Entrevista a John Finucane

Naiz da seguimiento a la estela dejada por el conflicto que mantiene enfrentado al pueblo irlandés con el imperialismo inglés con esta entrevista a John Finucane:

«El conflicto en Irlanda es una herida profunda que no se cura con tiritas»

John Finucane | Abogado, exalcalde de Belfast y diputado en Westminster | En 1989, pistoleros paramilitares, en connivencia con los servicios secretos británicos, mataron a su padre, Pat Finucane. Su hijo John (Belfast, 1980) es un referente en la defensa de la memoria y la verdad. En 2019 se convirtió en alcalde de su ciudad. Posteriormente, fue elegido diputado.

Mikel Zubimendi

John Finucane llegó empapado al Colegio de Médicos, donde participó en la conferencia que organizó la Red de Personas Torturadas de Nafarroa. Antes de tomar la palabra, y tras secarse, atendió gustoso a NAIZ. Alto y fibroso, ha sido portero y capitán del club de fútbol gaélico Lámh Dhearg GAC, y reconoce ser una persona «de muy mal perder».

Cuando tenía ocho años, un escuadrón de la muerte unionista mató a su padre, el abogado Pat Finucane. Este tenía hermanos en el IRA, había defendido a republicanos, pero también a varios unionistas en el bufete que fundó. Irrumpieron a mazazos en la casa familiar. Pat Finucane se levantó y corrió hacia la puerta de cristal, pero una bala lo hizo retroceder. Otra alcanzó a su esposa, Geraldine, en el tobillo. En total se dispararon 14 tiros; 12 de ellos impactaron en la cabeza de su padre.

Tres décadas después, John se convirtió en alcalde de Belfast. Durante este tiempo ha compaginado la búsqueda de respuestas con su labor como abogado y político.

El atentado contra su padre es el caso que sucesivos gobiernos más se han resistido a investigar. 35 años de investigaciones tras informe y de informes tras investigación.

Como familia nos hemos estado haciendo preguntas desde el día siguiente al asesinato de mi padre, en 1989. Hasta ese fatídico día, había recibido muchísimas amenazas, y semanas antes un ministro hizo una declaración en la que le puso una diana. Le dispararon catorce veces enfrente mío, de mi hermano, mi hermana y de mi madre, mientras disfrutábamos de la cena del domingo.

Como familia siempre hemos tenido razones para hacernos preguntas, para sostener una campaña que ya dura 36 años y medio. Ha habido momentos importantes en el camino. La razón por la que seguíamos haciendo preguntas es porque había una política del Gobierno, no solo de matar, sino de negar su participación, de suprimir la verdad. Y no teníamos nada que alcanzara los mínimos estándares, sean domésticos o internacionales, que una investigación seria debiera tener.

David Cameron, ex primer ministro británico, pidió disculpas en público y en privado a su familia, pero siguen abogando por una investigación pública exhaustiva.

En todas las investigaciones que se han hecho, ni yo ni mi familia hemos podido participar. No teníamos derecho a mirar documentos, a preguntar directamente, siempre era alguien que los miraba por nosotros. Hemos demandado tener derecho a analizar documentos, derecho a preguntar directamente a través de nuestros representantes legales, a tener la opción de interrogar en el estrado de testigos a un ministro, a un oficial de Policía, a un miembro del servicio de Inteligencia…

La disculpa de Cameron en privado a nuestra familia y en público para todo el mundo fue muy significativa, confirmó que la colusión del Estado con los escuadrones unionistas es un hecho. Una disculpa es importante, pero hasta cierto punto. Debemos saber exactamente qué pasó.

Porque no se trata solo de la muerte a tiros de una persona. Lo que han hecho durante estas décadas no fue solo para proteger lo que hicieron en una sola ocasión.

Eso es. Esto no va de un nombre o de una vida arrebatada. Si fuera así, podrías explicarlo en términos de individuos que actuaron mal, pero no se trata de un sistema que falló, no. El sistema estaba diseñado para atacar a la gente que querían atacar.

¿Por qué creo que nuestro caso se encontró con tanta resistencia? Porque hay evidencias naturales que llevan a la Policía, al MI5 [la Inteligencia británica], al Ejército, y también al mundo de la política. Creo que nuestras llaves abrían las puertas de todos esos mundos, de Downing Street, lo que hacía muy difícil al Gobierno británico decir «quizás hubo uno o dos policías que actuaron mal».

Hubo colusión entre la inteligencia militar y los escuadrones de la muerte. ¿Quién dio la orden? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad criminal?

Lo que sabemos es que tres semanas antes de su muerte, un ministro habló en Westminster y dijo que había «abogados que simpatizaban con el IRA». En 1989 la situación era muy diferente a la de 2025, ahora hay un montón de abogados en Belfast, pero entonces se podían contar con los dedos de una mano. Era un oficio de altísimo riesgo. ¿Por qué dijo ese ministro eso? ¿Quién le informó? Sabemos que fue informado por altos mandos de la RUC [Policía británica en el norte de Irlanda hasta 2021]. Sabemos, gracias a una investigación llevada por un juez retirado del Tribunal Supremo de Canadá, que vio documentos sellados con el mensaje «a la atención del gabinete»… Tenemos muchos elementos, pero la respuesta corta es que no sabemos hasta dónde llega la responsabilidad.

Tenemos sospechas, pero como familia tenemos el deber no solo de satisfacer nuestro deseo de verdad, sino de asegurarnos que nunca más vuelva a ocurrir.

Hablemos del Legacy Act, ese intento de enterrar la verdad, que es un deseo humano y una necesidad muy profunda.

Cuando hablo de víctimas no me refiero solo a las de las fuerzas británicas. Los republicanos infligieron daño y sufrimiento, también los unionistas. Como abogado o como representante político, me acerco al tema de las víctimas siempre con una idea: no debe haber jerarquía, mis derechos deben valer para todo el mundo, nadie está por encima de nadie. Y lo que intentó el anterior Gobierno conservador en Londres fue cimentar esa jerarquía, que cierta gente merecía más que otra. Eso generó mucho dolor, y tuvo la capacidad única de unir a todos y cada uno de los partidos de la isla en contra. Mi madre siempre dice que nuestro conflicto es una herida profunda que no se cura con tiritas, porque si lo haces se infectará, y será bastante peor. Tienes que ir al fondo, es doloroso, pero es la única vía para sanar. Con el legado pasa igual.

Fue alcalde Belfast por el Sinn Féin, y quiso ser alcalde de todos, por encima del verde o el naranja, del pasado o el presente, interactuando con unionistas y monárquicos.

Todo el mundo trae su experiencia y vivencia personal a sus responsabilidades. Mi madre nació en un barrio de clase media unionista, mi padre en un barrio nacionalista de clase obrera, se conocieron en Dublín, en la universidad, y si no seguramente jamás se hubieran conocido. Conozco muchas vivencias y partes de Belfast. Estoy muy orgulloso de mi ciudad, es muy vibrante, con mucha positividad, que no ve la vida solo en dos colores, verde o naranja. Mis padres eran de Belfast, he criado a mis hijos allí, y todavía me sorprendo con la ciudad. Puedo juntarme con alguien de la Casa Real británica o de la comunidad unionista, porque lo hago desde una posición de confianza. No creo que me haga menos republicano mostrar respeto a esa gente de mi ciudad, con la que quiero construir un nuevo país.

¿Una Irlanda libre y unida es una aspiración lejana?

Irlanda está cambiando. En el norte, la era de la mayoría unionista ha terminado. Antes era impensable. Ya no. No solo es el ascenso del Sinn Féin como el partido más grande de la Asamblea, en los ayuntamientos o el nombramiento de Michelle O’Neill como primera ministra, que en sí son hitos históricos. Es la creciente convergencia entre el norte y el sur. Las realidades económicas, las aspiraciones políticas y las experiencias de vida de las personas a ambos lados de la frontera están más alineadas que nunca. Hay una fuerza, es el momento de ir hacia algo diferente, y no solo entre los republicanos. Mucha gente que antes no se decantaba sobre si quería ser gobernado desde Londres o Dublín, cuando vieron el Brexit en 2016, donde decidieron los ingleses y no los irlandeses, empezó a cuestionarse cosas. «Quiero algo diferente», dicen. Esta conversación ha cogido una fuerza extraordinaria.

La unidad no vendrá por accidente, hay que construirla.

Absolutamente. Esto va mucho más allá del Sinn Féin, de poner una grapa en el norte y otra en el sur, va de construir un nuevo país. Si eres serio cuando hablas de construcción nacional, tienes que enfocar esa conversación con madurez, con responsabilidad. Es un ejercicio en el que estamos inmersos, también internacionalmente, con toda la gente que quiere preservar el Acuerdo de Viernes Santo, porque ahí está el camino para un referéndum. Y no solo es Londres, el Gobierno irlandés también tiene que hacer más, no esconder la cabeza bajo la arena, porque eso no es liderazgo, es abdicación.

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Burla y Sabotaje

Ese españolismo que es capaz de plasmar su supremacía colonialista en una portada de revista es el mismo españolismo que busca entorpecer el reconocimiento a las víctimas de su brutal violencia.

Ya se había tocado el tema hace unos años, Naiz hace constatar que la sucia estratagema continúa.

