mayoral, recalcando que "nadie puede estar por encima de la ley, se llame como se llame" y que "los Borbones también tienen que responder por sus conductas".
El Gobierno no lo considera

Por lo pronto, desde el Gobierno se han minimizado las revelaciones de la aristócrata alemana que dice haber actuado como testaferro de Juan Carlos. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo no considera estas revelaciones porque son "antiguas" y "no afectan" al actual Rey, Felipe VI.

"No afectan al jefe del Estado, Felipe VI. Son grabaciones antiguas y ni las consideramos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado sobre la propuesta de abrir una investigación parlamentaria al respecto.






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sábado, 14 de julio de 2018

Vascófobo de la Semana | Emmanuel Macron

Mientras en París se celebraba un aniversario más de la Toma de la Bastilla, hito que marca el inicio de la burguesa revolución francesa en Bilbo se llevaba a cabo una manifestación convocada por Seaska en contra de las medidas contra el euskera adoptadas por el ejecutivo de Emmanuel Macron.

Les invitamos a leer esta nota al respecto publicada por Naiz:


Una concentración ante el Consulado francés en Bilbo ha denunciado este sábado los ataques que están sufriendo las ikastolas de Seaska por parte del Gobierno de Emmanuel Macron. Koldo Tellitu, presidente de Ikastoen Elkartea, ha calificado de «colonialista» la posición gubernamental.

Medio centenar de personas se han concentrado este sábado en Bilbo, día festivo en el Estado francés, para denunciar los ataques que está realizando el Ejecutivo de Emmanuel Macron contra las ikastolas de Seaska.

El director de Seaska, Hur Gorostiaga, ha incidido en que hace mucho tiempo que el Gobierno francés no dirigía una agresión tan directa contra las ikastolas, remarcando que han coincidido con el auge de este movimiento.

El ataque hacia las ikastolas de Ipar Euskal Herria se concreta, entre otros aspectos, en la negativa a permitir que los centros dispongan de otros 25 puestos de profesor para el próximo curso y, además, castigando al alumnado de 14 años por haber realizado el examen de Ciencias en euskara en las pruebas para lograr el título Brevet.

El presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, que ha sido uno de los que han portado la pancarta con el lema ‘Kasu! Ikastola kexu!’, ha señalado ante la sede consular que el ataque del Ejecutivo de París contra las ikastolas es la respuesta al éxito que están teniendo en el norte de país.

Ha calificado la posición gubernamental de «colonialista», tratando de que el francés sea la única lengua que se imparta en los centros educativos, y ha incidido en la necesidad de respaldar a Seaska. Asimismo, ha manifestado que la confederación que él preside estará junto a las ikastolas de Ipar Euskal Herria, avanzando que mantendrá contactos con las instituciones para tratar de mediar para que la situación se reconduzca.






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El Hallazgo de Basagain

Les compartimos este reportaje de Deia con respecto a un reciente hallazago arqueológico:


El arqueólogo Xabier Peñalver destaca la "complejidad y abstracción" de los trazados realizados en las piedras de este poblado fortificado

La Diputación foral de Gipuzkoa ha anunciado el hallazgo de un posible primer plano urbano vasco de la prehistoria en el poblado de Basagain, en Anoeta.

El arqueólogo Xabier Peñalver ha destacado que "los trazados lineales realizados en las piedras de este poblado reflejan un nivel de complejidad y de abstracción de sus habitantes muy elevado".

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el diputado foral de Gipuzkoa, Denis Itxaso, junto a Peñalver, han dado cuenta de este hallazgo arqueológico "excepcional" en el poblado fortificado de Basagain.

"Se trata del hallazgo de un posible primer plano urbano de la Prehistoria en Euskal Herria", ha destacado el diputado foral, que ha recordado que Basagain se encuentra dentro del término municipal de Anoeta y está siendo excavado por Peñalver y Eloísa Uribarri a lo largo de los últimos veinticinco años.

Según ha apuntado, hasta la fecha se han encontrado en este lugar decenas de fragmentos de lajas con incisiones rectilíneas variadas. "Contamos con una serie de estelas decoradas, localizadas de forma prácticamente alineada en lo que pudiera corresponder con una entrada al recinto fortificado", ha explicado Peñalver.

El arqueólogo ha indicado que la representación de retículas en algunas de ellas o de otros trazos, están realizadas en estos casos a mano alzada. Además, ha destacado "por su complejidad" un fragmento de pequeñas dimensiones en el que "se entrecruzan, de manera ordenada, gran cantidad de líneas realizadas en fases sucesivas y en este caso los trazos han sido ejecutados apoyándose en un soporte rectilíneo".

Peñalver ha explicado que "se desconoce la finalidad de estas estelas en ese lugar del poblado, pero todo apunta a una notable complejidad mental de sus autores".

En cuanto al posible primer plano urbano vasco prehistórico, ha indicado que se trata de una "gruesa" laja de arenisca triásica de 36,5 por 29,5 centímetros con un grosor de entre 3,5 y cuatro centímetros y está grabada en la totalidad de una de sus caras, estando esta superficie dividida en dos partes aproximadamente similares mediante dos líneas paralelas en el sentido longitudinal de la pieza.

