Egaña | Tinta de Chipirón

Como es costumbre, Iñaki Egaña no deja mono con cabeza en su análisis del panorama económico y político actual de Hego Euskal Herria. Aquí les dejamos su texto publicado en Facebook:

Tinta de chipirón

Iñaki Egaña

El desplome del vertedero de Zaldibar se llevó por delante la vida de dos trabajadores, uno de ellos Joaquín Beltrán aún sin aparecer. El incendio posterior provocó una nube tóxica en la población citada, Ermua, Eibar y otras de los alrededores. Las responsabilidades fueron disueltas en multas e indemnizaciones millonarias. La Unión Europea amenaza con sanciones a cuatro vertederos vascos, mientras que la incineradora de Zubieta paraliza una y otra vez su actividad, arroja vertidos contaminantes a la erreka Arkaitz y sus trabajadores van a la huelga exigiendo condiciones mínimas de salud. Los residuos no importan porque por encima de su gestión está el negocio. Mucho dinero.

Más de 300 actividades altamente contaminantes en Hego Euskal Herria. En Zorroza soportan cada año el procesamiento de 100.000 toneladas contaminantes en una fábrica que debería estar cerrada desde hace cinco años. Ahora anuncian que quizás en 2027. En Legutio, los vecinos están asqueados de las empresas que se dedican al reciclaje del material industrial. Su salud se resquebraja, como la de los vecinos de Erandio que en 1969 salieron a la calle a protestar por la polución y fueron baleados y muertos por la Policía. Hoy, incluso, su recuerdo ha sido borrado por supuesta apología.

La pandemia de la covid nos ha dejado más de 10.000 muertos en Euskal Herria, cerca de la mitad en residencias de mayores. Nos hemos enterado, por esta alta mortandad en residencias que ha hecho descender nuestra esperanza de vida en un año, de condiciones infrahumanas en algunas de ellas. Que habían sido privatizadas para ganancia de unos pocos y que los patronos habían hecho un cartel, como si se tratara de un ejercicio especulativo más. Traficar con la gestión de los vulnerables.

Los aplausos a los sanitarios que hicieron de freno a la expansión de la covid fueron el apartado lúdico para tapar la degradación de la sanidad pública. Una perversión que ha pasado por encima de organigramas técnicos para favorecer el clientelismo, que ha desmantelado la red sanitaria pública desde sus cimentos más cercanos (la limpieza), hasta sus órganos gestores naturales. Aunque parezca propio de Turquía o Sierra Leona, los directores generales de Osakidetza de las últimas décadas han sido imputados por diversas razones.

Tenemos una policía, en el tercio autonómico, desbocada, parasitada por el unionismo extremo. Acaba de amenazar con el boicot a una carrera ciclista internacional demostrando, con un accidente en la Itzulia femenina, de los peligros que conlleva semejante coacción. Que cada año que pasa se acerca más a la actividad histórica y ultra de sus vecinos, acumulando asaltos a protestas laborales, torturas señaladas por el IVAC y una actitud chulesca que le ha llevado a aplicar la Ley Mordaza con unas ratios espectaculares. Exigiendo incluso su mayoría sindical la no derogación de esa ley infame. Un modelo policial lejano al de cercanía, basado en una actividad de gasolinero, incendiando escenarios, en vez de apagarlos.

La vivienda, soporte activo para la existencia, después de que nuestros antepasados salieran de las cuevas, se ha convertido en un nuevo medio especulativo, de negocio lucrativo en el que han entrado incluso aquellos bancos que rescatamos con nuestros impuestos en 2008 para forrarse también a sus consejeros. Su carestía ha cambiado tendencias centenarias, ha modificado el curso de nuestra sociedad comunitaria, ha hecho descender la natalidad –junto a otras razones- y ha eclosionado como el primer problema de los jóvenes que acceden al patio vital. Pero el valor del metro cuadrado tiene más importancia que cualquier emoción original, que cualquier derecho democrático.

Atrapados entre bancos carroñeros y necesidades de subsistencia, centenares de hombres y mujeres, con los muebles a cuestas como en los éxodos bíblicos, han sido expulsados de sus viviendas, algunos arrojados al suicidio. Nuestras urbes se han convertido en un nido de multinacionales, con trabajadores mileuristas de contratos basura, mientras Añana, Gaubea o las Améscoas se despueblan. La gentrificación y el turismo están desplazando los colores de nuestro territorio. La estacionalidad está modificando nuestras raíces.

Esas mismas que han entrado en una venta alocada, sin subastadores que regulen un mercado en manos de truhanes sin patria. Tenemos el país en venta por unos cuantos platos de angulas y esos 26 millones que se llevaron cada uno de los consejeros de nuestra supuesta compañía telefónica. En medio de esos 600.000 vascos en la pobreza, las empresas aparentemente estratégicas ganan a espuertas, más que nunca. Sueldos insultantes, y obras de la misma magnitud, inútiles como las de la Super Sur, metro donostiarra o el Tren de Alta Velocidad. ¿Cuántos hospitales, cuántos puestos de trabajo, cuanto arrope a la vulnerabilidad?

La temporalidad en el sector público vasco es del 40%, la más alta de Europa. Signo, también, de la naturaleza de los gestores. Clientelismo, enchufismo, puertas correderas a los jefes descubiertos, arrope partidista, prisión para el director de la Hacienda guipuzcoana, soporte económico a De Miguel… Un falso oasis vasco que jamás ha existido.

Nada de lo anterior importa, sin embargo. El quid ha sido revelado desde las cloacas. Voluntarios de Gestoras pro amnistía, trabajadores de Herriko Tabernak, jóvenes de Segi, periodistas de Egin, militantes de Ekin y Batasuna, abogados de presos vascos, manifestantes contra vulneraciones de derechos humanos… y militantes de ETA, han conformado una variopinta terna de 44 hombres y mujeres criminalizados por engrosar listas, entre casi 4.500 elegibles de EHBildu. Una doble criminalización, porque excepto dos militantes de Herri Batasuna que jamás fueron condenados, el resto cumplió prisión gracias a un código penal excepcional. No hay redención posible, quizás en una próxima rencarnación. Nuevamente los presos, esta vez expresos, siguen siendo rehenes de una política vengadora.

 

 

 

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Esparza Zabalegi | Riñen Nuestros Hijos

Les compartimos esta poderosa reflexión por parte de Jose Mari Esparza Zabalegi, misma que ha sido dada a conocer en las páginas de Naiz:

Riñen nuestros hijos

Jose Mari Esparza Zabalegi | Editor

Corría el mes de setiembre de 1904 cuando los carlistas vizcainos celebraron una romería. Al regresar a Bilbo, les esperaban grupos de bizcaitarras que irrumpieron con gritos de muera España, a los cuales los primeros contestaron con los gritos de viva Don Carlos, viva España. Los dos grupos cantaban el "Gernikako Arbola", mientras seguían «los apaleamientos y otras viol­encias hasta que la fuerza pública separó los dos bandos». En aquellas sazones los seguidores de Sabino Arana se pegaban con todos, abriendo a empellones su nuevo espacio político. Unos y otros tenían el mismo ADN; eran fededun, foralistas, «enbor bereko ezpala». Incluso reconocían que «hijo de buen carlista, buen nacionalista»; pero el hijo tenía que matar al padre para emprender una nueva andadura.

Años más tarde eran los jóvenes bolcheviques vascos, deslumbrados por la luminaria soviética, los que andaban dando codazos contra los anticuados socialdemócratas y anarquistas. Todos cantaban "La Internacional", pero solo uno debía dirigir la revolución proletaria. En el 36 acabaron todos en la misma rastrojera. El eco de aquellas disputas se alargó hasta los años finales del franquismo, cuando en la fábrica te advertían de los riesgos de juntarte con troskos, maoístas, estalinistas o, más genérico, españolistas. Menos los míos, todos eran unos sectarios y unos revisionistas.

Montados ya el tren independentista, leíamos con pasión los panfletos de la Quinta y de la Sexta asambleas, más abertzale una, más roja la otra, abnegadas las dos en darle la vuelta a la tortilla franquista. A estos les siguió la guerra cainita entre milis y polimilis, que se daban de tortas por las fiestas de Baiona, eso sí, a los sones unánimes, del "Eusko Gudariak".

En los años 80 fueron los de Iparretarrak los que intentaron tener una ruta propia, cantaban también el "Eusko Gudariak" y se abrieron paso a costa de muchas amarguras e incomprensiones por parte del MLNV, el omnipresente hermano mayor. Luego, mudanzas del tiempo, resultó que no eran tan malos y hubo que ponerse a reconstruir los puentes rotos en aquella trifulca familiar.