Lean ustedes:

El sabotaje policial al reconocimiento a víctimas del Estado se estrella en los tribunales

Animadas por organizaciones de la Guardia Civil, 500 personas han intentado acogerse fraudulentamente al proceso para reconocer a víctimas de violencia estatal por parte de Lakua, trabando así el trabajo de la comisión. Los tribunales han desestimado todos sus recursos, aunque el goteo sigue.

Ramon Sola

El informe de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia estatal conocido esta pasada semana en el Parlamento de Gasteiz constata que la campaña para intentar sabotear esta ley mediante solicitudes fraudulentas sigue adelante, aunque ya con muy escaso recorrido. Y es que, además de las denegaciones por el Gobierno de Lakua de las más de 500 solicitudes presentadas, quienes han decidido recurrir a los tribunales se están topando con sentencias contrarias, sin excepción alguna.

Esta campaña fue azuzada desde organizaciones policiales, fundamentalmente relacionadas con la Guardia Civil, en el año 2021. La Comisión de Valoración encargada de analizar cada solicitud de víctima, en un proceso laborioso que incluye análisis forense, se encontró ese año con hasta 473 peticiones de guardias civiles y policías que querían acogerse a esta ley, alegando que habían sufrido «violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».

El informe de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia estatal conocido esta pasada semana en el Parlamento de Gasteiz constata que la campaña para intentar sabotear esta ley mediante solicitudes fraudulentas sigue adelante, aunque ya con muy escaso recorrido. Y es que, además de las denegaciones por el Gobierno de Lakua de las más de 500 solicitudes presentadas, quienes han decidido recurrir a los tribunales se están topando con sentencias contrarias, sin excepción alguna.

Esta campaña fue azuzada desde organizaciones policiales, fundamentalmente relacionadas con la Guardia Civil, en el año 2021. La Comisión de Valoración encargada de analizar cada solicitud de víctima, en un proceso laborioso que incluye análisis forense, se encontró ese año con hasta 473 peticiones de guardias civiles y policías que querían acogerse a esta ley, alegando que habían sufrido «violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».

Las solicitudes fueron lógicamente inadmitidas, puesto que esta ley del año 2016 tiene como objetivo reconocer y reparar a quienes han sufrido otro tipo de violencia, procedente de aparatos policiales o parapoliciales. Las víctimas de ETA ya contaban con normas propias para su situación, tanto en el marco estatal como en el autonómico, por cierto anteriores en el tiempo (2008-2011) y con mayores dotaciones económicas.

Ofensiva antes y después

El objetivo de la campaña era a todas luces intentar ridiculizar esta ley del Parlamento de Gasteiz y, junto a ello, poner trabas a su materialización. Como botón de muestra, en ese curso 2021-22 la comisión tuvo que resolver 573 expedientes y de ellos 523 fueron desestimatorios frente a 46 admitidos (los de quienes realmente eran víctimas amparables en la norma).

Organizaciones como Jupol o Jusapol atacaron frontalmente esta norma; se recordará sobre todo el enfrentamiento que tuvieron con Julen Arzuaga, portavoz de EH Bildu, en un debate en el Parlamento de Gasteiz en abril de 2019, que luego continuó en los tribunales.

Pese a la inadmisión en cascada de las solicitudes, el dato nuevo ahora es que decenas de estos agentes policiales han insistido ante los tribunales, a través de recursos administrativos. A la Comisión de Valoración le constan 86 apelaciones, de las que han sido resueltas 21 y todas en contra de los recurrentes.

La comisión reproduce los contenidos de las sentencias que está dictando la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que responden a un mismo patrón. Los jueces ‘recuerdan’ a los policías que la ley de 2016 acoge a víctimas de vulneraciones de derechos humanos con motivación política que «no han sido reconocidas ni reparadas», algo que no puede hacer referencia a las «víctimas del terrorismo» puesto que estas ya contaban con las leyes de 2008 y 2011. 

Añaden que en la exposición de motivos se citan la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas. Y señalan que esta ley es continuadora del decreto de 2012, ambos «dirigidos al reconocimiento y reparación de las víctimas del ejercicio ilícito del poder, esto es, a las víctimas de abusos policiales y parapoliciales».

En consecuencia, el TSJPV deja claro a los guardias civiles y policías recurrentes (también hay algunas otras personas a tipo particular) que están fuera del marco de esta ley y en ningún caso pueden pretender acogerse a ella.

26 «fuera de ámbito» en este último curso

Pese a la claridad tanto de las denegaciones iniciales del Gobierno de Lakua como de estas sentencias judiciales posteriores, los datos de este año hacen pensar que sigue produciéndose un goteo de intentos de fraude, ya sin la intensidad de los años 2021 o 2022. Así, entre julio del año pasado y junio de este la Comisión de Valoración ha rechazado 26 solicitudes «por encontrarse fuera del ámbito objetivo de aplicación de la ley».

En el punto álgido de esta campaña hubo que desestimar unas 510 solicitudes fraudulentas, de ellas 460 correspondientes a agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles, y unas 50 de otras víctimas de ETA. Teniendo en cuenta que en el conjunto de este periodo se han resuelto 718 expedientes, cabe concluir que más del 70% de solicitudes que han llegado a la mesa de la Comisión de Valoración eran trampeadas.

Ello ha supuesto una molestia añadida a un trabajo lastrado por otras cuestiones como la falta de medios humanos (forenses y sicólogos en este momento) o la escasa colaboración de los aparatos de Justicia. En la actualidad hay 343 solicitudes pendientes de resolver. Con todo, la comisión confía en que el trabajo pueda acabarse en esta legislatura si se superan los escollos actuales, según remarcaron en el Parlamento el miércoles sus portavoces Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa.  

 

 

 

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Entrevista a Joxe Lacalle

Para entender qué es lo que pretenden ocultar desde el PSOE y desde el PNV cada vez que comparan a Jon Paredes 'Txiki' y Anjel Otaegi con Melitón Manzanas y con Luis Carrero Blanco, basta leer esta entrevista publicada en Noticias de Navarra:

“En el cuartel de la Guardia Civil tuve ganas de tirarme por la ventana, se lo juro”

Joxe Lacalle Huarte | Víctima reconocida de la extrema derecha y de funcionarios públicos | Víctima de violencia reconocida por el Gobierno foral, relata su padecimiento entre 1978 y 1981: una paliza, una bomba y ocho días incomunicado en el cuartel de la avenida de Galicia

Jesús Barcos 

Joxe Lacalle (Etxauri, 1951) es un hombre conocido en el periodismo navarro. Fue fotógrafo en Egin, en Egunkaria y en Argia. Y anteriormente tabernero en la calle Jarauta de Iruña. Todavía se pone nervioso al explicar su periplo como víctima de violencia, condición que ahora reconocida por el Gobierno de Navarra. Este es su testimonio.

Usted padeció tres episodios que han sido reconocidos. El primero, un ataque de los autodenominados Guerrilleros de Cristo Rey, en 1978.

–Era septiembre...

Tras unos Sanfermines reventados...

–Estábamos en el bar, con mi mujer embarazada de ocho meses. Unos días antes habían puesto una bomba a la peña Alegría de Iruña, donde se juntaba la comisión de fiestas por lo de Germán. Y al poco tiempo entraron en mi bar los Guerrilleros de Cristo Rey.  

Pasaron verdadero miedo.

–En el año 77, cuando se puso la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, me dije, yo también voy a poner una en el bar. Yo no andaba en ningún partido político ni nada. Me gustaba la ikurriña, me sentía vasco, como me sigo sintiendo ahora, puse una que me hizo a mano una mujer de la librería Abarzuza, de tres metros por dos, y la coloqué en el bar. Había gente que me preguntó: ¿Pero eso por qué lo pones? Y yo respondía: Al que le guste que entre y al que no, que no entre. A raíz de eso, se empezaron a recibir amenazas por teléfono. Yo tampoco les hacía mucho caso. Un día estábamos cinco o seis personas merendando viendo un partido de fútbol. De repente empezaron a hostias con la puerta con piedras, y entraron con cadenas y botes de humo. En los botes se leía como que eran del Ejército. Nos metieron un montón de hostias y salieron corriendo. Luego siguieron las amenazas telefónicas. 

Y en 1979 de sufrir una paliza a sufrir una bomba.

–Un día entró un tío con un bigote, luego supe que se apellida Castro, me mosqueó mucho su pinta. Me pidió un clarete con gaseosa. Se lo metió de un trago y me pidió otro, y me dejó 25 pesetas en la barra para pagar los dos vasos, que valía cada uno a 8 pesetas. Cuando fui a cobrarle, el tío se metió en el váter. Y de ahí salió corriendo. 

Y dejó el explosivo en el baño.

–Sí, estaba mi mujer con el pequeñito en el piso de arriba en su cuna. Me fijé que no paraba de caer agua de la cisterna del váter y vi una bolsa de plástico. Me subí y había un montón de cables, el explosivo y un reloj. Llamé a la Policía, me aparecieron dos miembros de paisano. Cuando vieron la bomba salieron los dos corriendo, literalmente, y al rato vinieron los artificieros. Cuando explotó la bomba tiró al artificiero contra la pared de enfrente con sus protectores. Hubo gente que me preguntó: ¿No te gustaría que lo hubiera matado? Y dije que no. Y gente que se juntó en auzolan para arreglarme el bar.