A ambos lados se han trazado bandas rectangulares separadas entre sí en ocasiones por franjas. Según ha indicado, "estas bandas, o espacios muy definidos, están a su vez ocupados por grabados transversales rectilíneos en distintos sentidos y algunos de estos espacios están especialmente marcados mediante una 'X'".

Hipótesis

Peñalver ha indicado que creen que lo que se representa en esta laja es "una planta de una parte del poblado de Basagain, definiendo un eje o calle central transversalmente y a ambos lados lo que pudieran ser viviendas claramente diferenciadas entre sí".

"Las señalizaciones, e incluso algunas de las marcas, refuerzan la individualización de estas partes de la representación", ha opinado. Además, ha destacado que este trazado, en el caso de corresponder a un plano urbano con las casas anexas y alineadas a ambos lados de una calle central, "guarda similitud con las estructuras urbanas halladas en poblados como el alavés de La Hoya en Laguardia o el navarro del Alto de la Cruz de Cortes, entre otros muchos".

Por otro lado ha señalado que también se baraja la hipótesis de que se trata de una "representación de parcelas diferenciadas en las que se hayan reflejado mediante marcas distintas, propiedades, tipos de cultivos u otros aspectos". "De ser una representación de algún aspecto del poblado estaríamos ante un caso único hasta la fecha para este período", ha incidido.

En todo caso, ha apuntado que "los trazados lineales realizados en las piedras de este poblado reflejan un nivel de complejidad y de abstracción de sus habitantes muy elevado, con mensajes que, aunque de momento no se puedan traducir con claridad, sí permiten percibir un mundo de gran interés".







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3 Semillas y 43 Esperanzas

Ayer fue un día muy particular para México. 

Se graduó la generación de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos a la que pertenecían los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada desde aquella aciaga noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Noche fatídica en la que murieron seis personas, asesinadas por el frenesí represivo de las fuerzas armadas del estado mexicano. Tres de esas seis personas también eran normalistas.

Desde El País nos llega este artículo que reseña como se vivió esta jornada allá, en Ayotzinapa:

Las 43 sillas vacías de la graduación de Ayotzinapa

Los supervivientes de la escuela rural de Guerrero homenajean a sus compañeros desaparecidos hace cuatro años en el caso que convulsionó a México

D. M. Pérez
Antes de entrar a la iglesia, pasaron lista en el patio. Uno a uno, los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos volvieron a sonar por los megáfonos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Este viernes, familiares, amigos, profesores y el resto de alumnos de su promoción homenajearon a unos muchachos encarnados ya en símbolo de los peores fantasmas de México durante la graduación que debería haberles convertido en profesores en Guerrero, una de las zonas más pobres, olvidadas y violentas del país.

Hace casi cuatro años, la noche del 26 septiembre de 2014, recién ingresados en esta humilde escuela heredera de la misión pedagógica de la Revolución de extender la educación y la dignidad por los esquinas más atrasadas del país, un grupo de jóvenes –veinteañeros, hijos de familias campesinas del estado sureño– fue atacada a balazos y secuestrados en Iguala, a pocos kilómetros del colegio, por policías locales aliados con un grupo de narcos, quienes según la versión oficial los asesinaron y quemaron los cuerpos en un basurero cercano al confundirles con una banda rival.

El caso, plagado de puntos ciegos, dobleces e incertidumbres, creció como una bola de fuego convulsionando política y socialmente a México hasta convertirse en el hito más oscuro de la legislatura de Enrique Peña Nieto. Expertos internacionales han impugnado la versión oficial, criticada también por Naciones Unidas. Las familias siguen clamando justicia y en los tribunales el caso sigue dando coletazos en las cuatro causas que aún siguen abiertas.

Un crespón blanco cubría el viernes la ya icónica composición de retratos de los 43 muchachos colocada en el arco de entrada a la escuela. Por debajo pasaron vestidos de pantalón, saco, chaleco y corbata azul los 74 compañeros supervivientes. Hace cuatro años, al comienzo de sus estudios, eran 140. Además los 43 desaparecidos, cuyas sillas marcadas con sus números de promoción permanecieron vacías durante la ceremonia, otros 23 estudiantes fueron abandonando por el camino. Un reciente informe de un grupo de psicólogos que trabajaron sobre el terreno constata las secuelas del trauma. Las familias, volcadas en una incansable búsqueda infructuosa, son ahora más pobres, están más enfermas y más solas.

Tras centenares de detenciones, resoluciones judiciales, declaraciones, actuaciones periciales y un expediente babilónico de casi un cuarto de millón de folios, las autoridades dieron carpetazo a la pieza central del caso. Las inculpaciones de los detenidos y restos óseos encontrados en un río, impugnados por expertos internacionales, fueron los mimbres que sostenían la ya famosa “verdad histórica”. La gestión del suceso erosionó gravemente las instituciones mexicanas, dejando un reguero de renuncias de los máximos mandatarios de seguridad. En menos de cuatro años van tres fiscales generales –procuradores general de Justicia–, un cargo hoy desierto y en disputa pendiente de la formación del nuevo Gobierno de López Obrador.

