jueves, 31 de mayo de 2018

¿Por Qué los Niños?

¿Qué necesidad hay de asesinar en masa a niños?

La respuesta la podría dar cualquier mando militar israelí.

Pero ahí queda, colgando en el aire.

Les compartimos este reportaje publicado por el New York Times con el que viajamos en el tiempo a uno de los periodos más sangrientos del intervencionismo estadounidense en América Latina:


Elisabeth Malkin | Colaboración de Gene Palumbo

Una vez que los soldados se fueron, los sobrevivientes salieron arrastrándose de los barrancos y cuevas donde se habían escondido durante la matanza y se enfrentaron con un paisaje convertido en ruinas. Algunos trataron de enterrar rápidamente los cadáveres calcinados de sus madres y sus hijos. Luego huyeron.

Durante décadas, estos testigos vivieron en silencio el duelo por la masacre en el pueblo salvadoreño de El Mozote y los caseríos aledaños. Sin embargo, tras un fallo reciente de un tribunal, finalmente han comenzado a hablar públicamente, describen los lúgubres detalles de los cuatro días de diciembre de 1981 cuando unidades del Ejército salvadoreño, entrenadas y equipadas por Estados Unidos, mataron a casi mil personas en la masacre más grande de la historia latinoamericana reciente.

“Dios nos ha dejado de puro milagro para que contemos qué pasó”, dijo Dorila Márquez, de 61 años, sentada en la terraza techada de la casa reconstruida de la que huyó con su esposo y sus hijos pequeños cuando tenía 25 años. Mientras la joven familia se alejaba corriendo ese día, oía gritos y disparos a sus espaldas.

Los sobrevivientes como Márquez tenían pocas esperanzas de ver llegar la justicia algún día. No obstante, un juez provincial ha reabierto un juicio inactivo durante mucho tiempo de la masacre en El Mozote y ha ordenado a los comandantes retirados del Ejército que alguna vez sembraron el terror por El Salvador a escuchar los cargos en su contra por crímenes de guerra en la sala del tribunal de cuarenta asientos.

“¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tenían que matar a las criaturas?”, preguntó Márquez, reviviendo su ira y su pena en el momento en que finalmente vio a los generales en el tribunal.

La masacre ocurrió en medio de un conflicto en El Salvador que se convirtió en un foco particular de la guerra de Washington en contra del comunismo durante la última década de la Guerra Fría.

Tan pronto como Ronald Reagan asumió el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 1981, aumentó la ayuda militar y envió instructores de las Fuerzas Especiales a El Salvador, cuyo Ejército combatía a las guerrillas de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o FMLN.

En diciembre de ese año, el Ejército salvadoreño echó a andar una campaña para sacar a los insurgentes de las montañas al norte del departamento oriental llamado Morazán. De acuerdo con recuentos de una comisión de la verdad de las Naciones Unidas y una sentencia posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el operativo comenzó con un bombardeo aéreo y de artillería a El Mozote antes de que los soldados llegaran el 10 de diciembre y empezaran a interrogar a los lugareños sobre la guerrilla.

A la mañana siguiente, ordenaron a todos que fueran a la plaza del pueblo, separaron a los hombres de las mujeres y empujaron a los niños hacia la edificación conocida como el convento, al lado de la iglesia del pueblo.

A lo largo del día, los soldados ejecutaron metódicamente a todo el pueblo. Mataron a los niños al final: descargaron una lluvia de balas hacia el convento y luego le prendieron fuego. Una exhumación llevada a cabo más de una década después encontró los restos de por lo menos 143 víctimas en ese edificio. Su edad promedio era de 6 años.

Ese mismo día, los soldados continuaron su camino hacia La Joya, un caserío enclavado en un valle, donde arrastraron a los habitantes fuera de sus casas, les dispararon e incendiaron sus viviendas.

Después de que el gobierno y el FMLN firmaron los acuerdos de paz en 1992, una comisión de la verdad respaldada por las Naciones Unidas describió 32 casos de abuso de derechos humanos durante la guerra civil, incluyendo el de El Mozote, y señalaron a aquellos que los investigadores consideraban responsables.

Cinco días después de que la ONU emitió su informe en 1993, la asamblea nacional de El Salvador otorgó una amnistía por los crímenes de guerra cometidos durante esta. Así, la impunidad ante las atrocidades cometidas —85.000 civiles fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto— ahora estaba consagrada por la ley y parecía que los líderes militares seguirían siendo intocables.

Eso llegó a su fin hace dos años, cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló la amnistía.

Los abogados de los sobrevivientes le pidieron a un juez provincial reabrir un caso que había comenzado en 1990, y él aceptó.

Aunque el caso de El Mozote es una de las pocas excepciones en las que la evidencia se recopiló antes de la ley de amnistía, procesar un crimen que sucedió hace más de 35 años no será sencillo.

“La ley de amnistía fue perniciosa”, dijo Naomi Roht-Arriaza, profesora de Derecho del Hastings College of the Law de la Universidad de California, quien sigue las violaciones históricas a los derechos humanos en América Latina. “En este momento estamos en un punto en el que los tribunales dan inicio a estos casos en condiciones muy difíciles en términos de las evidencias”.

Sin embargo, para muchos testigos, los eventos siguen grabados en su memoria.

En el ataque a La Joya, los soldados mataron a veinticuatro familiares de Rosario López, de 70 años, incluyendo a sus padres, dos hermanas, así como diecisiete sobrinos y sobrinas.

Cuando comenzó el tiroteo, su esposo, José de los Ángeles Mejía, ahora de 72 años, subió a sus tres hijos a una montaña para que se escondieran y luego regresó por su esposa. Ambos escaparon por muy poco de los soldados.

“Yo oía la bulla, las oraciones y quedito por el monte para abajo aquí”, dijo. “La tendalada de cipotes y que solo disparaban y algunos lloraban y otros ya no lloraban”.

Mejía bajó de la montaña cinco días después y se topó con el horror silencioso de La Joya. Encontró el cadáver de una de las hermanas de su esposa, su vestido levantado y su ropa interior aventada sobre una piedra. La cubrió.

Había cuerpos de niños apilados, sus rostros irreconocibles. “Lo que dije yo: ‘Qué barbaridad esto’”, recuerda.

Otro sobreviviente, José Amparo Martínez, de 66 años, regresó a La Joya a buscar a su madre días después de haber huido con su esposa y cuatro hijos pequeños. Encontró su cadáver bajo la madera derrumbada de su casa quemada. “Cada quien hacía su medio poquito para enterrar los huesos”, dijo.

Después de estar en La Joya, los soldados fueron hacia los pueblos circundantes y mataron a 978 personas en total. Casi la mitad de las víctimas tenía menos de 12 años, de acuerdo con registros gubernamentales proporcionados a finales del año pasado a El Faro, un periódico en línea de San Salvador.

La matanza tuvo las características de un genocidio, dijo el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador, la capital. “El país tiene que ser consciente de la brutalidad y en una democracia la conciencia de la brutalidad se reconoce a través del sistema judicial”, dijo. “Es la única manera de reconocerlo”.

Conforme el juicio se ha ido desenvolviendo en la cabecera departamental de San Francisco Gotera, la evidencia entregada por los sobrevivientes ha ayudado a establecer lo que sucedió. Aun así, todavía se debe esclarecer por qué los soldados mataron a los civiles tan despiadadamente y quién les ordenó hacerlo.

Dieciocho ancianos están enfrentando cargos preliminares por asesinato, violación agravada y terrorismo, acusados de ser los arquitectos y ejecutores del asalto de tierra quemada.

“Lo interesante de este juicio es que los defensores de las víctimas por fin han llegado a la parte superior de la cadena de mando”, dijo Terry L. Karl, un politólogo de la Universidad Stanford que estudia a El Salvador. “Esperemos que el juicio brinde un mayor entendimiento sobre cuál fue la estrategia militar y por qué murieron estas familias”.

En la parte superior de la pirámide de quienes enfrentan el juicio está un general retirado, José Guillermo García Merino, de 84 años, quien desempeñó el cargo de ministro de Defensa de 1979 a 1983.

Estados Unidos le otorgó asilo en 1990, pero lo envió de regreso a El Salvador en 2015. En la sentencia del tribunal migratorio que ordenó su deportación, el juez Michael C. Horn rechazó el argumento de García de que esos abusos habían ocurrido sin su conocimiento o en contra de sus órdenes. Por el contrario, escribió el juez, las atrocidades fueron parte de las “políticas militares deliberadas” de García.