¿Alguien reivindicó la autoría?

–Sí, se hicieron llamar Acción Nacionalista Española y dijeron que habían puesto la bomba por tener una bandera que no era la nuestra.

En mayo de 1981 usted fue detenido delante de tres hijos a punta de pistola por la Guardia Civil, y permaneció ocho días incomunicado.

–Vinieron tres tíos de paisano, Los dos hijos pequeños creo que no se enteraron de mucho, pero me acuerdo de la cara que puso el mayor. Después de dejar a los hijos, me metieron en un 127, me hicieron agachar la cabeza, me dieron un par de puñetazos y me llevaron al cuartel de la avenida de Galicia. Nada más llegar, me metieron un hostión y mis gafas salieron volando. Yo no sabía de quién me estaban hablando, una persona detenida por lo visto en Gipuzkoa. Me interrogaban por mi bar, y yo no preguntaba el nombre a toda la gente que entraba. Empezaron a darme hostias, me pusieron una pistola en la cabeza, hacían como me disparaban, perdí casi el sentido. Un día me sacaron de noche encapuchado y me llevaron a un campo para que buscase un zulo. A la vuelta, me colgaron entre dos mesas, con una barra en las piernas y esposado, con los pies para arriba. Venían con unas gomas de butano y me pegaban en la planta de los pies, hostias por todo los lados. Así fueron más o menos los ocho días.

¿Temió por su vida?

–Tuve ganas de tirarme un día por la ventana, se lo juro. Pero pensando en los hijos y en la mujer aguanté. En los ocho días que pasé allí no hubo un día que probase un bocado ni a la mañana ni a la tarde, ni un café. Nada. Perdí el sentido del tiempo. Todos los días palizas. El último me hicieron firmar un papel que empecé a leer y no leí más que mi nombre. Lo de abajo ya no me dejaron leerlo, por huevos tienes que firmar, me metieron un montón de hostias otra vez y no sé ni lo que firmé. Estaba perdido por todos los lados.

Después fue trasladado a Madrid.

–Me llevaron a la Audiencia Nacional y pasé a la cárcel. Al juez le conté que me habían torturado. Me pidió que se lo demostrase, le enseñé todos los moratones de las piernas y me dijo: Eso podía haber sido un accidente de coche. Casi me tiro a su cuello. Cuando me mandó a la cárcel pensé en descansar. Estuve un mes, se puso una fianza. Mi mujer entonces no tenía mucho acceso a las cuentas de los bancos y no podía sacar dinero. Y un comerciante y amigo de la calle Jarauta, le prestó las 200.000 pesetas para sacarme. Luego me devolvieron la fianza.

Ahí no terminó el asunto...

–Al volver las amenazas telefónicas eran continuas. Los que me detuvieron iban muchas tardes a verme al bar, a cachondearse y reírse de mí. Qué pronto te han soltado, me decían. Iban a primera hora de la tarde entre semana. Nada más verlos me ponía encendido.

Dice que es muy duro recordar esto, aunque hayan pasado muchos años, pero anima a otras personas que estén dudando, a que reclamen su reconocimiento.

–Estuve supernervioso en la toma de declaración en el Parlamento de Navarra. En la Red de Personas Torturadas de Navarra me dijeron que me lo apuntase todo, y empecé a escribir y no podía. En la declaración paré un rato para descansar. Después tuve que ir a terapia de grupo, me costó muchísimo volver a eso. Ahora casi me está costando menos. Hablarlo y que se sepa me viene bien. Hay mucha gente que no sé si tiene miedo a presentarse y revivirlo. Les entiendo, hay ratos que se pasa muy mal recordando, pero creo que es bueno soltarlo.

¿De los tres episodios el más amargo es el de la detención?

–Sí, por supuesto, el más duro. Muchas veces cuando veo el cuartel de la Guardia Civil se me ponen los nervios casi a cien. Se te queda muy adentro todo eso metido.

Recuerda el día que salió de prisión.

–Mi hijo mayor intentó no sé cuántas veces que le llevasen a la cárcel para verme. Yo preferí que no fuese. Cuando salí fue un hermano mío a buscarme y llegué a la noche. En la calle Jarauta había montón de gente esperándome. Cuando me vio mi hijo mayor vino corriendo a abrazarme y me dijo: ahora sí me voy a la cama.

¿Todo esto lo contó a su mujer?

–He intentado olvidar muchas cosas que me hicieron. A un chico que detuvieron más tarde le oía chillar en otra sala... A mi mujer no se las conté. No me apetece contarle demasiado. Ella debía ir todos los días a llevarme bocadillos. Alguno se los habría comido bien a gusto, porque yo no probé ni uno. Trabajando en Egin un día tenía que ir al cuartel a hacer fotos y no pude entrar, no me atrevía a subir solo. 

¿Cómo valora estos reconocimientos que se están produciendo?

–Creo que es interesante y muy bueno que se reconozcan estas torturas y atentados no contemplados. El que me puso la bomba se llama Leoncio Castro. Vi su foto en internet. ¿Ha oído hablar del restaurante Hartza? Dos vascas que pusieron un restaurante en la calle Labrit. A una de ellas le pegó dos tiros. Luego le intentaron juzgar por crear el GAL en Navarra, y no lo consiguieron. Debía ser jefe de la policía. No se me olvida su cara. No se me olvidará nunca. 

 

 

 

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Agur eta Ohore Irantzu

A los de Gogora poco les ha importado dar a conocer el nivel de brutalidad con el que se comportaron los grupos paramilitares desplegados por el régimen español en Euskal Herria, lo mismo antes que después de la muerte de Francisco Franco, hito que dio pie a la "modélica transición" y a los Pactos de la Moncloa, con los que se sellaba la omertá que tantas décadas ha durado.

Pues bien, el derecho a la memoria no puede ser arrancado de un pueblo en resistencia y hoy Naiz nos informa de la partida de una mujer que enfrentó el terrorismo de estado en una vertiente vil de la cual ni Gogora ni los medios de comunicación afines al régimen hablan.

Aquí la información:

Fallece Irantzu Mugeta Montero, símbolo de la resistencia antifascista en Euskal Herria

Ha fallecido Irantzu Mugeta Montero, la joven bilbaina y militante estudiantil que sufrió múltiples agresiones fascistas en los años 80 por su compromiso político. Su historia, silenciada durante décadas, permanece como símbolo de resistencia y memoria antifascista en Euskal Herria.

Irantzu Mugeta Montero ha fallecido este sábado debido a un cáncer contra el que llevaba tiempo luchando, según han confirmado familiares y colectivos cercanos a este medio. Bilbaina y víctima de varias agresiones fascistas entre 1987 y 1988 marcó un hito en la memoria colectiva de Euskal Herria.

Irantzu tenía solo 18 años cuando, el 16 de noviembre de 1987, fue secuestrada, golpeada y marcada con una cruz gamada en el hombro por parte de un grupo de ultraderechistas. El ataque, perpetrado en su propio edificio del barrio de Santutxu (Bilbo), provocó una oleada de repulsa social y quedó grabado como uno de los episodios más estremecedores del auge de la violencia política en el Estado español del régimen del 78.

Fue solo el inicio de una espiral de agresiones. El 3 de febrero de 1988, tres individuos la volvieron a atacar al acudir al domicilio de una alumna a la que enseñaba euskara: nuevamente, fue golpeada y marcada con otras dos cruces gamadas.

El 3 de noviembre de ese mismo año, en los baños de la Facultad de Bellas Artes, fue brutalmente golpeada y esta vez le grabaron las siglas GAL, en clara alusión al grupo parapolicial estatal. Posteriormente recibió una carta amenazante, y el lunes 13 de noviembre, de nuevo en los baños de la facultad, dos hombres y una mujer la atacaron: le grabaron otra vez GAL en la cara y, aunque intentaron violarla, no llegaron a consumarlo. Como en los ataques anteriores, la paliza fue tan severa que perdió el conocimiento.

Su nombre ha sido recordado en actos organizados por colectivos como Euskal Memoria Fundazioa, que han denunciado la impunidad de los responsables y la pasividad institucional ante el fascismo violento.

 

 

 

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318 'Imborrables'

Uno de los eufemismos más crueles utilizados para describir la historia del estado español es el de La Modélica Transición, que es como se conoce al periodo posterior a la muerte del genocida Francisco Franco.

En Naiz se ha publicado esta nota en la que se procede a mostrar dicho eufemismo en todo su criminal cinismo.

Adelante con la lectura:

Así eran los 318 muertos a manos policiales o ultras en la alabada «Transición española»

Algunos, los menos, eran militantes políticos. Otros participaban en movilizaciones, o estaban de fiesta, o circulaban por la carretera, o simplemente tuvieron mala suerte. Son 318 fallecidos en total, recogidos uno a uno en ‘Imborrables’ de Luis Puicercús ‘Putxi’.