En todos los movimientos de liberación del mundo se han cocido las mismas habas: «Aquí los comunistas somos pocos, ¡pero bien sectarios!» escuché una vez a un hondureño. Y es que no es fácil hallar el camino de salida de la selva imperialista; en cada encrucijada surge el debate y, muchas veces, la escisión. Pese a todo y comparando con otros lares, debemos alegrarnos de que nuestras guerras fratricidas hayan sido de baja intensidad, y eso ha posibilitado muchos reencuentros posteriores. Arrieros somos.

Como editor, me tocó publicar la historia enciclopédica de todos los anteriores y, sin ocultar nuestra querencia, siempre intentamos recoger cuanto de bueno y altruista tuvieron todos, en la lucha contra el franquismo primero, en la farsa de la Transición después, frente al yugo francoespañol siempre. Otro sería nuestro país sin la entrega generosa de esas dos generaciones de vascos y vascas. No todo fue bonito, pero a decir verdad los judas y los arribistas fueron pocos, y si muchos seguimos en este huerto político no es porque nos gusten todas las lechugas que produce, sino porque aquí tenemos el mayor número de hortelanos honrados por hectárea. Nada que ver con lo que nos rodea. No, ya no tengo abuela.

En las últimas etapas de la vida, cuando creíamos que todo iba medianamente encarrilado, nos encontramos un día con que nuestros hijos e hijas andan pegándose en las calles vascas con sus excompañeros de gela. Diría que los conozco a todos: son los retoños de mis amigos y camaradas, con los que he coincidido tantas veces en manis, mítines, korrikas y herrikos.

Veo sus ruedas de prensa y todos me parecen iguales, de la tribu: euskaldunes y rebeldes, con ganas de poner patas arriba esta mierda de mundo. Leo lo que escriben y me parece volver a los 70: unos más rojos, otros más rojoverdiblancos y siempre el «¿qué hacer?» leninista, dudando entre las condiciones objetivas y subjetivas. ¿Quién tiene la razón? Los míos, como siempre.

Hace ya tiempo que se veía el hueco que se estaba creando en un extremo de la izquierda abertzale. Como decía Jon Idígoras, hemos pasado de la cagalera al estreñimiento en poco tiempo y eso trae desgarros. La confrontación más radical que exigen unos, ¿es compatible con el posibilismo institucional? Yo pienso que sí y en la historia sobran ejemplos de liderazgos con varias almas. ¿Que eso no es fácil? Claro, siempre es más sencillo manejar un tílburi que una cuadriga.

 

 

 

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Entrevista a Iñigo Iruin

Desde Naiz traemos a ustedes esta entrevista a Iñigo Iruin en la que explica los pormenores de la reciente exculpación de Josu Urrutikoetxea.

Adelante con la lectura:

«Cotizaba procesar a Urrutikoetxea, el ridículo de España con Francia ha sido enorme»

El estupor por la actitud de Madrid y (de rebote) de París en la imputación ahora retirada a Josu Urrutikoetxea aumentará si se lee esta entrevista: diligencias perdidas, una imputación genérica a ETA sin detallar la organización, 16 años de proceso... y una obsesión política evidente.

Ramón Sola

La exculpación de Josu Urrutikoetxea por la Audiencia Nacional en el caso Hergueta ha llegado tras 16 años de procesamiento y con su extradición ya aprobada en primera instancia por los tribunales franceses. Una situación surrealista que requiere explicación. Su abogado, Iñigo Iruin, detalla para NAIZ lo ocurrido y da algunas claves que van más allá de lo jurídico.

Cuesta entender cómo ha llegado la causa hasta aquí sin existir lo más básico; la constancia de pertenencia a ETA p-m. ¿Cómo se inició entonces la acusación a Urrutikoetxea, quién la lanzó?

No ha sido un modelo de instrucción penal. Comienza con algo tan inaceptable en el funcionamiento de la Administración de Justicia como es la desaparición de las diligencias previas que se incoaron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria el día del atentado. No sabemos si se perdieron en Gasteiz, en la Audiencia Nacional o en el camino, pero no fueron halladas. De tal manera que hasta el año 1996 no se inicia el actual sumario, lo que se realiza a través de un testimonio derivado del caso Sokoa. Durante 15 años el hecho no fue investigado.

Fue fundamentalmente la actitud del fiscal de la AN Fungairiño, seguida sin objeción alguna por los diferentes jueces instructores, la que condujo a una tramitación que ha sido un auténtico despropósito procesal. Se perseguía la atribución del hecho a Josu Urrutikoetxea, no la investigación de lo realmente ocurrido.

Desde un inicio los datos indicaban que la autoría del asesinato era de la organización ETA político-militar, pues escasas horas después efectuó la reivindicación. Incluso nada más abrirse la causa, en octubre de 1996, el jefe de la Unidad de Policía Judicial de la AN realizó un informe en donde expresamente se refería a esa organización como la autora. Y pese a ello, la Fiscalía en ningún momento orienta su investigación hacia esa organización sino que todas las personas que aparecen referenciadas, citadas o en documentos son de ETA militar.

¿Cómo se llega al procesamiento?

El auto de procesamiento ahora revocado se dictó en el año 2005. En la AN no se ignora que en el año 1980 había dos ramas de ETA en activo, pero se oculta. Para atribuir a Urrutikoetxea el asesinato se hace la trampa de eliminar el apellido de la organización autora. Se atribuye a ETA. Y ello se completa haciendo lo mismo con el procesado, de quien se dice que pertenece a ETA. Se creó la confusión que se deseaba y necesitaba. Esa argucia y tergiversación de los hechos ha posibilitado que el procesamiento haya estado vigente durante más de 15 años.

Para dictar el auto de procesamiento no había indicios racionales de criminalidad, no existía la más mínima probabilidad de la intervención de Urrutikoetxea en el hecho. Nunca debió dictarse. Fue un acto de mero voluntarismo judicial.

Ahora se revoca el procesamiento no porque no haya pruebas de su participación, sino porque está acreditada su no-intervención en el hecho investigado.

En este proceso absurdo también tuvo su aportación el TSJPV en los años 2004-2005, periodo en que asumió la competencia por razón de ser Urrutikoetxea parlamentario en Gasteiz. Fue el instructor del TSJ quien dictó en noviembre de 2004 un primer auto de procesamiento con los mismos elementos de confusión que luego utilizó el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la AN. Otra extravagancia: dictar en un sumario dos autos de procesamiento, con igual contenido, por órganos judiciales distintos. Parece que cotizaba procesar a Urrutikoetxea.

El informe actual de la Guardia Civil es taxativo, pero ¿llega tarde? Y ¿qué hubiera ocurrido si la GC hubiera sostenido la afirmación de pertenencia?

Llega cuando las diligencias de investigación pedidas por la defensa tras personarse en la causa, consistentes en numerosos documentos y testificales de dos exmiembros de ETA p-m, ponen de manifiesto lo insostenible de la situación procesal. Y como se hace habitualmente en la AN –es una de sus patologías–, antes de tomar la decisión de revocar es necesario tener el ok de la Guardia Civil, que no pudo más que ratificar lo que decía la defensa. Los hechos de la autoría de ETA p-m y de que Urrutikoetxea no era miembro de esa organización eran no solo irrefutables, sino además notorios.

¿Cómo ha podido llegarse a este estadio tan avanzado de reclamar la extradición a las autoridades francesas?

El análisis ha de ser político. El elevado grado de mediatización política de la AN hace que prime ese interés y que el rigor jurídico, las garantías procesales y los derechos fundamentales pasen a un segundo plano cuando se efectúan las solicitudes de extradición, máxime cuando se pide la de una persona como Urrutikoetxea. Además, el debate central ante los tribunales franceses iba a ser el referido a la prescripción de los hechos y no la autoría.

El ridículo ante otro Estado miembro de la Unión Europea, en este caso Francia, es enorme, superior al que hizo la Justicia española en el caso del «procés», ante Bélgica y Alemania, porque en este se desestimaron las euroórdenes emitidas por el TS, pero en el caso de Urrutikoetxea la semana próxima la AN va a comunicar a la Corte de Casación francesa que después de 25 años de investigación ha llegado a la conclusión de que se equivocó al procesarle. Francia ha gastado energías procesales, personales y económicas por un error de bulto de la Justicia española, que ha arrastrado por el mismo camino a sus tribunales.