Durante décadas, el Ejército salvadoreño negó que hubiera ocurrido algo en El Mozote. Seis semanas después de la masacre, The New York Times y The Washington Post publicaron relatos de testigos, pero el general García le dijo al embajador de Estados Unidos que esos reportajes solo eran propaganda marxista, según documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos publicados por el periodista Mark Danner en su libro de 1994 sobre la masacre.

Lizandro Quintanilla, un importante abogado defensor que representa a uno de los acusados, el general retirado Walter Salazar, dijo que aún hay preguntas sobre lo ocurrido en El Mozote y que era imposible vincular los restos exhumados con los comandantes enjuiciados.

“No es una historia de la cual se pueda colegir responsabilidad alguna”, dijo Quintanilla, “y menos para mi cliente o los imputados”.

Los militares han aparecido en el tribunal una vez para escuchar los cargos en su contra. Los sobrevivientes los miraron en silencio.

“No sentí miedo, sino que sentí un coraje que yo deseaba, algo como cólera más bien dicho”, dijo López, una de las testigos presentes en el tribunal. “Que deseaba decirles algo pero como en frente del juez no se puede hablar nada”.

El juicio podría extenderse hasta 2019, de acuerdo con el juez, Jorge Guzmán Urquilla, quien dijo en una entrevista que está comprometido con un juicio justo y con descubrir la verdad para los sobrevivientes.

“No puede quedar en la historia de mi país, no pueden quedar esos huecos, no pueden quedar esos agujeros”, dijo Guzmán. “Son como como huecos, son como agujeros que tienes que ser llenados”.

Para las víctimas, el juicio podría responder finalmente preguntas esenciales, dijo María Sol Yañez, una psicóloga social de la Universidad Centroamericana.

“Los sobrevivientes dicen que no saben ni a quién darle el perdón”, dijo, y añadió algo que ha escuchado a los testigos decir: “¿Qué estábamos haciendo para que quisieran hacernos tanto daño?”.

La explicación podría yacer en los archivos militares, pero el Ejército ha dicho a la corte que no existen registros del operativo. Lo que sí podría ayudar a desvelar los secretos militares son registros guardados lejos de El Salvador.

El apoyo estadounidense significa que “los archivos de EE. UU. están a reventar de información sobre la masacre de El Mozote”, dijo Kate Doyle, una experta sobre El Salvador del Archivo Nacional de Seguridad, una organización que busca desclasificar documentos gubernamentales.

El gobierno de Clinton divulgó muchos registros, pero Doyle dijo que todavía hay más que El Salvador podría pedir a Estados Unidos que desclasifique.

Hoy en día en El Mozote, los niños andan en bicicleta por la plaza, a solo unos pasos del monumento en honor a las víctimas. Algunas están identificadas solo como “Hijo” o “Hija” junto con los nombres de sus padres. No quedó nadie que supiera sus nombres.

Unos cuantos sobrevivientes han regresado después de décadas.

Sofía Romero Pereira, de 55 años, fue violada por unos soldados unas cuantas semanas previas a la masacre y huyó del pueblo. No regresó sino hasta 2010. Sus padres y cuatro hermanos fueron asesinados y por mucho tiempo temió no poder soportar los recuerdos de su madre.

“Recordar es volver a vivir el pasado”, dijo Romero, ahora capaz de repetir su historia tantas veces como sea necesario para obtener justicia.

Encontrar justicia también es algo que ha motivado a Márquez, la mujer que escapó con su familia en 1981 y ha liderado los esfuerzos del pueblo para finalmente hacer que los responsables paguen.

Mirando hacia un jardín de bambúes y naranjos, habló de los hombres que destruyeron su pueblo. “Van a enfrentar a Dios, pero también tienen que respetar las leyes”, dijo Márquez. “¿Qué es la ley si no se respeta?”.







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Otegi | Construyendo Paz en Euskal Herria

A casi un mes de la culminación de la desmovilización de ETA y con el estado español cimbrado por la moción de censura interpuesta por el sociata monárquico Pedro Sánchez tras la reciente sentencia condenatoria por corrupción en contra de altos mandos del PP, les compartimos este texto de Arnaldo Otegi dado a conocer por Página 12:


Arnaldo Otegi | Coordinador general de EH Bildu

Mayo del 2018 ha querido ser testigo de conmemoraciones que, como Mayo del 68, cambiaron el curso de la historia. Este mayo ha sido también cuna de acontecimientos importantes para las personas que vivimos en este territorio del sur de Europa que llamamos Euskal Herria o País Vasco. Permítanme no obstante, acercarme a estos eventos en el tiempo, recordando a Jean Paul Sartre “No perdamos nada de nuestro tiempo, quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro”. Y créanme, vamos a  aprovechar este tiempo, teniendo muy presente la frase de Cortázar “un puente no se sostiene de un solo lado”.

El 17 de octubre de 2011 se celebró en el Palacio de Aiete una Conferencia Internacional para la resolución del conflicto en el País Vasco. Participaron en la misma, todos los partidos políticos de nuestro país, con la salvedad del Partido Popular, y personalidades de renombre internacional como Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland, Jonathan Powell, Bertie Ahern, Gerry Adams y Pierre Joxe. La Declaración de Aiete que allí se gestó, planteaba en sus primeros puntos la necesidad de que ETA depusiera su actividad armada y que las partes dialogaran sobre las consecuencias del conflicto.

El 20 de Octubre de 2011, sólo tres días después, ETA respondió de forma positiva declarando el cese de su actividad armada y solicitando  formalmente la apertura de un espacio de diálogo con el gobierno español para tratar de buscar soluciones a todos los asuntos relativos a las consecuencias del conflicto: situación de presos políticos, exiliados y deportados, desarme y desmovilización, desmilitarización y víctimas...

En aquella época, me encontraba encarcelado en la prisión de Logroño. El gobierno español me detuvo en 2009, acusado y condenado por haber sido una de las personas que lideró el cambio de estrategia en la izquierda independentista. Un cambio de estrategia que realizamos por razones políticas y éticas. Eramos conscientes, como lo han sido otras izquierdas revolucionarias en Colombia, Salvador o  Irlanda que las razones para el inicio de un nuevo ciclo no eran exclusivamente de índole interno, y que la escala internacional determinaba también esa necesidad.

Así las cosas, y casi siete años después, el 4 de mayo, se celebró una segunda conferencia internacional en Kanbo, en la otra orilla del Bidasoa. La víspera, ETA anunció su disolución en Ginebra, y David Harland, director ejecutivo del Centro para el Diálogo Humanitario (HD) dio fe de ello. Mediante este anuncio ETA ponía fin a la secuencia que inició con el cese el fuego (20 de octubre 2011) y posterior Desarme (8 de abril 2017) . Nosotros saludamos positivamente este paso histórico.

Al igual que en la conferencia del 2011, una importante representación de la comunidad internacional participó junto a la mayoría de actores, políticos y sindicales del país en esta segunda conferencia. Otras personalidades internacionales como Michel Camdessus y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vinieron a sumarse a la ya notable presencia internacional que había acudido a Aiete.

La Declaración de Arnaga presentada por la Comunidad Internacional, señala la existencia de avances importantes, como los diferentes pasos dados por ETA hasta su disolución. Pero conocedora de la falta de otros llamados presentes en la Declaración de Aiete, plantea tres retos que seguían y siguen sin encontrar respuesta: Solucionar la cuestión de las personas presas y de las que se encuentran huidas; esfuerzos duraderos para la reconciliación, con el reconocimiento y asistencia a todas las víctimas. Y por último dialogo político entre diferentes.

Hago mías las reflexiones expresadas en la citada declaración, queda mucho camino aún por recorrer. Pero resulta especialmente urgente buscar una solución a la cuestión de presos, exiliados y deportados. Pensamos que como sucedió en Sudáfrica o en Irlanda, las personas que estuvieron presas como consecuencia del conflicto pueden jugar un papel importante en la construcción de la paz.

Queremos igualmente reconocer a todas aquellas personas que han padecido el sufrimiento ocasionado por el conflicto existente en nuestro país. Y mostramos nuestra disposición a participar y seguir avanzando en aquellas iniciativas que contribuyan a este noble objetivo.

Hoy se abre una nueva era en nuestro país. Queremos agradecer el arduo trabajo realizado por los representantes de la comunidad internacional durante todos estos años, sin olvidar a aquellas personalidades de América latina que se adhirieron a la Declaración de Aiete en el Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco, celebrado el 17 de octubre de 2013 en la Ciudad de México así como al capítulo argentino, celebrado el 4 de diciembre del 2014 en el Senado argentino, acto en el que entre otros intervinieran Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.