Ramon Sola

El modo en el que la «Transición española» se impuso es bien conocido en Euskal Herria. El periodo que disecciona este libro de Luis Puicercús (1976-1983) empieza aquí con la matanza del 3 de Marzo en Gasteiz y llega hasta Joxean Lasa y Joxi Zabala, dos crímenes plenamente simbólicos. Sin embargo, mucho menos sabido y estudiado es lo ocurrido en el resto del Estado. ‘Imborrables, las víctimas ignoradas de la Transición’, de reciente publicación, cubre ese hueco y saca a la luz una realidad sencillamente apabullante.

Casos como el de Teófilo del Valle, de 20 años, muerto por disparos y golpes policiales en una manifestación laboral en Elda (Alacant); Manuel García Caparrós, de 18 años, fallecido en una marcha por la autonomía andaluza en Málaga; Juan Peñalver, de 60, destrozado por una bomba ultraderechista en la sede de la revista ‘El Papus’; Angel Valentín, de 24, acuchillado por fascistas en una manifestación independentista en Barcelona; José Andrés Fraguas, de 19, conserje de ‘El País’, víctima de un paquete bomba de la Triple A; los cuatro trabajadores muertos en un ataque ultra a la sala de fiestas Scala... y así, uno a uno, hasta 318.

Sobra decir que muchas de estas víctimas son vascas, crímenes conocidos y denunciados en Euskal Herria durante décadas, pero también hay algunos casos anexos que pueden sorprender. Por ejemplo, a Mario Marotta lo mató la Policía italiana en una protesta ante la Embajada española en Roma que respondía a la matanza del 3 de Marzo en Gasteiz.

El minucioso trabajo de Puicercús incluye también muertes perpetradas en Euskal Herria, aparentemente, sin connotación política, pero muestra de la política del «gatillo fácil» y la consiguiente impunidad. A Francisco Javier Alonso ‘El Paquito’ lo mataron en Burlata por no atender a gritos de «¡alto a la Guardia Civil!»; al agricultor José Javier Nuin le quitó la vida otro guardia civil en la discoteca Bordatxo de Doneztebe; a José Luis Otxoa lo atropellaron mortalmente policías de paisano en la gasolinera de Murgia en la que trabajaba... En la lista hay incluso un capitán de carguero, John Francis Wilkinson, ametrallado en Pasaia bajo la versión oficial de que «estaba implicado en un robo de dinero» y había atacado a agentes policiales.

No todos son hombres, entre las víctimas también aparecen numerosas mujeres y algunos menores de edad. Ambos factores se sumaban en Belén María Sánchez Ojeda, canaria de 16 años, atropellada intencionadamente en una manifestación de estibadores (su padre era uno de esos trabajadores en huelga). Juana Caso, sevillana de 25 años, murió en una «operación de escarmiento» policial. José Luis Muñoz Pérez, toledano de 15, en uno de los múltiples ametrallamientos en controles...

«Ley de Punto Seguido»

«Nos engañaron. Los idílicos relatos de la Transición no se corresponden con la realidad y no fue tan pacífica ni tan modélica como nos hicieron creer. Fue sangrienta», concluye este trabajo.

El título reivindica la necesidad de, al menos, memoria para unas víctimas que «quedaron ‘en tierra de nadie’, sin ningún tipo de reconocimiento». Aquí están sus nombres y apellidos, sus edades, sus fechas de nacimiento, sus fotografías en la mayoría de los casos, y sobre todo se describe cómo los mataron. Unas veces con plena intencionalidad; otras, en un puro sinsentido solo explicable desde la impunidad total.

El libro incluye varios prólogos de organizaciones que han colaborado con la investigación. Entre ellas, la fundación Euskal Memoria. Su presidente, Iñaki Egaña, recuerda que «en tan solo un año España pasó de ser un Estado totalitario, fascista, falangista y filonazi, según las descripciones, a un régimen de democracia formal. Jamás en la historia europea del siglo XX se había producido un hecho semejante, ni siquiera más tarde con la caída del Muro de Berlín. La administración, con sus policías, guardias civiles, oficiales del Ejército, funcionarios, altos cargos, etc., recibió un soplo divino para mudar sus convicciones. No fue, como alguna vez se ha dicho, la aplicación de una Ley de Punto Final, sino la de una de Punto y Seguido».

Un apunte final para el autor. Luis Puicercús estuvo preso en los últimos años del franquismo por su militancia en las filas del PCE (m-l), organización integrada en el FRAP. Compartió celda en Carabanchel con muchos vascos como Jon Idigoras e incluso participó en las clases de euskara en el penal, como rememoraba en entrevista de Daniel Galvalizi hace dos años.

Desde 2005 Puicercús está llevando a cabo un ingente trabajo de memoria que incluye nueve libros ya. El anterior también traía consigo una recopilación gigantesca: ‘Presos del franquismo de la A a la Z’, con 14.000 nombres de presos y presas del tardofranquismo.

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Egaña | La Estrategia de las Violaciones

Cada vez que el estado español o un medio de comunicación afín habla acerca de las actividades armadas de ETA siempre reducen las estadísticas de la violencia a los muertos y heridos causados por ETA así como la de las bajas en el campo abertzale, sin mencionar la autoría de estas.

Nunca se habla de otras estadísticas, como por ejemplo, la de la cifra de los torturados.

Mucho menos se va a hablar de la violación como un arma más en el arsenal represivo en contra del derecho del pueblo vasco a su autodeterminación.

Por lo anterior es que se hacen tan necesarias voces como la de Iñaki Egaña, quien ha compartido el siguiente reporte en su perfil de Facebook:

La estrategia de las violaciones

Iñaki Egaña

Este enero se han cumplido 45 años de la violación y muerte de Ana Tere Berroeta en Loiu y en junio el mismo aniversario recordará a Mari José Bravo en Donostia. Ana Tere tenía 19 años y Mari José 16. Javi Rueda, el compañero de Bravo, fue apaleado cuando intentaba defender a la adolescente, y dejado por muerto. Revivió pero a consecuencia de las heridas falleció años más tarde. Las muertes de ambas mujeres fueron reivindicadas por el BVE, la marca estatal que en 1983 fue sustituida por la de los GAL.

En ese periodo se produjeron más violaciones en las que, en algunas de ellas, los denunciados fueron agentes policiales. Las violadas sobrevivieron. También hubo varios casos de denuncias de violaciones en comisarías, en situación de custodia policial. Tras las denuncias, sus nombres se difundieron en los medios de comunicación. Pero las denuncias no tuvieron recorrido judicial. Una de ellas fue declarada incluso en un juicio en 1988 que tuvo lugar tras una detención . En el litigio, en el que la acusada fue imputada por ser militante de ETA, la fiscal Carmen Tagle, ejerció de juez y testigo a la vez, afirmando, por toda prueba, que el aspecto de Begoña no era el de una mujer violada. Hubo también situaciones que sugirieron haber sido preparadas en un despacho de expertos en contrainsurgencia. También en 1988, durante un largo secuestro por ETA de un empresario madrileño, los medios y la Policía cargaron las tintas sobre un miembro del comando que retenía al industrial. Y con la intención aparente de que el clandestino abandonara su escondite, dando pistas de donde se hallaba retenido el secuestrado, el hijo del militante sufrió un intento de violación, en su localidad natal, a 500 kilómetros de Madrid.

Estos casos ya fueron amparados explícitamente por el informe del Gobierno Vasco de 2008 "Víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política", bajo el epígrafe de violaciones sexuales de mujeres "con reivindicación política". En dicho informe, asimismo, se recogieron casos de detenidas en dependencias policiales que denunciaron haber sido violadas o agredidas sexualmente en el transcurso de su arresto. Y algunas de esas denuncias no estaban alejadas en el tiempo tanto como las de Ana Tere o Mari José, sino que pertenecían al siglo XXI. También impunidad, esta vez judicial, porque otra institución, como en este caso el Gobierno de Gasteiz ya las había señalado.

Las fuentes de todas esta crónicas son varias. Las diligencias judiciales, a las que no tenemos acceso, y cuando lo haya, la ley de protección de datos que obliga a que la petición deba ser realizada por la víctima. Muchas no quieren revivir el terror y otras, bilógicamente, no están entre nosotros. También los archivos históricos en los que están alojados los informes diarios de Guardia Civil, Policía y gobernadores. Pero en ellos nos encontramos con tres problemas. El primero, que en caso de resolución, únicamente aparecería el nombre de la víctima y el resto de nombres estaría tapado con tachones para encubrir generalmente a los victimarios. El segundo, los 50 años que deben haber transcurrido, por ley, entre el hecho y la petición de información. Y el tercero y más doloroso, que las cuestiones relacionadas con violaciones de derechos humanos (torturas, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales…) no aparecen en los informes que los propios policías confeccionan. Lo digo con experiencia, revisando legajos anteriores a 1974. Y en supuesto caso de posibilidad de acceso a información relevante que desvele alguno de estos acontecimientos, la franquista y a pesar en vigor, el muro de la Ley de Secretos Oficiales.

En la investigación popular, al margen de la hemerotecas, fue el exhaustivo trabajo del abogado Miguel Castells -todavía en activo a sus 93 años- que recogió las transgresiones de derechos humanos del Estado español en Euskal Herria, incluidas las violaciones, que le llevaron a una conclusión compartida por gran parte de nuestra sociedad: la actividad paramilitar estaba diseñada desde el Estado. Fue condenado por este trabajo por los tribunales españoles y el de Estrasburgo le dio la razón en 1991, lanzando una nueva andanada contra la estrategia negacionista de los Gobiernos españoles.

