Un blog desde la diáspora y para la diáspora

viernes, 27 de junio de 2003

Greenpeace es ETA

Los activistas de Greenpeace se están enterando lo que significa lidiar con un estado represor como lo es el español. Primero tuvieron que sufrir en carne propia el asalto al Rainbow Warrior por parte de la Guardia Civil, así como se ha vivido en Euskal Herria el asalto a las sedes de Batasuna y más recientemente, el asalto a las instalaciones del diario Euskaldunon Egunkaria.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ahora enfrentan el expolio de la misma manera que lo ha experimentado otro diario vasco, Gara, a cuya directiva le exigen pagar adeudos de un tercer diario también cerrado por el régimen borbónico franquista; Egin.

Así que la pregunta en este caso sería ¿se solidarizarán los de Greenpeace con el pueblo vasco? ¿O lo suyo solo es maquillar de verde al neoliberalismo?

Por mientras nos responden aquí dejamos lo que informa La Jornada:


Por orden de Aznar mantienen retenido al Rainbow Warrior en las costas de Valencia

Exigen 300 mil euros para liberar el buque; "es una persecución", afirma Greenpeace

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace, permanece retenido desde el pasado 13 de junio por orden del Ejecutivo español, presidido por José María Aznar, luego que tras una protesta en las costas de Valencia el gobierno ordenó a agentes de la Guardia Civil que abordaran el barco y detuvieran a la tripulación.

El gobierno español, por conducto del Ministerio de Fomento, exige el pago de una fianza de 300 mil euros para la liberación del Rainbow Warrior, cifra "injusta, absurda y que manifesta un evidente abuso de poder", según voceros de la organización internacional.

En el mítico barco de Greenpeace ondea la bandera del arcoiris desde que comenzó a recorrer los mares de los cinco continentes para realizar acciones de protesta contra la degradación del medio ambiente. Desde 1978, el Rainbow Warrior ha sido símbolo de la lucha de los ecologistas para poner en evidencia a decenas de gobiernos que maltratan el entorno natural o que toleran y promueven proyectos de depredación o contaminación.

Greenpeace decidió trasladar su buque a España a raíz del desastre que provocó el hundimiento -a finales de agosto pasado- del petrolero Prestige, que tras partirse en dos en noviembre vertió en aguas gallegas, asturianas, cantábricas, vascas, portuguesas y francesas más de 77 mil toneladas de combustible. Desde entonces el buque protagonizó diversas acciones de protesta, en las que denunciaba la "ineptitud" de las autoridades españolas en el manejo de la crisis. También participó en las labores de limpieza de las zonas afectadas.

En marzo pasado, el Rainbow Warrior se trasladó al puerto gaditano de Rota para bloquear el paso de un buque estadunidense que transportaba armamento al golfo Pérsico con motivo de la invasión contra Irak.

La más reciente protesta del buque del arcoiris fue en Valencia, la madrugada del 12 de junio, cuando un grupo de activistas decidió bloquear el paso y encadenarse a un barco procedente de Camerún llamado Honour, que supuestamente transportaba madera extraída mediante la tala ilegal en los bosques africanos. Horas después de iniciada la protesta pacífica, un nutrido comando de la Guardia Civil, bajo las órdenes del propio delegado de gobierno en la región, el ex director de la policía Juan Cotino, detuvo a los seis activistas y se retuvo la embarcación.

Los seis ecologistas, entre ellos el capitán del barco, Joel Stewart, están siendo juzgados por la vía penal y se encuentran en libertad después de haber pagado una multa que suma 700 dólares en conjunto. Pero el Ministerio de Fomento, cuyo titular es Francisco Alvarez Cascos, decidió abrir un expediente disciplinario por la vía civil, en el que exige el pago de 300 mil euros como fianza, cantidad máxima prevista para faltas muy graves contra la normatividad del tráfico marítimo.

Para Juan López de Uralde, director de Greenpeace en España, "la fianza es ilegal, porque los hechos ya fueron juzgados por la vía penal, por lo que creemos que se trata de un flagrante abuso de poder". López de Uralde exigió "la inmediata liberación del Rainbow Warrior" y anunció que Greenpeace "va a movilizar a su gente en todo el mundo para luchar contra esta situación".

Diferencia de criterios

El abogado de Greenpeace España, José Manuel Marraco, consideró que la fianza es el ejemplo más fidedigno de que la organización "está sufriendo una auténtica persecución", ya que "se nos está persiguiendo por todas las vías: la administrativa, la penal y todas las posibles". Lo paradójico, dijo, es que "la persona que firma el expediente administrativo contra el Rainbow Warrior es el director de la marina mercante (José Luis López Sors), quien se encuentra imputado en el proceso judicial abierto por el asunto del Prestige".

Lo curioso de la medida es la desproporción que hay entre los criterios impuestos por la vía penal con los de la administrativa, ya que los activistas sometidos a juicio fueron condenados a pagar multas de escaso monto (el capitán, 180 dólares, y cada miembro de la tripulación, 90), lo que contrasta con los cerca de 300 mil dólares de fianza decretada por el gobierno español, que, según la organización, se está guiando por "criterios políticos" y con afán intimidatorio.

Stewart, el capitán del buque, explicó que en ningún momento desobedeció las órdenes de los agentes ni puso en peligro a la tripulación o al barco, por lo que manifestó su "profunda perplejidad" ante la reacción del gobierno español, pues "desde la respuesta del gobierno francés tras las protestas contra las pruebas nucleares en Muroroa no recordamos una represión de estas dimensiones de un gobierno contra Greenpeace ", especialmente cuando "ni a barcos como el Prestige o los cientos de buques que transportan productos tóxicos o ilegales han recibido un trato así de las autoridades".

Sobre este asunto, la responsable internacional de la campaña de bosques de Greenpeace, Uta Bellion, recordó que España es el primer importador mundial de madera tropical africana, mucha de la cual procede de empresas involucradas en talas ilegales, las cuales "están poniendo en peligro a miles de especies. Creo que el gobierno español debería preocuparse más por perseguir ese tipo de actividades", señaló. 




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jueves, 26 de junio de 2003

Absoluciones en el Caso Brouard

Madrid ha garantizado la impunidad para sus sicarios, dejando claro en el proceso que el terrorismo de estado practicado por el régimen borbónico franquista, cuya más reciente manifestación ha sido el cierre de Egunkaria y la tortura a la que fueron sometidos los periodistas que ahí laboraban.

Lean ustedes este artículo de La Jornada en el que se relata lo que ha ocurrido dentro del contexto del Caso Brouard:


Absuelven a tres ex policías acusados de asesinar a líder vasco independentista

El caso es clave en las investigaciones de la guerra sucia de los GAL contra ETA en los 80

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Vizcaya decidió hoy absolver a los tres ex policías españoles que fueron acusados de ser responsables del asesinato del médico y líder vasco independentista Santiago Brouard, quien el 20 de noviembre de 1984 fue acribillado por un comando de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), organización paramilitar creada en la época del gobierno socialista de Felipe González para llevar a cabo una guerra sucia contra ETA.

El conocido como "caso Brouard" tiene a sus espaldas dos juicios y más de 18 años de investigación sin que hasta la fecha se haya esclarecido el asesinato del médico, señalado entonces como líder del ya desaparecido partido independentista Herri Batasuna, que según todos los indicios fue perpetrado a raíz de una orden emitida desde las altas instituciones del Estado español.

Santiago Brouard era un pediatra originario de Bilbao. Fue ultimado por un comando paramilitar financiado por el Estado español, que se presentó en su consultorio y lo acribilló con cinco disparos a bocajarro, el 20 de noviembre de 1984. Su asesinato, además de coincidir con el aniversario de la muerte del ex dictador Francisco Franco, significó la constatación de una hipótesis que en aquellos años no se había probado de forma fehaciente: la existencia de una organización paramilitar, financiada por el Estado, que pretendía la aniquilación de algunos presuntos simpatizantes, militantes y dirigentes de la izquierda independentista vasca y del grupo armado ETA.

El caso, después de pasar por los despachos de diez jueces en los casi 20 de años que median desde su perpetración, solamente ha logrado probar la culpabilidad de dos personas, Rafael López Ocaña y Juan José Rodríguez Díaz, quienes siempre han mantenido silencio sobre la supuesta implicación de los responsables de la lucha antiterrorista del gobierno socialista de González, a quien se acusa de ser el último responsable de las acciones de los GAL. La organización paramilitar cegó la vida a más de 25 personas y cometió manejos turbios de recursos públicos, según ha quedado en evidencia en otros procesos judiciales relacionados con la guerra sucia contra ETA.

La sentencia del tribunal vasco exonera a José Luis Morcilla Pinillos, José Amedo y Rafael Mesa, ex policías y ex agentes de la Guardia Civil implicados en varios casos de la guerra sucia contra ETA. El alegato del tribunal no es, en todo caso, exculpatorio, pues justifica su decisión en un supuesto "error en la instrucción", a pesar de que reconoce que la motivación del asesinato fue de "signo político".

El tribunal considera, sin embargo, que no ha quedado acreditada la participación de los tres procesados, uno de ello en calidad de coautor -Morcillo Pinillos- en la muerte de Brouard y se remite a los hechos probados en la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, tras el primer juicio condenatorio de López Ocaña a 33 años de cárcel por haber matado a tiros -junto con otra persona- al médico y líder vasco.

Además, recuerda que Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, facilitó las armas para cometer el atentado, por lo que fue condenado a ocho años de prisión. La sentencia indica que "la muerte de Brouard fue ejecución de un plan preconcebido, acordado y decidido por terceras personas desconocidas", que tenían motivaciones políticas para acabar con la vida del dirigente abertzale.

El abogado de la familia Brouard, Txema Montero, señaló tras conocer la sentencia que tiene una "sensación muy frustrante después de dos juicios y de más de 18 años de instrucción sin que se haya aclarado el caso", por lo que anunció que no apelará la sentencia, ya que "sin una prueba directa es difícil una condena". En consecuencia el "caso Brouard", uno de los asesinatos más brutales e incomprensibles perpetrados por los GAL, quedará sin ser resuelto completamente. 