Nos unimos a sus reflexiones en torno a la necesidad de construir una paz sin vencedores ni vencidos y a tejer los necesarios acuerdos políticos  entre diferentes, al objeto de construir un futuro más justo en nuestro pueblo. Nos resulta pues difícil de entender la crispación de ciertos sectores políticos y mediáticos ante la disolución de ETA y la actuación y conductas negativas del gobierno español para iniciar un diálogo político. Pero nuestra convicción y el deseo de nuestro pueblo son firmes, no cejaremos en el esfuerzo para construir la paz.

Antes del nacimiento de ETA existía un conflicto político y éste continúa manifestándose en la actualidad. Seguimos siendo un pueblo que anhela la libertad y es por ello que mantenemos firme nuestro compromiso para construir libre y democráticamente una república soberana que contribuya así a la construcción de un mundo mejor y más justo.






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miércoles, 30 de mayo de 2018

Zoido Ama a Billy

Queda claro que el tema de la utilización de la tortura en contra de presos políticos, presos sociales e inmigrantes es una práctica insitucional en lo que al régimen español respecta, al punto que quienes la llevan a cabo son condecorados por sus servicios a la corona.

¿Que nos lleva a lanzar tamaña aseveración?

Lean esto que se denuncia en las páginas de Naiz:


El ministro español de Interior subraya que los testimonios de las víctimas no están reconocidos en una sentencia. Las denuncias contra el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco se archivaron por «prescripción del delito».

Durante la sesión de control al Gobierno, que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso de Madrid, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha preguntado al ministro de Interior si «ha valorado retirar la condecoración policial al torturador González Pacheco, alias Billy el Niño».

El que fuera inspector de la Brigada Político Social recibió en 1977 la medalla de plata al Mérito Policial, un galardón que le supone un 15% más en su paga de jubilación.

Ignacio Zoido ha respondido que su Gobierno «no ha valorado la retirada de esa condecoración, porque es una condecoración que no ha concedido este Gobierno».  El ministro de Interior ha recordado que «se concedió hace más de cuarenta años, nadie ha solicitado oficialmente que se retire y no parece tampoco que haya justificación legal. Cumplamos con la ley y seamos serios».

Su alocución ha sido recibida con aplausos desde algunos escaños de la bancada del PP. Pablo Iglesias les ha afeado su actitud. «Acaban ustedes de aplaudir que se condecore a un torturador».

 «Una ignominia»

Dirigiéndose a Zoido, ha subrayado que el Gobierno «tiene competencias para retirar esa medalla, que es una ignominia para la democracia española». El líder de Podemos ha dado lectura a algunos testimonios de víctimas de Billy el Niño, algunas de las cuales estaban presentes en la tribuna de invitados. «Usted probablemente no seguirá en este Ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra de Interior que nombre el PSOE retire la medalla a ese malnacido», ha deseado Iglesias, en referencia a la moción de censura que se debate a partir de mañana.

Después de escuchas los terribles relatos de las torturas sufridas, Zoido se ha escudado en que ninguna de esas denuncias esta «reconocida en una sentencia. En una Administración hay que ser serio y hay que resolver conforme a la ley», ha remarcado antes de rememorar que «han pasado Gobiernos socialistas y tampoco se le ha retirado» la medalla.

Las querellas contra González Pacheco por torturas fueron archivadas al entender que los delitos habían prescrito.También se rechazó por ese motivo la demanda de extradición a Argentina.

«Esa gente se jugó la vida y la libertad»

Las víctimas de Billy el Niño presentes en la Cámara han agradecido con aplausos la labor de Pablo Iglesias, que no ha podido evitar las lágrimas. «Soy humano y cuando he visto a las víctimas de Billy el Niño hacer el gesto de la victoria y levantar el puño, pues claro que me he emocionado», ha explicado después en los pasillos.

Ha destacado que «esa gente son lo mejor, se jugó la vida y la libertad y sufrió torturas», y ha denunciado que nunca hayan recibido «ni justicia ni reconocimiento ni ningún tipo de compensación».

«Verles tan valientes levantando el puño en la tribuna, claro que me ha tocado el corazón. Es una vergüenza para la democracia española que un torturador execrable, como Billy el Niño, recibiera una condecoración oficial y gracias a ella esté cobrando un extra en su pensión».






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Antón y la Apología del Genocidio Sionista

¿Qué es lo que tiene el apellido Sáenz de Santamaría que hace de quienes lo portan gente sin éticca y sin criterio?

Como si no bastase con Soraya, miren lo que este individuo de nombre Antón ha generado por estar en desacuerdo con las muestras de solidaridad hacia Palestina en suelo vasco.

La información nos llega por medio de Hala Bedi:


El subdelegado del Gobierno de España en Araba, Antón Sáenz de Santamaría, ha pedido al grupo municipal de EH Bildu la retirada de la bandera palestina que tienen en sus oficinas del Ayuntamiento de Gasteiz. El subdelegado alega que es una bandera “no oficial” y que “vulnera los principios de objetividad y neutralidad“.

Todo ello viene una semana despúes de que todo el pleno gasteiztarra rechazase la actuación del ejército israelí tras haber asesinado a más de 60 personas en Gaza. En un documento de cuatro puntos, se “rechaza rotundamente la violencia de la actuación del ejército israelí contra miles de palestinos y palestinas” y “traslada sus condolencias y su solidaridad a todas las personas directa o indirectamente afectadas”.

Además, se sumaba a la llamada de “contención de la violencia por parte de Israel” y se “reafirma el acuerdo del Congreso de los Diputados de 26 de noviembre de 2014 sobre el reconocimiento del Estado Palestino”.

Sáenz de Santamaría, de HB a Unidad Alavesa

La trayectoria pública del subdelegado Sáenz de Santamaría comenzó tras la muerte de Franco: fue un miembro destacado de la Izquierda Abertzale, siendo miembro de Herri Batasuna. A principios de los años noventa giro 180 grados, impulsando Unidad Alavesa, partido con un discurso de marcado perfil antieuskaldun.

Una de las últimas veces que se le vio públicamente fue en junio de 2015, día en el que Javier Maroto fue expulsado de la alcaldía en Gasteiz. Dedicó a la ciudadanía que exigía la salida del ex edil del PP una peineta, siendo ya subdelegado.






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martes, 29 de mayo de 2018

Ortuzar Dejó en Visto a JxC

La chulería con la que se comportan los del Patronato del Neoliberalismo Vascongado con respecto al accidentado proceso de autodeterminación catalán no tiene parangón.

Y es que en el universo paralelo que ellos habitan se encuentran convencidos de su solidaridad para con un pueblo asediado al que en realidad han traicionado un día sí y el otro también.

Si no nos creen, lean esto que se reporta desde Gara:


Molestos con declaraciones jeltzales contra la estrategia de JxCat, los 34 diputados de la plataforma del president Puigdemont enviaron a mediados de enero una cordial aunque contundente misiva a la dirección del PNV. La respuesta del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, fue todavía más elocuente: dio la carta por no recibida para así no contestarla.

Beñat Zaldua

Aunque uno de los puntos del argumentario jeltzale para justificar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado ha sido insinuar una demanda catalana en tal sentido, hace tiempo que las relaciones entre el PNV y la principal fuerza soberanista catalana, Junts per Catalunya, están seriamente deterioradas. Lo dejaba entrever un peso pesado del Euzkadi Buru Batzar como Koldo Mediavilla, que el domingo aseguraba en “Deia” haber hablado «con el PDeCAT, ERC, y no con el president Puigdemont directamente». La demanda de aprobar las cuentas a Mariano Rajoy en busca de una anhelada estabilidad pudo haber llegado desde alguna formación catalana, pero no desde luego desde la plataforma de Puigdemont, que con 34 escaños se impuso inesperadamente a ERC en las elecciones del 21 de diciembre.

El distanciamiento dura ya meses, tal y como muestra la carta que, precisamente, estos 34 diputados y diputadas trasladaron al Euzkadi Buru Batzar a mediados de enero y a la cual ha tenido acceso GARA. La misiva, redactada al calor de varias declaraciones del lehendakari Iñigo Urkullu contra la estrategia seguida por JxCat –«No se puede dirigir un país vía internet», dijo a finales de diciembre–, traslada a la dirección jeltzale la «profunda sorpresa y malestar por las recurrentes declaraciones» del partido y, en especial, de Lehendakaritza, «poniendo en duda la legitimidad del Govern de la Generalitat de Catalunya, así como las decisiones y estrategias previstas para continuar siendo fieles al mandato reiterado en las urnas el pasado 21 de diciembre».