Urrutikoetxea ha estado y está envuelto en media docena de procesos de lo más variopinto, desde atentados a cuestiones políticas (herriko tabernas) pasando por una «causa general» como la de «lesa humanidad». ¿Qué concluye de ello?

De las cuatro causas por las que se solicitó la entrega, dos de ellas ya han caído. El Estado, y especialmente la Guardia Civil, va a poner todos sus medios y empeño en el sumario que se sigue por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Pero tampoco habría que descartar que tratara de abrir nuevos procedimientos teniendo en cuenta lo que Urrutikoetxea significa y la pretensión de simbolizar con su castigo el relato de la derrota de ETA.

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Rídiculo de París y Madrid

Traemos a ustedes más información acerca del caso Urrutikoetxea por medio de este artículo de Ramón Sola en Naiz, mismo en el que se pone de relieve el pasmoso ridículo al que han llegado las dos metrópolis tardocolonialistas en su obsesión por impedir que fluya el proceso de paz y reconciliación en Euskal Herria, a sabiendas que ese proceso terminará por fortalecer la demanda por su autodeterminación ya no digamos del pueblo vasco, sino de todas las demás nacionalidades históricas atrapadas en la demencial camisa de fuerza en que se ha materializado el concepto de estado decimonónico europeo.

Lean por favor:

Madrid y París se retratan con Urrutikoetxea: le imputaron una acción de otra organización

La AN ha terminado admitiendo, tras un informe de la Guardia Civil, que Josu Urrutikoetxea no perteneció a ETA p-m., por lo que no cabe imputarle un atentado de esa organización. Pese a ello, incluso París había aceptado su entrega en primera instancia, por lo que el ridículo es doble.

Ramón Sola

La Audiencia Nacional ha admitido finalmente que el militante vasco Josu Urrutikoetxea no tiene relación alguna con el atentado contra el industrial Luis Hergueta, por el que se había llegado a convencer a las autoridades francesas para su entrega al Estado español, en primera instancia. En consecuencia, revoca el procesamiento.

El Tribunal de Apelación de París aceptó la demanda de las autoridades españolas contra Josu Urrutikoetxea el pasado 6 de enero, aunque la causa ha pasado a la Corte de Casación tras el recurso de la defensa. Por ello, su situación en el Estado francés no ha variado por el momento: está libre con control telemático desde julio pasado.

Este tribunal optó por aceptar directamente la demanda de extradición en este caso sin despejar la cuestión del plazo de prescripción ni entrar a la cuestión de fondo. Y es que Urrutikoetxea siempre había negado haber sido militante de ETA p-m., la organización armada que reivindicó en su día la acción que costó la vida al directivo de Michelin Luis Hergueta, hace 40 años.

Revocado el procesamiento

Ahora la Audiencia Nacional ha acabado admitiéndolo, en un auto firmado por el juez Santiago Pedraz, y tras certificarlo así un ente nada sospechoso: la Guardia Civil.

Este informe de la Guardia Civil ha llegado al 6 de mayo y su contenido es taxativo: dice que en esa fecha Urrutikoetxea «estaba integrado en ETA militar, sin que exista constancia o soporte documental alguno sobre su militancia o integración en la organización ETA político-militar».

Tras ello, el juez Pedraz recuerda que desde marzo estaba abierta la posibilidad de «alzar la imputación de Urruticoechea si ‘las alegaciones efectuadas por el recurrente fueran ciertas’, circunstancia esta que ha venido corroborada por la conclusión del informe emitido por la Jefatura de Información de la Guardia Civil». Y añade que «las testificales» efectuadas en el caso también confirmaron que desde la escisión de ETA en dos ramas en 1974 «Urruticoechea quedó integrado en ETA militar».

En cosnecuencia, Pedraz sigue: «De esto se infiere que los indicios de criminalidad existentes contra Urruticoechea Bengoechea y que fueron el motivo que dieron lugar a su procesamiento han quedado posteriormente desvirtuados, permitiendo a este instructor revocar el procesamiento».

Múltiples causas y diferentes decisiones

La situación de Urrutikoetxea es muy compleja debido a las diferentes causas abiertas por la Justicia francesa y la española.

Para empezar, está a la espera de que se repita el juicio por las dos causas por las que la Justicia francesa le condenó en 2010 y 2017.

Además está la segunda euroorden presentada por Madrid, la relativa al llamado «sumario herriko tabernak», la Corte de Casación se pronunció favorablemente a la entrega de Urrutikoetxea.

El pasado 17 de noviembre ese mismo tribunal avaló otra demanda de entrega, en este caso una extradición, en relación al atentado cometido por ETA en 1987 contra la casa-cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza, y que costó la vida a 11 personas.

Todavía había un intento más de encarcelarle en el Estado español, pero en julio del año pasado el Tribunal de Apelación de París echó atrás una de las dos euroórdenes presentada por Madrid. Iba destinada a juzgarle por «crímenes de lesa humanidad» al hacerle responsable del atentado que costó la vida, en 2006, a dos ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto de Barajas.

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Urrutikoetxea Enfrentará Procesos Libre

Triste el papel que está jugando el estado jacobino en la etapa más complicada del proceso de paz y reconciliación iniciado por la sociedad vasca hace ya nueve años.

Dan dos pasos para atrás, uno al frente, medio lateral. Es un baile demencial que significa incertidumbre y dolor para decenas de familias a las que los avances en el proceso de Desarme (completado), Desmovilización (completada) y Reintegración (pendiente) de ETA no se han materializado en cambios positivos dada la apuesta españistaní por la perpetuación de la violencia.

Aquí lo que reporta Naiz con respecto al caso Urrutikoetxea:

París deja libre bajo control judicial a Josu Urrutikoetxea

La sala de instrucción de la Corte de Apelación de París ha acordado esta noche la puesta en libertad bajo control judicial del preso vasco Josu Urrutikoetxea, que podrá esperar fuera de prisión a la celebración de los procesos pendientes. La sala ha rechazado horas antes la entrega por «crímenes de lesa humanidad» en relación al atentado de Barajas (2006).

Maite Ubiria

Los abogados de Josu Urrutikoetxea han defendido esta tarde la cuarta demanda de excarcelación a espera de juicio de Josu Urrutikoetxea. Y en esta ocasión, el fiscal no se ha opuesto a que el exmilitante de ETA deje atrás los muros de la prisión de La Santé, a la que ha vuelto de momento tras la vista de hoy, y en la que permanece desde su detención el 16 de mayo de 2019 en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses.

Así, pasadas las 22.15 la familia del hombre que leyó el último comunicado de ETA, el 3 de mayo de 2018, recibía la noticia de que este abandonará próximamente la prisión, como máximo a finales del mes de julio.

Sus allegados han confirmado a NAIZ que la excarcelación se materializará una vez que se confirme el domicilio en que residirá y se instale el dispositivo telemático de control. El proceso técnico deberá llevarse a carbo para el 20 de este mes y el 29, si todo va bien, el tribunal ratificará la decisión de excarcelación.

«Se trata del procedimiento habitual» ha destacado Egoitz Urrutikoetxea.

De 69 años de edad y convaleciente de una operación quirúrgica que le fue practicada, con una demora de tres meses, el pasado setiembre, Josu Urrutikoetxea deberá portar esta pulsera y verá su libertad de movimiento limitada. Podrá salir de la casa en que se hospedará en horarios concretos.

De esta forma, y con trece meses de retraso, París acuerda al vecino de Ugao la libertad provisional que ya le fuera aceptada por la sala de instrucción de la Corte parisina, con fecha de 19 de junio de 2019.

La Fiscalía, que hoy ha aceptado la excarcelación, que se materializará una vez completados los procedimientos cara a implementar la vigilancia electrónica, no sólo recurrió entonces aquella decisión, sino que, tal como denunció a posteriori la defensa de Urrutikoetxea, recurrió a la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) para, en medio de las presiones de las autoridades españolas, retener en prisión al exdiputado vasco.

Los abogados de Josu Urrutikoetxea, que esta tarde ha reiterado ante el juez que se opone a su entrega al Estado español, pidieron en dos ocasiones más la excarcelación por motivos de salud del preso, en el contexto de la pandemia.

Pese a apoyarse en partes médicos que desaconsejaban que Urrutikoetxea siguiera en prisión, máxime cuando en La Santé se detectaron varios casos de Covid19, los jueces rechazaron igualmente esas demandas de puesta en libertad.

No le entregarán por Barajas

La audiencia de hoy ha servido  además para que la Corte de Apelación deje sentado que no entregará a Urrutikoetxea para ser juzgado por «crímenes de lesa humanidad» en relación al atentado de ETA que costó la vida a dos ciudadanos latinoamericanos, en 2006, en Barajas. Un fallo muy relevante.