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lunes, 23 de junio de 2003

Ahora van Contra Gara

Primero fueron por Egin, Egin Irratia y Ardi Beltza.

Más recientemente enfilaron sus baterías represivas en contra de Egunkaria

Ahora corresponde el turno al diario Gara.

El caso es que Madrid, la consentida de Washington y Bruselas, no tiene ningún tipo de preocupación al criminalizar la libertad de prensa y la actividad periodística en Euskal Herria.

Lean esto denunciado por Gara y dado a conocer por La Jornada:


Buscan cerrar el diario vasco Gara cobrándole deuda de otro rotativo

La Seguridad Social española le demanda el pago de 5.1 millones de euros

La Seguridad Social española decidió reclamar al periódico Gara una deuda de 5.1 millones de euros (similar en dólares) contraída por el diario vasco Egin, clausurado cautelarmente en 1998 por el juez Baltasar Garzón, cuyo patrimonio está a disposición de la justicia, en lo que responde a una decisión política que busca "la desaparición" de Gara, denunció el representante legal de las empresas que editan el periódico.

El reclamo de la Seguridad Social, que fijó el próximo 5 de julio como fecha límite para pagar la deuda, se basa en un auto dictado por Garzón en julio de 2000, en el que el juez afirmaba "la existencia de una sucesión de empresas entre los grupos Orain-Egin y EKHE-Gara".

La directora de Gara, Mertxe Aizpurua, alertó sobre la posibilidad de que se cierre el diario "por estrangulamiento económico. Habrá que ver qué pasos se dan a partir del 5 de julio, pero ese temor y amenaza son reales. Es una espada de Damocles y no en sentido figurado, sino real".

Martxelo Otamendi, director del nuevo rotativo vasco Berria, calificó la situación de "vergonzosa", y añadió que "en vez de mandar a 300 policías, ahora van a intentar endosar la deuda de Egin".

Otamendi recordó que el único diario nacional en catalán debe más de 24 millones de euros a la Seguridad Social, "sin que a nadie se le ocurra que le puedan hacer algo similar". Hizo un llamado a "reaccionar en este país, para que no cierren ningún periódico más".

Kepa Landa, representante legal de Baigorri y KIE, empresas que editan Gara, manifestó su preocupación por la decisión de la Seguridad Social, aun cuando, afirmó, no hay base jurídica para sostener esa resolución.

"¿La Tesorería General de la Seguridad Social es un órgano competente para declarar la existencia de esa supuesta sucesión de empresa? (...) En definitiva van a ser los tribunales quienes dirán si existe o no esa sucesión de empresa", explicó Landa.

Pero a partir del 5 de julio la Seguridad Social "tiene la oportunidad de ejecutar esa deuda, aun cuando esté recurrida la resolución", y aunque no puede tomar una medida directa del cierre del diario, puede "trabar bienes para garantizar el volumen de la deuda". Esto, indirectamente, puede impedir la salida de Gara.

Destacó que "la Seguridad Social ha tenido prácticamente cinco años para utilizar esa vía de apremio contra los bienes de Orain. Esos son bienes que están a su disposición y no ha actuado contra ellos (...) La pregunta es: ¿por qué no han querido actuar antes contra los bienes de Orain y ahora pretenden ir contra otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver con esos bienes?"

Tampoco se citan en la resolución de la Seguridad Social "los informes y sentencias que rechazan la tesis de la sucesión de empresas. Efectivamente, un organismo del Estado como el Fondo de Garantía Salarial ya informó a Garzón, por exigencia del propio juez, que no iba a actuar contra Baigorri y KIE, sino que aquí no hay sucesión de empresa", agregó.

Landa explicó además que "difícilmente puede haber transmisión cuando los trabajadores de las empresas que editaban Egin fueron sometidos a un proceso de extinción de contratos que planteó el propio administrador judicial. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene una empresa nueva que contrata a unos trabajadores en el paro y que se crea con un capital nuevo?"

"¿Dónde encaja la supuesta sucesión de 'un grupo ideológico' al que hace referencia el auto de Garzón de julio de 2000, que se recoge en estas resoluciones de la Seguridad Social? La ideología no es parte del patrimonio de una empresa. (...) La sucesión ideológica no existe, porque la ideología no es parte de los aspectos objetivos ni subjetivos de una empresa ni de ninguna unidad autónoma de producción, ni de nada parecido", continúa la explicación del abogado.

Por ello, sostuvo, la decisión de la Seguridad Social "no tiene explicación lógica, y menos aún que se actúe así cinco años después del cierre de las empresas que editaban Egin (...) Parece evidente que detrás hay un impulso político que lo que persigue no es, precisamente, que la Seguridad Social recupere un dinero que no se le ha abonado, sino que la finalidad última sería conseguir el cierre de estas dos empresas y con ello evitar la publicación de este periódico." 




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sábado, 21 de junio de 2003

Suprema Amenaza a la Legalidad

Tal vez José Fernando Olvera Sierra, mejor conocido como Fher de Maná, le tenga sin cuidado que Madrid haya privado a miles de vascos de su derecho a votar por la opción política de su preferencia, misma que anteriormente había criminalizado e ilegalizado, algo que no ocurría desde los tiempos de Francisco Franco. O tal vez le sea indiferente que en el estado español las división de poderes no sea mas que una mascareta con la que se oculta la continuidad del régimen franquista. Vaya, incluso hay la posibilidad de que no se haya enterado que en su México ahora mismo un mexicano de origen vasco está siendo sometido al tormento de la corrupción del poder judicial que ha hecho todo por privarlo de todas sus garantías constitucionales y derechos humanos para así poder extraditarlo al estado español, a solicitud del promotor de la tortura conocido como Baltasar Garzón.

El hecho es que el poder judicial español ha decidido iniciar un proceso en contra de tres diputados vascos simplemente por el hecho de hacer valer la legalidad presente, misma que los españolistas no cuidaron en modificar para armonizarla con la esperpéntica Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Y bueno, con la intención de educarlo, tal como ofreció hacer Iratxe Esparza, vecina de Irunea, la capital de todos los vascos, aquí traemos esta actualización del Caso Batasuna vía La Jornada:


Querella de la fiscalía española contra 3 diputados vascos por desobediencia

Disolver grupo abertzale, demanda Madrid

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La Fiscalía General española presentó hoy una querella por un presunto delito de desobediencia contra tres diputados vascos, acorde con una denuncia presentada a raíz de la negativa de disolver al grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), formado por los siete legisladores de la ilegalizada coalición separatista Batasuna.

Un día después de que el Tribunal Supremo decidió ejecutar la disolución de SA y reclamar al Poder Legislativo vasco el acatamiento de esta medida, la sesión en la Cámara se desarrolló sin problemas al permitir que la parlamentaria abertzale Jone Goirizelaia tomara la palabra a pesar de las protestas de las bancadas de los partidos Popular y Socialista de Euskadi.

Esta decisión, adoptada por los máximos líderes del Parlamento, pudo haber propiciado que la Fiscalía General decidiera querellarse ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento regional, el nacionalista moderado Juan María Atutxa; el vicepresidente primero de la mesa directiva, Gorka Knorr, y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao.

Los diputados vascos han alegado que es imposible ejectuar la disolución del grupo parlamentario de acuerdo con las razones aludidas por el órgano judicial, al no estar contemplada esa posibilidad en el reglamento interno de la Cámara.

Además, afirman, se basan en sentencias previas de ese alto tribunal, pues una formación política y un grupo parlamentario son "realidades jurídicas distintas".

La fiscalía argumentó en la querella que el supuesto delito de desobediencia se basa en que existe "abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente", bajo la dirección de Atutxa, "a cumplir una resolución judicial clara y expresa -cuyo cumplimiento había sido reiterado- emanada de un órgano judicial competente".

Los abogados del Estado consideran además que la negativa a acatar la disolución de SA ha sido "voluntaria e intencional" y que, por tanto, "se ha recurrido por los querellados a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la sala".

Sostienen además que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados, por cuanto resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado".

Consideran que los preceptos constitucionales son "suficientemente claros y expresivos, pues consagran lo que es al mismo tiempo la máxima adquisición y el fundamento del Estado constitucional de derecho: la sumisión de todos -incluidos los poderes públicos directamente vinculados con el principio mayoritario- al imperio de la ley y la posición prevalente de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados para todos los ciudadanos".

Después de conocer la noticia de la querella, Atutxa manifestó su "perplejidad" por la actuación de la fiscalía, al explicar que su actuación se ha basado en tres pilares: el reglamento, la mayoría de la Cámara y su conciencia, por lo que afirmó que "seguiré haciéndolo pese a quien pese", es decir, se mantiene la postura de que la justicia española no es competente en este caso.

El presidente de la Cámara consideró que la Fiscalía General actúa con cierto "enfado" ante las contradicciones que a su juicio ha cometido la justicia: "Uno tiene que creer en los milagros, porque de lo contrario lo que se decía el 28 de noviembre y lo que hoy se ha hecho por ese ministerio fiscal es incomprensible".

Por parte del gobierno español, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, consideró "muy correcta" la querella, al apuntar que "todos los ciudadanos están sometidos al cumplimiento de la ley". Por ello, acotó, la resolución del Tribunal Supremo tendrá que ser cumplida y quien no lo haga se "tendrá que atener a las consecuencias". 




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jueves, 19 de junio de 2003

Guerra | Las Dos Europas

Para entender mejor que es lo que enfrentan los vascos, con una Europa presta a colocar a un partido político en su lista de organizaciones terroristas a solicitud de un individuo heredero directo de la ideología franquista que en meses recientes promovió la invasión militar de exterminio a Irak así como el recrudecimiento de la embestida diplomática y mediática en contra de Cuba, traemos a ustedes este muy preciso artículo de opinión de La Jornada, mismo que le recomendamos especialmente a Fher y a sus compinches de Maná.