Por todo ello, los parlamentarios de JxCat piden «respeto por los derechos de nuestros diputados y diputadas, y que respeten la decisión de nuestros conciudadanos comprometidos con la libre autodeterminación de Catalunya». «Os pedimos, en definitiva, que os comprometáis con la democracia y con la aceptación de unos resultados que ordenan la restitución de nuestras instituciones, con el president Puigdemont a la cabeza», añade una carta escrita en un tono cordial pero contundente.

Respuesta inusual

Aunque para contundente, la respuesta del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, a la cual también ha tenido acceso GARA. Está fechada el 2 de febrero, dirigida a la presidenta del Grupo Parlamentario de JxCat, Elsa Artadi, y dice lo siguiente: «Querida Elsa, por las históricas relaciones de amistad que unen al PNV y a mí mismo con Catalunya y el nacionalismo catalán, prefiero dar por no recibida la carta que me remitiste y así no tener que contestaros. Cuando queráis y para lo que queráis, siempre estaremos dispuestos a encontrarnos bien en tierras catalanas o en suelo vasco».

Es decir, Ortuzar ignoró la misiva en la que los diputados de JxCat defendían que «luchar por la democracia y los derechos nacionales en Catalunya, es hacerlo también por la democracia y los derechos nacionales en Euskadi». «No hacerlo nos aleja de este horizonte de libertad nacional por el que fueron creadas nuestras respectivas formaciones políticas», sigue una carta de la que no hay constancia de que llegase a todo el EBB. Aunque los destinatarios eran todos los miembros de la dirección del partido, este diario ha podido comprobar que no todos sus miembros tuvieron noticia de su existencia.

Sorpresa en JxCat

Fuentes de JxCat consultadas por GARA confirman tanto el envío de la carta al Euzkadi Buru Batzar como la respuesta de su presidente, que aseguran supuso «una gran sorpresa». «Nos sorprendió mucho, no pensábamos que fuera tan agresiva la carta que enviamos», aseguran desde la formación de Puigdemont, que recuerdan lo mal que sentaron algunas declaraciones públicas de Urkullu en contra de la estrategia seguida por el president, entonces exiliado en Bruselas. «Simplemente les pedíamos que dejasen de hacer valoraciones públicas sobre nosotros, más que nada porque nosotros no las hacemos sobre ellos», explican meses después de aquel desencuentro.

Las relaciones entre ambas formaciones no parecen haber ido a mejor en los últimos meses, menos aún desde la decisión del PNV de apoyar los Presupuestos pese a seguir en vigor el 155. Frente al llamativo silencio de ERC y PDeCAT ante el incumplimiento jeltzale –dijeron que no aprobarían las cuentas con la autonomía catalana suspendida–, fueron voces de JxCat y CUP las que arremetieron contra los cinco votos que permitirán a Mariano Rajoy aprobar sus cuentas en el Congreso de los Diputados. Los argumentos de la crítica constaban ya en aquella carta de enero: «Estamos convencidos de que ninguna democracia entendería que en una situación de represión política se pueda ayudar directa o indirectamente a aquellos que han hecho de la violencia, la represión y la negación del diálogo, su bandera, poniendo la unidad de España por encima de los derechos democráticos».






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La Lucrativa Industria del Victimismo

Madrid conoce muy bien las reglas con las que supuestamente juega eso a lo que llaman la "comunidad internacional".

Los jerifaltes del franquismo borbónico saben que para mantener la patina democrática negociada con Eisenhower en los 50 del siglo pasado es necesario guardar ciertas formas. Así, para obstaculizar el proceso de paz y la salida negociada a la demanda de autodeterminación del pueblo vasco, recurren a sus "asociaciones de víctimas", a sus "descontrolados", a sus "nostálgicos". De esa manera, la timorata y desdentada "comunidad internacional" puede dormir tranquila pues no es el régimen sino ciudadanos "inconformes" quienes impiden los procesos de paz y reconciliación. De lo expuesto en las líneas anteriores emana el que ahora se critique tanto los ongi etorris a los expresos.

Pues bien, en ese tenor, siendo que Euskal Herria no ha sido el único espacio geográfico en el que han surgido y se han desarrollado organizaciones antifascistas, les compartimos este texto dado a conocer por Gara:

Barbara Balzerani | Escritora, exmiembro de las Brigadas Rojas


«¿Quién me acoge fuera de Italia durante las conmemoraciones del 40º aniversario?». Esta frase mía ha desencadenado una singular polémica la víspera de las celebraciones por el cuadragésimo aniversario del secuestro de Aldo Moro a manos de las Brigadas Rojas de las que yo formaba parte. La escribí en mi página personal de una red social (¡!) y las reacciones de indignación inmediata por ofensa grave a los familiares de las víctimas explican el porqué de la frase y por qué escribo acerca de ella en un periódico que no es italiano. No sirvieron para nada mis aclaraciones sobre el sentido de esas palabras, presupuse ingenuamente que las habían malinterpretado. A la objeción: «¿No piensa que la frase pueda herir a los hijos o los nietos de las víctimas de los años de plomo?», contesté: «¿Por qué tendría que ser así? ¿No cree que sea legítimo por mi parte no tener que contemplar el relato que harán la televisión, los comentaristas políticos, los conspiranoicos y los integrantes de comisiones parlamentarias? Es decir, todos aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación y que no han elaborado otra cosa que verdades de conveniencia, mistificaciones y auténticas mentiras sobre los acontecimientos, los comportamientos y las responsabilidades de cada uno. ¿Dónde ve una ofensa en lo que escribí? ¿No cree que sería conveniente, incluso para las personas que usted considera que yo ofendí, que la reconstrucción de un acontecimiento semejante no se deje en manos de personajes a los que no les importa nada el rigor de una reconstrucción histórica?».

Estas consideraciones también las comparten periodistas, estudiosos, investigadores, historiadores y otros tantos interesados en que quede para la historia la complejidad de aquellos hechos que se prolongaron durante más de un decenio, sustrayendo esa complejidad a la versión impuesta de la existencia de tramas ocultas orquestadas por un gran titiritero que movía los hilos. Me refiero a 269 grupos armados, 36.000 procesados por banda armada de los cuales 6.000 fueron condenados a larguísimas penas. Cifras que no encajan con «la locura homicida» de cuatro psicópatas. Por otra parte, ¿no es describir un momento histórico de áspero y prolongado conflicto como si se hubiese tratado de una operación de los servicios secretos y no como la explosión de contraposiciones sociales, lo que más responsabilidad puede quitar a las clases dirigentes? No sirve para nada que, después de cuarenta años, no se haya proporcionado ni una sola prueba de la existencia de esa dirección oculta, mientras que el trabajo de investigación en sentido contrario, basado sobre fuentes documentadas, se relega a ámbitos de pensamiento que no tienen ninguna influencia. Ignorando a los investigadores que no están conformes con la versión oficial conspiranoica, la atención se focaliza mágicamente en esa frase mía que ha inaugurado las «jornadas de la indignación», por su pretendido contenido ofensivo hacia las víctimas. Y ahí está la fibra sensible del escándalo que ha prevalecido durante días en los medios de comunicación nacionales. Medios que, oficialmente, han eludido el significado de la frase criminalizada y se han limitado a una cadena de insultos dirigidos hacia mi persona. Medios que se han hecho portavoces de víctimas que han reclamado el silencio de asesinos como yo, mientras a escondidas competían por tener a alguno de nosotros en sus retransmisiones y portadas. Medios que, indiferentes a su deber de informar, se han embarcado en una competición de superficialidad y pretendida ignorancia, hasta el punto de atribuir a las Brigadas Rojas homicidios de compañeros y jueces realizados por formaciones neofascistas, hechos bien conocidos por cualquier persona medianamente informada. Y que no han parado de gritar contra la presencia en televisión de quienes en realidad nunca han aparecido en ella y contra las entrevistas de quienes nunca las han realizado. Hasta llegar al punto de grabar, con una cámara oculta, un comentario mío sobre este tema durante una de las presentaciones de mi último libro, en la que afirmé que lo de las víctimas se está convirtiendo en un oficio censurador que pretende tener tanto el monopolio de la palabra como el de la reconstrucción histórica. Una disculpa más para los profesionales de la indignación, que ya había sido desencadenada nada más efectuarse el anuncio del evento, a pesar de que los argumentos tratados en el libro no tengan nada que ver con las Brigadas Rojas. La polémica estaba ya preparada, hasta tal punto que se organizó el robo de imágenes por el solo hecho de haber sido invitada a presentar un libro justo el 16 de marzo, día del aniversario del secuestro de Aldo Moro.