Sobre otro de los sumarios, el referido al atentado cometido en 1980 por ETApm –organización armada en la que nunca militó Urrutikoetxea– y que costó la vida al directivo de Michelin, Luis Hergueta, la Corte de Apelación gala sigue esperando a que la Audiencia Nacional española le aclare dudas sobre el plazo de prescripción.

El tribunal parisino abordará esa demanda y también la basada en el llamado «sumario de «Herriko Tabernak» el próximo 30 de setiembre.

En enero pasado el tribunal si se pronunció favorablemente a la extradición en la causa relativa al atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (1987), acción que no le achacó a Urrutikoetxea a la hora de solicitar su entrega al Estado español, en 1996, una vez cumplida condena en el Estado francés.

Tampoco se le responsabilizó de ese atentado en que murieron once personas mientras Urrutikoetxea  estuvo en prisión en el Estado español hasta que, tras una decisión del Tribunal Supremo, salió en libertad en 2000.

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Rechazan Excarcelación de Urrutikoetxea

La París más jacobina sigue haciendo el juego sucio a la Madrid franquista.

Una vez más, se niegan a aplicar los principios de la justicia transicional sugeridos en casos como el del represaliado político vasco Josu Urrutikoetxea. Ni siquiera la emergencia sanitaria, tratándose de una persona con dolencias que le ponen entre los grupos de mayor riesgo, les ha valido.

Aquí lo que nos reporta Naiz:

París rechaza la segunda demanda de excarcelación de Josu Urrutikoetxea

Al igual que hiciera con la primera petición, el 1 de abril pasado, el Tribunal de Apelación de París ha rechazado esta tarde excarcelar a Josu Urrutikoetxea. El tribunal analizará el 3 de junio una petición de entrega presentada por Madrid y se pronunciará el 10 de junio sobre otras dos.

Maite Ubiria

El Tribunal de Apelación de París ha celebrado esta tarde una audiencia para analizar tres órdenes de entrega cursadas por las autoridades españolas contra el exmilitante de ETA Josu Urrutikoetxea.

De manera añadida, los jueces valoraron la segunda demanda de excarcelación presentada, en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19, por la defensa del preso, que tiene 70 años y sufre varias patologías.

La familia del prisionero natural de Ugao ha confirmado que, como hiciera con la solicitud sobre la que se pronunció el 1 de abril, el tribunal ha rechazado excarcelar a Urrutikoetxea.

La decisión va en sentido contrario a la petición que el pasado fin de semana hicieron 126 personalidades internacionales con la publicación de un manifiesto en el digital ‘Mediapart’.

El pasado 1 de abril al militante que leyó, hace dos años, la declaración final de ETA le fue rechazada ya una primera demanda de excarcelación presentada en el contexto de la pandemia. Esa petición fu avalada por el jefe de servicio médico de La Santé.

Hoy los jueces han analizado la segunda demanda, por la que la defensa pidió la excarcelación del preso con una pulsera de control telemático.

Ello de cara a evitar que Urrutikoetxea, de 70 años de edad y con diversas patologías de salud, siga en una cárcel, la prisión parisina de La Santé, en que ya ha entrado el Covid-19.

De hecho, esta misma mañana, en llamada a su hijo Egoitz, el preso natural de Ugao ha informado de que dos presos de su mismo módulo, uno de ellos encargado de tareas de distribución de comidas celda a celda, han sido trasladados al sospecharse de que están contagiados de Covid-19.

Denuncia de Bake Bidea y Artesanos de la Paz

Con todo, el tribunal ha rechazado la petición en una decisión que Bake Bidea y Artesanos de la Paz han denunciado en un comunicado conjunto como «escandalosa».

Han recordado la situación de excepción sanitaria, en razón de la cual han sido excarcelados más de 11.000 presos en el Estado francés, y han denostado que «pese al apoyo transversal» a la demanda de que los presos enfermos, los tribunales hayabn rechazado la demanda de suspender la excarcelación a Josu Urrutikoetxea.

Bake Bidea y Artesanos de la Paz han remarcado que, al igual que Urrutikoetxea, la salud de los presos Jakes Esnal, Gurutz Maiza, Ion Parot, Xistor Haranburu e Ibon Fernadez Iradi está hoy más que nunca en riesgo por el coronavirus.

Nuevas vistas en junio

En la vista judicial de esta tarde en París se han analizado, por otra parte, tres demandas de entrega presentadas por las autoridades españolas contra Urrutikoetxea. El 4 de marzo pasado se debían haber visto esas causas, pero el tribunal decidió un aplazamiento hasta hoy tras solicitar, como pedía la defensa, un complemento de información a Madrid.

Concretamente pidió a la Audiencia Nacional que clarifique la calificación, en el caso de la demanda por «crímenes contra la humanidad». Los tribunales españoles tratan de sostener la demanda de entrega basada en esa excepcional acusación en base al atentado contra el aeropuerto de Barajas (2006), en el que perdieron la vida dos ciudadanos latinoamericanos.

En el caso de otro de los sumarios –el que se refiere al cometido en 1980 por ETA-pm, organización armada en que nunca militó Urrutikoetxea, y que costó la vida a Luis Hergueta, directivo de la empresa Michelin–, el tribunal solicitó a la AN que remita documentación relativa al plazo de prescripción.

El Tribunal parisino ha hecho saber hoy que dará a conocer su decisión sobre esas dos causas el próximo 10 de junio.

La tercera causa que debe ser analizada hoy en París se refiere a un macrosumario, concretamente a la pieza de «Herriko Tabernak», sobre la que, tras el fallo del Tribunal Supremo español por el que se cierra la causa, no hay ninguna persona en prisión.

El Tribunal no ha entrado siquiera a analizar hoy esa causa y ha fijado que ésta se analice en una nueva vista, fijada para el 3 de junio.

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Coronavirus y Herriko Tabernak

En cualquier otro país del mundo parecería imposible que en pleno plan de contingencia por la pandemia del SARS CoV-2 hubiese quien se tomase el tiempo para ejecutar una acción represiva en contra de un pueblo que ha venido trabajando un proceso de paz unilateral desde hace ya nueve años.

Pero Spain is different y ha elegido estos tiempos de crisis para dar una vuelta más a la tuerca en el caso de las herriko tabernak, en un claro expolio colonial como el acometido en contra de Gara.

Aquí lo que nos reporta Izquierda Diario:

En Estado de Alarma la Audiencia Nacional incauta las cuentas de 107 herriko tabernas

Con las calles tomadas por fuerzas policiales y militares y la población confinada, la Audiencia Nacional aprovecha para incautar las cuentas de 107 herriko tabernas. Un expolio en estado de alarma, a través de un fallo dictado hace años en la línea del “todo es ETA” contra la izquierda abertzale.

Para la Audiencia Nacional el momento de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que preveía la incautación bancaria de las herriko tabernas es ahora, en pleno Estado de Alarma, cuando las calles están tomadas por las fuerzas de represión, se aplica el confinamiento y más de 700.000 sanciones han sido dictadas al respecto en poco más de un mes.

Estas tabernas del entorno social de la izquierda independentista vasca ya estuvieron largas temporadas en el punto de mira de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, instituciones en las que se desdoblaron los 16 miembros del Tribunal de Orden Público franquista cuando fue “disuelto”. Los cierres, detenciones e incautaciones en las mismas ya protagonizaron numerosas portadas en décadas anteriores, aunque en plena pandemia un nuevo expolio vuelve a producirse a 107 tabernas mediante embargos de cuentas bancarias.

Mientras el aparato judicial no puede tramitar las reclamaciones masivas de despidos ilegales, impagos de sueldos, ERTEs sin cobrar o miles de recursos a multas de estos días por las restricciones de la pandemia, sí que hay tiempo para quedarse con el dinero de más de 100 tabernas.

Fue en 2016 cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del caso 35/02, la cual se ha empezado a ejecutar, evidenciando que la persecución política con las calles vacías sí es una urgencia para la judicatura española.

En 2020 el hostigamiento a la izquierda abertzale no ha cesado, pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado califique o de “terrorista” o de sospechosa de serlo.

¿Por qué ante una crisis sanitaria y social, la respuesta prioritaria de los gobiernos está siendo reforzar el papel del Estado, llenar las calles de policía y ejército? No parece casualidad que este sea el momento para ejecutar una sentencia de represión política y acometer un robo de gran tamaño al entorno social de la izquierda abertzale.

