domingo, 23 de abril de 2017

Administración Acuartelada

Uno de los contensiosos a resolver dentro del llamado conflicto vasco es el de la cantidad de elementos de las fuerzas armadas que el estado español mantiene estacionados en el territorio de Hego Euskal Herria.

Baste leer este reportaje publicado por Gara para tener un panorama preciso de la estrategia implementada por Madrid en la Zona Especial Norte así como de los kafkianos resabios del franquismo:


En Nafarroa hay 84 bienes propiedad de la Administración General del Estado. Y de ellos 66 están vinculados a los ministerios de Defensa e Interior. Son algunas de las cifras más impactantes del listado de bienes que el Estado español tiene en la CAV y Nafarroa.

Beñat Zaldua

El 78,6% de los bienes propiedad de la Administración General del Estado (AGE) español en Nafarroa corresponden a instituciones ligadas de un modo u otro a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). Si la presencia de España tiene un color en el herrialde, ese es el verde de la Guardia Civil, que tiene 55 bienes en Nafarroa, más de la mitad de los 84 que totaliza la AGE. Así se desprende del informe entregado por el Gobierno español al senador de EH Bildu Jon Inarritu, que requirió el listado de bienes propiedad de la AGE en Hego Euskal Herria.

La Guardia Civil tiene de media, por tanto, más de una propiedad por cada cinco municipios navarros; una ratio por encima de la media, agravada por el hecho de que Nafarroa es una de las pocas comunidades autónomas, junto a la CAV y Catalunya, con policía propia. Entrando al detalle, según el listado proporcionado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la Guardia Civil cuenta con 34 casas-cuartel, 14 cuarteles, un cuartel ruinoso y otra propiedad en Baztan (además de la casa-cuartel), dos terrenos para ampliar los cuarteles de Corella y Lizarra, varias plazas de garaje en la Jefatura Provincial de Tráfico, una garita en el puente internacional de Urdazubi y un «solar con destino a la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil» en Larraun.

Las propiedades de las FSE no acaban ahí, ya que hay que sumar las cinco de la Policía española (el complejo policial de Beloso, los cuarteles de Iruñea y Tutera, y las aduanas de Urdazubi y Luzaide). Por su parte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE) gestiona otros cuatro bienes en Bera y Baztan, mientras que Instituciones Penitenciarias tiene dos dotaciones: la cárcel y el centro de inserción social de Iruñea.

Las propiedades de las FSE en Nafarroa contrastan con la que tienen en el resto de Hego Euskal Herria, ya que en Araba «solo» tienen 26, en Gipuzkoa 27 y en Bizkaia 21. El contraste resulta aún mayor en cuanto a la Guardia Civil se refiere, ya que frente a los 55 bienes en Nafarroa, en Araba son 8, en Gipuzkoa 14 y en Bizkaia 11.

Un Patrimonio Sindical discutible

Una de las figuras jurídicas que más aparece en el listado de 22 páginas es el de Patrimonio Sindical Acumulado, ya que la AGE enumera un total de 47 propiedades en toda Hego Euskal Herria bajo este epígrafe legal. Merece la pena detenerse en ello, pues el apunte tiene miga y, sobre todo, historia. Al morir Franco, el sindicato vertical franquista se disolvió y su patrimonio –fruto del expolio de los sindicatos republicanos y de la acumulación de bienes lograda con las aportaciones obligatorias de trabajadores y empresarios al sindicato vertical– pasó a manos del Estado. Si bien parte del patrimonio histórico fue devuelto –física o económicamente–, la Administración General del Estado se quedó con la titularidad de buena parte del patrimonio acumulado por el sindicato vertical gracias a una ley aprobada en 1986, que contempla que estos bienes «se ceden en uso a las organizaciones sindicales y empresariales», según se lee en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Choca que las organizaciones empresariales puedan disfrutar del Patrimonio Sindical Acumulado, pero así lo estableció esa ley, alegando que bajo el franquismo los empresarios también estaban obligados a hacer sus aportaciones al sindicato vertical. Así, aunque el informe no explicita el uso que se da a 20 de los locales, sí que consta que la CEOE ocupa uno de los edificios de la AGE en Araba, mientras que Adegi hace lo propio con unas instalaciones en Donostia y la Confederación de Empresarios de Navarra en Iruñea. Entre los sindicatos, UGT tiene la cesión de cuatro locales, CCOO de tres, ELA ocupa dos y, finalmente, LAB uno.

Pero lo que más llama la atención es que la mayoría de inmuebles inscritos como Patrimonio Sindical Acumulado son explotados por la propia AGE, a través de diversos ministerios. El de Empleo y Seguridad Social es el que más partido saca al patrimonio sindical, ya que utiliza al menos nueve locales para oficinas del Servicio de Empleo, entre otros. Las otras siete, sin que la documentación aportada por el Ejecutivo arroje explicación ninguna, están situadas en Bilbo y son utilizadas como oficinas de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno español.

Campos en Araba, trasteros en Ermua

El informe entregado a petición del senador Inarritu también deja un reguero de datos curiosos sobre los que no se añade información alguna, como son las decenas de fincas rústicas y terrenos en polígonos que el Estado tiene en propiedad en Araba, las múltiples viviendas que el Ministerio de Justicia tiene en capitales como Gasteiz, Donostia y Bilbo para personal de la Administración de la Justicia, o los 24 trasteros que el Estado español tiene en Ermua.

En resumen, el informe es una fotografía superficial de la presencia patrimonial del Estado español en Hego Euskal Herria, y sirve para poner negro sobre blanco realidades a veces olvidadas como la omnipresencia de la Guardia Civil en Nafarroa, si bien la información resulta muy limitada, de modo que resulta imposible conocer el origen de los bienes de la AGE. No está de más recordar al respecto que, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Civil en Leitza –que no es propiedad del Estado, sino de la Diputación foral– fue una donación hecha con la condición de que el edificio fuese utilizado para actividades de carácter social y cultural.

Una casa de la Guardia Civil en Bilbo, descrita como «Vivienda Jefe Dirección General de Tráfico»

Hace menos de un mes, un pequeño escándalo ocupó brevemente cabeceras y noticiarios: al director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, le fue adjudicada una vivienda propiedad de la Guardia Civil en Madrid como residencia. Una casa en la que Serrano proyectó además una reforma por valor de 50.000 euros. El escándalo salió rápidamente a la luz pública y Serrano tuvo que comparecer ante los medios para asegurar: «A mí nadie me ha adjudicado nada por la cara. Yo no he ocupado nada por la cara»

La documentación recientemente entregada por el Gobierno a Inarritu, sin embargo, da a entender que es una práctica más extendida de lo que se creía, ya que entre los bienes que la Guardia Civil tiene en Bilbo consta también una propiedad descrita como «Vivienda Jefe DGT».






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