Lean ustedes:


Las dos Europas

Angel Guerra Cabrera

a inconsistencia en la postura de Francia y Alemania ante la agresión a Irak, de condena hasta que iniciara el bombardeo estadunidense y timorata a partir de ese momento, explican su tácita aprobación posterior en el Consejo de Seguridad de la ONU a la ocupación de la nación petrolera. Se fue así a bolina la esperanza de que ambas potencias actuaran como freno al delirio ultrabelicista de Bush junior y propiciaran la articulación en la ONU -junto con Rusia y China- de un frente mayoritario de naciones opuestas a la grave amenaza de esclavización y exterminio universal representada por los nuevos nazis asaltantes de la Casa Blanca. Lejos de ello, París y Berlín han asumido un papel servil ante la superpotencia, como el que ha hecho objeto del repudio internacional a Tony Blair, José María Aznar y Silvio Belusconi por su incondicional apoyo a la aventura contra Bagdag. Estamos en presencia de la capitulación franco-alemana y, por tanto, de la Unión Europea -como lo demuestran sus recientes actitudes frente a las demandas de Washington- en cuestiones muy trascendentes, que habrán de conducir a graves fracturas en el ya desequilibrado orden internacional.

Se veía venir desde la cita del G-8, donde el anfitrión, Jaques Chirac, depuso su agenda ante las exigencias de Bush, convirtiéndola en un dócil coro de apoyo a la llamada guerra contra el terrorismo y a las prácticas capitalistas más salvajes y depredadoras. Días después Europa, con el voto de sus representantes en el Consejo de Seguridad, refrendó la impunidad estadunidense en el flamante Tribunal Penal Internacional, que hace de él otro eslabón al servicio del doble e inequitativo rasero de la legalidad y la justicia en el mundo. A la vez, y sin poner un solo pero, cohonestaba el festinado y arbitrario mapa de ruta para Palestina, cocido al vapor en Washington para calmar a la opinión pública árabe e islámica y confundir a la del resto del mundo, ultrajadas por la invasión a Irak, el descarado apoyo estadunidense a Ariel Sharon y su menosprecio por la Autoridad Nacional Palestina.

En una evocación del cordón sanitario contra la revolución bolchevique de 1917, la Unión Europea se sumó también hace unos días a la campaña yanqui que prepara la invasión de Cuba. Endureció su injerencista "postura común" hacia La Habana -hechura de Aznar-, de tal forma que utilizando inclusive sus sedes diplomáticas allí acreditadas se colocaría abiertamente en el papel de auxiliar de los planes estadunidenses para potenciar su quinta columna mercenaria dentro de la isla. Más recientemente, el organismo supraeuropeo, ya encarrerado en pose de alguacil de Bush, se adhirió a la farisaica cruzada de Washington contra los países "poseedores de armas de destrucción masiva", a los que llegó a amenazar, en un hecho sin precedentes, con el uso de la fuerza militar. De una vez apoyó el plan desestabilizador estadunidense contra Irán al pretender imponerle -aunque no existe evidencia de que disponga de arma atómica alguna- la inspección indiscriminada y por sorpresa de su programa nuclear, que nunca ha reclamado de Israel, dueño de un cuantioso arsenal no convencional, por citar el ejemplo probablemente más revelador de doble moral en la conducta política de las grandes potencias capitalistas.

Los actuales líderes de la culta y civilizada Europa o no conocen siquiera su historia reciente o prefieren no recordarla, o padecen una amnesia irremediable. Parecerían haber olvidado que actitudes complacientes o cobardes, semejantes a las que adoptan hoy frente a los ímpetus de dominación mundial de Bush, pavimentaron hace poco más de medio siglo la irrupción de las divisiones panzer en el escenario europeo. El silencio cómplice y la aquiescencia del vie-jo continente -principalmente de Londres y París-, primero ante la invasión japonesa de Manchuria, luego frente a la agresión fascista contra Abisinia y la república española y más tarde ante el desmembramiento de Checoslovaquia, condujeron el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que podría haberse evitado si a tiempo y con firmeza se hubiese contenido a Adolfo Hitler.

Como en los años 30 frente a Alemania e Italia, Europa tiene hoy serias e insalvables contradicciones en los terrenos económico, político y militar con Estados Unidos -agravadas bajo Bush-, pero al parecer ha escogido al igual que entonces el camino de hacerle concesiones fundamentales al adversario, a cambio, al parecer, de recibir la indulgencia y las dádivas de aquél. ¿Olvida también la Europa del capital -es de la que venimos hablando- que en memorables jornadas la Europa del trabajo ha expresado rotundamente su oposición al belicismo bushista y a la globalización neoliberal? Si es así, ésta pronto se encargará de recordárselo.

 

 

 

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El Ofensivo Españolismo de Maná

Que pena ver que el españolismo que tanto caracteriza a ciertas capas de la sociedad mexicana - eso a lo que se llama clase media, para que se entienda - haya terminado por mostrar toda su ignorancia y falta de tacto por conducto de un grupo de músicos que para bien o para mal se han convertido en embajadores del país norteamericano alrededor del mundo.

Pero es que cuando la ignorancia se convierte en actitud abiertamente prepotente y ofensiva es necesario hacer un análisis de las taras que ya deben quedar en el pasado.

Nos referimos a Maná.

Lean ustedes esta misiva publicada en la sección El Correo Ilustrado de La Jornada para que entiendan de lo que estamos hablando:


Carta desde el País Vasco, para Maná

Señora directora: Agradecería de todo corazón me permitiera usar su periódico para expresar mi indignación.

En realidad no sé quién estará leyendo este e-mail que llega desde el otro lado del océano, lo que sí sé es a quién quiero que vaya dirigido, por lo tanto escribiré como si los miembros del grupo Maná estuvieran detrás de esta pantalla.

Seré clara en deciros que me encantáis como músicos, pero que toda la admiración que había sentido hasta ahora hacia vosotros como personas se ha evaporado por arte de magia. Con mis 31 primaveras, he sido seguidora de vuestra carrera musical, el tercer concierto al que he asistido hace unos días en Pamplona (Navarra) me pareció muy bueno, pero creo que debierais haber cuidado vuestra puesta en escena. Cuando tú, Fher, te pusiste una camiseta de la selección española debiste saber que Navarra tiene su propio equipo, que es el Osasuna, y que muchos de los que allí estábamos nos sentimos más vascos que españoles. En realidad, lo que me dejó perpleja fue cuando a modo reivindicativo en contra de guerras y políticos corruptos, me sacáis, enlazada a la bandera mexicana y al emblema de la paz, una gran bandera española mostrando todo su esplendor. Hubo muchos pitidos y muchas caras de asombro y nuestra pregunta era, "¿dónde está nuestra ikurriña?" (la bandera de Euskal Herria, que ya habíais utilizado con anterioridad en el concierto de San Sebastián el año pasado).

Os tenía por personas comprometidas contra las injusticias sociales y políticas, como personas idealistas que usando la voz y la música como medio intentabais llegar al fin absoluto que podría ser la paz; pero ahora mismo me pregunto si esta imagen no es más que puro y duro marketing, en donde lo único que interesa es vender y vender. De verdad que quisiera estar equivocada.

Me ofrecería personalmente a explicaros cuál es la situación que se vive actualmente en Euskal Herrie, porque yo sí conozco la situación que vosotros vivís en México, sé lo que ocurre en Montes Azules y en la selva Lacandona, sé que se lucha por la dignidad del pueblo indígena y por obtener justicia en las comunidades de Chiapas. Por eso sería interesante que antes de dar el concierto os informarais, porque cuando cantáis "justicia, tierra y libertad" me siento identificada, ya que a nosotros los vascos nos arrebataron injustamente la tierra de Navarra, privándonos de nuestras libertades.

Creo que os confundisteis al sacar la bandera española y creo que mi ikurriña se debiera haber hermanado una vez más con vuestra bandera mexicana. Aun así, os dejo expuesto mi ofrecimiento y consejo para que no haya malentendidos. Os deseo próspera vida y prósperos éxitos. Incondicionalmente vuestra,

Iratxe M. Esparza 




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Suprema Intromisión

Sin más ni más Madrid reconoce que el estado español es un régimen autoritario en el que no existe la separación de poderes y que cuando es conveniente a sus fines antidemocráticos no titubea en convertir la tan cacareada Constitución de 1978 en papel mojado cuando del estatuto de autonomías hablamos.

Lean en este artículo de La Jornada el más reciente esperpento en el Caso Batasuna:


Ejecutan la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak

Lo formaban diputados de la proscrita Batasuna

El Tribunal Supremo (TS) español acordó hoy ejecutar desde su fuero la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), formado por siete diputados de la proscrita coalición independentista Batasuna, a la que Madrid acusa de ser brazo político de ETA.

El órgano judicial ordenó además el embargo de las subvenciones, las cuentas bancarias, los locales y los medios materiales con que cuentan los parlamentarios, que deberán integrarse en el grupo mixto de la cámara.

Ante la negativa de los diputados vascos de disolver el bloque parlamentario abertzale (nacionalista), quienes justificaron su decisión ante la carencia de un reglamento interno que permitiría ejecutar la medida, los jueces del TS resolvieron ejecutar inmediatamente estas disposiciones restrictivas para "impedir la presencia del grupo disuelto" en el Parlamento.

El tribunal ha sido el responsable de dictar las sentencias de la proscripción de Batasuna, así como la suspensión de las listas electorales que pretendían presentarse a los comicios del pasado 25 de mayo. En escueta nota de prensa, los magistrados ordenaron "el embargo de cuantas subvenciones, fondos públicos o privados pertenezcan al grupo disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad bancaria". Para hacer efectiva la sentencia, el TS reclama al interventor general del Parlamento regional a que realice las "actuaciones oportunas para conseguir el reintegro de cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo a partir del pasado 20 de mayo", fecha en la que se ordenó por primera vez la disolución de SA. Los magistrados también advierten que en caso de que se siguieran pagando subvenciones a los parlamentarios abertzales será "bajo apercibimiento de responsabilidad personal". Esta medida impedirá que SA reciba alrededor de 800 mil dólares anuales.

