La movilización y huelga general de ayer marcaron un salto cualitativo en la situación política en Catalunya. Durante los últimos cuatro días, las manifestaciones pacíficas masivas por la liberación de los presos políticos han sido brutalmente atacadas por la policía española y catalana. El jueves, los manifestantes también fueron atacados por neonazis protegidos por la policía, que golpearon brutalmente a un militante antifascista. Ha sido la indignación provocada por esta represión desenfrenada lo que ha llevado a miles de jóvenes a tomarse la revancha y montar barricadas.
El Estado necesita provocar violencia y llevarla al máximo extremo posible para acobardar al movimiento, para tratar de desacreditar la lucha a fin de extirpar las muestras de solidaridad espontánea que han surgido por todas partes en el resto del Estado, y para dividir a la propia clase obrera catalana sobre este tema. Se han proporcionado multitud de fotografías y vídeos de manifestantes comunes donde se aprecian infiltrados policiales en las manis deteniendo a gente, de la policía reprimiendo manifestaciones pacíficas para provocar una respuesta violenta, de Mossos d’Esquadra y policías nacionales confraternizando con elementos fascistas, y hasta de policías quemando un contenedor de basura.
Además, la represión tiene el objetivo de aterrorizar al gobierno catalán, que controla los Mossos d’Esquadra, ante la perspectiva de la suspensión de la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Es una lástima que ni Pablo Iglesias, ni Alberto Garzón, ni Ada Colau, ni mucho menos Íñigo Errejón, denuncien abiertamente la responsabilidad policial en los hechos de esta semana, ni los objetivos políticos que se esconden dentrás de todo esto.
Sin embargo, podemos decir que la pretensión del Estado de establecer un cordón sanitario alrededor de Catalunya ha fracasado. No ha podido socavar el impulso de las grandes protestas de solidaridad con Cataluña vistas en decenas de ciudades como Madrid, Badajoz, Granada, Sevilla, Cáceres, Murcia, Segovia, Cádiz, Palma, en Galicia, etc. y naturalmente, en el País Valenciano y Euskadi, ha fracasado.
Después de los acontecimientos de ayer, nuevas manifestaciones de solidaridad con cientos y miles de participantes han tenido o están teniendo lugar en Madrid, Donostia, Valencia, Zaragoza; Almería o Málaga.
Según la Generalitat, la huelga tuvo un seguimiento cercano al 50%. El consumo de electricidad se redujo en más del 10%, y el número de usuarios de metro en Barcelona se redujo en un 50%. Esto, a pesar del hecho de que la huelga fue organizada por sindicatos minoritarios, y a pesar de los intentos concertados del Estado de desmoralizar el movimiento a través de la violencia. Sin embargo, es cierto que los "batallones pesados" de la clase obrera, con algunas excepciones notables (como los estibadores) no se sumaron, y que la clase obrera catalana sigue dividida sobre la cuestión nacional.
Las manifestaciones en Barcelona fueron masivas; de hecho, no hubo una manifestación real porque los manifestantes inundaron el centro por completo y no pudieron moverse en ninguna dirección. Hubo 525.000 manifestantes según la policía local. La cifra real está más cerca de 750.000. La importancia de estas cifras no debería escapársele a nadie. Esto viene después de días de disturbios y brutal violencia policial. Es de destacar que muchos de estos manifestantes hablaban castellano y llevaban banderas republicanas españolas. El movimiento ha adquirido un carácter democrático que trasciende claramente la cuestión nacional.
Inmediatamente después de esta marcha, la policía cargó contra manifestantes pacíficos en Via Laietana. Se levantaron barricadas y las calles circundantes se convirtieron en el lugar de batallas campales. Los jóvenes (especialmente los que tienen entre 16 y 19 años), como siempre, han estado a la vanguardia de la lucha. Decenas de miles de ellos se enfrentaron a la policía ayer. Estos jóvenes eran sólo niños cuando estalló la crisis. No han conocido nada más que desempleo, precariedad y austeridad. Recientemente han salido a las calles para protestar contra la opresión de las mujeres y contra el cambio climático. Toda su ira acumulada ahora está brotando. La policía, especialmente la policía nacional, respondió brutalmente, disparando balas de goma (ilegales en Cataluña para los Mossos), gases lacrimógenos, golpeando a manifestantes y transeúntes, arrestando a periodistas y cargando contra los manifestantes en sus camionetas a toda velocidad.
Por primera vez en Catalunya desde hace años, se utilizó un cañón de agua. 182 personas han resultado heridas. En parte, este salvajismo responde a la agenda política del Estado español, pero también refleja el miedo y la ansiedad de la policía, que está abrumada y agotada después de cinco días luchando contra la juventud en turnos de doce horas.
Los medios de comunicación oficiales han estado haciendo mucho ruido sobre agresiones a periodistas de medios españoles por parte de manifestantes independentistas, pero la realidad es otra. El observatorio de medios Mediacat registró que de los 20 casos de agresiones a periodistas denunciados ayer viernes 18 de octubre, ¡14 lo habían sido por la propia policía!, entre ellos un fotógrafo del diario El País. 1 por un manifestante de extrema derecha (en Valencia) y 5 por autores desconocidos, y que podrían ser atribuibles a manifestantes proindependentistas.