Las medidas punitivas aprobadas para mantener el confinamiento han proporcionado un enorme apoyo a las fuerzas represivas para desatar lo que ya es su naturaleza racista y antipopular. Así, poco después del decreto de alarma se multiplicaron las paradas y detenciones a migrantes y personas racializadas.

Frente a su Estado de alarma, que se basa en militarización de las calles y el crecimiento de las agresiones y arbitrariedades policiales de todo tipo, pero tiene guante de seda con los grandes capitalistas, hay que oponer un programa que toque de forma directa sus ganancias e intereses. Hoy un plan de emergencia que haga pagar la crisis a las grandes fortunas y empresas para atender la crisis sanitaria y social no es una opción, es una condición que define la vida o la muerte de miles de personas.

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Extradición a Urrutikoetxea Aprobada

Era una jugada cantada, ahora la han materializado.

Lo podíamos apostar desde el mismísimo día en que fue arrestado en camino a su tratamiento médico.

París se resiste a dejar de jugar con las reglas de Madrid.

Aquí lo que muy a su estilo nos comunica El Periódico:

La Justicia francesa aprueba la extradición a España del etarra Josu Ternera

La decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo francés

El Tribunal de Apelación de París se ha pronunciado este miércoles a favor de la extradición a España del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que causó la muerte de once personas, seis de ellas niños. La decisión será recurrida por Josu Ternera ante el Tribunal Supremo francés, indicó a los medios su abogada, Laure Heinich.

Al mismo tiempo, el tribunal reclamó a la Justicia española precisiones sobre las otras tres demandas de entrega emitidas por España: una de extradición y dos euroórdenes. Esas demandas, una vez recibido el complemento de información solicitado a España, serán revisadas el próximo 4 de marzo.

Las dos euroórdenes emitidas por la Audiencia Nacional de Madrid son para juzgarlo, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad en tanto que miembro de la cúpula de la banda que decidía los atentados entre el 2004 y el 2007 y por financiación de la banda a través de las "herriko" tabernas.

La demanda de extradición (que no es una euroorden al haberse emitido antes de la entrada en vigor de ese instrumento de cooperación judicial) se refiere al asesinato en 1980 de Luis Hergueta, directivo de Michelin en Vitoria.

Para la abogada de Josu Ternera, esa petición de aclaraciones es una muestra de la supuesta opacidad con la que la Justicia española está tratando a su cliente, a quien calificó de "negociador" del conflicto vasco. El veterano dirigente etarra, de 69 años, fue detenido el pasado 16 de mayo, tras casi 17 años seguidos de clandestinidad, en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, y desde entonces ha estado encarcelado en París.

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Fechas Clave para Urrutikoetxea

Naiz trae a nosotros información acerca de la complicada situación que enfrenta el respresaliado político vasco Josu Urrutikoetxea ante la  insistencia por parte de Madrid de castigarlo ejemplarmente por la gran afrenta de haber estado involucrado en el proceso de DDR de ETA.

Lean ustedes:

Urrutikoetxea: el fallo sobre las euroórdenes, el 18 de diciembre, y el de extradición, el 8 de enero

Después de que el pasado 16 de octubre la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París acordara una suspensión de la vista, esta instancia judicial ha analizado en la tarde de este miércoles las cuatro demandas presentadas por la Justicia española contra el histórico dirigente de ETA. El fallo sobre las dos euroórdenes se conocerá el 18 de diciembre, y el tribunal anuncia para el 8 de enero la decisión relativas a las dos demandas de extradición.

Maite Ubiria

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación ha iniciado en la tarde de este miércoles el análisis del procedimiento sobre las causas que, a instancia de las autoridades judiciales españolas, se siguen en París contra Josu Urrutikoetxea, detenido el 16 de mayo en los Alpes franceses y recluido desde entonces en la parisina prisión de la Santé.

El tribunal resolverá el 18 de diciembre sobre las dos euroórdenes y el 8 de enero sobre las demandas de extradición. En todo caso serán decisiones provisionales ante las quecabe recurso, lo que aaugura un proceso largo.

Urrutikoetxea tiene 68 años de edad, y su estado de salud delicado, según han venido denunciando tanto Etxerat como la familia, se ha agravado por las negligencias médicas, que llevaron a retrasar una intervención quirúrgica urgente, por la que al final fue operado, en setiembre.

Ese mismo mes, la petición de la defensa de excarcelar a Urrutikoetxea fue rechazada, por lo que el preso ha debido enfrentar un complicado postoperatorio en prisión.

Condenas y acusaciones

Sin obviar la significación que las autoridades españolas dan a su figura, y las presiones de todo tipo consiguientes, Urrutikoetxea se enfrenta a un proceso judicial complejo.

Globalmente ese procedimiento tiene por base, además de las condenas por rebeldía que le fueran impuestas en el Estado francés, y que la defensa de Urrutikoetxea ha recurrido -lo que obliga a la repetición del juicio desde el principio-, un total de cuatro demandas de entrega presentadas por la Audiencia Nacional española.

Las causas francesas por las que París condenó a Urrutikoetxea en 2010 y en 2017 tienen prioridad, lo que, de salida, llevaría a descartar una entrega del militante de Ugao hasta que no se complete ese proceso, más aún si el tribunal se reafirmara en la condena.

La defensa de Urrutikoetxea afronta esas causas con algunos elementos a favor. Entre ellos, el principal se deriva del contexto temporal y político.

Los letrados Laurent Pasquet-Marinacce y Laure Heinich cuentan con que tal proceso permita a Urrutikoetxea explicarse en un tribunal sobre su papel en relación al proceso de resolución, toda vez que, sin ir más lejos, la condena que debe revisarse en primer lugar, la emitida en 2017, remite a la presencia del histórico dirigente de ETA en Noruega.

Efectivamente, esa condena incluye un periodo -2011-2013- en que una delegación de la organización armada ya desaparecida esperó, sin éxito, a abrir un proceso de negociación con el Estado español. Hasta que fuera desmantelada esa esfera de diálogo, la delegación de ETA mantuvo diversas reuniones con representantes del ámbito internacional, aunque también con un enviado que se encargó de dar puntual información a Madrid.

Dos euroórdenes y dos demandas de extradición

En todo caso, la vista de hoy ha tenido otro sentido, como es el examen de procedimiento sobre las dos euroórdenes dictadas contra Urrutikoetxea, a priori sin entrar en el fondo. Y de las dos demandas de extradición, que permiten un análisis de contenido.

La primera de esas demandas de extradición se refiere a su imputación por el atentado mortal que costó la vida al directivo de la empresa Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980. Esa acción armada fue reivindicada por ETA (pm).

En su demanda, Madrid no especifica esa circunstancia, pese a que en diferentes informes, publicaciones de prensa de la época e incluso desde entidades dedicadas a la memoria de las víctimas de ETA se ha señalado que el atentado fue cometido por los «polimilis» y también es profusa la documentación -gran parte de ella basada en informes policiales- sobre la adscripción en esa época de Urrutikoetxea a ETA-militar.

La segunda causa se refiere al ataque con coche bomba el 12 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que murieron once personas.

El Tribunal Supremo español absolvió por esos hechos a Urrutikoetxea, que había recibido una condena de 10 años, lo que llevó a su excarcelación en 2000.

Aduciendo que en el momento de cometerse ese atentado Urrutikoetxea era integrante de la dirección de ETA, la Guardia Civil elaboró un informe que sentó la base para una nueva imputación por los mismos hechos por los que fue absuelto por falta de pruebas.

Una causa sin presos y otra por crímenes de lesa humanidad

A esas demandas de extradición -en el momento de producirse los hechos no existía el mecanismo de la orden de entrega europea- se suman sendas euroórdenes, una por crímenes de lesa humanidad y la otra relativa al caso de las «herriko tabernak».

Son esas causas recientes por las que ha arrancado la vista. Urrutikoetxea ha rechazado las mismas, y la Fiscalía ha secundado la entrega. El tribunal dará a conocer su decisión, susceptible de ser recurrida, el próximo 18 de diciembre.

Tras el fallo del Supremo español que rebajó las condenas, no hay nadie en prisión por el caso de las «herriko tabernak». Por lo que respecta a la acusación de crimen de lesa humanidad, cabe señalar que los tribunales españoles sostienen la demanda de entrega basada en esa excepcional acusación en relación el atentado en el aeropuerto de Barajas, en 2006, en el que perdieron la vida dos ciudadanos latinoamericanos.

El delito de lesa humanidad, que es imprescriptible, evoca los procesos contra los crímenes de la dictadura argentina, causante de la muerte y desaparición de decenas de miles de personas.