El caso sigue dando requiebros. Uno de los tribunales donde sigue abierta una de las cuatro causas, desestimó el mes pasado los cargos contra dos detenidos, que habrían tenido un papel importante en los hechos, concretamente, en la persecución y desaparición de los muchachos, de acuerdo a la investigación oficial. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU publicó en marzo un demoledor informe constatando las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas durante las pesquisas del caso: hasta 34 casos de tortura. En junio, otro tribunal mexicano ordenó la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia al concluir que la investigación de la fiscalía no fue suficiente para conocer lo que realmente pasó aquella noche de septiembre.






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jueves, 12 de julio de 2018

Indefensión de lxs Presxs

Por medio de Naiz traemos a ustedes la enésima solicitud por parte de profesionales de la salud con respecto a la puesta en libertad de los presos políticos vascos en mayor estado de vulnerabilidad.

Lean ustedes:


Médicos y abogados de presos políticos vascos han cifrado hoy en un centenar las personas que deberían ser liberadas inmediatamente, tal y como contempla la propia legislación española, por padecer enfermedades graves e incurables, haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta y contar con más de 70 años.

Agustín Goikoetxea

Médicas que atienden a los presos políticos vascos y letrados que les asisten han comparecido hoy en Bilbo para analizar la situación de indefensión que padecen aquellos aquejados de graves enfermedades, con edad avanzada, mujeres, así como los prisioneros que tras largos años en prisión, en virtud de la propia legislación penitenciaria española, debieran haber sido liberados. La doctora Mati Iturralde ha cifrado en un centenar las personas que tendrían que ser excarceladas de los 278 que actualmente permanecen en prisión.

Tras un extenso análisis de la situación, facultativas y letrados han exigido la «inmediata» puesta en libertad de las 24 personas presas con enfermedades graves e incurables, de las que tienen 70 años, así como de aquellas con tres cuartas partes de la condena cumplida. Asimismo, han reclamado el cambio de destino a una cárcel cercana a su domicilio familiar y progresión de grado acorde a su situación personal y penitenciaria para aquellos que, con diferentes trastornos o tratamientos sicológicos, necesitan de asistencia y un acompañamiento continuado y cercano en el ámbito sicológico y médico. También han demandado ese acercamiento para los mayores de 60 años, los que tienen más de la mitad de la condena cumplida, las mujeres que se encuentran solas y aquellos prisioneros con hijos menores de edad.

«En cumplimiento del principio de legalidad y de la individualización de las penas –han asegurado las doctoras Mati Iturralde y Miren Arana–, es posible y se debe poner en marcha soluciones a todas estas situaciones graves que no pueden perdurar en el tiempo hasta convertirse en problemas médicos y sicológicos sin tratamiento ni posibilidad de alivio». Han asegurado que el mantenimiento de la actual política carcelaria de excepción supone en el caso de las personas enfermas «conculcar su derecho a una vida y una muerte digna».

Enfermos y mayores

Han explicado que se conocen los nombres de 16 presos y presas gravemente enfermas pero hay otros 8 que no se hacen público «por motivos personales». Los letrados Haizea Ziluaga e Iñaki Zugadi han detallado los mecanismos legales que sustentan la puesta en libertad de estas personas y denunciado la «inacción» de la administración penitenciaria, que puede actuar de oficio y no lo hace a pesar de saber de la gravedad de algunos casos. «A pesar de haber desarrollado iniciativas de interlocución de forma discreta y/o vía judicial, no se han visto solucionados ni han sido agilizados los pasos para atenuar los riesgos de un desenlace dramático», han lamentado.

Respecto a las personas de edad avanzada, han señalado que hay tres mayores de 70 años, trece con más de 65 años y otros 19 que superan los 60 años, a quienes con la legislación penal y penitenciaria en la mano se les podría conceder la libertad condicional.

El 80% ha cumplido entre la mitad y la casi totalidad de la condena

Ziluaga y Zugadi han manifestado que el 80% de los presos y presas políticas vascas han cumplido entre la mitad y la casi totalidad de las «larguísimas» condenas que les fueron impuestas. Viendo los números, han dicho que «se pone de manifiesto la perversión de la política de grados existente ya que la práctica totalidad de los presos vascos llegan a la extinción de las tres cuartas partes de la condena clasificados como el primer día, en primer grado de cumplimiento». Han subrayado que, gracias a esa «artimaña», se impide de hecho que cumplan uno de los requisitos exigibles para obtener la libertad condicional, el de estar clasificados en tercer grado.

Mujeres

Arana e Iturralde, por su parte, han fijado su atención en la situación de vulnerabilidad de las mujeres encarceladas. «A la dispersión y alejamiento se le suma el que un buen número de ellas, se encuentran encarceladas solas, sin ninguna compañera», han destacado, antes de mencionar aquellas que son separadas de sus hijos. Son doce las presas encarceladas en soledad y ocho con uno o varios hijos e hijas menores de edad.





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