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sábado, 21 de enero de 2023

Egaña | Extorsión

Con ustedes, otro demoledor texto que Iñaki Egaña nos ha compartido en su perfil de Facebook:


Extorsión

Iñaki Egaña

Ubanorma, empresa en la que trabajaba Ainhoa Alberdi, consiguió a dedo un contrato para una adjudicación en el Parque Tecnológico de Miñano, en Araba. Al poco, Alberdi recibió la llamada de la cantidad de la “mordida” correspondiente, 100.000 euros, un montante al parecer irrisorio para las cifras que se manejan en este tipo de extorsiones. Quién le pidió “pasar por caja” fue Alfredo de Miguel, diputado foral alavés por el PNV.

El Supremo acaba de ratificar la pena por la extorsión y De Miguel deberá entrar en prisión. Aunque tengo mis dudas. Perro no muerde perro y como sucedió ya hace unos años, cuando el presidente del PNV en Iruñea fue condenado a 75 años de prisión por amenazas y pedir el impuesto revolucionario en nombre de ETA, las perspectivas de una justicia equitativa se desvanecen. En aquella ocasión, el presidente del IBB, con un indulto exprés, salió de inmediato a la calle. Uno de los condenados en el caso De Miguel ya ha señalado que pedirá indulto y otros dos alegarán problemas de salud.

Las referencias anteriores vienen a cuento de esa contraprogramación que tan habitualmente ejercita el Partido del Gobierno de Gasteiz, liderado por Urkullu. Varios de sus ahora ex militantes más significativos en Araba han sido condenados por extorsión, sumando la sanción a esos procesos abiertos o cerrados, que llevan a componer una tendencia sobre un latrocinio sostenido. Quizás hasta una estructura dedicada a ello, unas cloacas propias coloreadas con el rojo, el blanco y el verde.

Y, sin embargo, la postura oficial jeltzale ha sido la de mirar hacia otra esquina y enmierdar el escenario, tal y como el PP cuando es acusado de corrupto y mafioso: no niego mi actitud corrupta, pero el resto también lo es. Para ello nada menos que el portavoz oficial del Gobierno, Bingen Zupiria, que ha exigido, en domingo y en portada de los diarios vascos del Grupo Vocento, dónde se encuentra el dinero que ETA extorsionó antes de su desaparición. Una respuesta ya conocida desde 2015, cuando la Universidad en la que se graduó (Deustu), dio publicidad a un trabajo sobre las finanzas de ETA.

Lo sorprendente es que Zupiria lance esa exigencia al coordinador de EHBildu. Lo cual trasluce que, a pesar del tiempo pasado, la falacia creada por el Estado profundo, la del “Todo es ETA”, desde las ikastolas, las cooperativas hasta EA (parte de EHBildu y por cierto escisión del PNV), es compartida al menos por Urkullu y su vocero, Bingen Zupiria. ¿Por qué exigir sino a una organización legal, creada en 2012 responsabilidades de otra clandestina por su actividad de 1980?

En el caso De Miguel, el comodín de ETA, como ahora lo ha hecho Zupiria, ya fue usado por el acusado que dio nombre a la causa. En 2011 alegó que movía dinero de forma opaca por una supuesta amenaza de ETA que le obligaba a transmutarse en humilde trabajador para no pagar el “impuesto revolucionario”. No coló, pero en el juicio, la pareja de Koldo Otxandiano, el segundo de a bordo en la trama de fontaneros, volvió a utilizar el mismo comodín.

En plena crisis del Pacto de Lizarra-Garazi, el PNV hizo público un comunicado extremadamente explícito sobre la coyuntura. Para los amantes de la hemeroteca lo firmó el 2 de diciembre de 1999. Entonces, los partidos constitucionalistas y el PNV echaron en cara a ETA que intentaba condicionar el proceso político con la extorsión. Y la dirección jeltzale señaló que el debate político era otro y que introducir el término de la “extorsión” era desvirtuarlo.

Bingen Zupiria lo tuvo que conocer, porque en esa época y durante diez años más, fue director de Euskal Telebista, ese medio tantas veces denunciado como el brazo mediático del PNV. Su relación sentimental con la redactora de informáticos no deja lugar a especulaciones diferentes. Fueron, además, los años de las ilegalizaciones, de la criminalización de decenas de miles de “delincuentes” cuyo nexo de unión era el de ser independentistas. Zupiria, ETB y el PNV no se destacaron precisamente por su objetividad.

Y a pesar de aquel comunicado de dejar la “extorsión” fuera de la agenda política, el portavoz del Gobierno de Urkullu, vuelve a retomar el comodín habitual de la ultraderecha española para tapar sus vergüenzas. Unas vergüenzas que tienen una amplia trayectoria, como su historia, desde aquellas 2.500 máquinas de juego que supuestamente financiaron las primeras campañas electorales del PNV, según denunció el diario Egin. La presión jeltzale obtuvo resultados y no hubo investigación judicial. Pero la venganza fue terrible. José Antonio Ardanza, en un mensaje que imagino le preparó su jefe de prensa, declaró: “Cerrar Egin será un ejercicio de higiene democrática”. ¿Quién era su jefe de prensa? Bingen Zupiria.