Un programa que se caracteriza por un probado sensacionalismo emitió dicha grabación y, como consecuencia, la Fiscalía me abrió un expediente, una querella por difamación, y el Ayuntamiento tomó la decisión de desahuciar el centro social donde se había realizado la presentación del libro. Por lo tanto, se trata de no tener derecho a la palabra a causa de una culpa inextinguible. Y los que deciden quiénes son moralmente titulares de ese derecho son los familiares de las víctimas, que reclaman su monopolio. Parece que la exteriorización de cualquier otro punto de vista sea un insulto a quien sufrió algún tipo de luto. Parece que el testimonio del dolor causado por la pérdida de un ser querido pueda ser la aportación esencial para la reconstrucción histórica. Parece que la memoria individual pueda sustituir la investigación historiográfica y parece que se haya establecido un tiempo del acontecer suspendido y privado de un contexto en el que hacer vivir la contraposición metahistórica entre víctimas y verdugos. Y todo esto es así porque el hecho de haber cumplido una condena no restituye la ciudadanía; ciudadanía que solo se recupera a través del arrepentimiento y el perdón. Porque no es el testimonio de quien ha actuado lo que puede contribuir a la comprensión de los acontecimientos, sino las razones de quien ha sufrido un daño. Razones que no se les reconocen a todas las víctimas, como tampoco se reconoce la atribución de inocencia. Mirándolo bien, la diferencia está entre quienes tienen el poder de decidir lo que hay que recordar y los que no lo tienen. No es una casualidad que el Día de la Memoria dedicado a las víctimas del terrorismo en Italia se haya fijado el 9 de mayo, día de la muerte de Aldo Moro y no el 12 de diciembre, aniversario de la masacre de Piazza Fontana, cuyos supervivientes y familiares no solo no han obtenido la verdad judicial, sino que incluso han debido pagarse los gastos del juicio. Por no hablar de la definición de «indisposición activa» que, según la sentencia, habría matado a Pino Pinelli, uno de los anarquistas arrestados y «caído» desde una ventana del tercer piso de la Comisaría de Milán. Una línea divisoria que impide cualquier intento de «memoria compartida»; que exaltando la inocencia absoluta de una de las partes y el mal absoluto de la otra, ejerce un poder de censura sobre la libertad de pensamiento y palabra.

Para finalizar, una pregunta: ¿después de tanto polémico clamor, a cuarenta años de los hechos y tras la marginación del monstruo de turno, poseemos algún instrumento más para comprender aquel fragmento de historia italiana?






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Tasio | Respondiendo a Anasagasti

Les compartimos la respuesta en su cuenta de Facebook que nuestro buen amigo Tasio ha recetado al impresentable injerencista vascongado y colaboracionista del franquismo borbónico que responde al nombre de Iñaki Anasagasti por sus comentarios tras darse a conocer la viñeta de Tasio en la que este celebra el triunfo electoral de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones:


Anasagasti, un gracioso, con gracia y muchos valores

Y sigue Anasagasti con su raca-raca, mezclando en su coctelera todos los demonios que le siguen atormentando. A saber… Gara… Granma… Maduro… Venezuela… Iñaki Soto… Izquierda Abertzale… ETA… y el que esto escribe. Tiene gracia.

Y es que en cuanto le nombras a Maduro, el flamante exsenador comienza a echar espuma por la boca sin poder controlarse. Doctor Jekyll y míster Hyde. Doctor Ana y míster Sagasti cuando bebe la pócima Tasio. Tiene gracia.

No puede soportar que Maduro haya ganado las elecciones, pero la realidad es terca. Ha ganado, aunque Iñaki pretenda que no haya sido así y diga lo contrario. Y por un porcentaje de votos que otros presidentes de otros países envidiarían. Tiene gracia.

Y sigue empeñado en hablar de 130 muertos a causa de las revueltas en Venezuela (sus amigos de la kale borroka), sin distinguir quién los puso y quién los provocó. Tiene gracia.

Despotrica del gobierno corrupto venezolano, y en Madrid su honrado partido apoya al gobierno más corrupto que se haya conocido nunca por estos lares. Irónico Iñaki. Tiene gracia.

Claro que en Venezuela hay una crisis económica sin precedentes. Pero estoy seguro que ninguno de sus amiguetes de allá, con los que se junta a cenar, la está sufriendo y a buen seguro tienen buena parte de culpa en ella. Tiene gracia.

Iñaki duda mucho de que mis valores sean democráticos. Joder. Y lo dice él, que ha querido dejar sin trabajo al corresponsal de etb en América Latina por no decir lo que él quería oír sobre Venezuela, claro. Tiene gracia.

Y le molesta la peineta de mi dibujo. Quizás para él, verla explícitamente sea demasiado fuerte, pero podría empezar a mirar en su partido, cuando sus dirigentes, día sí y día también, regalan peinetas a destajo a catalanes, a jubilados, a la sanidad y sus usuarios, a la educación y a los bolsillos de los contribuyentes con obras megalómanas que saben que nos hipotecan. Y habla de la doble moral de la izquierda abertzale. Tiene gracia.

En fin… no me quiero extender pues esto ya me aburre. Es posible que mis viñetas no tengan la menor gracia, pero cuando veo cómo se mosquea por ellas, tengo la sensación de que he dado en la diana. Y eso me hace muchísima gracia, y sé que no solamente a mí.

Anda, Iñaki, majo, déjame tranquilo.






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lunes, 28 de mayo de 2018

Ibilaldia 2018

Les presentamos la crónica publicada por Deia acerca de la edición 2018 de Ibilaldia:


Las decenas de miles de euskaltzales de todo Euskal Herria que se acercaron ayer hasta el Ibilaldia celebrado en Santurtzi lograron que el euskera recorriese las venas de Ezkerraldea

Miguel A. Pardo

Los latidos son una auténtica prueba de vida y, por lo visto ayer a lo largo y ancho de las calles de Santurtzi, el euskara está muy vivo. De Mirabueno a Mamariga, pasando por el paseo Reina Victoria y el puerto pesquero, Ibilaldia llenó de color, actividad y fiesta la localidad marinera en una jornada en la que decenas de miles de personas volvieron a mostrar la importancia del euskara en la sociedad. La lluvia no quiso hacer acto de presencia en las horas centrales de la jornada y eso, sin duda, ayudó a que miles de personas llegasen desde diversos puntos de Bizkaia para disfrutar de una cita que ayer vivió su 40 edición y que se convirtió en un latido multitudinario en favor del euskera.

El pistoletazo de salida de la fiesta tuvo lugar en las instalaciones de Bihotz Gaztea Ikastola en Mirabueno. Hasta ese pequeño edificio del que brota un proyecto tan grande se desplazaron el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria;la consejera de Educación, Cristina Uriarte;la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa y Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi, entre otras autoridades. Bihotz Gaztea es fruto del trabajo común de dos generaciones de familias santurtziarras. Precisamente al trabajo en común apeló la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en su discurso de inicio de Ibilaldia para alumbrar un nuevo sistema educativo que responda a las necesidades de una sociedad que, cada vez, evoluciona más rápido y es más exigente. “Nuestro objetivo es mejorar día a día, constantemente la educación. Ese es nuestro reto, la mejora de todo el sistema educativo”, apuntó la consejera. Una mejora constante en materia de euskera es lo que también se busca en Ezkerraldea en general y en Santurtzi en particular. En esa meta, la celebración de Ibilaldia por segunda vez en la localidad marinera puede ser un paso importante. “Sin duda, el de hoy -por ayer- es un día muy especial e importante. Entre todos tenemos que trabajar, poner de nuestra parte para hacer de Ezkerraldea y Santurtzi un lugar en el que el euskera tenga, cada vez, un mayor protagonismo. En ese sentido, Bihotz Gaztea lleva medio siglo haciendo una labor encomiable y, nosotros, como Ayuntamiento, también estamos trabajando para que eso ocurra, pero somos conscientes de que es una labor de toda la sociedad”, indicó Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

El ambiente comenzó tímido, pero según evolucionó la mañana, la fiesta fue tomando temperatura. Las calles de Santurtzi fueron cogiendo color y actividad y el euskera fue resonando cada vez con más fuerza. Familias, cuadrillas, niños y mayores de Santurtzi y de otros muchos puntos de la geografía vizcaina hicieron que la diversidad fuera la nota dominante de la jornada. Gente muy heterogénea, pero con un objetivo común, dar un impulso al euskera y disfrutar de una fiesta que superó, sobre el terreno, las expectativas de la gran familia de Bihotz Gaztea. “El día está siendo intenso y, sobre todo, muy bonito. Ver a tanta gente venir a nuestro pueblo para disfrutar y apoyar el euskera es muy emocionante. Estamos viendo en cada uno de los cuatro gunes muchas familias, adolescentes, niños, mayores... Todo el esfuerzo que hemos invertido en la organización de Ibilaldia está teniendo su recompensa”, apuntó Estibaliz Lasala, lehendakari de Bihotz Gaztea Ikastola.

