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viernes, 14 de abril de 2017

Usurpación de Monte Público

En su momento no hemos publicado nada acerca de la supuesta "privatización del sol" por parte del Estado Español pues no nos fue posible encontrar una nota periodística fiable con respecto a la supuesta prohibición del uso de celdas solares.

Pero esta vez les traemos una noticia que muestra cuán mal están las cosas en el cotijo de Don Felipe Borbón y Franco, cortesía de La Vaguardia:


La acusación solicita al grupo 26.000 euros para demoler las construcciones que han levantado

Un grupo de seis personas denuncian que podrían ir a la cárcel y afrontar una multa millonaria por intentar repoblar un pueblo abandonado ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara. Concretamente, están acusadas de los delitos de usurpación de monte público, contra el patrimonio y otro de daños por haberse instalado en Fraguas desde 2013 con el objetivo de repoblar esta antigua población.

“Pedimos a la Junta de Castilla – La Mancha que no fomente la despoblación rural, que retire la denuncia y se dé justo reconocimiento al trabajo y a la lucha de l@s re-poblador@s”, asegura el grupo en el comunicado que han colgado en la plataforma Change.org. El caso se instruye en el juzgado número 4 de Guadalajara, según adelanta Guadalajara Diario.

Los repobladores llegaron a Fraguas la primavera de 2013 y comenzaron a reconstruir las ruinas del pueblo. Según los denunciados, en la década de los sesenta, el Estado lo despobló “creándose cotos de caza y pinares para su explotación”. La aldea también fue usada por el Ejército durante un tiempo como terreno para ejecutar maniobras y ejercitaciones.

Esta última, según los repobladores demandados, fue la causa de la destrucción de las construcciones originales, que desde hace cuatro años ellos han estado rehabilitando con materiales y técnicas tradicionales, como la fabricación de ladrillos de adobe. No obstante, poco después de instalarse en esta zona del monte empezó el acecho de agentes medioambientales y de Guardia Civil, que les han impuesto multas para disuadirlos de su propósito de refundar el pueblo.

En junio de 2015 el juzgado de instrucción que lleva el caso llamó a declarar a los seis repobladores por usurpar el monte público. Ahora, además, les acusan de un delito contra el patrimonio –por el que les piden dos años de cárcel- y de un delito de daños –castigado también con dos años de prisión-. También les exigen el abono de 26.000 euros para costear la demolición de las edificaciones que el grupo ha ideo levantando durante estos últimos cuatro años.

Los denunciados, que están a la espera de recibir la notificación para acudir al juicio oral, piden que se paralice el proceso y que la Junta, a quien acusan de querer vender el pueblo por parcelas, retire la denuncia.

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