La última condena conocida en base a esa calificación -más concretamete por crímenes de guerra y de lesa humanidad- fue emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya contra exjefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) Bosco Ntaganda.

Según se recoge en la sentencia, los jueces le consideraron culpable de todos los crímenes por los que fue juzgado, entre los que estaban el alistamiento de niños soldados, permitir abusos sexuales a menores de edad, asesinatos, y ordenar ataques contra la población civil de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, entre los años 2002 y 2003.

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Urrutikoetxea Aguarda Fallo

El represaliado político vasco Josu Urrutikoetxea continúa  con su vida en suspenso mientras París trabaja en resolver el galimatías pseudo-jurídico que le ha endilgado París. Y es que el tema no se sostiene, tal como nos informan en este artículo dado a conocer por Gara:

A la espera del fallo de cuatro causas contra Urrutikoetxea

La defensa de Josu Urrutikoetxea solicitó que queden sin efecto, por prescripción y defectos documentales, las demandas de extradición cursadas por Madrid. Pidió también la nulidad de dos euroórdenes. Con varias demandas de información suplementaria –a cargo de la defensa y apoyadas por el fiscal– sobre la mesa, el Tribunal de Apelación de París se pronunciará sobre las euroórdenes el 18 de diciembre y el 8 de enero sobre las causas de extradición.

M. Ubiria

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París fijó una nueva vista para el 18 de diciembre en la que dará a conocer su decisión sobre las dos euroórdenes, una por crímenes de lesa humanidad y la segunda por el llamado caso de las «herriko tabernak» presentadas por Madrid contra Josu Urrutikoetxea. En la vista, el fiscal terminó asumiendo las demandas de aclaraciones a cargo de la defensa, por lo que no se descarta que ese día solicite un complemento de información a Madrid.

Mientras, en el caso de las dos demandas de extradición, referidas a atentados cometidos por ETA hace más de treinta años, el tribunal parisino se pronunciará el 8 de enero de 2020. Las dudas sobre pruebas documentales, de una parte, y sobre la prescripción, de otra, fueron puestas de manifiesto por la defensa de Urrutikoetxea.

El histórico dirigente de ETA, que fue detenido el pasado 16 de mayo en la localidad alpina de Sallanches se encuentra recluido en la cárcel de La Santé. Su estado de salud motivó una demanda de excarcelación que fue rechazada el 12 de setiembre, pese a que tras su detención la Justicia gala había emitido un primer fallo favorable a liberar, a la espera de juicio, al preso vizcaino, de 68 años de edad.

Cuatro causas

La vista celebrada ayer tarde se abrió con el análisis de las dos euroórdenes, una sustentada en el caso «herriko tabernak» por el que, tras decidir el Tribunal Supremo español rebajar las condenas, no hay ningún ciudadano vasco en prisión. Y la segunda, por delito de lesa humanidad, y referida al atentado cometido por ETA en el aeropuerto de Barajas, en 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

El tribunal se pronunciará el 8 de enero, aunque ello no implica el cierre de la causa, ya que cabe presentar recurso.

La defensa remarcó el objetivo político de las causas destacando que «España quiere la entrega por lo que representa Urrutikoetxea, busca un trofeo». En una de las demandas de extradición se imputa a Urrutikoetxea la muerte del dirigente de Michelin Luis María Hergueta (junio de 1980), que fue reivindicada por ETA (pm) cuando es cosa publicada que, tras la escisión, Urrutikoetxea se encuadró en ETA militar. La segunda demanda afecta al atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (diciembre de 1987), acción por la que el Supremo exculpó al militante de Ugao en 2000.

Aspiazu y Arzalluz no mataron al juez Lidón

La Audiencia Nacional española absolvió ayer a los presos vascos Garikoitz Aspiazu y Asier Arzalluz de la muerte del juez José María Lidón en atentado de ETA, ocurrida en Getxo en 2001. El tribunal especial español decidió que no hay pruebas para condenar a Aspiazu, ni tampoco a Arzalluz. Contra este último el fiscal había retirado ya su acusación, no así la acusación particular.

La sentencia remarca «el déficit del que adolecen los informes de inteligencia de la Ertzaintza y de la Comisaría General de Información [de la Policía española], así como la pericial de inteligencia», con los que estima no cabe acreditar que ambos fueran los autores. Los dos presos negaron durante el juicio haber cometido el atentado.

La familia Lidón (concretamente un hijo y la esposa del magistrado) señaló expresamente a Aspiazu, afirmando que lo habían reconocido al verlo en televisión una década después de ocurrido el atentado. Y también mantuvo hasta el final la acusación contra Arzalluz incluso después de que la Fiscalía la retirase en pleno juicio aceptando que no había pruebas en su contra.

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Josu Enfrentará Proceso en Prisión

Desde Gara traemos a ustedes esta actualización en el caso de Josu Urrutikoetxea quien recientemente fuese sometido a una intervención quirúrgica larga e irresponsablemente atrasada.

Lean ustedes:

Urrutikoetxea deberá encarar desde la cárcel un largo maratón judicial

La Corte de Apelación de París acordó ayer tarde mantener en prisión a Josu Urrutikoetxea, convaleciente de una intervención quirúrgica, tras analizar las cuatro peticiones, concernientes a dos euroórdenes y dos demandas de extradición, presentadas por su defensa. Hoy tiene nueva cita, en el Tribunal Correccional.

El histórico dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea acudió ayer tarde a la primera de la larga lista de comparecencias judiciales que le esperan este otoño.

La Corte de Apelación de París analizó en esa vista vespertina las demandas de puesta en libertad condicional interpuestas por la defensa del vecino de Ugao en el marco de dos procedimientos de euroorden y otros dos de extradición emitidos por las autoridades españolas.

Según informó la enviada de Mediabask, Goizeder Taberna, los abogados de Urrutikoetxea, Laure Heinich-Luijer y Laurent Pasquet Marinacce, recalcaron el delicado estado de salud del militante, que tras ser intervenido el 2 de setiembre de una dolencia de próstata fue devuelto a la cárcel, al tiempo que evidenciaron varios defectos del procedimiento y notificaciones fuera de plazo, entre otras cuestiones.

En la sesión de ayer, la defensa de Urrutikoetxea se vio respaldada por la presencia del abogado vasco Iñaki Goioaga. No fue el único en desplazarse hasta el tribunal parisino, ya que entre el público también se pudo ver a monseñor Jacques Gaillot y a una delegación de EH Bai (Eneko Aldana) y EH Bildu (Jasone Agirre). En declaraciones a los medios en los pasillos del Palacio de Justicia, los representantes abertzales destacaron el papel jugado por Josu Urrutikoetxea para llevar a buen puerto el proceso de resolución.

Pese a que Urrutikoetxea dio al tribunal su palabra de que, de ser liberado, acudiría a los juicios pendientes, el tribunal secundó al abogado general, que abogó por retenerle en prisión. Ello pese a que el 19 de junio la citada instancia acordó la libertad bajo vigilancia de Urrutikoetxea en relación a los dos asuntos que tiene pendientes con la justicia gala, concretamente las condenas en rebeldía que le fueran impuestas en 2010 y 2017.

Causa relativa al periodo Oslo

El Tribunal Correccional abordará hoy el examen de la segunda de esas causas, que concierne a hechos que se produjeron en el periodo 2010-2013 cuando Urrutikoetxea estaba en Oslo, como parte de la delegación de ETA que trabajó la apertura de un proceso de negociación que no llegó a materializarse pero sí dio lugar a contactos con personalidades internacionales, incluidos enviados de Madrid.

En el primer análisis de la causa, en junio, los abogados de Urrutikoetxea apuntaron a defectos de forma que, en parte, reconoció también el fiscal.

Mientras, las demandas de entrega cursadas por la Audiencia Nacional española, una por «crímenes de lesa humanidad» y otra en relación a la llamada «causa de las herriko taberna», deben ser estudiadas por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París a partir del próximo 16 de octubre.

No tienen fecha de análisis todavía las causas relativas a atentados que datan de la década de los 80 y que Madrid ha activado ahora de cara a conseguir la entrega de Urrutikoetxea.

Xabier Goienetxea acercado desde la cárcel parisina de Fresnes a la de Mont-de-Marsan

La asociación Etxerat confirmó ayer la llegada de Xabier Goienetxea a la prisión de Mont-de-Marsan procedente de Fresnes.

La ministra gala de Justicia, Nicole Belloubet, de visita la semana pasada en Baiona, ya dio a entender que en breve se reanudarían los traslados, una vez adoptada la decisión de levantar el estatus DPS a más presos vascos.