El tribunal también requiere al presidente del Parlamento vasco, el nacionalista moderado, Juan María Atutxa, que retire cuanto antes todos los locales y medios materiales que se le asignó a la bancada. Asimismo, ordena a Atutxa, a los miembros de la Mesa de la Cámara y a los presidentes de comisiones permanentes que "en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de incumplimiento, actúen en pleno acatamiento judicialmente decidido en el auto de 20 de mayo, y en consecuencia, impidan la presencia del grupo disuelto en las actuaciones de la vida parlamentaria".

El Parlamento vasco respondió al anuncio del TS con un breve comunicado que dice esperar el auto oficial de la sentencia para "analizarlo con el máximo respeto y pronunciarse al respecto", pero que "adoptará las medidas que le parezca que debe tomar, que siempre estarán en la línea que hemos mantenido hasta la fecha". 




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martes, 17 de junio de 2003

Jugarreta Española contra Llona Olalde

Esa corrupción tan presente en el régimen borbónico franquista ha encontrado la forma de echar raíz en suelo mexicano, donde también la corrupción abona la tierra.

Solo así se puede entender la sumisión de las instituciones mexicanas involucradas en el Caso Llona Olalde ante Madrid.

Aquí lo que nos informa La Jornada:


Bárbara Zamora | "Por cuestiones políticas intentan extraditar a Llona"

Carolina Gómez Mena

Debido a una "maniobra del Reino de España, que adelantó 20 días la petición formal de extradición", el juzgado sexto B de distrito en materia de amparo sobreseyó el juicio de amparo interpuesto por Lorenzo Llona Olalde en contra de su detención provisional con fines de extradición, informó la abogada Bárbara Zamora, quien dio a conocer que para impedir que su cliente sea trasladado a España se solicitó un nuevo amparo, juicio en el cual ya se obtuvo suspensión provisional.

El viernes pasado Llona, quien es naturalizado mexicano, pero de origen vasco, fue notificado que puesto que España había formalizado la petición de extradición, el juicio de garantías interpuesto por su defensa había quedado "sin materia", porque ya su situación había cambiado. Ante esto, el juez sexto B de amparo, Alejandro de Jesús Baltazar, sobreseyó el juicio.

No obstante, la defensa se adelantó e interpuso un nuevo amparo, que fue canalizado al mismo juzgado y éste va "contra la eventual acción de todos los cuerpos policiacos, para que no se lo puedan llevar de manera ilegal".

La abogada explicó que por tener suspensión provisional, su cliente "no puede ser extraditado", aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) -instancia que tendrá la palabra final- diese su visto bueno. Añadió que si ello ocurriera, se acudirá a un último recurso, un amparo en contra de la decisión de la dependencia.

Sin embargo, Zamora confía en que ni el juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo -quien emitirá su opinión respecto a la procedencia de la extradición- ni la SRE se pronunciarán por el traslado a España, nación que solicita a Llona para enjuiciarlo porque considera que habría participado en una acción armada el 24 de junio de 1981 en Tolosa, acto en el cual perdieron la vida tres españoles.

Ayer se cumplió el plazo de tres días que el juez 15 dio a Llona para presentar excepciones a la petición formal de extradición. Entre las principales presentadas están que "Lorenzo es ciudadano mexicano (en 1993 se naturalizó) y en razón de esto es aplicable el artículo 7.1 del Tratado de Extradición México-España, que establece que los gobiernos pueden negar la extradición de sus nacionales", destacó Zamora.

En entrevista, la litigante agregó que otra excepción presentada es que el "código penal español prevé que solamente se puede pedir la extradición de los españoles que hayan delinquido y se hayan refugiado en un país extranjero, o de los españoles que hayan atentado en el extranjero contra intereses españoles o de los extranjeros que debiendo haber sido juzgados en España se refugiaron en otro país. En ninguno de esos supuesto está Lorenzo".

Otra, añadió, es que el "testigo que presenta España no es tal, porque nunca en la declaración que hizo y que fue arrancada bajo tortura mencionó el nombre de Llona".

Zamora hizo notar que la petición de extradición "es una cuestión de carácter político, puesto que el gobierno español tiene mucho tiempo reprimiendo cualquier situación relacionada con el pueblo vasco, y nada más por su origen quiere llevárselo. La Constitución mexicana prohíbe realizar extradiciones de personas que son perseguidos políticos", concluyó. 




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lunes, 16 de junio de 2003

Roitman | La Política de los Corruptos

En su artículo de opinión publicado en La Jornada el analista Marcos Roitman hace cera y pabilo de la casta política borbónico franquista. Sí, esa misma casta política a la que Washington y Bruselas arroparon al declarar a Batasuna como organización terrorista.

Como se dice popularmente, en el pecado llevan la penitencia.

Disfruten la lectura:


La política de los corruptos: España hoy

Marcos Roitman Rosenmann

Sin ningún rubor y dando por buena la práctica del soborno y el cohecho en la batalla política, la ex ministra de Cultura y Educación, asimismo ex presidenta del Senado y candidata por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre declaró: "la devolución del acta por parte de los dos diputados socialistas siempre estaría bajo sospecha de que el PSOE ha pagado más". Desliz que pone al descubierto un tipo de actuación considerada posible y desde luego aceptada por los dirigentes del Partido Popular (PP) para alterar resultados adversos en las urnas: la compra del escaño. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, donde dos diputados electos en las listas del PSOE han desertado, favoreciendo la probable elección de Aguirre como presidenta de la comunidad o en su caso provocando la convocatoria de elecciones anticipadas. Se trata de evitar que la coalición entre el PSOE e Izquierda Unida asuma el gobierno de la comunidad. Por ello, la susodicha descarta la entrega de las actas de diputado al PSOE para que corra la lista, ello desbarata su traición. Nadie se ha percatado de este traspié que evidencia la participación del PP en la maquinación para alterar el resultado de las urnas.

Parece ser que la compraventa de voluntades está inmersa en la lógica de una economía monetaria. Mientras la posesión de riquezas en forma de dinero actúa como un excedente de poder, honor, estatus y privilegio, la posibilidad de corrupción es inherente a un orden social, cuya medida del éxito es la cantidad de millones de euros, dólares o libras esterlinas que se puedan llegar a tener. La riqueza es la medida de todas las cosas. La pobreza, en cambio, es carencia de virtud. Crecer y acumular. La visión de un mundo donde se nace para tener dinero altera la naturaleza de la condición humana. La degradación en las convicciones y en los valores éticos se proyecta en la vida cotidiana hasta convertirse en una práctica corriente. El sueño de no pocos es que algún día alguien con dinero ofrezca una buena suma del mismo por realizar alguna locura: "le ofrezco X por romper su coche", "otro tanto por dejarse violar" y "un poco más por quitarse un riñón". Todo en el marco de unas relaciones contractuales acordes con la lógica de mercado. Bien es cierto que no es necesario esperar al advenimiento del capitalismo para que este tipo de corrosión del carácter se manifieste. Las traiciones motivadas por la codicia y el afán de enriquecimiento son parte de una larga historia presente en todas las sociedades humanas. Sin embargo, lo que diferencia unas etapas históricas de otras es el grado de regularidad con que emergen. Es decir, cuando estas actitudes se enquistan, llegando a formar parte de las estructuras formales del poder. El tráfico de influencias, la información privilegiada, el blanqueo de dinero, o lo que es lo mismo: la degeneración del sistema financiero, la financiación ilegal de los partidos políticos y, sobre todo, el soborno trasnacional, lo que el fiscal anticorrupción de España, Carlos Castresana, coautor intelectual de las acusaciones contra las dictaduras militares de Chile y Argentina por crímenes de lesa humanidad, llama nueva corrupción. "El perfil de la nueva corrupción es el de la absoluta confusión entre lo público y lo privado. España es un buen ejemplo. En los años recientes asistimos al permanente transvase de personas y de intereses entre lo público y lo privado, y viceversa. También, a veces, simultaneando ambas cuestiones. Hemos visto la presencia de un ministro de Fomento en el Consejo de Ministros, que después de autorizar la fusión de dos grupos internacionales de grandes superficies comerciales pasa en el siguiente cambio de ministros a presidir la empresa fusionada. Hemos visto, también, a personas que han ocupado relevantes cargos en la empresa privada, que después han pasado al ministerio correspondiente para seguir gestionando los mismos intereses, ahora desde el área de la esfera pública. Ya no se trata de personas que acceden sin una previa fortuna personal para intentar abrirse un camino o labrarse un porvenir desde el cargo público, sino son personas que ya tienen un patrimonio antes de acceder al cargo público y cuando acceden a él no hacen otra cosa que favorecerlo".

Estamos ya en el meollo de la situación. Los empresarios se han adueñado de la acción política, introduciendo todas sus triquiñuelas y malas artes en la consecución de sus fines. La corrupción institucional, aquella que compromete la honestidad del cargo público y que trae aparejado un descrédito de las llamadas democracias occidentales, se extiende al transformarse la política en actividad de mercado. Ya no se busca obtener un trato de favor mientras se ejerce como presidente de gobierno o monarca. Los regalos en especie se siguen otorgando. Felipe González es un buen conocedor de ello y Aznar tampoco desmerece. La corona está igualmente comprometida. Pero éste es un viaje de ida y vuelta. Tanto monta, monta tanto. No todo tiene precio, salvo aquellos que se lo colocan a sí mismos o esperan que otros los tasen. Cuando se está acostumbrado a esta dinámica, cualquier cosa se transforma en un tráfico de influencias. Hoy por ti, mañana por mí.

Hoy se puede alterar un resultado de elecciones bajo la compra de diputados, cuando los intereses inmobiliarios en Madrid se ven afectados por un gobierno cuyo posible presidente, Rafael Simancas, declara que pondrá coto a la especulación inmobiliaria cambiando la ley del suelo y cuestionando el plan urbanístico de su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. Plan conocido como Operación Chamartín. Tras estas declaraciones, el conocido clan del ladrillo, por su relación con la construcción, donde participan los bancos Santander Central Hispano, BBVA, además de los empresarios ligados al vicepresidente Rodrigo Rato y al grupo de eléctricas Martín Villa, acompañados por presidentes de equipos de futbol con intereses en la operación, se ponen en movimiento para evitar a toda costa el nombramiento de Simancas. El golpe de Estado se fragua y consiguen su objetivo. No importan las instituciones ni menos las elecciones. Si ganan quienes no deben hacerlo, hay que corregir el rumbo y convocar a nuevas elecciones para que en esta ocasión todo esté atado y bien atado. Mientras tanto, Aznar y sus amigos empresarios cobran también en especie su apoyo a la invasión de Irak, concediendo Estados Unidos a las empresas Repsol y CEPSA contratos para comercializar 2 millones de barriles de petróleo. Migajas, si tomamos en cuenta que el más reciente contrato de Repsol con Saddam Hussein era de 5 millones.