Más recientemente, Argituz presentó un nuevo informe “Mujeres violadas con reivindicación política por grupos parapoliciales”, que refiere el periodo que fue de 1977 a 1980 y recoge casos particulares, en los que destacan que antes de ser violadas, algunas víctimas sufrieron un interrogatorio sobre miembros de ETA. Sin embargo, las instituciones y los estudios académicos han pasado de puntillas sobre este tema, al margen de los trabajos y esfuerzos citados. Si la lectura debe se integral, aún tenemos un debe enorme.

Gracias a estas fuentes, hoy conocemos que hubo varios localidades que concentraron la mayoría de las agresiones sexuales: las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y otros puntos menores como Bermeo, Orereta o Irun. Las violaciones tuvieron lugar en escenarios donde también se produjeron otro tipo de represiones tanto asumidas por el Estado (torturas, secuestros) como negadas (acciones paramilitares). El modus operandi de los victimarios fue muy similar a pesar de la distancia entre localidades. En todos los casos, los violadores exhibieron sus armas para coaccionar a las víctimas. Lo más llamativo del tema reside en que casi la totalidad de las manifestaciones por esas agresiones sexuales fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad españolas, provocando heridos.

Al hilo de los testimonios, Mai Etxamendi, compuso y cantó una canción junto a su padre Eñaut (el de la mítica pareja Etxamendi eta Larralde), titulada “Zure kontzertu batez (1980)”: “Errenteriritk bost gizon dira heldu/ Bostek ninduten hortxet inguratu/Kristianoz ninduten deshoratu/Joak labanez sarraskitu/Nintzalarik lurreratu/Bostek ninduten biolatu”. 

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¿Existen Quienes Torturan?

En el aniversario 51 de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas y mientras se cumplen ya 14 meses del incesante y brutal bombardeo a la población civil palestina de Gaza por parte del ente sionista, les compartimos este texto publicado por Resumen Latinoamericano:

Las víctimas de la tortura ya existen ¿Y sus perpetradores?

Iratxe Urizar y Agus Hernan | GEBehatokia-Obervatorio Vasco de Derechos Humanos

Se cumple este año el 51 aniversario de la declaración, el 10 de diciembre, por parte de Naciones Unidas, del Día Internacional de los Derechos Humanos, Una fecha que ha adquirido centralidad en Euskal Herria. Desde el Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, entidad que reinicio su actividad el pasado mes de febrero y se presentó en sociedad el 29 de junio en el Palacio de Miramar, queremos aportar con esta ocasión elementos de reflexión. Este primer año centradas en el tema de la tortura y la grave vulneración de derechos humanos que ha supuesto en la historia reciente de nuestro país.

No cabe duda, y así debe ser afirmado, que en el campo de los derechos de las víctimas de tortura y en el contexto del conflicto vasco, han sido muy reseñables los avances que se han venido dando. Desde el anuncio de la organización ETA en 2011 de abandonar la actividad violenta, se ha dado también una paulatina desaparición de la práctica de la detención incomunicada y, con ella, de la propia tortura en el ámbito de los operativos policiales en aplicación de la ley antiterrorista. Podemos constatar, por tanto, que la tortura fue una práctica íntimamente vinculada a las medidas y políticas antiterroristas.

Las víctimas de la tortura han venido sufriendo una falta de reconocimiento oficial (y de hecho, el mismo acto de denunciar haber sufrido torturas durante la detención, era utilizado como indicio de culpabilidad y sospecha de pertenencia a banda armada) y un tratamiento en completa asimetría respecto a otras víctimas. Asimetría que, si bien es constatable aún a día de hoy, comienzan a vislumbrarse normativas en la dirección correcta.

Los primeros pasos en el sentido del reconocimiento a estas víctimas fueron dados de la mano del Instituto Vasco de Criminología, con un informe que constataba, avalado por la práctica del Protocolo de Estambul, que 4.311 personas en la Comunidad Autónoma Vasca y otras 1.068 en la Comunidad Foral de Navarra habían sido sometidas a tortura en el periodo de tiempo comprendido entre 1960 y 2014. Fue desde luego demostrativo de la dimensión de esta práctica (debemos tomar en cuenta que la población total del País Vasco solo es algo superior a los 3.200.000 de personas. Además, muchos no quisieron participar de este informe, desconfiados por el maltrato institucional que llevaban años sufriendo, por no querer revivir un episodio tan traumático, por falta de información o porque habían fallecido en el momento de la realización del mismo), terribles números que llamaron la atención del CAT (Committee Against Torture) en su último examen a España llevado a cabo en la sede de la ONU en Ginebra el pasado julio de 2023. Al tener conocimiento de este informe, el Comité solicitó al Gobierno español que estos casos fueran investigados, sin que a día de hoy hayan sido dados pasos en este sentido. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Derechos humanos establece ya una sistemática inactividad investigatoria en los casos de tortura bajo incomunicación antiterrorista y, derivado de ella, falta de esclarecimiento de hechos y sus responsabilidades. Son ya 11 casos en que el Alto Tribunal Europeo ha condenado a España por no investigar denuncias de torturas, lo cual puede considerarse, ya que establece un patrón sistemático.

Falta de investigación en los casos de tortura también recogida en recomendaciones y decisiones de diversos órganos de Naciones Unidas (Exámenes Periódicos Universales, informes de Relatores Especiales tras visitas, así como quejas individuales avaladas por el Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, etc.)… Falta de investigación que muy a menudo ha venido acompañada de, además de la impunidad hacia los perpetradores, de legitimación y glorificación de gravísimas vulneraciones de derechos humanos atribuibles al Estado. Algunos responsables políticos e institucionales han venido realizando declaraciones que no solo enaltecen y legitiman el hecho de haber torturado, sino que humillan o insultan a sus víctimas, revictimizándolas.

Si bien llama la atención la absoluta inacción del Estado español en este tema siendo como es, además el principal perpetrador, las instituciones vascas y navarras han aprobado en los últimos años la Ley vasca 12/2016 y la Ley Navarra 16/2019 Están empezando a evaluar testimonios de las personas torturadas y víctimas de otros tipos de violencia ejercida por el estado (desapariciones, muertes, secuestros, heridos) y ya se están dando los primeros reconocimientos, 461 en total a día de hoy.

Los últimos 93 reconocimientos acaban de darse por parte de la Comisión en el Parlamento de Gasteiz este pasado octubre. La tipología de las víctimas reconocidas es variada: torturados, muertos por la Guardia Civil o la Policía Nacional española, otros asesinados o gravemente heridos por los GAL, el Batallón Vasco Español u otros grupos parapoliciales.

Uno de los reconocidos ha sido José María Larretxea Goñi, que sufrió un intento de secuestro y lesiones graves en 1983. Este caso de secuestro fue ordenado por el exministro español José Barrionuevo, algo que él mismo reconoció en una entrevista concedida al diario El País. A pesar de que indudablemente van dándose avances y las víctimas van logrando reconocimiento, no podemos, sin embargo, reivindicar el derecho que tienen a saber la verdad. El derecho a la verdad que ampara no solo a la víctima sino a la sociedad en su conjunto. Son víctimas, pero ¿dónde están los victimarios?; ¿dónde los autores materiales?; ¿dónde los responsables últimos? Las víctimas no tienen forma de perseguir a sus perpetradores, que permanecen impunes, cuando no premiados o promocionados.

Pero es que, además, la detención bajo régimen de incomunicación que ha sido demostrada como premisa necesaria para que la tortura sea posible, si bien no se aplica, puede ser aplicada cuando así se decida, ya que el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, que la hace posible, no ha sido derogado, condición sine qua non para poder atender al principio de no repetición de las víctimas de tortura.

Los avances están ahí, pero también siguen estando los relatos que justifican y legitiman los crímenes contra las víctimas de la violencia del Estado, como recientemente hemos visto en el caso de Mikel Zabalza. Acabar con las versiones oficiales escudadas en informes y expedientes que a día de hoy continúan secretos y que deben ver la luz.

Debe trabajarse para que esta dinámica de reconocimientos no quede estanca y sea actualizada y adaptada, mejorar el sistema de indemnizaciones y, tal y como la misma Comisión de Valoración solicitaba en la presentación de los últimos 93 reconocidos, abrir un nuevo plazo de solicitudes de reconocimientos, incluyendo también los casos de violencia ocurridos a partir del año 1999.

Entre todos deberemos trabajar para que la última de las «R» de los principios básicos de los derechos de las víctimas de la violencia de estado (reconocimiento, reparación y la garantía de no repetición) sea también implementada cuanto antes. El GEBehatokia nace con esa visión de servir de «fiscalía social» para acompañar a las víctimas del Estado desde la premisa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la reparación y también a la justicia.

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Responsables Políticos del Terror de Estado

 El 20 de noviembre es una fecha de memoria y de resistencia en Euskal Herria pues se conmemoran los asesinatos a manos del estado español en esa misma fecha de Santi Brouard en 1985 y de Josu Muguruza en 1989, cuando ya reinaba Juan Carlos I y la "modélica transición" ya llevaba varios años de andadura.