Antes del cierre de Egin, la Ertzaintza ya había entrado en Egin para llevarse documentos relacionados con las investigaciones de las cloacas del PNV. La extorsión tiene muchas caras, algunas relacionadas directamente con la amenaza, otras con la aplicación de esa ley llevada a los altares por los sectores más reaccionarios, la Ley Mordaza. ¿Cuántos millones recaudados? ¿A qué se han destinado?

¿Adónde fueron a parar los millones de dólares que Washington insufló a la democracia-cristiana europea a través del PNV? ¿Cuál fue su comisión por hacer de intermediario? ¿Adónde fueron a parar los millones que desde 1982 adeudaba el Estado a Herri Batasuna por sus citas electorales? ¿Y la extorsión de las multas millonarias a centenares de militantes independentistas? ¿Y el coste del alejamiento de miles de presos? ¿Y la extorsión político-económica, cierre de Euskalduna y demás?

Ya lo dijo un conocido militante jeltzale. Hay que jugar en primera división, con angulas y moet chandon en el menú del día a cuenta de lo público. Es el argumento exculpatorio mayor, el esgrimido cuando la luz aprieta. El chocolate del loro sigue dando para mucho, sobre todo para que los tramposos sigan jugando a la trasparencia desde sus cabinas opacas.

 

 

 

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sábado, 27 de febrero de 2021

La Tormenta del DNI

Miren Larrion, referente de la izquierda abertzale en Araba, se encuentra en el medio de una tormenta que si bien originada por ella misma y su propia conducta, ahora está siendo azuzada por los sectores más reaccionarios tanto de la CAV como del estado español.

Con su texto publicado tanto en Gara como en Facebook, Iñaki Iriondo pone las cosas en su lugar.

Lean por favor:


Filtraciones, falsedades y políticos trolls

Iñaki Iriondo

Este viernes dos cabeceras del Grupo Noticias llegaban al quiosco con primeras páginas abiertas a cinco columnas al grito de «La dueña del DNI retiró la denuncia al saber que lo había usado Larrion», y añadían que «la Ertzaintza observó elementos suficientes para mantener la demanda de oficio y seguir la investigación». Esto no es verdad. La víctima de la sustracción del DNI –víctima, no cabe olvidarlo– confirmó su denuncia tras conocer la implicación en los hechos de Miren Larrion que aparece expresamente mencionada en ella. Hay constancia documental de esto. La denuncia sigue adelante por voluntad confirmada de la víctima, no «de oficio». Si en un primer momento pudo existir un impulso fraternal, lo cierto es que no hay constancia escrita de ello (de la denuncia sí), lo que revela la mala fe de quien filtró lo que, a lo sumo, pudo ser un mero comentario prematuro.

Se suman falsedades, filtraciones y un indisimulado interés político en el que se dan la mano –difícil pensar que sea casualidad–el PNV y el PP pretendiendo ambos crear la existencia de un «caso Bildu». Dice Iñaki Oyarzábal que «no puede ser este ocultismo y esta opacidad, queremos saber y la ciudadanía tiene derecho a saber lo ocurrido». Gorka Urtaran, que llegó a la Alcaldía precisamente gracias a EH Bildu, pasó en veinticuatro horas de no querer hacer «leña del árbol caído» a pedir confesiones inquisitoriales a la formación independentista.

Lo ocurrido se sabe y explicaciones ajenas no las hay. Los hechos son que Miren Larrion abrió una cuenta corriente con el DNI de una compañera de partido, que denunció su situación, y que en cuanto EH Bildu tuvo conocimiento de ello, en apenas un par de horas, aceptó la dimisión de la ya exportavoz de la formación en el Ayuntamiento de Gasteiz. La coalición política y la propia Miren Larrion se han encargado directamente de hacer públicas sus posiciones.

¿Explicaciones? No las hay. O al menos ninguna de las fuentes consultadas en la dirección de EH Bildu las encuentra. Y Miren Larrion asumió públicamente que «en un momento personal difícil he buscado una solución que era una equivocación desde el principo: he abierto una cuenta corriente con la tarjeta de una compañera, con el fin de ingresar algún dinero si lo viera necesario, en un momento de apuro». Como piensa todo el mundo, admitió que «sé que había otras opciones», «pero –concluye– yo escogí esta».

Miren Larrion aseguró que «asumo mi responsabilidad como representante público sin ningún tipo de excusas».

Pese a conocer todo esto, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran apretó el acelerador para hablar de «un caso de partido». Según sus declaraciones a los medios, lo ocurrido «afecta, al menos que nosotros sepamos a dos personas relevantes de EH Bildu Gasteiz y Araba, y creo que este caso excede el ámbito personal. Este no es un caso personal, es un caso de partido».

Es cierto que lo ocurrido afecta a dos cargos de EH Bildu, pero una es la denunciante y otra la denunciada. Por lo tanto, son partes opuestas. No se suman sino que se restan. EH Bildu tomó medidas en un par de horas y en sus silencios se entrevé más un interés por proteger a la víctima que de encubrir a la denunciada, que desde el principio fue expuesta públicamente al asegurar que había infringido el código ético de la formación.