Esta es la segunda ocasión en la que la ikastola santurtziarra organiza Ibilaldia. Y tal y como sucedió hace 23 años esperan que suponga un nuevo impulso para este proyecto educativo que ha crecido tanto que sus actuales instalaciones se han quedado pequeñas. “El que hemos dado con la organización de este Ibilaldia es un gran paso para nuestro proyecto educativo, pero también hay que destacar que es la continuación de otros muchos como el que dimos hace 23 años en el anterior Ibilaldia que organizamos”, indicó Lasala. En esta línea la lehendakari de Bihotz Gaztea deseó que este proyecto colectivo siga fiel al camino emprendido. “Queremos que las bases del futuro de nuestra ikastola sean la participación en las familias y seguir fortaleciendo los lazos con nuestro municipio”, dijo Lasala.

Muestra santurtziarra

Lo cierto es que durante este medio siglo de vida, Bihotz Gaztea se ha abierto un hueco muy importante en la sociedad de Santurtzi. Así se vio pudo comprobar en Ibilaldia, evento que contó con la colaboración de muchos colectivos del municipio que ambientaron las calles con sus danzas, actuaciones o arrimando el hombro como voluntarios para que la fiesta fuese todo un éxito. Todos ellos, junto a decenas de miles de euskaltzales, hicieron que el euskera corriese como un torrente por las venas de Ezkerraldea.






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De los GAL a DAESH

Por lo general los medios de comunicación al servicio del sistema insisten en agrupar a los grupos antifascistas como ETA, FARC, ERI, EZLN junto con los grupos yihadistas como Al Qaeda, DAESH, Boko Haram... aplicando a todos la etiqueta de terroristas. Claro, se cuidan mucho de realizar este mismo ejercicio al referirse a la CIA, el Mossad, el M16 o la Guardia Civil.

Pues bien, tanto esfuerzo por confundir a la gente ha resultado en vano pues más allá de las más que probadas conexiones entre DAESH y la CIA, ahora resulta que un españolazo termina estableciendo el vínculo entre el terrorismo de estado español y los matarifes que Washington, Riad y Tel Aviv han desplegado en Siria e Irak.

Lean lo que nos reportan desde Naiz:


La Fiscalía pide 10 años de prisión por los delitos de «adoctrinamiento terrorista y exaltación o justificación» del mismo para Daniel Fernández Aceña, un exmercenario de los GAL condenado por el asesinato de Jean Pierre Leiba en Hendaia en 1984. Será juzgado a partir de hoy en la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional juzga desde hoy al exmiembro de los GAL, para quien piden 10 años de prisión por sus vínculos con el ISIS y «adoctrinamiento terrorista y exaltación o justificación» del mismo. Fernández Aceña, natural de Irun, fue detenido en diciembre de 2016 y había viajado a Afganistán, Siria y Palestina, «donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión».

Los investigadores informaron que llevó a cabo «un proceso de radicalización» en verano de 2016 y según el escrito de la Fiscalía, el acusado constató en la Unidad Siquiátrica del CSS 'La Fuencisla', donde manifestó su intención de inmolarse en un autobús cuando le proporcionaran explosivos. En esta misma Unidad también intentó captar a una mujer, señala el fiscal.

El representante del Ministerio Público destaca una de las conversaciones intervenidas con una trabajadora en la sociedad Amanecer Salud Mental de Segovia, a la que también intentó captar y le prometió hacer «un regalo especial» si se convertía al islam. Fernández Aceña le llegó a decir que todas las mujeres son «infieles, críticas por la existencia de música de fondo en la Asociación y pecadoras».

Por todo ello, el fiscal pide ocho años de prisión y una multa de 3.000 euros por el delito de «adoctrinamiento terrorista» y otros dos años de prisión, más la cantidad de 2.250 euros por el delito «exaltación del terrorismo o justificación».

Exmercenario de los GAL

Daniel Fernández Aceña fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de Jean Pierre Leiba, que trabajaba en la misma empresa en la que estaba empleado Juan Carlos García Goena, fallecido en 1987 tras activarse una bomba en el coche que conducía en el que fue el último atentado de los GAL. Cumplió 18 años en la cárcel.

En 1999, Fernández Aceña admitió ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que había espiado a ciudadanos vascos y que sospechaba que esos datos pasaban después al servicio de información del Cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, en la época en la que era dirigido por Enrique Rodríguez Galindo.

Fernández Aceña también declaró en 1988 en el sumario por la muerte de Santi Brouard que instruía Baltasar Garzón y años más tarde, en junio de 2003, testificó en el juicio que se celebró en Bilbo, en una declaración llena de contradicciones y errores de bulto. A preguntas del fiscal, el mercenario afirmó que la muerte del dirigente abertzale se planificó en un hotel de Bilbo en una reunión en la que estuvieron Julián Sancristóbal, José Amedo, Rafael Masa, el mercenario Mohamed Talbi y Miguel Planchuelo. Sin embargo, a preguntas de la defensa de Amedo solo mencionó al expolicía, a Sancristóbal y a otra persona fallecida que no estaba implicada en el sumario. La presidenta del tribunal tuvo que recordarle su obligación de «declarar la verdad».






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¿Aparecerá el Capo dei Capi Pepero?

Finalmente el alto grado de corrupción de los mandos altos y medios del Partido Popular ha impedido que los madamases del régimen pudieran evitar el escándalo que ha significado la sentencia del Casdo Gürtel.

Pero la gente se pregunta en apartados rincones, en las el anonimato de las plazas, en lo discreto de los arbolados parques: ¿dónde esta il capo di tutti capi?

¿Dónde está la araña que tejió esta red de complicidades?

¿Por que no da la cara el puppet master?

Les compartimos esto publicado por El Plural:


Pese a la detención del que fuera su ministro de Trabajo, el expresidente de España guarda silencio mientras la corrupción arrasa con el PP

Tras la detención de Eduardo Zaplana el martes pasado, acusado de blanqueo, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos, varias personalidades ligadas al PP se pronunciaron sobre el que fuera exministro de Trabajo en la época de José María Aznar.

Sin embargo, se echó (y se sigue echando) en falta una explicación del propio Aznar. El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004 ha permanecido en silencio desde la detención de Zaplana. Ningún comunicado ni nada, siguiendo a rajatabla la célebre frase del filósofo alemán Ludwig Wittgenstein: “De lo que no podemos hablar debemos guardar silencio”.

12 de sus 14 ministros salpicados por la corrupción

Y es que, el cerco contra la corrupción cada vez se estrecha más sobre la figura del expresidente popular. Con el encarcelamiento de Zaplana, son ya 12 –de 14- los ministros del Gobierno de Aznar salpicados por la corrupción. Casi nada. Unos están en prisión como Zaplana, otros condenados como Rodrigo Rato, y otros investigados como el actual presidente de España, Mariano Rajoy.

Muy atrás queda ya la época en la que Aznar acusaba al Ejecutivo de Felipe González de corrupto, al mismo tiempo que exigía “tolerancia cero” contra la corrupción. Ver para creer. Claro que una vez que llegó a la Moncloa, viendo la que se le vendría encima años más tarde, se dedicó a cuestionar el papel de la Fiscalía Anticorrupción al no considerarla necesaria.

Una crítica que sigue manteniendo, como se pudo observar hace cuatro años en el Foro del Grupo de Líderes Empresariales (LIDE) de Brasil, donde Aznar manifestó que el exceso de normas anticorrupción van en contra del ejercicio de la política.