Coincidiendo con esas declaraciones de la titular del ministerio con el que mantiene un espacio de trabajo una delegación de electos y sociedad civil de Ipar Euskal Herria, Sortuko Presoen aldeko Batzordea daba a conocer que seis prisioneros han recibido últimamente la notificación sobre el levantamiento del DPS.

Detenido junto a Iñaki Reta en Ortzaize en 2015, cuando ambos desarrollaban tareas dirigidas al desarme de ETA, Goienetxea fue condenado por esos hechos a siete años de cárcel, aunque finalmente se le fusionó la pena con la primera condena, de 14 años, que recibió en el juicio relativo a la muerte del policía galo Jean-Serge Nérin.

Tras el traslado de Goienetxea, de los 38 vascos recluidos en el Estado francés, 13 –cinco hombres y 8 mujeres– se encuentran en prisiones que no sean Lannemezan y Mont-de-Marsan.

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Aislan a Urrutikoetxea

París está siguiendo el guión represivo español a pie juntillas en el caso de Josu Urrutikoetxea.

Aquí lo que se nos reporta desde Naiz:

A punto de cumplir dos meses en prisión, Josu Urrutikoetxea sigue sin recibir visitas de su familia

El próximo lunes se cumplirán dos meses desde la detención de Josu Urrutikoetxea, cuando acudía, para ser tratado de una dolencia grave, al hospital de Sallenches. En este tiempo, el histórico militante de ETA no ha recibido la visita de su familia ni ha sido intervenido de la afección urológica que le pautó el médico antes de su arresto.

Maite Ubiria

Así lo ha confirmado Egoitz Urrutikoetxea a NAIZ. La familia sigue sin poder visitar o mantener contacto telefónico con Urrutikoetxea, ingresado en la parisina prisión de La Santé.

El hijo de Urrutikoetxea no ha ocultado la preocupación de la familia por esta falta de contacto con el preso, y en particular por el estado de salud de su padre, toda vez que el médico que le atendió en Sallenches (Alta Saboya) le pautó una intervención quirúrgica que debía tener lugar como muy tarde en el plazo de un mes, el cual se ha superado con creces.

Urrutikoetxea ha sido trasladado hoy, una vez más, desde la cárcel al Tribunal de Apelación de París para recibir una notificación judicial.

En esa comparecencia se le ha dado cuenta de una nueva orden de entrega -la tercera- cursada desde Madrid, esta vez por el denominado «sumario de las herriko taberna».

La euroorden se basa en procedimientos judiciales de inicios del 2000 y, tras su notificación, el tribunal deberá abordar la cuestión de fondo y fijar fecha de juicio.

Con anterioridad ya le fueron notificadas sendas euroórdenes relativas al atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza (1987) y al secuestro de un directivo de Michelin en 1980.

Otra audiencia

Según la agencia española Efe, ese trámite para fijar el juicio por la tercera euroorden se produciría la semana próxima, concretamente el 17.

De acuerdo a lo explicado a NAIZ por su hijo, bien en esa fecha «o en otra, pero en todo caso antes del 24 de julio», el tribunal debe abordar además sobre la demanda de libertad interpuesta por los abogados del preso vasco.

Cabe recordar que en lo que se refiere a las dos causas por rebeldía por las que la justicia gala condenó a Urrutikoetxea, el tribunal decretó la libertad bajo fianza del vecino de Ugao.

Sin embargo, Urrutikoetxea, que cuenta 68 años de edad, fue retenido primero por la Dirección General de Seguridad Interior gala (DGSI) y luego reingresado en La Santé, en una decisión que tanto la familia como la defensa del hombre que leyó la declaración del final de ETA, el 3 de mayo de 2018, denunciaron como una injerencia de la Fiscalía para evitar el cumplimiento de «una decisión de justicia».

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El «Napartheid»

Les recomendamos altamente este reportaje publicado por Gara que nos proporciona una auténtica radiografía del panorama político navarro reciente:

Aquel «apartheid» monolítico y asfixiante de UPN (y PSN)

Primero se le llamó «búnker», luego «régimen», en Iruñea «barcinato»... Hace justo 20 años, UPN reforzaba su control institucional con potentes victorias en Nafarroa e Iruñea y CDN y PSN como avalistas. Empezaba una era de autoritarismo y represión extremas.

Alberto Matxain

El 13 de junio de 1999 se celebraron elecciones municipales y forales. ETA llevaba 9 meses en tregua, el acuerdo de Lizarra-Garazi estaba vigente. Aquel día Euskal Herritarrok logró unos resultados sin precedentes en Nafarroa (47.271 votos y 8 parlamentarios) y se convirtió en la segunda fuerza del Ayuntamiento de Iruñea (con 18.465 votos y 6 concejales). Pero UPN arrasó: con un 42,37% de votos, y gracias a un acuerdo con CDN, Miguel Sanz repitió como presidente del Gobierno. En Iruñea obtuvo 12 concejales. Los 4 votos en blanco del PSN permitieron a una exconsejera de Sanz aún muy poco relevante políticamente, Yolanda Barcina, acceder a la Alcaldía.

UPN gobernó Nafarroa ininterrumpidamente desde 1996 (antes también de 1991 a 1995) y ostentó la Alcaldía de Iruñea desde 1999 hasta 2015. Hace cuatro años, fuerzas políticas condenadas durante décadas a un «apartheid» político obtuvieron unos resultados electorales históricos y consiguieron, por fin, superar la capacidad de veto del PSN y formar gobiernos de cambio en las instituciones más importantes de Nafarroa.

Este doble reportaje recoge algunos de los hitos del auge, la crisis y el colapso de la hegemonía institucional de la derecha navarra, hegemonía que se basó en la abrumadora superioridad electoral de UPN (que llegó a acercarse peligrosamente la mayoría absoluta) y en el apoyo del PSN, títere de Ferraz, además del CDN de Juan Cruz Alli.

Año 2000: la ruptura del Acuerdo de Lizarra-Garazi dio comienzo a una nueva fase de confrontación. ETA atentó con fuerza tras dar por finalizada la tregua; la izquierda abertzale fue ilegalizada y sacada de las instituciones, sus direcciones y militancia fueron perseguidas y gran parte de las «herrikos», cerradas; el Gobierno Aznar aprobó la Ley 7/2003, que derivaría en 40 años de cumplimiento íntegro para los presos vascos; "Egunkaria" fue cerrado por orden de la Audiencia Nacional y tuvo lugar el macrojuicio 18/98. En este contexto, y basándose en el endurecimiento de ese «apartheid» político, institucional y sindical a las fuerzas abertzales y de izquierdas, UPN desarrolló unas políticas agresivas de imposición de infraestructuras y una guerra cultural contra el euskara, los símbolos y la cultura vasca y contra las expresiones de autoorganización ciudadana en general.

La Policía Municipal, clave

Una de las bases del sistema de Barcina, que sería alcaldesa desde 1999 hasta 2011, fue el modelo de Policía Municipal. Recién tomada la vara de mano, fichó como jefe del cuerpo a Simón Santamaría, hasta entonces responsable de seguridad de Volkswagen. Nacido en Marruecos, comandante del Ejército de Tierra español, durante los 15 años que estuvo al frente de la Policía Municipal Simón Santamaría fue haciendo de ella un cuerpo militarizado, represivo y de choque, que actuó contra el movimiento popular y, en especial, contra la juventud organizada de la capital navarra. También contra colectivos vulnerables como las minorías étnicas, como denunció reiteradamente SOS Racismo. La trayectoria del cuerpo fue sumando actuaciones violentas y decenas de denuncias, especialmente a partir del desalojo del Euskal Jai. El 5 de agosto de 2008 María Ángeles Amador, vecina de la Rotxapea de 52 años, murió días después de recibir un porrazo en la cabeza. Una agente fue juzgada y, posteriormente, resultó absuelta.

Las políticas de UPN se caracterizaron por la negación del diálogo para resolver conflictos sociales, la imposición y la represión. A finales de julio de 2001, el Ayuntamiento de Iruñea dio inicio a las obras de construcción del parking de la Plaza del Castillo ignorando las 25.000 firmas que la Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo había reunido demandando un referéndum. Hubo disturbios masivos durante varios días, no menos de 60 detenciones y numerosos heridos, y potentes movilizaciones. A finales de setiembre, unos 20.000 vecinos de Iruñea participaron en el referéndum organizado por la plataforma. Finalmente, a pesar del fuerte rechazo que generaron las obras, el parking fue construido.