¿Cuántas más explicaciones creen PP y PNV que se pueden dar? ¿Cuántas más medidas se pueden tomar? ¿Sería posible que las concretaran? O mejor ¿podrían exponer una fórmula de cómo hay que actuar en estos casos poniendo como ejemplo algunos de aquellos en los que se han visto repetidamente implicados.

En este caso no ha habido ninguna afección de bienes públicos. Nadie ha utilizado su cargo en beneficio propio, por ejemplo para pedir comisiones por obras, ni ha detraído dinero de las arcas del común. Todo es absolutamente privado entre dos personas, aunque tengan ambas algún tipo de responsabilidad institucional o partidaria.

Lo ocurrido afecta a dos cargos de EH Bildu, pero una es la víctima y otra la denunciada. No se suman, se restan. Y Larrion estaba fuera del partido al par de horas de que la dirección conociera los hechos.

Nadie en esta causa ha creado una empresa pantalla con sus parejas para, aprovechándose de cargos institucionales, entre ellos uno en la cúspide de la Diputación de Araba, chantajear a contratistas, cobrar comisiones y luego pagarse joyas y viajes. Los implicados en el ‘Caso De Miguel’ tardaron meses en entregar el carné del partido, fueron abrazados en público, y el principal condenado sigue cobrando de la Administración.

Nadie ha robado vacunas que no eran para él, como esos dos ejemplos que todos tenemos en mente y siguen con el carné del partido. Tampoco hay ningún exdirector de Hacienda de Gipuzkoa y exsenador condenado a siete años de cárcel por fraude fiscal.

Lo que hace que un posible delito sea público no es el cargo de quien lo comete, sino si se ha aprovechado de él o hay afección al bien común. Con los datos actuales, no es lo ocurrido.

Este es un caso que demuestra lo desconcertante que puede ser la condición humana. La de la principal implicada, por supuesto. Pero también la de quien, como Gorka Urtaran, estuvo a punto de dejar la vida política en 2015 tras su fracaso electoral y fue rescatado y elevado a la Alcaldía por EH Bildu. Y ahora se ha puesto a la altura de toda esa legión de trolls que su partido ha creado en las redes sociales para, desde el anonimato, insultar y vejar al oponente.

 

 

 

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miércoles, 9 de septiembre de 2020

Recordando el 'Caso de Miguel'

Desde las páginas de El Diario y con la intención de que nadie aquí olvide la corrupción que tanto caracteriza al 'oasis vasco', aquí les traemos este reportaje que incide en la importancia de la sentencia condenatoria en el caso que sentó en el banquillo a Alfredo de Miguel.

Lean:


Destaca que la Audiencia de Álava aceptase "gran parte de las tesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal" desde 2010

Iker Rioja Andueza

La memoria de la Fiscalía del País Vasco correspondiente al ejercicio 2019 y hecha pública este lunes coincidiendo con la apertura del año judicial resalta la importancia que tuvo la sentencia condenatoria emitida el pasado mes de diciembre por la Audiencia Provincial de Álava en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción investigada en Euskadi y que se saldó con condenas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos de esa formación. "Se trata de la sentencia más grave y compleja dictada en la comunidad autónoma del País Vasco en materia de corrupción", se felicita el ministerio fiscal, dirigido en Euskadi por Carmen Adán y en Álava por Josu Izaguirre, que además fue el fiscal de este caso junto a Manuel Pedreira.

Explica la Fiscalía que el fallo está pendiente de valoración tras los recursos de algunos de los acusados en el Tribunal Supremo -inicialmente el propio ministerio fiscal quiso elevar algunas penas- pero destaca que en primera instancia se recogen ya "unas condenas elevadas y la aceptación por parte del tribunal de gran parte de las tesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal a lo largo de todo el procedimiento", iniciado con una denuncia de la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi en 2009 y que saltó a la luz pública en marzo de 2010 con el arresto de los primeros implicados, entre ellos los miembros del Araba Buru Batzar del PNV Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

El fiscal-jefe de Álava, Izaguirre, aplaude la condena por el delito de "asociación ilícita", ya que demuestra que De Miguel encabezó una "trama organizada dedicada a la obtención de ilícitas comisiones derivadas de contrataciones irregulares obtenidas de diversas administraciones públicas como consecuencia de las influencias políticas". En concreto, el expolítico fue condenado a más de 13 años de prisión y los imputados Iñaki San Juan, Xabier Sánchez Robles, además de Tellería y Ochandiano, recibieron castigos de más de 5 años. La Audiencia de Álava, en todo caso, consideró innecesario el ingreso inmediato en prisión hasta la resolución del Supremo, aunque sí adoptó para ellos algunas medidas cautelares.

La actuación de Izaguirre siempre había sido puesta en la diana por el PNV. "Esperamos que se den todas las garantías procesales que una cuestión de este tipo se merece. Hasta ahora no las hemos visto y tenemos derecho a estar enfadados y recelosos", declaró en 2015 el presidente del partido, Andoni Ortuzar. Dijo también que en esta causa había "una evidente manipulación y tergiversación para dañar la imagen del PNV" y deslizó que Izaguirre, en su pasado, "hizo acusaciones muy similares que luego no cuajaron y tuvo que salir de allí".