Aquí les presentamos el artículo de Naiz dedicado al acto de conmemoración de este año:

Otro 20N las víctimas de la violencia del Estado interpelan a sus responsables políticos

Los actos de recuerdo a Santi Brouard y Josu Muguruza, desarrollados en Bilbo, han sido el escenario donde Egiari Zor Fundazioa ha vuelto a interpelar a quienes avalaron y siguen defendiendo la violencia como arma del Estado para afrontar el conflicto político a que asuman sus responsabilidades.

Agustin Goikoetxea

Otro 20N, en el homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza, militantes referenciales de la izquierda abertzale abatidos por balas mercenarias, las víctimas de la violencia del Estado han interpelado a quienes la avalaron y tratan de ocultar su responsabilidad en miles de casos de vulneraciones de derechos humanos. Pilar Garaialde, en nombre de Egiari Zor Fundazioa, les ha emplazado a dar pasos.

Ametzola y Errekalde han vuelto a ser escenario de sendos actos de recuerdo a Brouard y Muguruza, al cumplirse 40 y 35 años de que acabaran con sus vidas, tal y como se ha destacado, por «su determinación en la búsqueda de dar una solución justa y democrática al conflicto político».

«Alguien decidió que sobraban, que debían morir para así obtener rédito de sus muertes a la vez que asestaban un duro golpe a sus adversarios políticos. Santi Brouard fue asesinado en el marco de los contactos planteados por el embajador francés Guidoní, y Josu lo fue en el contexto de impulsar nuevas iniciativas para retomar las conversaciones políticas mantenidas en Argel», han rememorado al inicio de la ofrenda floral en Ametzola, al objeto de situar la coyuntura en que se produjeron ambos atentados que conmocionaron a la sociedad vasca.

Un homenaje el de este miércoles en Bilbo no solo a estas figuras referenciales del independentismo, también a las miles de personas que durante décadas padecieron la violencia del Estado, en especial a 83 hombres y mujeres que perdieron lo más preciado, su vida, a manos de mercenarios que mataron bajo las siglas del GAL, Triple A y Batallón Vasco Español, por citar algunas, del bergararra Germán Agirre a la santurtziarra Norma Mentxaka, por los que se ha depositado un clavel ante la ikurriña que acompañaba a los retratos de Brouard y Muguruza junto al monolito que recuerda en Ametzola al pediatra y presidente de HASI.

Presencia del viceconsejero Retortillo

En ese primer acto ha estado presente Alfredo Retortillo, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno de Lakua, e Iñigo Zubizarreta, concejal delegado de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad en el Consistorio bilbaino, junto a la directora del área, Monika Hernando, quienes han compartido espacio junto a familiares de Brouard y Muguruza, arropados también por una amplia representación de cargos públicos de EH Bildu.

Más tarde, en Errekalde, después de los bertsos de Arkaitz Estiballes y Jon Maia, Pilar Garaialde, de Egiari Zor Fundazioa, ha incidido en que «el terrorismo de Estado no fueron solo los GAL», recordando «a las miles de personas que sufrieron violaciones, secuestros o torturas», sin olvidar a las víctimas mortales y a las desaparecidas en largos años de conflicto.

«Estas son las consecuencias de la historia de violencia escrita por el Estado y aquellos que lo han sustentado. Una historia incómoda para quienes quieren imponer una visión parcial. Incómoda, porque pone en duda el carácter democrático del propio Estado», ha resaltado.

Después de congratularse del trabajo desarrollado en los últimos años «a favor de un marco de convivencia integral», camino que ha reconocido que no ha sido fácil, no ha ocultado «con preocupación» lo que algunos han denominado «cambio de ciclo», en el que proponen una batería de iniciativas que, en opinión de Egiari Zor, carecen de una perspectiva inclusiva.

Garaialde ha citado los cambios producidos en el seno del Ejecutivo de Lakua y el «reprobable comportamiento» de la delegada del Gobierno español en la CAV, Marisol Garmendia. «Una andadura que se inició excluyendo a las víctimas de la violencia estatal del Consejo de Gogora con el imprescindible apoyo de los dos partidos que sustentan el Gobierno. Un punto de partida que nos devuelve una década atrás al identificarnos como ‘víctimas de abusos policiales’ o ‘víctimas de la violencia policial ilícita’. Una terminología que no podemos aceptar, en absoluto inocente, cuyo objetivo es minimizar la gravedad de las violaciones de derechos humanos que nos infligieron. Algo que sin duda humilla y revictimiza», ha expuesto.

«¿Alguien puede pensar desde una perspectiva racional y sincera que todo esto ocurrió porque a unos cuantos funcionarios se les fue la mano? ¿Alguien puede creer que a estas alturas sirven de algo las condenas que abarcan responsabilidades convenientemente acotadas para evitar asumir las responsabilidades políticas derivadas de lo que nos hicieron?», se ha preguntado la portavoz de la fundación.

Garaialde ha sostenido que la deslegitimación de la violencia exige abordar la realidad que hizo posible que «desde el poder político y con todos los recursos del Estado se violaran impunemente derechos humanos a miles de personas». Ha remarcado que no puede obviar la gravedad que supone que, quien está llamado a ser el garante de los derechos humanos de los ciudadanos, sea quien los vulnera.

«Cuando hablan del derecho a la justicia de las víctimas, de sumar esfuerzos para resolver crímenes no aclarados, es evidente que no se dirigen a nosotras. Este es un derecho que nos niegan precisamente quienes tienen en su mano la posibilidad de aclarar los cometidos contra nosotras», ha denunciado.

«Siglas políticas concretas»

La representante de Egiari Zor ha ido más allá, al advertir de que «existen responsabilidades que salpican directamente a siglas políticas concretas y ninguna está exenta de asumirlas». Una tarea pendiente, ha apostillado, «en la que quienes se sitúan como árbitros tienen aún todo por hacer».

Garaialde ha vuelto a recordar que los homenajes públicos que se ofrecen a sus victimarios les agreden, como el que tuvo recientemente en Gasteiz. «La conmoción que nos generan hechos como este es absolutamente gratuita, incomprensible; máxime cuando se los ensalza, asciende y condecora a sabiendas de que todo lo que nos hicieron permanece impune», ha criticado.

Ha subrayado que el acicate que les lleva a seguir perseverando pese a los obstáculos y los silencios es «el deseo de que nunca nadie tenga que padecer lo que a nosotras nos hicieron», no cayendo en «la confrontación, la provocación o la agresión».

«El deber de quienes hemos sufrido y sabemos como duelen las heridas es precisamente convertir ese dolor en virtud para construir una sociedad mejor en la que los hechos del pasado se transformen en enseñanzas que nos ayuden como sociedad, a generar garantías de no-repetición», ha enfatizado.

Desde Egiari Zor han dejado claro que no van a contribuir a que se destruya lo avanzado estos años, «ni a la construcción de un relato que pretenda diluir las responsabilidades derivadas de lo que nos hicieron y su gravedad».

«No puede enarbolarse desde lo político, y menos desde lo institucional, una doble vara de medir en cuestiones tan sensibles, el mensaje que estaríamos lanzando a los jóvenes sería muy peligroso. Si existe un ‘cambio de ciclo’ debe serlo para seguir dando pasos. Debe ser la legislatura del reconocimiento, la defensa del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una cuestión pre-política sobre la que debería existir un consenso entre instituciones y partidos políticos, que ayude a su blindaje para evitar nuevos retrocesos en esta materia», sostienen.

El reto, estiman, es articular un «marco de convivencia en términos democráticos», y en el que creen se sitúa la mayoría social, política, sindical e institucional. En ese sentido, defienden que «el diálogo, el consenso y, sobre todo, el respeto a la pluralidad de nuestra sociedad son imprescindibles para avanzar».

Sortu reivindica el reconocimiento nacional y actuar como pueblo

Centenares de personas se ha manifestado este miércoles a la tarde en Bilbo, desde el lugar donde estuvo la consulta de Santi Brouard hasta uno de los tinglados del arenal, bajo el lema ‘Herriaren arnasa - Independentziarako indarra’ y un intenso chaparrón en recuerdo de este militante referencial de la izquierda abertzale, al igual que Josu Muguruza.

En una coyuntura política marcada, entre otros aspectos, por el reconocimiento nacional y el debate sobre los nuevos estatus político-jurídicos, Sortu ha reivindicado que ya es hora de que se reconozca el carácter nacional de Euskal Herria y de actuar como pueblo.

Antes de arrancar la movilización, Oihana San Vicente, de la Secretaría Nacional de la formación independentista, ha declarado que, «a pesar de los pasos dados en los reconocimientos oficiales de las víctimas provocadas por el Estado español, queda aún mucho camino por recorrer en el ámbito del reconocimiento, la reparación y las responsabilidades». Frente a ello, ha subrayado la necesidad de apostar por la construcción de una memoria completa, y que, inevitablemente, es necesario abordar la raíz del conflicto político, recordando que vivimos un momento crucial para ello.

