Desde Naiz traemos a ustedes esta Editorial que pone de manifiesto los avances en la larga y desgastante lucha por el reconocimiento de las víctimas vascas - usando como vehículo el caso de Mikel Zabalza además del fusilamiento de Jon Paredes y Anjel Otaegi - de la violencia tardocolonial españolista.
Adelante con la lectura:
Cuando se cumplen cuarenta años del día en el que el cuerpo de Mikel Zabalza apareció en el río Bidasoa, el autobús itinerante que ha recordado su caso cerrará su periplo en Donostia. Durante veinte días –los mismos que Zabalza estuvo desaparecido–, ha transportado la verdad sobre el caso a vecinos y vecinas de Intxaurrondo, Orbaitzeta, Iruñea o Endarlatsa. Es una iniciativa brillante, muy bien pensada, diseñada y ejecutada. El caso Zabalza es particularmente trágico y emblemático, y todos sus elementos se han utilizado de manera inteligente para recordar los hechos a quienes los conocían, e informar a quienes no.
Tal día como hoy se cumplieron los peores augurios: la sociedad vasca ya sabía para entonces que Zabalza había sido torturado hasta la muerte en Intxaurrondo, que su fuga ficticia era la coartada que la Guardia Civil y sus responsables políticos habían pergeñado, y que la «aparición» del cuerpo era el penúltimo acto de esta farsa. Por eso respondió entonces con movilizaciones masivas, y reivindica hoy su memoria con orgullo popular y exigencia moral.
Tal y como ha señalado el abogado Iñigo Iruin, un año más tarde, en 1986, el Consejo de Ministros de Felipe González extendió el concepto de «secretos oficiales» para que encubriera las actuaciones de los servicios de información de Guardia Civil y Policía.
Sus sucesores se siguen valiendo de esa «política antiterrorista» para negar a las víctimas vascas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y así no puede haber garantías de no repetición. Sin articular una nueva lógica que vertebre en serio derechos humanos, Estado de Derecho y plurinacionalidad, la política de Pedro Sánchez siempre será caduca.
Hay que saber qué batallas hay que dar
Lo que sí ha reconocido el Gobierno español, por fin, es la condición de «víctimas de vulneraciones de derechos humanos» de Jon Paredes Manot, “Txiki”, y Angel Otaegi. Reconoce «la ilegalidad e ilegitimidad del Consejo de Guerra» que juzgó a los jóvenes militantes vascos y declara «ilegítima y nula, por vicios de forma y fondo, la condena y resolución que dictó y tuvo como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista». Todo ello hace más grotesco el episodio revisionista de Gogora, hace solo tres meses.
A su vez, el Gobierno de Nafarroa ha reconocido siete nuevas víctimas de torturas a manos de la Policía española y la Guardia Civil, siendo ya 101 las personas oficialmente reconocidas en ese herrialde.
Quienes colocaron «la batalla del relato» como eje de este tiempo político se engañaban sobre la descompensación que ha habido en el conflicto vasco en relación a los derechos humanos y la impunidad. Es fácil imaginar a alguno de ellos diciendo «se van a enterar…». A su pesar, ellos sí que se van a enterar.
El espíritu de Lafont y los derechos humanos
Hace un año que murió Antxon Lafont y Gaindegia ha querido homenajearle y recordar su legado. En sus «Apuntes para una República vasca», Lafont defendía que la Constitución vasca «podría comprender 30 artículos, es decir, literalmente los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948». Puede sonar idealista, pero hay pocas manera de articular un proyecto más viable y firme para un pueblo tan pequeño, castigado y rebelde como el vasco.
Con ese mismo espíritu, utilizar los derechos humanos como contraste de las políticas podría servir para fijar «todos los derechos para todas las personas» como principio rector de esta época en Euskal Herria. Ese criterio sirve para situar mejor la memoria de las personas torturadas, la no discriminación de los y las migrantes, el derecho a la protesta de la juventud, el derecho a hablar en euskara… Acertar en las estrategias es otro tema, pero ofrece una base.
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