Por otro lado, en el ámbito de los delitos contra la administración pública, la Fiscalía alavesa vuelve a alertar de la situación en las juntas administrativas de los concejos de Álava. A pesar de que ya se detectaron y castigaron casos como el del desfalco de Aretxabaleta, una pedanía de Vitoria, el ministerio fiscal remarca que "sigue siendo preocupante la situación de las juntas administrativas que se mantienen como fuente frecuente de procesos penales dada la falta de control sobre su actividad". "Reiteramos la necesidad de que se acometa una reforma legal tendente a aumentar los sistemas de control financiero sobre la actividad de estos entes administrativos", se pide en la memoria.

Alerta por casos de extorsión sexual a través de redes sociales

Como ya adelantó en agosto este periódico, la memoria de la Fiscalía recoge que la criminalidad en Euskadi se ha mantenido estable de 2018 a 2019. Los delitos, medidos en diligencias previas tramitadas por el ministerio fiscal, apenas se han movido al pasar de 38.018 a 38.416 (+1,04%). Existen otras fuentes estadísticas para medir la delincuencia, como los datos policiales o de los juzgados.

El documento consta de 236 folios y toca todos los aspectos de la actividad delictiva en Euskadi en 2019. Entre los puntos que reseña se halla el del incremento de casos de acoso contra mujeres a través de las nuevas tecnologías. "Cada vez es más habitual que se lleven a cabo actos de violencia de género mediante el uso de tecnologías, especialmente atentando contra la intimidad de la víctima en redes sociales, mediante la publicación de fotografías de contenido íntimo, o bien profiriendo amenazas a través de tales redes", advierten los fiscales. Estas prácticas se dan incluso entre menores de edad: "[Reciben] las fotografías íntimas a través de grupos de Whatsapp, que a su vez han reenviado a otros amigos de la misma forma recibida. [Estos] expedientes han terminado en la realización de tareas socioeducativas orientadas a concienciarse del uso de las redes sociales y la intimidad".

Hay algunos ejemplos concretos. "Este año se emitió un escrito de acusación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por parte de un joven que grabó a su novia practicando sexo con él para, a continuación, colgar el vídeo en su perfil público de Instagram. En este mismo expediente se aportaron las conversaciones de Whatsapp entre el autor y la víctima en la que esta le pedía de forma reiterada que eliminara el vídeo. Lo más llamativo del caso es que el joven infractor no era consciente de la relevancia que tuvo el hecho", abunda la oficina dirigida por Adán.

La Fiscalía ha detectado, igualmente, algunas tramas que traen personas de América Latina -principalmente mujeres- para esclavizarlas en el trabajo o, en los casos más graves, para forzarlas a ejercer la prostitución. "Captaron a dos mujeres en sus respectivos países de origen, Venezuela y República Dominicana, las cuales no tenían arraigo ni referentes personales o sociales en España, para explotarlas laboralmente en un bar de Bilbao, para lo cual les abonaron los billetes de avión desde aquellos países tras convencerlas mediante engaño de que en España podrían estudiar y trabajar, prometiéndoles que así mejorarían la precaria situación económica que allí padecían. Con tales medios y la expresada finalidad, los investigados consiguieron que ambas mujeres consintieran en desplazarse desde sus países de origen, entrando primero en Francia y luego en España de forma irregular, como turistas, alojándolas en su casa en Bilbao. Los investigados dispusieron que las dos migrantes trabajaran en el bar que ambos regentaban durante larguísimas jornadas, sin días libres y sin apenas salario, controlándolas para que no salieran del establecimiento", se puede leer como ejemplo en la memoria.

Y respecto a un tema que podría cobrar actualidad por las dificultades que genera la pandemia en la enseñanza reglada, el denominado 'homechooling' o familias que no escolarizan a los menores y los educan en casa, la Fiscalía explica que es necesario "valorar el proyecto presentado con exhaustivo seguimiento, comprobando si además existen en el desarrollo del menor actividades de socialización que conformen la integridad del derecho educación". En 2019 no hubo demanda alguna pero sí se notifican estos casos a la inspección educativa "para que en su caso proceda a actuar en vía administrativa".

 

 

 

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domingo, 24 de mayo de 2020

Cavernarios y el Coronavirus

Les compartimos este texto con el que se arroja luz sobre la actual situación en el estado español derivadas del estado de emergencia declarada por la pandemia del SARS CoV-2 y sus ramificaciones en Euskal Herria.

Ha sido publicado en Naiz, aquí lo tienen:


Jonathan Martínez | Investigador en comunicación

No sé quién adjudicó el apelativo de «caverna mediática» a ese conglomerado de canales fachunos y tertulias de brandy en copa de balón, purito Farias y butaca de orejas. Como en la alegoría de Platón, los hombres de las cavernas pasan los días encerrados en una gruta sin comprender ni media de lo que ocurre ahí fuera. El espíritu cavernario se forjó en tiempos de Aznar, cuando el ejecutivo del PP repartía licencias TDT entre sus amiguetes. Aquel compadreo dio lugar al llamado TDT Party y a todo un star system de agitadores ultras. Fue la era gloriosa de Intereconomía y “El gato al agua”, un conciliábulo de falangistas con gomina, puritanos de alzacuellos y requetés hasta el culo de cazalla. De aquellos polvos, estos voxes.