A la conclusión de la marcha, Paul Laka ha recordado la trayectoria militante de Brouard y Muguruza. «Cuarenta años después, el proceso de liberación sigue adelante, y el aliento de Euskal Herria que ellos tenían como objetivo está más vivo que nunca», se ha congratulado, incidiendo en que crece la mayoría social que aspira a la paz y la libertad. «Esa libertad –ha expuesto– se debe basar, necesariamente, en el respeto a nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro». En ese camino, ha llamado a participar el próximo sábado en la manifestación nacional convocada por EH Bildu en Bilbo.

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La Diana en Xabier Lapitz

El cuerpo policíaco español con label Basque Country ha estado dejando claro desde hace años que la paz y la concordia no son objetivos a perseguir por el estado español en Euskal Herria.

En esa tarea de sabotaje han contado con la ominosa colaboración de los jelkides.

Pues bien desde Naiz traemos a ustedes su más reciente "gracejada", esta, en contra del periodista Xabier Lapitz - a ver si el trosko Pedro Miguel se entera o si se tiene que esperar a que se lo informe su colega Pedro J. Ramírez -.

Esta es la información:

Esan pide expulsar de EiTB al periodista Xabier Lapitz, amenazado por un ertzaina en la calle

El presentador del programa de ETB-2 ‘En Jake’, Xabier Lapitz, está en el punto de mira del sindicato de la Ertzaintza Esan, que ha pedido su «expulsión inmediata» por «insultar, menospreciar y vejar tanto a la Ertzaintza como a sus trabajadores». Lapitz ha replicado y recabado apoyos en las redes.

El sindicato Esan, que obtuvo el 32% de los votos en las elecciones de la Ertzaintza el pasado año y es el segundo más representado, ha lanzado un furibundo ataque contra el periodista y presentador del programa ‘En Jake’ de ETB-2 Xabier Lapitz. Ha reclamado su «expulsión inmediata» por «estar usando su cuenta de Tweeter (sic) y el propio programa para insultar, menospreciar y vejar tanto a la Ertzaintza como institución, cómo a sus trabajadores con frases y palabras como ‘sinvergüenzas, tarugos, macarras, mamporreros, maderos, violentos, traidores, clandestinos, ilegales, fascistas, ultras, porteros de discoteca frustrados, jusapoles...’».

En un mensaje que han registrado también en la web Irekia del Gobierno de Lakua, Esan afirma que «la Ertzaintza de hoy en día es una institución que en el último Deustobarómetro 2022 obtuvo un nivel de confianza de 5,1 puntos siendo únicamente superada por universidad, pequeñas empresas y Osakidetza y muy por encima del resto de instituciones tan significativas como el propio Gobierno Vasco, las diputaciones, el Parlamento Europeo, los sindicatos e incluso la de los medios de comunicación (EiTB) que obtuvieron un resultado de 3.2 puntos (no extrañando esta valoración debido a la clara manipulación de la información de individuos como el mencionado)».

«Por todo esto, poco o nada entendible que este presentador de la Televisión Pública Vasca y alguno de los tertulianos de su mesa muestren tal desprecio por una entidad tan valorada por la ciudadanía y que a su vez se le permita el lujo de seguir en ese puesto», afirman. Y añaden que «no es la primera vez que este personaje actúa de manera despectiva y/o violenta contra alguien, ya que en el Alarde de Hondarribia empujó y amenazó a ciudadanos que simplemente estaban observándolo y que no pensaban como él».

Lapitz no se ha amilanado y ha respondido en Twitter a este mensaje amenazante, además de difundir otras iniciativas de la Ertzaintza en su contra, como esta:

 

 

Ha reclamado de paso que quienes participan en esta campaña de acoso se identifiquen:

 

El periodista ha recibido inmediatamente varias muestras de solidaridad en las redes, entre ellas la del también presentador Xabier Euzkitze.

 

Sin embargo, la campaña de hostigamiento no cesa de momento, porque Lapitz ha revelado en redes este jueves tarde que ha sido amenazado directamente por un ertzaina, al que ha intentando fotografiar.

 

 

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Egaña | Patriotas Unidos

Con el ruido de sables provocado por los golpistas españoles de siempre, traemos a ustedes este ejercicio de memoria histórica reciente desde la página de Facebook de nuestro amigo Iñaki Egaña:

Patriotas unidos

Iñaki Egaña

Ladis Zabala, Piti Iturbide y Rogelio González Medrano formaron un trio que se destacó por sembrar el terror en el llamado Triángulo de la Muerte, durante la Transición. Reivindicaron sus fechorías con las siglas Triple A y Batallón Vasco Español y tuvieron, hasta que el escándalo de su impunidad traspasó líneas, la complacencia de sectores del Estado. Sus víctimas, personas vinculadas a la izquierda abertzale.

Piti Iturbide murió en abril de 2013 y Ladis Zabala en octubre de 2015, dejando tras su impronta, numerosos cabos sueltos. El primero de ellos el de quién los reclutó. Era conocido que su mentor fue Jesús Arrondo, un buscavidas que trabajaba para la Policía franquista y que fue el causante de la muerte de dos militantes vascos, Roque Méndez y José Luis Mondragón. ¿Quién estaba en el ministerio del Interior detrás de Arrondo? El tercero de la triada, González Medrano se “arrepintió” y destapó a los colaboradores e impulsores de la red, políticos, agentes policiales y sacerdotes. Pero aquel informe desapareció en la sala de algún juzgado. Nunca fueron imputados los aludidos.

Hace una decena de años, Uwe Mundlos, Beata Zschäpe y Uwe Böhnhardt fueron señalados como autores de al menos diez muertes reivindicadas por un grupo parapolicial alemán, la NSU (Clandestinidad Nacionalsocialista). Fueron atentados cometidos desde 2000 hasta 2011, en los que las víctimas, con alguna excepción, fueron migrantes. Los dos Uwe quemaron su vivienda y aparentemente se suicidaron para evitar la detención mientras que en 2018 Zschäpe, fue condenada a cadena perpetua tras haberse previamente entregado a las autoridades policiales. Como González Medrano colaboró con la investigación y luego se retractó. Cumple pena en Chmenitz.

Con la muerte de Mundlos y Böhnhardt se rompieron los lazos que los unían al estado profundo. Como en el caso de los del Triángulo de la Muerte, las preguntas sin respuesta fueron superiores a las que ofrecieron certezas. ¿Quiénes marcaban los objetivos? ¿Quiénes los escenarios? ¿Quiénes aceleraban o desaceleraban las acciones? Y los más de 40 colaboradores, ¿qué fue de ellos? Cuando las preguntas se quedan sin respuestas, lo habitual es mirar quién sale beneficiado de una determinada acción. Y con la actividad de la NSU, los favorecidos fueron los sectores que propugnan el Segundo Reich.

La complacencia con la NSU recordó aquel progromo de 1992 en Rostock-Lichtenhagen cuando cientos de ultras, jaleados por miles de espectadores y con la Policía ausente, atacaron una residencia de trabajadores vietnamitas llegados a la RDA antes de la reunificación. Gritaban “Alemania para los alemanes”. Fue el punto de partida. En 2019, Walter Luebcke, presidente del Consejo de Kassel, fue muerto en atentado neonazi. Le echaron en cara su acogida a refugiados. El pasado año, la SEK, una unidad especial de la Policía, fue disuelta en el estado de Hesse por sus vínculos con la extrema derecha. Hace unos meses, trascendió el intento de secuestro del ministro de Salud, cuando fueron detenidos varios militantes de Patriotas Unidos. Y hace unos días, 25 detenidos por preparar un golpe de Estado que devolviera a Alemania su esplendor imperial. La vuelta de los arios.

En octubre y en el acto BeyondSpain, alternativo al año de España en la feria del libro de Frankfurt, tuve la ocasión de participar en una de las conferencias. El rumrum del golpe estaba ya en el ambiente. Cuando concluí, uno de los oyentes me preguntó por la solidez y fortaleza del estado profundo en España. Y añadió que, en Alemania, el estado profundo tenía a la extrema derecha de ariete desde los tiempos de Rostock-Lichtenhagen. Y que ese estado profundo intentaba marcar la agenda política con acciones diversas. Vamos, por lo que entendí, como si fuera un lobby, potente eso sí, pero un lobby, a fin de cuentas.

La desigualdad con España es abismal. El estado profundo hispano, siguiendo la acepción sajona del Deep State, no tiene comparación. No es un estado dentro del estado, o esos grupos que aspiran al poder y conspiran clandestinamente como ha sucedido o está sucediendo en Alemania. En España el estado profundo es la esencia, la naturaleza misma de su expresión política. En Alemania, las instituciones y asociaciones policiales y militares están infiltradas por agentes del estado profundo. En España, por el contrario, las instituciones policiales y militares son el estado profundo y, en todo caso, están salpicadas por agentes democráticos, la excepción. El estado profundo es el Estado y el Gobierno subsidiario.

Los recorridos paralelos no sólo están relacionados con la memoria y la expansión de los relatos excluyentes, cuestiones en las que las diferencias son notables, sino en la forma política de abordar el auge del fascismo. Mientras en Alemania a derecha e izquierda se ahonda en que la desnazificación no ha sido lo suficientemente contundente, en España la forma más “natural” de mostrar patriotismo se expresa aludiendo a valores excluyentes, violentos y antidemocráticos. Es decir, profundizando en las mismas esencias que hicieron perdurar al franquismo, marca blanca del nazismo.