En 2002 el Ayuntamiento prohibió la instalación de las txoznas sanfermineras, vigentes desde la «transición» con conflictos puntuales como el derribo con excavadora ordenado por el alcalde Alfredo Jaime en 1991, en espacios cercanos a Alde Zaharra. En la comisión de txoznas participaban 27 colectivos del más amplio espectro de la izquierda navarra, que lograban financiación y ofrecían un espacio festivo alternativo en el que el fin de semana de fiestas podían llegar a juntarse hasta 20.000 personas. Agotada la vía jurídica, el 4 de julio un centenar de voluntarios intentó montar las txoznas pero la Policía lo impidió, cargando e hiriendo a tres personas. La noche anterior al txupinazo hubo una protesta ruidosa en la plaza del Ayuntamiento. También un operativo poco convencional: además de los antidisturbios de la Policía española, decenas de encapuchados recorrieron las calles de Alde Zaharra con porras, barras de hierro y cadenas, protagonizando un número indeterminado de agresiones y sembrando el pánico. Hubo una detención. No se hizo público ningún balance de heridos. La hemeroteca apenas recoge los hechos, el inicio de los sanfermines lo eclipsó completamente.

Perdido el espacio festivo, el gaztetxe Euskal Jai albergó una barra de algunos de los colectivos hasta que, en 2004, el gaztetxe sería desalojado.

Al día siguiente, Markos Erro, concejal de Euskal Herritarrok, resultó agredido por concejales de UPN cuando intentaba sacar la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento durante el txupinazo. En la calle San Saturnino hubo un cuerpo a cuerpo entre agentes de la Policía española de paisano y un grupo de personas que se dirigían a la plaza del Ayuntamiento con ikurriñas. Acusados de haber participado en el choque, en agosto 7 jóvenes fueron detenidos y encarcelados. El pulso en torno a la presencia de la ikurriña o de pancartas reivindicativas en el txupinazo venía de atrás, pero el Ayuntamiento endureció su actitud, generando innecesariamente situaciones de violencia, detenciones, etcétera, prácticamente todos los años.

Por otro lado, mediante la Ley de Símbolos acordada por UPN y PSN, en vigor desde abril de 2003, el Gobierno de Nafarroa perseguía con celo la presencia de la enseña vasca en los ayuntamientos navarros, contrastando con la remarcable pereza con la que afrontaba la presencia de símbolos franquistas que dicha ley también prohibía.

Acoso y derribo al euskara

El Gobierno también endureció su ya de por sí restrictiva política linguística. La plataforma Oinarriak impulsó una ILP con el objetivo de superar la Ley del Vascuence y promulgar una norma que posibilitara la normalización del euskara. 48.246 personas apoyaron esa ILP con su firma, superando largamente las expectativas de sus promotores. Ante esta demostración de fuerza, el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, declaró que la iniciativa «puede ser rebatida por quienes tenemos 150.000 votos detrás que nos están pidiendo una revisión de la Ley del Vascuence en sentido contrario». En febrero de 2001, Oinarriak y Hautetsiak reunieron a 27.000 personas en una de las manifestaciones más grandes habidas en Nafarroa hasta la fecha, y en diciembre a otras 10.000. Pero no se consiguieron resultados significativos. Sanz reaccionó con un decreto absolutamente restrictivo, que puso al euskara en la Administración muy por debajo del inglés, el francés y hasta el alemán.

El movimiento estudiantil también pujó con fuerza a favor del euskara en el ámbito de la UPNA, topándose con la actitud represiva del rector Antonio Pérez Prados (posteriormente parlamentario de UPN). Entre junio de 2001 y abril de 2002 se produjeron tres encierros de estudiantes y profesores, dos en favor de una mayor implantación del euskara en la educación y otro en contra de la LOU. Pérez Prados hizo frente a los tres encierros llamando a la Policía española, que realizó un total de 210 detenciones. En el último, la Policía española se ensañó, sacando a rastras de malas maneras a los estudiantes. Dos tuvieron que ser hospitalizados. En protesta, el movimiento estudiantil convocó una huelga en la UPNA que fue ampliamente secundada: 2.000 estudiantes se manifestaron en protesta por lo sucedido. Pérez Prados no dimitió, pero perdió las siguientes elecciones rectorales. Fue elegido Pedro Burillo, sensiblemente menos autoritario que su predecesor. Tampoco hubo avances en materia de euskara en la UPNA.

2003, otra vuelta de tuerca

Las siguientes elecciones municipales y forales fueron en 2003. Por primera vez, la izquierda abertzale participó ilegalizada. En Nafarroa, la candidatura Autodeterminazioarako Bilguneak sumó unos 20.000 votos nulos. Este veto benefició a UPN, que, además de subir ligeramente en votos, se acercó a la mayoría absoluta, obteniendo 23 escaños de 50 en el Parlamento y 13 concejalías de 27 en el Ayuntamiento de Iruñea. UPN no sufrió ningún desgaste por sus políticas autoritarias, y, gracias a un nuevo acuerdo con CDN, sin necesitar siquiera al PSN, se encontró en una situación inmejorable para seguir desarrollándolas.

El llenado del pantano de Itoitz estaba proyectado para ser llevado a cabo justo después de elecciones. Con un enorme apoyo local, los Solidarios con Itoitz organizaron una resistencia desobediente y no violenta. La Policía Foral se empleó a fondo para sacar a las personas bunkerizadas en las casas de Itoitz y Artozki. Un centenar de personas fueron detenidas. Finalmente, los pueblos se desalojaron y las casas terminaron demolidas. Veinte años de lucha contra el pantano concluyeron en enero de 2004, con el comienzo del llenado del embalse.

Superada la resistencia en Itoitz, UPN y PSN declararon la guerra a los gaztetxes de Iruñerria. En abril de 2004 la Guardia Civil desalojó el de Barañain por orden del alcalde (del PSN). En agosto, el emblemático Euskal Jai fue desalojado y derribado. Le siguieron una gran cantidad de okupaciones y desalojos. En el contexto de las elecciones de 2007, la dinámica Piztera! desarrolló una potente campaña de acciones de desobediencia civil a fin de denunciar la represión. Finalmente, tras el fracaso de la okupación del palacio Marqués de Rozalejo en mayo de 2007, tras 23 desalojos, más de 150 detenciones y con dos centenares de personas en espera de juicio, un joven encarcelado y una docena en riesgo de serlo, el movimiento juvenil se vio superado. La okupación como medio para conseguir un local se agotó. Parte del movimiento juvenil de Iruñerria buscó alternativas (alquiler de locales, utilización de instalaciones vecinales), mientras que otros sectores simplemente se dispersaron. El único gaztetxe que sobrevivió fue el de Zizur.

Durante todos estos años la guerra cultural desatada por UPN también se cebó con la celebración del Olentzero, la Korrika, los medios en euskara y GARA, las fiestas de los barrios, las peñas, Gora Iruñea, las ikastolas, la captación de ETB, etcétera, de las formas más diversas: acoso policial, tasas, multas, prohibiciones, retirada de subvenciones a medios en euskara, veto a GARA en las bibliotecas, impago de ayudas públicas a las ikastolas de la zona no vascófona, denegación de permisos, de licencias de radio, de espacios para charlas, ruedas de prensa, recogidas de firmas...

Por otro lado, el Gobierno de Nafarroa mantuvo una posición de total alineamiento con el Estado en lo concerniente al conflicto, y se situó al lado del PP contra el proceso de diálogo entre ETA y el Gobierno de Zapatero. Convocó en 2007 una movilización bajo el lema “Fuero y libertad. Navarra no es negociable”, consiguiendo reunir unas 50.000 personas. Y es que esa era la función principal de ese «apartheid»: garantizar la inviabilidad de un proyecto nacional vasco.

Fueron los años del auge de UPN, tiempos oscuros de resistencia, retroceso y frustración para el movimiento popular navarro. Era un escenario completamente diferente al actual, con ETA actuando y condicionando las políticas vasca y española, con la izquierda abertzale ilegalizada, una represión desmedida y una UPN sólida y pujante que, con el inestimable apoyo de PSN y CDN, pasaba por encima de toda expresión popular. El tejido social y militante le hizo frente como pudo, organizando resistencias realmente ejemplares, cosechando también grandes fracasos y viendo como UPN salía fortalecido elección tras elección y como las instituciones le iban acotando por la fuerza los márgenes de acción. Pero en los años 2008 y 2009 dos puntos de inflexión empezarían a sentar las bases de lo que por aquel entonces era sencillamente inimaginable...

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