En definitiva, la corrupción se ha vuelto moneda de cambio en las llamadas sociedades occidentales, controladas por empresarios, banqueros y comerciantes. La acción política está inmersa en la lógica del mercado que, como todos sabemos, consiste en matar y aniquilar totalmente al otro, en este caso "el competidor". En esta guerra no hay reglas, todo vale con tal de tener el control monopólico del poder y el mercado. Rescatar la política y activar la democracia es el objetivo. Con el ejemplo de España, sabemos por dónde no ir. 




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domingo, 15 de junio de 2003

De Buen | ¿A Dónde Va la Izquierda?

Aprovechando que el Comandante Fidel Castro ha puesto el tema de la patética figura de José María Aznar, desde La Jornada traemos a ustedes un caustico artículo de opinión que proveerá al eventual lector con una panorama más claro acerca del estado español, ese estado que en el nombre de la democracia priva a un pueblo de su derecho a sufragio.

Disfruten la lectura:


Néstor de Buen

¿A dónde va la izquierda?

La clasificación de izquierdas y derechas que, si no recuerdo mal, tuvo su origen en la división del Parlamento en la Francia revolucionaria, hoy está un poco en decadencia, particularmente porque ser de izquierda ya no viste. En rigor, no se trata de una decadencia del ejercicio del poder, que de todas maneras lo es, sino una especie de vergüenza por confesar ser de izquierda. El refugio: la mayor aproximación posible al centro para que no se acuse a los "izquierdistas" de peligrosos radicales. Para ello un par de críticas a izquierdistas notables y calificar a Marx de viejo impertinente no está mal del todo.

En España, dos diputados al Congreso madrileño, supuestamente socialistas, han vendido descaradamente su intervención (mediante el simple procedimiento de abandonar las sesiones del Congreso), impidiendo que la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU), que es mayoritaria, pudiera controlar la presidencia que ha caído en las delicadas manos de la derecha rotunda que representa ese personajillo de aire chapliniano y raíces mussolinescas que es conocido como José María Aznar. El pretexto: que el PSOE se había aliado con IU que representaría un saldo del viejo comunismo.

Eso significa, corrupciones aparte, que algunos socialistas o así autocalificados, consideran mejor aliarse con la extrema derecha antes de incurrir en la alianza con algunos un poquito más radicales o, para mejor decirlo, menos centristas.

No olvido que mi admirado Felipe González, secretario general del PSOE, renunció a su puesto para lograr que desaparecieran de los estatutos del partido las referencias a las ideas marxistas. España, ciertamente, entró bajo su dirección en una etapa de amplio desarrollo económico, con el ingreso afortunado en la Unión Europea. Y hoy los españoles, que en 1982 aún vivían con notorios apuros económicos, disfrutan de un nivel excepcional, con departamento propio, carro a la puerta y un mes de vacaciones que les hace olvidar sus antiguas exigencias sociales y los conduce a una posición conservadora, porque ahora sí tienen qué conservar. Lo que lleva a la izquierda a convertirse en centro y a reaccionar con violencia cuando se le califica de radical. La base está en el famoso centro. Y ya se imaginarán ustedes hacia dónde van los que desde un principio se calificaron de centristas. Por ejemplo, el Partido Popular. Huele a franquismo.

En una inversión notable de los viejos tiempos exportadores de mano de obra, hoy España pone obstáculos al ingreso de extranjeros, mayoritariamente sudamericanos y persigue a las pateras que desde Marruecos intentan llegar, con saldos terribles, a las costas andaluzas. Sin embargo, recibe a estos braceros con el mismo entusiasmo que los gringos reciben a los nuestros. Harán las tareas incómodas.

El señor Blair, carismático laborista (¡Cuidado! No confundir con laboralista) supuestamente sustentado en la socialdemocracia, mantiene alianzas vergonzantes con el señorito Bush y el leonés Aznar. Aunque hoy los tres rechazan discusiones parlamentarias que pondrían en evidencia que son unos mentirosos. Y ese es grave delito. Un dato curioso: los más radicales izquierdistas de otros tiempos han optado por el curioso deporte de calificar a Fidel Castro con las peores injurias que se pueden proferir. El fusilamiento, previo juicio público, de tres piratas que intentaron desviar una lancha a Miami y el encarcelamiento de múltiples opositores ha provocado la crítica feroz de la izquierda. Da la impresión de que hablar mal de Castro se ha convertido en una especie de garantía para merecer la benevolencia del señor vencedor de Irak. Se olvida que desde hace más de 40 años Cuba vive en estado de guerra. En estos rumbos de La Jornada, la cacería anticastrista está de moda. Yo, por el contrario, estoy con Gabo García Márquez.

La memoria es flaca. Porque allí mismo en Cuba, en un territorio robado a España y a Cuba (Guantánamo), gimen desesperados cientos de presos afganos a los que no se les ha reconocido derecho alguno a lo que en Estados Unidos llaman el debido proceso legal. ¿Democracia?

No hay que olvidar que el peor terrorismo de estos tiempos lo produce con cinismo notable el propio gobierno estadunidense, cuyos bombardeos sobre poblaciones civiles exceden los límites de la barbarie tradicional. A mí me recuerdan los de la aviación alemana sobre Gernika y Barcelona, en los aciagos tiempos de la Guerra Civil española. Por no citar a Hiroshima y Nagasaki.

Entre tanto, los exigentes contrarios a la guerra de Irak se dan de besos y abrazos con el señor Bush.

Yo, perdónenme el acto casi heroico, me declaro de izquierda de la buena. De la de los buenos tiempos de la guerra fría. Hay mucha historia detrás de ello. Aunque las perspectivas sean inciertas. 




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Madrid Secuestra Ayuntamientos Vascos

Y se llegó el día en el que se consumó el esperpento antidemocrático producto de la criminalización e ilegalización de la izquierda abertzale como opción para los votantes de Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca.

Claro está que para un pueblo movilizado en la defensa de sus derechos civiles y políticos no era una fecha cualquiera.

Aquí lo que La Jornada reportó:


Protestan centenares de simpatizantes y líderes de Batasuna frente a ayuntamientos

Desactiva la policía autonómica vasca en Bilbao una bomba colocada en un automóvil

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La policía autonómica vasca desactivó hoy en Bilbao una bomba colocada en un automóvil, poco después de que el diario independentista Gara fuera alertado en una llamada telefónica por un hombre que dijo hablar a nombre de la organización separatista ETA. El carro en el que fue colocada la carga de 30 kilos de explosivos fue estacionado detrás del edificio de la Feria de Nuestra Ciudad, donde cientos de estudiantes se encontraban haciendo un examen, indicó la Ertzaintza, policía regional vasca.

El interlocutor anónimo dijo a Gara que el vehículo debía estallar a las 11:30 horas locales, tras lo cual la policía acordonó la zona y desalojó los inmuebles cercanos, para que los artificieros de la policía desactivaran horas después el coche bomba.

Los dirigentes políticos de la ciudad condenaron la actuación de ETA, al considerar que la colocación del coche bomba se debe a la expulsión de Batasuna de las instituciones democráticas.

Este fallido ataque coincidió con la constitución de los ayuntamientos, que además se llevó a cabo en medio de protestas en las localidades que estaban gobernadas por Batasuna, en las que hubo más votos nulos que los que captaron las listas más votadas.

Batasuna perdió tras su ilegalización la posibilidad de presentar sus candidaturas en el País Vasco y Navarra, por lo que por primera vez no participó en elecciones municipales. Esta situación y la pérdida del poder en diversas localidades donde todavía cuenta con una mayoría simbólica motivó las movilizaciones de los separatistas.

En San Sebastián cientos de personas se concentraron a las puertas del ayuntamiento durante la toma de posesión del socialista Odon Olorza, pero fueron dispersadas por agentes antidisturbios, con saldo de cuatro personas detenidas, entre ellas los ex dirigentes de Batasuna Joseba Alvarez, Josetzo Ibazeta e Iñigo Balda.

Más tarde se volvieron a concentrar los simpatizantes de Batasuna frente al ayuntamiento, pero esta vez la protesta derivó en enfrentamientos aislados entre policías y jóvenes radicales.

En Santurzi, cientos de personas gritaron y abuchearon a los concejales de los partidos Socialista de Euskadi y Popular, que tuvieron que salir escoltados del consistorio luego que la policía disolvió la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma.

En Andoain, localidad que fue gobernada por Batasuna, cientos de personas impidieron que el nuevo alcalde socialista, José Antonio Pérez Gabarain, diera su discurso de apertura ante los insistentes gritos de "ladrón" y "fascista", mientras que en Bilbao, la policía desalojó del salón de plenos a Arantza Zulueta, ex concejal de Batasuna, que como protesta tomó asiento en la curul.

También dos artefactos explosivos de fabricación casera fueron lanzados contra la sede socialista en Zumárraga, en tanto que fue incendiado el vehículo de un magistrado en San Sebastián.

Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, estimó que las protestas se debieron a que la ilegalización de las listas abertzales "constituye un escándalo político, con lo que se confirma que no hay democracia en este país".

El incidente se produjo al tiempo que en decenas de pueblos vascos y navarros cientos de votantes, militantes y dirigentes de la ilegalizada coalición abertzale, Batasuna, efectuaron protestas durante la toma de posesión de los alcaldes electos en los comicios del pasado 25 mayo, las primeras en las que no participó la formación radical.





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viernes, 13 de junio de 2003

'Führercito del Bigotico'

José María Aznar, fiel a las enseñanzas de su padre, sigue al pie de la letra los preceptos de Joseph Goebbels y este artículo de La Jornada pone de relieve uno de ellos; la creación de un enemigo según la coyuntura.