Las manifestaciones y relatos de José Barrionuevo, Jorge González, Bernard André, Juan Alberto Belloch, Felipe González… y los que llegarán, confirman que a la impunidad se le suma la necesidad de pasar a la historia como los salvadores de esa patria que hoy, por la presencia política de ERC o EHBildu, parece en peligro. Los que se reivindican fueron precisamente los autores intelectuales de las razias de Zabala e Iturbide.

Y así, los mensajes golpistas en Madrid han adquirido una cadencia amenazadora, sustentados en una idea transversal, la misma que en Alemania sirve para galvanizar al estado profundo en el lema de “Patriotas Unidos”. Con la diferencia de que, en España, esos patriotas copan todas las instancias del Estado, desde la magistratura hasta los medios de comunicación, pasando obviamente, por cuarteles y comisarías.

 

 

 

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En Memoria de Michael Collins

Naiz ha publicado este reportaje en memoria de Michael Collins, gran líder de la autodeterminación irlandesa con respecto al yugo colonial inglés. 

Recordemos que la criminalización de quienes han ofrendado su visa a la libertad de los pueblos es un recurso utilizado lo mismo por Londres que por Madrid o París como parte de su negativa a reconocer el derecho a la autodeterminación de las naciones históricas bajo su dominio.

Adelante con la lectura:

Cien años de la muerte de Michael Collins, el eterno insurgente irlandés

Michael Collins siempre será recordado por su papel de líder revolucionario clave en la creación de la Irlanda moderna. “The Big Fella” (El gran tipo), apodo por el que se le conocía, murió hace un siglo, el 22 de agosto de 1922, en el transcurso de una emboscada, cuando apenas tenía 31 años.

Koldo Landaluze

El 24 de abril de 1916, coincidiendo con el Lunes de Pascua, diferentes organizaciones republicanas e independentistas iniciaron una insurrección armada en Dublín que fue considerada el prólogo del proceso de emancipación irlandesa. Dos mil insurgentes, sin apenas entrenamiento militar y escasamente armados, tomaron las calles de Dublín para enfrentarse al todopoderoso y experimentado Ejército del Imperio británico.

Orquestado por la Hermandad Republicana Irlandesa, el Éirí Amach na Cásca (Alzamiento de Pascua en gaélico) contó con la colaboración del grupo Voluntarios Irlandeses, del Ejército Ciudadano Irlandés y del Consejo de Mujeres Irlandesas, que contribuyó con trescientas voluntarias que aportaron todo tipo de ayudas y refuerzo en el cruento combate que se estableció en las calles.

Entre los combatientes se encontraba Michael Collins, un joven de 25 años que, tras abandonar su Cork natal y trabajar en una oficina de correos en Londres, entró a formar parte de la Hermandad Republicana Irlandesa (IRB), una organización clandestina y revolucionaria que luchó por la independencia de su país.

El Gobierno británico envió a Dublín 16.000 soldados y un millar de policías que se hicieron con el control de la ciudad el 29 de abril, tras varios intensos días de lucha que se saldaron con el fallecimiento de 132 británicos y 64 irlandeses, además de muchos heridos. Los dirigentes de la rebelión fueron apresados, encarcelados y la mayoría de ellos, dieciséis (entre los cuales estaban el marxista James Connolly y Patrick Pearse) fueron ejecutados cinco días después.

La mayoría de los rebeldes capturados fueron recluidos en Froncoch, en el norte de Gales. Allí Collins, con la ayuda de sus compañeros de la IRB, organizó a los prisioneros y, cuando fueron liberados a finales de 1916, regresó a Irlanda para gestionar un fondo de ayuda para las víctimas de la insurrección.

Fue entonces cuando mostró sus grandes cualidades estratégicas, potenciando los ideales de la causa del republicanismo irlandés y creando una formidable red de inteligencia. En el ámbito militar, la IRB reorganizó la dirección de los Voluntarios Irlandeses que habían participado en la insurrección. También destituyó al dirigente fundador del Sinn Féin Arthur Griffith y, en noviembre de 1917, Eamon de Valera fue elegido presidente tanto de los Voluntarios como del Sinn Féin.

De Valera fue uno de los veteranos que sobrevivió en la insurrección y era visto por Collins y la IRB como un republicano más firme que Griffith. Por su parte, Collins asumió la dirección de la organización de los Voluntarios y la secretaría de la IRB, y participó en la organización de varias campañas electorales del Sinn Féin.

Mientras todo ello se desarrollaba en la trastienda política, en las calles de Irlanda se difuminaba el apoyo que la población había mostrado al Ejército británico al inicio de la Primera Guerra Mundial debido a las ejecuciones derivadas del Alzamiento de Pascua, la amenaza del servicio militar en Irlanda y el continuo fracaso del Gobierno irlandés para implantar el “Home Rule”, estatuto que dotaba de cierta autonomía a la isla.

Pericia demostrada en el tablero de juego real

A este ambiente tensionado también se sumó otra evidencia, la fuerte pujanza revolucionaria que recorría Europa y a la que los irlandeses no fueron ajenos. Connolly y su Partido Laborista no supieron, o no quisieron, sacar provecho de lo que bullía en la sociedad y delegó en los nacionalistas el factor independentista.

El Partido Laborista irlandés no presentó candidatos en las elecciones generales de diciembre de 1918 y renunciaron a favor del Sinn Féin, que logró 73 de los 106 escaños con la plataforma de una República de toda Irlanda. Collins fue elegido por Cork South y Sinn Féin se negó a ocupar sus escaños en Westminster, organizando un parlamento propio en Irlanda. Su primera reunión, celebrada en enero de 1919, reafirmó la declaración de la República que se adoptó originalmente en el arranque del Alzamiento de Pascua.

De Valera fue elegido presidente y nombró un gabinete que incluía a Collins como ministro de Economía, el cual organizó un préstamo nacional de 500.000 libras para financiar al Gobierno, sobre todo para reforzar la operación de los Voluntarios Irlandeses que, por aquellos días, se empezó a conocer como Ejército Republicano Irlandés (IRA). La ayuda económica, proveniente de Irlanda y del exterior, fue cuantiosa y su éxito provocó que incluso Lenin pidiese al Gobierno soviético que organizara un préstamo similar.

Desde las sombras, Collins comenzó a demostrar su pericia en el tablero de ajedrez y tuvo claro que cada movimiento de piezas obedecía a una cuestión única, desbaratar la operación del Gobierno británico en Irlanda por todos los medios posibles. Se convirtió en el director de inteligencia del IRA y presidente de la IRB. El IRA ejecutó asaltos para conseguir armas y fondos, ejecutando a destacados miembros de la Administración británica. Su estrategia de guerra de guerrillas, estudiada a partir de la experiencia de los bóers en Sudáfrica, provocó que Collins fuese el hombre más buscado de Irlanda. Se impuso la ley marcial y esta llegó acompañada por una represión feroz e implacable que tuvo como protagonistas a varias fuerzas paramilitares conocidas como los Auxiliares y los Black and Tans, integrada por excombatientes de la Primera Guerra Mundial.

Quitada la correa a estos auténticos perros de presa, el terror se instauró en Irlanda: los paramilitares británicos cometieron todo tipo de atrocidades, arrasaron pueblos y ciudades; fue tal el terror que sembraron que los británicos, temiendo una revolución social, pusieron sobre la mesa su carta Orange, dividiendo la isla con la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920. De este modo cedió el control del norte, el Úlster, a los reaccionarios orangistas.

«Mi propia sentencia de muerte»

Prendida la mecha, la guerra se intensificó y el 21 de noviembre de 1920, en el conocido como “Domingo Sangriento”, Collins ordenó la ejecución de dieciocho agentes que pertenecían a la inteligencia británica. Por su parte, los Auxiliares respondieron ese mismo día irrumpiendo con sus vehículos acorazados en Croke Park (Dublín), donde se celebraba un partido de fútbol. Los paramilitares dispararon a discreción contra la multitud que se encontraba en las gradas y a los jugadores de campo. Murieron catorce personas y cientos resultaron heridas.

El 11 de julio de 1921 se declaró una tregua y un grupo de la República Irlandesa, encabezado por Griffith y Collins, partió hacia Londres a negociar con el Gobierno británico. Fruto de ello fue el tratado que puso fin a la guerra entre ambos países y se declaró el Estado Libre Irlandés –a excepción de los seis condados del Norte–. Tras la firma, Collins pronunció una de sus frases más famosas: «He firmado mi propia sentencia de muerte».

En agosto de 1922, cuando aún no había cumplido los 32 años de edad, el carismático líder independentista se dirigió hacia el sur de Irlanda con la esperanza de llegar a un acuerdo con los rebeldes “antitratado” y, de ese modo, poner fin a la Guerra Civil. Desoyó los consejos que le recomendaron no acercarse a la zona y el 22 de agosto, su convoy fue emboscado en Béal na mBláth, en la carretera entre Bandon y Macroom y, Collins, conocido como “The Big Fella”, recibió un tiro en la cabeza cerca del lugar que le vio nacer.

 

 

 

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