Da igual si prestas atención o no, si sintonizas sus canales o si te retiras a vivir a una cabaña en el Anboto. Porque los bramidos de la caverna se escuchan siempre de fondo, como una barahúnda de vecinos plastas que se quedan de cháchara hasta la madrugada. Existe la tentación de pensar que son marginales o anecdóticos. Que sus opiniones pertenecen al extrarradio del ecosistema periodístico. El problema es que la caspa reaccionaria se ha infiltrado en las grandes cadenas de televisión, en los exabruptos del debate político, en la cola de la panadería y en los memes que deposita tu cuñado en el grupo de WhatsApp de la familia.

La última estampida cavernaria se ha dejado oír con contundencia. Rebobinemos. El Gobierno de Sánchez busca apoyos parlamentarios para prorrogar el estado de alarma. Se celebran reuniones. PSOE, UP y EH Bildu firman un documento que los compromete a «derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular». Al pie del acuerdo, las firmas de Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua. Todo en orden. Pero tras unas horas de confusión, llega el apocalipsis. El gallinero derechista se encrespa, Calviño manda echar el freno y el PSOE trata de matizar lo inmatizable. Iglesias y Otegi coinciden en su sentencia: lo firmado compromete.

Todo esto sucede en plena primavera facha de procesiones rojigualdas y repique de cazuelas. No puedo quitarme de la cabeza las algaradas pijas del barrio madrileño de Salamanca. El tipo que exige por megafonía la dimisión de Sánchez desde un descapotable con chófer. Fascismo cuqui de club de campo y mayordomo. Esnobs de pícnic dominical en Cuelgamuros que apestan a Chanel y a Moët & Chandon. Existe una bonita conexión entre los barrios de Salamanca y Neguri que muestra de qué pasta está hecho el discurso de la patronal española. El getxotarra Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha anunciado que abandona el diálogo con La Moncloa después de su acuerdo con EH Bildu. Que la reforma laboral de Rajoy no se toca, vamos.

La caverna es un monstruo de siete cabezas que a veces se presenta con rostro de empresario y otras veces tiene la jeta de un viejo gurú pepero. Dice Aznar que Sánchez «ha pactado con los herederos de ETA el marco de relaciones laborales en España». «Los herederos de ETA», repite Cristina Cifuentes, que ha pasado de mangar cremas en el Eroski a sentar cátedra en el programa de Ana Rosa. La propia Quintana, que hace unos meses despreciaba la incidencia de la covid-19, hoy reprocha a Sánchez que pierda el tiempo con los derechos laborales porque la salud es lo primero. En una entrevista con Rafael Simancas, la presentadora pregunta para qué necesitan los votos de EH Bildu. Para garantizar la salud de la gente, responde Simancas. «Bildu tiene a sus espaldas muchas muertes de españoles», dice Quintana. Chupito.

Por sorprendente que parezca, el enredo de la reforma laboral ha indignado a algunos dirigentes vascos cuyas declaraciones resultan a menudo indistinguibles de las voces de la caverna. Esta última semana, Urkullu ha convocado elecciones al Parlamento de Gasteiz y el PNV ha recuperado el estribillo derechón del «todoesETA» a una velocidad de plusmarca mundial. El pretexto es que han aparecido en sus batzokis (con gran escándalo y condenas) las mismas pintadas que han aparecido en la herriko de Ronda (con gran silencio y sin condenas). Toda la caverna entretenida con unas manchas de pintura mientras la Audiencia Nacional embarga herrikos y las cárceles españolas viven episodios propios de Guantánamo.

En cualquier caso, el disgusto de los dirigentes jeltzales está siendo antológico. Dice Andoni Ortuzar que la confianza en Sánchez está en números rojos. Josu Erkoreka incluso se ha permitido hablar en nombre del Gobierno vasco para poner en duda a un PSE que forma parte de ese mismo Gobierno vasco. El Gobierno de Schrödinger. La lehendakari navarra, en cambio, ha defendido el acuerdo para la derogación de la reforma laboral. Ante las preguntas de los medios por el pacto con EH Bildu, María Chivite ha señalado que «si las medidas son buenas, lo son independientemente de con quién se firmen».

Llega la campaña electoral a Gipuzkoa, Araba y Bizkaia y por algún misterioso motivo desaparecen del debate público todos los puntos negros de la última legislatura. La trama corrupta del Caso De Miguel. El desastre de Zaldibar. La ocultación de datos de la covid-19. La alineación obscena de Urkullu con Confebask y su rechazo a paralizar las actividades no esenciales en plena escalada de contagios. Uno tiene la sospecha de que los portavoces de Lakua y Sabin Etxea van a pasarse los próximos meses hablando de violencia callejera y de ETA para no tener que hablar de lo que más los incomoda. Salud. Crisis económica. Derechos del trabajo.

Visto el cierre de filas alrededor de la doctrina laboral de Rajoy, toca salir a la calle para plantar cara a esos recortes que ya se están fraguando en los despachos. Nos llamarán irresponsables y violentos. Sentiremos el murmullo de fondo de la caverna. La vasca y la española. Será como escuchar de noche el camión de la basura. Como una monserga intempestiva de vecinos plastas que se quedan dando la lata hasta la madrugada.






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sábado, 28 de diciembre de 2019

Egaña | ¿Oasis o Desierto?