Aprovechando el escenario político resultante de la caída de la URSS primero y del 11 de septiembre de 2001 más recientemente, Aznar ha sabido maniobrar para que sus enemigos coyunturales se conviertan, a su vez, en enemigos de la Unión Europea.

Así, su enemigo doméstico es el pueblo vasco - que no ETA - mientras que sus enemigos externos son la Cuba revolucionaria y la Venezuela bolivariana.

Y precisamente desde Cuba, el Comandante Fidel Castro, lo retrata en toda su miseria, situándolo por debajo incluso del genocida dictador español Francisco Franco, recurriendo a hechos y comparativos que nosotros desde este blog ponemos en tela de juicio.

Lean ustedes:


Aznar, "fascista"; Berlusconi, "bufón burlesco": Fidel Castro

Franco "aguantó las presiones yanquis"; mantuvo las relaciones con Cuba, recuerda

Gerardo Arreola

Relajado, sarcástico, gesticulante y coloquial durante unas tres horas en la cadena nacional de radio y televisión y luego al frente de una marcha de cientos de miles de personas, Fidel Castro estimuló tácitamente entre el miércoles y el jueves al gobierno de España a romper relaciones diplomáticas con Cuba.

Durante unas 25 horas, casi sin parar, La Habana disparó metralla de propaganda en respuesta a las sanciones diplomáticas que la semana pasada anunció la Unión Europea (UE) contra la isla.

Pero la descarga de fusilería se fue decantando contra los gobiernos de España e Italia, con el fuego concentrado en la figura del "führercito del bigotico", como Castro llama reiteradamente al presidente del gobierno español, José María Aznar.

El ciclo se abrió en la mañana del miércoles cuando la radio y la televisión nacionales difundieron en vivo la declaración que leyó el canciller Felipe Pérez Roque.

Concluyó hoy cuando los últimos manifestantes, con banderitas cubanas en alto, corearon la versión larga de La Internacional frente a la sede diplomática española, en la antigua ciudad colonial, de cara a los fuertes que un día defendieron el poder de Castilla.

Arrogancia y prepotencia

A lo largo de esa jornada, en extenso, en síntesis o en exégesis, el mensaje retumbó con redobles en la radio y la televisión. Entrada la noche, el presidente cubano habló en vivo en cadena nacional.

Aunque la respuesta formal es a la UE, el líder cubano subrayó que hay responsables principales ("no todos los países ni todos los embajadores han tenido igual actitud").

Entre otros temas sueltos y variados, Castro entiende que la reducción de visitas oficiales de la UE a Cuba tiene su lado favorable: "Nos ahorramos la arrogancia y la prepotencia de algunos" (...) "nuestro mayor placer es conversar con nuestra gente, del tercer mundo, con los africanos, los latinoamericanos que no sean lacayos de ese imperio" (...) "hay que tener estómago a veces para reunirse con ellos en una de esas cumbres que repugnan".

Al parecer habla de las reuniones iberoamericanas, porque vuelve al tema, quizás anunciando su renuncia por tiempo indefinido a esas citas anuales: "Me da la tranquilidad de que me voy a desaparecer de las cumbres esas".

Un caso repugnante de esas ocasiones, recordó entonces: el ex presidente argentino Carlos Menem.

Pero Aznar estaba en la mira. Castro se burló de su corta estatura y de su bigote. En la escalada verbal, el líder cubano terminó elogiando a Francisco Franco (1892-1975), el implacable dictador que gobernó España con puño de hierro desde el fin de la guerra civil (1939) hasta su muerte: 36 años.

Aznar, dijo Castro, es fascista, como Franco. Pero aquél se inclinó ante la potencia hegemónica. Este "fue más astuto: maniobró, evitó involucrarse y mantuvo un asombroso nivel de tenacidad en las relaciones con Cuba" (...) "aguantó las presiones de los yanquis" (...) "era un fascista que tenía sentido nacional, sentido de la dignidad y talento; no se dejó arrastrar por (el dictador italiano de la época, Benito) Mussolini".

Castro gratificó a los biógrafos al invocar elípticamente su sangre gallega (su padre, Angel Castro, era originario de Galicia), como la de Francisco Franco.

Contó, en aras de explicar la actitud del caudillo hacia Cuba, que el grueso de los marinos españoles muertos en la batalla de Santiago (decisiva en la guerra hispano-estadunidense de finales del siglo XIX) eran de El Ferrol, la población de origen del generalísimo.

El hilo conductor de este tramo es que Franco pasa la prueba del ácido de la difícil relación con Cuba. Aznar no.

A la decisión de los europeos de limitar sus viajes de primer nivel, bajar el rango en actos culturales comunes e invitar a los opositores cubanos a sus cocteles principales, Castro replicó: ningún funcionario del gobierno cubano asistirá a acto oficial de la UE; ninguno de sus embajadores será invitado a acto oficial del gobierno de Cuba, y "si su misión es tener relaciones con mercenarios, realmente sobran".

Quince embajadores en La Habana se quedaron sin piso. O quizá más, si se toma en cuenta que la declaración de la UE sobre Cuba, del 5 de junio, fue respaldada por los países en trámite de ingreso (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), los asociados (Bulgaria y Rumania) y los del Acuerdo de Libre Comercio Europeo (Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega).

Castro dijo que los contactos de los diplomáticos destacados en Cuba con opositores equivalen a que la gente de Osama Bin Laden se instalara en Estados Unidos y fuese recibida en las embajadas en Washington, o a que las misiones extranjeras en Madrid invitaran a los etarras a sus saraos.

"No tenemos ninguna obsesión por las relaciones diplomáticas -dijo -. Nada nos quita el sueño."

Casi al empezar este jueves el mandatario habló de la marcha que en unas horas más tarde pasaría frente a la sede diplomática española. Con una sonrisa evocó un futuro hipotético: "Si esa embajada permanece ahí".

Confirmó que denunciará el convenio por el cual Cuba y España sostienen en común un centro de cultura española en La Habana, y anunció que su gobierno se hará cargo de la difusión "de la verdadera cultura española".

Todavía tuvo munición para Silvio Berlusconi, primer ministro italiano, a quien le encontró gran parecido físico con Mussolini.

Igual que el líder fascista de la Segunda Guerra Mundial, dijo Castro, el actual jefe de gobierno es "burlesco, bufón". Deberían llamarle "Burlesconi", y así lo llamó durante el resto de la transmisión.

Más de un millón de marchistas

A las 7:30 de la mañana de este jueves la banda de guerra del estado mayor general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) rompió la marcha, en el Malecón de La Habana, y enfiló rumbo al casco antiguo de la capital.

Pasó la columna frente a la embajada española, mientras en la azotea su personal diplomático observaba. Al centro de la descubierta iba Castro, junto a Carlos Lage, cabeza del equipo económico, y al canciller Pérez Roque.

A la misma hora, unos 15 kilómetros al oeste, en la Quinta Avenida, la espléndida vía que cruza la zona residencial de Miramar, el general de ejército Raúl Castro, hermano menor del presidente y ministro de las FAR, caminó al frente de otra columna, que pasó frente a la embajada de Italia.

Los manifestantes no habían dormido. Se reunieron en la madrugada. Venían de barrios de la ciudad y de pueblos de la vecina provincia de La Habana, el cinturón agrícola de la capital, a bordo de miles de autobuses.

Hoy fue feriado laboral y no hubo clases en esta región de Cuba. La maquinaria estaba aceitada. A la hora de la caminata los contingentes estaban ordenados y listos.

Bajo el sol picante de la mañana la gente llevaba carteles con la figura de Aznar como Hitler, y la de Berlusconi como Mussolini. Aznar, con cuernos y suásticas; Berlusconi, con casco fascista.

Se escribió y se gritó todo lo que ayude a esas equivalencias, todo lo que ayude a corroer esas dos figuras políticas.

En las dos concentraciones marcharon más de un millón de personas, dijeron los locutores de radio y televisión. La caminata compacta duró casi tres horas. 




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Acciones Penales contra Parlamentarios Vascos

Por si no fuera poco con el gran ridículo protagonizado por la Unión Europea al incluir en su lista de organizaciones terroristas al partido político vasco Batasuna, el estado español nos ha dado muestra fehaciente de su muy frágil democracia; resulta que como corolario a la incongruencia entre el rechazo a la guerra en Irak, mismo que ha terminado por no reflejarse en los resultados de las urnas ahora resulta que la pírrica victoria del PSOE en la Comunidad de Madrid se ha convertido, verbigracia la corrupción que asentó sus reales durante la dictadura de Francisco Franco, en una derrota, cortesía de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes de socialistas y obreros no tienen mas que el membrete.

Así que, esclarecido lo anterior, damos seguimiento al Caso Batasuna con este artículo de La Jornada:


Acuerda el Tribunal Supremo iniciar acciones penales contra el Parlamento vasco

Crece el caos político en Madrid provocado por traición de dos diputados socialistas

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Tribunal Supremo español acordó hoy por unanimidad iniciar "acciones penales" contra el Parlamento vasco ante su negativa de acatar la resolución judicial en la que se le instaba a disolver al grupo parlamentario de Socialistak Aberzaleak (SA), formado por los siete parlamentarios de la ilegalizada Batasuna, la coalición de la izquierda independentista vasca a la que se acusa de ser brazo político de la organización armada ETA.

El delito y las personas imputadas será determinado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Los 16 magistrados del alto tribunal ordenaron al fiscal que "emprenda las acciones penales que correspondan" contra los responsables de la mesa de la Cámara vasca, es decir, su presidente Juan María Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y contra los voceros que impidieron la disolución del grupo parlamentario abertzale (nacionalista), al argumentar que la medida, por su carácter inédito, no cabe en el reglamento interno del Parlamento.

El procesamiento de los parlamentarios, de hacerse efectivo, deberá ser asumido por este mismo tribunal ante la condición de aforados de los inculpados, pero la enorme relevancia de esta medida se debe a que el juicio pondrá de manifiesto, por primera vez en la democracia española, un enfrentamiento radical entre dos poderes del sistema político, el Legislativo y el Judicial.

