Cuando el genocida Francisco Franco se decantó por Juan Carlos Borbón como su sucesor después de haber perdido a su compinche Carrero Blanco, la oligarquía española se sintió tranquila pues todo quedaba atado y bien atado.
Tiempo después, Fraga Iribarne y sus camarilla de incondicionales llegaron a la conclusión que había que cambiar todo para que nada cambie.
Bajo estas dos premisas se construyó una farsa a la que se ha dado por llamar "La Transición", una burda opereta para la que se convocó al guionista Torcuato Fernández Miranda, falangista de estirpe que había instruído al sucesor de Franco acerca de como engañar a la comunidad internacional haciendo creer que en el estado español había surgido la democracia, pero sin salirse de los márgenes de la legalidad franquista (Fernández Miranda dixit), legalidad a cuyos principios juró lealtad el anacrónico monarca en por lo menos dos ocasiones.
Estos y no otros son los cimientos de un marco que le ha proveído inmunidad e impunidad a los franquistas de ayer y hoy. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por los españolazos desde 1936 hasta el día de hoy no han sido castigados pues todos y cada uno de ellos han servido para mantener el status quo de quienes realmente deciden que pasos debe de tomar Madrid a cualquier respecto. Lejos de castigar a los perpetradores de actos que pueden ser catalogados como terrorismo de estado, estos lacayos al servicio del fascismo más longevo de Europa son premiados.
Pero toda moneda tiene dos caras, y si los criminales españoles gozan de privilegios, la otra cara se hace presente con los castigos agregados que son aplicados a quienes osan cuestionar los principios de la monolítica España. Quienes tienen que enfrentar el sistema por defender los derechos inalienables de quienes han quedado atrapados en la pesadilla que es el concepto moderno de estado-nación, a esos la "modélica transición" les tiene deparados toda clase de artimañas para así castigarlos no solo con lo que indica la ley, sino con todo lo que tengan a bien inventar jueces, fiscales y hasta asociaciones civiles que actúan como satélites de los partidos estatales.
Ejemplo de ello lo descrito en esta nota publicada en Gara:
Etxerat ha comparecido esta mañana en Bilbo para informar sobre las "consecuencias" de la política penitenciaria vigente. Natxi Aranburu y Oihana Lizaso han denunciado que todavía se sitúa "en claves de represión, utilización y venganza".
Según han informado, los 665 presos políticos se encuentran dispersados en 71 prisiones de siete estados diferentes. Entre ellos, únicamente 8 de ellos se encuentran encarcelados en Euskal Herria.
Asimismo, 11 presos políticos se encuentran en prisión atenuada con enfermedades graves e incurables.
En este sentido, han recordado los casos de Txus Martín, que sigue encarcelado, e Ibon Iparragirre, al que no le aplicaron la prisión atenuada hasta que llegó a una situación límite.
Etxerat ha denunciado que 169 presos son preventivos y 175 deberían estar en libertad condicional al haber cumplido ya los plazos para alcanzarla. Además, en el Estado español 49 de ellos tienen aplicada la doctrina 197/2006.
Los representantes de Etxerat han mencionado también que "al igual que ocurre en Guantánamo, Abu Graibh o en las prisiones de Israel, las situaciones de aislamiento o soledad no son ajenas" para los prisioneros vascos. Según han dicho, 12 presos políticos vascos se encuentran completamente solos y el régimen de aislamiento es "altísimo".
Desde la asociación de familiares y amigos han afirmado que en las últimas semanas ha habido "tímidos cambios en positivo" tanto en la práctica con reagrupamientos en los módulos en numerosas prisiones del Estado espanol como en el plano discursivo.
Sin embargo, han denunciado que las medidas "más crueles" de la política penitenciaria se mantienen y han exigido a los gobiernos de Madrid y París que apuesten por construir un "escenario de resolución que garantice el respeto de todos los derechos para todas las personas".
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