Con su portentosa hemeroteca como piedra angular Iñaki Egaña construye un análisis inspirado en el Caso de Miguel -y las reacciones por parte de los jobuvis- digno de ser compartido en todas las redes sociales.

Este es nuestro granito de arena:


Iñaki Egaña

Federico Krutwig, miembro exiliado de Euskaltzaindia por criticar a la iglesia católica y dirigente etarra al mismo tiempo, propagó una exótica idea que ligaba el origen vasco con el bereber. Alguno de sus seguidores, incluso, llegó a sumergirse en la lengua amazigh (bereber), para señalar las semejanzas entre oasis saharianos y topónimos vascos.

Esos oasis africanos suponían una singularidad en medio del desierto. Agua y vegetación en abundancia, lo que permitió históricamente la población, bien es cierto que reducida, de estos entornos. Eran los prósperos en un medio hostil. Por extensión, y recogiendo el relato reciente de nuestro país, la dirección jeltzale, que ha gobernado un tercio territorial de Euskal Herria desde 1980 (con la excepción de la legislatura lopezista), acuñó un término a su medida: “Euskadi (se entiende que la CAV) es un oasis en un medio corrupto”.

Según esta parábola, el PNV sería la élite bereber, trasladada al refugio vasco, que logra la prosperidad y el equilibrio en un país sumido en un caos fomentado por sus vecinos españoles y ahondado por marxistas, antisistemas y separatistas autóctonos. La corrupción española es sistémica, lo que no ha sido obstáculo en las últimas décadas para que el PNV les haya dado su apoyo, tanto en época del PP, como del PSOE.

El problema entonces, en esa carrera para asentar el oasis en el desierto, estaba en casa. Andoni Ortuzar lo dejó claro al conocer la sentencia del llamado Caso de Miguel, la trama para la obtención de comisiones de las obras públicas. Sin embargo, el mayor fraude de “corrupción” que ha conocido nuestro territorio ha sido el cobro del “impuesto revolucionario” por parte de ETA, según Ortuzar.

La del líder jeltzale no deja de ser una ocurrencia sandunguera, cuando el partido que preside ha estado inmerso en al menos medio centenar de casos de corrupción en las últimas décadas y cuando la recaudación de ese llamado impuesto revolucionario ha sido calderilla en comparación con los dos ejemplos siguientes.

Impuestos como los de la iglesia católica, una entidad privada con estado propio, que se lleva anualmente el 1% del PIB vasco, una cifra escandalosa a la que hay que añadir el expolio vía inmatriculaciones, más de 6.000 en unas décadas, lo que le convierte en una entidad criminal organizada.

Según los últimos datos, el rescate de la banca española nos ha costado 42.561 millones de euros. Que se trasladaron del erario público al privado. Carlos Torres, presidente del BBVA gana al año 2,45 millones de euros. Su retribución variable puede doblar su sueldo. Ana Botín, en el Banco Santander, alcanza los 11 millones anuales. Rescatar a los bancos supuso la merma en salud, educación y asistencia social. Otros impuestos gigantescos.

En detalles, el impuesto revolucionario fue una buena fuente de ingresos del presidente del PNV en Iruñea. Los más viejos recordarán cómo aquel burukide, en la década de 1980, envió cartas a empresarios y cobraba de ellos. Hasta que fue cazado por la Policía. Como fue notorio y lógico, el Partido apuntó que aquella era una historia personal. Pero no abandonó a su militante, oficialmente expulsado. Condenado a 75 años de prisión, el PNV logró que su líder, tras gestiones con José Barrionuevo, por cierto, en la época de los GAL, fuera indultado por el entonces rey Juan Carlos.

Muchas de las carpetas del medio centenar de imputaciones que el PNV ha sufrido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía fueron abiertas tras investigaciones del diario Egin. La más escandalosa fue la de las comisiones de las máquinas tragaperras. En diciembre de 1993, la Ertzaintza entró en el diario Egin tras una orden del juez Carlos Bueren que investigaba las cuentas del diario con ETA. Todo quedó en agua de borrajas.

Lo repugnante de la razia policial autonómica fue que aprovecharon la ocasión para acarrear toda la documentación relacionada con el PNV que entonces llevaba a cabo el equipo de investigación. Había carpetas sobre la red Gladio, los jeltzales y temas similares. Fueron esquilmadas. Alguna quedó olvidada en su estantería. Pero todas y cada una de las relacionadas con la “fontanería” del PNV desaparecieron. Juanmari Atutxa, consejero de Interior, se vanaglorió de haber recuperado aire para su partido.

¡Qué esperar de aquellos democristianos que a través de la Ertzaintza habían espiado al lehendakari Carlos Garaikotxea! Entonces, un aguerrido militante del PNV en la dirección de la Ertzaintza, hizo de comisario Villarejo. El resto, avaló y frivolizó el espionaje, enfrentando la escisión de EA. Y si quieren más leña, tienen las memorias de Javier Zumalde, fundador e instructor de la Ertzaintza donde podrán seguir estas peripecias y otras tan singulares como ertzainas poniendo bombas que adjudicaban a ETA.