El origen de la controversia se remonta a la reciente ilegalización de la coalición abertzale, que se llevó a cabo en menos de tres meses después de la aprobación, en junio del año pasado, de la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada ad hoc para disolver a esta formación política y aprobada en solitario por el derechista Partido Popular (PP) y por la principal organización de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a pesar de la tajante oposición del PNV y Eusko Alkartasuna, en el poder en el País Vasco.

Una vez disuelta Batasuna mediante un auto del Tribunal Supremo, ratificada días después por el Tribunal Constitucional, se ordenó mediante otra resolución que se disolviera el grupo parlamentario de SA en la Cámara vasca, formada por los siete diputados elegidos en los comicios autonómicos de mayo de 2001.

Después de la exigencia del órgano judicial, que incluso dictó un ultimátum de cinco días, que hoy concluyó, la mayoría parlamentaria de la Cámara regional rechazó una iniciativa que hubiera permitido la disolución de SA y su posterior adhesión al llamado grupo mixto.

En respuesta, el Tribunal Supremo decidió hoy emprender "acciones penales" contra el Parlamento de Euskadi.

Situación política inédita

En otro ámbito, salvo que los diputados electos socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, declarados en rebeldía, devuelvan a su partido las actas de parlamentarios, el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Madrid se definirá en septiembre u octubre próximos, después de que se nombre un gobierno provisional que deberá convocar a elecciones anticipadas.

Los comicios del pasado 25 mayo otorgaron una apretada victoria en la Comunidad Autónoma de Madrid a la coalición de izquierda, formada por PSOE e Izquierda Unida, en un revés para el derechista PP y su líder, José María Aznar.

Sin embargo, todo cambió el pasado martes, cuando los citados diputados electos decidieron "traicionar" a su formación política y ausentarse de la primera sesión parlamentaria de la nueva legislatura, en la que se eligió a la nueva presidencia de la Cámara, que contra todo pronóstico recayó en la conservadora Concepción Dancausca.

La situación política creada por los diputados rebeldes, inédita hasta ahora en la democracia española, tiene pocas salidas ya que los escaños del PP (55) no son suficientes para gobernar con holgura, mientras que los diputados de la coalición de izquierda (54) -sin contar con las dos curules de los políticos corruptos- también son insuficientes para formar gobierno.

La única solución que se avizora para que el gobierno madrileño sea efectivo es el nombramiento provisional de la derechista Esperanza Aguirre, quien convocará a comicios anticipados para septiembre u octubre de este mismo año.

Pero Izquierda Unida desconoce desde ahora un gobierno del PP, sea provisional o no, y exige al partido derechista colaborar para terminar con esta crisis, ya que a su juicio pone en tela de juicio al conjunto de la democracia española.

Por lo pronto, surgieron nuevas denuncias contra el diputado Tamayo al involucrársele con la mafia del negocio inmobiliario y con las fuerzas golpistas en Venezuela.

Sobre los nexos con especuladores inmobiliarios ya se habían dado datos, pero ahora el alcalde caraqueño Freddy Bernal afirmó que Tamayo estuvo en Venezuela para apoyar a los golpistas venezolanos.

En otro orden, la policía francesa detuvo a la abogada española Itziar Larraz por haber entregado "ilegalmente" a una de sus defendidas etarras "documentos relacionados con ETA". 




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martes, 10 de junio de 2003

Vascos Provocadores

Continúa la saga que se escribe en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca ante la negativa para cumplir lo dictado por el Tribunal Supremo ordenando la disolución de Sozialista Abertzaleak.

Juan Mari Atutxa y compañía han pasado de ser "desobedientes" a ser "provocadores".

Aquí la cobertura que La Jornada hacer del caso:


Imposible, disolver el grupo Sozialista Abertazaleak, responde Atutxa al Tribunal Supremo español

El PP califica de provocadora la actuación del presidente del Parlamento vasco

El presidente del Parlamento del País Vasco, Juan María Atutxa, informó esta tarde al Tribunal Supremo "la imposibilidad" de disolver al grupo sucesor de Batasuna, Sozialista Abertazaleak (SA).

En un escrito dirigido al presidente del tribunal, Francisco Hernando, Atutxa aseguró que no puede enviar al Grupo Mixto a los diputados nacionalistas en virtud de que la Junta de Portavoces rechazó una propuesta presentada por él en ese sentido, el viernes pasado.

El escrito de la presidencia de la Cámara vasca da respuesta de esta manera a la petición del Tribunal Supremo, recibida la mañana de hoy en Vitoria, que incluye el ultimátum de cinco días de plazo para que la Cámara proceda a la disolución SA, que al igual que su antencesor Batasuna, es considerado por Madrid como brazo político del grupo armado ETA.

Para respaldar sus argumentos, Atutxa incluyó en su respuesta el informe que elaboraron los servicios jurídicos de la Cámara, en el que se asegura que el auto "invade y menoscaba" la autonomía de organización y funcionamiento legislativo.

El presidente del Partido Popular (PP) en la Cámara vasca, Carlos Iturgaiz, se pronunció por que la justicia actúe contra "la actuación provocadora" de Atutxa y de los miembros de la mesa del Parlamento de Gasteiz contrarios a la disolución de SA.

Según Iturgaiz, mientras la Unión Europea integró a Batasuna en la "lista de terroristas", el Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder) "continúa protegiendo, encubriendo y oxigenando el mundo de ETA".

La sala especial del Tribunal Supremo se reunirá el próximo jueves para analizar la respuesta del Parlamento vasco y para estudiar si pide a la fiscalía que presente las acciones legales oportunas contra los responsables de dicha cámara.

Mientras, durante el juicio por la muerte del dirigente de la izquierda abertzale (nacionalista) Santi Brouard, ocurrida en 1983, los entonces máximos responsables del Ministerio del Interior español admitieron que tanto ellos como las fuerzas de seguridad del Estado no mostraron especial interés en la resolución del caso y confirmaron que las únicas investigaciones al respecto fueron las abiertas en el proceso judicial. José Barrionuevo, ex ministro del Interior, aseguró que "en aquella época había muertos cada dos semanas", y Julián Sancristóbal, ex secretario de Estado para la Seguridad, reconoció que no se desarrolló ningún tipo de investigación respecto al atentado que quitó la vida a Brouard.

En tanto, se informó que el preso político vasco Jesús Mari Etxeberria se encuentra en estado crítico tras haber cumplido 48 días en huelga de hambre. 




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sábado, 7 de junio de 2003

Vascos Desobedientes

Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer

Lo dijo Mahatma Gandhi y justo en estos momentos debe estar resonando en la mente de José María Aznar al enterarse de lo ocurrido en el Parlamento de la CAV.

Claro que en el escenario vasco nos estamos refiriendo a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, modificada ex profeso para criminalizar e ilegalizar a la izquierda abertzale, mostrando así la inclinación autoritaria y antidemocrática de los herederos del franquismo, anidados tanto en el PP como en el PSOE.

Aquí lo que nos informa La Jornada:


Rechaza Junta de Portavoces vasca la disolución de Socialistak Abertzaleak

El Parlamento, "en claro delito de desobediencia": Aznar

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La Junta de Portavoces del Parlamento Vasco rechazó hoy la disolución de la bancada del Socialistak Abertzaleak (SA), heredero de la proscrita coalición independentista Batasuna, para el que el Tribunal Supremo español exigió mediante una sentencia judicial su desaparición y su inclusión en el llamado grupo mixto.

La medida fue rechazada por los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna y el propio SA, todas ellas formaciones nacionalistas, mientras que el Partido Popular (PP, derecha) y el Partido Socialista de Euskadi votaron en favor de la disolución de la bancada, e Izquierda Unida (IU) no acudió a la sesión.

La ilegalización de Batasuna ha provocado un nuevo enfrentamiento entre las instituciones españolas y vascas. Por un lado el Tribunal Supremo, que después de firmar la ilegalización de esta coalición por sus presuntos vínculos con ETA exigió al Parlamento vasco que disolviera el grupo abertzale, cuyas consecuencias inmediatas serían la disminución de los tiempos de discursos y de los recursos públicos de financiación.

A juicio del presidente de la Cámara regional, Juan María Atutxa, la exigencia del Tribunal Supremo viola el reglamento interno, con lo que se estaría produciendo una injerencia entre poderes.

Después de que el tribunal dio el pasado miércoles un ultimátum de cinco días para que se ejecute la sentencia y se disuelva a SA, formada por siete parlamentarios, Atutxa presentó al Congreso una propuesta de modificación del reglamento en la que se establecía la posibilidad de disolver un grupo parlamentario cuando exista una sentencia que así lo establezca e integrarlo en el grupo mixto, que fue precisamente la que se rechazó hoy en la Junta de Portavoces.

El Tribunal Supremo advirtió que actuará judicialmente contra la mesa de la Cámara vasca por "delito de desobediencia". Pese a esto, Atutxa argumentó que no puede cumplir en auto judicial al "no tener mecanismos para ello".

El presidente del gobierno español, José María Aznar, mediante su vocero, Mariano Rajoy, criticó la actitud de los "nacionalistas" y advirtió que si no se cumple la sentencia "entrarán en la ilegalidad", al considerar que el Parlamento vasco "está ante un claro delito de desobediencia que puede acabar provocando un conflicto institucional de gravísimas proporciones".

Rajoy añadió que el Parlamento vasco como tal "no tiene capacidad para decidir si acepta o no una resolución del Tribunal Supremo, porque eso no es la democracia".

Anton Karrera, parlamentario de IU, explicó que la ausencia de su partido se debió a que consideraban el proceso "un fraude" y "no es la vía más adecuada", al considerar que existe una "escenificación de la confrontación política, pues el PP votó ayer en contra y hoy lo hará en favor y lo mismo ocurre con PNV y EA que ayer votaron en favor y hoy lo harán en contra".

Según Karrera, la salida "más coherente" para resolver esta "invasión de competencias inaceptable e injustificable" del Tribunal Supremo español es plantear el "conflicto de jurisdicción", con el objetivo de "evitar la confrontación y dejar fuera los planteamientos más políticos".