Rajoy, molesto con Aznar

No obstante, pese a que la mayoría de tramas políticas del PP se produjeron durante su legislatura, ha sido Rajoy el que ha tenido que hacerlas frente durante sus años de gobierno. Como quien intenta ponerle puertas al campo, el actual presidente ha intentado distanciarse de la corrupción con los famosos “casos aislados”, pero sus acciones han estado muy lejos de sus palabras. Ahora, con una moción de censura del PSOE a la vuelta de la esquina, y con la corrupción a la orden del día, la dirección de Rajoy empieza a estar muy mosqueada con su antecesor. Mientras tanto, Aznar y su Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), desaparecido de los medios, como si el tema no fuera con él.






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domingo, 27 de mayo de 2018

La Voz de los Pensionistas en las Calles

El PNV, midiendo el devenir de Euskal Herria en general y de la CAV en particular en base a parámetros dictados desde La Zarzuela, utilizó como pretexto para apuntalar los Presupuestos del 155 el que estos consideraban las demandas de los pensionistas.

A juzgar por lo sucedido ayer en calles y plazas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pareciera ser que los pensionistas y la sociedad en general no están muy en sintonía con Lakua.

Lean lo que se reporta desde Deia:


En Bilbao ha tenido lugar la marcha más multitudinaria, con varias decenas de miles de asistentes

Miles de pensionistas han vuelto a manifestarse hoy en las tres capitales de la CAV para exigir el mantenimiento del sistema público de pensiones, la eliminación del factor de sostenibilidad y que se deje de apoyar a los fondos privados de pensiones, convocados por las plataformas de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

En Bilbao, donde ha tenido lugar la marcha más multitudinaria, con varias decenas de miles de asistentes según los convocantes, la manifestación ha tenido lugar por la tarde y ha recorrido la Gran Vía en un ambiente festivo coreando los lemas habituales ya en estas movilizaciones, como "pensionistas, aurrera", "manos arriba, esto es un atraco" y pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En Gasteiz, por la mañana alrededor de 4.000 personas, según datos facilitados a Efe por la Policía Local, han reclamado una pensión mínima de 1.080 euros, han proferido consignas principalmente contra el PP y el PNV por su acuerdo presupuestario y portado pancartas en las que se leía, entre otras cosas, "Abuela, muérete porque lo dice el PP", "Rajoy mentiroso", "Sus corrupciones nos roban las pensiones".

En Donostia, la protesta también ha sido vespertina y en la misma han participado miles de personas, 30.000 según los organizadores, que han exhibido pancartas de diversas agrupaciones de jubilados y pensionistas y carteles individuales y se han coreado consignas como "Fraude fiscal, robo social" o "Esta batalla la vamos a ganar".

A la manifestación de Bilbao han acudido líderes sindicales de CCOO y UGT, como Loli García y Raul Arza, respectivamente;la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia y la portavoz de EH Bildu en el parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, entre otros, mientras que en San Sebastián ha estado la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu.

Aunque en las tres marchas el grupo más numeroso ha sido el de jubilados y viudas, algunos de muy avanzada edad y ayudados por sus allegados, se ha registrado también la presencia de personas de mediana edad y ya próximas a la jubilación, así como de familias jóvenes que han acudido con sus hijos pequeños.

Las manifestaciones se han celebrado después de que el pasado miércoles el Congreso aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluyen, como consecuencia de un pacto entre el PP y el PNV, la subida de todas las pensiones del 1,6 % para este año y una revalorización en 2019 según el IPC, además del retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

Este acuerdo ha sido criticado, por "absolutamente insuficiente" en el comunicado leído al final de la marcha de Bilbao en el que el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, convocante de la movilización, ha destacado que "quienes pretendían confundir y desactivar nuestro movimiento se han equivocado".

"Aquí estamos, unidos y dispuestos a seguir en la lucha. hasta conseguir que nuestras demandas sean atendidas", han proclamado.

Los convocantes señalan en su declaración que el acuerdo PNV-PP sobre pensiones "solo garantiza la subida del IPC para los años 2018 y 2019, con el riesgo de que a partir de ese año nos sigan aplicando la mísera subida del 0,25".

"El coeficiente regulador de las pensiones de viudedad no resuelve el grave problema de las mujeres con esa condición y la derogación del Factor de Sostenibilidad tan sólo es aplazada por cuatro años, dejándolo pendiente en adelante como una espada de Damocles sobre las nuevas pensiones", agregan.

Por ello, piden a los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruñea, donde también se han manifestado hoy los pensionistas, que "asuman sus responsabilidades y tomen medidas para acabar con esta situación. Nuestras reivindicaciones son justas y razonables y sólo la falta de voluntad política por parte de quienes nos gobiernan, impide que sean atendidas", concluyen.






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sábado, 26 de mayo de 2018

Renace el Antimilitarismo Vasco

Recordemos que el PNV no solo trabaja para los ocupantes de La Zarzuela y de La Moncloa, sino también para la élite oligarca vasca. Tener eso en mente nos hará entender el por qué están tan dispuestos a defender el esquema presupuestal de la banda delictiva PP-Gürtel.

Pues bien, en este artículo de Público nuestro amigo Danilo Albin nos describe como el movimiento feminista de Euskal Herria ha hecho renacer con todo derecho el legendario antimilitarismo vasco.

Lean ustedes:


Las manifestantes han llegado hasta las puertas de SENER, una empresa que trabaja en el ámbito de la fabricación de misiles. Se calcula que cerca de 100 compañías afincadas en Euskadi participan en el negocio de la guerra.

Danilo Albin

Primero eran unas pocas. Luego se animaron otras. Un día eran tantas que hasta se vieron con fuerzas para rodear una base militar. Ellas no llevaban armas, sino gargantas para gritar contra los que hacen la muerte y se enriquecen a su costa. Así nació Greenham Common, el campamento feminista que se instaló fuera de una base de la Royal Force británica en 1982. Este sábado, su lucha volvió a ser reivindicada por el movimiento feminista vasco frente a SENER, una empresa de esta tierra que gana dinero con las guerras lejanas.

La cita era a las 12.00 junto al Puente Colgante en Getxo, a unos 1.800 metros de esa compañía. No era difícil saber quiénes se dirigían hacia allí: tal como aparecía en la convocatoria, la mayoría de las participantes vestía ropa negra. La iniciativa servía para poner fin a una serie de actos celebrados esta semana por el Movimiento Feminista de Euskal Herria en el marco del Día Internacional de las Mujeres Contra la Guerra que se conmemoró el jueves 24.

“Vamos a ir a SENER porque no podemos ir a todas a la vez”, afirmaba a Público Irati González Larena, una de las organizadoras. En efecto, entidades que trabajan en el ámbito antimilitarista señalan que en Euskadi existen cerca de 100 empresas que participan, de una manera u otra, en el negocio de la guerra. Según el Centro Delàs de Estudios por la Paz, en el País Vasco se produce el 16% del volumen de fabricación para defensa del conjunto del Estado español.

La gigantesca SENER ocupa un lugar preponderante en esa lista. La compañía fundada por el millonario del Opus Dei Enrique Sendagorta —premiado en 2014 por el Rey Juan Carlos I con el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial— está considerada como una de las “referencias” nacionales “en sistemas de misiles y está especializada en aplicaciones de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento)”, subraya un informe elaborado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz y la Ong SETEM.

Colectivos antimilitaristas vascos también han denunciado que esta compañía mantuvo “compromisos de colaboración con la empresa israelí de armamento ‘Israel Aircraft Industries LTD’ para el diseño de ‘nuevos materiales aeronáuticos’ por valor de 5 millones de euros a través del programa VULCAN”. También habrían dado su aporte a la empresa militar Rafael, “para la cual ha diseñado los sensores que van en los aviones militares israelís, los cuales sirven para localizar y focalizar el objetivo a bombardear”.

Asimismo, los directivos de SENER formaron parte de la comitiva que acompañó al Rey Felipe VI en la polémica visita oficial que realizó el año pasado a Arabia Saudí, cuyas tropas mantienen a la población de la vecina Yemen bajo bombardeos indiscriminados. “Si una empresa con sede en Getxo está yendo a hacer negocios con un régimen de ese tipo, hay que señalarlo”, apuntó a Público Aitziber Lasa, otra militante feminista que este sábado participó en la movilización de este sábado.

Las manifestantes tardaron unos diez minutos en llegar hasta las puertas de SENER. Las mujeres que portaban la pancarta, en la que podía leerse "Las feministas nos plantamos ante la guerra", detuvieron allí su marcha. Entonces arreciaron los cánticos contra la industria militar, mientras otras colocaban un cartel en las rejas de la compañía con un mensaje que también se había escuchado a lo largo de la manifestación: “La guerra empieza aquí”.
“Heteropatriarcales y racistas”

En un manifiesto, el Movimiento Feminista de Euskal Herria denunció también que “las guerras son colonialistas, heteropatriarcales, imperialistas, racistas, clasistas y capitalistas”. Todo eso, apuntaron, “choca de lleno con las necesidades y reivindicaciones más básicas del feminismo”, dado que no quieren “un modelo social en el que las mujeres, sus cuerpos o sus territorios sean oprimidos bajo ninguna excusa”.