Por otro lado, tres personas ya han perdido un ojo por las balas de goma, y a otra podría ocurrirle lo mismo a la espera de una operación. Otra persona permanece ingresada en la UVI con traumatismo craneoencefálico “muy grave”. En total, hay 9 personas ingresadas en hospitales de Catalunya con carácter grave, pero sólo una de ellas es policía.
Ante el éxito de la huelga (y del movimiento de solidaridad en otras partes de España), Pedro Sánchez hacía ruidos conciliadores a primeras horas de la tarde de ayer. No esperaba tal respuesta a las sentencias contra los presos políticos. Pero se avecinan elecciones generales y los acontecimientos de anoche han subido la apuesta. Así, más tarde cambió el tono del gobierno. Grande-Marlaska, declaró: "Aplicaremos el independentismo violento el Código Penal con toda contundencia". Y esto no son palabras. Ya al mediodía, la Audiencia Nacional (otra herencia de la dictadura franquista) decretó el cierre de la página web de Tsunami Democràtic, la red social que organizó la movilización popular que terminó colapsando del Aeropuerto del Prat el lunes pasado, y que ha sido acusada ahora de organización terrorista.
De esta manera, como el delito de “sedición”, cualquier protesta popular masiva y pacífica, puede costar hasta 6 años de cárcel por terrorismo a manifestantes pacíficos.
Así pues, la represión puede intensificarse significativamente, y el Estado podría aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Catalunya, una ley represiva establecida por el gobierno de Rajoy en 2015 y que le permite al gobierno establecer un estado de excepción preventivo, y tomar el control de los Mossos d’Esquadra y otros organismos de la autonomía catalana. También podría restablecer el artículo 155 de la Constitución que anula la autonomía catalana misma, y así acallar a la derecha que lo acusa de inacción. Pero todo esto sólo tendrá el efecto de enfurecer aún más a la gente y atraerá a nuevas capas a la lucha.
Por el otro lado, los nacionalistas pequeñoburgueses al frente del gobierno catalán están profundamente divididos. Sintiendo la presión desde abajo, el President Quim Torra se comprometió a impulsar nuevamente el derecho a la autodeterminación en los próximos meses, en un discurso que tuvo lugar el jueves en el Parlament. Sus consellers han desafiado abiertamente su llamamiento a la autodeterminación y han criticado la violencia en términos mucho más agresivos que él. Hay divisiones profundas por arriba, características de una situación prerrevolucionaria.
El movimiento, y la juventud sobre todo, han demostrado una energía y determinación extraordinarias. La situación ha adquirido un tono insurreccional. Pero hay graves peligros implícitos en la situación. No hay dirección. Con el paso del tiempo, las masas se cansarán, se abrirá una división entre los jóvenes y las generaciones mayores, la reacción levantará la cabeza y se apoyará en los sectores de la sociedad catalana con una identidad nacional española para reafirmarse brutalmente.
Sería un error desgastarse en enfrentamientos interminables con la policía, que aíslan a la vanguardia juvenil del resto del movimiento y de aquellas capas de la clase reacias todavía a la lucha por la república catalana. La tarea del momento es, por supuesto, responder de manera masiva en la calle para exigir la amnistía de los presos y encausados, pero sobre todo explicar y agitar paciente e incansablemente, sobre todo entre la clase trabajadora. Hay que vincular la necesidad de una república catalana, con el fin de la precariedad laboral, de las condiciones de abandono de los barrios, con la lucha contra la explotación laboral y la represión del aparato del Estado español a los derechos democráticos, comenzando por el derecho de autodeterminación; en suma, se trata de explicar que una república catalana sería un golpe mortal al régimen monárquico del 78 y al sistema capitalista sobre el que se sustenta, lo que estimularía la lucha por la república también en el resto del Estado.
Se trata de acumular fuerzas, a la espera de la maduración de la conciencia revolucionaria de las más amplias capas de la clase obrera, que podría recibir un empuje poderoso al calor de la crisis capitalista inminente o del fracaso de las expectativas en el próximo gobierno que salga elegido el 10N, quien sólo tendrá un camino, seguir atacando las condiciones de vida de la clase trabajadora y salvaguardar los intereses de los poderosos.
La CUP, la extrema izquierda del movimiento independentista, debería aprovechar ahora la oportunidad y mostrar el camino a seguir. Pero sus dirigentes permanecen al margen, desorientados y confundidos. Deberían estar criticando al gobierno catalán y plantear que en el Estado español la autodeterminación es una tarea revolucionaria que estos políticos pequeñoburgueses no pueden llevar a cabo. Correctamente, han emitido un llamamiento pidiendo la solidaridad de los pueblos de España. También han pedido (muy tímidamente) la formación de asambleas populares, este es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente.
Existe una tremenda efervescencia que desborda a todas las organizaciones existentes y está buscando una salida. Deberían organizarse asambleas de barrio y locales de manera concienzuda, y coordinadas a través de la elección de delegados; deben armarse con un programa de clase de transformación social que debería llevarse a cada barrio y centro de trabajo; deben enviarse brigadas de agitación a los barrios obreros para tratar de ganarse a aquellos sectores que aún son escépticos u hostiles. Se deberían elegir comités de barricadas, responsables en todo momento ante las asambleas, para organizar la autodefensa y expulsar a los agentes provocadores de las manifestaciones.
El movimiento catalán es ahora como un automóvil conduciendo a toda velocidad, pero no hay conductor al volante. Se necesita desesperadamente una dirección revolucionaria para que el movimiento no sea derrotado.