Los portavoces de Basta ya y del Foro de Ermua han exigido al tribunal que tome medidas contra Atutxa y el resto de los miembros del Parlamento vasco que han impedido la disolución de Batasuna como grupo parlamentario.

Asimismo, los voceros de las asociaciones de víctimas del terrorismo exigieron la actuación "inmediata de la justicia" contra el Parlamento vasco para remediar este "desafío al Estado".

Ante la ilegalización de la formación y la inclusión de Batasuna en la lista europea de organizaciones terroristas, el eurodiputado abertzale Koldo Gorostiaga manifestó en Bayona que "la Unión Europea (UE) es cómplice de la represión española", ya que la intención de Aznar "es hacer desaparecer un movimiento político: ya lo ha hecho en el Estado español, después en Estados Unidos. Ahora va camino de hacerlo en la UE".

Gorostiaga consideró que Francia "respetaría mi inmunidad parlamentaria" de diputado europeo, y aseguró que no creía que hubiera "una prohibición de Batasuna en Francia; por la otra parte (en el País Vasco) no hay democracia. Aquí hay democracia, aunque está muy limitada".

 

 

 

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viernes, 6 de junio de 2003

La CAV Frena a Aznar

Mientras que Europa está dispuesta a hacer suyos los excesos represivos y antidemocráticos de José María Aznar, en la Comunidad Autónoma Vasca continúan dándole motivos para no estar feliz del todo.

Lean esto que nos informa La Jornada con respecto al Caso Batasuna:


Logra evadir el Parlamento vasco orden de disolver el grupo legislativo abertzale

Sólo se hará cuando exista una sentencia judicial que así lo establezca, dice líder camaral

El Parlamento vasco logró evadir órdenes del Tribunal Supremo español gracias a una propuesta del presidente del organismo, Juan María Atutxa, que plantea la disolución de un grupo parlamentario sólo cuando exista una sentencia judicial firme que así lo establezca.

De esta manera, se pretende demostrar que aunque la Cámara vasca está dispuesta a obedecer la orden del Tribunal Supremo español, no existen instrumentos políticos que le permitan disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzalek (SA), heredero de la coalición independentista Batasuna, como ordena la corte española sin menoscabar la autonomía vasca.

Este viernes vence el plazo que dio el tribunal para que el Parlamento disuelva la bancada abertzale (nacionalista de izquierda).

Por ello, Atutxa presentará a votación una resolución que establece el paso al grupo mixto de parlamentarios de un grupo cuyo partido político haya sido suspendido o disuelto por sentencia, o bien por una resolución judicial, sin mencionar a SA, y se parte del hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, en el poder, Euskal Akartasuna y Sozialista Abertzalek, por coherencia, votarán en contra de la resolución, volviendo así improcedente el fallo judicial del Tribunal Supremo español.

Con esto el organismo vasco dejará constancia de que intentó cumplir sus disposiciones, pero que no puede hacerlo hasta que los partidos políticos voten en favor de una modificación de estatutos.

La semana pasada el Tribunal Supremo español dio a Atutxa cinco días hábiles para disolver el grupo, so pena de ser procesado por "delito de desobediencia".

El texto presentado y refrendado por la presidencia no hace mención al auto del Tribunal Supremo, sino que se refiere retroactivamente a la polémica ley de partidos políticos, cuya aplicación "ha dado lugar a la disolución judicial de determinadas formaciones políticas con representación en la Cámara, lo que ha supuesto, al mismo tiempo, una innovación en el ordenamiento jurídico que no se encuentra contemplada en el reglamento del Parlamento Vasco".

Por tanto, se propone modificar el reglamento camaral, en una resolución que debe ser sometida a votación y que los tres partidos rechazarán.

La resolución general de la presidencia, en su artículo único, dispone que "los parlamentarios integrados en un grupo legislativo pasarán a formar parte del grupo mixto cuando el partido político en cuyas candidaturas fueron elegidos sea disuelto o suspendido por sentencia o resolución judicial firme", requisitos que no cumple el auto del Tribunal Supremo que ordena al Parlamento vasco la disolución del grupo. 




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Washington Liberticida

Les recomendamos mucho leer este editorial de La Jornada que aborda el más reciente dislate autoritario por parte de Washington, texto que no deja fuera de la ecuación al represor español José María Aznar, consentido tanto por los Estado Unidos como por la Unión Europea.

Aquí lo tienen:


Ashcroft: licencia para matar

Ayer, ante el Congreso de Estados Unidos, el secretario de Justicia de ese país, John Ashcroft, exigió poderes adicionales para su dependencia en la "guerra contra el terrorismo". Entre las atribuciones reclamadas por el funcionario están la de poder pedir a los tribunales que sentencien a pena de muerte o cadena perpetua a individuos acusados de terrorismo, mantenerlos presos por tiempo indefinido sin llevarlos a juicio, así como formular imputaciones penales como "partidarios materiales" contra quienes, en opinión del Departamento de Justicia, apoyen o colaboren con grupos terroristas. En la comparecencia, Ashcroft aclaró que no piensa pedir perdón por las documentadas arbitrariedades que su oficina perpetró después del 11 de septiembre de 2001 contra sospechosos de terrorismo que, a la postre, resultaron inocentes, pero que permanecieron encarcelados sin juicio -hasta ocho meses en algunos casos-, y a quienes les fueron negados sus derechos básicos de tener acceso a un abogado defensor o de ver a sus familiares durante el cautiverio.

Las palabras del secretario de Justicia del país vecino marcan de manera inequívoca el tono y el propósito del gobierno de George W. Bush en su ofensiva no contra el terrorismo, sino contra los derechos humanos y las libertades. El discurso confirma el sostenido viraje de Washington hacia el autoritarismo y es expresión de un periodo gubernamental tan intolerante y dictatorial que supera con mucho los excesos del macartismo.

Diríase que, una vez que el actual grupo gobernante halló -en los ataques del 11 de septiembre- el pretexto ideal, se ha dedicado a demoler todos los mecanismos de contrapeso, verificación y rendición de cuentas que, mal que bien, caracterizaban la institucionalidad política estadunidense. Así, hoy día, Bush y su equipo pueden mentir descaradamente a la sociedad -inventando armas de destrucción masiva iraquíes, por ejemplo-, adjudicarse contratos millonarios sin concursos ni licitaciones de por medio -como los concedidos en el Irak colonizado a la empresa Halliburton, que dirigía Dick Cheney hasta antes de ser vicepresidente-, atropellar sin pudor la libertad de expresión y la independencia de los medios informativos -los cuales, en su mayoría, aceptaron gustosos el oprobio de ser convertidos en oficinas de difusión del Pentágono durante la guerra pasada- y quebrantar los derechos humanos básicos, como lo han venido haciendo con los prisioneros de guerra afganos, con la población civil iraquí en general y con los sospechosos de terrorismo en territorio estadunidense.

El corolario de este viraje a una dictadura sin adjetivos bien podría ser la demanda de Ashcroft de condenar a muerte a presuntos terroristas y a sus supuestos cómplices. Si la Casa Blanca logra que el Capitolio apruebe esa barbaridad, el aparato judicial estadunidense podrá ser lanzado en cualquier momento a la cacería no de terroristas, sino de opositores y disidentes, a quienes se podrá acusar de algún grado de complicidad con organizaciones terroristas. El modelo a seguir es España, en donde el gobierno de José María Aznar -escudero diplomático de Bush en la agresión militar contra Irak- se permite encarcelar, bajo los cargos de "colaboración con banda armada" o "apología del terrorismo" a cualquier ciudadano vasco que manifieste ideas independentistas. Pero en Estados Unidos no sólo se está pidiendo facultades para encarcelar opositores, sino también licencia para matarlos. La sociedad civil del país vecino debiera darse cuenta, antes que sea demasiado tarde, que tales propósitos no sólo están dirigidos contra los terroristas, sino también contra las libertades de los propios estadunidenses.

 

 

 

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jueves, 5 de junio de 2003

La UE Cómplice de Aznar

Y bueno, lo de consecuentar a José María Aznar a pesar de su actuar en los días previos a la sangrienta invasión estadounidense a Irak parece no circunscribirse solamente al electorado del estado español, la complicidad con su actuar represivo y conculcador de derechos cunde en Europa entera.

Lean esto que nos informa La Jornada:


Disolver el SA, exige la justicia española al Parlamento vasco

Batasuna, terrorista: UE

La justicia española dio hoy plazo de cinco días al Parlamento regional del País Vasco para que disuelva el bloque Sozialista Abertzaleak (SA, ex Batasuna), o exponerse a que se demande a las autoridades legislativas por desobediencia, informaron fuentes del Tribunal Supremo español.

Este tribunal ordenó en mayo pasado a esa instancia que disolviera el grupo SA, que integran los diputados regionales que estaban en la coalición independentista Batasuna, considerada brazo político de ETA.

Una sala especial del alto tribunal advirtió que si el Parlamento regional se niega a disolver al bloque podría iniciar un procedimiento judicial contra el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa (del Partido Nacionalista Vasco), y contra los integrantes de la mesa por desobediencia.

El Parlamento regional solicitó el 27 de mayo pasado un informe a su servicio jurídico para determinar los pasos a seguir en virtud de la orden del Tribunal Supremo.

Según la prensa local dicho informe considera que la disposición judicial que ordenó la disolución de SA "invade y menoscaba la autonomía" del Legislativo, y que el reglamento del Parlamento regional "no contempla la disolución de grupos parlamentarios".

El Tribunal Supremo ordenó el 21 de mayo al Parlamento vasco que disuelva el grupo SA "al comprobar que los siete diputados que lo integran son del antiguo grupo Batasuna". El 17 de marzo último, el alto tribunal declaró ilegal a Batasuna por formar parte del entramado de ETA.

De su lado, la Unión Europea anunció que incluyó en su lista de organizaciones terroristas a la coalición vasca Batasuna. La decisión, propuesta por España, fue tomada por los 15 a nivel técnico y el consejo de ministros de la comunidad debe ratificarla este jueves en Luxemburgo. 




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