En tal sentido, señalaron que SENER y otras empresas relevantes con sede en Euskadi, entre las que ubicaron a ITP y SAPA, “colaboran con su tecnología en la fabricación de armamento causante de la muerte de centenares de miles de personas”. Al hilo de ello, denunciaron “el papel de las instituciones, gobiernos y banca en el mantenimiento de los conflictos y la militarización” y lanzaron un reclamo muy claro: “que dejen de amenazar nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras vidas”.






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La Gürtel-PP Contra la ETA

A como vemos la cosa, a la larga lista de organizaciones delictivas desplegadas y financiadas por La Zarzuela -BVE, GAL, AAA, Covite, AVT, etc- en Euskal Herria con la intención de contaminar e intoxicar el día a día del pueblo vasco, ahora hay que agrergar a la banda delictiva conocida como la Gürtel-PP, con su líder al estilo Sr. X... un tal M. Rajoy.

Lean ustedes lo que se nos reporta desde El Diario:


Informes de la Intervención General y de la Policía, así como la confesión de un empresario ponen Euskadi en el mapa de la corrupción del PP

Iker Rioja Andueza

La  sentencia del 'caso Gürtel' ha convulsionado la vida política española al dar por probada la contabilidad B del PP y la existencia de una red de cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos. Esta trama de corrupción salpica colateralmente al País Vasco en tres aspectos: la caja B se nutrió también de donativos de una cuenta especial para atender gastos extraordinarios por la amenaza de ETA -asunto citado de refilón en la sentencia-, parte de ese dinero y otras 'aportaciones' de empresas como Bruesa sirvieron para financiar la sede de la Gran Vía de Bilbao y en el vertedero de Vitoria hay constancia de una contratación calcada a la descrita por la Audiencia Nacional en relación a la contrata de limpieza del municipio madrileño de Majadahonda.

1 . Los donativos para luchar contra ETA

En 1998, el PP abrió en una oficina del extinto banco Argentaria (ahora la 'A' del BBVA) una cuenta específica para recoger donativos anónimos con los que atender gastos de seguridad derivados de la amenaza terrorista de ETA. Sólo unos meses atrás Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. El entonces coordinador general de Génova, Ángel Acebes, garantizó que el dinero se destinaría a apoyar a los cuadros 'populares' escoltados. "Cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto", proclamó quien más adelante sería ministro de Interior. Esa bolsa estuvo activa hasta 2005.

Según un informe de la Intervención General del Estado para los investigadores judiciales, la existencia de esa cuenta coincidió con los pagos de las amortizaciones del crédito para la nueva sede central del PP vasco, ubicada en la Gran Vía de Bilbao y sobre la que pesaba una hipoteca de más de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). La investigación constató asimismo que existió un saldo favorable en esa cuenta, es decir, que no todo el dinero ingresado se gastó en la sede, sin que se pueda precisar con más detalle su destino final.
2. Las 'aportaciones' de Bruesa

Toda esta investigación parte de una carpeta de color verde llamada "Vizcaya" que el propio Luis Bárcenas, extesorero del PP, tenía en su poder.   "Para llevar a cabo un control de la operación financiación de la compra y acondicionamiento de la sede del PP en Bizkaia, Luis Bárcenas creó una cuenta específica denominada 'Sede Vizcaya' con las mismas características que el resto de la contabilidad B, de cuya llevanza era el responsable", concluyó otro informe de la UDEF de la Policía Nacional sobre esta derivada de las macrocausas de corrupción que han carcomido al partido de Gobierno en España.

Aquella investigación policial continuaba así: "Se ha podido comprobar con la documentación que se posee sobre este particular que la manera de alimentar dicha cuenta (entradas) era mediante aportaciones que recibían en efectivo, que ingresaban en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto". A continuación, Génova transfería el dinero a Euskadi por tres vías, pagos directos de la hipoteca, transferencias a las cuentas del PP vasco para que ellos hicieron el pago o "[se hacía] la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre Lafuente, del importe de la cuota mensual, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo", dictamina la Policía Nacional. 

En abril de 2014, la entonces presidenta del PP vasco,  Arantza Quiroga, decidió de manera unilateral la salida de Ignacio Aguirre del partido tras más de 20 años en el cargo. El tercero de una conocida familia ‘popular’, el gerente salió por la puerta de atrás de la oficina de Gran Vía. Nadie aclaró si ese movimiento respondía a que Aguirre apareció en los papeles de Bárcenas o si la investigación interna que Quiroga acometió tras las noticias sobre la sede de Bilbao arrojó algún dato revelador.  Todavía hoy no se han aclarado estos extremos.

Además de los donativos para "seguridad", esa caja paralela de "Vizcaya" se nutrió igualmente de abonos de empresas contratistas, presuntamente comisiones tras adjudicaciones. "Se ha podido concretar que una de estas personas que efectuó estas entregas por valor de 36.000€ fue Emilio Álvarez López, persona presente en los consejos de administración de la empresa Bruesa Construcciones", estima la UDEF. Se da la circunstancia de que existe una operativa muy similar en la financiación de una sede 'popular' en Baleares.
3. La gestión de residuos en Vitoria

Un intermediario del PP solicitó una comisión de "100 millones de pesetas" (unos 600.000 euros) a cambio de una adjudicación del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria ocurrida en el año 2005, con el exministro y hoy líder del PP vasco Alfonso Alonso como alcalde de la capital vasca e Idoia Garmendia como edil del ramo.  Aquel concurso público tenía como objeto la gestión de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) del vertedero de Gardelegi y la UTE ganadora, liderada por Sufi, presuntamente el pago de la mordida a través de una empresa denominada Nige.
El caso adquiere especial relevancia al ser sus protagonistas los mismos que constan como responsables de la manipulación de otras contratas de gestión de residuos en Madrid. La sentencia de la Gürtel refleja con detalle esta operación, una de las fundamentales para dar por probada la trama de cobro de comisiones en torno al PP. Ambas adjudicaciones son coincidentes en el tiempo.

La prueba de  la existencia de este 'peaje' en Vitoria para la obtención del importante contrato es una grabación que está recogida en el libro   'Dentro de lo normal' sobre corrupción en el País Vasco.  “Nos dijo nuestro socio: ‘Si ponemos 100 kilos es muy probable que nos lo llevemos’. Se conoce que ése era el precio que tenía. Había un tío. Había un tío en Madrid. Entonces, hacemos ya las suposiciones, ¿no? Y que era el del PP. Ése fue el tema”, revela un empresario sobre los hechos ocurridos en 2005.

El concurso público presuntamente manipulado para recaudar una comisión se resolvió el 22 de abril de 2005 con la adjudicación del contrato a una UTE conformada por la empresa Sufi (un 50%) y por las compañías locales Escor y Lanbide ( vinculada a uno de los implicados en el 'caso Hiriko', Jesús Echave). No obstante, ya desde el 13 de abril se podía dar por decidida la contrata. Y es que las otras cuatro UTE que participaron en el concurso habían sido excluidas por los funcionarios municipales que valoraron las ofertas al no llegar al mínimo de puntos en la valoración técnica, según consta en el expediente.

Se da la circunstancia de que el 11 de abril de 2005, antes de que se produjera la expulsión de las otras empresas, Sufi, beneficiaria del 50% de la adjudicación, abonó a una asesoría denominada Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial (Nige) una cantidad próxima a los 50 millones de pesetas (300.000 euros), un pago que se ajusta a las cantidades descritas por el empresario que admitió en la entrevista que había que pasar por caja. Teóricamente, el pago se correspondió con “trabajos de apoyo” para la elaboración del proyecto de Vitoria, pero no consta que Nige realizara asesoramiento alguno. El concepto de la factura de Sufi a Nige era exactamente "Honorarios devengados en concepto de trabajos de apoyo a la licitación de la planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria".

Nige es una empresa vinculada directamente a la trama Gürtel del PP. De hecho, su gerente Plácido Vázquez es uno de los imputados por haber actuado, presuntamente, como testaferro para el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos en toda España. " Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto; si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”, dijo en su momento Francisco Correa, quien da nombre a la trama.





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