¿Oasis o infierno? No tengo dudas al respecto. No hay oasis. Ni policial, ni empresarial. La derecha vasca por calidad y cantidad, repite los ticks de sus vecinas. Y ahí van, si tienen ganas y tiempo, unas cuantas señales para ahondar en mis impresiones. El último, el llamado Caso de Miguel. Anteriores desde las famosas tragaperras: obras falsas en Alonsotegi, Parque de Miaño, Red de Parques Tecnológicos, Chalet del lehendakari Ardanza, Cabieces en Kutxabank, Bilbao Air, Ibarra y la hacienda de Bizkaia, publicidad al Grupo Noticias, Eresoinka, Pinosolo, Rasca y gane, Max Center y sobrecostes, Cearsolo y el Guggenheim, Mallabia y malversación, Sprilur y Zubiaurre, Imbiz y donativos en negro, los hermanos Bravo, el coche eléctrico Hiriko…

No quedan líneas para concluir el artículo. Por ello otros cuantos: Purines en Karrantza, Lonja de Pasaia, Denokinn y ayudas públicas, Bakio d’Or, ayuntamientos de Barrika, Zanbrana, Tolosa, Eskoriatza, Zumaia… Museo Balenciaga en Getaria, los jeltzales en los papeles de Panamá, en los de Bárcenas, los centenares de miles de metros cúbicos de tierra y hormigón de Bidegi… En definitiva, el bucle en JEL.






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martes, 17 de diciembre de 2019

Jeltzales Condenados

Vaya vaya vaya, los del "suelo ético" acaban de escarbar más bajo. Ya ven lo que dice Urkullu al respecto, tan recto y honorable él.

Aquí lo que se nos reporta desde El Correo:


La Audiencia Provincial de Álava condena a Alfredo De Miguel a 13 años de prisión (9 de cumplimiento máximo), a Aitor Tellería a seis y a Koldo Ochandiano a casi siete

Adolfo Lorente

Golpe al PNV. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel y al pago de 351.000 euros en multas a Alfredo de Miguel, ex diputado de Administración Local y ex 'número dos' de los jeltzales en el territorio, por varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental,y prevaricación. Pasará un «máximo» de nueve años en prisión. El varapalo no queda aquí ya que también han sido condenados sus socios en la trama (crearon la empresa pantalla Kataia Consulting) y exdirigentes jeltzales Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. El primero, a 6 años de prisión y 6 meses y una multa de 180.000 euros; y el segundo, a 7 años y 6 meses (con un cumplimiento máximo de 6 años y nueve meses), además de 182.000 euros en multas. También han sido condenados a varios años de inhabilitación, lo que provocaría que dejen sus puestos de trabajos actuales, algunos en sociedades públicas.

El tribunal, presidido por Jaime Tapia, considera probada la existencia de una trama organizada por los condenados para el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos y la adjudicación a dedo de concursos licitados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco liderado entonces por Juan José Ibarretxe. En declaraciones a los medios de comunicación tras la lectura del fallo, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha considerado que "el elemento definitorio es el delito de asociación ilícita". "Era una trama destinada a cobrar comisiones, es lo que dice la sentencia. Creo que la sentencia habla por sí misma", ha recalcado.

El fallo es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Su impacto político y social es tal que su sucesor, Iñigo Urkullu, ha comparecido a mediodía en Lehendakaritza para pedir perdón, reprobar la actitud de los condenados y matizar, eso sí, que esto no tiene nada que ver con el partido, sino con actitudes "particulares". No hay que olvidar que cuando estalló el caso hace ahora diez años, Urkullu era presidente del EBB del PNV y tuvo que exigir a los entonces imputados la devolución del carné del partido. "Tolerancia cero con la corrupción", zanjó.

Además de De Miguel, Ochandiano y Tellería, también ha sido condenado Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud del Ejecutivo autonómico, a siete años y un mes de cárcel por su influencia en la adjudicación de contratos a empresas de la trama. Su papel, según el fallo, sería el de una suerte de caballo de Troya para los principales acusados. Pese a todo, las condenas son sensiblemente inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. Para De Miguel, por ejemplo, pedía 29 años y 9 meses. Para su mujer, Ainhoa Bilbao, ha sido condenada a un año y seis meses de prisión, misma pena que la esposa de Koldo Ochandiano, Iratxe Gaztelu Urrutia. Además, cada una deberá pagar multas por valor de 178.000 euros por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Por contra, la de Tellería, Araceli Bajo, ha sido absuelta.

La sentencia cierra un largo y polémico proceso judicial, que se prolongó a lo largo de casi todo 2018 y en el que se ha juzgado a 26 personas por diversos delitos cometidos entre 2005 y 2009, de las que finalmente han sido absueltas once. Entre ellos al exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco, Gurutz Larrañaga. Además de Araceli Bajo, las otras personas que han sido absueltas son Miren Bilbao, Aintzane de Miguel, Prudencio del Hierro, Estíbaliz Arruti, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquin Sabater y Ramón Tomás.

El fallo, de más de mil folios, es contundente. Entre los hechos probados, relata cómo «los acusados, D. Alfredo de Miguel Aguirre, Aitor Tellería Lambarri y Koldo Ochandiano Gredilla, en el segundo trimestre de 2005, idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno así mismos para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV)«. Para ello, detalla, «contaron con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, quienes se pusieron al servicio de su plan para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

«Dicha red societaria y personal estaba dirigida, básicamente, a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV), ya fuera para empresas vinculadas a ellos, como 'Kataia', o para terceras personas o empresas con las que mantenía relación o vinculación de una u otra manera 'Errexal' y 'Ortzi Muga'), estando todas ellas íntimamente ligadas o relacionadas entre sí (...) llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realmente hechos".

Otros condenados

Por otra parte, los jueces han fijado para el por su participación en las operaciones relacionadas con el parque tecnológico de Miñano. El arquitecto , contratado para la ampliación del centro de empresas del Norte de Vitoria, ha sido condenado a un año y medio. El gestor cultural tendrá que hacer frente a una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, mientras que su socio también tendrá que hacer frente a una pena de cinco años y tres meses. La exalcaldesa de Zambrana, Justi Angulo, ha sido inhabilitada por nueve años pero no tendrá que hacer frente a ninguna pena de cárcel.

Josu Arruti Letemendia, uno de los acusados que en el transcurso del juicio que reconoció parcialmente los hechos que se le imputaban -afirmó la existencia de comisiones ilegales-, ha sido condenado a 15 meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda pública. Además, deberá abonar una multa de 80.500 euros. Su padre, , ha sido condenado a nueve meses por un delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales, por lo que también deberá pagar más de 145.000 euros de multa.

Cómo estalla el caso

El origen del 'caso De Miguel' data del 2 de diciembre de 2009, aunque salió a la luz pública el 17 de marzo de 2010 con la detención del entonces diputado de Administración Local, número tres de la Diputación y el hombre llamado a ser el futuro presidente del PNV en el territorio. Aquel día, la Ertzaintza detiene a Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano y sus esposas. Todo estalló tras la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, que desveló al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que había sido víctima de una extorsión del propio De Miguel, que le pedía una mordida 100.000 euros a cambio de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Sin embargo, elexdiputado ha sido absuelto del delito de coacciones que se le imputada, además de otro delito continuado de tráfico de influencias en el bloque denominado 'contratos de la Diputación Foral de Álava".

Esto solo fue el principio de una macrocausa dividida finalmente en 12 bloques correspondientes a otras operaciones bajo sospecha. La denuncia de Alberdi fue el hilo del que tirar ya que fue surgiendo una ramillete de empresas involucradas en presuntos pelotazos urbanísticos, como el de Zambrana, cifrado en 65 millones de euros. Así lo confesó en el juicio el intermediario Josu Arruti, compañero de partido y amigo de De Miguel, que habló de mordidas por valor de 161.000 euros. Tras pactar con el Ministerio Público, ha sido condenado a 18 meses de prisión. Los pagadores, de la promotora catalana Construcciones Riera, reconocieron también los hechos.


La visión de Tasio:







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jueves, 12 de marzo de 2015

De Risa Loca

Como decía la generación de mis abuelitos: "Este habla porque la lengua no tiene hueso".

Lean esta nota publicada en Naiz:



Urkullu afirma que el PNV fue «ejemplar», aunque «ahora se quiera obviar»

Iñigo Urkullu ha asegurado que la actitud del PNV con respecto al ‘Caso De Miguel’ ha sido ejemplar y ha acusado «a ciertas formaciones políticas» de intentar provocar una acción política mediante comisiones de investigación.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que el PNV fue «ejemplar» tanto en el ámbito político como en el institucional cuando se conoció el denominado Caso De Miguel hace cinco años, aunque ahora «se quiera obviar».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Urkullu se ha pronunciado de este modo tras conocerse ayer la decisión del juzgado de Gasteiz de abrir juicio oral a 26 personas por supuesta corrupción, entre ellas exdirigentes y exaltos cargos públicos del PNV.

Urkullu ha recordado que, cuando se conoció el caso en 2010, el PNV adoptó la decisión de que las personas presuntamente implicadas entregaran sus carnés de partido «porque había una interpretación de que el Caso De Miguel podía tener, desde la interpretación pública que se estaba haciendo, una vinculación con el propio PNV».

De este modo, entiende que fueron «ejemplares a la hora adoptar decisiones tanto desde el ámbito político como el ámbito institucional». En este sentido, ha remarcado que Alfredo De Miguel renunció a su cargo de diputado foral y el entonces diputado general, Xabier Agirre, «mantuvo una posición clarísima como defensa de la honorabilidad de la institución foral alavesa en ese momento que podía verse salpicada también».

Asimismo, Urkullu ha criticado «la judicialización de la política y la politización de la justicia» que, desde su punto de vista, se está produciendo en estos últimos años. «¿Cuántos casos se han pretendido denunciar queriendo implicar al PNV, cuántos de esos casos han sido archivados, que afectan a diferentes administraciones?», ha cuestionado.

En este sentido, Urkullu ha afirmado que «ha habido un objetivo por parte de determinadas formaciones políticas de intentar provocar una acción política mediante la constitución de comisiones de investigación». Al mismo tiempo, ha reivindicado la presunción de inocencia de los imputados.




A Urkullu no le ruge el león de San Mamés, le habla el león de Narnia.

Y bueno ahí está el asunto pendiente de José Maria Iruarrizaga.




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